Sentencia Penal 276/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 2, Rec. 3001/2023 de 24 de julio del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución, reflejo de la prueba practicada, valorada en conciencia según lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y conforme a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, se entienden legalmente constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular ( artículo 392.1 en relación con artículo 390.1.1 del Código Penal) , en concurso medial del art. 77.1 del Código Penal, con un delito continuado de estafa ( artículos 248, 249, 250.1.5º y 74 del Código Penal) del que es criminalmente responsable, de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Código Penal, la acusada Azucena, a la vista del reconocimiento de hechos realizado por la misma en el acto del juicio, y el resto de prueba practicada, habiéndose adherido la defensa de la misma a las conclusiones de las Acusaciones.

Igualmente los hechos declarados probados, son constitutivos de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular ( artículo 392.1 en relación con artículo 390.1.1 del Código Penal) , en concurso medial del art. 77.1 del Código Penal, con un delito de estafa ( artículos 248 y 249 del Código Penal) del que son criminalmente responsables, de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Código Penal, los acusados Cosme, Irene, Celestina, Fermina, Gloria, Gracia, Debora, Alejandra, Mauricio, Cecilio, Jacinta, Purificacion, Nuria, Tania, Matilde, Zaida, Carlos Alberto, Encarnacion Y Yolanda,a la vista del reconocimiento de hechos realizado por los mismos en el acto del juicio, y el resto de prueba practicada, habiéndose adherido las defensas de los acusados indicados a las conclusiones de las Acusaciones .

Por su parte,el acusado Fabio, es igualmente responsable de un delito de estafa tipificado y penado en el artículo 248 del Código Penal. Así en la declaración prestada por el acusado en el acto del juicio se manifestó por el mismo que no participó en el contrato de financiación . Que no sabe como consta una nomina suya del Servicio de Limpieza Integral de Málaga. Que nunca fue a la clínica. Que tenía antes una pareja y ella tenía toda su documentación. Que escuchó muchas llamadas telefónicas con una tal Azucena. Que no ha firmado nada. Que su pareja le cogió el Dni y la cartilla, y a partir de allí el no ha firmado nada. Que nunca ha trabajado, y pensaba que no iban a hacer nada . Que en 2019 le llego algo de la financiera. Que hizo uno o dos pagos,pero no mas. Que pensaba que no iban a aceptar nada.

Frente a lo dicho en el acto del juicio oral, ante el Juzgado de Instrucción dijo,que fue su mujer la que se hizo la intervención estética,y el firmo para que se la pudieran hacer. Que fueron a la clínica juntos. Que se aumento los pechos. Que una mujer les atendió,pudiera ser que fuese Azucena. Que la operación era tres mil novecientos y algo,que le pidieron para la financiación DNI y cartilla del banco. Que no le pidieron ninguna nomina, pues de habérselo pedido no le habrían dado la financiación,por que nunca ha trabajado,solo ha hecho chapuces. Que la comercial le dijo que mientras pagaran el préstamo no habría problemas. Que no es cierto que haya trabajado para Limasa. Que reconoce la firma del contrato como suya. Que firmo sin leer nada. Que el no aporto la nomina,por que no es cierta,nunca ha trabajado para Limasa. Que no sabe por que aparece la nomina. Que su esposa se llama Palmira. Que le empezaron a pasar los recibos del préstamo,pagando como mucho el primero y el segundo. Que no pago mas por que se le torcieron las cosas,y no tenia capacidad económica para pagar. Que cuando firmo si que tenia dicha capacidad que tenia intención de pagar.

Pues bien atendiendo a la contradicción que existe entre las declaraciones señaladas, hemos de estimar acreditado que el acusado firmó el contrato de préstamo, dotando de mayor verosimilitud a la declaración prestada en Instrucción, pues junto a dicha declaración, consta igualmente reconocimiento de su firma realizado ante el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción y obrante a los folios 1339 y 1340, el cual no consta impugnado, gozando de la veracidad que le otorga la intervención del Fedatario Judicial. Junto a lo anterior es de tener presente que de la documental obrante a los folios 224 a 230 resulta, que junto a la solicitud de crédito firmada por el acusado se aportó a la financiera DNI y cartilla de ahorros, así como uno nómina de Limasa. Nómina que tal y como resulta de lo manifestado por el acusado tanto en juicio como en fase de Instrucción, negando haber trabajado nunca para dicha entidad, como del informe obrante al folio 378 de las actuaciones, resulta que es falsa, pues en ningún momento el acusado trabajo en dicha entidad. Sin embargo de lo anterior,lo que no se ha acreditado en juicio de uno manera indubitada es que el acusado interviniera en modo alguno en la falsificación (creación) de la nómina, ni siquiera que tuviera conocimiento de la elaboración de dicha nómina. Al respecto de la ausencia de prueba, es lo cierto que en la declaración prestada por la inicialmente acusada Rosa, se pone de manifiesto,que era asesora estética en la clínica, tramitando la financiación a las pacientes a las que ella atendió(que no eran todos, pues la acusada Azucena también realizaba la misma labor), desconociendo las falsificaciones, siendo ella la que requería a las pacientes de la documentación que requería la financiera, añadiendo que si no había nómina o pensión no se podía hacer la financiación. Sin embargo lo que no se ha acreditado en juicio, es que la misma tramitase la financiación a la hija de la acusada Penélope, al no haber prueba que acredite tal extremo, pues en el acto del juicio no se le preguntó sobre dicho extremo, y en la declaración prestada en fase de instrucción el día 18-3-2019, no señala a la misma como una de las personas a la que le tramitó la financiación. Sin que la beneficiaria de la intervención estética,aparezca relacionada entre las personas a las que tramito la solicitud de crédito Rosa,tal y como resulta del informe obrante al folio 1068 de las actuaciones.

Dicho lo anterior los hechos si que deben reputarse constitutivos de un delito de estafa, pues de la prueba practicada a de concluirse que la firma del contrato de crédito se realizó por el acusado a sabiendas de que no se iba a poder hacer frente al pago de la misma. El acusado reconoce en la declaración prestada en fase de instrucción que nunca ha trabajado, pues sólo se ha dedicado a hacer " chapuces ", así como que de haberle pedido la nómina en la clínica no la habrían concedido la financiación, lo cual supone un evidente reconocimiento de la ausencia de capacidad económica para hacer frente a la devolución del préstamo que solicitaba. Estando en el supuesto enjuiciado ante la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado ", en la que el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte, ocultando a ésta su intención de incumplir sus propias obligaciones contractuales o legales. Resultando acreditado de la prueba practicada en juicio,que el acusado sabía de antemano la imposibilidad económica que tenía para hacer frente al préstamo, a pesar de lo cual firmó la solicitud de préstamo, generando unas expectativas en el prestamista que no eran ciertas. Sin que el hecho manifestado por el acusado de que firmo sin leer, excluya la antijuricidad de la conducta del mismo, pues de sus propias manifestaciones resulta que el mismo era consciente en todo momento, de que firmaba una solicitud que pudiera financiar, y en consecuencia permitir, la intervención estética que se iba a hacer su compañera sentimental. A mayor abundamiento, a pesar de manifestarse por el acusado que había pagado uno o dos recibos del préstamo, ello no se ha acreditado en juicio, lo que corrobora la voluntad incumplidora que guiaba al acusado al tiempo de la firma del préstamo.

Como señala la STS 18-3-2024 "En la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado " el engaño surge cuando el autor simula un propósito serio de contratar mientras que, en realidad, solo pretende aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a que se obliga la otra parte ocultando a ésta su decidida intención de incumplir sus propias obligaciones, aprovechándose el infractor de la confianza y la buena fe del perjudicado con claro y terminante animo inicial de incumplir lo convenido, prostituyéndose de ese modo los esquemas contractuales para instrumentalizarlos al servicio de un ilícito afán de lucro propio, y desplegando unas actuaciones que desde que se conciben y planifican prescinden de toda idea de cumplimiento de las contraprestaciones asumidas en el seno del negocio jurídico bilateral, lo que da lugar a la antijuricidad de la acción y a la lesión del bien jurídico protegido por el tipo ( STS 12 de mayo de 1998 , 23 y 2 de noviembre de 2000 y 16 de octubre de 2007 , entre otras).Cuando una de las partes contractuales disimula su verdadera intención, su genuino propósito de no cumplir las prestaciones a las que se obliga y como consecuencia de ello la parte contraria desconocedora de tal propósito, cumple lo pactado y realiza un acto de disposición del que se lucra y beneficia al otro, nos hallamos en presencia de la estafa conocida como negocio o contrato criminalizado ( STS 26 de febrero de 1990, 2 de junio de 1999 y 27 de mayo de 2003, entre otras)"."

SEGUNDO.-Atendiendo a la prueba practicada en el acto del juicio oral la cual ha sido valorada conforme a los parámetros establecidos en el art.741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo presente los principios de inmediación, oralidad, contradicción e igualdad de partes,procede el dictado de una sentencia absolutoria,al considerar que la presunción de inocencia de los acusados Penélope, Carlota, Florian y Erica,proclamada en el art.24 de la Constitución,no ha sido enervada con el material probatorio obrante en autos.

Así, el derecho a la presunción de inocencia comporta el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que toda sentencia condenatoria debe expresar las pruebas en los que sustenta la declaración de responsabilidad penal; además, dichas pruebas han de haber sido obtenidas con las garantías constitucionales, haberse practicado normalmente en el juicio oral y haberse valorado y motivado por los tribunales con sometimiento a las reglas de la lógica y la experiencia, de tal modo que pueda afirmarse que la declaración de culpabilidad ha quedado establecida más allá de toda duda razonable ( Sentencia del Tribunal Constitucional 123/2002 de 20 de mayo).

Pues bien,respecto a la acusada Penélope,de la documental obrante a los folios 61 a 67 consta solicitud de crédito por parte de la acusada citada,de fecha 9-8-2017,con la finalidad de realizar cirugía plástica en Clínicas Siza, S.L., por importe de 4995 €, acompañándose a la misma DNI y copia de libreta de ahorro, así como nómina de la entidad CLECE a nombre de la acusada. Pues bien del informe Pericial obrante a los folios 1588 a 1594, resulta que la firma que aparece en dicha solicitud no es atribuible a la acusada. Igualmente de la declaración testifical del Representante legal de Clece S.A., Cristobal, y de la documental obrante al folio 379 las actuaciones, resulta que la acusada nunca ha trabajado en dicha empresa, sin que la misma emitiese la nómina que fue aportada junto con la solicitud del crédito. Pues bien,el delito de falsedad documental, según doctrina jurisprudencial consolidada,recogida entre otras,en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 953/2007 de 15 de noviembre y de 18 de noviembre de 2008,no es un delito de propia mano, es decir aquellos que requieren para su comisión la realización corporal de la inveracidad reflejada en el documento. Por ello, en los supuestos en los que no pueda determinarse quien sea el autor de la falsedad, podrá tenerse por tal a quien tenga el dominio funcional del hecho conociendo la falsedad del documento. Esta construcción tiene su amparo legal en el art. 28 del Código Penal, que refiere que son autores no sólo quienes realizan por sí solos el hecho, sino también quienes lo realizan por medio de otro del que se sirven de instrumento (Por todas STS 2553/2001).

Sin embargo de lo anterior,lo que no se ha acreditado en juicio es que la acusada interviniera en modo alguno en la falsificación (creación) de la nómina, ni siquiera que tuviera conocimiento de la elaboración de dicha nómina. Así la acusada manifiestó en juicio , que no sabía nada de la clínica,ni había estado nunca en ella. Que nunca había trabajado para Clece, pues siempre ha sido vendedora ambulante y ama de casa. Que la operación era para su hija Leticia. Que su hija le pudio en DNI y la cartilla,y se la dio. Que no sabia para que le pidió su hija la cartilla. Que nunca le han requerido de pago por que no había concertado ningún préstamo. Que su hija se sometió a la operación, y desconoce si su hija pago algo. Que su hija utilizo la documentación que le dio para operarse. Que en ningún momento pensó que le iban a dar el préstamo a su hija para realizar la operación,por que otras veces lo había solicitado y se lo habían denegado. Que no le dio ninguna nomina,por que nunca ha trabajo en Clece. Que nunca ha recibido nada para firmar respecto a la operación. Que fue su hija la que hablaba con la clinica. Que una señorita llamada Azucena,que trabajaba en la clínica fue la que contacto con su hija.

Partiendo de la declaración de la acusada, y no habiéndose practicado en juicio prueba alguna que permita inferir de una manera indubitada, que fue la acusada la que aportó la nómina a la clínica para que esta tramitase el préstamo para la intervención estética, la falsedad cometida mediante la elaboración de la nómina de Clece-a todos luces falsa-, no resulta imputable a la acusada Penélope. Al respecto de la ausencia de prueba, es lo cierto que en la declaración prestada por la inicialmente acusada Rosa, se pone de manifiesto,que era asesora estética en la clínica, tramitando la financiación a las pacientes a las que ella atendió(que no eran todos, pues la acusada Azucena también realizaba la misma labor), desconociendo las falsificaciones, siendo ella la que requería a las pacientes de la documentación que requería la financiera, añadiendo que si no había nómina o pensión no se podía hacer la financiación. Sin embargo lo que no se ha acreditado en juicio, es que la misma tramitase la financiación a la hija de la acusada Penélope, al no haber prueba que acredite tal extremo, pues en el acto del juicio no se le preguntó sobre dicho extremo, y en la declaración prestada en fase de instrucción el día 18-3-2019, no señala a la misma como una de las personas a la que le tramitó la financiación. Sin que la beneficiaria de la intervención estética,aparezca relacionada entre las personas a las que tramito la solicitud de crédito Rosa,tal y como resulta del informe obrante al folio 1068 de las actuaciones.

Del mismo modo la estafa de la que es acusada la antes citada tampoco es imputable a la misma, pues no constando su firma en la solicitud de crédito, en ningún momento se puede entender que la misma asumiese compromiso de pago alguno. No constando por otra parte maquinación alguna, con la intención de obtener fraudulentamente un préstamo para llevar a cabo la intervención estética, pues como antes se ha indicado la falsedad documental como medio para la comisión de la estafa, no les imputable. Es lo cierto que la acusada en su declaración asume su incapacidad económica para abonar la intervención a la que se iba a someter su hija,beneficiándose esta ultima del préstamo concedido,sin embargo ninguna responsabilidad penal le es exigible en el delito de estafa,cuando no consta acreditado que haya asumido obligación alguna con la entidad prestataria,al no ser imputable a la misma la firma obrante en la solicitud de crédito. No estando en el supuesto enjuiciado ante la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado ", conforme a lo ya expuesto en la presente resolución,al no constar que la acusada solicitase el crédito, y emplease maquinación algún para obtener el mismo.

Es lo cierto que como señala la STS 18-3-2024 " Esta Sala ya de antiguo ha señalado que el delito de estafa no es de propia mano, por lo que admite la autoría mediata. Y así lo ha afirmado tanto cuando la persona acusada se vale de otra para recibir las prestaciones que comportaban el perjuicio patrimonial causado por el engaño ( STS 1105/1996, de 31 de diciembre), como en relación al engaño mismo (STS de 21 de octubre). Como dijo la STS 1111/2010, de 17 de diciembre "el delito de estafa admite la forma de la autoría mediata, en particular cuando el que obra directamente lo hace sin dolo por ignorancia de los hechos constitutivos del tipo penal. Por tanto, la estafa no requiere la realización de propia mano de la acción de engaño".Pero también la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que el autor mediato tiene el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad de otro, llamado instrumento, que es el que realiza el tipo en forma inmediata. Así, esta modalidad de autoría se proyecta sobre los siguientes supuestos: a) cuando el instrumento obra sin dolo, es decir con error de tipo; b) cuando obre coaccionado, debiendo apreciarse aquí la intensidad de la coacción para estimar si hay autoría mediata o inducción; c) cuando el instrumento sea inimputable, salvo que éste haya conservado el dominio del hecho, en cuyo caso se tratará más bien de un supuesto de inducción; y d) cuando el instrumento obra con error de prohibición, en cuyo caso aquél, al no conocer la prohibición, no domina su voluntad sino tan sólo su acción, lo que es aprovechado por el autor mediato (entre otras STS 798/2017, de 11 de diciembre )".

Sin embargo no se ha acreditado en juicio, que la acusada tuviera el dominio del hecho, utilizando como instrumento no dolosa a la acusada Azucena (la cual ha reconocido en juicio los hechos de los que fue acusada), que fue según la declaración de Penélope la persona a la que su hija (la cual no ha declarado en juicio) le entregó su DNI y la cartilla para realizarse la intervención estética, y así se constata atendiendo al informe obrante al folio 1069 de las actuaciones.

En cuanto a la acusada Carlota,de la documental obrante a los folios 104 a 110 consta solicitud de crédito por parte de la acusada citada,de fecha 19-7-2017,con la finalidad de realizar cirugía plástica en Clínicas Siza,S.L., por importe de 4995 €, acompañándose a la misma DNI y copia de libreta de ahorro, así como nómina del Ayuntamiento de Málaga a nombre de la acusada. Pues bien del informe Pericial obrante a los folios 1497 a 1532, resulta que la firma que aparece en dicha solicitud no es atribuible a la acusada citada, sino a la acusada Azucena. Igualmente del informe emitido por el Ayuntamiento de Málaga obrante al folio 389 de las actuaciones, resulta acreditado que la acusada presto sus servicios para el mismo en los periodos comprendidos entre el día 1 de marzo al 31 de mayo de 2015 y el 1 de diciembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, por lo que la nómina aportada correspondiente al mes de junio de 2017 no es cierta.

Sin embargo en el caso de autos,lo que no se ha acreditado en juicio es que la acusada interviniera en modo alguno en la falsificación de la nómina, alterando la fecha que correspondía a la nómina,ni siquiera que tuviera conocimiento de la elaboración de dicha nómina. Así,la acusada manifiestó en juicio, que se quería hacer un tratamiento, y aportó el DNI y la cartilla que es lo que le pidieron . Que quien le dijo lo que tenia que aportar se llamaba Azucena. Que ella no firmo el contrato de financiación, ni recibió el dinero de la financiación,y no sabe si lo recibió la clínica. Que no se opero,por que se arrepintió y una amiga llamada Sonia fue a la clínica en su lugar,la que le atendió en la clínica le dijo que si ella no quería hacerse nada otra persona podía hacérselo en su lugar. Que en la clínica estuvo una sola vez y hablo con Azucena. Le llamaron y le dijeron que la financiación estaba aprobada, diciendo ella que no quería hacerse nada. Que no acompañó a Sonia en ningún momento a la clínica, ni firmó ningún documento.

Partiendo de la declaración de la acusada, y no habiéndose practicado en juicio prueba alguna que permite inferir de una manera indubitada, que fue la acusada la que aportó la nómina a la clínica para que esta tramitase el préstamo para la intervención estética, la falsedad cometida mediante la alteración de un elemento esencial de la nómina cual es la fecha a la que correspondía la misma,no es imputable a la acusada Carlota . Al respecto de la ausencia de prueba, es lo cierto que en la declaración prestada por la inicialmente acusada Rosa, se pone de manifiesto,que era asesora estética en la clínica, tramitando la financiación a las pacientes a las que ella atendió (que no eran todos, pues la acusada Azucena también realizaba la misma labor), desconociendo las falsificaciones, siendo ella la que requería a las pacientes de la documentación que requería la financiera, añadiendo que si no había nómina o pensión no se podía hacer la financiación. Sin embargo lo que no se ha acreditado en juicio, es que la misma tramitase la financiación a la acusada Carlota,al no haber prueba que acredite tal extremo,pues en el acto del juicio no se le preguntó sobre dicho extremo, y en la declaración prestada en fase de instrucción el día 18-3-2019, no señala a la misma como una de las personas a la que le tramitó la financiación. Sin que Carlota,aparezca relacionada entre las personas a las que tramito la solicitud de crédito Rosa,tal y como resulta del informe obrante a los folios 1068 y 1069 de las actuaciones.

Del mismo modo la estafa de la que es acusada la antes citada tampoco es imputable a la misma, pues no habiendo sido ella la que firmó la solicitud de crédito, en ningún momento se puede entender que la misma asumiese compromiso de pago alguno. No constando por otra parte maquinación alguna, con la intención de obtener fraudulentamente un préstamo para llevar a cabo la intervención estética, pues como antes se ha indicado la falsedad documental como medio para la comisión de la estafa, no le es imputable. No estando ante la variedad de estafa denominada "negocio jurídico criminalizado ",al no constar que la acusada solicitase el crédito, y emplease maquinación algún para obtener el mismo. Sin que tampoco se haya acreditado en juicio, que la acusada tuviera el dominio del hecho, utilizando como instrumento no doloso a la acusada Azucena,cuando esta ultima ha reconocido en juicio haber firmado la solicitud de crédito,falsificando la firma de quien aparece como solicitante del préstamo.

Respecto al acusado Florian,de la documental obrante a los folios 182 a 188 consta solicitud de crédito por parte del acusado citado,de fecha 18-7-2017,con la finalidad de realizar cirugía plástica en Clínicas Siza,S.L., por importe de 4195 €, acompañándose a la misma DNI y copia de libreta de ahorro, así como nómina del Ayuntamiento de Cártama a nombre del acusado. Pues bien del informe emitido por el Ayuntamiento de Cártama, obrante a los folios 1013 a 1023, así como de la declaración testifical de Graciela, Técnica de RRHH en dicha Corporación, resulta que la nómina aportada junto a la solicitud de crédito había sido falsificada, al haberse alterado el importe de lo percibido por el acusado, estableciéndose en la nómina original un importe de 481,91 €, al tratarse de un trabajador a tiempo parcial, y en la falsificada un importe de 1005,72 €.

Sin embargo en el caso de autos,lo que no se ha acreditado en juicio es que el acusado interviniera en modo alguno en la falsificación de la nómina, alterando el importe de lo que percibía por su actividad en el Ayuntamiento,ni siquiera que tuviera conocimiento de dicha alteración. Así el acusado manifiestó en juicio, que no tenía ninguna relación con la clínica. Que firmo un contrato de financiación para que se operara Julia, pues estaba saliendo con ella. Que el no aporto ninguna documentación,lo aporto ella, limitándose él a darle una copia de la nomina. Que se ofreció a pagarle la operación a Julia porque estaban saliendo .Que no ha pagado esa operación por que se quedo en paro,y luego corto la relación. Habiendo pagado ahora unos 2000 € de responsabilidad civil. Que la nómina que él le dio a Julia era verdadera, empezó a trabajar en el Ayuntamiento en abril de 2017, y no recuerda cuando termino. Que él firmo el contrato de financiación, porque tenía intención de pagarlo. Que iba a pagarlo pero no pudo hacerlo. Que él le dio a ella su nomina original. Que no ha participado en ninguna falsificación. Que esta pagando el préstamo. Que acompaño a su pareja a firmar a la clínica. Que le atendió una muchacha que había allí, que cree que se llama Rosa. Que no leyó el documento de financiación antes de firmarlo. Que cuando ella se iba a operar,le dejó.

Partiendo de la declaración del acusado, y no habiéndose practicado en juicio prueba alguna que permita inferir de una manera indubitada, que fue el mismo el que alteró la nómina respecto al importe que percibía, la falsedad existente en el documento no es imputable al mismo. Pues aun cuando la beneficiaria del préstamo concedido era la compañera sentimental del acusado, con la intervención a la que finalmente se sometió, no puede obviarse que la clínica en la que se llevó a cabo dicha intervención también resultaba beneficiada con el préstamo, pues ello permitía la venta del tratamiento estético, que iba a ser satisfecho con el importe de la financiación. Surgiendo una duda racional, respecto a quien llevó a cabo la alteración de la nómina, que conforme el principio in dubio pro reo, en ningún caso puede perjudicar al acusado. Del mismo modo la estafa de la que es acusado tampoco es imputable al mismo, pues reconocido por el acusado que el mismo firmó la solicitud de crédito, no se ha acreditado en juicio que la voluntad del acusado fuera incumplir el contrato desde un principio. Y ello,por cuanto la consignación judicial de 2.000 euros realizada por el acusado en fecha 21-3-2025,demuestra la voluntad del mismo de cumplir con la devolución del préstamo,encontrándose al tiempo de suscribir el préstamo ejerciendo actividad laboral remunerada en el Ayuntamiento de Cártama,como operario de limpieza;no pudiendo en consecuencia, estimar acreditado en juicio que el acusado actuara con anticipada conciencia de que no podría llevar a cabo la contraprestación a la que se haya obligado. Obedeciendo el incumplimiento contractual,a la situación de desempleo sufrida tras suscribir el préstamo,y al hecho de haber roto la relación sentimental que determinó la solicitud del préstamo.

Finalmente en cuanto a la acusada Erica,de la documental obrante a los folios 217 a 223 consta solicitud de crédito por parte de la acusada citada,de fecha 4-5-2017,con la finalidad de realizar cirugía plástica en Clínicas Siza,S.L., por importe de 4195 €, acompañándose a la misma DNI y copia de libreta de ahorro, así como nómina del establecimiento Calzados Gody a nombre de la acusada. Pues bien del informe emitido por la asesoría Valverde Conejero-folio 1034-ratificado en juicio por Jon, resulta que la nómina aportada junto a la solicitud de crédito había sido falsificada, al haberse alterado la antigüedad de la trabajadora en la empresa, señalándose desde el día 7-12-2015, cuando en realidad la antigüedad era desde el día 7-3-2017; estableciéndose un código de contrato correspondiente a los contratos indefinidos y no temporales; estableciéndose una base de cotización inferior a la real de la acusada.

Sin embargo en el caso de autos,lo que no se ha acreditado en juicio es que la acusada interviniera en modo alguno en la falsificación de la nómina, alterando los elementos esenciales de la nómina antes señalados,ni siquiera que tuviera conocimiento de que se había producido dicha alteración. Así la acusada, en la declaración prestada en fase de instrucción, pues al acto del juicio no compareció, manifestó que acudió a la clínica Dorsia para hacerse una operación de aumento de pecho. Que una conocida se lo comento,y acudió a la clínica. Que le atendió en la clínica Rosa,y le pidió la nomina del trabajo,DNI y cuenta corriente . Que le llevo dicha documentación. Que trabajaba en esa fecha en Calzados Gody desde febrero del 2017.Que el mismo mes de la operación,se suponía que le iban a renovar el contrato,pero no lo hicieron. Que firmo el contrato de financiación. Que sus ingresos en aquella fecha eran unos 1000 euros mensuales. Que no sabe por que ponía una antiguedad desde el año 2015 por que no es cierta. Que reconoce la firma del contrato. Que se opero. Que ha pagado los primeros recibos,dejo de pagar desde que dejo el trabajo. Que pensaba pagar,pero al terminar el contrato se quedo sin posibilidad de ello. Que no ha falsificado la nomina que no sabia que ponía esa fecha de antiguedad.

Partiendo de la declaración de la acusada, y no habiéndose practicado en juicio prueba alguna que permite inferir de una manera indubitada, que fue la misma la que alteró la nómina respecto al importe que percibía, o que tuviera conocimiento de que se había producido dicha alteración, la falsedad existente en el documento no es imputable a ella. Pues aun cuando la beneficiaria del préstamo concedido era la acusada, al llevarse a cabo la intervención estética, no puede obviarse que la clínica en la que se llevó a cabo dicha intervención también resultaba beneficiada con el préstamo, pues ello permitía la venta del tratamiento, que iba ser satisfecho con el importe de la financiación. Surgiendo una duda racional, respecto a quien llevó a cabo la alteración de la nómina, que conforme el principio in dubio pro reo, en ningún caso puede perjudicar a la acusada. Del mismo modo la estafa tampoco es imputable a la acusada, pues reconocido por la misma que firmó la solicitud de crédito, no se ha acreditado en juicio que su voluntad fuera incumplir el contrato desde un principio. Y ello,por cuanto la misma realizaba actividad laboral remunerada al tiempo de la firma del contrato,habiendo abonado a la financiera en fecha 10-7-2017 la cuantía de 50 euros-folio 1934-, constando igualmente tres consignaciones judiciales para el pago del préstamo de fechas 13-3-2025,26-3-2025 y 9-4-2025, por importes de 1446 €, 709 €, y 200 €, lo cual demuestra la voluntad de la misma de cumplir con la devolución del préstamo;no pudiendo estimar acreditado en juicio que la acusada actuara con anticipada conciencia de que no podría llevar a cabo la contraprestación a la que se había obligado, al tener unas expectativas laborales de continuar desarrollando su trabajo en Calzados Gody. Debiendo inferirse de la prueba practicada, que el incumplimiento contractual producido, trae por causa la situación de desempleo sufrida tras suscribir el préstamo.

TERCERO.-El principio acusatorio, como uno de los básicos que rigen el proceso penal, implica, en su manifestación más elemental, que la acusación, como presupuesto condicionante en cuanto a la determinación del objeto en proceso, es necesaria para que éste continúe, de modo que su retirada produce la cancelación del proceso, y, en todo caso, si como ocurre en el supuesto que nos ocupa, el juicio ha comenzado, y se ha desarrollado, la necesidad de dictar sentencia absolutoria. Procede, en consecuencia, dictar, sin más argumentación, pronunciamiento absolutorio respecto de los acusados Luis Pablo, Pedro Enrique, Aurora, Rosa, Berta, Joaquina y Apolonia,al retirarse la acusación inicialmente sostenida por la Acusación Publica y Particular contra los mismos.

CUARTO.-En la comisión de los hechos relatados no concurren en los acusados,circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

En el ámbito de la individualización penológica resultan de aplicación los artículos 61 y 66-6ª del Código Penal; por lo que se entiende proporcional y adecuada la imposición a la acusada Azucena,de las penas de DOS AÑOS DE PRISION, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA,y SEIS MESES MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS. Penas que se imponen considerando el desvalor de la acción y del resultado,así como las circunstancias personales concurrentes en la acusada,teniendo presente la conformidad mostrada en conclusiones definitivas por la defensa de la acusada,con las penas interesadas por las Acusaciones en el acto del juicio.

Procediendo la imposición a los acusados Cosme, Irene, Celestina, Fermina, Gloria, Gracia, Debora, Alejandra, Mauricio, Cecilio, Jacinta, Purificacion, Nuria, Tania, Matilde, Zaida, Carlos Alberto, Encarnacion y Yolanda. de las penas para cada uno de ellos de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISION, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA,y SEIS MESES MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS. Penas que se imponen considerando el desvalor de la acción y del resultado, así como las circunstancias personales concurrentes en los diversos acusados,teniendo presente la conformidad mostrada en conclusiones definitivas por las defensas de los acusados citados,con las penas interesadas por las Acusaciones en el acto del juicio.

Respecto al acusado Fabio,teniendo presente el importe de lo defraudado,ascendente a 4.195 euros(importe del préstamo otorgado),resultando de su hoja histórico penal haber sido condenado por tres delitos contra la seguridad vial del art.384 del c.penal, y un delito contra la salud publica,se estima ajustado a derecho,la imposición de la pena de DIEZ MESES DE PRISION,e INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA.

QUINTO.-Para el cumplimiento de la condena se abonara el tiempo de detención y prisión preventiva sufrido o que hubiera podido sufrir el procesado por razón de estos hechos,salvo eventual abono en previo procedimiento,a tenor de lo dispuesto en los arts.58.1 y 59 del c.penal.

SEXTO.-Procede la imposición de pena accesoria determinable según la gravedad del delito y a tenor de los arts.56 y 79 del C.Penal

SEPTIMO.-De conformidad con los artículos 109 y 116 y ss. del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta esta obligada a reparar los daños y perjuicios causados.

Por el Ministerio Fiscal,al que se adhiere la Acusación Particular, se reclama en concepto de responsabilidad civil,el abono de las cuantiás que se establecen en las conclusiones provisionales,salvo que en ejecución de sentencia se acredite el pago total o parcial de dichas cuantiás, las cuales se corresponden con los prestamos concertados. Reclamación respecto a las que las defensas de los acusados mostraron su conformidad en conclusiones definitivas. De este modo procede la condena de los acusados que a continuaciones se relacionan,al abono a CAIXABANK CONSUMER FINANCE de las siguientes cuantiás, salvo que se acredite en ejecución de sentencia,el abono total o parcial de las mismas:

Cosme deberá abonar 5.995 €

Irene deberá abonar 4.985 €

Celestina deberá abonar 4.995 €

Fermina deberá abonar 4.195 €

Gloria deberá abonar 4.195 €

Gracia deberá abonar 4.995 €

Debora deberá abonar 4.995 €

Alejandra deberá abonar 4.495 €

Mauricio deber abonar 5.995 €

Cecilio deberá abonar 5.995 €

Jacinta deberá abonar 4.296,93 €

Purificacion deberá abonar 4.195 €

Nuria deberá abonar 4.795 €

Tania deberá abonar 4.195 €

Matilde deberá abonar 5.995 €

Zaida deberá abonar 4.195 €

Fabio deberá abonar 4.195 €

Carlos Alberto deberá abonar 4.795 €

Encarnacion deberá abonar 4.795 €

Yolanda deberá abonar 4.495 €

De las cuantías señaladas,que ascienden en su totalidad al importe de 97.291,93 euros,responden subsidiariamente en defecto de los anteriormente señalados,conforme al art.120 del c.penal CLÍNICA SIZA S.L. ,y subsidiariamente a los anteriores,la acusada Azucena.

Por otra parte,respecto al otorgamiento de fraccionamientos para el pago de la responsabilidad civil y multa,interesado por las defensas al tiempo de conclusiones,no procede resolver en Sentencia respecto a las mismas,ante la posibilidad de que se hayan hecho abonos parciales de las cuantiás antes señaladas. Por lo que procede que en ejecucion de sentencia,se interese por las partes los fraccionamientos que consideren ajustados a derecho para el pago de las responsabilidades pecuniaras,previa acreditación en su caso,de los importes correspondientes a los prestamos que hayan sido abonados.

Dicho lo anterior es de señalar que no procede condena al abono de responsabilidad civil por parte de los acusados absueltos Joaquina, Penélope, Carlota, Florian, y Erica,pues la responsabilidad civil reclamable en el procedimiento penal es la derivada de la comisión de un delito,por lo que no acreditada la responsabilidad penal de los mismos,la reclamación que pudiera realizarse por la financiera perjudicada respecto a los prestamos concedidos, deberá realizarse ante la Jurisdicción correspondiente( art.109.1 del c.penal: "La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados").En todo caso,constando consignado judicialmente por el acusado Florian la cuantía de 2.000 euros y por la acusada Erica la cuantía de 2.355 euros,para el pago de los préstamos concedidos,resulta procedente que dichas cuantiás se entreguen a la perjudicada CAIXABANK CONSUMER FINANCE,como devolución parcial dichos préstamos.

OCTAVO.-A la vista de las peticiones de suspensión de pena realizada por las defensas al tiempo de las conclusiones, y los informes favorables de las acusaciones para que proceda las mismas, por un plazo de tres años y condicionadas todas ellas al íntegro abono de la responsabilidad civil, aplicando el artículo 80.1 y 2 del código Penal, o el artículo 80.3 del mismo texto legal dependiendo de los antecedentes penales, es de señalar que el art.80.1 y 2 del C.Penal tras la reforma operada por la L.O. 1/15,30 de Marzo viene a establecer como condiciones para la suspensión de la pena,que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena impuesta no sea superior a dos años de privación de libertad y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, o en caso contrario, que se haya declarado la imposibilidad total o parcial de que el penado les haga frente.

Ahora bien, la concurrencia de estos requisitos no implica la concesión automática del mencionado beneficio, pues una vez concurren aquellas condiciones, necesarias pero no suficientes, entra en juego la discrecionalidad del Juzgador para decidir si procede o no dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad, decisión que ha de ser en todo caso razonada a efectos de poner de manifiesto que no es arbitraria o caprichosa, y que ha de atender fundamentalmente "cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos",estableciéndose a continuación en dicho precepto los criterios que han de valorarse a la hora de concluir al respecto.

Pues bien,en el supuesto sometido a consideración,a la vista de las hojas histórico penales de los acusados Azucena, Celestina, Debora, Zaida, Apolonia, Carlos Alberto, Purificacion, Cecilio, Matilde, Tania, Irene, Cosme, Yolanda, Gracia, Alejandra, Nuria y Jacinta, procede la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los mismos de conformidad con lo dispuesto en los en el artículo 80.1 y 2 del código Penal, durante un plazo de TRES AÑOS, suspensión condicionada a que los acusados no delinquen durante el plazo indicado, y además a que abonen en su integridad la responsabilidad civil, en los plazos que se establezcan en ejecución de sentencia, con el límite máximo del tiempo de suspensión otorgado; advirtiendo a los acusados que en caso de incumplimiento de las condiciones señaladas se procederá la revocación de la suspensión, y cumplimiento de la pena de conformidad con el artículo 86 del código Penal .

Por otra parte de conformidad con el art.80.3 del c.penal, tras la reforma operada por la L.O. 1/15,30 de Marzo,aun cuando no sea delincuente primario el penado,podrá concederse el beneficio de suspensión de pena,pero ello tiene un carácter excepcional, según el propio precepto,debiendo atenderse a la circunstancias personales del reo,la naturaleza del hecho,su conducta,y el esfuerzo realizado para reparar el daño causado,así como que el penado no sea reo habitual. Así en el caso enjuiciado, respecto a los acusados Encarnacion, Fermina Fabio, Mauricio Y Gloria,a la vista de sus hojas histórico penales, procede la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los mismos durante un plazo de TRES AÑOS, suspensión condicionada a que los acusados no delinquen durante el plazo indicado,a que abonen en su integridad la responsabilidad civil, en los plazos que se establezcan en ejecución de sentencia, con el límite máximo del tiempo de suspensión otorgado, e igualmente a que cumplan dos meses de trabajos comunitarios, y para el caso de que no quisieran,o no pudieran realizar trabajos, a que paguen una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros (720 €); advirtiendo a los acusados que en caso de incumplimiento de las condiciones señaladas se procederá la revocación de la suspensión, y cumplimiento de la pena de conformidad con el artículo 86 del código Penal .

NOVENO.-Por aplicación de los artículos 123 del Código Penal, y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas son de imponer a los acusados declarados responsables penales,las cuales incluirán las devengadas por la Acusación Particular,teniendo presente que no puede entenderse que su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua,o bien gravemente perturbadoras por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las aceptadas en la sentencia;declarándose de oficio las costas devengadas por los acusados absueltos.

Vistoslos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al supuesto de autos,