Sentencia Penal 2/2025 Audiencia Provincial Penal de A Coruña nº 2, Rec. 663/2024 de 23 de diciembre del 2024

PRIMERO.-La sentencia dictada con fecha 24 de octubre de 2022 en las presentes actuaciones de Juicio sobre delitos leves condena a los denunciados Alejandra y Adolfo como autores de un delito leve de estafa a la pena, a cada uno de ellos, de 2 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

Contra la referida sentencia interpone recurso de apelación la representación de ambos denunciados invocando como motivos de su recurso, dicho de manera resumida, un error en la valoración de la prueba, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la aplicación indebida del artículo 248.1 y 2 del Código Penal, interesando la revocación de la sentencia de instancia y que se dicte una nueva que absuelva a sus defendidos del delito leve por el que fueron condenados; de manera subsidiara, que se revoque la sentencia de instancia y que se dicte una nueva por la que se absuelva a Adolfo y se condene a Alejandra como autora de un delito leve de estafa a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de 6 euros. El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La sentencia de instancia considera probado que el 14 de noviembre de 2021 Adolfo utilizó, con el consentimiento de su esposa Alejandra, la cuenta que Alejandra tenía en la compañía Amazon para realizar una compra por importe de 104Ž98 euros, cantidad que fue cargada, sin la autorización de su titular, en una cuente bancaria de Begoña. Y que posteriormente, al ser devuelto el producto, el importe de la compra se reembolsó en la cuenta de Alejandra "obteniendo así un beneficio económico".

En su escrito de alegaciones remitido al Juzgado antes de la celebración del juicio los denunciados señalaron, entre otros extremos, que:

- Adolfo y Alejandra son víctimas de una estafa en Amazon durante los meses de noviembre a diciembre 2021, al robar la cuenta de usuario de Amazon de la que era titularidad de Alejandra en el mes de noviembre de 2021 y desde ella el autor del delito, usurpando la identidad de Alejandra, realizó compras fraudulentas. Desconocen los dos acusados como accede el autor de la estafa a su cuenta de Amazon, por fallos en su seguridad.

El responsable de los accesos a su cuenta de Amazon es el autor de la estafa en las compras fraudulentas y de los usos ilícitos en la tarjeta bancaria de la denunciante.

- Nada indica, a todas luces, que los dos acusados que se encontraban en León, dada la situación del ingreso hospitalario de Alejandra entre los días 10 y 14 de noviembre de 2021, con causa en un aborto de su bebé gestante de 5 meses, que por el duelo, el shock psicológico de la pérdida y tratamientos médicos que precisaba Alejandra en los días y meses siguientes, que por su cultura y experiencia, sin tener antecedentes penales de ninguna clase, hayan sido los responsables de los hechos delictivos que se les imputan indebidamente en los presentes autos. Son los dos personas ajenas a la maniobra y víctimas de una estafa en Amazon por el acceso fraudulento a la cuenta titularidad de Alejandra.

Todo lo que han puesto los cónyuges en conocimiento de la policía mediante denuncia en fecha de 22 de junio de 2022 en la Guardia Civil de la población de Armunia (León) en el momento que reciben la citación del Juzgado de Instrucción Número 8 de A Coruña ... que damos por reproducida como prueba documental por constar en los autos.

Y frente a ello el Juzgado de Instrucción, en el último párrafo del Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, señala: Las excusas dadas por la defensa para exculparlos no pueden ser atendidas: 1.- que estuviese en el hospital en la fecha de compra (14 de noviembre) es superfluo porque la compra, al ser online, puede hacerse desde cualquier lugar; 2.- el pedido... resulta confirmado el día 15 de noviembre y se envía el día 15 de noviembre a Madrid a la dirección que se indicó al hacer la compra, pedido en camino, ya no se podía modificar, estando prevista la entrega el día 16 o 17 de noviembre; 3.- el día de la entrega aún estarían en León, no en Madrid, motivo por el que se ordenó la devolución, procediéndose por parte de Amazon a reembolsar el producto; 4.- el día 3 de diciembre se comunica el reembolso lo cual se hizo en la cuenta de Amazon a nombre de Alejandra, no en un cheque regalo a nombre de persona desconocida; 5.- a todo ello se añade que después de todo el tiempo transcurrido Adolfo nunca denunció suplantación de identidad, ni Amazon reembolso indebido.

Señalando los denunciados en su escrito de recurso, reiterandolas alegaciones que, con carácter previo, habían remitido por escrito al Juzgado, que:

- Al tener conocimiento los dos acusados de la existencia de un tercero perjudicado por la compra de la Tablet desde la cuenta Amazon de Alejandra, lo denuncian inmediatamente el día 22 de junio 2022. Los dos acusados presentaron denuncia a la autoridad en la Guardia Civil de Armunia, León, no uno de ellos como erróneamente concluye la juez de instancia, al recoger que Adolfo no denunció... Los acusados, Adolfo y Alejandra, constan como titulares de la denuncia presentada en la Guardia Civil de Armunia el 22-06-2022 (León).

- Los hechos enjuiciados tiene lugar el 14 de noviembre de 2021 (fecha de la compra de la Tablet en Amazon) fecha en la que ambos acusados están en León, pierden a su hijo a los 5 meses de gestación, Alejandra sufre un aborto tardío, estuvo hospitalizada en el Hospital de León desde el 10 de Noviembre 2021, no recibe el alta hospitalaria hasta el 14 de noviembre de 2021 por la mañana, el día 15 de noviembre 2021 recibirá una transfusión de sangre intravenosa por su estado de debilidad. Adolfo, su marido, está a su cuidado en León...

- Como prueba de cargo en que se funda la resolución recurrida resulta que es la falta de presentación de denuncia por Adolfo... Cuando se constata como denunciante junto a su mujer Alejandra en la denuncia presentada en la Guardia Civil de Armunia-León. Resulta curioso que el mismo juzgador recoja lo contrario y cuándo se solicitó se incorporasen a los autos las diligencias policiales de Armunia (León) ... la petición no se atendió por el juzgador, se encuentra en el escrito de personamiento, efectuada en el Otrosí Segundo de forma clara y precisa.

- Se concluye por esta parte que existió una investigación insuficiente de los hechos de las estafas por internet, denunciados por los acusados el 22-06-22 y por la denunciante Begoña en noviembre de 2021 que vulneran el principio de tutela judicial efectiva de los acusados

- La falta de aportación de las diligencias policiales de Armunia, León, a los autos enjuiciados y solicitada por la representación procesal de los acusados, formulada mediante Otrosí Digo Segundo del escrito de personamiento. Situación que deja en indefensión de los dos acusados y que vulnera el artículo 24.1 de la CE .

TERCERO.- Como cuestión previa es necesario poner de manifiesto que el delito leve objeto de enjuiciamiento debe estimarse, de conformidad con lo prevenido en los artículos 131 y 132 del CP, prescrito, por lo que procede dictar un pronunciamiento absolutorio para los aquí recurrentes.

Así, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.1 del Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue: "6.º Por la prescripción del delito". El artículo 131.1 CP, por su parte, establece que los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias prescriben al año, precisando el artículo 132. 2 CP que "La prescripciónse interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento...".

En el presente caso, como puede comprobarse del examen del procedimiento remitido a este Tribunal, dictada sentencia el 24 de octubre de 2022, notificada al Ministerio Fiscal, a la denunciante y a los denunciados, e interpuesto contra aquella recurso de apelación por la representación de Alejandra y Adolfo, el Juzgado lo admite a trámite por resolución de 19 de noviembre de 2002. E impugnado el recurso por el Ministerio Fiscal mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2023, no se practicó en el procedimiento ninguna actuación hasta que con fecha 31 de mayo de 2024 se dicta por la Letrada de la Administración de Justicia diligencia acordando la unión a las actuaciones del escrito de impugnación del Ministerio Fiscal y su remisión a la Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto.

En consecuencia entre la presentación por el Ministerio Fiscal del escrito de 18 de mayo de 2023 y el dictado de la diligencia de ordenación de fecha 31 de mayo de 2024 transcurrió con exceso el plazo de prescripción, de un año, del delito leve objeto de la causa, sin que en el referido periodo de tiempo se hubiera dictado en la causa ninguna resolución que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Penal, tuviera la virtualidad de interrumpir el transcurso del plazo de prescripción pues, como ha señalado la Sala Segunda del Tribunal Supremo al analizar la interrupción de la prescripción de los delitos "Solo tienen virtud interruptora aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción"( STS 965/2012, de 26/11/2012). Como puso de manifiesto la STS 762/2015, de 30/11/2015, "Hoy, como señala expresamente el art. 132 2º CP, la prescripción penal no solo opera cuando transcurre el tiempo previsto para la prescripción antes de haberse iniciado el procedimiento, sino también cuando el proceso se ha paralizado durante dicho tiempo ( STS 193/2002, de 20 de noviembre, entre otras muchas)".

Según ha establecido reiterada jurisprudencia, la prescripción opera en el proceso penal como causa de extinción de la responsabilidad criminal cuando el transcurso del tiempo y la paralización del proceso modifican sustancialmente la necesidad de la imposición de la pena. Se trata de una institución de carácter material o de Derecho sustantivo que, por ser una cuestión de orden público, procederá en cualquier estado del procedimiento o en cualquier oportunidad procesal, pudiendo hasta declararse de oficio siempre y cuando concurran los presupuestos materiales para su estimación.

No obstante, lo anterior, este Tribunal estima necesario examinar, siquiera sea de manera breve, las alegaciones que se contienen en el escrito de recurso y ello toda vez que, examinada la prueba practicada, coincidimos en la apreciación de los recurrentes en el sentido de que no tiene potencialidad para tener por enervada la presunción de inocencia, al no alcanzar las cotas de suficiencia de su carácter concluyente que reclama una sentencia condenatoria. Por otra parte, esta Tribunal estima también que el escrito de alegaciones remitido por los denunciados antes mencionado, visto su contenido, debía haber llevado al Juzgado a realizar una mínima actividad de comprobación, previa a la celebración del juicio, de los hechos en él relatados, y ello para garantizar el derecho de aquéllos a la tutela judicial efectiva.

Conforme a una reiterada doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (así, entre otras muchas, la STS 367/2014, de 13/05/2014), cuando se invoca el derecho fundamental a la presunción de inocencia es preciso constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente,referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba; y d) una prueba racionalmente valorada,lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

Y, en idéntico sentido, la STS 38/2015 de 30/01/2015, recordó que "El derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cual supone que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado de acuerdo con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetivasobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos,descartando, al mismo tiempo y en su caso, la concreta versión alternativa ofrecida por el acusado por carencia de la necesaria racionalidad".

Como señala la STS 26 de marzo de 2019, ROJ STS 1007/2019, "En efecto, el tribunal de apelación puede, de un lado, llevar a cabo una nueva valoración cuando se practiquen nuevas pruebas en la segunda instancia, según autoriza el artículo 790.3 de la LECrim, y, de otro, puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, en todos aquellos aspectos no comprometidos con la inmediación. Puede tomar en consideración, por ejemplo, si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria,dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen substancialmente de la inmediación".

Y, en palabras de la STS de 22 de noviembre de 2019, ROJ STS 3791/2019,

"Como contenido específico de este derecho fundamental a la presunción de inocencia -decíamos en las SSTS 850/2009, 28 de julio y 242/2009, 12 de marzo -,deberá examinarse si, prescindiendo del grado de seguridad que el Juez tenga sobre el acierto de su convicción, ese método ha llevado a una certeza objetiva sobre la hipótesis de la acusación. No porque se demuestre una verdad indiscutible de las afirmaciones que funda la imputación. Sino porque, desde la coherencia lógica, se justifique esa conclusión, partiendo de proposiciones tenidas indiscutidamente por correctas.

Bastará, eso sí, que tal justificación de la duda se consiga, o, lo que es lo mismo, que existan buenas razones que obsten aquella certeza objetiva sobre la culpabilidad, para que la garantía constitucional deje sin legitimidad una decisión de condena. Sin necesidad, para la consiguiente absolución, de que, más allá, se justifique la falsedad de la imputación. Ni siquiera la mayor probabilidad de esa falsedad".

Por otra parte, la STS 136/2022, de 17/02/2022, recuerda que

"No parece cuestionable que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria, el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción.

Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria.

Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis. Una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no.

Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable.

La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, la conclusividad de la primera. No, de forma necesaria, excluirla.

... La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contrahipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria.

... Para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria.

... Insistimos, mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, neutralizando la hipótesis alternativa, la absolución no presupone la certeza de la inocencia sino la mera no certeza de la culpabilidad. La absolución no se deriva de la prueba de la inocencia sino de la frustrada prueba de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. De ahí que una hipótesis exculpatoria mínimamente verosímil arruine la probabilidad concluyente -la conclusividad- que exige el mencionado estándar".

Criterio reiterado en la STS 811/2024, de 26/09/2024,

"Ciertamente, la presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político-constitucional, como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contrahipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Pero debe añadirse que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria".

Así las cosas, hemos de indicar que las razones, antes mencionadas, por las que en la sentencia de instancia se rechazan las alegaciones de descargo realizadas por los recurrentes no son compartidas por este Tribunal Unipersonal o, dicho de otra manera, quien ahora resuelve tiene dudas justificadas que obstan a una certeza objetiva sobre la culpabilidadde los aquí denunciados, por cuanto la hipótesis alternativa planteada por la defensa no puede calificarse, desde criterios racionales de valoración, como inverosímil, lo que ha de determinar un pronunciamiento absolutorio para ambos denunciados. Cierto es que el hecho de que en la fecha de la compra de la Tablet los denunciados se encontraran en un centro hospitalario no les impedía realizar la operación, pero teniendo en cuenta el motivo por el que se encontraban en el centro hospitalario, debidamente acreditado por los denunciados en los diferentes escritos por ellos presentados en la causa, no resulta razonable concluir que, en esas circunstancias, los denunciados dedicaran su tiempo a realizar una compra por internet. Por otra parte, la sentencia incurre en un error cuando indica que Adolfo no formuló denuncia por la utilización indebida de la cuenta de Amazon de Alejandra. Por último, la sentencia tampoco contiene ninguna mención ni al contenido de esta denuncia ni a las razones por las que, en consecuencia, no le concede relevancia para el enjuiciamiento de los hechos.

Por lo anteriormente expuesto procede, con estimación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de instancia, su revocación, decretando la libre absolución de Alejandra y de Adolfo del delito leve, de estafa, cuya comisión les venía siendo imputada.

SEGUNDO.- Las costas causadas en este recurso se declaran de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.