Sentencia Penal 20/2026 Audiencia Provincial Penal nº 1 de Zaragoza, Rec. 928/2025 de 22 de enero del 2026

PRIMERO.-Se mantiene el ejercicio de la acción penal por la Acusación Particular personada en nombre y representación de Clara, ya que el Ministerio Fiscal ha venido solicitado el sobreseimiento de las Diligencias Previas y posteriormente, si bien fuera de plazo, ha formulado una calificación absolutoria que ha elevado a conclusiones definitivas al término de la práctica de la prueba en el acto de Juicio Oral. La acusación formulada atribuye al acusado Gregorio la comisión de un delito de administración desleal previsto y penado en el Artículo 252 del Código Penal, la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los Artículos 390 y 392 del Código Penal, y la comisión de un delito de estafa agravado previsto y penado en el Artículo 250.

El delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular se tipifica en el Artículo 392.1 del Código Penal: "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".Dichos tres primeros números del Artículo 390.1 del Código Penal tienen el siguiente contenido: "1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho".Aunque la Acusación Particular tampoco especifica el ordinal del Artículo 390.1 del Código Penal por el que formula acusación, de su relato de hecho debe considerarse que hace referencia al Artículo 390.1.3º de dicho texto legal.

El tenor literal del Artículo 252.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Diversa jurisprudencia ha analizado los elementos de este tipo penal. Podemos citar la Sentencia nº 223/2025, de 20 de junio del 2025, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (ECLI: ES:APSE:2025:1809). Así se indica que la conducta típica consiste en infringir las facultades de administración que tiene el sujeto activo para gestionar dicho patrimonio, causándole además un perjuicio al mismo. Por tanto, nos hallamos ante un delito de resultado que requiere de un efectivo perjuicio al patrimonio administrado y sin el cual no existirá delito. Los elementos del delito de administración desleal son los siguientes:

1) Debe existir un sujeto activo, que es el administrador. Esto no quiere decir que la persona tenga que tener el cargo específico de administrador en un negocio o sociedad, sino que puede tratarse de cualquier persona que esté autorizada para gestionar el patrimonio de un tercero y que cometa una infracción en esa gestión, lo que incluye a los administradores de derecho y de hecho.

2) El sujeto pasivo es quien es administrado, pudiendo tratarse tanto de socios de una sociedad como de una persona individual, a partir de la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015.

3) El elemento subjetivo en este delito establece que no hace falta que haya existido ánimo de lucro en las acciones que constituyen infracción. Basta solo el dolo genérico, es decir que esas acciones se hayan realizado con pleno conocimiento del perjuicio que podrían ocasionar.

4) El elemento objetivo del delito de administración desleal es el perjuicio patrimonial. Es decir, que es necesario que exista una relación causa-efecto entre la infracción y el daño patrimonial que se cause al administrado.

A su vez, el tenor literal del Artículo 248.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".Aunque la Acusación Particular no cita las circunstancias de agravación concretas previstas en el Artículo 250.1 del Código Penal, ha de entenderse, de su relato de hechos, que interesa la aplicación de la prevista en el número 2º: "Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase",de la prevista en el número 5º: "El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas",y de la prevista en el número 6º: "Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional".

Varios son los elementos exigidos por la doctrina para apreciar la concurrencia del delito de estafa, cuales son la existencia de un engaño precedente o concurrente que sea idóneo o adecuado para provocar error en el sujeto pasivo, la suficiencia del engaño con entidad bastante para que actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, la producción del error esencial en el sujeto pasivo, el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, el ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo que conlleva el propósito por el sujeto activo de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio causado, y la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. En efecto, la STS 2626/2025 de 9 de junio de 2025 ( ECLI:ES:TS:2025:2626), alude a la STS 262/2019 de 24 de mayo de 2019, indicando que ""Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se pueden citar los siguientes: 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado. 2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos. 3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios. 4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados. 5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado, toda vez que el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. Propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento".

Debemos hacer referencia también, en este caso, y dada la relación conyugal sin siquiera separación de hecho entre los cónyuges existente entre denunciante y encausado en las fechas en que se sitúa la comisión de los hechos denunciados, a la excusa absolutoria que prevé el Artículo 268.1 del Código Penal. Dicho precepto indica que "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad".Ha de tenerse en cuenta que dos de los delitos que son objeto de acusación en la presente causa son delitos patrimoniales, tanto el de administración desleal como el de estafa, no concurriendo en los mismos ni violencia e intimidación ni vulnerabilidad de la víctima derivada de su edad o de una situación de discapacidad, y siendo constante el matrimonio entre denunciante y encausado en las fechas de presunta comisión de los hechos, sin situación alguna de separación legal o de hecho y sin que se hubiese entablado proceso alguna con la finalidad de suspender los efectos de vínculo matrimonial o de disolver o anular dicho vínculo. No tiene, sin embargo, tal consideración de delito patrimonial el delito de falsedad en documento mercantil que no se ve afectado por tal excusa absolutoria. Por lo demás, ha de considerarse que la excusa absolutoria no impide valorar la concurrencia del delito, limitándose únicamente a eximir de responsabilidad criminal a quien sea partícipe en tal delito manteniendo la responsabilidad civil que pueda derivarse del mismo. Por ello, debe efectuarse igualmente la valoración de la prueba para determinar si concurre prueba de cargo suficiente en relación con tales delitos patrimoniales, con independencia de la concurrencia de la excusa absolutoria antes indicada.

SEGUNDO.-Fijado el marco doctrinal y jurisprudencial del delito de estafa debemos efectuar una valoración de las pruebas practicadas, comenzando por las declaraciones prestadas por el encausado, el cual manifiesta haber montado negocios de fruterías en España, habiendo tenido a su nombre dos negocios de frutería en Zaragoza, si bien reconoce que los dos últimos negocios de frutería que ha regentado estaban a nombre de su esposa. Reconoce igualmente que ambos eran autónomos, si bien luego pasó el mismo a ser trabajador de la empresa, indicando que el motivo de ser autónomos ambos en un principio obedeció a la conveniencia de facilitar su reagrupación familiar en España. Reconoce igualmente el encausado que tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda cuyo importe exacto no recuerda, indicando desconocer que los negocios de su esposa pudieran tener deudas. En todo caso, insiste en que los negocios de frutería eran negocios familiares, que siempre trabajaron con la gestoría de Ruperto y que la gestoría se comunicaba con los dos cónyuges, la denunciante y el encausado. Insiste en que la denunciante intervino en la negociación de los alquileres de los locales y en que ella fue quien firmó los contratos. Reconoce que su esposa carecía de permiso de conducir y reconoce que los vehículos de los que ella era titular los conducía él como vehículos de empresa, manifestando haber recibido una sola multa y en un vehículo que era propio. Niega haber manifestado al gestor Sr. Ruperto que quisiera firmar un documento de reconocimiento de deuda porque ignoraba que su esposa tuviese deudas, y reconoce haber sido condenado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores si bien manifiesta que en aquel momento los papeles estaban a nombre de él. Niega en todo caso haber falsificado la firma de su esposa y niega haberse hecho representante de ella.

Ruperto, titular de la gestoría encargada de los negocios de frutería antes indicados, al declarar como testigo manifiesta que la titularidad de los negocios de frutería inicialmente a nombre del encausado fue traspasada a la denunciante. Indica que el encausado le dijo en su día que tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social y que quería cambiar la titularidad. Manifiesta igualmente que las instrucciones las recibía en un principio del encausado, si bien en los últimos momentos en que Clara ha sido titular de los negocios sí le ha dado instrucciones directas. Respecto a los contratos, manifiesta que, si bien solía pedir su redacción el encausado, los enviaba a un correo electrónico y los recibía posteriormente firmados, no siendo testigo del acto de la firma, y mandándolos tanto al correo del encausado como al de la denunciante. Insiste el testigo en que el encausado era consciente de la existencia de deudas y que le dijo que quería firmar un reconocimiento de deudas con la Seguridad Social y en relación al pago de alquileres, si bien no le consta que llegase a firmarlo. Añade que dichas deudas, en su opinión, derivan de la gestión de los negocios por el encausado, si bien reconoce que en muchas ocasiones ha visto a la denunciante en los locales de las fruterías. El testigo indica que, ni le consta que el encausado falsificase ningún contrato, ni puede afirmar que la denunciante no trabajase en las fruterías.

La denunciante, Clara, ha manifestado haber contraído matrimonio en el año 2011, no sabiendo nada de español cuando llegó a este país. Insiste en que ignoraba que tenía deudas hasta que se separó de su esposo. Reconoce que conocía que el encausado había puesto las tiendas a su nombre pero insiste en que no sabía lo que significaba ni sospechaba que el motivo estuviese relacionado con la existencia de deudas. Manifiesta que nunca trató con el gestor Sr. Ruperto hasta que se separó de su esposo y reconoce que iba a las tiendas pero que lo hacía por pasar el tiempo y hacer compañía a su esposo. También indica que en una ocasión en que se fue a Pakistán su esposo le pidió que dejase un documento en blanco firmado por si había que hacer alguna gestión y que ella lo hizo porque se fiaba de su marido.

Se han emitido informes periciales caligráficos en relación con los documentos obrantes en el acontecimiento nº 76 del índice electrónico del PA Nº 224/2024 (documento de fecha 28 de febrero de 2023 de cesión del arrendamiento, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 77 de dicho índice (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de San Juan de la Peña 184 duplicado, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 78 (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de Juslibol 42-48, con dos firmas dubitadas, y contrato de arrendamiento de dicho local de fecha 29 de octubre de 2018, con siete firmas dubitadas), y en el acontecimiento nº 83 (cuerpo de escritura de Clara efectuado en sede judicial el 4 de noviembre de 2024, con firmas indubitadas). Así, consta el informe emitido por la Policía Científica, Documentoscopia, de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que viene acompañado de un estudio gráfico con fotografías (acontecimientos nº 86, 88 y 89 del índice electrónico antes indicado) que concluye que las once firmas dubitadas han sido realizadas de puño y letra por Clara, y consta el informe pericial de parte emitido por Florencio (acontecimiento nº 102 del índice electrónico) que, referido a las firmas contenidas en el contrato de arrendamiento de fecha 29 de octubre de 2018, concluye que no han sido estampadas por Clara. En relación con el informe policial, el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 se ratifica en el mismo en el acto de Plenario indicando que todos los documentos examinados, salvo uno que era una impresión en color, eran documentos originales y que en los estudios gráficos anexos al informe se aprecian claramente las semejanzas entre las firmas que luego son analizadas y desarrolladas en el informe. También la perito Florencio se ratifica en su informe indicando haber utilizado como firmas indubitadas las del documento de identidad y las tomadas en el Juzgado, considerando que no ha encontrado ninguna concordancia entre las firmas dubitadas y las indubitadas, si bien no ha podido determinar la autoría de las firmas a no formar parte del encargo efectuado para elaborar la pericia. Dicha perito manifiesta que el informe policial carece de representaciones gráficas y que, en su opinión, es un informe meramente teórico.

Por último, haciendo referencia a la prueba documental de relevancia para el asunto, hemos de hacer referencia a la denuncia presentada por Clara contra el encausado por violencia de género en fecha 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4 del índice electrónico) en la que ya alude a que tiene los negocios a su nombre, así como el vehículo y el alquiler de la vivienda familiar, a la Sentencia de divorcio de 24 de octubre de 2023 (acontecimiento nº 5) en la que solo se atribuye al ahora encausado el uso y disfrute de la vivienda familiar disolviéndose el régimen económico-matrimonial, y a la Sentencia de 30 de junio de 2021 que condena a Gregorio como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por hechos cometidos entre enero y mayo de 2019 cometidos en la frutería sita en la calle Cuarta Avenida nº 70 (acontecimiento nº 6), que ha de ponerse en relación con el documento obrante en el acontecimiento nº 12 en que figura que el arrendamiento de dicho local se concierta por el ahora encausado en fecha 3 de enero de 2018 y no se cede la condición de arrendataria a Clara hasta el día 1 de junio de 2019.

También ha de hacerse mención al acontecimiento nº 13 en el que se contiene la baja de Clara en el régimen de autónomos en fecha 31 de enero de 2023, al acontecimiento nº 51 en el que se contiene un correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por Ruperto a Clara indicándole que Gregorio le ha dicho que firmaría un reconocimiento de deuda, que pagaría todo lo de la Seguridad Social y Hacienda a nombre de ella y que cambiaría la titularidad de todos los locales a nombre de una tercera persona, y a los acontecimientos nº 8, 9, 10, 11, 69, 70 y 71 del índice electrónico en los que se documentan las deudas generadas en relación con el negocio de frutería y con los vehículos de los que es titular la denunciante, así como con el domicilio en que se hallaba la vivienda familiar antes de la separación matrimonial, que son las indicadas en la declaración de hechos probados. A su vez, en el acontecimiento nº 44 del índice electrónico hallamos una abundante documentación remitida por la gestoría de Ruperto en relación con el negocio de fruterías, pudiendo apreciarse que desde el 22 de abril de 2019 figuran contratos de trabajo por cuenta ajena en los que la empleadora es Clara, figurando como domicilio social la calle Juslibol, y entre los que se halla un contrato de 8 de noviembre de 2019 en el que aparece como trabajador por cuenta ajena Gregorio. Tales contratos de trabajo continúan celebrándose en los años 2020, 2021 y 2022 (hasta el 26 de agosto de 2022), figurando como empleadora Clara y como sede social la calle Cuarta Avenida, efectuándose contratos de trabajo a Gregorio en fechas 8 de febrero de 2020, 2 de marzo de 2021, 2 de septiembre de 2021 y 2 de marzo de 2022, así como una modificación de jornada laboral al mismo de fecha 16 de marzo de 2022. También se acredita en tal documentación la titularidad de los vehículos NUM002 y NUM003 correspondiente a Clara desde el 26 de noviembre de 2019 y desde el 20 de agosto de 2018, respectivamente, y la emisión de finiquitos y nóminas a trabajadores a nombre de la misma desde abril de 2019 hasta febrero de 2023, ambos inclusive.

TERCERO.-Seguidamente vamos a proceder a la valoración de la prueba de cargo practicada en relación con el delito de falsedad en documento mercantil de los Artículos 392.1 y 390.1.3º del Código Penal, único de los que son objeto de acusación que, en su caso, no se vería afectado por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal.

Por parte de Clara se ha negado haber firmado documento alguno en virtud del cual sea titular de los dos vehículos mencionados en la declaración de hechos probados o del alquiler de la vivienda familiar, así como niega haber suscrito los contratos de arrendamiento de los locales de negocio sitos en la calle Juslibol nº 42-48 y en la Avenida San Juan de La Peña nº 184 duplicado, así como los contratos de traspaso de los arriendos de estos locales y del sito en la calle Cuarta Avenida nº 70 a Constanza. Asimismo, se manifiesta por la misma haber dejado un papel firmado en blanco a petición del encausado en una ocasión en que se marchó de viaje a su país natal.

El encausado, sin embargo, mantiene que fue Clara la que negoció los contratos de arrendamiento de los locales en que la misma figura como arrendataria y que fue ella la que firmó tales contratos. La prueba testifical practicada en la persona de Ruperto no ha permitido determinar quién firmó tales documentos y otros que eran remitidos por el mismo y en los que figuraba Clara como titular del negocio. En efecto, tal testigo ha indicado claramente que no ha estado presente en la firma de ninguno de tales documentos y que, pese a que la redacción de los contratos la solicitaba Gregorio, él los remitía a una dirección de correo electrónico y luego los recibía nuevamente ya firmados, recordando enviarlos tanto a la dirección de correo del encausado como a la de Clara. De hecho, a preguntas del Ministerio Fiscal, dicho testigo ha manifestado no tener constancia de que el encausado falsificase ningún contrato.

Hemos de acudir, por ello, a la valoración de las pruebas periciales practicadas, con resultado contradictorio. Así, la pericial caligráfica elaborada por la Sección de Documentoscopia de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por orden del Juzgado de Instrucción concluye que en los documentos originales que contienen firma dubitada de Clara, analizados en relación con las firmas indubitadas de la misma, recogidas en sede judicial el día 4 de noviembre de 2024 y obrantes en su documento de identidad, todas las firmas son de puño y letra de Clara, entre ellas las contenidas en el contrato de arrendamiento del local de negocio de la calle Juslibol nº 42-48, Puerta 1, de Zaragoza, de fecha 29 de octubre de 2018. Sin embargo, la pericial caligráfica de parte elaborada por Florencio concluye que las firmas obrantes en dicho contrato de arrendamiento no fueron estampadas por Clara. A la hora de determinar la eficacia probatoria de tales pruebas de contrario resultado hemos de partir de la ausencia de cualquier asomo de duda sobre la verosimilitud del informe pericial elaborado por la Policía Científica, dada la objetividad del encargo efectuado por parte del Juzgado de Instrucción. Deben ser muy convincentes razones las que la perito de parte pueda aportar para sembrar desconfianza en el resultado de la pericia policial. En este caso, la misma solo ha hecho referencia a que el informe pericial de la Policía Científica es un informe de carácter eminentemente teórico que carece de representaciones gráficas que permitan comprobar las conclusiones a que llega, extremo que ha sido rebatido por el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 al referirse al anexo de su informe pericial en el que aparecen fotografiadas las once firmas dubitadas permitiendo la comparación visual con las indubitadas y la apreciación de las semejanzas entre ellas que posteriormente son desarrolladas y constatadas en el informe. En efecto, los acontecimientos nº 88 y 89 del índice electrónico contienen tal estudio gráfico como anexo al informe pericial policial al que no hallamos tacha alguna.

Lo anteriormente indicado impide aportar prueba de cargo de suficiente entidad para entender que los documentos obrantes en la causa que aparecen firmados por Clara no hayan sido efectivamente firmados por ella. A ello se añade que no existe ningún elemento de prueba de que Gregorio haya estampado firma alguna simulando la de su cónyuge ni haya realizado acción alguna para suponer la falsa intervención de esta en cualquiera de tales negocios jurídicos, de modo que ni siquiera en el informe pericial de Florencio se afirma que el encausado pueda ser autor de firma alguna de las que han sido sometidas a pericia. Por todo ello, procede absolver a Gregorio del delito de falsedad en documento mercantil por el que viene siendo acusado.

CUARTO.-Seguidamente, procedemos a valorar las pruebas relacionadas con los delitos patrimoniales (administración desleal y estafa) por los que es también acusado Gregorio y que, pese a estar amparados por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal, deben ser analizados para determinar si concurren o no los mismos en orden a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de ellos.

Comenzando por la acusación por delito de estafa, la Acusación Particular basa la misma en considerar que el encausado, aprovechando la vulnerabilidad de su esposa, dada su juventud y su desconocimiento del idioma y costumbres españolas, engañó a la misma poniendo a su nombre el negocio de frutería que, en realidad, él regentaba y administraba, así como los dos vehículos que el mismo utilizaba en tal negocio, poniendo a la misma como arrendataria tanto de la vivienda familiar como de los tres locales donde se ejercía la actividad de venta de fruta y verdura propia del negocio antes indicado, y haciendo que figurase como empleadora en todos los contratos de trabajo efectuados a terceras personas y al propio encausado en relación con tal negocio. Sostiene que la gestión de dicho negocio por parte del encausado ha originado cuantiosas deudas de las que ahora debe responder con su patrimonio la denunciante al figurar como titular de tal negocio, debiendo responder también de sanciones de tráfico relacionadas con el uso por el encausado de los vehículos de que es titular la denunciante. Tal es el sentido de la declaración prestada por la denunciante, negando además haber firmado cualesquiera documentos relacionados con dicho negocio, cuestión que, como se ha indicado en el anterior fundamento, no ha quedado acreditada, como tampoco ha quedado acreditado que el encausado hubiese utilizado cualquier firma en blanco estampada por la misma.

Pese a que el encausado ha manifestado en su declaración que Clara tenía con anterioridad sus propios negocios, cuestión no acreditada y escasamente verosímil, su declaración se centra en indicar, reconociendo que los últimos dos negocios estaban a nombre de ella, que se trataba de negocios familiares y que por ello actuaban ambos cónyuges indistintamente, relacionándose también de manera indistinta con la gestoría del Sr. Ruperto y utilizando el encausado, que reconoce que su esposa no tenía permiso de conducir, los vehículos de los que ella era titular como vehículos de empresa. Niega igualmente tener conocimiento de que el negocio tuviese deudas y niega haber puesto el negocio de nombre de Clara por tal motivo. En relación con esta última cuestión, hemos de considerar que la declaración prestada por el testigo Ruperto permite desvirtuar tal declaración exculpatoria del encausado cuando manifiesta el testigo que el encausado transmitió la titularidad de todos los negocios de frutería que poseía a su esposa y que le explicó que el motivo era la existencia de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. También manifiesta que, en un principio, Gregorio era quien se relacionaba con el mismo y quien le daba instrucciones como gestor, si bien reconoce que posteriormente también ha recibido instrucciones de Clara, existiendo coincidencia temporal con la separación de los cónyuges.

Sin embargo, el hecho acreditado de que existían deudas del negocio que han quedado suficientemente documentadas en las actuaciones, y que por tal motivo, el encausado puso el negocio, los vehículos y los arrendamientos de locales a nombre de su esposa, no necesariamente indica que existiese desconocimiento por parte de la misma y consiguiente engaño, así como tampoco necesariamente supone una intención del encausado de engañar a su esposa, y ello con independencia de que su gestión del negocio haya podido generar unos perjuicios de los deba responder en todo o en parte, lo que se trataría de una cuestión civil ajena a la comisión de una infracción criminal que debería ser ventilada en la jurisdicción ordinaria. En efecto, Clara en su declaración ha reconocido tener conocimiento de que el encausado había puesto las tiendas a su nombre, aunque sostenga que ella no sabía lo que esto significaba y que desconocía que existiesen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Así pues, no puede considerarse acreditado que la denunciante descubriese esta situación una vez separada de hecho del encausado, lo que viene corroborado porque en la denuncia que presenta en Comisaría de Policía Nacional el día 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4) ya dice que los negocios están a su nombre, aunque indica que sin su consentimiento, y que el coche y alquiler del piso están a su nombre pese a que ella no ha firmado nada, extremo que como se ha dicho no ha quedado acreditado. Por otra parte, la declaración testifical del gestor Ruperto ha permitido acreditar que ha encontrado en muchas ocasiones a Clara en las fruterías en que se desarrollaba el negocio de que era titular. Pese a que la misma manifiesta que solo iba a allí para pasar el tiempo, extremo no contrastado, no puede afirmarse que la misma permaneciese ajena al desarrollo del negocio del que era titular. A ello se añaden las manifestaciones del testigo sobre la remisión de documentos al correo electrónico tanto del encausado como de la denunciante, y la constatación documental y pericial de que la denunciante suscribió contratos de arrendamientos de los locales de negocio (acontecimiento nº 12).

Por ello, no podemos considerar que exista una prueba de cargo que, sin asomo de duda razonable, permita considerar que Clara ignorase por completo lo que suponía que el negocio de frutas y verduras se pusiese a su nombre y que pasase a ser titular del mismo, y tampoco puede considerarse que ignorase por completo que tal operación formaba parte de unas decisiones orientadas a la gestión de unas deudas generadas en relación con el negocio. Existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar y las manifestaciones de la denunciante sobre su ignorancia del idioma y de los aspectos legales del desarrollo del negocio y la gestión de su pasivo no son bastantes para justificar la enervación de la presunción de inocencia del encausado, máxime cuando la titularidad del negocio se transmite en fecha no determinada pero situada en el entorno de los años 2018 y 2019, momento en que la denunciante ya llevaba entre cinco y seis años viviendo en España, según consta en el escrito de querella (acontecimiento nº 1). Por otra parte, y en relación con la intención del encausado de engañar a la denunciante para poner el negocio y otros bienes y obligaciones a su nombre, no podemos obviar que todas estas acciones tienen lugar constante matrimonio, en un momento en que se mantiene la convivencia entre los cónyuges sin que existan indicios de que posteriormente pueda producirse una crisis matrimonial. En tal sentido, es difícil pensar que el encausado tuviese intención de engañar a su esposa para que esta asumiese unas deudas en un momento en que tales deudas seguían gravando a la unidad familiar. Distinto es el resultado producido a raíz de la separación y posterior divorcio de la pareja en relación con las deudas, cuyo origen deberá determinarse si obedece a la gestión del encausado o a la gestión conjunta de ambos cónyuges, y cuyo reconocimiento, pese a haber existido una inicial pretensión de hacerlo, no ha sido finalmente suscrito por el ahora encausado. Tal posible perjuicio podrá ser objeto de una reclamación en el ámbito civil, pero en modo alguno puede considerarse causalmente relacionado con un engaño que no ha quedado suficientemente acreditado. Por tal motivo, procede absolver al encausado del delito de estafa por el que viene siendo acusado.

QUINTO.-En cuanto al delito de administración desleal por el que también se dirige acusación contra Gregorio, hemos de considerar que la prueba practicada determina que la administración o gestión del negocio de venta de frutas y verduras se desarrollaba con carácter principal por el encausado, y así ha de deducirse de la declaración testifical de Ruperto. De acuerdo con tal testigo, el encausado era el titular de todos los negocios hasta la transmisión de la titularidad a la denunciante y posteriormente manifiesta que, al menos hasta la separación de los cónyuges, las instrucciones las recibía del encausado. Sin embargo, tal como se ha indicado en el anterior fundamento, existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar. En tal sentido, pese a que el encausado pueda cumplir el requisito, como sujeto activo, de ser administrador de hecho del negocio, no queda suficientemente acreditado que la denunciante reúna la condición de administrada para ser sujeto pasivo de este delito. Tal como se ha valorado anteriormente, la denunciante tenía conocimiento de que el negocio estaba a su nombre y suscribió contratos de arrendamiento, así como recibía en su correo electrónico la documentación de la gestoría relacionada con el negocio, entre la cual se hallaban los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena del negocio. En tal sentido, la Acusación Particular ha pretendido justificar la exclusiva administración del negocio por parte del encausado en la condena del mismo como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores que se documenta en el acontecimiento nº 6 del índice electrónico y que aparece en su hoja histórico-penal (acontecimiento nº 27). Sin embargo, la lectura de tal Sentencia condenatoria permite observar que la conducta del ahora encausado se refiere a dos locales, uno de ellos no coincidente con los que han sido arrendados por la ahora denunciante, y el otro (calle Cuarta Avenida nº 70) arrendado por Gregorio y traspasado a Clara en fecha 1 de junio de 2019, siendo que los hechos probados de la Sentencia condenatoria se refieren comprendidos entre enero y mayo de 2019. Así pues, dicha resolución condenatoria no acredita de forma inequívoca la exclusiva gestión por parte del encausado del negocio de frutería cuya titularidad fue transmitida por éste a Clara.

En cuanto al elemento de la infracción en la gestión encomendada, ha de considerarse que la prueba practicada solo acredita la existencia de unas deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, así como con el Ayuntamiento de Zaragoza por pagos de tasas e impuestos municipales, añadiéndose algunas deudas con proveedores y una sanción de la Seguridad Social por contratación de trabajador sin permiso de trabajo. Sin embargo, no existe una prueba de cargo suficiente sobre los concretos motivos del surgimiento de tales deudas y sobre si las mismas han obedecido a una gestión desleal o inadecuada por parte del encausado, máxime considerando lo anteriormente indicado en cuanto a los indicios de gestión familiar de dicho negocio. A ello se añade que tanto el elemento subjetivo como el resultado perjudicial para el patrimonio del administrado tienen difícil encaje en el ámbito de unos hechos sucedidos constante matrimonio de denunciante y encausado en un momento en que no existían indicios de crisis matrimonial, ya que los posibles perjuicios que pudieran derivarse afectarían a dicho patrimonio común. Como ya se ha indicado anteriormente, la constatación de perjuicios para la ahora denunciante derivados de la situación del negocio una vez producida la separación de hecho y posterior disolución del vínculo matrimonial no guarda relación con infracción criminal alguna, siendo una cuestión a ventilar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria al tratarse de una cuestión de naturaleza civil. Debe, por ello, absolverse igualmente al encausado de la acusación por delito de administración desleal.

SEXTO.-Las costas procesales deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos pertinentes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente

PRIMERO.-Se mantiene el ejercicio de la acción penal por la Acusación Particular personada en nombre y representación de Clara, ya que el Ministerio Fiscal ha venido solicitado el sobreseimiento de las Diligencias Previas y posteriormente, si bien fuera de plazo, ha formulado una calificación absolutoria que ha elevado a conclusiones definitivas al término de la práctica de la prueba en el acto de Juicio Oral. La acusación formulada atribuye al acusado Gregorio la comisión de un delito de administración desleal previsto y penado en el Artículo 252 del Código Penal, la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los Artículos 390 y 392 del Código Penal, y la comisión de un delito de estafa agravado previsto y penado en el Artículo 250.

El delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular se tipifica en el Artículo 392.1 del Código Penal: "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".Dichos tres primeros números del Artículo 390.1 del Código Penal tienen el siguiente contenido: "1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho".Aunque la Acusación Particular tampoco especifica el ordinal del Artículo 390.1 del Código Penal por el que formula acusación, de su relato de hecho debe considerarse que hace referencia al Artículo 390.1.3º de dicho texto legal.

El tenor literal del Artículo 252.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Diversa jurisprudencia ha analizado los elementos de este tipo penal. Podemos citar la Sentencia nº 223/2025, de 20 de junio del 2025, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (ECLI: ES:APSE:2025:1809). Así se indica que la conducta típica consiste en infringir las facultades de administración que tiene el sujeto activo para gestionar dicho patrimonio, causándole además un perjuicio al mismo. Por tanto, nos hallamos ante un delito de resultado que requiere de un efectivo perjuicio al patrimonio administrado y sin el cual no existirá delito. Los elementos del delito de administración desleal son los siguientes:

1) Debe existir un sujeto activo, que es el administrador. Esto no quiere decir que la persona tenga que tener el cargo específico de administrador en un negocio o sociedad, sino que puede tratarse de cualquier persona que esté autorizada para gestionar el patrimonio de un tercero y que cometa una infracción en esa gestión, lo que incluye a los administradores de derecho y de hecho.

2) El sujeto pasivo es quien es administrado, pudiendo tratarse tanto de socios de una sociedad como de una persona individual, a partir de la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015.

3) El elemento subjetivo en este delito establece que no hace falta que haya existido ánimo de lucro en las acciones que constituyen infracción. Basta solo el dolo genérico, es decir que esas acciones se hayan realizado con pleno conocimiento del perjuicio que podrían ocasionar.

4) El elemento objetivo del delito de administración desleal es el perjuicio patrimonial. Es decir, que es necesario que exista una relación causa-efecto entre la infracción y el daño patrimonial que se cause al administrado.

A su vez, el tenor literal del Artículo 248.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".Aunque la Acusación Particular no cita las circunstancias de agravación concretas previstas en el Artículo 250.1 del Código Penal, ha de entenderse, de su relato de hechos, que interesa la aplicación de la prevista en el número 2º: "Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase",de la prevista en el número 5º: "El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas",y de la prevista en el número 6º: "Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional".

Varios son los elementos exigidos por la doctrina para apreciar la concurrencia del delito de estafa, cuales son la existencia de un engaño precedente o concurrente que sea idóneo o adecuado para provocar error en el sujeto pasivo, la suficiencia del engaño con entidad bastante para que actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, la producción del error esencial en el sujeto pasivo, el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, el ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo que conlleva el propósito por el sujeto activo de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio causado, y la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. En efecto, la STS 2626/2025 de 9 de junio de 2025 ( ECLI:ES:TS:2025:2626), alude a la STS 262/2019 de 24 de mayo de 2019, indicando que ""Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se pueden citar los siguientes: 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado. 2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos. 3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios. 4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados. 5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado, toda vez que el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. Propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento".

Debemos hacer referencia también, en este caso, y dada la relación conyugal sin siquiera separación de hecho entre los cónyuges existente entre denunciante y encausado en las fechas en que se sitúa la comisión de los hechos denunciados, a la excusa absolutoria que prevé el Artículo 268.1 del Código Penal. Dicho precepto indica que "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad".Ha de tenerse en cuenta que dos de los delitos que son objeto de acusación en la presente causa son delitos patrimoniales, tanto el de administración desleal como el de estafa, no concurriendo en los mismos ni violencia e intimidación ni vulnerabilidad de la víctima derivada de su edad o de una situación de discapacidad, y siendo constante el matrimonio entre denunciante y encausado en las fechas de presunta comisión de los hechos, sin situación alguna de separación legal o de hecho y sin que se hubiese entablado proceso alguna con la finalidad de suspender los efectos de vínculo matrimonial o de disolver o anular dicho vínculo. No tiene, sin embargo, tal consideración de delito patrimonial el delito de falsedad en documento mercantil que no se ve afectado por tal excusa absolutoria. Por lo demás, ha de considerarse que la excusa absolutoria no impide valorar la concurrencia del delito, limitándose únicamente a eximir de responsabilidad criminal a quien sea partícipe en tal delito manteniendo la responsabilidad civil que pueda derivarse del mismo. Por ello, debe efectuarse igualmente la valoración de la prueba para determinar si concurre prueba de cargo suficiente en relación con tales delitos patrimoniales, con independencia de la concurrencia de la excusa absolutoria antes indicada.

SEGUNDO.-Fijado el marco doctrinal y jurisprudencial del delito de estafa debemos efectuar una valoración de las pruebas practicadas, comenzando por las declaraciones prestadas por el encausado, el cual manifiesta haber montado negocios de fruterías en España, habiendo tenido a su nombre dos negocios de frutería en Zaragoza, si bien reconoce que los dos últimos negocios de frutería que ha regentado estaban a nombre de su esposa. Reconoce igualmente que ambos eran autónomos, si bien luego pasó el mismo a ser trabajador de la empresa, indicando que el motivo de ser autónomos ambos en un principio obedeció a la conveniencia de facilitar su reagrupación familiar en España. Reconoce igualmente el encausado que tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda cuyo importe exacto no recuerda, indicando desconocer que los negocios de su esposa pudieran tener deudas. En todo caso, insiste en que los negocios de frutería eran negocios familiares, que siempre trabajaron con la gestoría de Ruperto y que la gestoría se comunicaba con los dos cónyuges, la denunciante y el encausado. Insiste en que la denunciante intervino en la negociación de los alquileres de los locales y en que ella fue quien firmó los contratos. Reconoce que su esposa carecía de permiso de conducir y reconoce que los vehículos de los que ella era titular los conducía él como vehículos de empresa, manifestando haber recibido una sola multa y en un vehículo que era propio. Niega haber manifestado al gestor Sr. Ruperto que quisiera firmar un documento de reconocimiento de deuda porque ignoraba que su esposa tuviese deudas, y reconoce haber sido condenado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores si bien manifiesta que en aquel momento los papeles estaban a nombre de él. Niega en todo caso haber falsificado la firma de su esposa y niega haberse hecho representante de ella.

Ruperto, titular de la gestoría encargada de los negocios de frutería antes indicados, al declarar como testigo manifiesta que la titularidad de los negocios de frutería inicialmente a nombre del encausado fue traspasada a la denunciante. Indica que el encausado le dijo en su día que tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social y que quería cambiar la titularidad. Manifiesta igualmente que las instrucciones las recibía en un principio del encausado, si bien en los últimos momentos en que Clara ha sido titular de los negocios sí le ha dado instrucciones directas. Respecto a los contratos, manifiesta que, si bien solía pedir su redacción el encausado, los enviaba a un correo electrónico y los recibía posteriormente firmados, no siendo testigo del acto de la firma, y mandándolos tanto al correo del encausado como al de la denunciante. Insiste el testigo en que el encausado era consciente de la existencia de deudas y que le dijo que quería firmar un reconocimiento de deudas con la Seguridad Social y en relación al pago de alquileres, si bien no le consta que llegase a firmarlo. Añade que dichas deudas, en su opinión, derivan de la gestión de los negocios por el encausado, si bien reconoce que en muchas ocasiones ha visto a la denunciante en los locales de las fruterías. El testigo indica que, ni le consta que el encausado falsificase ningún contrato, ni puede afirmar que la denunciante no trabajase en las fruterías.

La denunciante, Clara, ha manifestado haber contraído matrimonio en el año 2011, no sabiendo nada de español cuando llegó a este país. Insiste en que ignoraba que tenía deudas hasta que se separó de su esposo. Reconoce que conocía que el encausado había puesto las tiendas a su nombre pero insiste en que no sabía lo que significaba ni sospechaba que el motivo estuviese relacionado con la existencia de deudas. Manifiesta que nunca trató con el gestor Sr. Ruperto hasta que se separó de su esposo y reconoce que iba a las tiendas pero que lo hacía por pasar el tiempo y hacer compañía a su esposo. También indica que en una ocasión en que se fue a Pakistán su esposo le pidió que dejase un documento en blanco firmado por si había que hacer alguna gestión y que ella lo hizo porque se fiaba de su marido.

Se han emitido informes periciales caligráficos en relación con los documentos obrantes en el acontecimiento nº 76 del índice electrónico del PA Nº 224/2024 (documento de fecha 28 de febrero de 2023 de cesión del arrendamiento, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 77 de dicho índice (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de San Juan de la Peña 184 duplicado, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 78 (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de Juslibol 42-48, con dos firmas dubitadas, y contrato de arrendamiento de dicho local de fecha 29 de octubre de 2018, con siete firmas dubitadas), y en el acontecimiento nº 83 (cuerpo de escritura de Clara efectuado en sede judicial el 4 de noviembre de 2024, con firmas indubitadas). Así, consta el informe emitido por la Policía Científica, Documentoscopia, de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que viene acompañado de un estudio gráfico con fotografías (acontecimientos nº 86, 88 y 89 del índice electrónico antes indicado) que concluye que las once firmas dubitadas han sido realizadas de puño y letra por Clara, y consta el informe pericial de parte emitido por Florencio (acontecimiento nº 102 del índice electrónico) que, referido a las firmas contenidas en el contrato de arrendamiento de fecha 29 de octubre de 2018, concluye que no han sido estampadas por Clara. En relación con el informe policial, el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 se ratifica en el mismo en el acto de Plenario indicando que todos los documentos examinados, salvo uno que era una impresión en color, eran documentos originales y que en los estudios gráficos anexos al informe se aprecian claramente las semejanzas entre las firmas que luego son analizadas y desarrolladas en el informe. También la perito Florencio se ratifica en su informe indicando haber utilizado como firmas indubitadas las del documento de identidad y las tomadas en el Juzgado, considerando que no ha encontrado ninguna concordancia entre las firmas dubitadas y las indubitadas, si bien no ha podido determinar la autoría de las firmas a no formar parte del encargo efectuado para elaborar la pericia. Dicha perito manifiesta que el informe policial carece de representaciones gráficas y que, en su opinión, es un informe meramente teórico.

Por último, haciendo referencia a la prueba documental de relevancia para el asunto, hemos de hacer referencia a la denuncia presentada por Clara contra el encausado por violencia de género en fecha 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4 del índice electrónico) en la que ya alude a que tiene los negocios a su nombre, así como el vehículo y el alquiler de la vivienda familiar, a la Sentencia de divorcio de 24 de octubre de 2023 (acontecimiento nº 5) en la que solo se atribuye al ahora encausado el uso y disfrute de la vivienda familiar disolviéndose el régimen económico-matrimonial, y a la Sentencia de 30 de junio de 2021 que condena a Gregorio como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por hechos cometidos entre enero y mayo de 2019 cometidos en la frutería sita en la calle Cuarta Avenida nº 70 (acontecimiento nº 6), que ha de ponerse en relación con el documento obrante en el acontecimiento nº 12 en que figura que el arrendamiento de dicho local se concierta por el ahora encausado en fecha 3 de enero de 2018 y no se cede la condición de arrendataria a Clara hasta el día 1 de junio de 2019.

También ha de hacerse mención al acontecimiento nº 13 en el que se contiene la baja de Clara en el régimen de autónomos en fecha 31 de enero de 2023, al acontecimiento nº 51 en el que se contiene un correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por Ruperto a Clara indicándole que Gregorio le ha dicho que firmaría un reconocimiento de deuda, que pagaría todo lo de la Seguridad Social y Hacienda a nombre de ella y que cambiaría la titularidad de todos los locales a nombre de una tercera persona, y a los acontecimientos nº 8, 9, 10, 11, 69, 70 y 71 del índice electrónico en los que se documentan las deudas generadas en relación con el negocio de frutería y con los vehículos de los que es titular la denunciante, así como con el domicilio en que se hallaba la vivienda familiar antes de la separación matrimonial, que son las indicadas en la declaración de hechos probados. A su vez, en el acontecimiento nº 44 del índice electrónico hallamos una abundante documentación remitida por la gestoría de Ruperto en relación con el negocio de fruterías, pudiendo apreciarse que desde el 22 de abril de 2019 figuran contratos de trabajo por cuenta ajena en los que la empleadora es Clara, figurando como domicilio social la calle Juslibol, y entre los que se halla un contrato de 8 de noviembre de 2019 en el que aparece como trabajador por cuenta ajena Gregorio. Tales contratos de trabajo continúan celebrándose en los años 2020, 2021 y 2022 (hasta el 26 de agosto de 2022), figurando como empleadora Clara y como sede social la calle Cuarta Avenida, efectuándose contratos de trabajo a Gregorio en fechas 8 de febrero de 2020, 2 de marzo de 2021, 2 de septiembre de 2021 y 2 de marzo de 2022, así como una modificación de jornada laboral al mismo de fecha 16 de marzo de 2022. También se acredita en tal documentación la titularidad de los vehículos NUM002 y NUM003 correspondiente a Clara desde el 26 de noviembre de 2019 y desde el 20 de agosto de 2018, respectivamente, y la emisión de finiquitos y nóminas a trabajadores a nombre de la misma desde abril de 2019 hasta febrero de 2023, ambos inclusive.

TERCERO.-Seguidamente vamos a proceder a la valoración de la prueba de cargo practicada en relación con el delito de falsedad en documento mercantil de los Artículos 392.1 y 390.1.3º del Código Penal, único de los que son objeto de acusación que, en su caso, no se vería afectado por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal.

Por parte de Clara se ha negado haber firmado documento alguno en virtud del cual sea titular de los dos vehículos mencionados en la declaración de hechos probados o del alquiler de la vivienda familiar, así como niega haber suscrito los contratos de arrendamiento de los locales de negocio sitos en la calle Juslibol nº 42-48 y en la Avenida San Juan de La Peña nº 184 duplicado, así como los contratos de traspaso de los arriendos de estos locales y del sito en la calle Cuarta Avenida nº 70 a Constanza. Asimismo, se manifiesta por la misma haber dejado un papel firmado en blanco a petición del encausado en una ocasión en que se marchó de viaje a su país natal.

El encausado, sin embargo, mantiene que fue Clara la que negoció los contratos de arrendamiento de los locales en que la misma figura como arrendataria y que fue ella la que firmó tales contratos. La prueba testifical practicada en la persona de Ruperto no ha permitido determinar quién firmó tales documentos y otros que eran remitidos por el mismo y en los que figuraba Clara como titular del negocio. En efecto, tal testigo ha indicado claramente que no ha estado presente en la firma de ninguno de tales documentos y que, pese a que la redacción de los contratos la solicitaba Gregorio, él los remitía a una dirección de correo electrónico y luego los recibía nuevamente ya firmados, recordando enviarlos tanto a la dirección de correo del encausado como a la de Clara. De hecho, a preguntas del Ministerio Fiscal, dicho testigo ha manifestado no tener constancia de que el encausado falsificase ningún contrato.

Hemos de acudir, por ello, a la valoración de las pruebas periciales practicadas, con resultado contradictorio. Así, la pericial caligráfica elaborada por la Sección de Documentoscopia de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por orden del Juzgado de Instrucción concluye que en los documentos originales que contienen firma dubitada de Clara, analizados en relación con las firmas indubitadas de la misma, recogidas en sede judicial el día 4 de noviembre de 2024 y obrantes en su documento de identidad, todas las firmas son de puño y letra de Clara, entre ellas las contenidas en el contrato de arrendamiento del local de negocio de la calle Juslibol nº 42-48, Puerta 1, de Zaragoza, de fecha 29 de octubre de 2018. Sin embargo, la pericial caligráfica de parte elaborada por Florencio concluye que las firmas obrantes en dicho contrato de arrendamiento no fueron estampadas por Clara. A la hora de determinar la eficacia probatoria de tales pruebas de contrario resultado hemos de partir de la ausencia de cualquier asomo de duda sobre la verosimilitud del informe pericial elaborado por la Policía Científica, dada la objetividad del encargo efectuado por parte del Juzgado de Instrucción. Deben ser muy convincentes razones las que la perito de parte pueda aportar para sembrar desconfianza en el resultado de la pericia policial. En este caso, la misma solo ha hecho referencia a que el informe pericial de la Policía Científica es un informe de carácter eminentemente teórico que carece de representaciones gráficas que permitan comprobar las conclusiones a que llega, extremo que ha sido rebatido por el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 al referirse al anexo de su informe pericial en el que aparecen fotografiadas las once firmas dubitadas permitiendo la comparación visual con las indubitadas y la apreciación de las semejanzas entre ellas que posteriormente son desarrolladas y constatadas en el informe. En efecto, los acontecimientos nº 88 y 89 del índice electrónico contienen tal estudio gráfico como anexo al informe pericial policial al que no hallamos tacha alguna.

Lo anteriormente indicado impide aportar prueba de cargo de suficiente entidad para entender que los documentos obrantes en la causa que aparecen firmados por Clara no hayan sido efectivamente firmados por ella. A ello se añade que no existe ningún elemento de prueba de que Gregorio haya estampado firma alguna simulando la de su cónyuge ni haya realizado acción alguna para suponer la falsa intervención de esta en cualquiera de tales negocios jurídicos, de modo que ni siquiera en el informe pericial de Florencio se afirma que el encausado pueda ser autor de firma alguna de las que han sido sometidas a pericia. Por todo ello, procede absolver a Gregorio del delito de falsedad en documento mercantil por el que viene siendo acusado.

CUARTO.-Seguidamente, procedemos a valorar las pruebas relacionadas con los delitos patrimoniales (administración desleal y estafa) por los que es también acusado Gregorio y que, pese a estar amparados por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal, deben ser analizados para determinar si concurren o no los mismos en orden a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de ellos.

Comenzando por la acusación por delito de estafa, la Acusación Particular basa la misma en considerar que el encausado, aprovechando la vulnerabilidad de su esposa, dada su juventud y su desconocimiento del idioma y costumbres españolas, engañó a la misma poniendo a su nombre el negocio de frutería que, en realidad, él regentaba y administraba, así como los dos vehículos que el mismo utilizaba en tal negocio, poniendo a la misma como arrendataria tanto de la vivienda familiar como de los tres locales donde se ejercía la actividad de venta de fruta y verdura propia del negocio antes indicado, y haciendo que figurase como empleadora en todos los contratos de trabajo efectuados a terceras personas y al propio encausado en relación con tal negocio. Sostiene que la gestión de dicho negocio por parte del encausado ha originado cuantiosas deudas de las que ahora debe responder con su patrimonio la denunciante al figurar como titular de tal negocio, debiendo responder también de sanciones de tráfico relacionadas con el uso por el encausado de los vehículos de que es titular la denunciante. Tal es el sentido de la declaración prestada por la denunciante, negando además haber firmado cualesquiera documentos relacionados con dicho negocio, cuestión que, como se ha indicado en el anterior fundamento, no ha quedado acreditada, como tampoco ha quedado acreditado que el encausado hubiese utilizado cualquier firma en blanco estampada por la misma.

Pese a que el encausado ha manifestado en su declaración que Clara tenía con anterioridad sus propios negocios, cuestión no acreditada y escasamente verosímil, su declaración se centra en indicar, reconociendo que los últimos dos negocios estaban a nombre de ella, que se trataba de negocios familiares y que por ello actuaban ambos cónyuges indistintamente, relacionándose también de manera indistinta con la gestoría del Sr. Ruperto y utilizando el encausado, que reconoce que su esposa no tenía permiso de conducir, los vehículos de los que ella era titular como vehículos de empresa. Niega igualmente tener conocimiento de que el negocio tuviese deudas y niega haber puesto el negocio de nombre de Clara por tal motivo. En relación con esta última cuestión, hemos de considerar que la declaración prestada por el testigo Ruperto permite desvirtuar tal declaración exculpatoria del encausado cuando manifiesta el testigo que el encausado transmitió la titularidad de todos los negocios de frutería que poseía a su esposa y que le explicó que el motivo era la existencia de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. También manifiesta que, en un principio, Gregorio era quien se relacionaba con el mismo y quien le daba instrucciones como gestor, si bien reconoce que posteriormente también ha recibido instrucciones de Clara, existiendo coincidencia temporal con la separación de los cónyuges.

Sin embargo, el hecho acreditado de que existían deudas del negocio que han quedado suficientemente documentadas en las actuaciones, y que por tal motivo, el encausado puso el negocio, los vehículos y los arrendamientos de locales a nombre de su esposa, no necesariamente indica que existiese desconocimiento por parte de la misma y consiguiente engaño, así como tampoco necesariamente supone una intención del encausado de engañar a su esposa, y ello con independencia de que su gestión del negocio haya podido generar unos perjuicios de los deba responder en todo o en parte, lo que se trataría de una cuestión civil ajena a la comisión de una infracción criminal que debería ser ventilada en la jurisdicción ordinaria. En efecto, Clara en su declaración ha reconocido tener conocimiento de que el encausado había puesto las tiendas a su nombre, aunque sostenga que ella no sabía lo que esto significaba y que desconocía que existiesen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Así pues, no puede considerarse acreditado que la denunciante descubriese esta situación una vez separada de hecho del encausado, lo que viene corroborado porque en la denuncia que presenta en Comisaría de Policía Nacional el día 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4) ya dice que los negocios están a su nombre, aunque indica que sin su consentimiento, y que el coche y alquiler del piso están a su nombre pese a que ella no ha firmado nada, extremo que como se ha dicho no ha quedado acreditado. Por otra parte, la declaración testifical del gestor Ruperto ha permitido acreditar que ha encontrado en muchas ocasiones a Clara en las fruterías en que se desarrollaba el negocio de que era titular. Pese a que la misma manifiesta que solo iba a allí para pasar el tiempo, extremo no contrastado, no puede afirmarse que la misma permaneciese ajena al desarrollo del negocio del que era titular. A ello se añaden las manifestaciones del testigo sobre la remisión de documentos al correo electrónico tanto del encausado como de la denunciante, y la constatación documental y pericial de que la denunciante suscribió contratos de arrendamientos de los locales de negocio (acontecimiento nº 12).

Por ello, no podemos considerar que exista una prueba de cargo que, sin asomo de duda razonable, permita considerar que Clara ignorase por completo lo que suponía que el negocio de frutas y verduras se pusiese a su nombre y que pasase a ser titular del mismo, y tampoco puede considerarse que ignorase por completo que tal operación formaba parte de unas decisiones orientadas a la gestión de unas deudas generadas en relación con el negocio. Existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar y las manifestaciones de la denunciante sobre su ignorancia del idioma y de los aspectos legales del desarrollo del negocio y la gestión de su pasivo no son bastantes para justificar la enervación de la presunción de inocencia del encausado, máxime cuando la titularidad del negocio se transmite en fecha no determinada pero situada en el entorno de los años 2018 y 2019, momento en que la denunciante ya llevaba entre cinco y seis años viviendo en España, según consta en el escrito de querella (acontecimiento nº 1). Por otra parte, y en relación con la intención del encausado de engañar a la denunciante para poner el negocio y otros bienes y obligaciones a su nombre, no podemos obviar que todas estas acciones tienen lugar constante matrimonio, en un momento en que se mantiene la convivencia entre los cónyuges sin que existan indicios de que posteriormente pueda producirse una crisis matrimonial. En tal sentido, es difícil pensar que el encausado tuviese intención de engañar a su esposa para que esta asumiese unas deudas en un momento en que tales deudas seguían gravando a la unidad familiar. Distinto es el resultado producido a raíz de la separación y posterior divorcio de la pareja en relación con las deudas, cuyo origen deberá determinarse si obedece a la gestión del encausado o a la gestión conjunta de ambos cónyuges, y cuyo reconocimiento, pese a haber existido una inicial pretensión de hacerlo, no ha sido finalmente suscrito por el ahora encausado. Tal posible perjuicio podrá ser objeto de una reclamación en el ámbito civil, pero en modo alguno puede considerarse causalmente relacionado con un engaño que no ha quedado suficientemente acreditado. Por tal motivo, procede absolver al encausado del delito de estafa por el que viene siendo acusado.

QUINTO.-En cuanto al delito de administración desleal por el que también se dirige acusación contra Gregorio, hemos de considerar que la prueba practicada determina que la administración o gestión del negocio de venta de frutas y verduras se desarrollaba con carácter principal por el encausado, y así ha de deducirse de la declaración testifical de Ruperto. De acuerdo con tal testigo, el encausado era el titular de todos los negocios hasta la transmisión de la titularidad a la denunciante y posteriormente manifiesta que, al menos hasta la separación de los cónyuges, las instrucciones las recibía del encausado. Sin embargo, tal como se ha indicado en el anterior fundamento, existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar. En tal sentido, pese a que el encausado pueda cumplir el requisito, como sujeto activo, de ser administrador de hecho del negocio, no queda suficientemente acreditado que la denunciante reúna la condición de administrada para ser sujeto pasivo de este delito. Tal como se ha valorado anteriormente, la denunciante tenía conocimiento de que el negocio estaba a su nombre y suscribió contratos de arrendamiento, así como recibía en su correo electrónico la documentación de la gestoría relacionada con el negocio, entre la cual se hallaban los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena del negocio. En tal sentido, la Acusación Particular ha pretendido justificar la exclusiva administración del negocio por parte del encausado en la condena del mismo como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores que se documenta en el acontecimiento nº 6 del índice electrónico y que aparece en su hoja histórico-penal (acontecimiento nº 27). Sin embargo, la lectura de tal Sentencia condenatoria permite observar que la conducta del ahora encausado se refiere a dos locales, uno de ellos no coincidente con los que han sido arrendados por la ahora denunciante, y el otro (calle Cuarta Avenida nº 70) arrendado por Gregorio y traspasado a Clara en fecha 1 de junio de 2019, siendo que los hechos probados de la Sentencia condenatoria se refieren comprendidos entre enero y mayo de 2019. Así pues, dicha resolución condenatoria no acredita de forma inequívoca la exclusiva gestión por parte del encausado del negocio de frutería cuya titularidad fue transmitida por éste a Clara.

En cuanto al elemento de la infracción en la gestión encomendada, ha de considerarse que la prueba practicada solo acredita la existencia de unas deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, así como con el Ayuntamiento de Zaragoza por pagos de tasas e impuestos municipales, añadiéndose algunas deudas con proveedores y una sanción de la Seguridad Social por contratación de trabajador sin permiso de trabajo. Sin embargo, no existe una prueba de cargo suficiente sobre los concretos motivos del surgimiento de tales deudas y sobre si las mismas han obedecido a una gestión desleal o inadecuada por parte del encausado, máxime considerando lo anteriormente indicado en cuanto a los indicios de gestión familiar de dicho negocio. A ello se añade que tanto el elemento subjetivo como el resultado perjudicial para el patrimonio del administrado tienen difícil encaje en el ámbito de unos hechos sucedidos constante matrimonio de denunciante y encausado en un momento en que no existían indicios de crisis matrimonial, ya que los posibles perjuicios que pudieran derivarse afectarían a dicho patrimonio común. Como ya se ha indicado anteriormente, la constatación de perjuicios para la ahora denunciante derivados de la situación del negocio una vez producida la separación de hecho y posterior disolución del vínculo matrimonial no guarda relación con infracción criminal alguna, siendo una cuestión a ventilar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria al tratarse de una cuestión de naturaleza civil. Debe, por ello, absolverse igualmente al encausado de la acusación por delito de administración desleal.

SEXTO.-Las costas procesales deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos pertinentes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente

PRIMERO.-Se mantiene el ejercicio de la acción penal por la Acusación Particular personada en nombre y representación de Clara, ya que el Ministerio Fiscal ha venido solicitado el sobreseimiento de las Diligencias Previas y posteriormente, si bien fuera de plazo, ha formulado una calificación absolutoria que ha elevado a conclusiones definitivas al término de la práctica de la prueba en el acto de Juicio Oral. La acusación formulada atribuye al acusado Gregorio la comisión de un delito de administración desleal previsto y penado en el Artículo 252 del Código Penal, la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los Artículos 390 y 392 del Código Penal, y la comisión de un delito de estafa agravado previsto y penado en el Artículo 250.

El delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular se tipifica en el Artículo 392.1 del Código Penal: "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".Dichos tres primeros números del Artículo 390.1 del Código Penal tienen el siguiente contenido: "1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho".Aunque la Acusación Particular tampoco especifica el ordinal del Artículo 390.1 del Código Penal por el que formula acusación, de su relato de hecho debe considerarse que hace referencia al Artículo 390.1.3º de dicho texto legal.

El tenor literal del Artículo 252.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Diversa jurisprudencia ha analizado los elementos de este tipo penal. Podemos citar la Sentencia nº 223/2025, de 20 de junio del 2025, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (ECLI: ES:APSE:2025:1809). Así se indica que la conducta típica consiste en infringir las facultades de administración que tiene el sujeto activo para gestionar dicho patrimonio, causándole además un perjuicio al mismo. Por tanto, nos hallamos ante un delito de resultado que requiere de un efectivo perjuicio al patrimonio administrado y sin el cual no existirá delito. Los elementos del delito de administración desleal son los siguientes:

1) Debe existir un sujeto activo, que es el administrador. Esto no quiere decir que la persona tenga que tener el cargo específico de administrador en un negocio o sociedad, sino que puede tratarse de cualquier persona que esté autorizada para gestionar el patrimonio de un tercero y que cometa una infracción en esa gestión, lo que incluye a los administradores de derecho y de hecho.

2) El sujeto pasivo es quien es administrado, pudiendo tratarse tanto de socios de una sociedad como de una persona individual, a partir de la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015.

3) El elemento subjetivo en este delito establece que no hace falta que haya existido ánimo de lucro en las acciones que constituyen infracción. Basta solo el dolo genérico, es decir que esas acciones se hayan realizado con pleno conocimiento del perjuicio que podrían ocasionar.

4) El elemento objetivo del delito de administración desleal es el perjuicio patrimonial. Es decir, que es necesario que exista una relación causa-efecto entre la infracción y el daño patrimonial que se cause al administrado.

A su vez, el tenor literal del Artículo 248.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".Aunque la Acusación Particular no cita las circunstancias de agravación concretas previstas en el Artículo 250.1 del Código Penal, ha de entenderse, de su relato de hechos, que interesa la aplicación de la prevista en el número 2º: "Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase",de la prevista en el número 5º: "El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas",y de la prevista en el número 6º: "Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional".

Varios son los elementos exigidos por la doctrina para apreciar la concurrencia del delito de estafa, cuales son la existencia de un engaño precedente o concurrente que sea idóneo o adecuado para provocar error en el sujeto pasivo, la suficiencia del engaño con entidad bastante para que actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, la producción del error esencial en el sujeto pasivo, el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, el ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo que conlleva el propósito por el sujeto activo de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio causado, y la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. En efecto, la STS 2626/2025 de 9 de junio de 2025 ( ECLI:ES:TS:2025:2626), alude a la STS 262/2019 de 24 de mayo de 2019, indicando que ""Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se pueden citar los siguientes: 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado. 2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos. 3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios. 4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados. 5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado, toda vez que el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. Propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento".

Debemos hacer referencia también, en este caso, y dada la relación conyugal sin siquiera separación de hecho entre los cónyuges existente entre denunciante y encausado en las fechas en que se sitúa la comisión de los hechos denunciados, a la excusa absolutoria que prevé el Artículo 268.1 del Código Penal. Dicho precepto indica que "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad".Ha de tenerse en cuenta que dos de los delitos que son objeto de acusación en la presente causa son delitos patrimoniales, tanto el de administración desleal como el de estafa, no concurriendo en los mismos ni violencia e intimidación ni vulnerabilidad de la víctima derivada de su edad o de una situación de discapacidad, y siendo constante el matrimonio entre denunciante y encausado en las fechas de presunta comisión de los hechos, sin situación alguna de separación legal o de hecho y sin que se hubiese entablado proceso alguna con la finalidad de suspender los efectos de vínculo matrimonial o de disolver o anular dicho vínculo. No tiene, sin embargo, tal consideración de delito patrimonial el delito de falsedad en documento mercantil que no se ve afectado por tal excusa absolutoria. Por lo demás, ha de considerarse que la excusa absolutoria no impide valorar la concurrencia del delito, limitándose únicamente a eximir de responsabilidad criminal a quien sea partícipe en tal delito manteniendo la responsabilidad civil que pueda derivarse del mismo. Por ello, debe efectuarse igualmente la valoración de la prueba para determinar si concurre prueba de cargo suficiente en relación con tales delitos patrimoniales, con independencia de la concurrencia de la excusa absolutoria antes indicada.

SEGUNDO.-Fijado el marco doctrinal y jurisprudencial del delito de estafa debemos efectuar una valoración de las pruebas practicadas, comenzando por las declaraciones prestadas por el encausado, el cual manifiesta haber montado negocios de fruterías en España, habiendo tenido a su nombre dos negocios de frutería en Zaragoza, si bien reconoce que los dos últimos negocios de frutería que ha regentado estaban a nombre de su esposa. Reconoce igualmente que ambos eran autónomos, si bien luego pasó el mismo a ser trabajador de la empresa, indicando que el motivo de ser autónomos ambos en un principio obedeció a la conveniencia de facilitar su reagrupación familiar en España. Reconoce igualmente el encausado que tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda cuyo importe exacto no recuerda, indicando desconocer que los negocios de su esposa pudieran tener deudas. En todo caso, insiste en que los negocios de frutería eran negocios familiares, que siempre trabajaron con la gestoría de Ruperto y que la gestoría se comunicaba con los dos cónyuges, la denunciante y el encausado. Insiste en que la denunciante intervino en la negociación de los alquileres de los locales y en que ella fue quien firmó los contratos. Reconoce que su esposa carecía de permiso de conducir y reconoce que los vehículos de los que ella era titular los conducía él como vehículos de empresa, manifestando haber recibido una sola multa y en un vehículo que era propio. Niega haber manifestado al gestor Sr. Ruperto que quisiera firmar un documento de reconocimiento de deuda porque ignoraba que su esposa tuviese deudas, y reconoce haber sido condenado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores si bien manifiesta que en aquel momento los papeles estaban a nombre de él. Niega en todo caso haber falsificado la firma de su esposa y niega haberse hecho representante de ella.

Ruperto, titular de la gestoría encargada de los negocios de frutería antes indicados, al declarar como testigo manifiesta que la titularidad de los negocios de frutería inicialmente a nombre del encausado fue traspasada a la denunciante. Indica que el encausado le dijo en su día que tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social y que quería cambiar la titularidad. Manifiesta igualmente que las instrucciones las recibía en un principio del encausado, si bien en los últimos momentos en que Clara ha sido titular de los negocios sí le ha dado instrucciones directas. Respecto a los contratos, manifiesta que, si bien solía pedir su redacción el encausado, los enviaba a un correo electrónico y los recibía posteriormente firmados, no siendo testigo del acto de la firma, y mandándolos tanto al correo del encausado como al de la denunciante. Insiste el testigo en que el encausado era consciente de la existencia de deudas y que le dijo que quería firmar un reconocimiento de deudas con la Seguridad Social y en relación al pago de alquileres, si bien no le consta que llegase a firmarlo. Añade que dichas deudas, en su opinión, derivan de la gestión de los negocios por el encausado, si bien reconoce que en muchas ocasiones ha visto a la denunciante en los locales de las fruterías. El testigo indica que, ni le consta que el encausado falsificase ningún contrato, ni puede afirmar que la denunciante no trabajase en las fruterías.

La denunciante, Clara, ha manifestado haber contraído matrimonio en el año 2011, no sabiendo nada de español cuando llegó a este país. Insiste en que ignoraba que tenía deudas hasta que se separó de su esposo. Reconoce que conocía que el encausado había puesto las tiendas a su nombre pero insiste en que no sabía lo que significaba ni sospechaba que el motivo estuviese relacionado con la existencia de deudas. Manifiesta que nunca trató con el gestor Sr. Ruperto hasta que se separó de su esposo y reconoce que iba a las tiendas pero que lo hacía por pasar el tiempo y hacer compañía a su esposo. También indica que en una ocasión en que se fue a Pakistán su esposo le pidió que dejase un documento en blanco firmado por si había que hacer alguna gestión y que ella lo hizo porque se fiaba de su marido.

Se han emitido informes periciales caligráficos en relación con los documentos obrantes en el acontecimiento nº 76 del índice electrónico del PA Nº 224/2024 (documento de fecha 28 de febrero de 2023 de cesión del arrendamiento, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 77 de dicho índice (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de San Juan de la Peña 184 duplicado, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 78 (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de Juslibol 42-48, con dos firmas dubitadas, y contrato de arrendamiento de dicho local de fecha 29 de octubre de 2018, con siete firmas dubitadas), y en el acontecimiento nº 83 (cuerpo de escritura de Clara efectuado en sede judicial el 4 de noviembre de 2024, con firmas indubitadas). Así, consta el informe emitido por la Policía Científica, Documentoscopia, de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que viene acompañado de un estudio gráfico con fotografías (acontecimientos nº 86, 88 y 89 del índice electrónico antes indicado) que concluye que las once firmas dubitadas han sido realizadas de puño y letra por Clara, y consta el informe pericial de parte emitido por Florencio (acontecimiento nº 102 del índice electrónico) que, referido a las firmas contenidas en el contrato de arrendamiento de fecha 29 de octubre de 2018, concluye que no han sido estampadas por Clara. En relación con el informe policial, el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 se ratifica en el mismo en el acto de Plenario indicando que todos los documentos examinados, salvo uno que era una impresión en color, eran documentos originales y que en los estudios gráficos anexos al informe se aprecian claramente las semejanzas entre las firmas que luego son analizadas y desarrolladas en el informe. También la perito Florencio se ratifica en su informe indicando haber utilizado como firmas indubitadas las del documento de identidad y las tomadas en el Juzgado, considerando que no ha encontrado ninguna concordancia entre las firmas dubitadas y las indubitadas, si bien no ha podido determinar la autoría de las firmas a no formar parte del encargo efectuado para elaborar la pericia. Dicha perito manifiesta que el informe policial carece de representaciones gráficas y que, en su opinión, es un informe meramente teórico.

Por último, haciendo referencia a la prueba documental de relevancia para el asunto, hemos de hacer referencia a la denuncia presentada por Clara contra el encausado por violencia de género en fecha 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4 del índice electrónico) en la que ya alude a que tiene los negocios a su nombre, así como el vehículo y el alquiler de la vivienda familiar, a la Sentencia de divorcio de 24 de octubre de 2023 (acontecimiento nº 5) en la que solo se atribuye al ahora encausado el uso y disfrute de la vivienda familiar disolviéndose el régimen económico-matrimonial, y a la Sentencia de 30 de junio de 2021 que condena a Gregorio como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por hechos cometidos entre enero y mayo de 2019 cometidos en la frutería sita en la calle Cuarta Avenida nº 70 (acontecimiento nº 6), que ha de ponerse en relación con el documento obrante en el acontecimiento nº 12 en que figura que el arrendamiento de dicho local se concierta por el ahora encausado en fecha 3 de enero de 2018 y no se cede la condición de arrendataria a Clara hasta el día 1 de junio de 2019.

También ha de hacerse mención al acontecimiento nº 13 en el que se contiene la baja de Clara en el régimen de autónomos en fecha 31 de enero de 2023, al acontecimiento nº 51 en el que se contiene un correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por Ruperto a Clara indicándole que Gregorio le ha dicho que firmaría un reconocimiento de deuda, que pagaría todo lo de la Seguridad Social y Hacienda a nombre de ella y que cambiaría la titularidad de todos los locales a nombre de una tercera persona, y a los acontecimientos nº 8, 9, 10, 11, 69, 70 y 71 del índice electrónico en los que se documentan las deudas generadas en relación con el negocio de frutería y con los vehículos de los que es titular la denunciante, así como con el domicilio en que se hallaba la vivienda familiar antes de la separación matrimonial, que son las indicadas en la declaración de hechos probados. A su vez, en el acontecimiento nº 44 del índice electrónico hallamos una abundante documentación remitida por la gestoría de Ruperto en relación con el negocio de fruterías, pudiendo apreciarse que desde el 22 de abril de 2019 figuran contratos de trabajo por cuenta ajena en los que la empleadora es Clara, figurando como domicilio social la calle Juslibol, y entre los que se halla un contrato de 8 de noviembre de 2019 en el que aparece como trabajador por cuenta ajena Gregorio. Tales contratos de trabajo continúan celebrándose en los años 2020, 2021 y 2022 (hasta el 26 de agosto de 2022), figurando como empleadora Clara y como sede social la calle Cuarta Avenida, efectuándose contratos de trabajo a Gregorio en fechas 8 de febrero de 2020, 2 de marzo de 2021, 2 de septiembre de 2021 y 2 de marzo de 2022, así como una modificación de jornada laboral al mismo de fecha 16 de marzo de 2022. También se acredita en tal documentación la titularidad de los vehículos NUM002 y NUM003 correspondiente a Clara desde el 26 de noviembre de 2019 y desde el 20 de agosto de 2018, respectivamente, y la emisión de finiquitos y nóminas a trabajadores a nombre de la misma desde abril de 2019 hasta febrero de 2023, ambos inclusive.

TERCERO.-Seguidamente vamos a proceder a la valoración de la prueba de cargo practicada en relación con el delito de falsedad en documento mercantil de los Artículos 392.1 y 390.1.3º del Código Penal, único de los que son objeto de acusación que, en su caso, no se vería afectado por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal.

Por parte de Clara se ha negado haber firmado documento alguno en virtud del cual sea titular de los dos vehículos mencionados en la declaración de hechos probados o del alquiler de la vivienda familiar, así como niega haber suscrito los contratos de arrendamiento de los locales de negocio sitos en la calle Juslibol nº 42-48 y en la Avenida San Juan de La Peña nº 184 duplicado, así como los contratos de traspaso de los arriendos de estos locales y del sito en la calle Cuarta Avenida nº 70 a Constanza. Asimismo, se manifiesta por la misma haber dejado un papel firmado en blanco a petición del encausado en una ocasión en que se marchó de viaje a su país natal.

El encausado, sin embargo, mantiene que fue Clara la que negoció los contratos de arrendamiento de los locales en que la misma figura como arrendataria y que fue ella la que firmó tales contratos. La prueba testifical practicada en la persona de Ruperto no ha permitido determinar quién firmó tales documentos y otros que eran remitidos por el mismo y en los que figuraba Clara como titular del negocio. En efecto, tal testigo ha indicado claramente que no ha estado presente en la firma de ninguno de tales documentos y que, pese a que la redacción de los contratos la solicitaba Gregorio, él los remitía a una dirección de correo electrónico y luego los recibía nuevamente ya firmados, recordando enviarlos tanto a la dirección de correo del encausado como a la de Clara. De hecho, a preguntas del Ministerio Fiscal, dicho testigo ha manifestado no tener constancia de que el encausado falsificase ningún contrato.

Hemos de acudir, por ello, a la valoración de las pruebas periciales practicadas, con resultado contradictorio. Así, la pericial caligráfica elaborada por la Sección de Documentoscopia de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por orden del Juzgado de Instrucción concluye que en los documentos originales que contienen firma dubitada de Clara, analizados en relación con las firmas indubitadas de la misma, recogidas en sede judicial el día 4 de noviembre de 2024 y obrantes en su documento de identidad, todas las firmas son de puño y letra de Clara, entre ellas las contenidas en el contrato de arrendamiento del local de negocio de la calle Juslibol nº 42-48, Puerta 1, de Zaragoza, de fecha 29 de octubre de 2018. Sin embargo, la pericial caligráfica de parte elaborada por Florencio concluye que las firmas obrantes en dicho contrato de arrendamiento no fueron estampadas por Clara. A la hora de determinar la eficacia probatoria de tales pruebas de contrario resultado hemos de partir de la ausencia de cualquier asomo de duda sobre la verosimilitud del informe pericial elaborado por la Policía Científica, dada la objetividad del encargo efectuado por parte del Juzgado de Instrucción. Deben ser muy convincentes razones las que la perito de parte pueda aportar para sembrar desconfianza en el resultado de la pericia policial. En este caso, la misma solo ha hecho referencia a que el informe pericial de la Policía Científica es un informe de carácter eminentemente teórico que carece de representaciones gráficas que permitan comprobar las conclusiones a que llega, extremo que ha sido rebatido por el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 al referirse al anexo de su informe pericial en el que aparecen fotografiadas las once firmas dubitadas permitiendo la comparación visual con las indubitadas y la apreciación de las semejanzas entre ellas que posteriormente son desarrolladas y constatadas en el informe. En efecto, los acontecimientos nº 88 y 89 del índice electrónico contienen tal estudio gráfico como anexo al informe pericial policial al que no hallamos tacha alguna.

Lo anteriormente indicado impide aportar prueba de cargo de suficiente entidad para entender que los documentos obrantes en la causa que aparecen firmados por Clara no hayan sido efectivamente firmados por ella. A ello se añade que no existe ningún elemento de prueba de que Gregorio haya estampado firma alguna simulando la de su cónyuge ni haya realizado acción alguna para suponer la falsa intervención de esta en cualquiera de tales negocios jurídicos, de modo que ni siquiera en el informe pericial de Florencio se afirma que el encausado pueda ser autor de firma alguna de las que han sido sometidas a pericia. Por todo ello, procede absolver a Gregorio del delito de falsedad en documento mercantil por el que viene siendo acusado.

CUARTO.-Seguidamente, procedemos a valorar las pruebas relacionadas con los delitos patrimoniales (administración desleal y estafa) por los que es también acusado Gregorio y que, pese a estar amparados por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal, deben ser analizados para determinar si concurren o no los mismos en orden a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de ellos.

Comenzando por la acusación por delito de estafa, la Acusación Particular basa la misma en considerar que el encausado, aprovechando la vulnerabilidad de su esposa, dada su juventud y su desconocimiento del idioma y costumbres españolas, engañó a la misma poniendo a su nombre el negocio de frutería que, en realidad, él regentaba y administraba, así como los dos vehículos que el mismo utilizaba en tal negocio, poniendo a la misma como arrendataria tanto de la vivienda familiar como de los tres locales donde se ejercía la actividad de venta de fruta y verdura propia del negocio antes indicado, y haciendo que figurase como empleadora en todos los contratos de trabajo efectuados a terceras personas y al propio encausado en relación con tal negocio. Sostiene que la gestión de dicho negocio por parte del encausado ha originado cuantiosas deudas de las que ahora debe responder con su patrimonio la denunciante al figurar como titular de tal negocio, debiendo responder también de sanciones de tráfico relacionadas con el uso por el encausado de los vehículos de que es titular la denunciante. Tal es el sentido de la declaración prestada por la denunciante, negando además haber firmado cualesquiera documentos relacionados con dicho negocio, cuestión que, como se ha indicado en el anterior fundamento, no ha quedado acreditada, como tampoco ha quedado acreditado que el encausado hubiese utilizado cualquier firma en blanco estampada por la misma.

Pese a que el encausado ha manifestado en su declaración que Clara tenía con anterioridad sus propios negocios, cuestión no acreditada y escasamente verosímil, su declaración se centra en indicar, reconociendo que los últimos dos negocios estaban a nombre de ella, que se trataba de negocios familiares y que por ello actuaban ambos cónyuges indistintamente, relacionándose también de manera indistinta con la gestoría del Sr. Ruperto y utilizando el encausado, que reconoce que su esposa no tenía permiso de conducir, los vehículos de los que ella era titular como vehículos de empresa. Niega igualmente tener conocimiento de que el negocio tuviese deudas y niega haber puesto el negocio de nombre de Clara por tal motivo. En relación con esta última cuestión, hemos de considerar que la declaración prestada por el testigo Ruperto permite desvirtuar tal declaración exculpatoria del encausado cuando manifiesta el testigo que el encausado transmitió la titularidad de todos los negocios de frutería que poseía a su esposa y que le explicó que el motivo era la existencia de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. También manifiesta que, en un principio, Gregorio era quien se relacionaba con el mismo y quien le daba instrucciones como gestor, si bien reconoce que posteriormente también ha recibido instrucciones de Clara, existiendo coincidencia temporal con la separación de los cónyuges.

Sin embargo, el hecho acreditado de que existían deudas del negocio que han quedado suficientemente documentadas en las actuaciones, y que por tal motivo, el encausado puso el negocio, los vehículos y los arrendamientos de locales a nombre de su esposa, no necesariamente indica que existiese desconocimiento por parte de la misma y consiguiente engaño, así como tampoco necesariamente supone una intención del encausado de engañar a su esposa, y ello con independencia de que su gestión del negocio haya podido generar unos perjuicios de los deba responder en todo o en parte, lo que se trataría de una cuestión civil ajena a la comisión de una infracción criminal que debería ser ventilada en la jurisdicción ordinaria. En efecto, Clara en su declaración ha reconocido tener conocimiento de que el encausado había puesto las tiendas a su nombre, aunque sostenga que ella no sabía lo que esto significaba y que desconocía que existiesen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Así pues, no puede considerarse acreditado que la denunciante descubriese esta situación una vez separada de hecho del encausado, lo que viene corroborado porque en la denuncia que presenta en Comisaría de Policía Nacional el día 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4) ya dice que los negocios están a su nombre, aunque indica que sin su consentimiento, y que el coche y alquiler del piso están a su nombre pese a que ella no ha firmado nada, extremo que como se ha dicho no ha quedado acreditado. Por otra parte, la declaración testifical del gestor Ruperto ha permitido acreditar que ha encontrado en muchas ocasiones a Clara en las fruterías en que se desarrollaba el negocio de que era titular. Pese a que la misma manifiesta que solo iba a allí para pasar el tiempo, extremo no contrastado, no puede afirmarse que la misma permaneciese ajena al desarrollo del negocio del que era titular. A ello se añaden las manifestaciones del testigo sobre la remisión de documentos al correo electrónico tanto del encausado como de la denunciante, y la constatación documental y pericial de que la denunciante suscribió contratos de arrendamientos de los locales de negocio (acontecimiento nº 12).

Por ello, no podemos considerar que exista una prueba de cargo que, sin asomo de duda razonable, permita considerar que Clara ignorase por completo lo que suponía que el negocio de frutas y verduras se pusiese a su nombre y que pasase a ser titular del mismo, y tampoco puede considerarse que ignorase por completo que tal operación formaba parte de unas decisiones orientadas a la gestión de unas deudas generadas en relación con el negocio. Existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar y las manifestaciones de la denunciante sobre su ignorancia del idioma y de los aspectos legales del desarrollo del negocio y la gestión de su pasivo no son bastantes para justificar la enervación de la presunción de inocencia del encausado, máxime cuando la titularidad del negocio se transmite en fecha no determinada pero situada en el entorno de los años 2018 y 2019, momento en que la denunciante ya llevaba entre cinco y seis años viviendo en España, según consta en el escrito de querella (acontecimiento nº 1). Por otra parte, y en relación con la intención del encausado de engañar a la denunciante para poner el negocio y otros bienes y obligaciones a su nombre, no podemos obviar que todas estas acciones tienen lugar constante matrimonio, en un momento en que se mantiene la convivencia entre los cónyuges sin que existan indicios de que posteriormente pueda producirse una crisis matrimonial. En tal sentido, es difícil pensar que el encausado tuviese intención de engañar a su esposa para que esta asumiese unas deudas en un momento en que tales deudas seguían gravando a la unidad familiar. Distinto es el resultado producido a raíz de la separación y posterior divorcio de la pareja en relación con las deudas, cuyo origen deberá determinarse si obedece a la gestión del encausado o a la gestión conjunta de ambos cónyuges, y cuyo reconocimiento, pese a haber existido una inicial pretensión de hacerlo, no ha sido finalmente suscrito por el ahora encausado. Tal posible perjuicio podrá ser objeto de una reclamación en el ámbito civil, pero en modo alguno puede considerarse causalmente relacionado con un engaño que no ha quedado suficientemente acreditado. Por tal motivo, procede absolver al encausado del delito de estafa por el que viene siendo acusado.

QUINTO.-En cuanto al delito de administración desleal por el que también se dirige acusación contra Gregorio, hemos de considerar que la prueba practicada determina que la administración o gestión del negocio de venta de frutas y verduras se desarrollaba con carácter principal por el encausado, y así ha de deducirse de la declaración testifical de Ruperto. De acuerdo con tal testigo, el encausado era el titular de todos los negocios hasta la transmisión de la titularidad a la denunciante y posteriormente manifiesta que, al menos hasta la separación de los cónyuges, las instrucciones las recibía del encausado. Sin embargo, tal como se ha indicado en el anterior fundamento, existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar. En tal sentido, pese a que el encausado pueda cumplir el requisito, como sujeto activo, de ser administrador de hecho del negocio, no queda suficientemente acreditado que la denunciante reúna la condición de administrada para ser sujeto pasivo de este delito. Tal como se ha valorado anteriormente, la denunciante tenía conocimiento de que el negocio estaba a su nombre y suscribió contratos de arrendamiento, así como recibía en su correo electrónico la documentación de la gestoría relacionada con el negocio, entre la cual se hallaban los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena del negocio. En tal sentido, la Acusación Particular ha pretendido justificar la exclusiva administración del negocio por parte del encausado en la condena del mismo como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores que se documenta en el acontecimiento nº 6 del índice electrónico y que aparece en su hoja histórico-penal (acontecimiento nº 27). Sin embargo, la lectura de tal Sentencia condenatoria permite observar que la conducta del ahora encausado se refiere a dos locales, uno de ellos no coincidente con los que han sido arrendados por la ahora denunciante, y el otro (calle Cuarta Avenida nº 70) arrendado por Gregorio y traspasado a Clara en fecha 1 de junio de 2019, siendo que los hechos probados de la Sentencia condenatoria se refieren comprendidos entre enero y mayo de 2019. Así pues, dicha resolución condenatoria no acredita de forma inequívoca la exclusiva gestión por parte del encausado del negocio de frutería cuya titularidad fue transmitida por éste a Clara.

En cuanto al elemento de la infracción en la gestión encomendada, ha de considerarse que la prueba practicada solo acredita la existencia de unas deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, así como con el Ayuntamiento de Zaragoza por pagos de tasas e impuestos municipales, añadiéndose algunas deudas con proveedores y una sanción de la Seguridad Social por contratación de trabajador sin permiso de trabajo. Sin embargo, no existe una prueba de cargo suficiente sobre los concretos motivos del surgimiento de tales deudas y sobre si las mismas han obedecido a una gestión desleal o inadecuada por parte del encausado, máxime considerando lo anteriormente indicado en cuanto a los indicios de gestión familiar de dicho negocio. A ello se añade que tanto el elemento subjetivo como el resultado perjudicial para el patrimonio del administrado tienen difícil encaje en el ámbito de unos hechos sucedidos constante matrimonio de denunciante y encausado en un momento en que no existían indicios de crisis matrimonial, ya que los posibles perjuicios que pudieran derivarse afectarían a dicho patrimonio común. Como ya se ha indicado anteriormente, la constatación de perjuicios para la ahora denunciante derivados de la situación del negocio una vez producida la separación de hecho y posterior disolución del vínculo matrimonial no guarda relación con infracción criminal alguna, siendo una cuestión a ventilar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria al tratarse de una cuestión de naturaleza civil. Debe, por ello, absolverse igualmente al encausado de la acusación por delito de administración desleal.

SEXTO.-Las costas procesales deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos pertinentes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente

PRIMERO.-Se mantiene el ejercicio de la acción penal por la Acusación Particular personada en nombre y representación de Clara, ya que el Ministerio Fiscal ha venido solicitado el sobreseimiento de las Diligencias Previas y posteriormente, si bien fuera de plazo, ha formulado una calificación absolutoria que ha elevado a conclusiones definitivas al término de la práctica de la prueba en el acto de Juicio Oral. La acusación formulada atribuye al acusado Gregorio la comisión de un delito de administración desleal previsto y penado en el Artículo 252 del Código Penal, la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil previsto y penado en los Artículos 390 y 392 del Código Penal, y la comisión de un delito de estafa agravado previsto y penado en el Artículo 250.

El delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular se tipifica en el Artículo 392.1 del Código Penal: "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".Dichos tres primeros números del Artículo 390.1 del Código Penal tienen el siguiente contenido: "1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad. 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho".Aunque la Acusación Particular tampoco especifica el ordinal del Artículo 390.1 del Código Penal por el que formula acusación, de su relato de hecho debe considerarse que hace referencia al Artículo 390.1.3º de dicho texto legal.

El tenor literal del Artículo 252.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

Diversa jurisprudencia ha analizado los elementos de este tipo penal. Podemos citar la Sentencia nº 223/2025, de 20 de junio del 2025, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla (ECLI: ES:APSE:2025:1809). Así se indica que la conducta típica consiste en infringir las facultades de administración que tiene el sujeto activo para gestionar dicho patrimonio, causándole además un perjuicio al mismo. Por tanto, nos hallamos ante un delito de resultado que requiere de un efectivo perjuicio al patrimonio administrado y sin el cual no existirá delito. Los elementos del delito de administración desleal son los siguientes:

1) Debe existir un sujeto activo, que es el administrador. Esto no quiere decir que la persona tenga que tener el cargo específico de administrador en un negocio o sociedad, sino que puede tratarse de cualquier persona que esté autorizada para gestionar el patrimonio de un tercero y que cometa una infracción en esa gestión, lo que incluye a los administradores de derecho y de hecho.

2) El sujeto pasivo es quien es administrado, pudiendo tratarse tanto de socios de una sociedad como de una persona individual, a partir de la reforma del Código Penal operada por LO 1/2015.

3) El elemento subjetivo en este delito establece que no hace falta que haya existido ánimo de lucro en las acciones que constituyen infracción. Basta solo el dolo genérico, es decir que esas acciones se hayan realizado con pleno conocimiento del perjuicio que podrían ocasionar.

4) El elemento objetivo del delito de administración desleal es el perjuicio patrimonial. Es decir, que es necesario que exista una relación causa-efecto entre la infracción y el daño patrimonial que se cause al administrado.

A su vez, el tenor literal del Artículo 248.1 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos indica: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno".Aunque la Acusación Particular no cita las circunstancias de agravación concretas previstas en el Artículo 250.1 del Código Penal, ha de entenderse, de su relato de hechos, que interesa la aplicación de la prevista en el número 2º: "Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase",de la prevista en el número 5º: "El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas",y de la prevista en el número 6º: "Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional".

Varios son los elementos exigidos por la doctrina para apreciar la concurrencia del delito de estafa, cuales son la existencia de un engaño precedente o concurrente que sea idóneo o adecuado para provocar error en el sujeto pasivo, la suficiencia del engaño con entidad bastante para que actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, la producción del error esencial en el sujeto pasivo, el acto de disposición patrimonial con el consiguiente y correlativo perjuicio para el disponente, el ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo que conlleva el propósito por el sujeto activo de obtener una ventaja patrimonial correlativa, aunque no necesariamente equivalente, al perjuicio causado, y la relación de causalidad entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado. En efecto, la STS 2626/2025 de 9 de junio de 2025 ( ECLI:ES:TS:2025:2626), alude a la STS 262/2019 de 24 de mayo de 2019, indicando que ""Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal y, en consecuencia, la apreciación de los contratos civiles criminalizados, se pueden citar los siguientes: 1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado. 2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos. 3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios. 4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados. 5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado, toda vez que el dolo subsequens, es decir, sobrevenido y no anterior a la celebración del negocio de que se trata, equivale a un mero incumplimiento de lo pactado, el que incluso, siendo intencional, carece de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. Propósito de no cumplir o de tan sólo iniciar su cumplimiento, para desembocar en un definitivo incumplimiento".

Debemos hacer referencia también, en este caso, y dada la relación conyugal sin siquiera separación de hecho entre los cónyuges existente entre denunciante y encausado en las fechas en que se sitúa la comisión de los hechos denunciados, a la excusa absolutoria que prevé el Artículo 268.1 del Código Penal. Dicho precepto indica que "están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad".Ha de tenerse en cuenta que dos de los delitos que son objeto de acusación en la presente causa son delitos patrimoniales, tanto el de administración desleal como el de estafa, no concurriendo en los mismos ni violencia e intimidación ni vulnerabilidad de la víctima derivada de su edad o de una situación de discapacidad, y siendo constante el matrimonio entre denunciante y encausado en las fechas de presunta comisión de los hechos, sin situación alguna de separación legal o de hecho y sin que se hubiese entablado proceso alguna con la finalidad de suspender los efectos de vínculo matrimonial o de disolver o anular dicho vínculo. No tiene, sin embargo, tal consideración de delito patrimonial el delito de falsedad en documento mercantil que no se ve afectado por tal excusa absolutoria. Por lo demás, ha de considerarse que la excusa absolutoria no impide valorar la concurrencia del delito, limitándose únicamente a eximir de responsabilidad criminal a quien sea partícipe en tal delito manteniendo la responsabilidad civil que pueda derivarse del mismo. Por ello, debe efectuarse igualmente la valoración de la prueba para determinar si concurre prueba de cargo suficiente en relación con tales delitos patrimoniales, con independencia de la concurrencia de la excusa absolutoria antes indicada.

SEGUNDO.-Fijado el marco doctrinal y jurisprudencial del delito de estafa debemos efectuar una valoración de las pruebas practicadas, comenzando por las declaraciones prestadas por el encausado, el cual manifiesta haber montado negocios de fruterías en España, habiendo tenido a su nombre dos negocios de frutería en Zaragoza, si bien reconoce que los dos últimos negocios de frutería que ha regentado estaban a nombre de su esposa. Reconoce igualmente que ambos eran autónomos, si bien luego pasó el mismo a ser trabajador de la empresa, indicando que el motivo de ser autónomos ambos en un principio obedeció a la conveniencia de facilitar su reagrupación familiar en España. Reconoce igualmente el encausado que tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda cuyo importe exacto no recuerda, indicando desconocer que los negocios de su esposa pudieran tener deudas. En todo caso, insiste en que los negocios de frutería eran negocios familiares, que siempre trabajaron con la gestoría de Ruperto y que la gestoría se comunicaba con los dos cónyuges, la denunciante y el encausado. Insiste en que la denunciante intervino en la negociación de los alquileres de los locales y en que ella fue quien firmó los contratos. Reconoce que su esposa carecía de permiso de conducir y reconoce que los vehículos de los que ella era titular los conducía él como vehículos de empresa, manifestando haber recibido una sola multa y en un vehículo que era propio. Niega haber manifestado al gestor Sr. Ruperto que quisiera firmar un documento de reconocimiento de deuda porque ignoraba que su esposa tuviese deudas, y reconoce haber sido condenado como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores si bien manifiesta que en aquel momento los papeles estaban a nombre de él. Niega en todo caso haber falsificado la firma de su esposa y niega haberse hecho representante de ella.

Ruperto, titular de la gestoría encargada de los negocios de frutería antes indicados, al declarar como testigo manifiesta que la titularidad de los negocios de frutería inicialmente a nombre del encausado fue traspasada a la denunciante. Indica que el encausado le dijo en su día que tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social y que quería cambiar la titularidad. Manifiesta igualmente que las instrucciones las recibía en un principio del encausado, si bien en los últimos momentos en que Clara ha sido titular de los negocios sí le ha dado instrucciones directas. Respecto a los contratos, manifiesta que, si bien solía pedir su redacción el encausado, los enviaba a un correo electrónico y los recibía posteriormente firmados, no siendo testigo del acto de la firma, y mandándolos tanto al correo del encausado como al de la denunciante. Insiste el testigo en que el encausado era consciente de la existencia de deudas y que le dijo que quería firmar un reconocimiento de deudas con la Seguridad Social y en relación al pago de alquileres, si bien no le consta que llegase a firmarlo. Añade que dichas deudas, en su opinión, derivan de la gestión de los negocios por el encausado, si bien reconoce que en muchas ocasiones ha visto a la denunciante en los locales de las fruterías. El testigo indica que, ni le consta que el encausado falsificase ningún contrato, ni puede afirmar que la denunciante no trabajase en las fruterías.

La denunciante, Clara, ha manifestado haber contraído matrimonio en el año 2011, no sabiendo nada de español cuando llegó a este país. Insiste en que ignoraba que tenía deudas hasta que se separó de su esposo. Reconoce que conocía que el encausado había puesto las tiendas a su nombre pero insiste en que no sabía lo que significaba ni sospechaba que el motivo estuviese relacionado con la existencia de deudas. Manifiesta que nunca trató con el gestor Sr. Ruperto hasta que se separó de su esposo y reconoce que iba a las tiendas pero que lo hacía por pasar el tiempo y hacer compañía a su esposo. También indica que en una ocasión en que se fue a Pakistán su esposo le pidió que dejase un documento en blanco firmado por si había que hacer alguna gestión y que ella lo hizo porque se fiaba de su marido.

Se han emitido informes periciales caligráficos en relación con los documentos obrantes en el acontecimiento nº 76 del índice electrónico del PA Nº 224/2024 (documento de fecha 28 de febrero de 2023 de cesión del arrendamiento, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 77 de dicho índice (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de San Juan de la Peña 184 duplicado, con una firma dubitada), en el acontecimiento nº 78 (documento de fecha 1 de marzo de 2023 de cesión del arrendamiento del local de Juslibol 42-48, con dos firmas dubitadas, y contrato de arrendamiento de dicho local de fecha 29 de octubre de 2018, con siete firmas dubitadas), y en el acontecimiento nº 83 (cuerpo de escritura de Clara efectuado en sede judicial el 4 de noviembre de 2024, con firmas indubitadas). Así, consta el informe emitido por la Policía Científica, Documentoscopia, de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que viene acompañado de un estudio gráfico con fotografías (acontecimientos nº 86, 88 y 89 del índice electrónico antes indicado) que concluye que las once firmas dubitadas han sido realizadas de puño y letra por Clara, y consta el informe pericial de parte emitido por Florencio (acontecimiento nº 102 del índice electrónico) que, referido a las firmas contenidas en el contrato de arrendamiento de fecha 29 de octubre de 2018, concluye que no han sido estampadas por Clara. En relación con el informe policial, el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 se ratifica en el mismo en el acto de Plenario indicando que todos los documentos examinados, salvo uno que era una impresión en color, eran documentos originales y que en los estudios gráficos anexos al informe se aprecian claramente las semejanzas entre las firmas que luego son analizadas y desarrolladas en el informe. También la perito Florencio se ratifica en su informe indicando haber utilizado como firmas indubitadas las del documento de identidad y las tomadas en el Juzgado, considerando que no ha encontrado ninguna concordancia entre las firmas dubitadas y las indubitadas, si bien no ha podido determinar la autoría de las firmas a no formar parte del encargo efectuado para elaborar la pericia. Dicha perito manifiesta que el informe policial carece de representaciones gráficas y que, en su opinión, es un informe meramente teórico.

Por último, haciendo referencia a la prueba documental de relevancia para el asunto, hemos de hacer referencia a la denuncia presentada por Clara contra el encausado por violencia de género en fecha 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4 del índice electrónico) en la que ya alude a que tiene los negocios a su nombre, así como el vehículo y el alquiler de la vivienda familiar, a la Sentencia de divorcio de 24 de octubre de 2023 (acontecimiento nº 5) en la que solo se atribuye al ahora encausado el uso y disfrute de la vivienda familiar disolviéndose el régimen económico-matrimonial, y a la Sentencia de 30 de junio de 2021 que condena a Gregorio como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores por hechos cometidos entre enero y mayo de 2019 cometidos en la frutería sita en la calle Cuarta Avenida nº 70 (acontecimiento nº 6), que ha de ponerse en relación con el documento obrante en el acontecimiento nº 12 en que figura que el arrendamiento de dicho local se concierta por el ahora encausado en fecha 3 de enero de 2018 y no se cede la condición de arrendataria a Clara hasta el día 1 de junio de 2019.

También ha de hacerse mención al acontecimiento nº 13 en el que se contiene la baja de Clara en el régimen de autónomos en fecha 31 de enero de 2023, al acontecimiento nº 51 en el que se contiene un correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por Ruperto a Clara indicándole que Gregorio le ha dicho que firmaría un reconocimiento de deuda, que pagaría todo lo de la Seguridad Social y Hacienda a nombre de ella y que cambiaría la titularidad de todos los locales a nombre de una tercera persona, y a los acontecimientos nº 8, 9, 10, 11, 69, 70 y 71 del índice electrónico en los que se documentan las deudas generadas en relación con el negocio de frutería y con los vehículos de los que es titular la denunciante, así como con el domicilio en que se hallaba la vivienda familiar antes de la separación matrimonial, que son las indicadas en la declaración de hechos probados. A su vez, en el acontecimiento nº 44 del índice electrónico hallamos una abundante documentación remitida por la gestoría de Ruperto en relación con el negocio de fruterías, pudiendo apreciarse que desde el 22 de abril de 2019 figuran contratos de trabajo por cuenta ajena en los que la empleadora es Clara, figurando como domicilio social la calle Juslibol, y entre los que se halla un contrato de 8 de noviembre de 2019 en el que aparece como trabajador por cuenta ajena Gregorio. Tales contratos de trabajo continúan celebrándose en los años 2020, 2021 y 2022 (hasta el 26 de agosto de 2022), figurando como empleadora Clara y como sede social la calle Cuarta Avenida, efectuándose contratos de trabajo a Gregorio en fechas 8 de febrero de 2020, 2 de marzo de 2021, 2 de septiembre de 2021 y 2 de marzo de 2022, así como una modificación de jornada laboral al mismo de fecha 16 de marzo de 2022. También se acredita en tal documentación la titularidad de los vehículos NUM002 y NUM003 correspondiente a Clara desde el 26 de noviembre de 2019 y desde el 20 de agosto de 2018, respectivamente, y la emisión de finiquitos y nóminas a trabajadores a nombre de la misma desde abril de 2019 hasta febrero de 2023, ambos inclusive.

TERCERO.-Seguidamente vamos a proceder a la valoración de la prueba de cargo practicada en relación con el delito de falsedad en documento mercantil de los Artículos 392.1 y 390.1.3º del Código Penal, único de los que son objeto de acusación que, en su caso, no se vería afectado por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal.

Por parte de Clara se ha negado haber firmado documento alguno en virtud del cual sea titular de los dos vehículos mencionados en la declaración de hechos probados o del alquiler de la vivienda familiar, así como niega haber suscrito los contratos de arrendamiento de los locales de negocio sitos en la calle Juslibol nº 42-48 y en la Avenida San Juan de La Peña nº 184 duplicado, así como los contratos de traspaso de los arriendos de estos locales y del sito en la calle Cuarta Avenida nº 70 a Constanza. Asimismo, se manifiesta por la misma haber dejado un papel firmado en blanco a petición del encausado en una ocasión en que se marchó de viaje a su país natal.

El encausado, sin embargo, mantiene que fue Clara la que negoció los contratos de arrendamiento de los locales en que la misma figura como arrendataria y que fue ella la que firmó tales contratos. La prueba testifical practicada en la persona de Ruperto no ha permitido determinar quién firmó tales documentos y otros que eran remitidos por el mismo y en los que figuraba Clara como titular del negocio. En efecto, tal testigo ha indicado claramente que no ha estado presente en la firma de ninguno de tales documentos y que, pese a que la redacción de los contratos la solicitaba Gregorio, él los remitía a una dirección de correo electrónico y luego los recibía nuevamente ya firmados, recordando enviarlos tanto a la dirección de correo del encausado como a la de Clara. De hecho, a preguntas del Ministerio Fiscal, dicho testigo ha manifestado no tener constancia de que el encausado falsificase ningún contrato.

Hemos de acudir, por ello, a la valoración de las pruebas periciales practicadas, con resultado contradictorio. Así, la pericial caligráfica elaborada por la Sección de Documentoscopia de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón por orden del Juzgado de Instrucción concluye que en los documentos originales que contienen firma dubitada de Clara, analizados en relación con las firmas indubitadas de la misma, recogidas en sede judicial el día 4 de noviembre de 2024 y obrantes en su documento de identidad, todas las firmas son de puño y letra de Clara, entre ellas las contenidas en el contrato de arrendamiento del local de negocio de la calle Juslibol nº 42-48, Puerta 1, de Zaragoza, de fecha 29 de octubre de 2018. Sin embargo, la pericial caligráfica de parte elaborada por Florencio concluye que las firmas obrantes en dicho contrato de arrendamiento no fueron estampadas por Clara. A la hora de determinar la eficacia probatoria de tales pruebas de contrario resultado hemos de partir de la ausencia de cualquier asomo de duda sobre la verosimilitud del informe pericial elaborado por la Policía Científica, dada la objetividad del encargo efectuado por parte del Juzgado de Instrucción. Deben ser muy convincentes razones las que la perito de parte pueda aportar para sembrar desconfianza en el resultado de la pericia policial. En este caso, la misma solo ha hecho referencia a que el informe pericial de la Policía Científica es un informe de carácter eminentemente teórico que carece de representaciones gráficas que permitan comprobar las conclusiones a que llega, extremo que ha sido rebatido por el agente del Cuerpo Nacional de Policía nº NUM004 al referirse al anexo de su informe pericial en el que aparecen fotografiadas las once firmas dubitadas permitiendo la comparación visual con las indubitadas y la apreciación de las semejanzas entre ellas que posteriormente son desarrolladas y constatadas en el informe. En efecto, los acontecimientos nº 88 y 89 del índice electrónico contienen tal estudio gráfico como anexo al informe pericial policial al que no hallamos tacha alguna.

Lo anteriormente indicado impide aportar prueba de cargo de suficiente entidad para entender que los documentos obrantes en la causa que aparecen firmados por Clara no hayan sido efectivamente firmados por ella. A ello se añade que no existe ningún elemento de prueba de que Gregorio haya estampado firma alguna simulando la de su cónyuge ni haya realizado acción alguna para suponer la falsa intervención de esta en cualquiera de tales negocios jurídicos, de modo que ni siquiera en el informe pericial de Florencio se afirma que el encausado pueda ser autor de firma alguna de las que han sido sometidas a pericia. Por todo ello, procede absolver a Gregorio del delito de falsedad en documento mercantil por el que viene siendo acusado.

CUARTO.-Seguidamente, procedemos a valorar las pruebas relacionadas con los delitos patrimoniales (administración desleal y estafa) por los que es también acusado Gregorio y que, pese a estar amparados por la excusa absolutoria del Artículo 268.1 del Código Penal, deben ser analizados para determinar si concurren o no los mismos en orden a la responsabilidad civil que pudiera derivarse de ellos.

Comenzando por la acusación por delito de estafa, la Acusación Particular basa la misma en considerar que el encausado, aprovechando la vulnerabilidad de su esposa, dada su juventud y su desconocimiento del idioma y costumbres españolas, engañó a la misma poniendo a su nombre el negocio de frutería que, en realidad, él regentaba y administraba, así como los dos vehículos que el mismo utilizaba en tal negocio, poniendo a la misma como arrendataria tanto de la vivienda familiar como de los tres locales donde se ejercía la actividad de venta de fruta y verdura propia del negocio antes indicado, y haciendo que figurase como empleadora en todos los contratos de trabajo efectuados a terceras personas y al propio encausado en relación con tal negocio. Sostiene que la gestión de dicho negocio por parte del encausado ha originado cuantiosas deudas de las que ahora debe responder con su patrimonio la denunciante al figurar como titular de tal negocio, debiendo responder también de sanciones de tráfico relacionadas con el uso por el encausado de los vehículos de que es titular la denunciante. Tal es el sentido de la declaración prestada por la denunciante, negando además haber firmado cualesquiera documentos relacionados con dicho negocio, cuestión que, como se ha indicado en el anterior fundamento, no ha quedado acreditada, como tampoco ha quedado acreditado que el encausado hubiese utilizado cualquier firma en blanco estampada por la misma.

Pese a que el encausado ha manifestado en su declaración que Clara tenía con anterioridad sus propios negocios, cuestión no acreditada y escasamente verosímil, su declaración se centra en indicar, reconociendo que los últimos dos negocios estaban a nombre de ella, que se trataba de negocios familiares y que por ello actuaban ambos cónyuges indistintamente, relacionándose también de manera indistinta con la gestoría del Sr. Ruperto y utilizando el encausado, que reconoce que su esposa no tenía permiso de conducir, los vehículos de los que ella era titular como vehículos de empresa. Niega igualmente tener conocimiento de que el negocio tuviese deudas y niega haber puesto el negocio de nombre de Clara por tal motivo. En relación con esta última cuestión, hemos de considerar que la declaración prestada por el testigo Ruperto permite desvirtuar tal declaración exculpatoria del encausado cuando manifiesta el testigo que el encausado transmitió la titularidad de todos los negocios de frutería que poseía a su esposa y que le explicó que el motivo era la existencia de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. También manifiesta que, en un principio, Gregorio era quien se relacionaba con el mismo y quien le daba instrucciones como gestor, si bien reconoce que posteriormente también ha recibido instrucciones de Clara, existiendo coincidencia temporal con la separación de los cónyuges.

Sin embargo, el hecho acreditado de que existían deudas del negocio que han quedado suficientemente documentadas en las actuaciones, y que por tal motivo, el encausado puso el negocio, los vehículos y los arrendamientos de locales a nombre de su esposa, no necesariamente indica que existiese desconocimiento por parte de la misma y consiguiente engaño, así como tampoco necesariamente supone una intención del encausado de engañar a su esposa, y ello con independencia de que su gestión del negocio haya podido generar unos perjuicios de los deba responder en todo o en parte, lo que se trataría de una cuestión civil ajena a la comisión de una infracción criminal que debería ser ventilada en la jurisdicción ordinaria. En efecto, Clara en su declaración ha reconocido tener conocimiento de que el encausado había puesto las tiendas a su nombre, aunque sostenga que ella no sabía lo que esto significaba y que desconocía que existiesen deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. Así pues, no puede considerarse acreditado que la denunciante descubriese esta situación una vez separada de hecho del encausado, lo que viene corroborado porque en la denuncia que presenta en Comisaría de Policía Nacional el día 1 de abril de 2022 (acontecimiento nº 4) ya dice que los negocios están a su nombre, aunque indica que sin su consentimiento, y que el coche y alquiler del piso están a su nombre pese a que ella no ha firmado nada, extremo que como se ha dicho no ha quedado acreditado. Por otra parte, la declaración testifical del gestor Ruperto ha permitido acreditar que ha encontrado en muchas ocasiones a Clara en las fruterías en que se desarrollaba el negocio de que era titular. Pese a que la misma manifiesta que solo iba a allí para pasar el tiempo, extremo no contrastado, no puede afirmarse que la misma permaneciese ajena al desarrollo del negocio del que era titular. A ello se añaden las manifestaciones del testigo sobre la remisión de documentos al correo electrónico tanto del encausado como de la denunciante, y la constatación documental y pericial de que la denunciante suscribió contratos de arrendamientos de los locales de negocio (acontecimiento nº 12).

Por ello, no podemos considerar que exista una prueba de cargo que, sin asomo de duda razonable, permita considerar que Clara ignorase por completo lo que suponía que el negocio de frutas y verduras se pusiese a su nombre y que pasase a ser titular del mismo, y tampoco puede considerarse que ignorase por completo que tal operación formaba parte de unas decisiones orientadas a la gestión de unas deudas generadas en relación con el negocio. Existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar y las manifestaciones de la denunciante sobre su ignorancia del idioma y de los aspectos legales del desarrollo del negocio y la gestión de su pasivo no son bastantes para justificar la enervación de la presunción de inocencia del encausado, máxime cuando la titularidad del negocio se transmite en fecha no determinada pero situada en el entorno de los años 2018 y 2019, momento en que la denunciante ya llevaba entre cinco y seis años viviendo en España, según consta en el escrito de querella (acontecimiento nº 1). Por otra parte, y en relación con la intención del encausado de engañar a la denunciante para poner el negocio y otros bienes y obligaciones a su nombre, no podemos obviar que todas estas acciones tienen lugar constante matrimonio, en un momento en que se mantiene la convivencia entre los cónyuges sin que existan indicios de que posteriormente pueda producirse una crisis matrimonial. En tal sentido, es difícil pensar que el encausado tuviese intención de engañar a su esposa para que esta asumiese unas deudas en un momento en que tales deudas seguían gravando a la unidad familiar. Distinto es el resultado producido a raíz de la separación y posterior divorcio de la pareja en relación con las deudas, cuyo origen deberá determinarse si obedece a la gestión del encausado o a la gestión conjunta de ambos cónyuges, y cuyo reconocimiento, pese a haber existido una inicial pretensión de hacerlo, no ha sido finalmente suscrito por el ahora encausado. Tal posible perjuicio podrá ser objeto de una reclamación en el ámbito civil, pero en modo alguno puede considerarse causalmente relacionado con un engaño que no ha quedado suficientemente acreditado. Por tal motivo, procede absolver al encausado del delito de estafa por el que viene siendo acusado.

QUINTO.-En cuanto al delito de administración desleal por el que también se dirige acusación contra Gregorio, hemos de considerar que la prueba practicada determina que la administración o gestión del negocio de venta de frutas y verduras se desarrollaba con carácter principal por el encausado, y así ha de deducirse de la declaración testifical de Ruperto. De acuerdo con tal testigo, el encausado era el titular de todos los negocios hasta la transmisión de la titularidad a la denunciante y posteriormente manifiesta que, al menos hasta la separación de los cónyuges, las instrucciones las recibía del encausado. Sin embargo, tal como se ha indicado en el anterior fundamento, existen indicios de suficiente entidad sobre la naturaleza de tal negocio como un negocio familiar. En tal sentido, pese a que el encausado pueda cumplir el requisito, como sujeto activo, de ser administrador de hecho del negocio, no queda suficientemente acreditado que la denunciante reúna la condición de administrada para ser sujeto pasivo de este delito. Tal como se ha valorado anteriormente, la denunciante tenía conocimiento de que el negocio estaba a su nombre y suscribió contratos de arrendamiento, así como recibía en su correo electrónico la documentación de la gestoría relacionada con el negocio, entre la cual se hallaban los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena del negocio. En tal sentido, la Acusación Particular ha pretendido justificar la exclusiva administración del negocio por parte del encausado en la condena del mismo como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores que se documenta en el acontecimiento nº 6 del índice electrónico y que aparece en su hoja histórico-penal (acontecimiento nº 27). Sin embargo, la lectura de tal Sentencia condenatoria permite observar que la conducta del ahora encausado se refiere a dos locales, uno de ellos no coincidente con los que han sido arrendados por la ahora denunciante, y el otro (calle Cuarta Avenida nº 70) arrendado por Gregorio y traspasado a Clara en fecha 1 de junio de 2019, siendo que los hechos probados de la Sentencia condenatoria se refieren comprendidos entre enero y mayo de 2019. Así pues, dicha resolución condenatoria no acredita de forma inequívoca la exclusiva gestión por parte del encausado del negocio de frutería cuya titularidad fue transmitida por éste a Clara.

En cuanto al elemento de la infracción en la gestión encomendada, ha de considerarse que la prueba practicada solo acredita la existencia de unas deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, así como con el Ayuntamiento de Zaragoza por pagos de tasas e impuestos municipales, añadiéndose algunas deudas con proveedores y una sanción de la Seguridad Social por contratación de trabajador sin permiso de trabajo. Sin embargo, no existe una prueba de cargo suficiente sobre los concretos motivos del surgimiento de tales deudas y sobre si las mismas han obedecido a una gestión desleal o inadecuada por parte del encausado, máxime considerando lo anteriormente indicado en cuanto a los indicios de gestión familiar de dicho negocio. A ello se añade que tanto el elemento subjetivo como el resultado perjudicial para el patrimonio del administrado tienen difícil encaje en el ámbito de unos hechos sucedidos constante matrimonio de denunciante y encausado en un momento en que no existían indicios de crisis matrimonial, ya que los posibles perjuicios que pudieran derivarse afectarían a dicho patrimonio común. Como ya se ha indicado anteriormente, la constatación de perjuicios para la ahora denunciante derivados de la situación del negocio una vez producida la separación de hecho y posterior disolución del vínculo matrimonial no guarda relación con infracción criminal alguna, siendo una cuestión a ventilar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria al tratarse de una cuestión de naturaleza civil. Debe, por ello, absolverse igualmente al encausado de la acusación por delito de administración desleal.

SEXTO.-Las costas procesales deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VISTAS las disposiciones legales citadas y los artículos pertinentes del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente