Sentencia Penal 253/2024 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 2, Rec. 79/2023 de 11 de octubre del 2024

PRIMERO.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba practicada en juicio se ha limitado a la declaración del acusado (que se ha producido en último lugar tras haber llevado a cabo el resto de las propuestas), la testifical de la madre de la menor, la exploración de ésta practicada en sede de instrucción como prueba preconstituída y las periciales propuestas, además de la documental obrante en autos que la totalidad de las partes han dado por reproducida.

El acusado ha negado tajantemente y en todo momento los hechos por los que se acusa, incluída la circunstancia de que Adela y él estuvieran solos en el domicilio en ningún momento. Así las cosas, la única prueba de cargo directa en la que se fundamenta la hipótesis acusatoria es la declaración de la propia menor practicada en el acto del juicio mediante la reproducción de la llevada a cabo en fase de instrucción como prueba preconstituída con todas las garantías y requisitos exigidos en el art. 449 bis de la LECrim y con intervención de las psicólogas del Equipo Psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia (en lo sucesivo IMELGA). Según el informe pericial sobre la credibilidad del testimonio emitido por las mismas psicólogas del IMELGA que intervinieron en la prueba presnstituída, en la misma relata los dos episodios antes descritos con la suficiente claridad, persistencia y consistencia como para tenerlos como ciertos y acreditados. La declaración de la menor les resulta creíble y coherente atendiendo a la edad y circunstancias de la misma, y han excluído posibilidad de fabulación o invención de episodios no producidos. Ni se aprecia la falta de espontaneidad que pretende la defensa, ni contradicciones sustanciales que puedan poner en duda su relato. En sus conclusiones han calificado en el acto del juicio el relato de la menor como consistente y "altamente creíble", descartando intrusiones externas o motivaciones para informar falsamente, lo que excluye la posible influencia de terceros en la exposición de los hechos, que por otro lado coinciden con las primeras manifestaciones transcritas en el informe de urgencias del Hospital DIRECCION003 el día 20/03/2022 que el tribunal también ha podido constatar.

Las objeciones que ha puesto de manifiesto la defensa, apoyadas en el extenso contrainforme pericial psicológico de parte ratificado en el acto del juicio por la Dra. Asunción, pueden resumirse en las siguientes:

1º. Que no se han empleado fuentes de información complementarias como pudiera ser el padre de la menor con el que no se produjo ninguna entrevista, limitándose éstas a la menor y a su madre.

2º. Que en el proceso de evaluación pericial no se ha utilizado el método de generación y falsación de hipótesis alternativas que puedan ser valoradas.

3º. Que se aprecian graves déficits metodológicos y técnicos en la aplicación del Sistema de Validez de las Declaraciones (SVA) y el Análisis de Contenido de la Declaración (CBCA).

4º. Por todo lo anterior, la perito ha valorado el relato de la menor en su exploración como "altamente increíble".

Ello supone que nos encontramos ante dos informes periciales absolutamente contradictorios en cuanto a la valoración de la credibilidad del testimonio, lo que resulta relativamente habitual en casos como el que juzgamos en el que, además de los acordados de oficio, se han aportado otros de parte. Se trata de pruebas científicas que pretenden aportar los conocimientos obtenidos por la denominada psicología del testimonio en los últimos tiempos. Sin embargo, tales informes tienen un alcance probatorio limitado y, de forma reiterada, la jurisprudencia advierte que ni pueden informar sobre la realidad del relatado, ni sustituir la función jurisdiccional de valoración probatoria. Sólo a modo de ejemplo y por citar algunas de las más recientes:

- La STS de 14 de junio de 2023, con cita de otras anteriores, advierte del riesgo de otorgar un valor probatorio absoluto sobre la credibilidad del testimonio a tales informes: "Por otro lado, no estorba tampoco recordar que, como señalara, por ejemplo y entre otras, nuestra sentencia número 840/2022, de 24 de octubre : "En todo caso resulta obligado insistir en que este tipo de informes no acreditan por sí el hecho delictivo y no pueden servir de fundamento para invocar un error de valoración probatoria por el cauce establecido en el artículo 849.2 de la LECrim . Es cierto que son pruebas complementarias que pueden ayudar, en ocasiones, en la valoración de la credibilidad de un testimonio pero esa valoración corresponde en exclusiva al tribunal, bien de instancia, bien de apelación, ponderando no sólo el testimonio, sino las restantes pruebas relacionadas con él. En algunas sentencias de esta Sala se ha atribuido a esos informes la condición de pruebas de indudable valor ( STS 658/2018, de 14 de diciembre ) o una prueba de complemento o refuerzo sólo en el caso de menores de edad por las limitaciones psicofísicas derivadas de su falta de madurez ( STS 800/2022, de 22 de septiembre ) pero siempre hemos dicho que no corresponde a los psicólogos establecer la veracidad de las declaraciones, que es competencia del Tribunal en su exclusiva función de juzgar y valorar las pruebas practicadas ( SSTS 238/2011 de 21 de marzo , 17/2017 de 20 de enero , entre otras). En esa misma dirección en la reciente STS 741/2002, de 20 de julio , hemos declarado, con cita de otra sentencia anterior ( STS 179/2014, de 6 de marzo ), "(...) que no se discuten los conocimientos especializados de los psicólogos, pero no se puede sustentar la credibilidad de un testimonio en informes, que tanto sean en un sentido o en otro, ni refuerzan ni descalifican el testimonio específico y concreto de una persona. El análisis crítico del testimonio es una tarea consustancial a la responsabilidad de valorar y resolver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su comportamiento en el caso concreto. Para bien o para mal los jueces, según el imperio de la ley, son los que, en último punto, deben valorar, con su personal criterio, la verosimilitud de las versiones que escuchan de los testigos o acusado, sin delegar esta misión en manos de terceros (...)".

-En el mismo sentido, y de forma todavía más gráfica y rotunda a la hora de excluir la posibilidad de trasladar acríticamente el resultado de tales informes periciales, la STS de 31 de mayo de 2023: "El juicio del psicólogo jamás podrá suplantar al del Juez, aunque puede ayudar a conformarlo. El peritaje sobre credibilidad de la declaración de un menor, recuerda la STS 36/2020, de 6 de febrero , establece al contrastar sus declaraciones con los datos empíricos elaborados en esa ciencia, si existen o no elementos que permitan dudar de su fiabilidad. Pero esos informes no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención ( STS 143/2017, de 7 de marzo ).

- Por último, la STS de 26 de abril de 2023: "El informe sobre la credibilidad de la testigo menor ha coadyuvado a la convicción de la Sala. Es bastante expresivo. En los parámetros en que se mueve esa ciencia no es posible proclamar de manera apodíctica la credibilidad absoluta, en ningún caso. Las calificaciones al uso oscilan entre la "incredibilidad" y la "credibilidad" pasando por la "imposibilidad de determinar" o el "probablemente creíble" o "increíble", o "muy probablemente creíble" o "altamente probable". Para llegar a la certeza es necesario manejar otros criterios no estrictamente científicos que han de ser tomados en consideración en la tarea de enjuiciamiento. El juicio del psicólogo jamás podrá suplantar al del Juez, aunque puede ayudar a conformarlo. El peritaje sobre credibilidad de la declaración de un menor establece al contrastar sus declaraciones con los datos empíricos elaborados en esa ciencia, si existen o no elementos que permitan dudar de su fiabilidad. Pero esos informes no dicen, ni pueden decir, ni se les pide que digan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad. Esa es tarea del Tribunal que, entre otros elementos, contará con su percepción directa de las manifestaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permitan suponer fabulación, inducción, manipulación o invención (vid. STS 403/1999, de 23 de marzo , fundamento de derecho 4o o SSTS 1131/2002 , de 10 de septiembre . 255/2002 , de 18 de febrero , 1229/2002, de 1 de julio y 705/2003, de 16 de mayo )".

Como en cualquiera prueba de carácter científico, no se puede reclamar del tribunal un seguimiento ciego de las conclusiones alcanzadas por quien emita ese tipo de informes. Ciertamente los jueces carecemos de los conocimientos técnicos y científicos que poseen las peritos que han redactado los dictámenes, pero ello no obsta para que podamos valorar la prueba mediante la aplicación de los más básicos esquemas racionales, que sí se nos suponen. A partir de las explicaciones metodológicas ofrecidas, consideramos que las principales objeciones a las que se refiere la contrapericia aportada por la defensa no permiten concluir, como pretende ésta, que no puede otorgarse crédito a las conclusiones ofrecidas por el dictamen de las psicólogas adscritas al IMELGA. Quedando fuera de toda duda que la totalidad de las psicólogas intervinientes poseen la titulación, las capacidades y los conocimientos científicos suficientes, así como la experiencia en el ámbito al que se refieren los informes, no apreciamos los pretendidos déficits metodológicos y técnicos (que además se califican como graves) en la aplicación del Sistema de Validez de las Declaraciones (SVA) y el Análisis de Contenido de la Declaración (CBCA), sino una distinta forma de interpretar los datos obtenidos y su valoración. La propia experiencia nos indica que el riesgo de error en la interpretación de los datos obtenidos a través de la aplicación de los criterios del SAV está siempre presente, siquiera sea porque los momentos en que los distintos peritos intervienen no siempre coinciden y tienen acceso al expediente judicial para contrastar datos en un momento histórico determinado en el que es posible que se haya incorporado el resultado de nuevas diligencias practicadas que pueden incidir en las conclusiones a las que llegan. En el presente caso, además, concurre una circunstancia esencial: las psicólogas del IMELGA interactuaron directamente con la menor al actuar como auxiliares en el desarrollo de la exploración llevada a cabo como prueba preconstituída, posibilidad vedada a la Dra. Asunción que, sin embargo, ha contado con la ventaja de conocer el dictamen de aquéllas. No pretendemos con ello otorgar mayor valor científico a ninguno de los dos informes (a los que reconocemos una excelente calidad técnica), ni caeremos en el error que se aprecia en algunas sentencias que parecen otorgar siempre mayor credibilidad a los informes acordados de oficio y emitidos por organismos oficiales frente a los particulares propuestos a instancia de parte (en tal sentido se ha expresado el TS en su sentencia de 14 de marzo de 2022 cuando dice "...Las exigencias cognitivas que impone el principio de presunción de inocencia resultan incompatibles con fórmulas minimalistas de validación que tomen en cuenta solo las singularidades corporativas del perito y no el método o fiabilidad epistémica de las conclusiones alcanzadas. No es aceptable, por ejemplo, que se descarte el valor de la pericia propuesta por una parte del proceso porque concurran en el cuadro probatorio peritos oficiales bajo el argumento exclusivo de la condición de funcionarios imparciales de estos últimos. La imparcialidad, que desde luego es un valor de la función pericial, sin embargo, no asegura por sí misma la mejor tecnicidad y racionalidad de las conclusiones ni las inmuniza"),pero tampoco podemos obviar las conclusiones del dictamen de las psicólogas del IMELGA por el hecho de que no se hayan planteado de forma expresa hipótesis alternativas cuando tal circunstancia alcanza su verdadera trascendencia no tanto en la metodología empleada en el SAV sino en la función judicial de valoración de la prueba.

En definitiva no se debe aceptar acríticamente el resultado de este tipo de pericias, que sí pueden ser tomadas en consideración si se identifica con claridad su verdadero valor y se distingue entre el juicio de credibilidad subjetiva (único objeto de la pericia) y el juicio de fiabilidad de la información que proporciona el testigo, juicio que sólo puede ser jurisdiccional y que se llevará a cabo en concordancia con el resultado del resto de las pruebas en una valoración conjunta tal y como exige nuestro sistema procesal. Limitándose pues la función de tal prueba pericial a constituir una herramienta auxiliar para aclarar dudas sobre un aspecto concreto de la testifical (la credibilidad subjetiva del testigo), en el presente caso resulta escasa la ayuda que se nos aporta cuando las peritos han llegado a conclusiones tan dispares como considerar el relato de la menor como "altamente creíble" y "altamente increíble" respectivamente, lo que nos obliga a guiarnos exclusivamente por los parámetros establecidos por nuestra jurisprudencia: "Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, esta Sala tiene establecidos unos parámetros que, sin ser cada uno de ellos una exigencia axiomática para la validez del testimonio, sí facilitan que la verosimilitud responda a criterios lógicos y racionales con elusión de posicionamientos internos o intuitivos del Juez. Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. La credibilidad subjetiva se refleja por una aptitud física del testigo para percibir lo que relata cuando entra en confluencia con el plano psíquico, en el sentido de carecer el testigo de móviles espurios que debiliten la credibilidad de su versión. La credibilidad objetiva o verosimilitud de su testimonio, según pautas jurisprudenciales ya muy reiteradas, debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna), con el suplementario y relevante apoyo de datos objetivos que corroboren periféricamente la versión sustentada en el relato (coherencia externa). Por último, la persistencia en la incriminación, presta su eficacia analítica desde la evidencia de que los hechos vividos son únicos e inmutables, de modo que su descripción en sucesivas declaraciones, no solo debe estar despojada de modificaciones esenciales, sino que debe ser concreta, eludir vaguedades o generalidades, estar ausente de contradicciones, y ofrecer una conexión lógica con las versiones ofrecidas con anterioridad. Obviamente estos criterios son una guía para un análisis racional del fuste o de la solidez del testimonio, pero no constituyen un patrón inmutable y preciso desde el que extraer siempre su validez o suficiencia. E indicamos con frecuencia, como en la STS 677/2022, de 4 de julio que "La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia"( STS de 07/11/2022).

En tal sentido, no apreciamos en el relato ofrecido por la menor causa alguna de incredibilidad subjetiva, ningún móvil espurio aparece que pueda afectar a su declaración cuando, de tener algún ánimo de perjudicar al acusado, lo lógico hubiera sido que explicara lo sucedido de forma inmediata y por propia iniciativa. Tal descubrimiento de los hechos fue provocada por las preguntas de la madre ante las sospechas provocadas por la extrañísima conducta del propio acusado enviando mensajes pretendidamente exculpatorios antes incluso de que se hubiera producido la denuncia, y fue la propia Guardia Civil la que aconsejó que se preguntara a la menor sobre tales extremos al conocer que el acusado había tenido algunos comportamientos "extraños" como regalarle ropa interior o referirse a las cualidades físicas de la misma. Por otra parte, ninguna ganancia o beneficio secundario se aprecia que pudiera justificar que la menor mintiera o se inventara los hechos.

Por lo que se refiere a la credibilidad objetiva, del examen directo de la exploración, apreciamos una absoluta coherencia interna en el relato y suficientes detalles espacio temporales y sobre el modo en el que sucedieron los hechos que llevan a la convicción de que se trata de una verdadera experiencia vivida. Y hemos podido comprobar además que tales detalles fueron surgiendo y ampliándose a lo largo de la exploración porque resulta evidente que a la menor le resultaba muy incómodo referirse a los mismos. Sin que apreciemos, como ha pretendido la defensa en su informe, que las psicólogas intervinientes llevaran a cabo un "interrogatorio dirigido" sino que en todo momento mantuvieron una posición imparcial facilitando un relato espontáneo, pues el pedir aclaraciones a lo ya manifestado (singularmente a petición de las partes presentes y bajo el control judicial) no puede confundirse con la conducta intervencionista que invoca la defensa. Existen además elementos corroboración periférica que refuerzan la coherencia externa del relato como la evolución del comportamiento y relación con el acusado tras suceder los hechos, evitando a partir de ese momento cualquier contacto con el mismo tal y como ha relatado la madre, las manifestaciones sexualizadas sobre la menor que resultan claramente improcedentes respecto de una niña de trece años que además es la hija de su pareja o los daños y secuelas psicológicas acreditadas por la pericial forense ratificada en el acto del juicio a la que nos referiremos con más detalle cuando nos ocupemos de la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito.

Por último, concurre también la persistencia en la incriminación a lo largo de todo el proceso. No se aprecian contradicciones esenciales en la forma de exponer los hechos fuera de algunas de detalle que resultan lógicas tanto por la edad de la víctima como por el tiempo transcurrido, pero que en nada afectan a la credibilidad del relato.

La única testifical practicada ha sido la declaración de la madre de la menor. Es cierto que hay que valorar la misma como la de un testigos de referencia del hecho principal y que por sí mismas sus manifestaciones no pueden constituir prueba de cargo suficiente, pero sí aportan el mencionado elemento corroborador de lo manifestado por la menor en la exploración. Idéntica naturaleza ha de conferirse a la documental unida a las actuaciones que incorpora el contenido de los mensajes remitidos por el acusado y que han sido reproducidos en el acto del juicio.

El Ministerio Fiscal incluye en su acusación un delito de exhibición de material pornográfico a menores de edad por los hechos que describe en su escrito de conclusiones. Hay que decir que ni en el auto de procesamiento ni en el auto de apertura de juicio oral se hace referencia alguna a tales hechos, por lo que entendemos que su inclusión posterior sobrepasa el verdadero objeto de la "litis" y su incorporación sorpresiva y extemporánea afectaría además directamente al derecho de defensa, motivo por el que no pueden incorporarse al relato fáctico de la presente sentencia. Pero es que, a mayor abundamiento y sólo para el hipotético caso de que ulteriores y superiores instancias discrepen de tal interpretación, de la prueba practicada no se deriva ninguna conducta que pudiera ser incardinada en el delito al que se refiere el art. 186 CP. El hecho de que la menor pudiera ver accidentalmente (según sus manifestaciones sólo por un instante) imágenes pornográficas que el acusado estuviera reproduciendo en su teléfono móvil, hecho que tampoco podemos considerar como probado fuera de toda duda razonable, no supone una exhibición de tal material con el ánimo de atentar contra el bien jurídico protegido por los delitos de exhibicionismo y provocación sexual que no es otro que la indemnidad sexual de tales menores.

SEGUNDO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA

Los hechos relatados en los dos primeros de los declarados como probados son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años del art. 181.1, 2 y 3º en relación con el 178 del CP en su redacción dada por la reforma de LO 10/2022 de 6 de septiembre, que se considera más favorable para el acusado que la vigente en el momento de producirse los hechos por establecer una horquilla penológica de 10 a 15 años de prisión frente a la de 12 a 15 años de la anterior. La totalidad de las partes, incluida la defensa, se han mostrado de acuerdo con tal valoración. Concurren en los mismos todos los elementos de tal delito como son la realización de actos que atentan contra la libertad e indemnidad sexual con empleo de violencia o intimidación sobre una menor de 16 años, consistiendo tales actos en acceso carnal o penetración por vía vaginal y bucal y, en el primero de los hechos, con introducción de objeto por vía vaginal.

La evidencia de que se produjeron dos episodios similares de agresión sexual antes de que alcanzara la menor la edad de dieciséis años y la imposibilidad de determinar las fechas exactas de cada uno de ellos determina la aplicación del art. 74 CP y la calificación de delito continuado por concurrir cuantas circunstancias se describen en el mismo y no estar exceptuados en el apartado tercero del precepto los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Concurre además la agravante específica de prevalerse el autor de una relación de superioridad relacionada con el grado de parentesco, convivencia y dependencia familiar, al ser éste la pareja sentimental de la madre de la menor y actuar como guardador de la menor cuando ambos se encontraban solos en el domicilio como ya se ha dicho y prevalerse el acusado de tal circunstancia en los términos a los que se refiere el art. 181.4 e) CP aplicable. La relación de convivencia familiar, la diferencia de edad entre ambos y el resto de las circunstancias mencionadas, justifican sobradamente su apreciación.

Ya nos hemos referido a la imposibilidad de pronunciarnos sobre los hechos que el Ministerio Fiscal califica como constitutivos de un delito de exhibición de material pornográfico a menores de edad, hechos que en todo caso no se consideran probados, por lo que procede la libre absolución del acusado por lo que se refiere a tal delito.

TERCERO.- AUTORÍA

Del delito antes definido responde en concepto de autor el acusado Sergio, conforme dispone el art. 27 en relación con el art. 28 del Código Penal, al haber realizado directa y materialmente todos los elementos integrantes del tipo.

CUARTO.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS

En la realización de tal ilícito penal no concurre circunstancia genérica alguna modificativa de la responsabilidad criminal, todo ello sin perjuicio de que la especial de prevalimiento y superioridad haya sido tenida en cuenta para la agravación específica del primero del delito.

QUINTO.- PENAS

Con relación a la extensión individualizada de la pena, el delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años empleando violencia e intimidación de los arts. 181.1, 2 y 3 en relación con el 178 del CP aplicable aparece castigado en abstracto con la pena de prisión de 10 a 15 años. La concurrencia de la agravante específica a que se refiere el art. 180.1.4 e) CP obliga a imponer la misma en su mitad superior según lo, lo que nos deja una pena en abstracto de prisión de 12 años, 6 meses y 1 día a 15 años. Si a ello añadimos las consecuencias propias de la continuidad a que se refiere el art. 74 CP, deberá imponerse a su vez en su mitad superior por ser idénticos en gravedad los delitos que constituyen tal continuidad, sin que se justifique la elevación hasta la mitad inferior de la pena superior en grado que también permite el mismo precepto, por lo que la pena de prisión en abstracto a imponer será la de 13 años, 9 meses y 1 día a 15 años.

Al no concurrir circunstancia genérica modificativa de la responsabilidad criminal alguna, el art. 66.1.6ª CP permite recorrer la misma en toda su extensión atendiendo a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.Atendida la corta edad de la víctima que contaba tan solo con 13 años de edad (pues el resto de las circunstancias ya han sido tenidas en cuenta para la agravación específica y las consecuencias penológicas de la continuidad), procede imponer la pena de prisión de CATORCE AÑOS, algo por encima de la mínima, que se considera adecuada para el reproche de antijuricidad y culpabilidad del caso a la vista de las circunstancias antes mencionadas, sin que se justifique tampoco una superior en consideración a que no se repitieron la conductas delictivas a pesar de que la convivencia se mantuvo durante cuatro meses posteriores a los hechos y que tales conductas aparecen castigadas de forma suficientemente exigente en nuestro Código Penal en relación a otras que protegen bienes jurídicos distintos pero no menos graves.

Procede asimismo imponer la accesoria de inhabilitación absoluta, de carácter obligatorio en el art. 55 CP, que además ha sido interesada explícitamente por las acusaciones en sus conclusiones definitivas.

Ambas acusaciones, de acuerdo a lo previsto en el art. 57 en relación con el 48 del CP, solicitan que se imponga al acusado la prohibición de aproximarse a Adela a menos de 500 metros de cualquier lugar en que se encuentre, a su domicilio, su lugar de estudio y cualquier punto que ésta frecuente, por tiempo de 20 años, y la pena de prohibición de comunicarse con la menor por cualquier medio por igual tiempo. Pretensión que se considera adecuada en cuanto al contenido por las características del delito y la relación existente entre el acusado y la familia de la perjudicada. En cuanto a su determinación individualizada, se considera la distancia de 500 metros como adecuada para la prohibición de aproximación y se fija el tiempo en un total de 19 años, que se considera adecuado a sus fines y constituye el límite temporal al que se refiere el art. 57.1 por tratarse de un delito grave.

El art. 192 CP impone como preceptiva la medida de LIBERTAD VIGILADA cuando la condene afecte a un delito del título VIII, a ejecutar tras el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Atendido que finalmente el acusado ha sido condenado por delito grave, la duración ha de ser de 5 a 10 años. Tomando en consideración similares argumentos a los referidos a la hora de individualizar la pena de prisión, se establece la misma por tiempo de 6 años cuyo contenido se determinará en el momento de su aplicación.

También por imperativo de lo previsto en el art. 192.3 CP aplicable procede imponer al acusado las accesorias de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidas, que conlleven un contacto regular y directo con personas menores de edad por un periodo de 19 años y la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento por tiempo de 5 años.

SEXTO.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Siendo evidente que el delito por el que se condena al acusado han ocasionado un manifiesto daño moral a la menor, como ha resultado acreditado por la pericial psicológica practicada, y ante la dificultad que ofrece la determinación del mismo por desconocerse las repercusiones que puedan tener tales episodios en su normal desarrollo de la personalidad en los próximos años, circunstancia sobre la que las peritos tampoco han sido capaces de pronunciarse, se fija la cantidad prudencial de 45.000 euros solicitada por la acusación pública como indemnización para compensar tales perjuicios. Habiéndose acreditado asimismo la causación de los daños psicológicos y las secuelas de la misma naturaleza descritas en el relato de hechos probados, y elevando ligeramente las cantidades previstas en el baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico por tratarse en este caso de delitos dolosos, se determinan en su conjunto en 10.000 euros. Por lo que la indemnización global a cargo del acusado alcanzará los 55.000 euros.

El Ministerio Fiscal ha interesado que el acusado indemnice también al SERGAS en la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria prestada a la menor. Sin embargo, consideramos que tal prestación de servicios médicos públicos no puede ser calificada como un daño o perjuicio causado por el delito en los términos a los que se refiere el art. 109.1 CP.

SÉPTIMO.- COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 123 del Código Penal las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta y comprenderán los conceptos que detalla el art. 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habiéndose condenado finalmente por el único de los delitos que podía ser objeto de acusación, corresponde la condena por la totalidad de las costas. En el presente caso, además, habrá que considerar incluidas las de la acusación particular, debiendo aplicarse a este respecto la doctrina jurisprudencial que establece los criterios para la imposición de tales costas y que aparecen resumidas en la sentencia del T.S. de 11-12-2000: "a) la condena de los delitos solo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las costas de la acusación particular ( art. 124 del CP) ; b) la condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general la imposición de las costas devengadas por la acusación particular o acción civil; c) la exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia, supuesto este último que en modo alguno puede considerarse concurrente en la presente causa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación