Sentencia Penal 254/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 17, Rec. 662/2025 de 16 de mayo del 2025

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Móstoles, que condenó al acusado como autor de un delito de quebrantamiento de medida que se articula sobre la base de tres motivos enunciados en los siguientes términos:

1º.- vulneración del principio de presunción de inocencia. No aplicación de la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal de estado de necesidad. No aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

2º.- error en la valoración de la prueba.

3º.- inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas contenida en el art. 21.6 del Código Penal.

En el suplico del recurso se interesa el dictado de una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables o, en su caso, se aprecien los motivos contenidos en el recurso y se le aplique la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente de estado de necesidad y, en su caso, la atenuante de dilaciones indebidas con las consecuencias penológicas previstas.

El Ministerio Fiscal se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.- Si bien la parte recurrente alega el segundo motivo como subsidiario al primero, lo cierto es que razones sistemáticas hacen necesario anticipar el análisis de este segundo motivo pues, de acogerse y no considerar cometido el delito por parte del acusado, resultaría innecesario entrar en los motivos primero y tercero.

En el motivo segundo, en apenas seis líneas, se alega por el recurrente que no existe prueba de cargo que justifique el dictado de una sentencia condenatoria. En definitiva, lo que vendría alegar el recurrente sería la valoración de la prueba realizada por el Magistrado a quo.

En relación con la valoración de la prueba, la construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia respecto del valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de la prueba testifical practicada en el acto de la vista, consistente en la declaración de los agentes que sorprendieron al acusado en el domicilio de su padre, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, en este caso con la inestimable ayuda de la grabación del juicio disponible en el sistema HORUS. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

En relación con el derecho a la presunción de inocencia, señala la STS. de 24-2-2020: "La STC 33/2015, de 2 de marzo , evocando las ya lejanas SSTC 137/1988, de 7 de julio, FJ 1 , o 51/1995, de 23 de febrero , FJ 2, reitera que la presunción de inocencia, no solo es criterio informador del ordenamiento procesal penal, sino además y sobre todo, un derecho fundamental en virtud del cual el acusado de una infracción no puede ser considerado culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, que sólo procederá si media una actividad probatoria lícita que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por el Tribunal penal, pueda entenderse concluyentemente de cargo. La STC 68/2010, de 18 de octubre , de igual forma y en plena sintonía con una machaconamente repetida doctrina constitucional conceptúa a la presunción de inocencia como regla de juicio que repele una condena sin apoyo en pruebas de cargo válidas, revestidas de garantías y referidas a todos los elementos esenciales del delito, de las que quepa inferir razonablemente tanto los hechos como la participación del acusado. Se viola tal derecho cuando no concurren pruebas de cargo válidas, o cuando no se motiva el resultado de su valoración, o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo seguido. (Fundamento Jurídico Cuarto; en idéntico sentido y entre muchas otras, SSTC 107/2011, de 20 de junio - Fundamento Jurídico Cuarto -, 111/2011, de 4 de julio - Fundamento Jurídico Sexto a , 126/2011, de 18 de julio -Fundamento Jurídico Vigésimo Primero a )- ó 16/2012, de 13 de febrero ).

Se vulnera, así pues, la presunción de inocencia cuando se condena: a) sin pruebas de cargo; b) con la base de unas pruebas no válidas, es decir ilícitas por vulnerar otros derechos fundamentales; c) con la base de actividad probatoria practicada sin las debidas garantías; d) sin motivar la convicción probatoria; e) sobre la base de pruebas insuficientes; o f) sobre la base de una motivación ilógica, irracional o no concluyente ( STS 653/2016, de 15 de julio )."

La alegación del principio de presunción de inocencia permite traer a colación, entre otras, la STS 29-4-2019, que establece las siguientes consideraciones: "1. La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE ) dispone que la Unión respetará los derechos fundamentales, tal y como se garantizan en el CEDH, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

Conforme se expone en el Considerando 22 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 , por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recae en la acusación, y toda duda debe beneficiar al sospechoso o acusado. Se vulneraría la presunción de inocencia si la carga de la prueba se trasladase de la acusación a la defensa, sin perjuicio de las posibles potestades de proposición de prueba de oficio del órgano jurisdiccional, ni de la independencia judicial a la hora de apreciar la culpabilidad del sospechoso o acusado, ni tampoco de la utilización de presunciones de facto o de iure relativas a la responsabilidad penal de un sospechoso o acusado. Dichas presunciones deben mantenerse dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa, y los medios empleados deben guardar una proporción razonable con el objetivo legítimo que se pretende alcanzar. Además, aquéllas deben ser iuris tantum y, en cualquier caso, solo deben poder utilizarse respetando el derecho de defensa.

En consonancia con ello, el artículo. 6.1 de la referida Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende sin perjuicio de cualquier obligación del juez o tribunal competente de buscar pruebas tanto de cargo como de descargo, y del derecho de la defensa a proponer pruebas con arreglo al Derecho nacional aplicable.

A nivel nacional, el derecho a la presunción de inocencia está reconocido, con carácter de fundamental y rango constitucional, en el artículo 24.2 de la Constitución Española ("Todos tienen derecho...a la presunción de inocencia")".

Y añade: "...cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho delictivo y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS 1125/2001, de 12 de julio )."

Cabe apuntar, por tanto, vista la anterior doctrina, que, a los efectos de las exigencias del principio de presunción de inocencia, su desvirtuación requiere que se aporte a la causa prueba de cargo, regularmente traída a la misma, con aptitud para servir a tal fin y sujeta a los principios de contradicción, inmediación, publicidad y oralidad, lo que ocurre en el caso presente.

Lo cierto es que, en el presente caso, desde el momento en el que en el propio recurso se admite que el acusado se hallaba en el domicilio de su padre, respecto del que tenía vigente la orden de protección, donde fue sorprendido por los agentes, supuestamente para refugiarse del frío, el motivo está abocado al fracaso y no merece mayores consideraciones, por lo que debe ser desestimado.

TERCERO.- En el motivo primero, aunque en la rúbrica se menciona la atenuante de dilaciones indebidas, ninguna consideración se realiza en el desarrollo del motivo, centrado en la alegación de la eximente de estado de necesidad. En concreto, se pone de manifiesto en el recurso que el acusado se encontraba en el domicilio paterno por cuanto se estaba refugiando del frío reinante en esas fechas derivado de las nevadas históricas que se produjeron en la Comunidad de Madrid en esas fechas, es decir, del fenómeno atmosférico que fue denominado "Filomena", tratando de preservar su derecho a la vida.

Conforme a la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (SSTS 145/2019, de 14 de marzo (EDJ 2019/536617 )y 664/2018, de 17 de diciembre) "El estado de necesidad, cualquiera que sea su configuración dogmática, encuentra su fundamento eximente o atenuante en que la acción típica sea el único medio para salvar un bien jurídico, que ha entrado en conflicto con el que ampara el delito cometido. Cuando el conflicto de bienes o deberes admita otra solución, faltara la necesidad, y con ella la justificación o exclusión de la culpabilidad....Si la esencia de esta eximente radica en la inevitabilidad del mal, resulta imprescindible que el necesitado carezca de otro medio de salvaguardar el peligro actual, inminente, grave, injusto e ilegítimo que le amenaza, que no sea infringiendo un mal al bien jurídico ajeno; y que se hayan agotado todos los recursos o remedios existentes para solucionar el conflicto antes de proceder antijurídicamente. La concurrencia de otros móviles distintos al reseñado enturbiaría la preponderancia de la situación eximente que se propugna. ".

Como ha señalado esta Audiencia, la definición del estado de necesidad no puede quedar en manos de quien lo invoca, y además, obliga, para su apreciación, a probar que se han agotado otras posibilidades previas cuyo fracaso podría introducir la consideración de dicha circunstancia siempre que se probasen debidamente sus elementos constitutivos (entre otras muchas, SAP M -Secc. 30- de 12.3.2015. ROJ: SAP M 3997/2015 ; y SAP M -Secc. 15- de 2.3.2015. ROJ: SAP M 2735/2015 ).

Es cierto que en la Comunidad de Madrid se produjeron intensas nevadas los días 7 y 8 de enero de 2021 que ocasionaron el colapso total de la provincia durante varios días, ante la gran cantidad de nieve acumulada en las calles que imposibilitó los desplazamientos durante varios días, hasta el punto de que, por ejemplo, los centros escolares no pudieron reanudar la actividad lectiva, tras las vacaciones navideñas, hasta el lunes 18 de enero. Precisamente el hecho de que se reanudaran ese día, indica que el día de autos, el 17 de enero, ya hubiera pasado lo peor y las calles estuvieran aptas para trasladarse de un lugar a otro. Ahora bien, es un hecho notorio que con ocasión de episodios de frío intenso como fue la Filomena, los servicios municipales de las distintas localidades de Madrid incrementan sus esfuerzos para dar refugio a cuantas personas así lo precisen, ya sea habilitando albergues o pabellones municipales y así lo hizo el Ayuntamiento de Móstoles que habilitó el pabellón municipal Rafa Martín para todos aquellos que no tuvieran otro lugar en el que resguardarse del frío.

La parte recurrente no ha aportado prueba alguna de que no tuviera otro lugar al que acudir para guarecerse del frío que no fuera el domicilio de su padre, la persona a la que no podía acercarse, ni de que no fuera admitido en los lugares habilitados por los servicios municipales, por lo que no consta que agotara todas las posibilidades a su alcance, siendo irrelevante el hecho de que el padre aceptara darle cobijo, pues el consentimiento del beneficiario de la medida no elimina la antijuridicidad de la conducta.

Por ello, este motivo ha de ser igualmente desestimado.

CUARTO.- En el tercer y último motivo del recurso se alega la falta de aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21. 6 del Código Penal que, según manifiesta, habría invocado en trámite de informe y sobre la que la sentencia objeto de recurso no realiza consideración alguna.

Revisada la grabación de la vista, es cierto que, antes de iniciar su informe final, el letrado de la defensa solicitó el permiso del Magistrado a quo para introducir en sus conclusiones provisionales, aun cuando las había elevado previamente a definitivas, la atenuante de dilaciones indebidas. Sin embargo, el Magistrado no se ha pronunciado sobre dicha circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal.

A la hora de interpretar la atenuante de dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo ha destacado que son dos los aspectos que han de tenerse en cuenta. De un lado, la existencia de un " plazo razonable", referido en el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el " derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable" y, por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2. La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos confluyentes en el propósito de que cualquier persona sometida a proceso pueda obtener un pronunciamiento definitivo de manera rápida, difieren sin embargo en sus parámetros interpretativos, pues las " dilaciones indebidas" son una suerte de prohibición de retrasos en la tramitación que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa, en función de la existencia de lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales, mientras que el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales respecto de otras causas de semejante naturaleza, así como los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 81/2010, de 15 de febrero o 416/2013, de 26 de abril). En todo caso, ambas lesionan el derecho fundamental del acusado -cuando no hayan sido provocadas por él mismo- a que su causa sea conocida y resuelta en un tiempo prudencial ( STS 1589/2005, de 20 de diciembre), tanto considerando que las circunstancias personales, familiares y sociales del acusado cambian durante procesos temporales singularmente dilatados, por lo que la pena no puede cumplir las funciones de ejemplaridad y rehabilitación como lo harían en el momento en que la acción evidenció la necesidad de resocialización ( STS 1515/2002, de 16 de septiembre), como por infringir la demora un padecimiento natural al acusado que debe computarse en la pena estatal que se imponga, para lograr mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la sanción impuesta y el mal causado por su acción ( STS 932/2008, de 10 de diciembre).

El fundamento de esta atenuación se encuentra, como dice la STS 202/22, de 3 de marzo, en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas reconocido en el artículo 24.2 CE y aunque "no es identificable con un derecho al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes procesales, sí que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver y ejecutar lo resuelto en un tiempo razonable. En función de las alegaciones de quien lo invoca, puede ser preciso comprobar si ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado, bien por su complejidad o por otras razones. Que ese retraso sea imputable al órgano jurisdiccional y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. Cualquier ponderación debe efectuarse a partir de tres parámetros: la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga contra España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas contra España , y las que en ellas se citan)."

El criterio jurisprudencial parte de la diferenciación entre la dilación indebida y ordinaria (no integrante de la atenuante), indebida y extraordinaria (que integrará la atenuante ordinaria) e indebida y súper extraordinaria (que pasará a integrar la atenuante muy cualificada).Si para la atenuante ordinaria se exige que las dilaciones sean extraordinarias, es decir, que estén "fuera de toda normalidad", para la cualificada será necesario que sean desmesuradas, y atiende a la magnitud de los períodos de inactividad procesal y a la complejidad objetiva de la investigación como parámetros de medición. La jurisprudencia ha considerado plazos irrazonables: nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo; y 506/2002, de 21 de marzo); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo); 7 años ( SSTS 91/2010, de 15-2; 235/2010, de 1-2; 338/2010, de 16-4; y 590/2010, de 2-6); 5 años y medio ( STS 551/2008, de 29 de septiembre); y 5 años ( SSTS 271/2010, de 30- 3; y 470/2010, de 20-5).

En el caso que nos ocupa, no estamos ante un hecho delictivo de compleja investigación; de hecho la misma fue ágil, viéndose algo más dilatada por la imposibilidad de localizar al acusado para notificarle el Auto de apertura de juicio oral. Ahora bien, presentado el escrito de defensa, el día 1 de agosto de 2022 se dictó diligencia de ordenación por la que se acordaba la remisión de las actuaciones al Juzgado Penal competente para el enjuiciamiento de los hechos, teniendo entrada en el Juzgado Penal nº 4 de Móstoles el 5 de agosto de 2022, sin que se dictara Auto de admisión de prueba hasta el 9 de junio de 2023, dictándose ese mismo día diligencia de señalamiento que fijaba el acto de la vista para el día 17 de octubre de 2023 que hubo de ser suspendida debido a la imposibilidad de citación del acusado por encontrarse en paradero desconocido, sucediéndose desde entonces las suspensiones de los sucesivos señalamientos hasta que, tras dictarse la oportuna requisitoria, fue localizado y, al ser la pena solicitada inferior a dos años de prisión, pudo celebrarse el juicio en su ausencia puesto que tampoco acudió a dicho acto.

Lo expuesto evidencia, por tanto, que el tiempo transcurrido entre el Auto de admisión de la prueba y la celebración del acto de juicio oral fue exclusivamente debida a la actuación del acusado que imposibilitó su localización al no comunicar al Juzgado su cambio de domicilio. Por ello, no procede aplicar la indicada atenuante y, por tanto, el motivo, y con ello el recurso, ha de ser desestimado.

QUINTO.- No existiendo motivos para su imposición expresa, procede declarar de oficio las costas en esta segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.