Aceptamos e damos por reproducidos os feitos que se declaran probados na sentenza obxecto de recurso.
Primeiro.- Neymar foi absolvido na instancia do delito leve de coaccións do artigo 172.3 do Código penal que lle imputaba Gadiel, quen agora acode en apelación perante esta alzada.
Segundo.-Entre as esixencias constitucionais que derivan do exercicio da acción penal polos acusadores, a recente STC 72/2024, do 7 de maio, lembra que está a de recibir unha resposta motivada e fundada en dereito sobre a pretensión de condena. Non se pode cuestionar así, segundo a amentada sentenza, a posibilidade abstracta de revisión en apelación do xuízo fáctico da sentenza absolutoria da instancia cos efectos reparadores inherentes, por ser esta unha consecuencia do dereito á tutela xudicial efectiva, neste caso, da parte acusadora.
En contraposición ás sentenzas condenatorias, a mesma STC 72/2024, do 7 de maio, subliña o seguinte:
[...] la exigencia de motivación de las sentencias absolutorias se mueve en el plano general de cualesquiera otras. Lo expuesto no supone que en ellas pueda excluirse la exigencia general de motivación de los actos del poder público: una sentencia absolutoria no puede ser expresión del mero decisionismo judicial, sino que ha de dar cuenta del porqué de ella. Aun cuando no afectara a otros derechos fundamentales, como ocurre siempre en el caso paralelo de las sentencias condenatorias, la ausencia de motivación sería contraria al principio general de interdicción de la arbitrariedad del ejercicio del poder público. Esta exigencia de motivación fáctica es igualmente aplicable ya se aprecie inexistencia o insuficiencia de la prueba de cargo, o se concluya en la existencia de duda razonable acerca de la acreditación del presupuesto fáctico de la pretensión de condena. Así lo expusimos en la STC 112/2015 , de 8 de junio , FJ 5, al señalar que la motivación del juicio fáctico de una sentencia absolutoria tiene una exigencia de menor contenido en cuanto que su razonamiento no se dirige a destruir la presunción inicial de inocencia sino a exteriorizar que la prueba practicada no la desvirtúa en absoluto o con suficiente intensidad. Con cita de las SSTC 158/2002 , de 16 de septiembre, FJ 6 ; 30/2006 , de 30 de enero, FJ 5 ; 82/2009 , de 23 de marzo, FJ 6 , y 107/2011 , de 20 de junio , FJ 2, añadimos entonces que "la motivación de la resolución absolutoria habrá de expresar aquellos elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios que la fundamentan, sin expresar un juicio fáctico o de subsunción que constituya una aplicación arbitraria de la legalidad, manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incursa en un error patente, por la que la aplicación de la legalidad haya sido tan solo una mera apariencia".
Os pronunciamentos da xurisprudencia constitucional sobre as referidas posibilidades e límites da revogación de sentenzas absolutorias na instancia en virtude da capacidade impugnadora da avaliación probatoria recoñecida ás acusacións redúcense, como lembra a mesma recente STC 72/2024, do 7 de maio, a tres supostos: a revogación de sentenzas absolutorias acompañada dun pronunciamento condenatorio, a revogación de sentenzas absolutorias por lesión de garantías procesuais das acusacións e a revogación de sentenzas absolutorias de tribunais do xurado por defectuosa motivación do veredicto.
Descartándose evidentemente este último suposto, semella que no presente caso se trataría dunha mestura dos dous primeiros, xa que o apelante, Gadiel, alega no seu recurso o erro na avaliación da proba e a vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva por falta de motivación, incongruencia omisiva e avaliación incompleta da proba, para finalmente solicitar que se anule a sentenza da instancia e que se retrotraian as actuacións ao momento do xuízo oral.
Terceiro.-Sabido é que vulnera o dereito a un proceso con todas as garantías - artigo 24.2 da Constitución española- que un órgano xudicial, coñecendo en vía de recurso, condene a quen foi absolvido na instancia ou empeore a súa situación a partir dunha nova avaliación de probas persoais ou dunha reconsideración dos feitos declarados probados para establecer a súa culpabilidade, sempre que non realizase unha audiencia pública en que se desenvolvese a necesaria actividade probatoria, coas garantías de publicidade, inmediación e contradición que lle son propias, nin se dea ao acusado a posibilidade de defenderse mediante o seu testemuño persoal.
Si que pode o órgano xudicial da segunda instancia anular unha sentenza absolutoria nos casos en que constate unha creba dunha regra esencial do proceso en prexuízo da acusación, xa que a ausencia de garantías non permite falar de "proceso" en sentido propio, nin pode permitir tampouco que a sentenza absolutoria adquira o carácter de inatacable na medida en que foi pronunciada no seo dun proceso penal substanciado sobre un proceder lesivo das máis elementais garantías procesuais das partes.
Segundo a xa citada recente STC 72/2024, do 7 de maio, e máis aínda a STC 80/2024, do 3 de xuño:
[...] es necesario destacar que el modelo limitado de revisión en segundo grado que nuestro ordenamiento jurídico reconoce en favor de las partes acusadoras ha permitido siempre cuestionar en apelación el juicio fáctico de una sentencia absolutoria alegando la existencia de "error en la valoración de la prueba". A través de este motivo, en atención a que la pretensión es la revocación de una sentencia absolutoria, ha sido y es posible denunciar la manifiesta irrazonabilidad de las conclusiones probatorias que han llevado a la absolución, en tanto que vulneración de una de las garantías constitucionales esenciales de las partes acusadoras reconocidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ). Sin embargo, no resulta posible, conforme a una interpretación constitucionalmente asumible de este motivo de recurso contra sentencias absolutorias, que a su amparo se vuelvan a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral de instancia para, de ellas, extraer una conclusión probatoria alternativa que confronte y pretenda sustituir la alcanzada en la instancia. Dada su naturaleza, la revisión que es posible en segundo grado no se refiere a las pruebas en sí mismas, sino a la sentencia recurrida, y a la fundamentación de su valoración.
Por tanto, las posibilidades efectivas de revocación de una sentencia absolutoria al amparo de este motivo de recurso se limitan constitucionalmente a un control de razonabilidad cuyo objeto puede extenderse: (i) a la motivación o justificación de la conclusión probatoria, cuando resulte ausente, insuficiente o apoyada en un error de hecho patente que derive de las actuaciones; (ii) a la utilización de reglas de inferencia fáctica contrarias a la lógica, el conocimiento científico o las máximas de experiencia; (iii) a la omisión de razonamiento sobre pruebas practicadas que sean relevantes para el fallo; o finalmente (iv) a la previa decisión de excluirlas del acervo probatorio por considerarlas inválidas (contrarias a los principios de igualdad de armas y contradicción) o ilegítimas (por haberse declarado que fueron obtenidas como consecuencia de la vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales sustantivos). Se trata, en última instancia, de criterios de control que son garantía frente a la arbitrariedad de la decisión judicial absolutoria lesiva de una garantía constitucional esencial de las acusaciones reconocida en el art. 24.1 CE , y que, sintetizando jurisprudencia anterior, han sido oportunamente recogidos en el art. 790.2 LECrim . tras su reforma por Ley 41/2015.
Atendiendo a los criterios expuestos, que son parámetro constitucional de control de las decisiones sobre el juicio fáctico de instancia adoptadas en apelación, es posible distinguir conceptualmente el juicio sobre el hecho y sobre la prueba, que realiza el juzgador de instancia, y la revisión de la racionalidad del juicio probatorio de instancia, que realiza el juez de segundo grado o de apelación, sin que pueda introducir hechos o establecer nuevas conclusiones probatorias.
En conclusión, para desarrollar la tarea de control de la racionalidad y suficiencia de la decisión absolutoria al amparo de una causa de recurso que permita controvertir el juicio fáctico de la instancia en que se basa la absolución, el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas: el vicio de justificación que posibilita la anulación de la sentencia absolutoria con fundamento en una eventual vulneración de la interdicción de la arbitrariedad como garantía constitucional esencial de las acusaciones reconocida en el art. 24.1 CE , debe emerger del texto de la decisión, confrontado con el desarrollo del juicio y la prueba documental que a él ha accedido, que siempre puede ser tomada en consideración a estos efectos ( STC 120/2009 , de 18 de mayo , FJ 4). Todo ello sin perjuicio de que las omisiones valorativas probatoriamente relevantes denunciadas por la acusación sean verificadas por el órgano revisor, en todo caso, sin prejuzgar el resultado de un nuevo enjuiciamiento. El control que es posible en apelación para controvertir el juicio fáctico de una sentencia absolutoria no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado.
Cuarto.-O erro na avaliación da proba e a vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva por falta de motivación, incongruencia omisiva e avaliación incompleta da proba, como xa se reflectiu, son os motivos en que o apelante, Gadiel, basea o seu recurso para solicitar agora a anulación da sentenza da instancia e que se retrotraian as actuacións ao momento do xuízo oral.
Pois ben, na sentenza contra a que se apela admítese que os feitos denunciados -que Gadiel asinara con Neymar un contrato de alugueiro con opción de compra, que este último retirara o peche metálico colocado polo primeiro e que tallara as árbores existentes no terreo- poderían ser constitutivos dun delito leve de coaccións, pero tamén que da proba practicada non se tiraban os requisitos necesarios para apreciar a concorrencia deste ilícito penal.
Dada a exhaustividade do razoado na instancia por quen, coa súa insubstituíble inmediación, tivo un contacto directo coas probas practicadas na súa presenza, é mester remitirse a todo o que a xuíza reflectiu. Así:
En el presente caso, es cierto que el denunciado, D. Neymar, reconoció haber realizado gestiones con una empresa maderera a efectos de llevar a cabo una tala en la finca de litis. Sin embargo, aseguró D. Neymar que realizó dichas gestiones por encargo de D. Wilson, al considerar que era este titular de la finca en cuestión.
Al hilo de lo anterior, practicada la declaración del propio denunciante, este mismo vino a reconocer que, efectivamente, era D. Wilson quien sostenía ser titular de la finca, extremo que también vino a ser corroborado por el testigo, D. Yulian, quien aseguró que en un encuentro en el que estaban presentes el propio testigo y D. Wilson, este último aseguró que toda la parcela NUM000 le pertenecía y que no iba a permitir poner cierre a la misma.
Y, no constando que exista ninguna relación de subordinación entre D. Wilson y D. Neymar, que nos pudiera llevar a pensar que el primero actuó por orden del segundo, difícilmente podríamos considerar que la conducta del denunciado, que se habría limitado a realizar gestiones con una empresa maderera para la corta de árboles en un terreno ajeno, pudiera tener como finalidad impedir al denunciante su derecho de uso sobre la parte de parcela que este último asegura haber arrendado.
Es cierto que el padre del denunciante, que compareció como testigo en el acto de la vista, aseguró que Wilson es empleado de D. Neymar. Sin embargo, estimamos que esta declaración testifical resulta insuficiente en aras a probar tal extremo, en vista de la estrecha relación de parentesco existente entre el testigo y el denunciante.
No obstante lo expuesto, de considerar que, al tiempo de los hechos, se encontraba vigente un contrato de arrendamiento suscrito entre D. Gadiel y la empresa "ORBALLA NA TOMADA", de la cual forma parte el denunciado, sobre la parcela en la cual se llevó a cabo la tala, sí podríamos cuestionarnos la existencia de dicha intención de impedir al denunciante el disfrute de la finca, especialmente habida cuenta de las malas relaciones existentes entre las partes, que quedaron de manifiesto en la celebración de la vista.
Sin embargo, lo cierto es que tampoco podemos considerar acreditado que el contrato de arrendamiento suscrito por D. Gadiel incluyese la porción de terreno en la cual se llevó a cabo la tala. Así, independientemente de que el denunciado incluso llegó a negar haber suscrito ningún contrato posterior al de fecha 01/06/2022, aportado por ambas partes, aun tomando por veraz el contrato posterior, de fecha 01/06/2023, y que no es reconocido por el denunciado, no podemos considerar probado que este incluya la porción de terreno en la cual se realizó la tala, pues dicho contrato menciona varias fincas -Contrabaixo, Lugar do Medio o Leira da Fonte- con una determinada superficie, que no podemos situar en el plano catastral al no haberse practicado prueba pericial al respecto. Es más, llama la atención que, habiéndose indicado en el contrato de arrendamiento de fecha 01/06/2023 que "se acompaña reportaje gráfico de situación y fotográfico" de los terrenos, no conste en la documentación aportada tal reportaje.
A mayor abundamiento, tampoco ha resultado acreditado que D. Gadiel se hallase en posesión de la finca en cuestión al tiempo de los hechos, ni que se hubiera retirado un cierre metálico puesto por el denunciante para defender el terreno que dice haber arrendado.
Sobre este último aspecto, el denunciado negó que hubiera cierre alguno en la finca, señalando que lo único que existía eran unos alambres propiedad de Wilson. Y, al respecto, ninguna prueba se ha practicado respecto a qué elemento en concreto existía en la finca y quién lo habría colocado, debiendo esta carencia probatoria redundar en perjuicio del denunciante, al corresponder a este la carga de la prueba de los elementos constitutivos del delito de coacciones.
Sobre este punto, es cierto que el testigo, D. Yulian, habló de la existencia de un cierre, señalando que fue él mismo quien comunicó al padre del denunciante que había sido retirado por los madereros. Sin embargo, entendemos que esta testifical no resulta suficiente en aras a acreditar la colocación del cierre por parte del denunciante, especialmente considerando que el propio testigo reconoció que reside, con autorización, en las fincas alquiladas por el SR. Gadiel, de lo cual se desprende que el testigo se encuentra en una situación de precario sobre las viviendas alquiladas por el denunciante, extremo que pone en duda imparcialidad a dicho testigo.
Por otro lado, en cuanto a la posesión, por parte del SR. Gadiel, respecto a la porción de terreno en que se llevó a cabo la tala y en la cual se asegura que el denunciante se ha visto impedido para colocar nuevamente su cierre, tampoco resulta acreditada.
Así, desconocemos, por no haberse practicado prueba alguna al respecto, si con anterioridad a la tala de los árboles el denunciante había ejercitado actos de posesión sobre la porción de terreno en cuestión, por lo que no resultando acreditado su arrendamiento ni tampoco su posesión por el denunciante, difícilmente podemos considerar que se le haya impedido el ejercicio de facultad alguna, en los términos exigidos por el tipo penal de las coacciones.
Dun xeito ben doado pódese comprobar que o apelante sitúa o suposto erro na avaliación da proba, que alega como motivo de apelación, no feito de que a xuíza da instancia, ao proceder consonte os artigos 741 e 973.1 da Lei de axuizamento criminal, non cadrase xusto coa súa tese e conclusións. Mais niso precisamente consiste a función de xulgar, en facelo á marxe dos lexítimos e comprensibles intereses das partes e non dobregándose aos delas ou aos dunha en concreto.
As desavinzas que se tiran das malas relacións existentes entre o denunciante-apelante e o denunciado-apelado ben poden ser dirimidas e resoltas noutro eido alleo a este sempre restritivo penal. E ningunha incongruencia omisiva ou falla de consideración dalgún medio probatorio se albisca na sentenza contra a que se apela dende o momento en que o declarado probado é que non se acreditou a existencia do referido contrato de arrendamento entre o denunciante e o denunciado e que, admitindo hipoteticamente que existise, por ningures se xustificou que a porción de terreo onde se tallaron as árbores formase parte del; e a que se alega falla de expresa mención na sentenza contra a que se apela doutros medios de proba -correos electrónicos, pago das subministracións da vivenda existente no fundo e das mensualidades do contrato, e albará de compra duns postes de delimitación- pódese entender suplida coa súa tácita e derivada alusión naquela; e mesmo, a teor do razoado pola xuíza, non mudarían o pronunciamento adoptado, que parte da base, lémbrese, da non constancia do contrato de arrendamento con opción de compra sobre o terreo discutido, nin de que o denunciado retirase o peche instalado polo denunciante e cortase as árbores alí existentes, nin de que existise algunha relación de subordinación entre o denunciado e quen tamén afirma ser o dono da parcela en cuestión.
En conclusión, rexeito o recurso e confirmo a sentenza contra a que se apelaba.
Quinto.-As custas desta segunda instancia declároas de oficio.
Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,
