Sentencia Penal 314/2024 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 2, Rec. 7/2022 de 18 de diciembre del 2024

Primeiro.- Cuestións previas

Xa as resolvemos no sentido que reflectimos ao comezo da segunda sesión do xuízo oral; entón tamén nos remitiamos ao que máis polo miúdo se puidese razoar nesta sentenza, e así pasamos a facelo. No devandito momento acordamos:

1.-Admitir as probas testemuñais-periciais solicitadas pola fiscala ao abeiro do artigo 786.2 da Lei de axuizamento criminal por, a teor da interpretación xurisprudencial do devandito precepto legal, non poder considerarse como extemporáneas e por vir motivadas polas impugnacións realizadas polo acusado no seu escrito de conclusións provisionais. Por iso, tampouco se pode considerar tal xeito de actuar como unha fraude procesual, un obstáculo ao dereito de defensa, nin un quebranto dos principios de contradición e igualdade de armas das partes, xa que agora sinxelamente a acusación solicita, por mor das impugnacións da defensa, a ratificación polos seus autores duns informes periciais, dos cales sempre tivo coñecemento o procesado. O mesmo se acordou en relación coa mera ampliación da documental ao abeiro e para os efectos do artigo 726 da Lei de axuizamento criminal, e respecto da achega doutra documental relacionada co tema da cadea de custodia das armas e municións que se descoñece se consta ou non nas actuacións, sen prexuízo, claro está, da súa valoración na sentenza. Agora cómpre engadir o seguinte.

Neste sentido, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 21 de febreiro de 2024 ( ROJ: STS 992/2024 - ECLI:ES:TS:2024:992) razoa:

Decíamos en STS 172/2023, de 9 de marzo de 2023 que " este tribunal viene afirmando (SSTS 20/2011, de 28 de marzo y 710/2000, de 6 de julio ) que "[...] desde el punto de vista formal la extemporaneidad de la proposición de una prueba no constituye un obstáculo absoluto a su admisibilidad. Esta Sala ha admitido la posibilidad de proponer la práctica de pruebas con posterioridad al escrito de calificación, siempre que exista una causa justificada para ello, no implique un fraude procesal y no constituya un obstáculo al principio de contradicción ( sentencia de 14 de diciembre de 1996 ) [...]".

Señalan las citadas sentencias que "(...) una interpretación racional del art. 729 de la LECRIM , en sus apartados 2º y 3º, permite concebir este cauce de incorporación de nuevas pruebas al juicio no como una suplantación por el Tribunal de las facultades de iniciativa probatoria de las partes, actuando de oficio, sino precisamente como una vía de incorporación al proceso de medios probatorios que no fueron propuestos por las partes en el momento procesal oportuno, pero que se manifiesten durante el juicio como objetivamente necesarios para la comprobación de los hechos (párrafo 2º) o el valor probatorio de las declaraciones (párrafo 3º), pruebas que en la práctica jurisdiccional son ordinariamente instadas o sugeridas en el acto por las partes y acogidas, o no, por el Tribunal ( STS núm. 710/2000, de 6 de julio ) sin que ello implique vulneración constitucional alguna (...)".

Vemos, por lo tanto, que, en atención a las circunstancias del caso, a través, incluso, de la vía del art. 729 LECrim . hay una jurisprudencia abierta a la admisión de prueba en pleno juicio oral y su valoración, siempre que no suponga algún tipo de merma en el derecho de defensa, entendido éste en su sentido material y efectivo.

Al margen esos casos, en el repaso hecho por la jurisprudencia he elegido alguna sentencia que me parece significativa, como es la STS 141/2019, de 13 de marzo de 2019 , en que decíamos:

"Como hemos dicho en nuestra STS 195/2014, de 3 de marzo , no se trata de propugnar un rígido entendimiento del principio de preclusión procesal, cuyo alcance en el proceso penal, dirigido a la verdad material, no puede ser idéntico a su vigencia en el ámbito civil. En suma, el compromiso del proceso penal con la búsqueda de la verdad material es tan intenso ( STS 869/2015, de 28 de diciembre ) que debe evitarse que por cuestiones formales se dejen de practicar pruebas que vayan dirigidas precisamente a comprobar la verdad material".

Se insiste en la misma idea en la STS 1004/2021 de 17 de diciembre de 2021 :

"Teniendo en cuenta la importancia que se reconoce en el proceso penal a la búsqueda de la verdad material como objetivo irrenunciable, la jurisprudencia ha extendido esa posibilidad excepcionalmente al procedimiento ordinario, si bien exigiendo que, al igual que ocurre en el abreviado o en el procedimiento ante el tribunal del jurado, existan razones justificadas, no se trate de un fraude procesal, y se respeten los principios de contradicción e igualdad de partes, evitando en todo caso la indefensión. En definitiva, se ha optado por una interpretación flexible de las normas procesales que, garantizando el respeto por los principios y las reglas esenciales del proceso y por los derechos de las partes, contribuya, al mismo tiempo, a un mayor esclarecimiento de los hechos, superando un entendimiento rígido de los formalismos que pudiera resultar injustificado".

Y, en STS 853/2023, de 22 de noviembre de 2023 :

"Como exponíamos en la sentencia núm. 802/2022, de 6 de octubre , "la prueba propuesta al inicio del juicio oral no puede tildarse en modo alguno de extemporánea. Tiene su viabilidad procesal en la utilización del cauce del art. 786.2 LECRIM aplicable tanto en el sumario como en el procedimiento abreviado, como reiteradamente ya ha señalado esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que no se trata ya de "imposibilidad material" de aportar pruebas al inicio del juicio, sino que se trata de una cuestión de pertinencia y necesidad en la admisión de la prueba y no de extemporaneidad".

Sentencia ésta que recoge doctrina de la STS 197/2018 de 25 abril 2018 , de la que transcribe lo siguiente:

"Sobre la proposición de prueba al inicio de las sesiones del juicio oral.

Rechazo del concepto "Factor sorpresa" en su aportación al inicio de las sesiones del juicio oral por las partes. El debate es sobre la pertinencia y necesidad.

Ahora bien, esta Sala debe fijar claro que sobre la proposición de prueba documental al inicio del juicio oral no existe la denominada proposición de prueba sorpresiva por las partes, concepto que, desde una construcción procesal es inadmisible, dado que admitida procesalmente la posibilidad de proponer prueba documental al inicio del juicio oral, no puede aludirse al "factor sorpresa" en su aportación al inicio de las sesiones del juicio oral para rechazar la prueba que se propone, dado que es un derecho de la parte llevarlo a cabo, y por ser al inicio de las sesiones cuando, también, las partes pueden llevarlo a cabo, tanto documental, como pericial o testifical. Otra cuestión distinta es la relevancia de esa aportación, o no, al objeto de alterar el proceso de convicción que pueda haber llevado el Tribunal tras el examen de la prueba practicada. Pero la viabilidad procesal de su aportación y su admisibilidad dependerá de otros factores en torno a los conceptos de "necesidad", o "pertinencia", pero no acerca de un "carácter sorpresivo" de su aportación, dado que ello no puede predicarse de una vía de proposición de prueba al inicio de las sesiones del juicio oral. La parte está en su derecho de aportar la prueba en los momentos procesales que la norma le habilita, no pudiendo acudirse a la "sorpresa" de su aportación al no ser éste un argumento jurídico de rechazo de una proposición de prueba en tiempo y forma. Cuestión distinta será la pertinencia o su relación con el objeto del proceso. Por ello, no puede apelarse a la "extemporaneidad" en la proposición de una prueba pericial, testifical o documental al inicio del juicio oral.

En estos casos lo que podrá plantearse por las partes, y resolver el Tribunal en el trámite de cuestiones previas, es la posibilidad de suspender el juicio si la documentación es abundante y las partes que la deben examinar no están en condiciones de hacerlo, o bien hacer un receso para esta finalidad, hasta que las partes puedan examinar los documentos, o bien proponer una suspensión definitiva de la sesión señalada, por causarles indefensión tener que examinar de forma urgente documentos que no han conocido hasta ese momento, y que pueden tener una relevancia para contrarrestar la prueba que han propuesto en su debido momento con los escritos de acusación o defensa.

Debe realizarse, pues, esta precisión técnica y procedimental para fijar criterio en cuanto al rechazo de las "proposiciones sorpresivas de prueba al inicio del juicio", dado que es un término que no debe admitirse para sustituir al clásico de la "pertinencia" y "necesidad" de la prueba".

Si he traído a colación de las anteriores citas jurisprudenciales es porque nos enseña que razones formales no deben suponer un obstáculo para impedir la entrada en juicio de aquella prueba que aporte cada parte, que es donde se ha de practicar y valorar en sentencia, y que el único límite es la quiebra del derecho de defensa, entendido en el sentido de que el acusado haya tenido oportunidad de conocer la prueba de la acusación y oportunidad de contestarla, hasta el punto de que, si se han rechazado quejas por considerar sorpresiva la prueba presentada al inicio de las sesiones del juicio oral, con más razón se deberán rechazar si se trata de esas diligencias complementarias realizadas en fase intermedia, y presentadas como prueba en el escrito de acusación. No tendría sentido que se rechacen diligencias practicadas en fase intermedia, que, si se rechazan, bien podrían presentarse como prueba anticipada, y que, en último caso, presentadas como prueba al inicio de las sesiones del juicio oral, no quepa su rechazo por extemporaneidad, cuando menos extemporáneo es aportarlas antes y más facilita a la contraparte preparar su estrategia defensiva.

Esto es lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa, en que la recurrente ha tenido oportunidad de defenderse, frente a ese material aportado, por cuanto que fue presentado en el escrito de acusación, introducida en el proceso con tiempo suficiente para hacer frente al mismo y preparar la defensa con anterioridad al juicio oral, y así lo recuerda el M.F. en su oposición al motivo, cuando dice que "esta prueba documental fue propuesta en forma por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y fue conocida por las defensas que pudieron articular los mecanismos de defensa y de proposición de prueba que estimasen oportunos"; se trataba, además, de una prueba que estaba justificada, y no supuso merma alguna al principio de contradicción, ni pudo ser causante de indefensión alguna, porque el letrado tuvo oportunidad de conocerla con anterioridad al inicio del juicio oral y tiempo suficiente para preparar su contraofensiva con la que hacerle frente en el contradictorio del juicio oral; mucho más, desde luego, si en fase intermedia no se hubieran interesado las diligencias, y se hubieran presentado como prueba al inicio de las sesiones del juicio oral.

[...]

Para mantener esto, tengo en cuenta que las presentes actuaciones tienen su base en un prolijo expediente administrativo, que llega al Juzgado con una voluminosa documentación, que detecta las irregularidades que se atribuyen a los investigados, incluidas las argucias utilizadas a través de los distintos procedimientos judiciales de que se valen, y entre cuya documentación se encuentra copia de demandas, escritos y sentencias de dichos Juzgados, y lo que hace el M.F. en ese primer escrito interesando ampliación de diligencias, de 3 de noviembre de 2017, es que se una a la causa "copia testimoniada" de esas demandas y de las citaciones que en ella se hicieron a IBERMA, lo que no se puede entender sino como instrumento para adverar la autenticidad de una documentación que ya constaba en las actuaciones, y que, de entrar a juicio sin ese elemento de autenticidad, bien hubiera podido ocurrir que, ante una tacha de la defensa sobre las copias, pusiera en riesgo su acusación.

Y lo mismo cabe entender en cuanto a la solicitud para que el Registro de la Propiedad informe sobre la titularidad de la finca de la DIRECCION004, que en el expediente administrativo se indicaba el uso que se hacía de ella.

Son diligencias que poco aportan a la instrucción, pero aseguran la autenticidad de unos documentos que podrían ser puestos en entredicho en juicio.

En idéntico sentido, a STS, Penal, Sección 1ª, do 22 de novembro de 2023 ( ROJ: STS 5079/2023 - ECLI:ES:TS:2023:5079) reflicte:

El primer motivo del recurso se formula al amparo del art. 5.4 LOPJ , por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a no sufrir indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE , por haberse admitido la incorporación de pruebas relevantes al inicio de las sesiones del juicio oral sin que la defensa contara con posibilidad de contradecir las mismas.

Se trata de los anexos tres, cuatro y cinco del atestado policial cuya incorporación a las actuaciones fue solicitada por el Ministerio Fiscal, al amparo del art. 786.2 LECrim , alegando que aunque creía que se habían incorporado no los localizaba en las diligencias y por tanto solicitaba su unión por si no se hubiera escaneado o no figurara.

Señala el recurrente que en aquel momento se opuso a su incorporación porque hasta ese momento nunca se le había dado traslado, no constaba unida, se trataba de documental de fecha muy anterior, y no existían razones para no haberla incorporado en su momento, máxime cuando con ocasión de formular escrito de defensa había solicitado la entrega de la documentación completa. Igualmente formuló la oportuna protesta contra la decisión del Tribunal. Recurrida la sentencia en apelación, el Tribunal Superior de Justicia desestimó su pretensión al haber sido incorporada la documentación al amparo del art. 786.2 LECrim , no ocasionar indefensión y tener conocimiento la defensa de la existencia y contenido de la citada prueba.

Denuncia el recurrente que la Audiencia no razonara la decisión de incorporar la prueba a las actuaciones y que el Tribunal Superior de Justicia, no obstante contestar la queja, no motivara la admisión de la prueba.

Señala que se trataba de una prueba que debería constar en las actuaciones desde septiembre de 2018 y el Ministerio Fiscal no se cercioró hasta el día del juicio de que los citados anexos no se encontraban unidos al procedimiento. Por ello, la defensa no podía conocer su contenido, habiendo solicitado, antes de evacuar el escrito de defensa que se le hiciera entrega de toda la documentación.

Igualmente estima que la admisión de la prueba le ha ocasionado indefensión ya que el momento procesal en que se aportó impedía contradecirla, habiendo sido valorada por el Tribunal para fundar su decisión de condena. Además, el tenor del art. 786.2 LECrim impedía a la defensa la práctica de una prueba pericial para contradecir la aportada por el Ministerio Fiscal, por tratarse de una prueba de instrucción que requería un tiempo para su elaboración. Aduce que la contradicción no se salva con la citación e interrogatorio en el acto del juicio del instructor, pues éste se limitó a recabar los datos pero no es perito en la materia.

1. Como exponíamos en la sentencia núm. 802/2022, de 6 de octubre , "la prueba propuesta al inicio del juicio oral no puede tildarse en modo alguno de extemporánea. Tiene su viabilidad procesal en la utilización del cauce del art. 786.2 LECRIM aplicable tanto en el sumario como en el procedimiento abreviado, como reiteradamente ya ha señalado esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, por lo que no se trata ya de "imposibilidad material" de aportar pruebas al inicio del juicio, sino que se trata de una cuestión de pertinencia y necesidad en la admisión de la prueba y no de extemporaneidad.

Además, si la parte entiende que le causa indefensión bien tiene la vía de plantear la suspensión del juicio para postular la admisión de nuevas pruebas contradictorias con la propuesta, aunque en este caso ya refiere la parte que impugnó esa prueba, por lo que no se trata de "extemporaneidad", por cuanto ya conocía de su existencia y contenido, y lo que lleva a efecto la parte acusadora es su aportaciónex art. 786.2 LECRIM que le habilita a llevarlo a cabo.

Esta Sala ya ha admitido esta vía de aportar al inicio del juicio, tanto en sumario como en abreviado pruebas: Así:

1.- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 197/2018 de 25 Abr. 2018, Rec. 1278/2017 :

"Sobre la proposición de prueba al inicio de las sesiones del juicio oral.

Rechazo del concepto "Factor sorpresa" en su aportación al inicio de las sesiones del juicio oral por las partes. El debate es sobre la pertinencia y necesidad.

Ahora bien, esta Sala debe fijar claro que sobre la proposición de prueba documental al inicio del juicio oral no existe la denominada proposición de prueba sorpresiva por las partes, concepto que, desde una construcción procesal es inadmisible, dado que admitida procesalmente la posibilidad de proponer prueba documental al inicio del juicio oral, no puede aludirse al "factor sorpresa" en su aportación al inicio de las sesiones del juicio oral para rechazar la prueba que se propone, dado que es un derecho de la parte llevarlo a cabo, y por ser al inicio de las sesiones cuando, también, las partes pueden llevarlo a cabo, tanto documental, como pericial o testifical. Otra cuestión distinta es la relevancia de esa aportación, o no, al objeto de alterar el proceso de convicción que pueda haber llevado el Tribunal tras el examen de la prueba practicada. Pero la viabilidad procesal de su aportación y su admisibilidad dependerá de otros factores en torno a los conceptos de "necesidad", o "pertinencia", pero no acerca de un "carácter sorpresivo" de su aportación, dado que ello no puede predicarse de una vía de proposición de prueba al inicio de las sesiones del juicio oral. La parte está en su derecho de aportar la prueba en los momentos procesales que la norma le habilita, no pudiendo acudirse a la "sorpresa" de su aportación al no ser éste un argumento jurídico de rechazo de una proposición de prueba en tiempo y forma. Cuestión distinta será la pertinencia o su relación con el objeto del proceso. Por ello, no puede apelarse a la "extemporaneidad" en la proposición de una prueba pericial, testifical o documental al inicio del juicio oral.

En estos casos lo que podrá plantearse por las partes, y resolver el Tribunal en el trámite de cuestiones previas, es la posibilidad de suspender el juicio si la documentación es abundante y las partes que la deben examinar no están en condiciones de hacerlo, o bien hacer un receso para esta finalidad, hasta que las partes puedan examinar los documentos, o bien proponer una suspensión definitiva de la sesión señalada, por causarles indefensión tener que examinar de forma urgente documentos que no han conocido hasta ese momento, y que pueden tener una relevancia para contrarrestar la prueba que han propuesto en su debido momento con los escritos de acusación o defensa.

Debe realizarse, pues, esta precisión técnica y procedimental para fijar criterio en cuanto al rechazo de las "proposiciones sorpresivas de prueba al inicio del juicio", dado que es un término que no debe admitirse para sustituir al clásico de la "pertinencia" y "necesidad" de la prueba."

2.- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 1004/2021 de 17 Dic. 2021, Rec. 88/2020 :

"La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha modulado la interpretación de esa visión preclusiva que inspira una interpretación literal de los arts. 656 , 728 y 786.2 de la LECrim . Su enunciado permitiría afirmar, provisionalmente, que el único momento hábil para proponer pruebas es el correspondiente a la presentación del escrito de conclusiones provisionales. La rigidez de esta conclusión se ha visto atenuada por las sucesivas regulaciones procesales, que admitieron la proposición de nuevas pruebas al inicio de las sesiones del juicio oral, en el curso de la audiencia preliminar contemplada en el actual artículo 786.2 de la LECrim , para practicarse en el acto. De la misma forma, el artículo 45 de la LOTJ permite la proposición de nuevas pruebas al inicio del juicio oral, también siempre que puedan practicarse en el acto.

Estas previsiones se ampliaron jurisprudencialmente admitiendo la propuesta de nuevas pruebas con anterioridad a ese momento, por razones de mera lógica. Admitida la posibilidad de su propuesta en la audiencia preliminar, nada debe impedir que se haga con anterioridad a la misma, en tanto que ello supone facilitar el conocimiento de las otras partes y, en definitiva, de la tramitación. Siempre que se respeten los principios de contradicción, igualdad de armas e interdicción de la indefensión.

Teniendo en cuenta la importancia que se reconoce en el proceso penal a la búsqueda de la verdad material como objetivo irrenunciable, la jurisprudencia ha extendido esa posibilidad excepcionalmente al procedimiento ordinario, si bien exigiendo que, al igual que ocurre en el abreviado o en el procedimiento ante el tribunal del jurado, existan razones justificadas, no se trate de un fraude procesal, y se respeten los principios de contradicción e igualdad de partes, evitando en todo caso la indefensión. En definitiva, se ha optado por una interpretación flexible de las normas procesales que, garantizando el respeto por los principios y las reglas esenciales del proceso y por los derechos de las partes, contribuya, al mismo tiempo, a un mayor esclarecimiento de los hechos, superando un entendimiento rígido de los formalismos que pudiera resultar injustificado.

De ahí que el Tribunal Supremo haya admitido expresamente la posibilidad de presentar petición adicional de prueba con posterioridad al escrito de calificación provisional siempre que: a) esté justificada de forma razonada; b) no suponga un fraude procesal y c) no constituya un obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión. Así lo ha razonado, entre otras, en las SSTS 345/2013, 24 de abril y 1060/2006, 11 de octubre , teniendo en cuenta expresamente que la defensa había tenido conocimiento temporáneamente de las nuevas pruebas y pudo proponer otras para contradecir la ampliada. Se trata, por tanto, de una doctrina plenamente consolidada en resoluciones posteriores (cfr. SSTS 94/2007, 14 de febrero ; 1287/2007, 26 de enero ), que la han aplicado, no sólo a supuestos de nuevos datos probatorios desconocidos al proponer la prueba, sino también a supuestos de error u omisión ( STS 872/2008, 27 de noviembre ).

... descartada ya la existencia de indefensión material, tampoco puede afirmarse merma alguna del derecho a la igualdad de armas ni, con ello, la imparcialidad judicial. Al respecto, no cabe desconocer que la interpretación de la legalidad efectuada por el órgano judicial ha coadyuvado a las pretensiones de la acusación, pero ello ha sido realizado con escrupuloso respeto a la igualdad de las partes, abriendo a las restantes partes del proceso y, en concreto, al demandante de amparo, las mismas posibilidades de solicitud de prueba. Así, es lo cierto que el mismo recurrente, después de haber renunciado a una prueba testifical inicialmente propuesta en el escrito de calificación provisional, propuso extemporáneamente -en el mismo acto del juicio oral- una prueba testifical, siendo admitida por la Sala.

En suma, el rechazo de la prueba propuesta al inicio del juicio oral, al amparo de la necesidad de evitar lo que alguna sentencia de esta Sala ha denominado "... el factor sorpresa", no está justificado. De lo que se trata, al fin y al cabo, no es de dilucidar el carácter sorpresivo o previsible de una propuesta probatoria, sino su pertinencia y necesidad (cfr. STS 197/2018, 25 de abril )."

Con ello, esta Sala ha admitido que:

1.- No cabe hablar de "extemporaneidad" cuando se aportan pruebas al inicio del juicio oral.

2.- Que no puede acudirse al "factor sorpresa" por la otra parte".

3.- Que esa posibilidad de aportación de prueba al inicio del juicio puede hacerse tanto en el ordinario como en el abreviado.

4.- La parte contraria podría interesar, en su caso, la suspensión del juicio para examinar con detalle la prueba nueva propuesta y la opción de aportar otras pruebas ante ello".

En el mismo sentido nos pronunciábamos en las sentencias de esta Sala núm. 299/2021, de 8 de abril y núm. 672/2022, de 1 de julio , con cita esta última de las sentencias núm. 1060/2006 de 11 de octubre , 94/2007 de 14 de febrero ; 60/1997 de 25 de enero de 1999 ; y sentencia de fecha 29 de septiembre de 1998 .

2. En nuestro caso, el recurrente se limita a afirmar que la admisión de la prueba fue sorpresiva y que le causó indefensión al no poder contradecirla. Pero difícilmente puede calificarse de sorpresiva una decisión que se adopta en el momento previsto en la norma, como resultado de la apertura de un incidente de complementación del material probatorio promovido por las partes, de conformidad a los cauces procesales establecidos.

Además, se trataba de una prueba que incidía en las manifestaciones y reconocimientos fotográficos realizados ante la Guardia Civil por D. Ángel Jesús y D. Marcial (anexos III y IV) y sobre un informe llevado a cabo por la fuerza actuante sobre la activación de los repetidores BTS, tráfico de llamadas y SMS entrantes y salientes, y registros de comunicaciones GPRS de D. Felix, abonado del teléfono NUM066 (Anexo V).

Los tres anexos aparecen reflejados en el atestado instruido por la Guardia Civil y entregado en el Juzgado el día 21 de septiembre de 2018, haciéndose constar en el mismo determinados resultados que se estimaron de interés para la investigación, constando además que los tres anexos habían sido entregados en el juzgado el día 27 de agosto de 2018. Es evidente pues que los tres anexos fueron entregados en papel en el juzgado, aun cuando no fueran escaneados por motivos que se ignoran. Obran también incorporadas a las actuaciones escaneadas las peticiones realizadas por el Grupo investigador para la entrega de datos por parte de las distintas empresas de telefonía, la autorización judicial y los oficios dirigidos a aquéllas.

D. Marcial declaró en la instrucción de la causa en idénticos términos a los que se refiere el atestado y tanto él como D. Ángel Jesús habían sido propuestos como testigos para declarar en el acto del juicio oral. Igualmente habían sido propuestos como testigos para declarar en dicho acto los distintos agentes de la Guardia Civil que practicaron las diligencias de investigación y elaboraron los informes.

Todo ello pone de manifiesto que todas las partes conocían la existencia de las diligencias reflejadas en los anexos aportados por el Ministerio Fiscal al inicio de las sesiones del juicio.

Por ello la propuesta realizada por el Ministerio Fiscal era razonable y no suponía fraude procesal.

La incorporación de los referidos anexos tampoco supuso vulneración de los principios de contradicción e igualdad de armas ni indefensión para la defensa.

Como exponíamos en la sentencia núm. 299/2021, de 8 de abril , la indefensión "no puede producirse por la mera decisión de admisión del medio de prueba al inicio de las sesiones del juicio sino, en su caso, porque atendido su alcance prive a la parte de razonables posibilidades de someter a contradicción defensiva sus potenciales resultados informativos.

Es cierto que la sorpresa probatoria de una parte -en especial, de la acusación- puede dificultar, en ocasiones, la preparación contradictoria de la estrategia defensiva -vid. parágrafo 60, STEDH, caso Rowe y Lewis c. Reino Unido, de 16 de febrero de 2000 -. Lo que comporta que el mandato contenido en el artículo 7.3 de la Directiva 2013/12 relativo a la obligación de las autoridades competentes de dar cuenta a la defensa con suficiente antelación de cualesquiera nuevas pruebas materiales que lleguen a su poder para que puedan ser estudiadas, se traduzca, en el ámbito del incidente probatorio del artículo 786 LECrim , en un mandato dirigido al tribunal para que procure mantener y garantizar el equilibrio defensivo. Posibilitando, en caso de riesgo de ruptura por la admisión de un novedoso medio de prueba, que la parte que pueda verse afectada disponga del tiempo necesario para reajustar su estrategia de defensa".

En el supuesto sometido a consideración, la defensa conocía la existencia de los anexos. Conocía además el contenido de los anexos III y IV, los que como ya hemos visto se referían a las manifestaciones y reconocimientos fotográficos realizados ante la Guardia Civil por D. Ángel Jesús y D. Marcial, los cuales estaban propuestos como testigos para el acto del juicio. También conocían parte de las conclusiones alcanzadas en el informe sobre la activación de los repetidores BTS, tráfico de llamadas y SMS entrantes y salientes, y registros de comunicaciones GPRS de D. Felix.

Además, la ley no impide que pueda suspenderse el juicio concediendo a la defensa tiempo para interesar la práctica de nuevas pruebas para contradecir la información de las aportadas. Sin embargo, el recurrente no solicitó la suspensión del juicio a tal fin.

No existió pues vulneración de las normas que determinan el equilibrio entre partes y que regulan la admisión de pruebas por el Tribunal de instancia. No se generó indefensión material y procede en consecuencia la desestimación del motivo.

No mesmo sentido se expresan a STS, Penal, Sección 1ª, do 8 de abril de 2021 ( ROJ: STS 1236/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1236), a STS, Penal, Sección 1ª, do 25 de abril de 2018 ( ROJ: STS 1468/2018 - ECLI:ES:TS:2018:1468) e a STS, Penal, Sección 1ª, do 27 de novembro de 2008 ( ROJ: STS 6783/2008 - ECLI:ES:TS:2008:6783); esta última para o seguinte particular suposto recolle:

Es evidente que en el presente caso, el error -olvido si se quiere- padecido por el Ministerio Fiscal al no citar el testimonio de la supuesta agredida sexualmente en su escrito de conclusiones provisionales, queda compensado con la diligencia de éste al advertir la situación, citar a la testigo al Plenario, acudiendo ésta, seguidamente la petición del Ministerio Fiscal de apertura de la Audiencia Preliminar del art. 786 de la LECriminal en cuyo seno se permite la proposición de prueba a practicar seguidamente, lo que en el caso de autos estaba garantizado con la presencia en estrados de la testigo, debió haber sido atendido de acuerdo con la doctrina de esta Sala, reiterada y constante desde hace años.

Por otra parte tal petición se justificaba por la realidad del error sufrido por ese Ministerio, y, obviamente no entrañaba ningún fraude procesal ni obstáculo al principio de contradicción, pues es obvio, que dicha testigo sería interrogada por la acusación y la defensa y por otra parte consta la declaración de la citada persona en sede policial y judicial durante la tramitación de la causa, por lo que no se trataba de una testigo sorpresiva, u ocultada hasta ese momento.

2.-Rexeitar e, xa que logo, inadmitir a trámite a recusación por parte da defensa do acusado dos peritos solicitados pola fiscala no trámite do artigo 786.2 da Lei de axuizamento criminal. Son os mesmos que sempre soubo que elaboraran os informes periciais, e nunca antes intentou recusalos; e, polo feito de que agora solicitase a fiscala a súa intervención no xuízo oral por mor das súas devanditas impugnacións, non se pode entender resucitada unha posibilidade legal xa precluída ( artigos 56, 467, 468.2º, 662 e concordantes da Lei de axuizamento criminal).

Pouco hai que engadir en tal sentido ao xa resolto ao comezo da vista oral por mor da evidencia que se tira do sucedido. Se a defensa cría que tiña motivos para recusar algún dos peritos, debeuno facer cando soubo da súa designación como tales e antes da realización das súas periciais; e non agora dun xeito serodio cando a fiscala solicitou que asistisen á vista oral debido á impugnación realizada pola defensa no seu escrito de conclusións provisionais. Mesmo resultaría paradoxal que respecto do mesmo informe pericial non se recusase un dos seus autores e agora se recuse o outro aproveitando a mera chamada para que acudise á vista oral.

3.-Rexeitar que durante as sesións da vista oral estean presentes as pezas de convicción. O solicitado pola defensa foi, sinxelamente, o exame delas, e ren máis; non que a súa presenza na sala de vistas servise para completar outras probas persoais -testemuñais ou periciais-. Nin sequera se razoou o suposto significado ou valor probatorio da pretendida exhibición pública. Ademais, as devanditas pezas de convicción foron obxecto de exame e informe polos peritos da acusación e da defensa, perito desta última que tampouco as examinou directamente, mesmo cunhas amplas e nítidas reportaxes fotográficas, polo que non se descoñecen as súas características, e a súa contemplación e mero exame por parte dos que non son coñecedores da materia en nada axudaría ao axuizamento dos feitos. E incluso evidentes razóns de seguridade aconsellan a ausencia das devanditas pezas de convicción na sala onde se realiza a vista oral e a súa permanencia no lugar seguro en que se encontran.

Neste sentido do acordo, a STS, Penal, Sección 1ª, do 17 de xullo de 2012 ( ROJ: STS 5087/2012 - ECLI:ES:TS:2012:5087) subliñaba que, para que a ausencia das pezas de convicción determinase algunha lesión do dereito de defensa, se tiña que acreditar, ou argumentar cando menos, que importancia tería a exhibición. O feito de que as pezas de convicción non estean presentes durante a vista oral non pode determinar a nulidade dun xuízo (STS, Penal, Sección 1ª, do 5 de xuño de 2012 - ROJ: STS 4612/2012 - ECLI:ES:TS:2012:4612-). O mero incumprimento do previsto no artigo 688 da Lei de axuizamento criminal -que pode ser debido a diversas causas- non supón, en principio, un quebrantamento de forma reclamable pola vía do recurso de casación e unicamente pode resultar relevante a omisión cuestionada cando a parte que denuncia tal circunstancia esixise no seu escrito de conclusións provisionais, como medio de proba, a presenza das referidas pezas de convicción na sala do Tribunal e cando esta omisión puidese producir indefensión (STS, Penal, Sección 1ª, do 14 de outubro de 2011 - ROJ: STS 6858/2011 - ECLI:ES:TS:2011:6858-).

A STS, Penal, Sección 1ª, do 23 de febreiro de 2007 ( ROJ: STS 1635/2007 - ECLI:ES:TS:2007:1635) chega a sinalar o seguinte:

En el presente caso, como queda dicho, la pieza de convicción consistía en una pistola, que fue objeto de examen e informe por los peritos en su día designados.

No puede afirmarse, por tanto, que se carezca de conocimiento acerca de las características del arma, cuando, además, la información procede de quienes tuvieron oportunidad de examinarla detenidamente, desde el reconocido conocimiento que tienen los que actuaron como peritos.

Por ello, difícil resulta sostener que, el examen directo por parte de quienes no son conocedores, por su profesión, en esta materia, podría haber aportado mayor claridad, o criterio distinto del sostenido por los expertos.

En modo alguno puede entenderse que se causó indefensión al recurrente, por este motivo, cuando tuvo la oportunidad de interrogar a los peritos acerca del contenido de su informe e, incluso, remontándonos más atrás, de proponer la correspondiente contrapericia, realizada por técnicos de su confianza.

Consecuentemente, y aun cuando es cierto que el estricto cumplimiento de la norma procesal supone la presencia de la prueba material en el Juicio, no ha sufrido la parte una verdadera indefensión y, por ende, sus argumentos no merecen ser acogidos.

E na STS, Penal, Sección 1ª, do 25 de abril de 2012 ( ROJ: STS 3032/2012 - ECLI:ES:TS:2012:3032) podemos ler:

Finalmente se denuncia que se solicitó la presencia de las armas intervenidas, en el Plenario, como piezas de convicción.

Se reconoce en el recurso que sólo estuvo presente el arma de fuego -el subfusil ametrallador M-11- pero no el resto de las armas cortas intervenidas.

Un examen de las actuaciones acredita que en las conclusiones provisionales del recurrente -folios 132 y siguientes, en concreto folio 137 del Tomo II del Rollo de la Audiencia-, se solicitó la presencia de las armas intervenidas al acto del juicio, y asimismo hay que reconocer que al principio de la vista se reiteró la petición -folio 711 del Tomo II del Rollo de la Audiencia-, respondiéndose por el Ilmo. Sr. Presidente que "... como hay muchos días, el señalamiento es amplio, se traerán y estarán a la vista con las medidas de seguridad adecuadas...".

En el acta del día 18 se comunica a las partes la localización de las mismas en Tarragona y en el acta del día 19 se comunica que el subfusil ha sido localizado y será traído a la Sala -como así fue- al día siguiente, pero las otras cuatro armas cortas han sido destruidas con autorización judicial.

Para completar esta situación hay que añadir que las armas de fuego cortas destruidas y que por tanto no pudieron estar a disposición ni del Tribunal ni de las partes, fueron previamente analizadas por la policía científica quien emitió los oportunos informes acreditativos de su buen funcionamiento.

Los peritos intervinientes acudieron al Plenario, por lo que sus informes se introdujeron en el juicio, y los mismos fueron sometidos a los principios que lo vertebran: oralidad, publicidad, contradicción e inmediación. Ratificaron su informe que obra a los folios 1420 y siguientes de la Instrucción Tomo VI, en donde se encuentran totalmente identificadas y fotografiadas las armas cortas, cinco en total con el resultado de estar todas en buen estado y funcionando correctamente.

Los peritos respondieron a las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente efectuarles los letrados de los inculpados, debiendo destacarse que solo efectuó preguntas la defensa de Blas. El resto de las defensas, incluido el recurrente, nada preguntó.

En esta situación hay que convenir que la imposibilidad de que las cinco armas cortas no pudieran estar en la Sala de Vistas por una irregular decisión de haberse acordado su destrucción antes de la vista no ha acarreado una indefensión con lesión de derechos de alcance constitucional ni al recurrente ni al resto de los condenados, ni siquiera se ha argumentado en tal sentido en el motivo, habiéndose detenido en la denuncia por la simple ausencia de las armas, pero ya es sabido que la interdicción de la indefensión no puede confundirse ni identificarse con cualquier irregularidad que pueda ocurrir en el proceso ni por tanto es equiparable con cualquier infracción de preceptos penales.

Por el contrario, la indefensión desde una perspectiva constitucional, se concibe como negación de la tutela judicial efectiva y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el art. 24-2º. Por ello la indefensión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o abstracta. STC 137/99 y equivale a la privación al justiciable de los medios o instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la defensa de sus derechos. SSTC 106/93 ; 366/93 ó 290/93 , por ello la falta de la actividad probatoria denunciada, ha de traducirse como ya se ha dicho en una efectiva indefensión y por tanto "decisiva en términos de defensa". STC 79/2002 , necesariedad que exige una cumplida argumentación de la parte que la alegue. SSTC 147/2002 ó 142/2003 .

Nada ha alegado el recurrente en favor de la pretendida indefensión que se le ha causado por haber visto las armas cortas, y de acuerdo con lo razonado debemos concluir que no se le ha vulnerado el derecho a la defensa, ni siquiera efectuó pregunta alguna a los peritos armeros.

Es claro que hubo una vulneración de la legalidad ordinaria pues la destrucción se lleva a cabo vulnerando el art. 688 de la LECriminal que exige la presencia de las piezas de convicción en la Audiencia, pero en este caso se está en el caso de aplicar la doctrina de esta Sala que estimó que tal omisión no tiene más alcance que la infracción de la legalidad ordinaria - SSTS 205/1995 ; 392/96 ó 1143/2000 -.

Ademais de todo o anterior, é mester teimar en que, no presente caso, no escrito de conclusións da defensa se solicitaba o mero exame das pezas de convicción; e, en ausencia de máis explicacións, suponse que se refería a que debía examinalas o Tribunal, posto que os peritos da acusación xa as tiveran na súa presenza e o perito da defensa nin tan sequera necesitou examinalas para elaborar o seu informe, e ninguén demandou que, para o interrogatorio destes no xuízo oral, fose precisa a presenza das pezas de convicción na sala. E repárese nas razóns de seguridade relacionadas co importante número destas, o seu traslado, custodia durante as sesións do xuízo oral, etc., para, ao fin e ao cabo, a súa mera exhibición e contemplación, e ren máis.

4.-Adiar para o seu correspondente tratamento na sentenza todo o relativo á impugnación da entrada e rexistro no domicilio do procesado e nas propiedades da súa familia con todas as consecuencias que derivaron de tal medida.

A defensa do acusado alegou a vulneración do dereito á intimidade do artigo 18.1 e da autodeterminación informática do artigo 18.4, en relación coa vulnerabilidade do domicilio do artigo 18.2 da Constitución española, basicamente pola ausencia do presuposto habilitante no auto do 14 de maio de 2019 (fs. 66 a 70). Argumentou esta alegación con base na orixe ilícita dos datos utilizados no atestado da Garda Civil que orixinou a entrada e o rexistro, con cita de xurisprudencia relativa a que non abonda coa intención policial, con que o xuíz asuma as sospeitas, senón que ten que constatar que hai indicios; en que o éxito posterior da dilixencia non pode validar o que xa estaba podre, xa que se trata dunha validación ex antee non ex post;en que o oficio policial se baseaba nunha investigación nos Estados Unidos (EEUU) da ATF (Axencia de Alcol, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos); en que os dispositivos que mercara non eran unha arma ilegal e, de feito, por isto non se acusaba; en que a Garda Civil no seu oficio facía interpretacións xurídicas; en que nun cedé achegado ao comezo das actuacións aparecen os datos que os organismos estranxeiros subministraron á Garda Civil española, entre eles, o seu correo electrónico, o número de IP dende onde se conectou para realizar as tres compras, e o seu domicilio, sendo datos protexidos que precisarían dunha previa autorización xudicial; e en que se prescindiu do informe do fiscal para a autorización do rexistro e entrada.

A fiscala contestou, para opoñerse a todo o anterior, que non se trataba de meras sospeitas, senón de auténticos indicios para autorizar a entrada e rexistro; que non só se tivo en conta a información proveniente do estranxeiro, senón tamén a evidencia de que os dispositivos mercados polo agora acusado, debidamente acoplados, convertían unha arma en prohibida; que aos datos do acusado se chegou polo enderezo que nos paquetes constaba dos seus pedidos, non polo número de IP; que, ademais, previamente se constatou que era titular de armas, licenzas, etc.; que cando se practicou a primeira entrada e rexistro non estaba detido pero si presente e asistido dun avogado e que entón non manifestou nada, e que na segunda entrada e rexistro, xa detido e coa súa avogada, tampouco manifestou nada, nin presentou un hábeas corpus, etc.

4.1.-A solicitude de entrada e rexistro realizouna a Garda Civil o 14 de maio de 2019 con base no seguinte:

O 4 de abril a Unidade Nacional de Europol, por medio da Axencia Federal dos Estados Unidos ATF, informou das pescudas realizadas sobre o portal de venda en liña chinés www.cbtforces.com, dedicado á comercialización de accesorios para armas de fogo, en concreto, de dispositivos adaptables a pistolas da marca austríaca Glock, que as dotarían da capacidade de fogo automático (metrallador) e, xa que logo, provocarían que fosen consideradas armas de guerra. Entre os compradores daqueles accesorios figuraba (o 6 e o 26 de xaneiro e o 17 de febreiro de 2019) o acusado, Vicente, con domicilio na DIRECCION000, de DIRECCION001, quen mercou así tres daqueles dispositivos pola cantidade de 114,186 $, os cales pagou a través da súa conta de PayPal asociada ao seu correo electrónico DIRECCION005.

A Garda Civil realizou a correspondente comprobación e confirmou a identificación de Vicente, con domicilio non só no piso referido anteriormente, senón tamén no DIRECCION002, e no DIRECCION003, DIRECCION001, que, en realidade, formaban unha única parcela duns 4000 m2 cun conxunto de edificacións. Logo descubriuse que era titular das licenzas de armas de tipo E, D, F e L, as armas que baixo estas licenzas tiña legalizadas, as armas inutilizadas, e as que no seu día dixo que foran obxecto dun achado casual (dous fusís históricos). Entre as armas activas figuraba unha pistola da marca Glock, modelo Glock 26, número de serie NUM067 e calibre 9 mm Parabellum, compatible cos dispositivos de conversión da mesma marca adquiridos a través do web www.cbtforces.com.

A súa residencia habitual estaba na DIRECCION000, de DIRECCION001, se ben tiña outras dúas propiedades no DIRECCION002, e no DIRECCION003, DIRECCION001. Esta última propiedade era a que figuraba de alta nos rexistros de Intervención de Armas onde tiña autorizado un depósito de armas homologado para as armas amparadas pola licenza do tipo D e onde o propio Vicente dixo que achara casualmente os dous devanditos fusís históricos.

A instalación do dispositivo así adquirido por Internet dotaría a pistola Glock da capacidade para efectuar fogo automático -metrallador-, o que a convertería tanto nunha arma prohibida -artigo 4.1 a do Regulamento de armas- como nunha arma de guerra -artigo 6.1 do mesmo Regulamento-, polo que se podería estar en presenza dun suposto delito de armas prohibidas ou de depósito de armas de guerra.

Por mor de todo o anterior, a Garda Civil solicitou o correspondente mandamento de entrada e rexistro nos referidos domicilios da DIRECCION000, de DIRECCION001, no DIRECCION002, e no DIRECCION003, DIRECCION001, así como o rexistro dunha caixa forte situada no campo de tiro DIRECCION006, de Pontevedra.

Por un auto do 14 de maio de 2019 (acontecemento 4 das DPA 238/2029, do expediente xudicial electrónico -EXE-), a xuíza do Xulgado de Instrución número 2 de Ponteareas, logo de realizar consideracións verbo do artigo 12 da Declaración Universal de Dereitos Humanos do 10 de decembro de 1948, do Pacto Internacional de Dereitos Humanos e Políticos feito en Nova York o 16 de decembro de 1966, da Convención de Roma de 1950, e dos artigos 18.2 da Constitución española e 545, 546, 550, 551, 554.2 e 558 da Lei de axuizamento criminal, e tras reflectir numerosa xurisprudencia constitucional relacionada coa finalidade lexítima, a proporcionalidade, idoneidade e necesidade da dilixencia así solicitada, acordou a entrada e rexistro nos domicilios do acusado, Vicente, e nos seus anexos, alboios, garaxes, vehículos, así como o acceso á información contida en documentación tanto en papel como en soporte informático e nos equipos informáticos que se puidesen encontrar nos domicilios situados na DIRECCION000, de DIRECCION001, no DIRECCION002, do concello de DIRECCION001, e no DIRECCION003, do mesmo concello, e nunha caixa forte situada no campo de tiro DIRECCION006, de Pontevedra. E concretaba os indicios racionais de criminalidade do seguinte xeito para autorizar a entrada e rexistro:

En cuanto a los indicios racionales de criminalidad, en el presente caso existen indicios suficientes de que Vicente puede estar implicado en los delitos de tenencia y depósito de armas de guerra. Ello es así en la medida en que de la investigación realizada así como de las diligencias efectuadas por la Agencia Federal de los Estados Unidos ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) se infiere que Vicente recibió en distintas fechas y en su domicilio de la DIRECCION000 tres dispositivos ametralladores adaptables a pistolas marca GLOCK que fueron pagados por él mismo a través de la cuenta de PayPal asociada a su cuenta de correo electrónico; no debe obviarse el hecho de que cualquier dispositivo automático está prohibido para particulares, no siendo susceptible de licencia alguna y quedando reservado únicamente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, en la citada investigación llevada a cabo en Estados Unidos un oficial de ejecución de armas de fuego ATF (FEO) concluyó que "se trataba de piezas diseñadas y destinadas única y exclusivamente para convertir un arma en una ametralladora, y por lo tanto era una ametralladora". Además, estos dispositivos no tenían el número de serie requerido.

Por otro lado, las indagaciones efectuadas también han permitido saber que Vicente, es titular de distintas licencias de armas así como de armas de fuego, entre las que se encuentra una pistola marca GLOCK número de serie NUM067, siendo esta susceptible de modificación mediante la instalación del dispositivo adquirido, lo que la convertiría en un arma de guerra y por tanto un arma prohibida, según se reseña en el atestado.

De todo o encontrado nos dous rexistros practicados -o de DIRECCION006 non chegou a realizarse- existe, como non podía ser doutro xeito, constancia documental nas actuacións, e como tal xa o reflectimos nos feitos probados desta sentenza.

Logo, no xuízo oral, o axente con tarxeta de identidade profesional (TIP) NUM068, como instrutor das dilixencias policiais, declarou que solicitaron o oficio de entrada e rexistro pola información da Europol, pero non exclusivamente, xa que despois indagaron que persoa adquirira os dispositivos; que estes, acoplados á arma Glock, a convertían en prohibida; comprobaron que o acusado tiña licenza de armas, e que, entre as legalizadas, aparecía unha Glock; entraron no domicilio na DIRECCION000 e encontraron todo o que reflectiron; en DIRECCION003 o acusado dixo que se trataba do domicilio do seu irmán Plácido; o domicilio que figuraba do acusado na Intervención de Armas era o de DIRECCION003; tiña un armario alí.

A axente con TIP NUM069 manifestou o seguinte: recibiron unha comunicación previa relativa a que alguén compraba nunha páxina de Internet estranxeira unha serie de dispositivos que se instalan nunha arma curta e producen así que se transforme nunha arma de guerra; comunicáronllelo da Interpol; comprobaron que o investigado estaba en posesión dunha arma, en concreto, dunha Glock, que se correspondía coas características dese dispositivo que se lle podía acoplar; realizaron investigacións, identificouse o agora acusado, etc.; figuráballe o domicilio, o domicilio onde residía e tamén unha coparticipación noutra propiedade que era familiar e, como o vían entrar e saír desta última, solicitouse a entrada e rexistro nos dous enderezos; o primeiro indicio que recibiron foi a información dos EEUU; detectaron o investigado entrando e saíndo do fundo e durante o rexistro abriu a casa e desactivou a alarma.

O axente con TIP NUM070 referiu o seguinte: recibiron a comunicación de Europol e da ATF en abril de 2019; no informe da ATF explicábase que había un sitio web situado en China onde se vendían uns dispositivos, uns selectores, que instalados nunha pistola semiautomática da marca Glock permitían que estas armas puidesen disparar en automático, fogo metrallador, e a convertían así nunha arma de guerra; isto tanto nos EEUU como en España está prohibido; iníciase unha investigación a través de axentes encubertos naquel país, e nese portal web mercan dous dispositivos; unha vez que os recibiron mandáronos ao seu laboratorio forense, que lles di que son funcionais e transforman as Glock en armas automáticas; os axentes encubertos tiveron que pagar os dispositivos e o medio de pago era a través de PayPal; eles tiñan a conta de PayPal do vendedor e o que fixeron foi pedir unha orde xudicial para que a plataforma de pagamentos dixitais, que está nos EEUU, lles facilitase a listaxe de todas as persoas que mercaran naquela páxina eses selectores de disparo automático; recibiron de PayPal a listaxe e, á parte de cidadáns dos EEUU, había outros 200 doutros países, entre eles, 10 españois; trasladan esta información a través de Europol, que, á súa vez, llela dá a eles, xunto coa listaxe en formato Excel facilitado por PayPal, cunha síntese da súa investigación; eles analizan a información, comproban que un dos compradores é o aquí acusado, e xa llo comunican ao grupo de información de Pontevedra; non tiveron que pedir autorización xudicial para investigar o número de IP dos ordenadores, xa que na listaxe Excel facilitada por PayPal figuraba a data e hora da compra, o importe, o número que facilitara o comprador, o seu enderezo físico, onde lle remiten eses dispositivos, e o seu correo electrónico; e así comprobaron que o acusado mercara tres dispositivos entre os meses de xaneiro e febreiro de 2019 que viñan ao seu domicilio de DIRECCION001, que era o mesmo onde vivía e onde se realizou un dos rexistros.

O único requisito necesario e suficiente por si só para dotar de licitude constitucional a entrada e rexistro nun domicilio -agás os supostos de consentimento do interesado e a flagrancia- é a existencia dunha resolución xudicial que con antelación o mande ou autorice. Deste xeito, unha vez obtido o mandamento xudicial, a forma e as circunstancias en que o rexistro se practique, así como as incidencias que no seu curso se poidan producir e os defectos en que se incorra, inscríbense e xeran efectos só no plano da legalidade ordinaria, o cal non quita que, en ocasións, o incumprimento das normas da Lei de axuizamento criminal que establecen garantías con tal carácter poida conectarse á protección doutros dereitos (así, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 22 de xullo de 2024 - ROJ: STS 4268/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4268-, que a súa vez cita as SSTC 82/2002, 239/1999, 94/1999, 228/1997 e 290/1994).

O ATS, Penal, Sección 1ª, do 18 de xullo de 2024 ( ROJ: ATS 10816/2024 - ECLI:ES:TS:2024:10816A) engade que, cando a entrada e rexistro se basea nunha resolución xudicial, esta terá que estar suficientemente motivada, tendo en conta que se trata da restrición dun dereito fundamental. Para que esa motivación sexa bastante no aspecto fáctico, é preciso que o xuíz dispoña de indicios verbo da comisión dun delito e da relación do domicilio con el, o cal pode suceder nos casos en que poidan encontrarse no domicilio efectos ou instrumentos do delito. O xuíz debe realizar, xa que logo, un xuízo racional sobre o feito investigado, sobre os indicios concorrentes e sobre a proporcionalidade e necesidade da medida para pronunciar o correspondente auto, que a autorizará ou rexeitará. Isto obriga a motivar a decisión aínda que, sabido é, se admite a fundamentación por remisión ás razóns que se puxeron de manifesto no escrito polo que se solicitaba a medida. E, así, a resolución pódese considerar motivada se, integrada coa solicitude da autoridade a que se remite, contén todos os elementos necesarios para considerar satisfeitas as esixencias para poder levar a cabo con posterioridade a ponderación da restrición dos dereitos fundamentais que a proporcionalidade da medida implica.

Se ben non abonda con que quen solicita a entrada e rexistro domiciliario a fundamente tan só na mera afirmación da existencia dunha investigación policial previa, sen especificar en que consistiu nin cal foi o seu resultado, porque é necesario que a policía actuante indique unha fonte de coñecemento cuxa fiabilidade o xuíz poida avaliar racionalmente, isto non implica que se esixa en calquera caso a presentación a este último de todas as indagacións ou pescudas, identificando a absoluta totalidade das dilixencias practicadas e relacionando polo miúdo as fontes utilizadas ao longo da investigación, pois esta esixencia nin a establece a xurisprudencia constitucional, nin resulta imprescindible cando o xuíz dispón de datos obxectivos suficientes, nin mesmo é alcanzable nos casos, por exemplo, de operacións internacionais en que interveñen forzas policiais doutros países que na súa mecánica operacional habitual non acostuman nin poden ser obrigadas a informar exhaustivamente sobre as súas fontes nin a relatar polo miúdo a súa mecánica operacional (neste sentido e, por todas, a STS, Penal, Sección 1ª, do 17 de xullo de 2012 - ROJ: STS 5606/2012 - ECLI:ES:TS:2012:5606- e a STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de marzo de 2020 - ROJ: STS 918/2020 - ECLI:ES:TS:2020:918-).

Como se indica nestas e no máis recente aínda ATS, Penal, Sección 1ª, do 30 de maio de 2024 ( ROJ: ATS 7882/2024 - ECLI:ES:TS:2024:7882A):

"En el ámbito de la cooperación penal internacional en el que se juega el enfrentamiento contra los graves riesgos generados por la criminalidad organizada trasnacional, y en el que nuestro país tiene asumidas notorias obligaciones adaptadas a un mundo en el que la criminalidad está globalizada (Convención de la Naciones Unidas de 1988 sobre estupefacientes, entre otras), no pueden imponerse las reglas propias determinadas por problemas legislativos internos a los servicios policiales internacionales, por lo que ha de respetarse el ordenamiento de cada país, siempre que a su vez respete las reglas mínimas establecidas por el Tratado de Roma o el de Nueva York. Y de la misma manera que no es posible ni exigible imponer a otros sistemas judiciales la autorización judicial de las escuchas, tampoco lo es imponer a servicios policiales que no trabajan así, como sucede con el ICE o la DEA, por ejemplo, las mismas normas internas que la doctrina jurisprudencial interna ha establecido para los servicios policiales españoles. En consecuencia, la exigencia de que el servicio policial español (...) proporcione sus fuentes de conocimiento, no implica necesariamente que también deba proporcionar obligatoriamente, con el mismo detalle y en los mismos términos, las fuentes de conocimiento de sus fuentes de conocimiento".

Non hai indicios de ilexitimidade no proceso de obtención da información, xa que é esixible aos poderes públicos que xustifiquen que a restrición dun dereito fundamental se realizou respectando as regras, pero non o é que demostren que non actuaron sen aterse á normativa. Isto é, non pode admitirse unha especie de presunción de ilexitimidade na actuación policial cando por ningures se enxergan motivos serios ou rigorosos en tal sentido.

Como mencionamos antes, a esixencia de que os servicios policiais españois que solicitan o mandamento de entrada e rexistro proporcionen as súas fontes de coñecemento non implica necesariamente que tamén deban proporcionar obrigatoriamente, co mesmo detalle e nos mesmos termos, as fontes de coñecemento das súas fontes de coñecemento.

E como sinala a xurisprudencia citada, cando estas fontes de coñecemento externo da solicitude dos servizos policiais procedan de investigacións legalmente practicadas por outros servizos policiais estranxeiros, débese consignar na solicitude, ademais das investigacións internas de corroboración que se puidesen practicar, a totalidade dos datos que os servizos policiais do país estranxeiro facilitaron, cuxa fiabilidade debe ser validada polo propio xuíz instrutor en función: 1) dos datos obxectivos existentes e da súa concreción; 2) das canles oficiais de recepción e verificación da información; 3) das posibilidades de confirmación interna dos aspectos periféricos da investigación; 4) da verosimilitude da información; e 5) das súas propias normas de experiencia.

E no presente caso por ningures albiscamos o máis mínimo indicio de ilexitimidade no proceso de obtención da información de que se partiu para logo solicitar o mandamento de entrada e rexistro que foi concedido. Por maior abastanza, chegouse ao acusado a través dunha compra que fixo a través do mencionado web chinés, para cuxo pagamento utilizou o coñecido servizo de pagos en liña PayPal que demanda a previa apertura dunha conta, na cal constan o nome e os apelidos, enderezo, número de teléfono e un correo electrónico subministrado por quen estea interesado en utilizar tal medio de pagamento. Deste xeito, os servizos estranxeiros chegaron ao coñecemento de Vicente, e do seu enderezo en DIRECCION001, con base, precisamente, na información por el mesmo subministrada no devandito sentido. Así se transmitiu ás autoridades policiais españolas que, tamén do modo que xa reflectimos, antes de solicitar a entrada e rexistro, constataron e corroboraron a información que recibiron mediante a realización das devanditas pescudas. E a xuíza logo, baseándose en toda esta información, mandou que se procedese consonte o solicitado.

Noutra orde de cousas, ten reiterado a xurisprudencia (así, o ATS, Penal, Sección 1ª, do 27 de abril de 2017 - ROJ: ATS 4729/2017 - ECLI:ES:TS:2017:4729A-), en relación coa falla de informe do fiscal previo ao auto que autorizou a entrada e rexistro, tamén alegada pola defensa do acusado, que, ao igual que no caso das intervencións telefónicas, medida que tamén implica unha inxerencia clara no dereito á intimidade consagrado no artigo 18 da Constitución española, o devandito informe previo nestes casos do fiscal, que exercita a acción pública no proceso, facilitaría a decisión xudicial e evitaría resultados negativos para a validez destas dilixencias, pero este ditame previo non está expresamente previsto como preceptivo pola Lei de axuizamento criminal, polo que a súa ausencia non determina a nulidade da dilixencia de investigación practicada.

No mesmo sentido, a máis recente STS, Penal, Sección 1ª, do 21 de marzo de 2023 ( ROJ: STS 1276/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1276) subliña que a omisión do trámite de audiencia ao fiscal queda fóra do límite constitucional fixado á inxerencia no artigo 18 da Constitución española, sen que comporte un defecto constitucionalmente relevante no control da intervención cando a medida de investigación se realiza nun verdadeiro proceso, do cal teña constancia o fiscal dende o primeiro momento e de forma que poida, por isto, intervir nas actuacións en defensa da legalidade e como garante dos dereitos do cidadán; garántese así a posibilidade real e efectiva de controlar a medida ata o seu remate.

4.2.-Outro tanto é mester dicir do relativo á obtención do ADN do procesado e da transferencia e análise dos dispositivos telefónicos e informáticos que lle foron aprehendidos.

Alén do xa dito no que agora resulte aplicable, a xuíza do Xulgado de Instrución número 2 de Ponteareas, mediante un auto do 27 de maio de 2019, logo de realizar consideracións verbo dos artigos 326, 363, 456 e 778.3 da Lei de axuizamento criminal e doutras disposicións legais, e de aludir á xurisprudencia relacionada coa finalidade lexítima, a proporcionalidade, a idoneidade e a necesidade da dilixencia así solicitada, autorizou a toma de mostras biolóxicas de Vicente, para determinar o seu perfil de ADN, en presenza da letrada da Administración de xustiza (LAX), nas dependencias do médico forense no mesmo xulgado. E facía unha expresa referencia aos indicios racionais de criminalidade do seguinte xeito para autorizar a toma de mostras biolóxicas de Vicente:

En primer lugar, la medida resulta idónea, apta y adecuada para averiguar el grado de implicación del investigado en los hechos así como si tenía acceso o no a las armas que se incautaron en el galpón garaje de la finca de DIRECCION003, lugar donde se encontraron la mayoría de las armas intervenidas y a donde el investigado dijo no tener acceso.

En segundo lugar, resulta necesaria al no existir otros medios de investigación menos lesivos para la intimidad con los que poder obtener la información deseada, ya [que] sería necesario saber si existen vestigios del investigado en las armas incautadas.

En tercer lugar, la medida resulta proporcionada atendiendo a la gravedad de los presuntos hechos delictivos por lo que la injerencia en la intimidad personal del encausado resulta justificada.

A mesma xuíza do Xulgado de Instrución número 2 de Ponteareas, mediante un auto do 27 de maio de 2019, logo de realizar consideracións sobre a Lei orgánica 13/2015, do 5 de outubro, e os artigos 588 bis, 588 bis c, 588 sexies e seguintes da Lei de axuizamento criminal e de aludir á xurisprudencia relacionada coa finalidade lexítima, a proporcionalidade, a idoneidade e a necesidade da dilixencia así solicitada, facía unha expresa referencia aos mesmos indicios racionais de criminalidade que xa reflectira no auto polo que autorizaron as entradas e rexistros. E engadía, para autorizar a transferencia e a análise en sede xudicial e en presenza da LAX do portátil marca Toshiba, modelo Satellite 570, número de serie NUM071, e do portátil HP Pavilion, Serie G, así como a remisión do teléfono móbil marca Samsung S9, cor negra, con dobre IMEI NUM072 (rañura I) e NUM073 (rañura II) ao laboratorio do Grupo de Informática Forense da Xefatura de Información, co fin de realizar os estudos periciais correspondentes, o seguinte:

En primer lugar, la especialidad viene relacionada con que con la medida de intervención solicitada se trata de esclarecer la comisión de un delito de tenencia ilícita de armas.

Asimismo, la medida solicita es idónea en el sentido de que dada la naturaleza del delito y la posible utilización del teléfono móvil, ordenadores e internet para cometer hechos delictivos, como pudiera ser la compra o venta de armas prohibidas, la medida permitirá esclarecer la comisión del delito.

Además es necesaria y excepcional, y ello por cuanto no existe otra medida menos gravosa para el derecho fundamental afectado que pueda conseguir el mismo fin, ya que con esas conexiones de datos y el uso casi continuo que hoy en día se hace de los ordenadores y móviles y tecnología gracias a la medida como la solicitada podrá conseguirse las finalidades propuestas.

Por último la medida es proporcionada al fin propuesto, cual es el completo esclarecimiento del delito, y ello por la gravedad del mismo teniendo en cuenta la pena que pudiera llevar aparejada y dada la cantidad de armas incautadas.

En conclusión, nin a máis mínima tacha de ilegalidade constitucional nin ordinaria merecen as devanditas actuacións xudiciais da instrutora no relativo á toma de mostras biolóxicas e á transferencia e análise do ordenador e do teléfono móbil aprehendidos. E, por maior abastanza, lémbrese que o desacordo sobre a validez das dilixencias de investigación, para prosperar, deberá expresarse e facerse valer no momento procesual hábil. Non se trata de poñer énfase no significado do principio de preclusión que, no fondo, non é senón un criterio de ordenación dos actos procesuais e, xa que logo, de inferior rango axiolóxico fronte a outros valores e principios que converxen no proceso penal (así a STS, Penal, Sección 1ª, do 19 de abril de 2023 - ROJ: STS 1709/2023 - ECLI:ES:TS:2023:1709-). Do que se trata é de lembrar que a destrución da presunción que acompaña a información xenética que ofrece a realización da proba de ADN e da transferencia e análise dos dispositivos telefónicos e informáticos non se pode facer depender da xenérica, serodia e inconcreta impugnación da parte que se considere non beneficiada ou mesmo prexudicada por esa proba.

5.-Cando a defensa do acusado emitiu o seu informe aproveitou para alegar a vulneración dun proceso debido xa que a instrución rematara o 19 de marzo de 2020 e con posterioridade se achegaran ás actuacións determinados informes periciais.

Pois ben, do actuado resulta o seguinte:

Por un auto do 29 de outubro de 2019, no cal, tras reflectirse que faltaban por recibir os informes pendentes de realización polos equipos técnicos da Garda Civil relativos a balística, impresións dixitais e análises do contido dos discos duros e teléfono intervido a Vicente, e que o prazo máximo de instrución se cumpriría o 14 de novembro de 2019, acordouse o sobresemento provisional das actuacións ata que se recibisen os amentados informes. Estes tivéronse por recibidos mediante un auto do 20 de febreiro de 2020 e, por un auto do 29 de xuño de 2020, prorrogouse o prazo de instrución ata o máximo de 18 meses, isto é, ata o 29 decembro 2021. Mais esta resolución, por mor dun recurso de reforma da defensa do acusado, foi revogada por un auto do 9 de setembro de 2020 que declarou finalizado o prazo de instrución.

Xa que logo, non se incorreu na eiva procesual que denuncia a defensa. As dilixencias foron practicadas dentro do prazo de instrución e, en todo caso, foron acordadas antes do seu remate, por moito que se recibisen despois e así se achegasen ás actuacións, pois é ben sabido que, tanto na redacción anterior como na vixente do artigo 324 da Lei de axuizamento criminal, as dilixencias acordadas antes do transcurso do prazo ou das súas prórrogas serán válidas aínda que se reciban tras a expiración deste. Neste sentido, e por todas, a recente STS, Penal, Pleno, do 6 de novembro de 2024 ( ROJ: STS 5586/2024 - ECLI:ES:TS:2024:5586) teima na doutrina de que, a teor do anterior artigo 324.7 e do actual 324.2 da Lei de axuizamento criminal, son válidas as dilixencias achegadas fóra de prazo pero acordadas con anterioridade á súa finalización, e que poden practicarse fóra de prazo as dilixencias de instrución que deriven inescindiblemente doutras dilixencias xa acordadas dentro de prazo.

Segundo.- Medios de proba practicados

O axente con tarxeta de identificación profesional (TIP) NUM068 declarou o seguinte: foi o instrutor das dilixencias e participou nas dúas entradas e rexistros; solicitou o oficio de entrada e rexistro pola información da Europol, e porque os dispositivos acoplados á arma Glock convertían esta en prohibida; comprobaron que o acusado tiña licenza de armas, e entre as legalizadas aparecía unha Glock; entraron no domicilio na DIRECCION000 e encontraron todo o que reflectiron; en DIRECCION003 o acusado dixo que se trataba do domicilio do seu irmán Plácido; o domicilio que figuraba do acusado na Intervención de Armas era o de DIRECCION003; tiña un armario alí; concluíron que tiña acceso a todas as armas que apareceron en DIRECCION003 porque encontraron un documento que estaba dentro do armario e pasara a revista no 2019; o irmán falecera no 2008 e tamén apareceron as impresións dixitais do acusado dentro do armario que tiveron que forzar para abrir, tiveron que chamar os bombeiros; a unha arma, un revólver, faltáballe algo, un tambor, que localizaron fóra do armario en estado de limpeza; había fotografías sacadas con posterioridade ao falecemento do irmán que polos metadatos eran do 2012, e esa arma estaba dentro do armario; fóra do armario había armas á vista, había canóns, armas, etc.; encontrouse unha pistola Glock co dispositivo colocado, máis dispositivos metralladores, cinco no domicilio e un xa acoplado; nunha conversación de WhatsApp con Abel falaban dun dispositivo; tamén encontraron instrucións sobre como se colocaba o dispositivo; dous anos antes o acusado declarou o achado casual de dous fusís históricos no domicilio do seu pai.

E ás preguntas da defensa engadiu: a información con que se iniciou a investigación non foi exclusivamente a dos EEUU, xa que indagaron a persoa que adquirira os dispositivos e todas as armas que tiña; o dispositivo é de libre comercio; non lembra que se encontrasen armas de airsoft; na DIRECCION000 atopáronse cinco armas de avancarga, pero non colgadas na parede; en DIRECCION003 había un armario con armas, e armas legais para as cales tiña licenza o acusado; no campo de tiro DIRECCION006 non chegaron a facer o rexistro; o acusado é socio do campo de tiro e neste tiña un depósito onde soen deixar as armas; sobre a caixa forte, cos bombeiros presentes, o acusado dixo que non era del, que non tiña a chave, que era do seu irmán; verbo das fotos de armas no móbil do acusado, trátase de fotos directas sobre as armas, non de fotografías de fotos de armas, segundo se deduce dos metadatos.

O axente con TIP NUM074 declarou que fixo o informe pericial de bioloxía do 17 de xullo de 2019, que se obtivo o ADN do acusado nunha pistola e que o ADN pode permanecer anos e anos en condicións óptimas.

O axente con TIP NUM075 relatou que fixo a mesma pericia ca o anterior, sen que as partes lle preguntasen ren máis.

O axente con TIP NUM076 manifestou o seguinte: fixo a pericia de extracción de datos e evidencia dixital; el só realizou o informe do f. 701 e segs.; había algún arquivo de armas reais, ningunha arma de airsoft; sobre Samuel non encontrou nada; as fotos do seu informe que estaban no ordenador do acusado correspondían con armas no domicilio, na casa rural; o acusado visitaba páxinas web relacionadas con armas, municións e marca Glock. E a preguntas da defensa contestou que a data das fotos cre que era o 2011 e que tamén coidaba que eran fotos sacadas directamente sobre as armas, non sobre outras fotografías.

O axente con TIP NUM077 realizou a pericia en relación coa legalidade das armas a teor do seu Regulamento. A preguntas da fiscala declarou: cando un titular de armas morre hai que depositalas na Intervención de Armas e Explosivos da localidade, se a hai, que en DIRECCION001 si que a había, cunha declaración de herdeiros para darlles o destino ás armas, dende a destrución ata o alleamento, a venda ou a cesión a outra persoa que evidentemente debe estar en posesión da correspondente licenza para legalizar a arma; o artigo 94.2 do Regulamento obriga a presentar a arma, non se transfire dunha persoa a outra nin se cede sen estar á vista en Intervención de Armas; existe un límite legal ao número de municións que pode ter unha persoa en depósito que depende da licenza que teña; non se poden ter pezas fundamentais soltas das armas sen ter a licenza correspondente, se non, poderían terse 40 ou 50 armas sempre e cando estivesen desmontadas; as pezas fundamentais como o canón ou a corredía non se poden ter alén de se se ten a pistola e se se ten debidamente autorizada; se se ten unha licenza F de tiro olímpico, pódense posuír ata seis armas; se se puidesen ter pezas fundamentais soltas poderíamos ter 40 ou 50 armas como nos EEUU, aquí en España non se pode.

E ás preguntas da defensa contestou: non coñece o acusado nin o irmán; o referido artigo 94.2 do Regulamento é taxativo cando esixe a la vista del arma;o Real decreto 976/2011 , do 8 de xullo, efectivamente incorporaba unha disposición transitoria única, pero as armas inutilizadas antes desa reforma cumprían uns requisitos (tradear o canón tanto pola parte interior como pola exterior e unha inutilización interna do canón mediante soldadura); pero, co paso do tempo, comprobouse que esa regulamentación non era suficiente para evitar reverter esas armas e poñelas de novo en funcionamento, porque a soldadura non se dicía se podía ser de estaño ou se tiña que ser outro tipo de soldadura "como Dios manda"; a de estaño desaparece cun punzón e xa temos outra vez ben o canón; por outra parte, nas pistolas non se inutilizaba a corredía nin a entrada do que é o canón suficientemente, co cal, el tiña unha pistola cun canón inutilizado, conseguía outro canón e xa tiña a arma outra vez para disparar; a disposición transitoria implicaba que todos os titulares desas armas inutilizadas podían seguir con elas sempre e cando as tivesen validadas co certificado de inutilización, e, unha vez que quixesen vendelas, transferilas ou transmitir a propiedade a un terceiro tiñan que cumprir xa toda a norma da nova regulamentación, facelas irrecuperables; algunhas das armas que el viu estaban inutilizadas e case todas a teor da lexislación anterior á reforma; as armas de avancarga antes do 1993 adquiríanse en ferraxarías, non en armerías; el non valorou como estaban as armas, só a súa legalidade.

O axente con TIP NUM078 manifestou o seguinte: participou nos dous rexistros e el non viu ningunha arma airsoft; non lembraba contemplar o que constaba nas fotografías que lle exhibiu a defensa; as armas destas fotos nin as viu, se non, confiscaríanas para comprobalas; alí non deixaron ningunha arma; coñece o tipo de dispositivos dos que encontraron cinco ou seis, dos cales o acusado comprou tres, a orixe dos outros non a sabe.

O axente con TIP NUM079 declarou: participou no rexistro do domicilio do acusado e da outra propiedade; está en Intervención de Armas de Pontevedra; as cinco armas de avancarga encontráronas no domicilio do acusado na DIRECCION000, de DIRECCION001; non sabe cantas había en total; dúas nunha caixa e esta non sabe onde estaba, á vista non; en DIRECCION003 non sabe se recolleron todas as armas, el foi de apoio máis ben lexislativo; en DIRECCION003 había cinco dispositivos sen instalar e un xa instalado que aparentemente eran iguais; non había pistolas de airsoft; non se lembra de ver o que consta nas fotografías que se lle exhibiron a solicitude da defensa; estaba presente cando se abriu a caixa forte onde estaban as armas e había bastantes envasadas ao baleiro.

Segismundo declarou o seguinte: o acusado é irmán dun amigo seu ( Plácido), quen llo presentara había anos; un día en 2009-2010 coincidiu en DIRECCION007 con Vicente e díxolle que tiña un problema co seu irmán, cun depósito de armas que tiña cousas dentro; el sabía do depósito armas que tiña Plácido, quen lle dixera que necesitaba levalo da casa en que vivía antes para a casa en que pasou a vivir; que el coñecía un mozo que tiña un tractor de guindastre, quedaron un día e pasárono dunha casa á outra; isto foi en DIRECCION003; Plácido dedicábase á reparación de armas e a el reparoulle unha; tiña escopetas e ía ao tiro ao prato; o depósito de armas era grandísimo, e movérono uns 400 metros dunha propiedade a outra separadas por unha rúa; non viu o contido da caixa, que era un depósito de armas; cando foi o do traslado deste o acusado non estaba presente. Á fiscala aclaroulle que o do devandito traslado sería uns catro ou cinco anos antes da morte de Plácido.

Cipriano, amigo do acusado dende hai uns 13 anos, manifestou o seguinte: o acusado estaba federado e cre que as armas non son del; sabe que está relacionado coas armas porque facía algún traballo en tal sentido aos amigos; el foi garda civil e coñeceu o irmán do acusado, Plácido; este reparaba armas na súa casa en DIRECCION003, non sabe se por iso acudía moita xente; cando morreu Plácido, o fillo -cre- deulle unha arma para o tiro deportivo que tivo que levar para revisión á Inspección e Intervención de Armas, e, de feito, quedou alí depositada; Plácido estaba federado, pero non sabe máis.

Da pericial, a pedimento da defensa, de Abel dedúcese o seguinte: non tivo acceso físico ás armas, de telo podería cambiar algo no seu informe; en balística non ten formación, é instrutor de armas e tiro e profesor de tiro nas escolas de seguridade privada; fixo o curso que organiza a Policía Nacional na escola de Ávila; coñece o acusado, é irmán dun amigo seu ( Plácido); o acusado transferiulle unha arma; no rexistro apareceu un certificado de inutilización dunha arma que estaba ao seu nome e que lle regalara el ao irmán do acusado; o irmán do acusado utilizaba pezas para reparar outras armas; el é o pai de Samuel, investigado tamén nesta mesma causa; cre que trece armas eran aptas para o fogo; a non existencia de munición para el supón que se trata de pistolas inutilizadas; e cinco revólveres estaban inutilizados de facto.

A axente con TIP NUM069 declarou: recibiron unha comunicación previa relativa a que alguén compraba nunha páxina de Internet estranxeira unha serie de dispositivos que se instalan nunha arma curta e producen así que se transforme nunha arma de guerra; comunicáronllelo da Interpol; comprobaron que o investigado estaba en posesión dunha arma, en concreto, dunha Glock que se correspondía coas características dese dispositivo que se lle podía acoplar; realizaron investigacións, identificouse o agora acusado, etc.; figuráballe o domicilio onde residía e tamén unha coparticipación noutra propiedade que era familiar e, como o vían entrar e saír desta última, solicitouse a entrada e rexistro nos dous predios; ese dispositivo metrallador non estaba destinado a armas airsoft, non ten sentido, porque non teñen capacidade de disparo; o acusado era a única persoa que entraba e saía dese fundo; as armas eran súas ou foran do seu irmán e traspasáranse con posterioridade ao seu falecemento a el; el era o único que tiña acceso a elas; el dixo que existía esa cámara acoirazada, e desactivou a alarma da casa; as armas podían ser antes doutra persoa pero cando se produciu a detención eran del; na análise dos dispositivos electrónicos aparecen conversas, que están noutras dilixencias, onde se mencionaban unha arma e un dispositivo deses polos cales se interesaba Samuel, e, de feito, foi detido Samuel naqueloutras dilixencias; Samuel é fillo de Abel.

E a preguntas da defensa declarou: o primeiro indicio que recibiron foi a información dos EEUU; en España eses dispositivos non son de lícito comercio e, ademais, habería que adquirilos na fábrica de Glock, que é austríaca, non nunha páxina de Internet, porque para adquirir calquera dispositivo que poida transformar unha arma nunha metralladora e polo tanto nunha arma de guerra cómpre ter unha licenza, e comprala; detectaron o investigado entrando e saíndo do fundo, e cando se realizou o rexistro abriu a casa e desactivou a alarma; nesa propiedade estaba habitada unha parte e deshabitada outra; nela había dúas caixas fortes, unha onde tiña as súas armas de uso legal, e outra acoirazada bastante grande da cal el manifestou que non tiña as chaves; en Intervención de Armas había un documento onde figura que os herdeiros do irmán morto lle transfiren as armas a el.

O axente con TIP NUM080 manifestou: realizou o informe fotográfico por mor dos dous rexistros; ían dándolle o que encontraban e el fotografaba; todas as evidencias que lle daban el as fotografaba. E á defensa declarou que primeiro tirou fotografías de todo o piso e da outra propiedade, dos cuartos, etc., e, logo, conforme se ían recollendo as evidencias, el fotografábaas.

O axente con TIP NUM070 declarou: recibiron a comunicación de Europol e da ATF en abril de 2019; no informe da ATF explicábase que había un sitio web situado en China onde se vendían uns dispositivos, uns selectores, que instalados nunha pistola semiautomática da marca Glock permitían que estas armas puidesen disparar en automático, fogo metrallador, e convertelas así nunha arma de guerra; isto tanto nos EEUU como en España está prohibido; iníciase unha investigación a través de axentes encubertos naquel país, e nese portal web mercan dous dispositivos; unha vez que os recibiron mandáronos ao seu laboratorio forense onde lles din que son funcionais e transforman as Glock en armas automáticas; os axentes encubertos tiveron que pagar os dispositivos e o medio de pago era a través de PayPal; eles tiñan a conta de PayPal do vendedor e o que fixeron foi pedir unha orde xudicial para que a plataforma de pagamentos dixitais, que está nos EEUU, lles facilitase a listaxe de todas as persoas que mercaran naquela páxina eses selectores de disparo automático; recibiron de PayPal a listaxe e, á parte de cidadáns dos EEUU, había outros 200 doutros países, entre eles, 10 españois; as autoridades estadounidenses trasladan esta información a través de Europol, que, á súa vez, lla comunica a eles, xunto coa listaxe en formato Excel facilitada por PayPal, cunha síntese da súa investigación; eles analizan a información, comproban que un dos compradores é o aquí acusado, e xa llo comunican ao grupo de información de Pontevedra; non tiveron que pedir autorización xudicial para investigar o número do IP dos ordenadores, porque na listaxe Excel facilitada por PayPal xa figura a data e hora da compra, o importe, o número que facilitara o comprador, o seu enderezo físico onde lle remiten eses dispositivos e o seu correo electrónico, e así comprobaron que o acusado mercara tres dispositivos entre os meses de xaneiro e febreiro de 2019 que viñan ao seu domicilio de DIRECCION001 que era o mesmo onde vivía e onde se realizou un dos rexistros; nunca viu unha arma airsoft con estes dispositivos, e non é lóxico porque moitas das airsoft son réplicas; son armas de aire suave, non disparan cartuchos de verdade, senón boliñas de PvC moi pequeniñas, impulsadas por un gas comprimido; a única función destes dispositivos é facer que a arma pase de semiautomática a automática e así, mantendo o gatillo apertado, a arma funciona continuamente, automatiza os disparos, e isto nunha arma de airsoft non se pode facer; eses dispositivos son específicos para armas reais Glock; participou nos dous rexistros en que encontraron cinco dispositivos soltos nas súas bolsas orixinais e un xa instalado nunha pistola Glock; en relación cun minirrevólver disimulado na fibela do cinto que apareceu no salón da vivenda de DIRECCION003, o seu manual de instrucións estaba na casa de DIRECCION001, no dormitorio de matrimonio do acusado; en canto a un revólver Smith, o tambor estaba á vista na cociña, sen ningunha marca de sucidade nin de óxido; as armas estaban á vista na casa principal que estaba habitada e non abandonada, como se reflicte nas fotografías; o depósito das armas legais estaba en DIRECCION003; os dispositivos DIE que encontran na DIRECCION000, no dormitorio de matrimonio, son accesorios para a recarga ou fabricación manual e caseira de munición, son como unhas antigas buxías de coche, e para os calibres en concreto necesítanse eses DIE; a prensa, que é a ferramenta que precisan os DIE para fabricar a munición, encontrárona en DIRECCION003; en relación cun revólver con culata de madeira, a teor do artigo 4.1.c do Regulamento de armas, está prohibido; tamén apareceron armas cos números de serie borrados e que figuraban como subtraídas.

A preguntas da defensa contestou: non participou nos seguimentos previos; o mero feito das compras dos dispositivos non estaría prohibido, pero si se estaba preordenado a instalalo nunha pistola Glock para o cal está especificamente deseñado, o mero feito de instalalo é para modificar as características esenciais da arma e aí é onde se cometería o delito; a mera tenza dos dispositivos sería unha infracción administrativa; unha das armas xa tiña instalado o dispositivo; hai máis sitios en Internet onde se poden comprar os mesmos dispositivos, incluso puido intercambialos con outras persoas que tamén foron investigadas polo mesmo motivo; só se incautaron das armas que posuía ilegalmente, das súas armas legais non, e das réplicas inertes que non disparan tampouco; de case todas as armas reais hai réplicas; estas non teñen a suficiente forza para facer ese retroceso que é o que automatiza unha arma real; apareceron tres tambores de revólver soltos; un tambor que estaba solto tiña no eixo o número de serie NUM081, que se correspondía plenamente co número que tiña a armazón dun revólver Smith & Wesson do calibre 357 que encontraron dentro do armario blindado, e que, unha vez colocado, se ve que encaixa e que era o seu; viron documentación de cesión dos herdeiros do irmán falecido a el; un documento visado por Intervención de Armas que supón que as armas se presentaron para poder regularizalas e transferir a terceiras persoas, como o propio acusado; tres desas armas do documento necesariamente os herdeiros de Plácido tiveron que darllas ao acusado con posterioridade ao falecemento daquel, foron encontradas no armario blindado, cuxa apertura non facilitou o acusado.

O axente con TIP NUM082 participou nos rexistros, na dilixencia de informe preliminar e na análise do teléfono móbil do acusado. Manifestou que neste había mensaxes de WhatsApp con Samuel onde falaban dos dispositivos; este consultaba ao acusado en datas próximas á adquisición dos dispositivos; Samuel non tiña licenza de armas, pero si o seu pai, que era de Vixilancia Aduaneira e tiña legalizada ao seu nome unha Glock 17. No informe preliminar reflectiu a existencia de canóns soltos que se correspondían con dúas pistolas ás cales lles faltaban estes e que apareceron no interior da caixa forte que tiveron que forzar; encontraron unha arma Glock nunha caixa forte, co número de serie borrado, e que tiña acoplado un dispositivo para fogo metrallador; ningunha licenza podía amparar este tipo de armas, por estar prohibida ao converterse nunha arma de guerra; interviñeron tres subfusís cuxa munición estaba no cuarto onde vivía e tamén se encontrou no rexistro de DIRECCION003; os subfusís, como son de fogo metrallador, son armas de guerra; en DIRECCION003 estaban as armas e as pezas á vista, o depósito coas armas legais, e non se notaba abandonado; tamén atoparon un minirrevólver disimulado na fibela do cinto cuxo manual de instrucións apareceu no domicilio do acusado, na DIRECCION000, de DIRECCION001.

O axente con TIP NUM083, que realizou a pericia de analizar a documentación en papel intervida por mor dos dous rexistros practicados e ademais efectuou a trazabilidade das armas, manifestou o seguinte: había un documento que era unha listaxe de armas de Plácido, irmán do acusado; tratábase das armas transferidas ao falecemento daquel, longas e curtas, cinco armas que apareceron durante o rexistro, catro armas que non apareceron durante o rexistro e non puideron determinar se foran propiedade do falecido, outras catro armas transferidas antes do falecemento que entendían ben transferidas, e outras tres armas transferidas ao acusado posteriormente ao falecemento do irmán; para transferir a arma hai que presentala para que o interventor vise o número, documentación, etc.; no caso da arma en poder de Abel, cre que se trataba da inutilización dunha arma curta, que a arma non apareceu; cre que na listaxe das 36 armas había algunha a nome de Abel.

Ás preguntas da defensa declarou que non realizaron ningunha proba caligráfica verbo das anotacións que se reflectían na documentación que examinou; que 33 armas foran propiedade de Plácido e que poderían ser deste tres dos seis dispositivos que se encontraron.

O axente con TIP NUM084 declarou: é perito de balística da Garda Civil, soubo do informe pericial achegado ás actuacións pola defensa do acusado, porque llo enviaron da Fiscalía antes da súa declaración no xuízo oral; non está de acordo co devandito informe xa que o feito de que non se teña munición non fai inútil a arma; pode ser difícil a adquisición da munición, pero non imposible; o feito de que aparecese a armazón nun sitio e o canón noutro non impide que a arma sexa apta para o disparo se se xuntan; na contrapericia hai varios revólveres cos cales, por carecer de munición, non se efectuaron disparos, pero que eran aptos para iso, só hai que buscar a munición.

Ás preguntas da defensa respondeu: fixo dous informes; os subfusís son aptos para o disparo; un deles tiveron que completalo con outras pezas; a munición existe aínda que non é doado conseguila, a través de coleccionistas, afeccionados ás armas, etc.; eses dispositivos transformaban a arma semiautomática en automática; nas réplicas das armas non é posible porque non efectúan disparos; nin nas que funcionen con aire comprimido, se ben non fixeron a proba.

Á declaración dos peritos NUM085 e NUM086, da Unidade Informática, e NUM087 e NUM088, da Unidade Química, xunto co NUM089, renunciouse na vista oral.

Deseguido, declarou o acusado, Vicente, para contestar só as preguntas da súa defensa do seguinte xeito: cando sucederon os feitos tiña licenza de armas, e tiña armas, armas longas raiadas, escopetas, e armas curtas; en total tiña seis, que era a cota para armas curtas, cinco armas raiadas e seis escopetas de perdigóns de caza normal, das que utilizan os cazadores; practicou tiro durante 52 anos, foi adestrador da selección nacional de tiro olímpico, na federación ensináballes aos mozos novos a disparar e o manexo das armas, e, sobre todo, a actitude coas armas fóra do campo de tiro; tamén é arbitro nas competicións; recoñece que mercou os tres dispositivos que permiten disparar en descarga continua, pero para armas de airsoft xa que estas poden metrallar; el sempre adestrou con armas de airsoft en vez de armas con fogo real; mercou os dispositivos porque hai unha modalidade de tiro que é militar, que teñen un disparo metrallador na Garda Civil, na Policía, etc.; un dispositivo para airsoft vale 10 ou 15 dólares e un dispositivo para armas reais vale de 350 a 450 dólares; os EEUU non mandan eses dispositivos para unha arma real, está convencido de que eses dispositivos non valen para unha arma real; nunca viviu en DIRECCION003, aí vivía a súa nai e posteriormente o seu irmán Plácido; este viviu antes nunha casa que está a 200 metros; el ía a DIRECCION003 a ver a súa nai, cada 15 días; el sempre tivo as armas gardadas no campo de tiro de DIRECCION006, foi dos primeiros que mercou un armario nesa instalación; as armas nunca as tivo na casa, senón no campo de tiro, pero tivo que pasarlles a revisión, foinas buscar ao campo de tiro e cando as ía levar de volta dixéronlle que estaban en obras e, entón, aconteceu a intervención de armas e dixéronlle que as levase para o depósito de armas do seu irmán en DIRECCION003 e que as gardase, e así o fixo; xa entón estaba deixando o tiro; refírese ao depósito de armas homologado pola Garda Civil, non á cámara acoirazada que tiña o seu irmán, da cal non sabía nada; as armas súas que encontraron no depósito de armas de DIRECCION003 non as levaron; o seu irmán era armeiro e ata a Garda Civil lle levaba armas para arranxar, e a eles non lles cobraba se ben o compensaban dándolle munición; as caixas baleiras de munición da casa DIRECCION008 eran de munición militar, só a ten a Garda Civil, a Policía Nacional e o Exército, nin a Policía Local a ten; o seu irmán Plácido recargaba a munición de varios calibres para disparar; el compraba a súa munición e quíxolle dar a el balas desas de DIRECCION008 pero nunca as quixo; Gregorio, que está na Intervención de Armas en DIRECCION009, leváballe as armas das armerías dende DIRECCION009 a DIRECCION003 para que as arranxase, e isto non podía facelo; o seu irmán tamén era tirador de tiro olímpico, árbitro, adestrador, e tiña diplomas e trofeos de tiro pola casa; na DIRECCION000 encontráronse dous revólveres e dúas pistolas de avancarga, e unha pistola monotiro, que lle dera o seu irmán; esta pistola monotiro é unha réplica dunha pistola antiga, dispara como balotes pequenos; as pistolas avancarga eran de duelo, co seu correspondente estoxo, e regaloullas o seu irmán cando casou no 2000; viunas no Corte Inglés de DIRECCION009 a vender; antes de darllas a el, o seu irmán mandounas á fábrica para poñer as súas iniciais; os revólveres son unhas copias doutros de 1840, de venda libre, estaban sen usar, e non tiña licenza de avancarga; non ten relación coas armas e municións de DIRECCION003; pode ser que nalgunha ocasión tocase algunha arma do seu irmán porque as tiña por alí e ensináballas; el fixo fotos a unha, fotos que tiña o seu irmán dunha arma rarísima, unha Luger de Manuel II de Portugal, cunha cámara Canon súa; leva toda a vida tirando fotos a fotos e documentos; no relativo ao documento en que se facía cargo das armas do seu irmán foi porque a Garda Civil lle dixo que fixese iso para poder distribuílas, pero esas armas eran dos fillos e da muller do seu irmán, dos seus herdeiros; as armas que recibiu do seu irmán foron todas regaladas; supón que había outras armas do seu irmán que el non recibiu; e que si foi certo que na súa casa encontraron caixas de balas do nove longo, pero son cartuchos do 38 Super Auto, que equivale ao calibre nove longo e el tiña unha arma que utiliza cartuchos do 38 Super Auto.

Terceiro.- Cualificación xurídica dos feitos

Os feitos declarados probados son legalmente constitutivos dun delito de posesión ilícita de armas, previsto e penado nos artigos 566.1.1º, frase final, e 567.1, 2 e 3 do Código penal.

A coñecida STC 24/2004, do 24 de febreiro, invocada pola defensa do acusado, efectivamente declarou que o primeiro inciso do artigo 563 do Código penal só era constitucional interpretado no sentido exposto no seu fundamento xurídico oitavo, no cal se reflectía o seguinte:

[...] a tenor del art. 563 CP las armas cuya tenencia se prohíbe penalmente son, exclusivamente, aquellas que cumplan los siguientes requisitos: en primer lugar, y aunque resulte obvio afirmarlo, que sean materialmente armas (pues no todos los objetos prohibidos con ese nombre en la norma administrativa lo son); en segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite, debiendo excluirse del ámbito de prohibición del art. 563 CP todas aquellas armas que se introduzcan en el catálogo de los arts. 4 y 5 del Reglamento de armas mediante una Orden ministerial conforme a lo previsto en la disposición final cuarta, por impedirlo la reserva formal de ley que rige en materia penal; en tercer lugar, que posean una especial potencialidad lesiva y, por último, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa para la seguridad ciudadana, quedando excluida la intervención del Derecho penal cuando no concurra realmente ese concreto peligro sin perjuicio de que se acuda, en ese caso, al Derecho administrativo sancionador [...].

Porén, e aínda respectando e asumindo, como non podía ser doutro xeito, o así resolto daquela polo Tribunal Constitucional, consideramos que non ten ningunha ou pouca influencia no presente caso.

O de posesión ilícita de armas é un delito de propia man que comete aquel que de forma exclusiva e excluínte goza da posesión da arma, aínda que ás veces poida pertencer a distintas persoas ou, en último caso, poida estar á disposición de varios con indistinta utilización, razón pola cal estende os seus efectos, en concepto de tenza compartida, a todos aqueles que, coñecendo a súa existencia na dinámica delituosa, a tiveron indistintamente á súa libre disposición; insístese na posibilidade da disposición compartida, pero subliñando a necesidade de que coñezan o uso da arma na comisión do delito (así, e por todas, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 19 de abril de 2024 - ROJ: STS 2273/2024 - ECLI:ES:TS:2024:2273-).

O dolo do depósito de armas absorbe o da mera posesión. Quen dispuxese de cinco ou máis armas de fogo regulamentadas, en condicións ilícitas, sen estar amparado polas licenzas ou permisos necesarios, colmaría as esixencias obxectivas do delito de depósito previsto no artigo 566.1.2º, en relación co artigo 567.3, ambos os dous do Código penal, e debería ser sancionado, se é o caso, pola aplicación deste precepto que absorbería o delito de mera posesión respecto das armas - artigo 564.1 do Código penal- (así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 15 de xuño de 2022 - ROJ: STS 2316/2022 - ECLI:ES:TS:2022:2316-).

O delito de posesión ilícita de armas e o de posesión de armas de guerra son infraccións de perigo abstracto, que non requiren para a consumación máis que a dispoñibilidade sobre a arma ou armas de que se trate. A regulación legal non prevé expresamente unha agravación da pena en función do número de armas que se posúan, agás cando se trata de armas regulamentadas, nas cales a posesión dun número maior de cinco constitúe xa non tenza, senón depósito, como figura de maior gravidade. A posesión de catro armas regulamentadas non constitúe, pois, máis que un só delito. Cando se trata de depósito de armas de guerra, a lei parte de que a tenza -fabricación ou comercialización- dunha soa arma xa constitúe o delito, sen que a posesión de dúas ou máis armas supoña unha agravación da conduta que dea lugar a unha nova infracción, senón, en todo caso, a unha individualización da pena que a sitúe nunha extensión superior. E se a posesión de dúas armas de guerra non supón a existencia de dous delitos de depósito, senón dun só, quedando absorbida a tenza da segunda na da primeira, o mesmo debe ocorrer cando a segunda arma posuída non é unha arma de guerra (neste sentido, a STS, Penal, Sección 1ª, do 21 de setembro de 2011 - ROJ: STS 5819/2011 - ECLI:ES:TS:2011:5819-)

Cando se trata dun depósito de armas vinculado probadamente a unha soa persoa, o axente único debe ser equiparado ao promotor ou organizador, aínda que só fose porque, noutro caso, a solución alternativa levaría necesariamente á absolución, xa que, en tales supostos, a cooperación resultaría intrinsecamente imposible (así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 7 de xullo de 2021 - ROJ: STS 2833/2021 - ECLI:ES:TS:2021:2833-).

A cooperación supón forzosamente a realización de actos executivos alleos aos cales se presta colaboración ou axuda, e debe quedar ben nidio a que outra persoa ou persoas auxiliou o acusado na formación do depósito (por todas, a STS, Penal, Sección 1ª, do 13 de outubro de 2015 - ROJ: STS 4421/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4421-).

A posibilidade dun depósito de armas constituído por unha soa persoa está admitida pola xurisprudencia. Así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 5 de marzo de 1997 ( ROJ: STS 1551/1997 - ECLI:ES:TS:1997:1551) xa razoaba que mal cabe falar de cooperación cando se trata do depósito feito por unha soa persoa, e que, nestes casos, o axente único debe ser equiparado ao promotor ou organizador. A alternativa levaría absurdamente á absolución, xa que a cooperación resultaría entón intrinsecamente imposible.

A STS, Penal, Sección 1ª, do 16 de febreiro de 2001 ( ROJ: STS 1066/2001 - ECLI:ES:TS:2001:1066) razoaba que o acusado fora naturalmente o promotor e organizador do depósito de armas no seu domicilio, xa que fora a única persoa que materialmente as adquirira e xuntara.

A STS, Penal, Sección 1ª, do 9 de maio de 2006 ( ROJ: STS 2808/2006 - ECLI:ES:TS:2006:2808) recolle que, independentemente de que o acusado recibise a colaboración de terceiros ou estivese concertado con eles, a constitución do depósito de armas e municións debe atribuírse de forma especial ao recorrente.

Para distinguir os promotores e organizadores dos simples cooperadores á súa formación debe repararse en que (así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 21 de abril de 1994 - ROJ: STS 2715/1994 - ECLI:ES:TS:1994:2715-) os primeiros son os que dan vida, coa súa iniciativa e consignas, á reunión finalista das armas, mentres que os segundos son só os que teñen unha vontade adxacente, de mera cooperación ao que outros xa idearon e promocionaron. E, nos casos dunha soa persoa, non é posible esa dobre categoría de autores porque esa única persoa reúne en si mesma os caracteres das dúas formas de participación afectantes; con base nisto sería, entón, aplicable a alternativa máis favorable. O acusado respondería así como autor único do delito, na forma de cooperación, cunha pena sensiblemente inferior á establecida para os organizadores e promotores (neste mesmo sentido, a STS, Penal, Sección 1ª, do 16 de novembro de 2007 - ROJ: STS 7808/2007 - ECLI:ES:TS:2007:7808-).

Cuarto.- Autoría dos feitos

Responsable en concepto de autor, como cooperador á súa formación - artigo 28.b do Código penal-, do amentado delito de posesión ilícita de armas é o acusado, Vicente.

Quinto.- Valoración dos medios probatorios

O propio acusado confesou a realidade da adquisición a través de Internet, os días 6 e 26 de xaneiro e 17 de febreiro de 2019, de tres dispositivos metralladores que permitían a unha pistola disparar en descarga continua, a través da súa conta de PayPal, e que os recibiu no seu domicilio na DIRECCION000, de DIRECCION001, se ben engadiu que era para empregalos nas armas airsoft, xa que con estas se pode metrallar, e que mesmo estaba convencido de que tales dispositivos non valían para unha arma de fogo real.

Pois ben, cando se realizaron as dúas entradas e rexistros o 21 de maio de 2019, encontrouse no interior do armario blindado existente no garaxe de DIRECCION003 unha pistola da marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, Parabellum, con número de serie NUM046 (na corredía e no canón) co seu número de serie borrado no armazón desta, que xa tiña instalado un dos amentados dispositivos -selector de disparos- que permitía realizar fogo metrallador e que a convertía así non só nunha arma prohibida pola modificación das súas características esenciais (artigo 4.1.1 do Regulamento de armas), senón tamén nunha arma de guerra por poder realizar con ela fogo metrallador (artigo 6.1.c do Regulamento de armas).

Neste sentido, e a teor da pericial practicada e da declaración no xuízo oral do axente con TIP NUM084, a devandita pistola Glock tiña acoplado na súa corredía un dispositivo con selector que permitía o tiro automático, similar aos outros cinco selectores. Todos estes estaban en perfecto estado de conservación e funcionamento e así se comprobou na proba de disparo efectuada coa referida pistola.

Deste xeito, se se encontraron seis dispositivos plenamente aptos e eficaces para, unha vez acoplados á devandita pistola Glock, poder realizar fogo metrallador con ela; se o acusado mercou e recibiu no seu domicilio tres dos dispositivos que automatizaban en tal sentido a pistola; se todos eles eran idénticos, estaban en perfecto estado e funcionaban perfectamente cando se colocaban na pistola; e mesmo se un destes dispositivos xa estaba instalado na pistola que se encontrou no interior do armario blindado de DIRECCION003, non semella senón que a única conclusión posible é que foi o mesmo acusado quen colocou na pistola Glock un dos selectores de disparo automático que mercou e recibiu, á marxe de como puidesen tamén obterse os outros tres selectores dos seis en total de que se incautaron os axentes. E casualmente o dispositivo selector non apareceu en ningunha outra arma -de avancarga ou de airsoft- a que o acusado dicía estar destinado, senón xusto na arma Glock, coa cal era plenamente compatible. E só con isto xa se satisfarían os requisitos do referido delito imputado pola acusación pública ao acusado.

Por maior abastanza, consta nas actuacións un documento do 7 de setembro de 2009, no cal Elisabeth, Abilio e Susana, en representación do seu fillo menor de idade Fabio, como herdeiros do finado Adolfo, lle cedían a totalidade das armas deste último ao acusado, Vicente, con domicilio en DIRECCION003, DIRECCION001 (que era o domicilio do acusado que figuraba no Servizo de Intervención de Armas da Garda Civil), portador dos permisos de armas correspondentes e incluso un libro de coleccionista. Neste documento figura o visado do Servizo de Intervención de Armas da Garda Civil de DIRECCION001. E a única explicación dada polo acusado a tal feito foi que así llo aconsellou a Garda Civil para poder distribuílas, pero que esas armas eran dos fillos e da muller do seu irmán, dos seus herdeiros, e que as armas que recibiu do seu irmán foron todas regaladas, e supoñía que había outras armas do seu irmán que el non recibiu.

Neste mesmo sentido, a axente con TIP NUM069 declarou que as armas eran do acusado ou foran do seu irmán e se traspasaran a el en virtude do amentado documento, con posterioridade ao seu falecemento; el era o único que tiña acceso a elas; el dixo que existía esa cámara acoirazada, e desactivou a alarma da casa; as armas podían ser antes doutra persoa pero no momento de producirse a detención eran del.

O axente NUM070 manifestou que viron a devandita documentación de cesión dos herdeiros do irmán falecido a el; un documento visado por Intervención de Armas que supón que as armas se presentaron para poder regularizalas e transferilas a terceiras persoas, como o propio acusado; desas armas do documento, os herdeiros de Plácido necesariamente tiveron que lle dar tres delas ao acusado con posterioridade ao falecemento daquel, que se encontraron no armario blindado, cuxa apertura non facilitou o acusado.

O perito e axente con TIP NUM083, que se encargou de analizar a documentación en papel intervida por mor dos dous rexistros practicados e de realizar a trazabilidade das armas, manifestou que había un documento que era unha listaxe de armas de Plácido, irmán do acusado; tratábase das armas transferidas ao falecemento daquel, longas e curtas, cinco armas que apareceron durante o rexistro, catro armas que non apareceron durante o rexistro e non puideron determinar se foran propiedade do falecido, outras catro armas transferidas antes do falecemento que entendían ben transferidas, e outras tres armas transferidas ao acusado posteriormente ao falecemento do irmán; para transferir a arma hai que presentala para que o interventor vise o número, documentación, etc.; no caso da arma en poder de Abel, cre que se trataba da inutilización dunha arma curta, que a arma non apareceu; cre que na listaxe das 36 armas había algunha a nome de Abel. Ás preguntas da defensa declarou que non realizaron ningunha proba caligráfica verbo das anotacións que se reflectían na documentación que examinou; que 33 armas foran propiedade de Plácido e que puidesen ser deste tres dos seis dispositivos que se encontraron.

Máis aínda, no domicilio do acusado na DIRECCION000 de DIRECCION001 encontráronse, no cuarto de matrimonio, uns dispositivos DIE, que son uns accesorios para a recarga ou fabricación manual e caseira de munición, que son como unhas antigas buxías de coche -como se pode comprobar nas fotografías achegadas ás actuacións-, e para os calibres en concreto necesítanse eses DIE. Pois ben, a prensa, que é a ferramenta que precisan os DIE para fabricar a munición, encontrárona en DIRECCION003. Así o declarou no xuízo oral o axente con TIP NUM070 e dedúcese dun xeito incontestable do resultado documentado e fotografado do rexistro practicado en ambos os dous lugares. Por iso, e aínda que o acusado reiterase a súa negación de que vivise en DIRECCION003, o certo é que visitaba, con maior ou menor frecuencia, este último lugar e permanecía nel.

Noutra orde de cousas, dentro do armario blindado da casa de DIRECCION003, que foi necesario forzar para poder acceder ao seu interior, atopouse a documentación da compra dun revólver marca Colt, calibre 45, con número de serie NUM090, polo prezo de 880 euros, na armería alemá Tramm & Hinners. Este revólver figuraba como propiedade do acusado, Vicente, dende o 25 de marzo de 2008, amparado coa licenza de armas tipo F (tiro deportivo) e pasara revista na Intervención de Armas de Ponteareas o 5 de xuño de 2018; disto infírese que forzosamente o seu propietario, isto é, o acusado, tivo que amosala fisicamente para a súa revista naquela intervención. E resulta que, insistimos, este documento xusto apareceu no interior do devandito armario blindado a pesar de que o acusado nega saber todo o relacionado con el e coa súa apertura. Neste sentido, o axente con TIP NUM068 declarou que consideraba que o acusado tiña acceso a todas as armas que apareceron en DIRECCION003 porque, falecido o seu irmán no 2008, encontraron un documento -o anteriormente referido- que estaba dentro do armario e que demostraba que pasara a revista da arma no 2019.

Tamén apareceron as impresións dixitais do acusado dentro do armario acoirazado. E na pistola da marca EN-GE, sen número de serie nin calibre, detectouse o ADN do acusado, Vicente. Así o corroborou no xuízo oral o axente con TIP NUM074 -o axente con TIP NUM075 xa non foi interrogado polas partes-, quen elaborou o correspondente informe pericial de bioloxía e, se ben recoñeceu que o ADN pode permanecer anos e anos en condicións óptimas, o lóxico é que o contacto do acusado coa devandita arma fose ben recente pola potísima razón de que, como reflectimos, lle pasou a revista no 2019.

Tamén no ordenador portátil da marca HP, modelo Pavilion, serie G, do acusado se encontrou un arquivo de imaxe dunha pistola da marca Luger, modelo P06, número de serie NUM044, non rexistrada e de procedencia ilícita, que estaba no interior do armario blindado. A data da captura das imaxes, entre outras moitas de carácter persoal do mesmo acusado, abranguen dende o 7 de outubro de 2010 ata o 19 de xaneiro de 2012, tomáronse cunha cámara Canon EOS 50D e con outra EOS 60D, e, xa que logo, posteriormente á morte do irmán daquel, Plácido, o cal determina a inexorable conclusión de que tiña que ter acceso ao interior do amentado armario acoirazado onde se encontrou a referida pistola. Que se trataba de fotos reais sobre a pistola e non de fotos sobre fotos desta así o declararon os axentes NUM068 e NUM076, por moito que o acusado declarase que el fotografou a foto daquela pistola, por certo que cunha cámara da mesma marca Canon.

O axente NUM082 tamén declarou que no teléfono móbil do acusado se encontraron mensaxes de WhatsApp deste con Samuel onde falaban dos dispositivos-selectores de disparo automático en datas próximas á súa adquisición por parte daquel.

En relación coa legalidade da posesión das armas atopadas resultou ben elocuente o declarado polo axente con TIP NUM077, a cuxa escolma da transcrición nos remitimos, en canto ao xeito en que regulamentariamente se debe proceder cando morre o titular das armas, e que non se fixo no presente caso; no que respecta á existencia do número máximo de munición que se pode ter en función do tipo de licenza de armas, excedido neste caso; verbo da ilegalidade de ter pezas fundamentais soltas e desmontadas das armas sen ter a licenza correspondente; sobre a necesidade de cumprir coas esixencias da lexislación vixente para dispoñer das armas inutilizadas consonte a anterior lei, etc.

Tamén foi convincente o declarado polo axente NUM084, que, como perito en balística, se ratificou nos dous informes seus achegados ás actuacións, para concluír que 44 armas das aprehendidas estaban en estado normal de funcionamento.

Mentres que o perito da defensa, Abel (especialista en armamento e tiro pola Dirección Xeral de Policía, non experto en balística, pai de Samuel, investigado tamén nesta causa, e amigo do irmán xa falecido do acusado, quen lle transferiu unha arma), tamén concluíu que trece das armas estarían en perfecto estado de funcionamento.

A discrepancia esencial entre un e outro informe radicaría, á parte de que o perito da defensa non tivo á vista as armas e, xa que logo, non as analizou, en se o feito de dispoñer ou non de munición determinaba xa a inutilidade dunha arma. E este particular aclarouno o devandito perito da acusación cando declarou que unha cousa é que sexa difícil facerse coa devandita munición e outra que sexa imposible. Munición haina e pódese conseguir malia as dificultades e, por iso, a arma segue a ser perfectamente apta para o seu funcionamento unha vez conseguida a munición.

En nada empece a todo o dito o alegado pola defensa de que os dispositivos que o acusado recoñeceu adquirir por Internet puidesen estar destinados e ser válidos para a súa instalación e uso nas réplicas das armas, nas de avancarga ou nas que funcionan con aire comprimido, pois, á parte de que o único dispositivo utilizado estaba incorporado a unha arma real (a da marca Glock, modelo 17, calibre 9 mm, Parabellum, con número de serie NUM046 -na corredía e no canón- co seu número de serie borrado na armazón) a teor do declarado e informado polas testemuñas e peritos, a colocación dos dispositivos naqueloutras armas non era posible ou, cando menos, resultaba inútil para o automatismo de fogo metrallador que con eles se pretendía.

Agora ben, o acusado, Vicente, non debe responder por ser o promotor ou organizador do depósito de armas, senón por cooperar á súa formación, coas conseguintes consecuencias penolóxicas previstas na frase final do artigo 566.1.1º do Código penal. A teor da proba practicada, si que quedou demostrado que contribuíu a manter e, se cadra, a incrementar cando menos coa adquisición dos dispositivos que mercou por Internet o depósito de armas promovido e organizado polo seu irmán falecido. Alén disto, nada máis se lle pode reprochar coa mínima seguridade e contundencia que se esixe neste eido penal, á parte de esixencias e responsabilidades dun tipo ben distinto.

Lémbrese en tal sentido que non se pode concluír, a teor do resultado da proba practicada, interpretada á luz da xurisprudencia xa citada anteriormente, que o depósito de armas estivese vinculado única e exclusivamente ao acusado. Por ningures se acreditou que fose el quen o ideou e comezou, senón que foi o seu irmán, Plácido, xa falecido, e só se xustificou que o acusado se adheriu a tal depósito, que o perpetuou e coadxuvou nel do xeito xa indicado. Se a cooperación supón forzosamente a realización de actos executivos alleos ás accións a que se presta colaboración ou axuda, as referencias realizadas por todos, no presente caso, ao xa falecido irmán do acusado, Plácido, son constantes e reiteradas no sentido de que foi el quen ideou e formou o depósito de armas que, por así dicir, o agora acusado herdou e aumentou o seu perigo mediante a indiscutida adquisición duns dispositivos que, colocados nalgunhas das armas, as convertían en armas de guerra polo automatismo do seu disparo metrallador. En todo caso, a ponderación da valoración de todas as circunstancias subxectivas e obxectivas concorrentes no presente caso non ofreceu un perfil para acadar un xuízo exacto ao respecto, e en caso de dúbida debe aplicarse a alternativa máis favorable como manifestación concreta do principio in dubio pro reo(así, para un caso de depósito de armas e municións ou explosivos, véxase a STS 220/2002, do 11 de febreiro).

Sexto.- Circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal

A defensa do acusado alegou a circunstancia de dilacións indebidas do artigo 21.6ª, como cualificada ou por analoxía do artigo 21.7ª do Código penal.

Para tal efecto, cando transformou as súas conclusións provisionais en definitivas engadiu unha serie de períodos en que, segundo ela, o procedemento se demorou de xeito inxustificado e non atribuíble ao acusado. En concreto, especificou que:

Del auto de sobreseimiento provisional a la espera de informes de 29/10/19 (folio 561) al auto de reapertura de 20/02/20 (folio 999) trascurren 4 meses.

De la providencia de 10/03/20 (folio 1.118) con traslado al Fiscal por volcado de datos hasta el auto de 29/06/20 (folio 1.659) acordando complejidad transcurren 3 meses y 18 días.

Del auto de 09/09/20 (folio 1.707) acordando el fin de la instrucción hasta el auto de 21/01/21 (folio 1.920) de trasformación al procedimiento abreviado transcurren 4 meses.

Desde el auto de trasformación antes mencionado hasta el auto de procesamiento de 01/09/22 (folio 2.102) transcurre 1 año y 8 meses.

Desde entonces hasta la fecha actual han transcurrido 2 años y 2 meses.

Por tanto, el tiempo de dilación indebida se prolongó durante 4 años, 9 meses y 15 días.

Indiscutidos os amentados lapsos temporais, e á marxe de circunstancias excepcionais que acrediten unha efectiva lesión de especial entidade derivada da dilación, a atenuante de dilacións indebidas debe acollerse -máis como resumo empírico que como norma de seguimento- atendendo ao dato concreto de que o prazo de duración total do proceso se estendeu durante máis de cinco anos, prazo que en por si se considera irrazoable e susceptible de atenuar a responsabilidade penal, pero pola vía do artigo 21.6ª do Código penal, é dicir, como atenuante simple (entre as últimas, a STS, Penal, Sección 1ª, do 10 de outubro de 2024 - ROJ: STS 4936/2024 - ECLI:ES:TS:2024:4936-).

Sétimo.- Penalidade

No artigo 566.1.1º, frase final, do Código penal prevese para quen coopere á formación do depósito de armas ou municións de guerra a pena de prisión de tres a cinco anos.

Non resulta aplicable o previsto no artigo 565 do Código penal invocado pola defensa do acusado no seu informe. Nel prevese a posibilidade de rebaixar nun grao as penas sinaladas nos artigos anteriores -que non é o caso, no cal resultan aplicables os artigos 566.1.1º , frase final, e 567.1, 2 e 3 do Código penal- cando, polas circunstancias do feito e do culpable, se evidencia a falta de intención de usar as armas con fins ilícitos. E non só estamos ante a referida imposibilidade legal, senón que mesmo a colocación xa de dispositivos selectores para transformar o disparo dunha pistola de fogo real de semiautomático en automático, isto é, fogo metrallador, amosa a evidencia da intención de usala con fins ilícitos. E, en todo caso, o artigo 565 do Código penal prevé unha facultade discrecional do tribunal, pero non absoluta, senón regrada, como se deduce da literalidade do precepto (por todos, o ATS, Penal, Sección 1ª, do 2 de novembro de 2023 - ROJ: ATS 15204/2023 - ECLI:ES:TS:2023:15204A-); e, no presente caso, polas circunstancias do feito e do culpable, e pola demostrada intención de facer uso das armas do xeito indicado, non se estima concorrente a súa aplicación.

Por maior abastanza, a perigosidade abstracta dunha arma de guerra é inherente á súa alta capacidade lesiva, a diferenza do que ocorre respecto das armas de fogo; nestas, ao seren dunha lesividade menor, aínda que a súa perigosidade abstracta sexa relevante, permítese en certas condicións a súa posesión. Diferente perigosidade que fai que cando se trata de armas de fogo sexan precisas cinco armas para poder falar de depósito - artigo 567.3 do Código penal-, mentres que no caso de armas de guerra abonda cunha soa - artigo 567.1 do Código penal-, o que ademais fai que no devandito artigo 565 do Código penal se prevexa unha degradación facultativa para as primeiras no caso de que se evidencie a falla de intención de usar as armas con fins ilícitos que non é aplicable para as segundas (así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 8 de outubro de 2020 - ROJ: STS 3215/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3215-).

E dentro, entón, do abano da pena en abstracto prevista polo devandito artigo 566.1.1º, frase final, do Código penal, procede enmarcala na súa metade inferior por mor da concorrencia da atenuante simple de dilacións indebidas do artigo 21.6ª do Código penal, isto é, de tres a catro anos de prisión. E, xa dentro desta pena en concreto, en atención á morea de armas e municións de todo tipo ocupadas, ao seu maioritario perfecto estado de mantemento e funcionamento, á distribución de todo o aprehendido en dous domicilios distintos e os lugares en que, dentro destes, se encontraron, consideramos ben proporcionada e axeitada a pena de tres anos e seis meses de prisión.

Oitavo.- Custas

As custas procesuais deben impoñerse ao acusado a teor do disposto nos artigos 123 do Código penal e 239 e 240.2º da Lei de axuizamento criminal.

Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,