Sentencia Penal 303/2026 Audiencia Provincial Penal nº 16 de Madrid, Rec. 887/2026 de 25 de junio del 2026

PRIMERO.-Impugna, por una parte, el Ministerio Fiscal la sentencia en la que se condena al acusado por un delito de imprudencia menos grave por entender que habiendo reconocido la propia juzgadora que el acusado no se percató de la presencia de los ciclistas en la vía por la que circulaba y que, por tanto, no realizó maniobra evasiva alguna, como tampoco efectuó intento de frenado o de cambio de carril, atropellando a la víctima, es claro que nos encontramos ante una imprudencia de carácter grave, pues así se infiere del testimonio vertido por el propio hijo del fallecido, quien circulaba a su lado en otra bicicleta, portando ambos el casco homologado y vistiendo prendas visibles, y reconociendo el mismo acusado en el lugar del accidente que no sabía lo que había ocurrido y no se había dado cuenta de su presencia. Además, los agentes de la Guardia Civil manifestaron que en ese momento existía perfecta visibilidad, que el atropello se produjo a plena luz del día y que los laterales se encontraban despejados y con la calzada en perfectas condiciones, sospechando que el acusado debió cerrar los ojos y quedarse dormido, por lo que no se percató de la presencia de los ciclistas. Fue, por tanto, su completa falta de atención, más allá de la posibilidad de que por cansancio no circulara atento a las circunstancias del tráfico, conforme a la normativa y jurisprudencia que cita de aplicación, la causa del atropello. Y de ahí que, por su conducción negligente, procede revocar la sentencia para en su lugar dictar otra por el que se le condene al mismo por vía del artículo 142-1 del Código Penal.

Añade a todo lo anterior, y en igual sentido, la acusación particular, en su recurso adhesivo, que, tratándose de un conductor profesional, se le ha de exigir un plus de diligencia y la omisión de la más básica y elemental diligencia no puede ser calificada como menos grave, sino que necesariamente debe ser considerada una infracción grave del deber de cuidado.

Por el contrario, la representación del condenado considera que la juzgadora incurre en error en la valoración de la prueba, con aplicación indebida del artículo 142-2 del Código Penal, pues el acusado manifestó durante el juicio que no se percató de la presencia de los ciclistas porque delante de él circulaba una furgoneta, la cual, por sus dimensiones, le impedía observar lo que ocurría delante de la misma y quien al ver que el vehículo que le precedía accionaba el intermitente izquierdo, señalizando un cambio de carril, Juan Miguel hizo lo mismo, siendo al mirar por el espejo retrovisor, para cerciorarse que podía realizar el cambio de carril sin riesgo, cuando por unos escasos segundos apartó su mirada de la calzada y llegó a la altura de los ciclistas, sin poder evitar el atropello. De ahí que no quedando acreditado que el acusado vulnerase el deber de cuidado, integrable en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que ahora han sido despenalizadas por el legislador, debe quedar absuelto en aplicación de la doctrina jurisprudencial que reproduce y, conforme a la cual, el derecho penal no exige que el sujeto actúe como un garante absoluto de que el resultado no se producirá sino que despliegue la diligencia que, en función de su posición y de las circunstancias, era razonable exigirle. Así lo confirma la doctrina penal, que subraya la necesidad de que el autor se encuentre en una posición de garante, lo que implica un deber concreto de evitar el resultado, pero no una obligación de infalibilidad. Recuerda que la jurisprudencia rechaza expresamente la responsabilidad objetiva en el ámbito penal, exigiendo siempre la concurrencia de dolo o culpa. Así, la simple inobservancia del deber de cuidado puede dar lugar a la imputación por imprudencia, pero no se exige una diligencia que garantice la imposibilidad absoluta del resultado lesivo. El estándar es el de la diligencia exigible a una persona en las circunstancias, no el de una conducta infalible.

Subsidiariamente, muestra asimismo dicha parte su disconformidad con la pena de multa impuesta de ocho meses, muy por encima del mínimo legal de tres meses y sin que, ni en cuanto a su extensión ni respecto de su cuantía, se motive suficientemente o se aplique con la debida proporcionalidad, habida cuenta que siendo conductor profesional, su imposición por ocho meses supone privarle a él y a su familia de su única fuente de ingresos, y probablemente de su puesto de trabajo, poniéndole en riesgo cierto de exclusión social y de vulnerabilidad atendidas sus escasas opciones de empleabilidad en función de su edad y cualificación profesional.

Y asimismo se muestra disconforme con la imposición de la pena accesoria de privación del permiso de conducir, pues siendo potestativa, atendida la redacción del precepto vigente en el momento de los hechos, 2 de julio de 2022, se impone también por ocho meses sin motivación suficiente, entendiendo que no procede imponerse con esa extensión atendida las circunstancias personales del autor y las propias circunstancias del siniestro, pues se atribuye el atropello a una desatención momentánea e inevitable para realizar el cambio de carril.

SEGUNDO.-Así las cosas, ambos recursos han de verse convenientemente desestimados, pues sustentado el fallo de la sentencia en exclusiva valoración de prueba personal -la declaración del hijo de la víctima, de los agentes de la guardia civil que redactaron el atestado y elaboraron el informe sobre las causas del siniestro-, y vistas las manifestaciones vertidas por el propio acusado, constante jurisprudencia proclama, tal y como curiosamente recuerda el Ministerio Público al oponerse al recurso de la defensa para pretender con el suyo lo mismo, que cuando la cuestión debatida por vía del recurso de apelación, como en el presente caso ocurre, es la valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de que al tribunal de segunda instancia no le corresponde efectuar una nueva valoración sobre la prueba practicada en la primera, sino que lo que nos corresponde en nuestro sistema examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En consecuencia, sólo cabría revisar la valoración hecha por el Juez ante quien se practica la prueba en el acto del juicio en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Juez "a quo" de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de experiencia y los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el juzgador ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1990, entre otras muchas). En realidad, como señala también la sentencia del Tribunal Supremo 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

Y, desde luego, no es este el caso, pues las alegaciones de los apelantes no ponen de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado de forma correcta y adecuada, sin embargo, la Magistrada a quo bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su particular y sin duda más subjetiva apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Ahora bien, la valoración efectuada por la Juez de instancia, quien, aprovechando las ventajas de la inmediación, puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en su valoración error alguno.

Y es que, en realidad, no se cuestiona el alcance o atropello producido sino la entidad de ese descuido o negligencia que determinó la muerte del ciclista, y que en función de su gradación permitiría fuera calificada como imprudencia grave o menos grave, o incluso como leve en el caso de la defensa. Pero, en todo caso, unos y otros obvian que la valoración sobre la naturaleza y causas del siniestro, y sobre todo sobre el alcance de la imprudencia cometida, solo puede corresponder a la juzgadora de instancia a la vista de las pruebas evacuadas, omitiendo la acusación toda referencia al artículo 792-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no permite agravar la sentencia condenatoria que se hubiera impuesto por error en la apreciación de la prueba, la cual solo podrá ser anulada si así se solicita expresamente por las partes; petición que aquí no se ha sustanciado, por lo que solo por tal concreto motivo el recurso del Ministerio Fiscal, y el correspondiente adhesivo de la acusación particular, debiera ser desestimados.

En efecto, el antiguo artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía en cierta forma declarar probados los hechos en segunda instancia revocando un previo pronunciamiento absolutorio y condenando en esta alzada. Ahora bien, dicho precepto, y concordantes, ha sido modificado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, impidiendo tal posibilidad, pues afirma literalmente, en su párrafo segundo, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2",obligando en esos casos a anular la sentencia y remitirla al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Pero esta no es, sin embargo, la pretensión que aquí se sustancia, pues directamente se reclama la condena del acusado por un delito más grave, con imposición de las penas interesadas por las respectivas acusaciones, lo que, conforme a esta doctrina, deviene imposible.

Calificada, por otra parte, y por estas mismas acusaciones, la imprudencia como grave ante la ausencia -afirman- de la más mínima diligencia exigible por falta de una mínima atención y cuidado en la conducción, especialmente exigible a un conductor profesional, se hace necesario mencionar, no obstante, como síntesis de la doctrina jurisprudencial expuesta en los respectivos recursos, las reflexiones que se hacen en la sentencia del Tribunal Supremo 421/2020, de 22 de julio, según la cual, para el estudio de una posible imprudencia menos grave ha de acudirse, en primer lugar, al artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para comprobar si la conducta enjuiciada se halla dentro de las infracciones graves de tráfico que dicho precepto enumera. En segundo lugar, se coincide en que con tal remisión no se restringe el concepto de imprudencia menos grave, pues esa imprudencia puede darse a pesar de que no concurra una infracción grave de las reseñadas en la Ley. Del mismo modo, se apunta que no toda infracción grave de la referida Ley de tráfico puede dar lugar a apreciar imprudencia menos grave a los efectos de los tipos delictivos en cuestión; por un lado, dentro de las conductas que se califican como imprudencias graves en la norma administrativa existen grados de imprudencia muy dispar, incluso algunos que, en atención a las circunstancias, pueden no representar peligro alguno para el tráfico y, por otro, el Juez o Tribunal puede considerar que la imprudencia concreta no alcanza la magnitud suficiente para integrar el concepto penal. A ello hemos de añadir también que pese a que la imprudencia menos grave ciertamente viene determinada por la infracción grave de la Ley de Tráfico, la concurrencia de otras conductas como concausas del siniestro y la mayor o menor intensidad de la infracción de cuidado, pueden determinar que aquella conducta sea merecedora de un mayor o menor reproche social, pudiendo, incluso, ser calificada como mera imprudencia leve despenalizada. Ni que decir tiene que esta misma doctrina sirve para distinguir la imprudencia menos grave de la grave, existiendo entre ambas una línea muy tenue de diferenciación, pero también con la leve, siendo loable el esfuerzo desplegado por la juzgadora para tratar de deslindarlo.

Y es que, lamentablemente, ni el artículo 142 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse los hechos -y anterior, por tanto, a la reforma que introdujo la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre-, ni el artículo 142 bis introducido por la Ley Orgánica 2/19, de 1 de marzo, definen los tipos de imprudencia que recogen como grave, menos grave o de notoria gravedad, siendo precisamente la reforma que hizo de tales preceptos la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la que modificó los anteriores conceptos de imprudencia existentes, de modo que la imprudencia calificada en el Código Penal de 1995 como grave y leve pasa a graduarse ahora como grave, menos grave y leve. En esta cuestión de la calificación en el ámbito penal de los hechos tipificables como imprudentes, indica la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 284/2021, de 30 de marzo, a la que atiende la propia sentencia de instancia, que se "sitúa a esta Sala en el confuso y esquivo terreno de la imprudencia punible, tal y como ha quedado finalmente regulada después de desafortunadas y prescindibles reformas legales".Conclusión que será luego reforzada cuando indica que "la Sala viene enfrentándose al desafío de fijar los límites conceptuales de la imprudencia grave, menos grave y leve. Y ha de afrontar ese desafío a partir de recientes reformas (LO 1/2015, de 30 de marzo y LO 2/2019 de 1 de marzo que queriendo optar por un modelo limitativo del arbitrio judicial, ha generado el efecto contrario".

Y es que, como también indica la sentencia que reproduce la juzgadora, por referencia a la anterior 421/2020, de 22 de julio, "la imprudencia menos grave ha de situarse en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido expresamente penalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia relevancia del deber de cuidad infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para ellos, y a los que anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza a la grave, asumible en este caso, la menos grave, como la infracción del debe medio de precisión (...) Así, mientras la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe poner en tal consecuencia pero operada por el despliegue del a omisión de la diligencia que debe exigirse a una persona en la infracción del deber de cuidado de su actuar (u omitir)".

Pues bien, y como corolario de toda la doctrina expuesta tanto en la propia sentencia que se combate como en los recursos que todas las partes interponen, cabe concluir con la juzgadora que la imprudencia grave es, pues, la omisión de la diligencia más intolerable, posibilidad que el fundamento jurídico tercero de la sentencia descarta, negando que la conducta del acusado deba comportar el más alto rango de reprochabilidad, frente a lo que sostienen las respectivas acusaciones, pública y particular, como tampoco admite su calificación como leve, tal y como en este caso pretende su defensa, pues a falta de testigos presenciales del accidente fuera del propio hijo de la víctima, el informe técnico que sobre la dinámica comisiva del accidente figura incorporado a las actuaciones (a los folios 150 a 188), permite concluir que no existiendo huellas de frenada o de realización de maniobra evasiva, como no constando acreditado tampoco que circulara a velocidad no autorizada para las circunstancias de la vía y del tráfico, sea cual fuere el motivo para la desatención en que incurrió -de la existencia de una furgoneta que limitaba su visibilidad y a la que pretendía adelantar tampoco se deja fehaciente constancia, ni mucho menos que a causa del cansancio se pudiera haber quedado dormido-, debe atribuirse su resultado al despiste producido por causa no bien determinada y en un espacio muy breve de tiempo, pues el adelantamiento por el carril situado a la izquierda del ciclista atropellado era perfectamente posible, entendiéndose que, en tales circunstancias, la calificación como imprudencia menos grave realizada por la juzgadora resulta acertada, pues no nos halamos ante una total y absoluta falta de negligencia. En todo caso, ello no nos impide comprender la razonable desazón en las víctimas, hijos del fallecido, que ningún fallo o tribunal podrá nunca cubrir, como tampoco se satisface por el pago de la indemnización económica ya recibida con anterioridad a la celebración del juicio ante el imprevisible y fatal desenlace producido por la muerte de su padre, ocurrida, además, en presencia de uno de ellos. La condición de profesional de la conducción del encausado no constituye por sí mismo motivo agravatorio alguno, pues son las causas que provocaron el atropello lo único que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la reprochabilidad de su conducta punible.

Los argumentos expuestos para rechazar el recurso del Ministerio Público, y al que se adhiere la acusación particular, han de servir al mismo tiempo para desestimar los argumentos de la defensa, pues desde luego tampoco nos hallamos ante un atropello que no pueda ser atribuido causalmente a la imprudencia o negligente cometida por el acusado ante su evidente falta de atención en la conducción, sea cual fuere la causa, lo que de ningún modo puede quedar impune, debiendo darse por reproducidos al respecto los pormenorizados razonamientos y acertadas reflexiones de la juez a quo sobre las causas del siniestro. Parece evidente que esa imprudencia existió y que cometida una infracción administrativa calificada por la Ley de Tráfico y el Reglamento que la desarrolla como grave, de ningún modo cabe considerar que su desatención en la conducción, en las circunstancias en que se produjo, pueda ser calificada como leve. La defensa del acusado así debió entenderlo también cuando alternativamente aceptaba la calificación de la imprudencia como menos grave, al menos en el trámite de informes y sin modificar antes sus conclusiones provisionales, lo que en vía de recurso pretende combatir ahora, aunque sin base fáctica ni jurídica alguna.

TERCERO.-Quedando por decidir únicamente, por tanto, la cuestión relativa a la supuesta falta de motivación y proporcionalidad de la pena de multa y la accesoria de privación del permiso de conducir impuestas que de forma subsidiaria invoca la defensa, llama la atención, desde luego, el argumento vertido por la misma en oposición a ambas decisiones, pues son hasta nueve los motivos que se citan en el fundamento jurídico sexto de la resolución de instancia para explicar que se imponga dentro de la mitad inferior, pero en todo caso por encima de su mínimo legal. Y es que ello se hace descansar, sintéticamente, sobre la forma de cometerse los hechos, la falta de atención del conductor, la brevedad del lapso temporal en la desatención, el carácter grave de la infracción administrativa cometida, la conducta posterior del acusado, la ausencia de circunstancias que agravaran su conducta, su carácter de conductor profesional -este motivo no debe servir ni mucho menos para atenuar la pena como pretende el apelante, sino mas bien al contrario-, la gravedad del resultado producido dado el fallecimiento de la víctima y la puesta en riesgo de la vida de su hijo que circulaba a su lado, junto con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas. Por lo demás, la cuantía de la multa se explica también por el trabajo que desempeña, el carácter imprudente del ilícito cometido y el coste medio de la vida.

Pocas veces se mencionan razonamientos tan convincentes y justificados para explicar el alcance de las penas impuestas, sin olvidar que la reforma legislativa introducida el mismo año del accidente impone de forma imperativa ya la privación del permiso de conducir en todos estos casos, lo que permite conocer cuál es la voluntad del legislador en este punto. Su extensión de ocho meses se sitúa de nuevo dentro de su mitad inferior, aunque no en su mínimo legal de tres meses en atención a las mismas circunstancias ya expuestas.

Pero es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala de forma reiterada que la determinación de la extensión de la pena es una facultad discrecional que compete al órgano judicial de instancia ( SSTS. 1099/2004, de 7 de octubre y 714/2016, de 26 de septiembre), pues como quiera que no puede existir - dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1993- una norma que prevea todos y cada uno de los planteamientos fácticos sometidos a la conciencia de los jueces, en orden a lo señalado en el artículo 66 del Código Penal, aquellos ostentan la facultad de imponer las penas en la cuantía que proceda según su arbitrio, facultad ésta, evidentemente potestativa, que no es absoluta precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que se realizó, y también a las circunstancias de todo tipo concurrentes ( STS Sala 2ª nº 1070/2004, de fecha 24/09/2004).

De ahí que, sobre la base de todas estas consideraciones, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 24 de febrero de 2015 (nº 99/2015, rec. 1843/2014), tras recordar que la determinación de la pena es una facultad que la ley atribuye al tribunal de instancia y no al que conoce del recurso de casación -lo que es igualmente aplicable a la apelación-, concluya finalmente que esta facultad discrecional sólo puede ser corregida "cuando se omita toda motivación respecto a la extensión de la pena" o "cuando esta revele una irracionalidad o arbitrariedad manifiesta ( STS núm. 66/2010)". Y en consecuencia, el Auto del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 18 de junio de 2015 señala también que "sólo cuando el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido el arbitrio ejercido. Igualmente deberá comprobar esta Sala la acomodación de dicho arbitrio o su apartamiento, a las pautas normativas que la ley establece cuando el Tribunal sentenciador deba ajustarse a las mismas (circunstancias del hecho y del culpable) ( STS 6-2-04 )".

Y lo mismo cabe decir respecto a la extensión y cuantía de la multa, pues de obligada cita resulta la sentencia del Tribunal Supremo 553/2013, 19 de junio, en la que se razona en los siguientes términos: "... hay que recordar que el art. 50.4 del Código Penal establece un abanico para la cuantificación de la cuota situado entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros diario, debiéndose dentro de este ámbito fijar concretamente la cantidad en atención a los criterios a los que se refiere el párrafo 5º del mismo artículo. (...) Ciertamente la sentencia omite cualquier argumentación al respecto, pero es lo cierto que la jurisprudencia más reciente de la Sala viene afirmando que cuando la cuota señalada está muy próxima al mínimo legal no hace falta una especial motivación -- STS 624/2008 -",lo que en tal caso le lleva a concluir que cuando se trata de unas cantidades muy próximas al mínimo legal y por tanto, aunque no se haya hecho una investigación sobre la situación económica del recurrente, tal y como expresamente se reconoce por la juzgadora, en principio no habría por qué modificar tales cuantías, especialmente cuando la cuota de ocho euros se halla muy próxima al mínimo legal si tenemos que el máximo puede llegar a los cuatrocientos euros (en el mismo sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2008 y 18 de mayo de 2016).

Y es que, como apuntaba el auto del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2004, el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal ha de quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior.

CUARTO.-No se aprecian razones particulares que justifiquen, en cualquier caso, la imposición de las costas de esta alzada pese a la necesaria desestimación de ambos recursos, conforme autorizan los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Impugna, por una parte, el Ministerio Fiscal la sentencia en la que se condena al acusado por un delito de imprudencia menos grave por entender que habiendo reconocido la propia juzgadora que el acusado no se percató de la presencia de los ciclistas en la vía por la que circulaba y que, por tanto, no realizó maniobra evasiva alguna, como tampoco efectuó intento de frenado o de cambio de carril, atropellando a la víctima, es claro que nos encontramos ante una imprudencia de carácter grave, pues así se infiere del testimonio vertido por el propio hijo del fallecido, quien circulaba a su lado en otra bicicleta, portando ambos el casco homologado y vistiendo prendas visibles, y reconociendo el mismo acusado en el lugar del accidente que no sabía lo que había ocurrido y no se había dado cuenta de su presencia. Además, los agentes de la Guardia Civil manifestaron que en ese momento existía perfecta visibilidad, que el atropello se produjo a plena luz del día y que los laterales se encontraban despejados y con la calzada en perfectas condiciones, sospechando que el acusado debió cerrar los ojos y quedarse dormido, por lo que no se percató de la presencia de los ciclistas. Fue, por tanto, su completa falta de atención, más allá de la posibilidad de que por cansancio no circulara atento a las circunstancias del tráfico, conforme a la normativa y jurisprudencia que cita de aplicación, la causa del atropello. Y de ahí que, por su conducción negligente, procede revocar la sentencia para en su lugar dictar otra por el que se le condene al mismo por vía del artículo 142-1 del Código Penal.

Añade a todo lo anterior, y en igual sentido, la acusación particular, en su recurso adhesivo, que, tratándose de un conductor profesional, se le ha de exigir un plus de diligencia y la omisión de la más básica y elemental diligencia no puede ser calificada como menos grave, sino que necesariamente debe ser considerada una infracción grave del deber de cuidado.

Por el contrario, la representación del condenado considera que la juzgadora incurre en error en la valoración de la prueba, con aplicación indebida del artículo 142-2 del Código Penal, pues el acusado manifestó durante el juicio que no se percató de la presencia de los ciclistas porque delante de él circulaba una furgoneta, la cual, por sus dimensiones, le impedía observar lo que ocurría delante de la misma y quien al ver que el vehículo que le precedía accionaba el intermitente izquierdo, señalizando un cambio de carril, Juan Miguel hizo lo mismo, siendo al mirar por el espejo retrovisor, para cerciorarse que podía realizar el cambio de carril sin riesgo, cuando por unos escasos segundos apartó su mirada de la calzada y llegó a la altura de los ciclistas, sin poder evitar el atropello. De ahí que no quedando acreditado que el acusado vulnerase el deber de cuidado, integrable en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que ahora han sido despenalizadas por el legislador, debe quedar absuelto en aplicación de la doctrina jurisprudencial que reproduce y, conforme a la cual, el derecho penal no exige que el sujeto actúe como un garante absoluto de que el resultado no se producirá sino que despliegue la diligencia que, en función de su posición y de las circunstancias, era razonable exigirle. Así lo confirma la doctrina penal, que subraya la necesidad de que el autor se encuentre en una posición de garante, lo que implica un deber concreto de evitar el resultado, pero no una obligación de infalibilidad. Recuerda que la jurisprudencia rechaza expresamente la responsabilidad objetiva en el ámbito penal, exigiendo siempre la concurrencia de dolo o culpa. Así, la simple inobservancia del deber de cuidado puede dar lugar a la imputación por imprudencia, pero no se exige una diligencia que garantice la imposibilidad absoluta del resultado lesivo. El estándar es el de la diligencia exigible a una persona en las circunstancias, no el de una conducta infalible.

Subsidiariamente, muestra asimismo dicha parte su disconformidad con la pena de multa impuesta de ocho meses, muy por encima del mínimo legal de tres meses y sin que, ni en cuanto a su extensión ni respecto de su cuantía, se motive suficientemente o se aplique con la debida proporcionalidad, habida cuenta que siendo conductor profesional, su imposición por ocho meses supone privarle a él y a su familia de su única fuente de ingresos, y probablemente de su puesto de trabajo, poniéndole en riesgo cierto de exclusión social y de vulnerabilidad atendidas sus escasas opciones de empleabilidad en función de su edad y cualificación profesional.

Y asimismo se muestra disconforme con la imposición de la pena accesoria de privación del permiso de conducir, pues siendo potestativa, atendida la redacción del precepto vigente en el momento de los hechos, 2 de julio de 2022, se impone también por ocho meses sin motivación suficiente, entendiendo que no procede imponerse con esa extensión atendida las circunstancias personales del autor y las propias circunstancias del siniestro, pues se atribuye el atropello a una desatención momentánea e inevitable para realizar el cambio de carril.

SEGUNDO.-Así las cosas, ambos recursos han de verse convenientemente desestimados, pues sustentado el fallo de la sentencia en exclusiva valoración de prueba personal -la declaración del hijo de la víctima, de los agentes de la guardia civil que redactaron el atestado y elaboraron el informe sobre las causas del siniestro-, y vistas las manifestaciones vertidas por el propio acusado, constante jurisprudencia proclama, tal y como curiosamente recuerda el Ministerio Público al oponerse al recurso de la defensa para pretender con el suyo lo mismo, que cuando la cuestión debatida por vía del recurso de apelación, como en el presente caso ocurre, es la valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de que al tribunal de segunda instancia no le corresponde efectuar una nueva valoración sobre la prueba practicada en la primera, sino que lo que nos corresponde en nuestro sistema examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En consecuencia, sólo cabría revisar la valoración hecha por el Juez ante quien se practica la prueba en el acto del juicio en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Juez "a quo" de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de experiencia y los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el juzgador ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1990, entre otras muchas). En realidad, como señala también la sentencia del Tribunal Supremo 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

Y, desde luego, no es este el caso, pues las alegaciones de los apelantes no ponen de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado de forma correcta y adecuada, sin embargo, la Magistrada a quo bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su particular y sin duda más subjetiva apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Ahora bien, la valoración efectuada por la Juez de instancia, quien, aprovechando las ventajas de la inmediación, puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en su valoración error alguno.

Y es que, en realidad, no se cuestiona el alcance o atropello producido sino la entidad de ese descuido o negligencia que determinó la muerte del ciclista, y que en función de su gradación permitiría fuera calificada como imprudencia grave o menos grave, o incluso como leve en el caso de la defensa. Pero, en todo caso, unos y otros obvian que la valoración sobre la naturaleza y causas del siniestro, y sobre todo sobre el alcance de la imprudencia cometida, solo puede corresponder a la juzgadora de instancia a la vista de las pruebas evacuadas, omitiendo la acusación toda referencia al artículo 792-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no permite agravar la sentencia condenatoria que se hubiera impuesto por error en la apreciación de la prueba, la cual solo podrá ser anulada si así se solicita expresamente por las partes; petición que aquí no se ha sustanciado, por lo que solo por tal concreto motivo el recurso del Ministerio Fiscal, y el correspondiente adhesivo de la acusación particular, debiera ser desestimados.

En efecto, el antiguo artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía en cierta forma declarar probados los hechos en segunda instancia revocando un previo pronunciamiento absolutorio y condenando en esta alzada. Ahora bien, dicho precepto, y concordantes, ha sido modificado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, impidiendo tal posibilidad, pues afirma literalmente, en su párrafo segundo, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2",obligando en esos casos a anular la sentencia y remitirla al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Pero esta no es, sin embargo, la pretensión que aquí se sustancia, pues directamente se reclama la condena del acusado por un delito más grave, con imposición de las penas interesadas por las respectivas acusaciones, lo que, conforme a esta doctrina, deviene imposible.

Calificada, por otra parte, y por estas mismas acusaciones, la imprudencia como grave ante la ausencia -afirman- de la más mínima diligencia exigible por falta de una mínima atención y cuidado en la conducción, especialmente exigible a un conductor profesional, se hace necesario mencionar, no obstante, como síntesis de la doctrina jurisprudencial expuesta en los respectivos recursos, las reflexiones que se hacen en la sentencia del Tribunal Supremo 421/2020, de 22 de julio, según la cual, para el estudio de una posible imprudencia menos grave ha de acudirse, en primer lugar, al artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para comprobar si la conducta enjuiciada se halla dentro de las infracciones graves de tráfico que dicho precepto enumera. En segundo lugar, se coincide en que con tal remisión no se restringe el concepto de imprudencia menos grave, pues esa imprudencia puede darse a pesar de que no concurra una infracción grave de las reseñadas en la Ley. Del mismo modo, se apunta que no toda infracción grave de la referida Ley de tráfico puede dar lugar a apreciar imprudencia menos grave a los efectos de los tipos delictivos en cuestión; por un lado, dentro de las conductas que se califican como imprudencias graves en la norma administrativa existen grados de imprudencia muy dispar, incluso algunos que, en atención a las circunstancias, pueden no representar peligro alguno para el tráfico y, por otro, el Juez o Tribunal puede considerar que la imprudencia concreta no alcanza la magnitud suficiente para integrar el concepto penal. A ello hemos de añadir también que pese a que la imprudencia menos grave ciertamente viene determinada por la infracción grave de la Ley de Tráfico, la concurrencia de otras conductas como concausas del siniestro y la mayor o menor intensidad de la infracción de cuidado, pueden determinar que aquella conducta sea merecedora de un mayor o menor reproche social, pudiendo, incluso, ser calificada como mera imprudencia leve despenalizada. Ni que decir tiene que esta misma doctrina sirve para distinguir la imprudencia menos grave de la grave, existiendo entre ambas una línea muy tenue de diferenciación, pero también con la leve, siendo loable el esfuerzo desplegado por la juzgadora para tratar de deslindarlo.

Y es que, lamentablemente, ni el artículo 142 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse los hechos -y anterior, por tanto, a la reforma que introdujo la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre-, ni el artículo 142 bis introducido por la Ley Orgánica 2/19, de 1 de marzo, definen los tipos de imprudencia que recogen como grave, menos grave o de notoria gravedad, siendo precisamente la reforma que hizo de tales preceptos la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la que modificó los anteriores conceptos de imprudencia existentes, de modo que la imprudencia calificada en el Código Penal de 1995 como grave y leve pasa a graduarse ahora como grave, menos grave y leve. En esta cuestión de la calificación en el ámbito penal de los hechos tipificables como imprudentes, indica la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 284/2021, de 30 de marzo, a la que atiende la propia sentencia de instancia, que se "sitúa a esta Sala en el confuso y esquivo terreno de la imprudencia punible, tal y como ha quedado finalmente regulada después de desafortunadas y prescindibles reformas legales".Conclusión que será luego reforzada cuando indica que "la Sala viene enfrentándose al desafío de fijar los límites conceptuales de la imprudencia grave, menos grave y leve. Y ha de afrontar ese desafío a partir de recientes reformas (LO 1/2015, de 30 de marzo y LO 2/2019 de 1 de marzo que queriendo optar por un modelo limitativo del arbitrio judicial, ha generado el efecto contrario".

Y es que, como también indica la sentencia que reproduce la juzgadora, por referencia a la anterior 421/2020, de 22 de julio, "la imprudencia menos grave ha de situarse en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido expresamente penalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia relevancia del deber de cuidad infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para ellos, y a los que anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza a la grave, asumible en este caso, la menos grave, como la infracción del debe medio de precisión (...) Así, mientras la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe poner en tal consecuencia pero operada por el despliegue del a omisión de la diligencia que debe exigirse a una persona en la infracción del deber de cuidado de su actuar (u omitir)".

Pues bien, y como corolario de toda la doctrina expuesta tanto en la propia sentencia que se combate como en los recursos que todas las partes interponen, cabe concluir con la juzgadora que la imprudencia grave es, pues, la omisión de la diligencia más intolerable, posibilidad que el fundamento jurídico tercero de la sentencia descarta, negando que la conducta del acusado deba comportar el más alto rango de reprochabilidad, frente a lo que sostienen las respectivas acusaciones, pública y particular, como tampoco admite su calificación como leve, tal y como en este caso pretende su defensa, pues a falta de testigos presenciales del accidente fuera del propio hijo de la víctima, el informe técnico que sobre la dinámica comisiva del accidente figura incorporado a las actuaciones (a los folios 150 a 188), permite concluir que no existiendo huellas de frenada o de realización de maniobra evasiva, como no constando acreditado tampoco que circulara a velocidad no autorizada para las circunstancias de la vía y del tráfico, sea cual fuere el motivo para la desatención en que incurrió -de la existencia de una furgoneta que limitaba su visibilidad y a la que pretendía adelantar tampoco se deja fehaciente constancia, ni mucho menos que a causa del cansancio se pudiera haber quedado dormido-, debe atribuirse su resultado al despiste producido por causa no bien determinada y en un espacio muy breve de tiempo, pues el adelantamiento por el carril situado a la izquierda del ciclista atropellado era perfectamente posible, entendiéndose que, en tales circunstancias, la calificación como imprudencia menos grave realizada por la juzgadora resulta acertada, pues no nos halamos ante una total y absoluta falta de negligencia. En todo caso, ello no nos impide comprender la razonable desazón en las víctimas, hijos del fallecido, que ningún fallo o tribunal podrá nunca cubrir, como tampoco se satisface por el pago de la indemnización económica ya recibida con anterioridad a la celebración del juicio ante el imprevisible y fatal desenlace producido por la muerte de su padre, ocurrida, además, en presencia de uno de ellos. La condición de profesional de la conducción del encausado no constituye por sí mismo motivo agravatorio alguno, pues son las causas que provocaron el atropello lo único que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la reprochabilidad de su conducta punible.

Los argumentos expuestos para rechazar el recurso del Ministerio Público, y al que se adhiere la acusación particular, han de servir al mismo tiempo para desestimar los argumentos de la defensa, pues desde luego tampoco nos hallamos ante un atropello que no pueda ser atribuido causalmente a la imprudencia o negligente cometida por el acusado ante su evidente falta de atención en la conducción, sea cual fuere la causa, lo que de ningún modo puede quedar impune, debiendo darse por reproducidos al respecto los pormenorizados razonamientos y acertadas reflexiones de la juez a quo sobre las causas del siniestro. Parece evidente que esa imprudencia existió y que cometida una infracción administrativa calificada por la Ley de Tráfico y el Reglamento que la desarrolla como grave, de ningún modo cabe considerar que su desatención en la conducción, en las circunstancias en que se produjo, pueda ser calificada como leve. La defensa del acusado así debió entenderlo también cuando alternativamente aceptaba la calificación de la imprudencia como menos grave, al menos en el trámite de informes y sin modificar antes sus conclusiones provisionales, lo que en vía de recurso pretende combatir ahora, aunque sin base fáctica ni jurídica alguna.

TERCERO.-Quedando por decidir únicamente, por tanto, la cuestión relativa a la supuesta falta de motivación y proporcionalidad de la pena de multa y la accesoria de privación del permiso de conducir impuestas que de forma subsidiaria invoca la defensa, llama la atención, desde luego, el argumento vertido por la misma en oposición a ambas decisiones, pues son hasta nueve los motivos que se citan en el fundamento jurídico sexto de la resolución de instancia para explicar que se imponga dentro de la mitad inferior, pero en todo caso por encima de su mínimo legal. Y es que ello se hace descansar, sintéticamente, sobre la forma de cometerse los hechos, la falta de atención del conductor, la brevedad del lapso temporal en la desatención, el carácter grave de la infracción administrativa cometida, la conducta posterior del acusado, la ausencia de circunstancias que agravaran su conducta, su carácter de conductor profesional -este motivo no debe servir ni mucho menos para atenuar la pena como pretende el apelante, sino mas bien al contrario-, la gravedad del resultado producido dado el fallecimiento de la víctima y la puesta en riesgo de la vida de su hijo que circulaba a su lado, junto con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas. Por lo demás, la cuantía de la multa se explica también por el trabajo que desempeña, el carácter imprudente del ilícito cometido y el coste medio de la vida.

Pocas veces se mencionan razonamientos tan convincentes y justificados para explicar el alcance de las penas impuestas, sin olvidar que la reforma legislativa introducida el mismo año del accidente impone de forma imperativa ya la privación del permiso de conducir en todos estos casos, lo que permite conocer cuál es la voluntad del legislador en este punto. Su extensión de ocho meses se sitúa de nuevo dentro de su mitad inferior, aunque no en su mínimo legal de tres meses en atención a las mismas circunstancias ya expuestas.

Pero es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala de forma reiterada que la determinación de la extensión de la pena es una facultad discrecional que compete al órgano judicial de instancia ( SSTS. 1099/2004, de 7 de octubre y 714/2016, de 26 de septiembre), pues como quiera que no puede existir - dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1993- una norma que prevea todos y cada uno de los planteamientos fácticos sometidos a la conciencia de los jueces, en orden a lo señalado en el artículo 66 del Código Penal, aquellos ostentan la facultad de imponer las penas en la cuantía que proceda según su arbitrio, facultad ésta, evidentemente potestativa, que no es absoluta precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que se realizó, y también a las circunstancias de todo tipo concurrentes ( STS Sala 2ª nº 1070/2004, de fecha 24/09/2004).

De ahí que, sobre la base de todas estas consideraciones, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 24 de febrero de 2015 (nº 99/2015, rec. 1843/2014), tras recordar que la determinación de la pena es una facultad que la ley atribuye al tribunal de instancia y no al que conoce del recurso de casación -lo que es igualmente aplicable a la apelación-, concluya finalmente que esta facultad discrecional sólo puede ser corregida "cuando se omita toda motivación respecto a la extensión de la pena" o "cuando esta revele una irracionalidad o arbitrariedad manifiesta ( STS núm. 66/2010)". Y en consecuencia, el Auto del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 18 de junio de 2015 señala también que "sólo cuando el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido el arbitrio ejercido. Igualmente deberá comprobar esta Sala la acomodación de dicho arbitrio o su apartamiento, a las pautas normativas que la ley establece cuando el Tribunal sentenciador deba ajustarse a las mismas (circunstancias del hecho y del culpable) ( STS 6-2-04 )".

Y lo mismo cabe decir respecto a la extensión y cuantía de la multa, pues de obligada cita resulta la sentencia del Tribunal Supremo 553/2013, 19 de junio, en la que se razona en los siguientes términos: "... hay que recordar que el art. 50.4 del Código Penal establece un abanico para la cuantificación de la cuota situado entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros diario, debiéndose dentro de este ámbito fijar concretamente la cantidad en atención a los criterios a los que se refiere el párrafo 5º del mismo artículo. (...) Ciertamente la sentencia omite cualquier argumentación al respecto, pero es lo cierto que la jurisprudencia más reciente de la Sala viene afirmando que cuando la cuota señalada está muy próxima al mínimo legal no hace falta una especial motivación -- STS 624/2008 -",lo que en tal caso le lleva a concluir que cuando se trata de unas cantidades muy próximas al mínimo legal y por tanto, aunque no se haya hecho una investigación sobre la situación económica del recurrente, tal y como expresamente se reconoce por la juzgadora, en principio no habría por qué modificar tales cuantías, especialmente cuando la cuota de ocho euros se halla muy próxima al mínimo legal si tenemos que el máximo puede llegar a los cuatrocientos euros (en el mismo sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2008 y 18 de mayo de 2016).

Y es que, como apuntaba el auto del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2004, el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal ha de quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior.

CUARTO.-No se aprecian razones particulares que justifiquen, en cualquier caso, la imposición de las costas de esta alzada pese a la necesaria desestimación de ambos recursos, conforme autorizan los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Impugna, por una parte, el Ministerio Fiscal la sentencia en la que se condena al acusado por un delito de imprudencia menos grave por entender que habiendo reconocido la propia juzgadora que el acusado no se percató de la presencia de los ciclistas en la vía por la que circulaba y que, por tanto, no realizó maniobra evasiva alguna, como tampoco efectuó intento de frenado o de cambio de carril, atropellando a la víctima, es claro que nos encontramos ante una imprudencia de carácter grave, pues así se infiere del testimonio vertido por el propio hijo del fallecido, quien circulaba a su lado en otra bicicleta, portando ambos el casco homologado y vistiendo prendas visibles, y reconociendo el mismo acusado en el lugar del accidente que no sabía lo que había ocurrido y no se había dado cuenta de su presencia. Además, los agentes de la Guardia Civil manifestaron que en ese momento existía perfecta visibilidad, que el atropello se produjo a plena luz del día y que los laterales se encontraban despejados y con la calzada en perfectas condiciones, sospechando que el acusado debió cerrar los ojos y quedarse dormido, por lo que no se percató de la presencia de los ciclistas. Fue, por tanto, su completa falta de atención, más allá de la posibilidad de que por cansancio no circulara atento a las circunstancias del tráfico, conforme a la normativa y jurisprudencia que cita de aplicación, la causa del atropello. Y de ahí que, por su conducción negligente, procede revocar la sentencia para en su lugar dictar otra por el que se le condene al mismo por vía del artículo 142-1 del Código Penal.

Añade a todo lo anterior, y en igual sentido, la acusación particular, en su recurso adhesivo, que, tratándose de un conductor profesional, se le ha de exigir un plus de diligencia y la omisión de la más básica y elemental diligencia no puede ser calificada como menos grave, sino que necesariamente debe ser considerada una infracción grave del deber de cuidado.

Por el contrario, la representación del condenado considera que la juzgadora incurre en error en la valoración de la prueba, con aplicación indebida del artículo 142-2 del Código Penal, pues el acusado manifestó durante el juicio que no se percató de la presencia de los ciclistas porque delante de él circulaba una furgoneta, la cual, por sus dimensiones, le impedía observar lo que ocurría delante de la misma y quien al ver que el vehículo que le precedía accionaba el intermitente izquierdo, señalizando un cambio de carril, Juan Miguel hizo lo mismo, siendo al mirar por el espejo retrovisor, para cerciorarse que podía realizar el cambio de carril sin riesgo, cuando por unos escasos segundos apartó su mirada de la calzada y llegó a la altura de los ciclistas, sin poder evitar el atropello. De ahí que no quedando acreditado que el acusado vulnerase el deber de cuidado, integrable en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que ahora han sido despenalizadas por el legislador, debe quedar absuelto en aplicación de la doctrina jurisprudencial que reproduce y, conforme a la cual, el derecho penal no exige que el sujeto actúe como un garante absoluto de que el resultado no se producirá sino que despliegue la diligencia que, en función de su posición y de las circunstancias, era razonable exigirle. Así lo confirma la doctrina penal, que subraya la necesidad de que el autor se encuentre en una posición de garante, lo que implica un deber concreto de evitar el resultado, pero no una obligación de infalibilidad. Recuerda que la jurisprudencia rechaza expresamente la responsabilidad objetiva en el ámbito penal, exigiendo siempre la concurrencia de dolo o culpa. Así, la simple inobservancia del deber de cuidado puede dar lugar a la imputación por imprudencia, pero no se exige una diligencia que garantice la imposibilidad absoluta del resultado lesivo. El estándar es el de la diligencia exigible a una persona en las circunstancias, no el de una conducta infalible.

Subsidiariamente, muestra asimismo dicha parte su disconformidad con la pena de multa impuesta de ocho meses, muy por encima del mínimo legal de tres meses y sin que, ni en cuanto a su extensión ni respecto de su cuantía, se motive suficientemente o se aplique con la debida proporcionalidad, habida cuenta que siendo conductor profesional, su imposición por ocho meses supone privarle a él y a su familia de su única fuente de ingresos, y probablemente de su puesto de trabajo, poniéndole en riesgo cierto de exclusión social y de vulnerabilidad atendidas sus escasas opciones de empleabilidad en función de su edad y cualificación profesional.

Y asimismo se muestra disconforme con la imposición de la pena accesoria de privación del permiso de conducir, pues siendo potestativa, atendida la redacción del precepto vigente en el momento de los hechos, 2 de julio de 2022, se impone también por ocho meses sin motivación suficiente, entendiendo que no procede imponerse con esa extensión atendida las circunstancias personales del autor y las propias circunstancias del siniestro, pues se atribuye el atropello a una desatención momentánea e inevitable para realizar el cambio de carril.

SEGUNDO.-Así las cosas, ambos recursos han de verse convenientemente desestimados, pues sustentado el fallo de la sentencia en exclusiva valoración de prueba personal -la declaración del hijo de la víctima, de los agentes de la guardia civil que redactaron el atestado y elaboraron el informe sobre las causas del siniestro-, y vistas las manifestaciones vertidas por el propio acusado, constante jurisprudencia proclama, tal y como curiosamente recuerda el Ministerio Público al oponerse al recurso de la defensa para pretender con el suyo lo mismo, que cuando la cuestión debatida por vía del recurso de apelación, como en el presente caso ocurre, es la valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de que al tribunal de segunda instancia no le corresponde efectuar una nueva valoración sobre la prueba practicada en la primera, sino que lo que nos corresponde en nuestro sistema examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En consecuencia, sólo cabría revisar la valoración hecha por el Juez ante quien se practica la prueba en el acto del juicio en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Juez "a quo" de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de experiencia y los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el juzgador ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1990, entre otras muchas). En realidad, como señala también la sentencia del Tribunal Supremo 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

Y, desde luego, no es este el caso, pues las alegaciones de los apelantes no ponen de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado de forma correcta y adecuada, sin embargo, la Magistrada a quo bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su particular y sin duda más subjetiva apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Ahora bien, la valoración efectuada por la Juez de instancia, quien, aprovechando las ventajas de la inmediación, puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en su valoración error alguno.

Y es que, en realidad, no se cuestiona el alcance o atropello producido sino la entidad de ese descuido o negligencia que determinó la muerte del ciclista, y que en función de su gradación permitiría fuera calificada como imprudencia grave o menos grave, o incluso como leve en el caso de la defensa. Pero, en todo caso, unos y otros obvian que la valoración sobre la naturaleza y causas del siniestro, y sobre todo sobre el alcance de la imprudencia cometida, solo puede corresponder a la juzgadora de instancia a la vista de las pruebas evacuadas, omitiendo la acusación toda referencia al artículo 792-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no permite agravar la sentencia condenatoria que se hubiera impuesto por error en la apreciación de la prueba, la cual solo podrá ser anulada si así se solicita expresamente por las partes; petición que aquí no se ha sustanciado, por lo que solo por tal concreto motivo el recurso del Ministerio Fiscal, y el correspondiente adhesivo de la acusación particular, debiera ser desestimados.

En efecto, el antiguo artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía en cierta forma declarar probados los hechos en segunda instancia revocando un previo pronunciamiento absolutorio y condenando en esta alzada. Ahora bien, dicho precepto, y concordantes, ha sido modificado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, impidiendo tal posibilidad, pues afirma literalmente, en su párrafo segundo, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2",obligando en esos casos a anular la sentencia y remitirla al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Pero esta no es, sin embargo, la pretensión que aquí se sustancia, pues directamente se reclama la condena del acusado por un delito más grave, con imposición de las penas interesadas por las respectivas acusaciones, lo que, conforme a esta doctrina, deviene imposible.

Calificada, por otra parte, y por estas mismas acusaciones, la imprudencia como grave ante la ausencia -afirman- de la más mínima diligencia exigible por falta de una mínima atención y cuidado en la conducción, especialmente exigible a un conductor profesional, se hace necesario mencionar, no obstante, como síntesis de la doctrina jurisprudencial expuesta en los respectivos recursos, las reflexiones que se hacen en la sentencia del Tribunal Supremo 421/2020, de 22 de julio, según la cual, para el estudio de una posible imprudencia menos grave ha de acudirse, en primer lugar, al artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para comprobar si la conducta enjuiciada se halla dentro de las infracciones graves de tráfico que dicho precepto enumera. En segundo lugar, se coincide en que con tal remisión no se restringe el concepto de imprudencia menos grave, pues esa imprudencia puede darse a pesar de que no concurra una infracción grave de las reseñadas en la Ley. Del mismo modo, se apunta que no toda infracción grave de la referida Ley de tráfico puede dar lugar a apreciar imprudencia menos grave a los efectos de los tipos delictivos en cuestión; por un lado, dentro de las conductas que se califican como imprudencias graves en la norma administrativa existen grados de imprudencia muy dispar, incluso algunos que, en atención a las circunstancias, pueden no representar peligro alguno para el tráfico y, por otro, el Juez o Tribunal puede considerar que la imprudencia concreta no alcanza la magnitud suficiente para integrar el concepto penal. A ello hemos de añadir también que pese a que la imprudencia menos grave ciertamente viene determinada por la infracción grave de la Ley de Tráfico, la concurrencia de otras conductas como concausas del siniestro y la mayor o menor intensidad de la infracción de cuidado, pueden determinar que aquella conducta sea merecedora de un mayor o menor reproche social, pudiendo, incluso, ser calificada como mera imprudencia leve despenalizada. Ni que decir tiene que esta misma doctrina sirve para distinguir la imprudencia menos grave de la grave, existiendo entre ambas una línea muy tenue de diferenciación, pero también con la leve, siendo loable el esfuerzo desplegado por la juzgadora para tratar de deslindarlo.

Y es que, lamentablemente, ni el artículo 142 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse los hechos -y anterior, por tanto, a la reforma que introdujo la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre-, ni el artículo 142 bis introducido por la Ley Orgánica 2/19, de 1 de marzo, definen los tipos de imprudencia que recogen como grave, menos grave o de notoria gravedad, siendo precisamente la reforma que hizo de tales preceptos la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la que modificó los anteriores conceptos de imprudencia existentes, de modo que la imprudencia calificada en el Código Penal de 1995 como grave y leve pasa a graduarse ahora como grave, menos grave y leve. En esta cuestión de la calificación en el ámbito penal de los hechos tipificables como imprudentes, indica la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 284/2021, de 30 de marzo, a la que atiende la propia sentencia de instancia, que se "sitúa a esta Sala en el confuso y esquivo terreno de la imprudencia punible, tal y como ha quedado finalmente regulada después de desafortunadas y prescindibles reformas legales".Conclusión que será luego reforzada cuando indica que "la Sala viene enfrentándose al desafío de fijar los límites conceptuales de la imprudencia grave, menos grave y leve. Y ha de afrontar ese desafío a partir de recientes reformas (LO 1/2015, de 30 de marzo y LO 2/2019 de 1 de marzo que queriendo optar por un modelo limitativo del arbitrio judicial, ha generado el efecto contrario".

Y es que, como también indica la sentencia que reproduce la juzgadora, por referencia a la anterior 421/2020, de 22 de julio, "la imprudencia menos grave ha de situarse en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido expresamente penalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia relevancia del deber de cuidad infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para ellos, y a los que anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza a la grave, asumible en este caso, la menos grave, como la infracción del debe medio de precisión (...) Así, mientras la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe poner en tal consecuencia pero operada por el despliegue del a omisión de la diligencia que debe exigirse a una persona en la infracción del deber de cuidado de su actuar (u omitir)".

Pues bien, y como corolario de toda la doctrina expuesta tanto en la propia sentencia que se combate como en los recursos que todas las partes interponen, cabe concluir con la juzgadora que la imprudencia grave es, pues, la omisión de la diligencia más intolerable, posibilidad que el fundamento jurídico tercero de la sentencia descarta, negando que la conducta del acusado deba comportar el más alto rango de reprochabilidad, frente a lo que sostienen las respectivas acusaciones, pública y particular, como tampoco admite su calificación como leve, tal y como en este caso pretende su defensa, pues a falta de testigos presenciales del accidente fuera del propio hijo de la víctima, el informe técnico que sobre la dinámica comisiva del accidente figura incorporado a las actuaciones (a los folios 150 a 188), permite concluir que no existiendo huellas de frenada o de realización de maniobra evasiva, como no constando acreditado tampoco que circulara a velocidad no autorizada para las circunstancias de la vía y del tráfico, sea cual fuere el motivo para la desatención en que incurrió -de la existencia de una furgoneta que limitaba su visibilidad y a la que pretendía adelantar tampoco se deja fehaciente constancia, ni mucho menos que a causa del cansancio se pudiera haber quedado dormido-, debe atribuirse su resultado al despiste producido por causa no bien determinada y en un espacio muy breve de tiempo, pues el adelantamiento por el carril situado a la izquierda del ciclista atropellado era perfectamente posible, entendiéndose que, en tales circunstancias, la calificación como imprudencia menos grave realizada por la juzgadora resulta acertada, pues no nos halamos ante una total y absoluta falta de negligencia. En todo caso, ello no nos impide comprender la razonable desazón en las víctimas, hijos del fallecido, que ningún fallo o tribunal podrá nunca cubrir, como tampoco se satisface por el pago de la indemnización económica ya recibida con anterioridad a la celebración del juicio ante el imprevisible y fatal desenlace producido por la muerte de su padre, ocurrida, además, en presencia de uno de ellos. La condición de profesional de la conducción del encausado no constituye por sí mismo motivo agravatorio alguno, pues son las causas que provocaron el atropello lo único que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la reprochabilidad de su conducta punible.

Los argumentos expuestos para rechazar el recurso del Ministerio Público, y al que se adhiere la acusación particular, han de servir al mismo tiempo para desestimar los argumentos de la defensa, pues desde luego tampoco nos hallamos ante un atropello que no pueda ser atribuido causalmente a la imprudencia o negligente cometida por el acusado ante su evidente falta de atención en la conducción, sea cual fuere la causa, lo que de ningún modo puede quedar impune, debiendo darse por reproducidos al respecto los pormenorizados razonamientos y acertadas reflexiones de la juez a quo sobre las causas del siniestro. Parece evidente que esa imprudencia existió y que cometida una infracción administrativa calificada por la Ley de Tráfico y el Reglamento que la desarrolla como grave, de ningún modo cabe considerar que su desatención en la conducción, en las circunstancias en que se produjo, pueda ser calificada como leve. La defensa del acusado así debió entenderlo también cuando alternativamente aceptaba la calificación de la imprudencia como menos grave, al menos en el trámite de informes y sin modificar antes sus conclusiones provisionales, lo que en vía de recurso pretende combatir ahora, aunque sin base fáctica ni jurídica alguna.

TERCERO.-Quedando por decidir únicamente, por tanto, la cuestión relativa a la supuesta falta de motivación y proporcionalidad de la pena de multa y la accesoria de privación del permiso de conducir impuestas que de forma subsidiaria invoca la defensa, llama la atención, desde luego, el argumento vertido por la misma en oposición a ambas decisiones, pues son hasta nueve los motivos que se citan en el fundamento jurídico sexto de la resolución de instancia para explicar que se imponga dentro de la mitad inferior, pero en todo caso por encima de su mínimo legal. Y es que ello se hace descansar, sintéticamente, sobre la forma de cometerse los hechos, la falta de atención del conductor, la brevedad del lapso temporal en la desatención, el carácter grave de la infracción administrativa cometida, la conducta posterior del acusado, la ausencia de circunstancias que agravaran su conducta, su carácter de conductor profesional -este motivo no debe servir ni mucho menos para atenuar la pena como pretende el apelante, sino mas bien al contrario-, la gravedad del resultado producido dado el fallecimiento de la víctima y la puesta en riesgo de la vida de su hijo que circulaba a su lado, junto con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas. Por lo demás, la cuantía de la multa se explica también por el trabajo que desempeña, el carácter imprudente del ilícito cometido y el coste medio de la vida.

Pocas veces se mencionan razonamientos tan convincentes y justificados para explicar el alcance de las penas impuestas, sin olvidar que la reforma legislativa introducida el mismo año del accidente impone de forma imperativa ya la privación del permiso de conducir en todos estos casos, lo que permite conocer cuál es la voluntad del legislador en este punto. Su extensión de ocho meses se sitúa de nuevo dentro de su mitad inferior, aunque no en su mínimo legal de tres meses en atención a las mismas circunstancias ya expuestas.

Pero es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala de forma reiterada que la determinación de la extensión de la pena es una facultad discrecional que compete al órgano judicial de instancia ( SSTS. 1099/2004, de 7 de octubre y 714/2016, de 26 de septiembre), pues como quiera que no puede existir - dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1993- una norma que prevea todos y cada uno de los planteamientos fácticos sometidos a la conciencia de los jueces, en orden a lo señalado en el artículo 66 del Código Penal, aquellos ostentan la facultad de imponer las penas en la cuantía que proceda según su arbitrio, facultad ésta, evidentemente potestativa, que no es absoluta precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que se realizó, y también a las circunstancias de todo tipo concurrentes ( STS Sala 2ª nº 1070/2004, de fecha 24/09/2004).

De ahí que, sobre la base de todas estas consideraciones, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 24 de febrero de 2015 (nº 99/2015, rec. 1843/2014), tras recordar que la determinación de la pena es una facultad que la ley atribuye al tribunal de instancia y no al que conoce del recurso de casación -lo que es igualmente aplicable a la apelación-, concluya finalmente que esta facultad discrecional sólo puede ser corregida "cuando se omita toda motivación respecto a la extensión de la pena" o "cuando esta revele una irracionalidad o arbitrariedad manifiesta ( STS núm. 66/2010)". Y en consecuencia, el Auto del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 18 de junio de 2015 señala también que "sólo cuando el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido el arbitrio ejercido. Igualmente deberá comprobar esta Sala la acomodación de dicho arbitrio o su apartamiento, a las pautas normativas que la ley establece cuando el Tribunal sentenciador deba ajustarse a las mismas (circunstancias del hecho y del culpable) ( STS 6-2-04 )".

Y lo mismo cabe decir respecto a la extensión y cuantía de la multa, pues de obligada cita resulta la sentencia del Tribunal Supremo 553/2013, 19 de junio, en la que se razona en los siguientes términos: "... hay que recordar que el art. 50.4 del Código Penal establece un abanico para la cuantificación de la cuota situado entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros diario, debiéndose dentro de este ámbito fijar concretamente la cantidad en atención a los criterios a los que se refiere el párrafo 5º del mismo artículo. (...) Ciertamente la sentencia omite cualquier argumentación al respecto, pero es lo cierto que la jurisprudencia más reciente de la Sala viene afirmando que cuando la cuota señalada está muy próxima al mínimo legal no hace falta una especial motivación -- STS 624/2008 -",lo que en tal caso le lleva a concluir que cuando se trata de unas cantidades muy próximas al mínimo legal y por tanto, aunque no se haya hecho una investigación sobre la situación económica del recurrente, tal y como expresamente se reconoce por la juzgadora, en principio no habría por qué modificar tales cuantías, especialmente cuando la cuota de ocho euros se halla muy próxima al mínimo legal si tenemos que el máximo puede llegar a los cuatrocientos euros (en el mismo sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2008 y 18 de mayo de 2016).

Y es que, como apuntaba el auto del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2004, el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal ha de quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior.

CUARTO.-No se aprecian razones particulares que justifiquen, en cualquier caso, la imposición de las costas de esta alzada pese a la necesaria desestimación de ambos recursos, conforme autorizan los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Impugna, por una parte, el Ministerio Fiscal la sentencia en la que se condena al acusado por un delito de imprudencia menos grave por entender que habiendo reconocido la propia juzgadora que el acusado no se percató de la presencia de los ciclistas en la vía por la que circulaba y que, por tanto, no realizó maniobra evasiva alguna, como tampoco efectuó intento de frenado o de cambio de carril, atropellando a la víctima, es claro que nos encontramos ante una imprudencia de carácter grave, pues así se infiere del testimonio vertido por el propio hijo del fallecido, quien circulaba a su lado en otra bicicleta, portando ambos el casco homologado y vistiendo prendas visibles, y reconociendo el mismo acusado en el lugar del accidente que no sabía lo que había ocurrido y no se había dado cuenta de su presencia. Además, los agentes de la Guardia Civil manifestaron que en ese momento existía perfecta visibilidad, que el atropello se produjo a plena luz del día y que los laterales se encontraban despejados y con la calzada en perfectas condiciones, sospechando que el acusado debió cerrar los ojos y quedarse dormido, por lo que no se percató de la presencia de los ciclistas. Fue, por tanto, su completa falta de atención, más allá de la posibilidad de que por cansancio no circulara atento a las circunstancias del tráfico, conforme a la normativa y jurisprudencia que cita de aplicación, la causa del atropello. Y de ahí que, por su conducción negligente, procede revocar la sentencia para en su lugar dictar otra por el que se le condene al mismo por vía del artículo 142-1 del Código Penal.

Añade a todo lo anterior, y en igual sentido, la acusación particular, en su recurso adhesivo, que, tratándose de un conductor profesional, se le ha de exigir un plus de diligencia y la omisión de la más básica y elemental diligencia no puede ser calificada como menos grave, sino que necesariamente debe ser considerada una infracción grave del deber de cuidado.

Por el contrario, la representación del condenado considera que la juzgadora incurre en error en la valoración de la prueba, con aplicación indebida del artículo 142-2 del Código Penal, pues el acusado manifestó durante el juicio que no se percató de la presencia de los ciclistas porque delante de él circulaba una furgoneta, la cual, por sus dimensiones, le impedía observar lo que ocurría delante de la misma y quien al ver que el vehículo que le precedía accionaba el intermitente izquierdo, señalizando un cambio de carril, Juan Miguel hizo lo mismo, siendo al mirar por el espejo retrovisor, para cerciorarse que podía realizar el cambio de carril sin riesgo, cuando por unos escasos segundos apartó su mirada de la calzada y llegó a la altura de los ciclistas, sin poder evitar el atropello. De ahí que no quedando acreditado que el acusado vulnerase el deber de cuidado, integrable en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que ahora han sido despenalizadas por el legislador, debe quedar absuelto en aplicación de la doctrina jurisprudencial que reproduce y, conforme a la cual, el derecho penal no exige que el sujeto actúe como un garante absoluto de que el resultado no se producirá sino que despliegue la diligencia que, en función de su posición y de las circunstancias, era razonable exigirle. Así lo confirma la doctrina penal, que subraya la necesidad de que el autor se encuentre en una posición de garante, lo que implica un deber concreto de evitar el resultado, pero no una obligación de infalibilidad. Recuerda que la jurisprudencia rechaza expresamente la responsabilidad objetiva en el ámbito penal, exigiendo siempre la concurrencia de dolo o culpa. Así, la simple inobservancia del deber de cuidado puede dar lugar a la imputación por imprudencia, pero no se exige una diligencia que garantice la imposibilidad absoluta del resultado lesivo. El estándar es el de la diligencia exigible a una persona en las circunstancias, no el de una conducta infalible.

Subsidiariamente, muestra asimismo dicha parte su disconformidad con la pena de multa impuesta de ocho meses, muy por encima del mínimo legal de tres meses y sin que, ni en cuanto a su extensión ni respecto de su cuantía, se motive suficientemente o se aplique con la debida proporcionalidad, habida cuenta que siendo conductor profesional, su imposición por ocho meses supone privarle a él y a su familia de su única fuente de ingresos, y probablemente de su puesto de trabajo, poniéndole en riesgo cierto de exclusión social y de vulnerabilidad atendidas sus escasas opciones de empleabilidad en función de su edad y cualificación profesional.

Y asimismo se muestra disconforme con la imposición de la pena accesoria de privación del permiso de conducir, pues siendo potestativa, atendida la redacción del precepto vigente en el momento de los hechos, 2 de julio de 2022, se impone también por ocho meses sin motivación suficiente, entendiendo que no procede imponerse con esa extensión atendida las circunstancias personales del autor y las propias circunstancias del siniestro, pues se atribuye el atropello a una desatención momentánea e inevitable para realizar el cambio de carril.

SEGUNDO.-Así las cosas, ambos recursos han de verse convenientemente desestimados, pues sustentado el fallo de la sentencia en exclusiva valoración de prueba personal -la declaración del hijo de la víctima, de los agentes de la guardia civil que redactaron el atestado y elaboraron el informe sobre las causas del siniestro-, y vistas las manifestaciones vertidas por el propio acusado, constante jurisprudencia proclama, tal y como curiosamente recuerda el Ministerio Público al oponerse al recurso de la defensa para pretender con el suyo lo mismo, que cuando la cuestión debatida por vía del recurso de apelación, como en el presente caso ocurre, es la valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de que al tribunal de segunda instancia no le corresponde efectuar una nueva valoración sobre la prueba practicada en la primera, sino que lo que nos corresponde en nuestro sistema examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

En consecuencia, sólo cabría revisar la valoración hecha por el Juez ante quien se practica la prueba en el acto del juicio en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Juez "a quo" de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de experiencia y los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el juzgador ( Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1990, entre otras muchas). En realidad, como señala también la sentencia del Tribunal Supremo 251/2004, de 26 de febrero, la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida.

Y, desde luego, no es este el caso, pues las alegaciones de los apelantes no ponen de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado de forma correcta y adecuada, sin embargo, la Magistrada a quo bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su particular y sin duda más subjetiva apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Ahora bien, la valoración efectuada por la Juez de instancia, quien, aprovechando las ventajas de la inmediación, puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante ella practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en su valoración error alguno.

Y es que, en realidad, no se cuestiona el alcance o atropello producido sino la entidad de ese descuido o negligencia que determinó la muerte del ciclista, y que en función de su gradación permitiría fuera calificada como imprudencia grave o menos grave, o incluso como leve en el caso de la defensa. Pero, en todo caso, unos y otros obvian que la valoración sobre la naturaleza y causas del siniestro, y sobre todo sobre el alcance de la imprudencia cometida, solo puede corresponder a la juzgadora de instancia a la vista de las pruebas evacuadas, omitiendo la acusación toda referencia al artículo 792-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no permite agravar la sentencia condenatoria que se hubiera impuesto por error en la apreciación de la prueba, la cual solo podrá ser anulada si así se solicita expresamente por las partes; petición que aquí no se ha sustanciado, por lo que solo por tal concreto motivo el recurso del Ministerio Fiscal, y el correspondiente adhesivo de la acusación particular, debiera ser desestimados.

En efecto, el antiguo artículo 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitía en cierta forma declarar probados los hechos en segunda instancia revocando un previo pronunciamiento absolutorio y condenando en esta alzada. Ahora bien, dicho precepto, y concordantes, ha sido modificado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, impidiendo tal posibilidad, pues afirma literalmente, en su párrafo segundo, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2",obligando en esos casos a anular la sentencia y remitirla al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa. Pero esta no es, sin embargo, la pretensión que aquí se sustancia, pues directamente se reclama la condena del acusado por un delito más grave, con imposición de las penas interesadas por las respectivas acusaciones, lo que, conforme a esta doctrina, deviene imposible.

Calificada, por otra parte, y por estas mismas acusaciones, la imprudencia como grave ante la ausencia -afirman- de la más mínima diligencia exigible por falta de una mínima atención y cuidado en la conducción, especialmente exigible a un conductor profesional, se hace necesario mencionar, no obstante, como síntesis de la doctrina jurisprudencial expuesta en los respectivos recursos, las reflexiones que se hacen en la sentencia del Tribunal Supremo 421/2020, de 22 de julio, según la cual, para el estudio de una posible imprudencia menos grave ha de acudirse, en primer lugar, al artículo 76 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial para comprobar si la conducta enjuiciada se halla dentro de las infracciones graves de tráfico que dicho precepto enumera. En segundo lugar, se coincide en que con tal remisión no se restringe el concepto de imprudencia menos grave, pues esa imprudencia puede darse a pesar de que no concurra una infracción grave de las reseñadas en la Ley. Del mismo modo, se apunta que no toda infracción grave de la referida Ley de tráfico puede dar lugar a apreciar imprudencia menos grave a los efectos de los tipos delictivos en cuestión; por un lado, dentro de las conductas que se califican como imprudencias graves en la norma administrativa existen grados de imprudencia muy dispar, incluso algunos que, en atención a las circunstancias, pueden no representar peligro alguno para el tráfico y, por otro, el Juez o Tribunal puede considerar que la imprudencia concreta no alcanza la magnitud suficiente para integrar el concepto penal. A ello hemos de añadir también que pese a que la imprudencia menos grave ciertamente viene determinada por la infracción grave de la Ley de Tráfico, la concurrencia de otras conductas como concausas del siniestro y la mayor o menor intensidad de la infracción de cuidado, pueden determinar que aquella conducta sea merecedora de un mayor o menor reproche social, pudiendo, incluso, ser calificada como mera imprudencia leve despenalizada. Ni que decir tiene que esta misma doctrina sirve para distinguir la imprudencia menos grave de la grave, existiendo entre ambas una línea muy tenue de diferenciación, pero también con la leve, siendo loable el esfuerzo desplegado por la juzgadora para tratar de deslindarlo.

Y es que, lamentablemente, ni el artículo 142 del Código Penal vigente al tiempo de cometerse los hechos -y anterior, por tanto, a la reforma que introdujo la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre-, ni el artículo 142 bis introducido por la Ley Orgánica 2/19, de 1 de marzo, definen los tipos de imprudencia que recogen como grave, menos grave o de notoria gravedad, siendo precisamente la reforma que hizo de tales preceptos la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la que modificó los anteriores conceptos de imprudencia existentes, de modo que la imprudencia calificada en el Código Penal de 1995 como grave y leve pasa a graduarse ahora como grave, menos grave y leve. En esta cuestión de la calificación en el ámbito penal de los hechos tipificables como imprudentes, indica la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 284/2021, de 30 de marzo, a la que atiende la propia sentencia de instancia, que se "sitúa a esta Sala en el confuso y esquivo terreno de la imprudencia punible, tal y como ha quedado finalmente regulada después de desafortunadas y prescindibles reformas legales".Conclusión que será luego reforzada cuando indica que "la Sala viene enfrentándose al desafío de fijar los límites conceptuales de la imprudencia grave, menos grave y leve. Y ha de afrontar ese desafío a partir de recientes reformas (LO 1/2015, de 30 de marzo y LO 2/2019 de 1 de marzo que queriendo optar por un modelo limitativo del arbitrio judicial, ha generado el efecto contrario".

Y es que, como también indica la sentencia que reproduce la juzgadora, por referencia a la anterior 421/2020, de 22 de julio, "la imprudencia menos grave ha de situarse en el límite superior de aquellas conductas que antes eran consideradas como leves y que el legislador ha querido expresamente penalizar, encontrándose supuestos que por la menor importancia relevancia del deber de cuidad infringido, de conformidad con los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la jurisprudencia para ellos, y a los que anterioridad se ha hecho referencia, pueden ser considerados como menos graves.

La imprudencia menos grave puede ser definida como la constitución de un riesgo de inferior naturaleza a la grave, asumible en este caso, la menos grave, como la infracción del debe medio de precisión (...) Así, mientras la imprudencia grave es la dejación más intolerable de las conductas fácticas que debe controlar el autor, originando un riesgo físico que produce el resultado dañoso, en la imprudencia menos grave, el acento se debe poner en tal consecuencia pero operada por el despliegue del a omisión de la diligencia que debe exigirse a una persona en la infracción del deber de cuidado de su actuar (u omitir)".

Pues bien, y como corolario de toda la doctrina expuesta tanto en la propia sentencia que se combate como en los recursos que todas las partes interponen, cabe concluir con la juzgadora que la imprudencia grave es, pues, la omisión de la diligencia más intolerable, posibilidad que el fundamento jurídico tercero de la sentencia descarta, negando que la conducta del acusado deba comportar el más alto rango de reprochabilidad, frente a lo que sostienen las respectivas acusaciones, pública y particular, como tampoco admite su calificación como leve, tal y como en este caso pretende su defensa, pues a falta de testigos presenciales del accidente fuera del propio hijo de la víctima, el informe técnico que sobre la dinámica comisiva del accidente figura incorporado a las actuaciones (a los folios 150 a 188), permite concluir que no existiendo huellas de frenada o de realización de maniobra evasiva, como no constando acreditado tampoco que circulara a velocidad no autorizada para las circunstancias de la vía y del tráfico, sea cual fuere el motivo para la desatención en que incurrió -de la existencia de una furgoneta que limitaba su visibilidad y a la que pretendía adelantar tampoco se deja fehaciente constancia, ni mucho menos que a causa del cansancio se pudiera haber quedado dormido-, debe atribuirse su resultado al despiste producido por causa no bien determinada y en un espacio muy breve de tiempo, pues el adelantamiento por el carril situado a la izquierda del ciclista atropellado era perfectamente posible, entendiéndose que, en tales circunstancias, la calificación como imprudencia menos grave realizada por la juzgadora resulta acertada, pues no nos halamos ante una total y absoluta falta de negligencia. En todo caso, ello no nos impide comprender la razonable desazón en las víctimas, hijos del fallecido, que ningún fallo o tribunal podrá nunca cubrir, como tampoco se satisface por el pago de la indemnización económica ya recibida con anterioridad a la celebración del juicio ante el imprevisible y fatal desenlace producido por la muerte de su padre, ocurrida, además, en presencia de uno de ellos. La condición de profesional de la conducción del encausado no constituye por sí mismo motivo agravatorio alguno, pues son las causas que provocaron el atropello lo único que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la reprochabilidad de su conducta punible.

Los argumentos expuestos para rechazar el recurso del Ministerio Público, y al que se adhiere la acusación particular, han de servir al mismo tiempo para desestimar los argumentos de la defensa, pues desde luego tampoco nos hallamos ante un atropello que no pueda ser atribuido causalmente a la imprudencia o negligente cometida por el acusado ante su evidente falta de atención en la conducción, sea cual fuere la causa, lo que de ningún modo puede quedar impune, debiendo darse por reproducidos al respecto los pormenorizados razonamientos y acertadas reflexiones de la juez a quo sobre las causas del siniestro. Parece evidente que esa imprudencia existió y que cometida una infracción administrativa calificada por la Ley de Tráfico y el Reglamento que la desarrolla como grave, de ningún modo cabe considerar que su desatención en la conducción, en las circunstancias en que se produjo, pueda ser calificada como leve. La defensa del acusado así debió entenderlo también cuando alternativamente aceptaba la calificación de la imprudencia como menos grave, al menos en el trámite de informes y sin modificar antes sus conclusiones provisionales, lo que en vía de recurso pretende combatir ahora, aunque sin base fáctica ni jurídica alguna.

TERCERO.-Quedando por decidir únicamente, por tanto, la cuestión relativa a la supuesta falta de motivación y proporcionalidad de la pena de multa y la accesoria de privación del permiso de conducir impuestas que de forma subsidiaria invoca la defensa, llama la atención, desde luego, el argumento vertido por la misma en oposición a ambas decisiones, pues son hasta nueve los motivos que se citan en el fundamento jurídico sexto de la resolución de instancia para explicar que se imponga dentro de la mitad inferior, pero en todo caso por encima de su mínimo legal. Y es que ello se hace descansar, sintéticamente, sobre la forma de cometerse los hechos, la falta de atención del conductor, la brevedad del lapso temporal en la desatención, el carácter grave de la infracción administrativa cometida, la conducta posterior del acusado, la ausencia de circunstancias que agravaran su conducta, su carácter de conductor profesional -este motivo no debe servir ni mucho menos para atenuar la pena como pretende el apelante, sino mas bien al contrario-, la gravedad del resultado producido dado el fallecimiento de la víctima y la puesta en riesgo de la vida de su hijo que circulaba a su lado, junto con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas. Por lo demás, la cuantía de la multa se explica también por el trabajo que desempeña, el carácter imprudente del ilícito cometido y el coste medio de la vida.

Pocas veces se mencionan razonamientos tan convincentes y justificados para explicar el alcance de las penas impuestas, sin olvidar que la reforma legislativa introducida el mismo año del accidente impone de forma imperativa ya la privación del permiso de conducir en todos estos casos, lo que permite conocer cuál es la voluntad del legislador en este punto. Su extensión de ocho meses se sitúa de nuevo dentro de su mitad inferior, aunque no en su mínimo legal de tres meses en atención a las mismas circunstancias ya expuestas.

Pero es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala de forma reiterada que la determinación de la extensión de la pena es una facultad discrecional que compete al órgano judicial de instancia ( SSTS. 1099/2004, de 7 de octubre y 714/2016, de 26 de septiembre), pues como quiera que no puede existir - dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1993- una norma que prevea todos y cada uno de los planteamientos fácticos sometidos a la conciencia de los jueces, en orden a lo señalado en el artículo 66 del Código Penal, aquellos ostentan la facultad de imponer las penas en la cuantía que proceda según su arbitrio, facultad ésta, evidentemente potestativa, que no es absoluta precisamente porque ha de supeditarse a determinados condicionamientos como son la personalidad del acusado y la gravedad del hecho en función de los medios, modos o formas con que se realizó, y también a las circunstancias de todo tipo concurrentes ( STS Sala 2ª nº 1070/2004, de fecha 24/09/2004).

De ahí que, sobre la base de todas estas consideraciones, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 24 de febrero de 2015 (nº 99/2015, rec. 1843/2014), tras recordar que la determinación de la pena es una facultad que la ley atribuye al tribunal de instancia y no al que conoce del recurso de casación -lo que es igualmente aplicable a la apelación-, concluya finalmente que esta facultad discrecional sólo puede ser corregida "cuando se omita toda motivación respecto a la extensión de la pena" o "cuando esta revele una irracionalidad o arbitrariedad manifiesta ( STS núm. 66/2010)". Y en consecuencia, el Auto del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 18 de junio de 2015 señala también que "sólo cuando el órgano judicial sentenciador omita todo razonamiento sobre la proporcionalidad de la pena adecuada o acuda, en su función individualizadora, a argumentos o razones absurdas o arbitrarias, podría ser corregido el arbitrio ejercido. Igualmente deberá comprobar esta Sala la acomodación de dicho arbitrio o su apartamiento, a las pautas normativas que la ley establece cuando el Tribunal sentenciador deba ajustarse a las mismas (circunstancias del hecho y del culpable) ( STS 6-2-04 )".

Y lo mismo cabe decir respecto a la extensión y cuantía de la multa, pues de obligada cita resulta la sentencia del Tribunal Supremo 553/2013, 19 de junio, en la que se razona en los siguientes términos: "... hay que recordar que el art. 50.4 del Código Penal establece un abanico para la cuantificación de la cuota situado entre un mínimo de 2 euros y un máximo de 400 euros diario, debiéndose dentro de este ámbito fijar concretamente la cantidad en atención a los criterios a los que se refiere el párrafo 5º del mismo artículo. (...) Ciertamente la sentencia omite cualquier argumentación al respecto, pero es lo cierto que la jurisprudencia más reciente de la Sala viene afirmando que cuando la cuota señalada está muy próxima al mínimo legal no hace falta una especial motivación -- STS 624/2008 -",lo que en tal caso le lleva a concluir que cuando se trata de unas cantidades muy próximas al mínimo legal y por tanto, aunque no se haya hecho una investigación sobre la situación económica del recurrente, tal y como expresamente se reconoce por la juzgadora, en principio no habría por qué modificar tales cuantías, especialmente cuando la cuota de ocho euros se halla muy próxima al mínimo legal si tenemos que el máximo puede llegar a los cuatrocientos euros (en el mismo sentido, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2008 y 18 de mayo de 2016).

Y es que, como apuntaba el auto del Tribunal Supremo de 9 diciembre de 2004, el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal ha de quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior.

CUARTO.-No se aprecian razones particulares que justifiquen, en cualquier caso, la imposición de las costas de esta alzada pese a la necesaria desestimación de ambos recursos, conforme autorizan los artículos 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,