Sentencia Penal 110/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 2, Rec. 7/2022 de 28 de abril del 2025

PRIMERO.-Ante todo, procede analizar las dos cuestiones concretas que fueron objeto de "protesta formal"por parte de las dos acusaciones. La primera, ya se ha dicho, se refiere a la aportación al inicio del juicio de un informe pericial por parte de la defensa del acusado Jesus Miguel confeccionada por los Srs Alejo y Constancio. La segunda se refiere al trámite de alegaciones de las partes al Objeto del Veredicto provisional.

1.1 .-Respecto a la aportación de esa prueba pericial al inicio del juicio, ambas acusaciones alegaron (formalmente)que dicha nueva propuesta probatoria les producía indefensióndado que se estaba presentando al comienzo del juicio. Pero ni pidieron suspensión alguna - aunque fuese por breve tiempo - para poder instruirse de su contenido, ni estuvieron impedidos de analizar el informe escrito que así se presentó dado que, entre dicha presentación formal del informe, que tuvo lugar el día 25 de marzo pasado, y el interrogatorio en juicio de los dos peritos que lo elaboraron (Srs. Alejo y Constancio) - en unidad de acto con el resto de peritos intervinientes -, el día 27 de marzo pasado, transcurrieron dos días completos con ese informe escrito a su disposición en la oficina judicial, sin que tampoco se hiciera por dichas partes acusadoras petición especifica de examen alguno al respecto; pero la realidad es que pudieron examinarlo como lo prueba que, luego, durante el interrogatorio posterior de dichos peritos pudieran formularles las preguntas que tuvieron por conveniente sobre el contenido y sentido de su informe, tanto el Fiscal como la acusación particular.

La defensa proponente se opuso a esa impugnación de las acusaciones invocando el art. 45, último inciso, de la LOTJ, es decir, el precepto que permite la presentación de nuevas pruebas al inicio del juicio, justo después del trámite de alegaciones previas de las partes (por lo demás, práctica habitual en cualquier juicio que se celebra ante magistrados profesionales, tanto en el procedimiento abreviado como en el sumario; por tanto, suficientemente conocida por todos los operadores jurídicos que están acostumbrados a ella; ya no resulta sorpresiva nunca).

En este sentido, con cita, por ejemplo, de la STS. nº 1004/2021, de 17 de diciembre, ponente Excmo. Sr. Marchena Gómez ( Roj STS 4626/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4626), es de recordar que: "La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional ha modulado la interpretación de esa visión preclusiva que inspira una interpretación literal de los arts. 656 , 728 y 786.2 de la LECrim . Su enunciado permitiría afirmar, provisionalmente, que el único momento hábil para proponer pruebas es el correspondiente a la presentación del escrito de conclusiones provisionales. La rigidez de esta conclusión se ha visto atenuada por las sucesivas regulaciones procesales, que admitieron la proposición de nuevas pruebas al inicio de las sesiones del juicio oral, en el curso de la audiencia preliminar contemplada en el actual artículo 786.2 de la LECrim , para practicarse en el acto. De la misma forma, el artículo 45 de la LOTJ permite la proposición de nuevas pruebas al inicio del juicio oral, también siempre que puedan practicarse en el acto".

Y también invocó la parte proponente de la prueba que no era pericial novedosa sino complementariade otras pruebas periciales existentes en el procedimiento.

Quien suscribe declaró la pertinencia de dicha pericial por dichos motivos. Y también porque, junto a la aportación escrita del correspondiente informe, se había propuesto igualmente por la parte proponente la declaración personal en juicio de dichos peritos (declarada pertinente, en este punto sin objeción) y, por tanto, porque la misma, con suficiente margen temporal, podía someterse a la debida contradicción procesal, como así ocurrió. Y, además, efectivamente, era materia ya tratada por otras periciales propuestas por las partes.

Entendí que no se producía indefensión alguna, ni material (la relevante) ni formal; de ahí su admisión.

Debe recordarse, además, que en materia de proposición de prueba la regla general es la de su admisión,que prevalece, salvo supuestos excepcionales precisados de una motivación reforzada, sobre la inadmisión de la misma precisamente en beneficio de los derechos fundamentales de defensa y de tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

En este sentido traigo a colación, entre otras muchas posibles, la STS. nº 724/2020, de 2 de febrero de 2021, ponente Excmo. Sr. del Moral García ( Roj: STS 320/2021 - ECLI:ES:TS:2021:320) :

"En relación con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa ( art. 24.2 CE ) -se expresa en la citada resolución- la doctrina del Tribunal Constitucional puede ser resumida en los siguientes términos ( STC 86/2008, de 21 de julio y STC 80/2011, de 6 de junio ):

a) Se trata de un derecho fundamental de configuración legal, en la delimitación de cuyo contenido constitucionalmente protegido coadyuva de manera activa el Legislador, en particular al establecer las normas reguladoras de cada concreto orden jurisdiccional, a cuyas determinaciones habrá de acomodarse el ejercicio de este derecho, de tal modo que para entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda [por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio ].

b) Este derecho no tiene carácter absoluto; es decir, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.

c) El órgano judicial ha de motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se inadmitan o no se ejecuten pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

d) No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía constitucional contenida en el art. 24.2 CE únicamente cubre aquellos supuestos en los que la prueba es decisiva en términos de defensa. En concreto, para que se produzca violación de este derecho fundamental este Tribunal ha exigido reiteradamente que concurran dos circunstancias: por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser imputables al órgano judicial ( SSTC 1/1996, de 15 de enero , y 70/2002, de 3 de abril , por todas); y, por otro, la prueba denegada o no practicada ha de resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida ( SSTC 217/1998, de 16 de noviembre y 219/1998, de 16 de noviembre ).

e) Esta última exigencia se proyecta en un doble plano: por una parte, el recurrente ha de demostrar la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo constitucional (por todas, SSTC 133/2003, 30 de junio ; 359/2006, de 18 de diciembre ; y 77/2007, de 16 de abril ).

Finalmente, ha venido señalando también el Tribunal Constitucional que el art. 24 CE impide a los órganos judiciales denegar una prueba oportunamente propuesta y fundar posteriormente su decisión en la falta de acreditación de los hechos cuya demostración se intentaba obtener mediante la actividad probatoria que no se pudo practicar. En tales supuestos lo relevante no es que las pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la desestimación sea la consecuencia de la previa conculcación por el propio órgano judicial de un derecho fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una aparente resolución judicial fundada en Derecho una efectiva denegación de justicia ( SSTC 37/2000, de14 de febrero ; 19/2001, de 29 de enero ; 73/2001, de 26 de marzo ; 4/2005, de 17 de enero ; 308/2005, de 12 de diciembre ; 42/2007, de 26 de febrero y 174/2008, de 22 de diciembre ).

Asimismo, esta Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recordado reiteradamente la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva del derecho a un juicio sin indefensión, que garantiza nuestra Constitución ( Sentencias, por ejemplo, de 14 de julio y 16 de Octubre de 1.995), y también ha señalado, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional , que el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado a que se admitan y practiquen todas las pruebas propuestas por las partes con independencia de su pertinencia, necesidad y posibilidad.

...".

En este caso, además, la prueba pericial de los Srs. Alejo y Constancio era absolutamente necesaria y útil desde la perspectiva del derecho de defensa de ambos acusados. Habiéndolo sido por un delito de malversación de caudales públicos (junto a otro continuado de falsedad documental), es evidente que la determinación de la realización de ciertas obras en la Urbanización de Calarreona de Águilas, que estaban fuera del proyecto inicial pero que podían tener la consideración de imprescindibles o necesarias, podía servir para justificar suficientemente que el dinerario presupuestado, en principio, para la obra pública realizada, podía incluir también esas otras partidas económicas extraordinarias añadidas no previstas en el proyecto inicial del Ayuntamiento y, por tanto, de demostrarse ello, no haber existido desviación económica alguna por parte de dichos acusados.

Más esencial no podía ser esta prueba; y, por supuesto, era absolutamente previsible que se presentara o propusiera dada la importancia de este dato que ya aparecía reflejado en los escritos de conclusiones provisionales de las defensas.

Por otro lado, la verdadera relevancia de dicha prueba pericial se refleja perfectamente en que el que el propio Jurado haya acudido expresamente a la misma en la motivación de su Veredicto, para entender que, efectivamente, se tuvieron que hacer otras obras extraordinarias no contempladas en el proyecto inicial pero que resultaban absolutamente necesarias o útiles para la Urbanización. Y ello les sirvió para apoyar su Veredicto de No Culpabilidad.

No obstante, las dos acusaciones, como digo, formularon su respectiva "protesta formal"por dicha decisión de admisión de esta prueba.

1.2.-La segunda cuestión objeto de "protesta",en este caso por el Ministerio Fiscal, fue el redactado (parcial) del Objeto del Veredicto. Aquí se plantearon por el Ministerio Fiscal y acusación particular algunas modificaciones fácticas de detalle respecto al texto provisional (en los hechos 1, 2 y 4), que fueron aceptadas por mi parte y sin oposición de contrario (me remito al trámite correspondiente).

Pero no acepté en el hecho desfavorable número 2, párrafo primero, del Objeto del Veredicto, que se incluyera la frase añadida, referida al aparejador técnico Armando, de que éste actuó "con una intervención sin la cual no se pudiera haber hecho"(el supuesto fraude contable documental que se describe a continuación en dicho hecho nº 2). Y ello porque una de las defensas (la del constructor, con la adhesión de la otra) se opuso expresamente a dicha incorporación fáctica por entender que era un elemento cualitativo novedoso relevante. Quien suscribe aceptó la oposición de dicha defensa, primero, porque esa frase añadida no se había incluido en el escrito de conclusiones definitivas de ninguna de las acusacionesy, por tanto, era efectivamente un elemento cualitativo nuevo; segundo, en el entendimiento de que dicha frase que se pretendía incorporar al Objeto del Veredicto fortalecía indebidamente la idea de la connivencia delictiva y el reparto de papeles(coautoría conjunta) entre ambos acusados respecto a lo que se reflejó en el párrafo primero de ese mismo hecho 2 (desfavorable), donde aparece la palabra "connivencia" con el acusado Jesus Miguel. Es decir, porque se reforzaba indebidamente, en trámite procesal que ya no permitía incorporar nuevos hechos sustanciales de acusación o de fortalecimiento de los mismos, la idea de esa coautoría delictiva.

En cualquier caso, al final, la cuestión resultó irrelevante atendida la importante motivación empleada por el Jurado en su acta de votación y que luego se analizará.

1.3.-Además, como incidencia añadida del juicio que hay que destacar hay que reseñar que, durante el interrogatorio del acusado Jesus Miguel, el Fiscal pidió la lectura de la declaración sumarial de dicho acusado, lo que se le denegó por quien suscribe con cita de la STS. 586/2015 (con aplicación de lo dispuesto en el art. 46.5, inciso segundo, de la LOTJ) . En ese momento el Ministerio Público exhibió el testimonio de dicha declaración que traía consigo para que se pudiera revisar si había habido contradicción (lo que se analizó), pero no pidió que dicho testimonio se uniera al acta del juicio. Sobre esta cuestión, no hubo protesta alguna.

1.4.-Finalmente señalar que, aunque en el acta de votación del Jurado no aparece motivación específica sobre los hechos nºs 1 y 8 del Objeto del Veredicto, aunque están votados por unanimidad, ello se debió a que en el trámite de instrucciones de quien suscribe se explicó al Jurado que ambos hechos no determinaban ni la culpabilidad ni la no culpabilidad de los acusados; que el primero era necesario para fijar el contexto de hechos objeto de acusación de cara a la redacción de la sentencia (para preservar el instituto de la cosa juzgada material) y evitar así que los acusados pudieran a volver a ser juzgados en el futuro por los mismos hechos, y que el segundo, referido a una posible atenuante de dilaciones indebidas, no iba a ser especialmente cuestionado por las partes puesto que sus datos ya se deducían de la propia referencia procedimental del Objeto del Veredicto. De ahí que sea lógico que, al respecto, no dieran motivación alguna sin perjuicio de entender que la que dieron sobre los hechos sustanciales fue especialmente intensa y congruente.

Ninguna de las partes formuló protesta por estas instrucciones concretas (ni por ninguna otra) ni tampoco la hubo posteriormente cuando se leyó por la Sra. portavoz el Veredicto de No Culpabilidad.

SEGUNDO.- El supuesto delito continuado de falsedad documental.-

Se corresponde con los hechos números 2 y 3 del Objeto del Veredicto (declarados por el Jurado como NO PROBADOS por unanimidad).

En este caso, la acusación del Fiscal lo era por delito continuado de falsedad en documento público del art. 390.1.1º, 2º y 4º en relación con el art. 74 del C. Penal que atribuía a los dos acusados a título de coautores, mientras que la acusación particular, con una calificación jurídica menos técnica, sólo acusaba por el apartado 4º del número 1 del art. 390 CP imputando este delito exclusivamente al técnico municipal Armando. Obviamente se parte de la calificación jurídica más completa y rigurosa, la primera reseñada.

Ahora bien, para cometer este tipo de delito falsario no basta con que en un documento haya determinados datos que no coincidan estrictamente con la realidad. Se precisa una afectación relevante del tráfico jurídico - más allá de las meras falsedades inocuas - y una forma de comisión acudiendo a alguna de las técnicas de posible manipulación a que se refieren los números 1, 2 y 4, es decir: alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial (1º); simulando un documento en todo o parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad (2º); faltando a la verdad en la narración de los hechos (4º).

Y, junto a ello, al construirse la acusación mediante una coautoría conjuntade ambos acusados ("connivencia",decía el texto acusatorio) y, a su vez, como instrumentopara cometer también el delito de malversación de caudales públicos (concurso instrumental), también requería de otro elemento indispensable añadido, el dolo. Los funcionarios públicos o las autoridades pueden cometer este delito de falsedad documental a título de imprudencia(por lo que no se acusaba aquí), pero en esos casos no se puede trasladar la posible responsabilidad penal al particular; de ahí, la obligada exigencia del dolo,o sea, la intencionalidad maliciosa(en los términos que expliqué al Jurado) - conocimiento del hecho ilícito y voluntad de llevar a cabo la manipulación documental, o aprovecharse de ella -, como elemento absolutamente inexcusable para poder construir técnicamente la coautoría.

2.1.- El principio acusatorio. El primer serio problema técnico-jurídico que presentaba esta acusación era la falta de la concreción fácticaen los escritos de conclusiones de dichas acusaciones de los distintos elementos esenciales del tipo penal de que se trata y/o de sus modalidades comisivas. O sea, la descripción en forma de hecho, clara y afirmativa, de los distintos requisitos del tipo penal por el que se acusaba (cualquiera que fuera la modalidad elegida).

Si se observa la redacción del hecho 2(también el complementario 3)y, en particular, la descripciónhecha por las acusaciones de la supuesta falsedad de los cuatro certificados emitidos por los técnicos municipales - para que el constructor pudiera cobrar lo que le correspondiera por la ejecución de obra -, e, incluso, del acta final de recepción de la obra, se comprueba fácilmente que, más allá de afirmarse genéricamente el carácter falso de tales documentos, de manera puramente formalista, no se hace ningún tipo de mención fáctica sobre la forma o técnica de confección de tales documentos. Es decir, la referencia a esos documentos emitidos por los técnicos municipales no viene acompañada de una sucinta mención a la forma o técnica en que, en su caso, pudiera haberse llevado a cabo la manipulación de la que se acusaba.

La descripción que se hace del carácter supuestamente falso de tales documentos es muy rutinaria y superficial, manifiestamente insuficiente. En ningún momento se concreta si se produjo una "alteración de alguno de los elementos de carácter esencial" y, en su caso, de cuál o cuáles; como tampoco se hace mención mínima a la supuesta "simulación en todo o en parte" de dichos textos documentales y, en su caso, a que ello hubiera producido "error sobre su autenticidad" expresándolo al menos de alguna manera implícita pero clara; tampoco se concreta en qué forma, o con qué omisión de datos importantes, se pudo faltar a la verdad en la confección del texto de dichos documentos. De la mera lectura de la descripción que se hace de dichos certificados, o del acta final de recepción de obra, tal como la realizan las acusaciones y que, a partir de ahí, se incorpora al Objeto del Veredicto, no se desprende atisbo fáctico alguno de una construcción falsaria de ningún tipo. Basta leer el texto que se presenta de dichos certificados y acta final de recepción de obra para comprobar, a simple vista, que no parecen ser el reflejo de manipulaciones falsarias de ningún tipo sino todo lo contrario, dada la exagerada sencillez descriptivacon que se redactan que no refleja, por tanto, todos los elementos necesarios de la tipicidad penal.

En este sentido, dejamos citada, por ejemplo, la STS. nº 146/2021, de 18 de febrero, ponente Excmo. Sr. Llarena Conde ( Roj: STS 617/2021 - ECLI: ES:TS:2021:617), donde se explica:

"SEG UNDO.- 2.1. El segundo de los motivos formalizados por la representación de ..., así como el tercero de los que desarrolla el recurso de casación presentado por el resto de acusados, se formulan por infracción de precepto constitucional de los artículos 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECRIM , al entender los recurrentes que se ha producido un quebranto de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a conocer la acusación, sin ser sometidos a acusaciones sorpresivas que puedan generar indefensión.

;

(...)

2.2. Para resolver este motivo podemos seguir nuestra STS 37/2013, de 30 de enero , que se extiende en la explicación de la cuestión que se plantea.

Destacábamos en nuestra resolución que entre las garantías que incluye el principio acusatorio se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica ( SSTC 4/2002, de 14 de enero ; 228/2002, de 9 de diciembre ; 35/2004, de 8 de marzo o 7/2005, de 4 de abril ).

En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal debe efectuarse precisamente en los términos del debate, tal como han sido planteados en las pretensiones de la acusación. Con la perspectiva constitucional del derecho de defensa, lo que resulta relevante es que la condena no se produzca por hechos o perspectivas jurídicas que de facto no hayan podido ser plenamente debatidos (por todas STC. 87/2001 de 2 de abril ).

En similar sentido las SSTC 34/2009 de 9 de febrero y 143/2009 de 15 de junio , proclaman que "forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación", derecho que encierra un "contenido normativo complejo", cuya primera perspectiva consiste en la exigencia constitucional de que el acusado tenga conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria ( SSTC. 12/1981 de 10 de abril , 95/95 de 19 de junio o 302/2000 de 11 de septiembre ).

Se ha señalado además que, a efectos de la fijación de la acusación en el proceso, el instrumento procesal esencial es el escrito de conclusiones definitivas, el cual debe contener "los hechos relevantes y esenciales para efectuar una calificación pública e integrar un determinado delito", que es lo que ha de entenderse "por hecho punible a los efectos de la necesidad constitucional de conocer la acusación para poder ejercer el derecho de defensa" ( STC. 87/2001 de 2 de abril ). Por ello no es conforme con la Constitución ni la acusación implícita, ni la tácita, sino que la acusación debe ser formulada de forma expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados - el subrayado es de quien suscribe - ( SSTC. 36/96 de 11 de marzo , 33/2003 de 13 de febrero , 299/2006 de 23 de octubre , 347/2006 de 11 de diciembre ).

Esta Sala Segunda tiene asimismo proclamado (STS 669/2001 de 18 abril , entre otras), que lo verdaderamente importante para no vulnerar el principio acusatorio es que el relato fáctico de la acusación sea respetado en las líneas esenciales. No exhaustivo o en todos sus detalles, muchos de ellos irrelevantes en la mayor parte de los casos, pero si completo (debe incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo objeto de la acusación y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del acusado)y específico (debe permitir conocer con precisión cuales son las accioneso expresiones que se consideran delictivas)- el subrayado vuelve a ser mío -.

;

(...) ".

2.2 .- La decisión del Jurado. El Jurado entendió perfectamente que era absolutamente obligado el cumplimiento de dichos requisitos del delito de falsedad documental, es decir, más allá de ser tachados formalmente como documentos "falsos", el que estuviera descrita - y probada- la forma o técnica de supuesta manipulación documental empleada por los técnicos municipales (hay uno fallecido).

En las instruccionesque se les dieron a los miembros del Jurado sobre el Objeto del Veredicto que se les entregaba, sin mención expresa al tipo del art. 390 CP, se les puso el ejemplo del art. 245, párrafo segundo, del C. Penal (usurpación pacífica de bien inmueble) leyéndoleslos distintos elementos de este tipo penal concreto (presentado como "okupación ilegal",en el concepto popular) para que pudieran comprender - también de cara al delito de malversación de caudales públicos -, que para poder condenar a una persona por un delito cualquiera la conducta de que se trate no solo tiene que estar descrita en el Código Penal sino que, también, deben cumplirse y probarsetodos los elementos de dicha tipicidad penal.

Así, respecto a las supuestas falsedades documentales y a las técnicas hipotéticas de manipulación, se puede comprobar perfectamente la magnífica motivación del Jurado dada al respecto. En el Acta del Veredicto, en el hecho 3,se puede leer:

"...respecto a la descripción de los documentos públicos, no quedando probado el delito de falsedad en documento público, no constando: alteración, falsificación o simulación de los mismos; modificación que convierta su autenticidad en falsedad. Por lo tanto, no puede evidenciarse ni queda demostrada la adulteración de los documentos que se relacionan en este apartado..."

Insisto. Motivación excelente que explica perfectamente que el Jurado echó de menos esa necesaria descripción fáctica que exige la Ley; también una prueba clara de ello. En conclusión, la descripción fáctica hecha por las acusaciones en sus conclusiones definitivas e incorporada en esos términos al Objeto del Veredicto sobre los supuestos documentos falsarios fue manifiestamente insuficiente desde el punto de vista del principio acusatorio y del derecho fundamental a conocer claramente la acusación. Y así lo entendió perfectamente el Jurado, lo que también le sirvió para decidir que no había prueba alguna de la supuesta manipulación documental.

Pero es que el Jurado profundizó en la cuestión probatoria de las supuestas falsedades documentales acudiendo, precisamente, a los propios informes periciales de acusación que aparecían expresamente reflejados en sus conclusiones definitivas y, luego, en el Objeto del Veredicto. Se trata de los informes periciales emitidos por los peritos judiciales don Juan María, que ampliaba el informe privado de don Estanislao, junto al de don Adriano, de los que los miembros del Jurado establecen, en el Acta del Veredicto referida al hecho desfavorable nº 3, "que difieren entre ellos",añadiendo "lo que prueba la dificultad de alcanzar un dictamen definitivo y concluyente".

Es decir, tuvieron la predisposición a analizar esta posible prueba de cargo de las acusaciones - la principal - atendiendo al carácter de aquellos dos "peritos judiciales" nombrados por el Juzgado de Instrucción, pero la rechazan al final porque de dichos informes no pueden establecerse unas conclusiones comunes, claras y concluyentes, es decir, porque no les transmitió la necesaria seguridad jurídica; en este sentido, aunque acuden también al informe elaborado por don Estanislao, hay que indicar que este se elaboró a instancias de la acusación particular y pese a ello lo analizaron igual que otros de defensa. Pero rechazan conjuntamente las tres pericias de acusación, que ligan debidamente entre sí.

En este punto hay que indicar que las acusaciones construyeron su tesis acusatoria a partir de la posible comparativa entre dichos informes de los dos "peritos judiciales" (con el añadido del perito privado don Estanislao) en relación a los datos facilitados por los técnicos municipales como base de aquellas certificaciones supuestamente falsarias. Y ello podía suponer que, si dichas pericias no eran finalmente aceptadas por el Jurado como suficientemente seguras, se les caería por completo el hecho de acusación correspondiente, tal como sucedió.

En este sentido, obiter dicta,de forma estratégica aunque legítima, las acusaciones quisieron construir su tesis desde el principio del procedimientoy luego sus conclusiones fácticas a base de remitirse a unidades numéricas de medida, a tipos de materiales empleados en la obra y sus distintas características, así como a diversos cálculos matemáticos y físicos para fijar el tipo de precios aplicable a la ejecución de la obra realizada, que por su propia naturaleza y contenido eminentemente técnico-complejo no era razonable esperar que los miembros del Jurado entraran a analizar en detalle o realizando por su cuenta sus propias operaciones de cálculo. Basta revisar las muchas preguntas por escrito que fueron realizando los distintos miembros del Jurado - centradas en conocer sustancialmente el tipo de problema constructivo que podía presentar la obra ejecutada en la Urbanización Calarreona pero no en sus aspectos técnicos - para comprobarlo. Y teniendo además en cuenta que los informes periciales no vinculan a los jueces(tampoco a los jueces legos), era lógico esperar que el Jurado no entrara en ese análisis de detalle físico, químico y matemático que se le proponía (también por las defensas), teniendo en cuenta que la prueba de los elementos de los tipos penales por los que se acusaba - falsedad documental y malversación de caudales públicos -, no exigen tener que realizar ese cálculo matemático o el análisis de las calidades de los materiales empleados (tampoco lo tendría que hacer un juez profesional). La opción de todas las partes por esta vía tan sumamente técnico-científica- que exige conocimientos muy especializados - llevó a los miembros del Jurado a analizar las distintas periciales practicadas desde otro prisma completamente diferente, mucho más correcto, racional y con enfoque "jurisdiccional",o sea, el de la sana críticabasada en su claridad, posible rigor y fiabilidad final, como lo hubiera hecho cualquier tribunal profesional.

De ahí que el Jurado comparara entre sí los tres dictámenes periciales de acusación para poder establecer que, pese a responder a las tesis de dichas acusaciones, diferían entre sí y no podían ser considerados como concluyentes, lo que ya ponía de manifiesto la dificultad de tener por acreditado lo que pretendían.

Ocurre, además, que hubo otros informes técnico-periciales sobre las mismas materias. Así, también emitieron periciales y declararon en unidad de acto en el juicio, junto a los dos "peritos judiciales" y al privado de la acusación particular, don Landelino - ingeniero de caminos, canales y puestos, autor del proyecto inicial del Ayuntamiento de Águilas, propuesto por la defensa del constructor -, don Saturnino - ingeniero de caminos, canales y puertos, propuesto por la defensa del constructor -, don Valeriano - topógrafo, propuesto por la defensa del técnico municipal, informe del acont. digital 95, impreso y entregado al Jurado -, don Samuel - técnico de calidad del Laboratorio del Sureste, propuesto por la defensa del constructor -, don Alejo y don Constancio - ingenieros de caminos, canales y puertos, propuestos por la defensa del constructor -, que lógicamente llegaron a conclusiones muy diferentes a los peritos judiciales, siendo todos ellos informes de descargo (el dinero recabado de los propietarios de la Urbanización, bajo control del Ayuntamiento, se invirtió íntegramente en la obra ejecutada, aunque no se siguiera exactamente el proyecto inicial dado que también se hicieron otras obras necesarias).

Pero la imagen final de conjuntoque transmitieron todos ellos (tanto los de acusación como los de defensa), era la dificultad para conocer realmente qué informe o informes técnicos eran los acertados y cuáles podían no serlo, lógicamente sin tener que hacer un solo cálculo matemático o llevar a cabo valoración de la calidad o adecuación de los materiales empleados en la obra, que no era su labor. Esta variedad de opiniones técnicassobre las mismas cuestiones y su común denominador consistente en no hallar una única fórmula sencilla y concluyente que diera adecuada respuesta a la forma de ejecución de la obra realizada, también debió influir en el Jurado cuando se puso a comparar los tres informes periciales de acusaciónpara acabar desechándolos.

No sabemos las razones concretas del Jurado para establecer que había diferencias importantes entre esas tres periciales de acusación - no lo explican - y, por tanto, no podemos profundizar mucho en ello. Pero ocurre que fue el propio perito judicial don Adriano, tal como él mismo explicó, nombrado por el Juzgado para ratificar o matizar el informe de don Juan María, también perito judicial, el que dijo claramente en juicio que, una vez revisado el informe elaborado por el otro perito judicial, discrepó del realizado por el Sr. Juan María indicando al respecto que, aunque formalmente su informe se denomine de "ratificación", en realidad era un informe propio con el que estableció algunos resultados distintos a los del Sr. Juan María como también lo fueron sus conclusiones. Y ahí puede estar la clave de la motivación del Jurado. Hubo efectivas discrepancias entre los dos peritos judiciales actuantes y así se expuso en juicio por uno de ellos, añadiendo también el Jurado que el informe del Sr. Juan María era una mera ampliación del emitido por el Sr. Estanislao (de la acusación particular). De esta forma conectó estos tres informes periciales de acusación y los rechazó en unidad argumentativa.

Junto a ese dato, que pone de manifiesto de dónde pudo deducir el Jurado las discrepancias existentes entre dichos peritos, es de recordar que, siendo la labor del magistrado-presidente - a la hora de redactar la sentencia -, la de apoyar la argumentación del Jurado, tengo que traer a colación algún dato importante que nace de dichas periciales. Me refiero a que los Srs. Estanislao (de la acusación particular) y Juan María (perito designado por el Juzgado) coincidieron en señalar en juicio, que "había habido un error en el proyecto inicial de la obraconsistente en que el ingeniero que lo redactó - presente en juicio, don Landelino - se equivocó al reseñar como unidad de medida la de metros cuadradoscuando en realidad debió utilizar el criterio de los metros cúbicos",datos de los que partieron los cálculos que se hicieron después.

Esta explicación es muy relevante para el Veredicto de No Culpabilidad porque algunas de las manifestaciones en juicio de quien elaboró el proyecto inicial por encargo del Ayuntamiento, por tanto sin haber sido contratado por los acusados, el ingeniero de caminos, canales y puertos don Landelino, no sólo sirvieron para que concluyera que el proyecto que se le había encargado era "cutre"(en el sentido de poco dotado, muy sencillo o barato para lo que se precisaba realmente), sino que también reconoció personalmente, tal como habían explicado los peritos judiciales, que él incurrió en un error inicial al calcular el precio de la obra por metros cuadrados cuando en realidad eran metros cúbicos y que ese error inicial se arrastró posteriormente, siendo ya inamovible en las certificaciones(que servían para pagar al constructor) mientras no se hiciera un documento contractual nuevo (entre Ayuntamiento y constructora) y se iniciaran otra vez, desde el principio, los trámites administrativos correspondientes, algo que, efectivamente, no se hizo.

En este sentido, es obvio, la mera existencia de "un error inicial" en el proyecto de alguien que era ajeno a los acusados, don Landelino, que trajo consigo unos cálculos posteriores erróneos, y que se arrastró irremediablemente a las certificaciones que luego se tacharon por las acusaciones de falsarias, no podía formar parte de ningún tipo de dolo (intención maliciosa,en los términos que expliqué al Jurado en el trámite de instrucciones), no sólo porque ese "error inicial" era completamente ajeno a los acusados (el error fue del proyectista) sino que además, independientemente del mismo, tenía que concurrir, en su caso, en la conducta desplegada ese dolo inexcusablede cara a poder establecer una hipotética coautoría delictivaentre los técnicos municipales que dirigieron y supervisaron la ejecución de la obra y el constructor acusado. Si toda la acusación se construye partiendo de la base de que los acusados utilizaron como "medio instrumental"los supuestos documentos falsos para, desde ahí, llegar a la supuesta malversación de caudales públicos, actuando dichos acusados "en connivencia"- tal como redactan las acusaciones -, es evidente que la presencia del doloera absolutamente obligada en este caso pues, de lo contrario, no se podría ligar jurídicamente a técnicos municipales y constructor. Y si el origen del fallo producido, que fue arrastrado después a algunos cálculos de los técnicos - por cuanto que el proyecto inicial no se podía tocar, tal como explicó el proyectista -, dependió de quien fue el encargado de proyectar la obra inicial, es evidente que de ello no se puede responsabilizar a ninguno de los acusados. Un fallo "intencional" tendría que haber nacido de ellos mismos, pero no de un tercero ajeno a la conducta de los acusados. Como tampoco se les podría responsabilizar penalmente si hubiera mediado "negligencia" por parte de los técnicos y del Ayuntamiento por no haber procedido, una vez detectado el error inicial del proyectista, a la elaboración de un nuevo contrato con el constructor y a una nueva tramitación administrativa. La supuesta "imprudencia",caso de serlo (por la que no se acusa), es totalmente incompatible jurídicamente con el "dolo" aquí exigible; también con la "coautoría delictiva". Por tanto, es irrelevante que, arrastrado el error inicial del proyecto de don Landelino a las certificaciones de los técnicos municipales, que éstos últimos no decidieran instar del Ayuntamiento que procediera a realizar un nuevo contrato con la constructora y a que iniciara de nuevo los trámites administrativos necesarios para volver a aprobar un nuevo proyecto salvando el error inicial del proyectista (tal como sugirieron en juicio las acusaciones). Y desde luego, en términos de supuesta "imprudencia", no cabría conectar al constructor con aquélla; ya no se podría hablar de coautoría delictiva (dolosa)llevada a cabo en "connivencia"entre éste y los técnicos municipales.

Por eso, la existencia de un "error inicial" del proyectista de la obra no puede acabar convirtiéndose jurídicamente en un concurso ideal o instrumental entre los técnicos municipales y el constructor de la obra, actuando supuestamente entre ellos "en connivencia maliciosa". La conducta errónea del tercero no se traslada a los acusados.

Pero es que, igualmente, el Jurado se pronuncia sobre la falta de "connivencia"entre los acusados, con lo que, a partir de ahí, no se puede construir técnicamente una hipotética coautoría conjunta. Este tema lo trata específicamente el Jurado al argumentar su respuesta al hecho nº 2,donde expresamente dicen: "respecto al hecho de connivencia entre los acusados Armando (el técnico vivo) y Jesus Miguel (el constructor), no existe evidencia de la misma, ni en documento escrito ni en testimonio aportado por ninguno de los citados al presente proceso".Es decir, examinan también las declaraciones de los propios acusados - junto a la documental - para comprobar por su cuenta si podía establecerse, en forma de prueba, alguna conexión delictiva entre ellos que surgiera a partir de sus propias explicaciones en juicio. Pero no la encuentran porque efectivamente no hay manifestación alguna por parte de dichos acusados indicativa de ello, ni siquiera indiciariamente.

En definitiva, concluye el Jurado que no hay prueba de que los acusados, actuando conjuntamente, cometieran aquellas falsedades documentales de las que se les acusa (de forma poco clara o precisa).

TERCERO: El supuesto delito de malversación de caudales públicos.

Descartada por completo por el Jurado la existencia de "connivencia"delictiva entre el acusado técnico municipal y el acusado constructor en el momento en que se confeccionaron los documentos(certificaciones) que las acusaciones tachan de "falsos", se cae por completo no sólo el delito continuado de falsedad en documento público sino también la acusación complementaria por malversación de caudales públicos.

Ya se ha explicado. Para poder cometer este segundo delito era indispensable aquí el previo concierto delictivo entre los técnicos municipales y el constructor puesto que, exigiéndose la presencia de dolo en aquellas supuestas falsedades - para poder ligar jurídicamente a unos y a otro, en base a la utilización instrumental de las certificaciones que se dicen falsas, hipotéticamente dirigidas a desviar dinero público - y, además, una coautoría delictiva (actuación común) - pues de lo contrario no habría podido ser acusado el constructor -, es evidente que, si se rechaza la idea de la actuación conjunta delictiva entre dichos acusados, tampoco cabe ya el delito de malversación de caudales públicos que está aquí indisociablemente unido a las supuestas falsedades documentales, que se declaran no probadas y que son jurídicamente inseparables entre sí.

Por otro lado, ocurre también con este otro delito (lo mismo que con el delito de falsedad) que hay otro importante déficit acusatorio evidente. El delito que ahora nos ocupa, tal como venía regulado en los años 2009 y 2010 (fechas de emisión de los certificados objeto de acusación), exigía, además de un ánimo de lucro,el que la autoridad o funcionario público - sujeto activo del delito - "sustrajere" o permitiera "sustraer" a un tercero algún tipo de caudal público. Es decir, una conducta directamente dirigida al apoderamiento efectivo o de hechodel caudal público correspondiente. Hoy en día el término "sustraer" ha sido sustituido por el de "apropiarse", pero al final es parte de lo mismo: una conducta directamente dirigida a disponer efectivamente del caudal público correspondiente sin ánimo de reintegro.

Si se revisa el Objeto del Veredicto (apartados de hechos desfavorables)- coincidentes con los escritos de conclusiones definitivas de acusación - se comprueba que en ningún momento se utiliza un término similar al de "sustraer" o al de "apropiarse", es decir, no hay descripción mínima de ese necesario apoderamiento efectivo o de hechode un caudal público. Es cierto que hay una referencia fáctica a la obtención de un posible beneficio económicopor parte de los acusados, que pudiera técnicamente corresponderse con el "ánimo de lucro"- uno de los requisitos del tipo penal, que ha de interpretarse en sentido amplio como la búsqueda de cualquier tipo de ventaja,no necesariamente económica -, pero que, como quiera que en el texto acusatorio no aparece la mención a otra modalidad distinta de ese posible "ánimo de lucro"a la que pudiera corresponderse con ese posible beneficio económicoaludido, es obvio que esta última expresión hay que aplicarla al requisito del "ánimo de lucro"y, por tanto, seguiría faltando la descripción fáctica del acto depredatorioconsistente en apoderarse efectivamente o disponer de hecho del caudal público, sin ánimo de reintegro, de que se trate o permitir que otro lo hiciera. Pero no hay nada al respecto; por tanto, una vez más, la acusación está fácticamente mal construida.

Y sin ese otro requisito de apoderamiento de hecho sin ánimo de reintegro,del caudal público tampoco se puede cometer el delito de malversación de caudales públicos por el que se acusa.

Pero es que también el Jurado rechaza expresamente este delito de malversación al declarar NO probado por unanimidad el hecho 4º,o sea, el que sirve para incluir como hecho de acusación el supuesto detrimento patrimonialdel Ayuntamiento a resultas de los hechos que nos ocupan. En este punto, el Jurado argumenta expresamente que "no se han tenido en cuenta las obras acometidas por necesidad, no incluidas en el proyecto inicial"; "no se han tenido en cuenta los errores de medición del terreno, sustancialmente superiores a los proyectados"; "no queda demostrado documentalmente el detrimento patrimonial supuestamente causado a la Corporación Municipal";y, "por lo tanto, no queda acreditado ni ratificado dicho daño y/o perjuicio económico a las arcas municipales".

O sea, el Jurado atiende por completo la tesis de las defensas - avalada por todos los peritos propuestos a su instancia, antes reseñados - de que nunca hubo desvío de caudal público alguno pues algunas de las obras realizadas, aunque no se ajustaron estrictamente al proyecto inicial, eran necesariaspara la Urbanización (tal como explicó, entre otros, don Landelino, el proyectista) y, por tanto, parte del dinero presupuestado se destinó precisamente a esas otras obras extrasy el resto a lo realmente ejecutado. Y específicamente se refiere el Jurado a ese supuesto detrimento patrimonial - como no producido - al final de su argumentación del hecho 3ºcuando dice que "la acusación no prueba de forma clara y suficiente las cantidades cuantificadas económicamente(en el hecho 4º), así como los porcentajes expresados".

En este sentido, en relación con los requisitos del tipo penal de malversación de caudales públicos - a la fecha de hechos -, traigo a colación, por ejemplo, la STS. nº 482/2020, de 30 de septiembre, ponente Excmo. Sr. Colmenero Méndez de Luarca ( Roj: STS 3893/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3893)

"En relación con la redacción del artículo 432 CP vigente al tiempo de los hechos, tiene declarado esta Sala, (STS nº 1374/2009, de 29 de diciembre ), que el delito de malversación de caudales públicos requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) El autor debe ser funcionario público en los términos del art. 24 del Código Penal o resultar asimilado a la condición de funcionario por la vía del art. 435. b) Como segundo elemento, de naturaleza objetiva, los efectos o caudales, en todo caso de naturaleza mueble, han de ser públicos, es decir, deben pertenecer y formar parte de los bienes propios de la Administración Pública, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de la misma. c) El tercer elemento se refiere a la especial situación en que debe encontrarse el funcionario respecto de tales caudales o efectos públicos. Estos deben estar "...a su cargo por razón de sus funciones...", dice el propio tipo penal. La jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el requisito de la facultad decisoria del funcionario sobre los bienes en el sentido de no requerir que las disposiciones legales o reglamentarias que disciplinan las facultades del funcionario le atribuyan específicamente tal cometido ( SSTS 2193/2002, de 26-12 , y 875/2002, de 16-5 ), refiriéndose también a las funciones efectivamente desempeñadas ( STS 1840/2001, de 19-9 ). d) Como cuarto y último elemento, la acción punible a realizar consiste en "sustraer o consentir que otro sustraiga", lo que equivale a una comisión activa o meramente omisiva -quebrantamiento del deber de impedir- que equivale a una apropiación sin ánimo de reintegro, lo que tiñe la acción como esencialmente dolosa -elemento subjetivo del tipo-, y una actuación en la que ahora el tipo incluye el ánimo de lucro que en el antiguo Código Penal se encontraba implícito. Ánimo de lucro que se identifica, como en los restantes delitos de apropiación, con el animus rem sibi habendi, que no exige necesariamente enriquecimiento, sino que, como ésta Sala viene señalando desde antiguo, es suficiente con que el autor haya querido tener los objetos ajenos bajo su personal dominio ( STS. 1514/2003 de 17.11 ). Bien entendido que el tipo no exige como elemento del mismo el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existe, aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero ( SSTS. 1404/99, de 11-10 y 310/2003, de 7-3 ). En este sentido, la STS nº 657/2013, de 15 de julio , FJ 4º".

En cualquier caso, el declarar NO probado por unanimidad el hecho 4ºes consecuencia jurídica inevitable si, como aquí ocurre, también se han declarado NO probados los hechos 2ºy 3º,que el Jurado ha sabido asociar entre sí para llegar a su Veredicto de No Culpabilidad para ninguno de los acusados.

Y aunque el Objeto del Veredicto no precisaba de especial motivación por parte del Jurado en lo relativo a los apartados de los hechos favorables- pues ya les servía la argumentación empleada por su parte para rechazar los hechos desfavorables -, es muy significativo de que tenían muy claro su veredicto de NO culpabilidad las explicaciones complementarias que dan sobre esos otros hechos favorables. Así, acudiendo al Acta de Votación (Acta del Veredicto), se comprueba como abundan en su discurso absolutorio cuando hacen referencia al escrito presentado ante el Ayuntamiento de Águilas por parte del constructor acusado, explicando ya el interés de la empresa constructora por realizar las obras de la forma más conveniente para la propia Urbanización (motivación del hecho 5),es decir, están poniendo de manifiesto la voluntad del constructor de ejecutar la obra en la forma más conveniente y útil, lo que ciertamente es incompatible con una voluntad maliciosa de apoderamiento de los caudales públicos previstos para la misma, cuando el montante final, tal como declaró probado el Jurado, incluía aquellas otras obras extras necesarias y útiles para la Urbanización.

Luego, en su argumentación del hecho 6insisten en la falta de pruebas de las acusaciones sobre la posición que plantean los peritos de defensa Srs. Alejo y Constancio (ya se ha explicado por qué dicha pericia de la defensa no producía ningún tipo de indefensión a las acusaciones), que resultaron ser, por lo demás, obras extras efectivamente realizadas, tal como también estableció el proyectista inicial de las mismas (que había que hacer esas otras obras añadidas, para que el resultado final no fuera "cutre").Y, por tanto, descartando el Jurado que hubiera habido una desviación de fondos o caudales públicos en beneficio particular de los acusados, por cuanto que lo presupuestado se invirtió totalmente en la obra ejecutada.

Finalmente, al argumentar el hecho 7,acuden incluso a la prueba testificalpracticada en juicio (también a la de la acusación) para acabar su argumentación con el dato de que, desde que se entregó la obra al Ayuntamiento mediante acta de 20 de enero de 2010, las obras presentan un estado optimo, sin desperfectos o deformidades que afecten al tráfico y/o a las viviendas colindantes. Entre dichos testigos a que se refiere el Jurado, tenemos, por ejemplo, la declaración en juicio de don Romulo (representante legal de la Urbanización, testigo de acusación) quien, a preguntas del Fiscal, dijo que "ahora las calles están bien".Y también está el testimonio de don Raimundo (miembro de la Asociación, testigo de acusación y arquitecto técnico con 30 años de experiencia, como él mismo manifestó a preguntas de una de las defensas), que acepta, a preguntas del Fiscal, el que pudiera haber habido obras puntuales que no estaban en el proyecto inicial y que se hicieran realmente (explicación que coincide con la que dan los peritos Srs. Alejo y Constancio, incluso don Landelino), loque abunda en la idea de que el dinerario presupuestado se aplicó íntegramente a la obra ejecutada, añadiendo que "hoy no hay defectos".O sea, el Jurado valora el que la obra, tardase lo que tardase en ejecutarse del todo, está razonablemente bien y que ello es incompatible con la acusación de hipotética malversación de caudales públicos puesto que el dinero invertido se destinó íntegramente a la obra ejecutada, aunque hubiera algunas de ellas que no estaban incluidas en el proyecto inicial (se fueron adaptando de hecho, según las necesidades que fueron surgiendo).

En definitiva, el Jurado da una motivación exquisita y llena de detalles probatorios importantes que explica perfectamente el sentido de su veredicto de NO culpabilidad para los acusados, y que resulta absolutamente razonable, fundado y ajustado a la ley.

CUARTO.-Y dictado por el Jurado un veredicto de NO culpabilidad para los dos acusados, ya no es preciso entrar en el análisis específico de la atenuante de dilaciones indebidas por cuanto que sin culpabilidad no se aplican ya circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. No obstante, se ha reseñado en el apartado de hechos probados porque el Jurado declaró probado el hecho número 8- ya explicada la causa de que este hecho no esté motivado -, y, por tanto, al final, irrelevante.

Y por la misma razón, no se entra ya a analizar una posible responsabilidad civil, ni principal ni subsidiaria, pues ya no cabe aquí este tipo de pronunciamiento dado que la misma, de existir, va ligada siempre a la responsabilidad penal ( art. 116.1 CP) .

QUINTO.-En atención a lo dispuesto en el artículo 240-1º 2º, segundo inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar de oficio las costas de esta instancia dado que se va a dictar la absolución de las personas acusadas.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de pertinente y general aplicación.