Sentencia Penal 203/2024 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 2, Rec. 93/2022 de 28 de junio del 2024

PRIMERO.-Se interpone recurso de apelación por la representación procesal del condenado D. Didier contra la sentencia dictada alegando como motivos de impugnación, en síntesis, la inexistencia de prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, sí como la concurrencia de un error en la valoración de la prueba practicada, aplicándose de forma indebida el art. 379 CP. Así, se aduce que los resultados de la prueba pericial practicada referida al análisis de la muestra de saliva obtenida del recurrente, no puede ser tenida en cuenta en cuenta por el juzgador, al haberse producido la ruptura de la cadena de custodia. Y, asimismo, se refiere la ausencia de prueba suficiente la influencia de la ingesta de sustancias en la conducción desarrollada por el recurrente, siendo necesaria la acreditación de una efectiva y real afectación en la capacidad de la conducción, destacando que no consta extendida acta de síntomas externos, refiriéndose únicamente por quien no participa en la recogida de muestras que presenta un estado "un tanto nervioso y agresivo", lo que no ha sido corroborado por el médico que le asistió, habiendo tenido lugar el accidente en un cruce cruz, teniendo el vehículo policial una señal de ceda el paso, no refiriéndose por los ocupantes nada sobre que tenía activada las señales prioritarias. Dada la ausencia de acreditación de conducción bajo la influencia de estupefacientes, la supuesta imprudencia atribuida al apelante, en modo alguno puede ser calificada como grave.

SEGUNDO. -En atención a los motivos de impugnación referidos debe destacarse, en primer lugar, que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 C.E., implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, según recoge el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial. En consecuencia, "el derecho fundamental a la presunción de inocencia no precisa de un comportamiento activo por parte de su titular, pues de aquellos Tratados Internaciones no resulta sólo la precisión de que la parte acusadora tenga la carga de la prueba, sino además, el que la presunción de inocencia es una verdad interina de inculpabilidad, que puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo, suficiente, producida regularmente, abarcando su verdadero espacio dos extremos fácticos: la existencia real del ilícito penal y la culpabilidad del acusado, como mínimo de intervención o participación en el hecho y no en el sentido normativo de reprochabilidad jurídico- penal."

Procede, pues, analizar: A)- Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente. B) Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y a cada medio de prueba (prueba lícita) y C)- Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente). Además, esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba, ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" a favor del acusado ( STS 97/2012, de 24/02, y más recientemente en las STS de 9 y 11/03/2020 y 681/2019 de 28/01).

Respecto al error en la valoración de la prueba, como tiene reiteradamente expresada la jurisprudencia, "cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de instancia, en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se haya celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías ( art. 24.2 de la Constitución Española), pudiendo el Juzgador, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse y conducirse los testigos en su narración de los hechos y la razón de conocimiento de éstos, ventajas de las que, por el contrario, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, reconocida en el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y plenamente compatible con los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y únicamente debe ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio, por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, imponiéndose una especial prudencia y moderación en el uso de esta facultad revisora.

Por último, en cuanto a las concretas infracciones penales imputadas, debe partirse de que el artículo 379 del Código Penal sanciona la conducta de quien "...condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas".

Este precepto ha planteado desde siempre dos problemas. El primero de ellos era determinar si se trataba de un delito de mera actividad y riesgo abstracto, consumándose por la mera ingestión de las sustancias con influencia sobre el sujeto, o si era precisa también la creación de un riesgo concreto para terceros, posición que mantuvo inicialmente alguna parte de la doctrina. El segundo problema era determinar si, aun tratándose de un delito de peligro abstracto, el delito requería la superación de los límites reglamentarios (elemento objetivo) y además que se acreditara en el proceso que tal circunstancia había influido en la capacidad del conductor (elemento circunstancial). En relación con el primer problema la postura constante del Tribunal Supremo ha sido la de considerar el tipo como de peligro abstracto y así en la STS 636/2000, de 15 de Abril, se afirma que la influencia del alcohol "no tiene por qué exteriorizarse en una flagrante infracción de las normas de tráfico visible e inmediata, apreciada por el agente actuante o en la producción de un resultado lesivo". De igual manera en la STS 1/2002, de 22 de Marzo, se afirma que "la jurisprudencia ha declarado también que, para que proceda la aplicación del art. 379 del Código Penal , no es necesario demostrar la producción de un "peligro concreto" ni, por supuesto, ningún resultado lesivo, como demandan otros tipos penales, por cuanto el tipo aquí examinado exige únicamente la existencia de un "peligro abstracto" que, en todo caso, ha de ser real y no meramente presunto (v. ss. de 19 de mayo de 1982, 7 de julio de 1989 y 5 de marzo de 1992, entre otras)". El segundo problema se ha situado en determinar si era suficiente para incriminar la conducta la superación de una tasa de alcoholemia o si, por el contrario, era preciso también acreditar que el sujeto estaba afectado por el consumo de tóxicos. Y la postura mayoritaria y dominante era la de estimar que había de acreditarse la influencia de los tóxicos en la conducción. En tal sentido la STC 43/2007, siguiendo la doctrina establecida en anteriores sentencias números 145/1985 y 111/1999, de 26 de Febrero, afirmaba que "respecto al delito tipificado en el art. 379 CP hemos declarado que se trata de un tipo autónomo de los delitos contra la seguridad del tráfico que, con independencia de los resultados lesivos, sanciona, entre otros supuestos, la conducción de un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y que requiere, no sólo la presencia de una determinada concentración alcohólica, sino además que esta circunstancia influya o se proyecte sobre la conducción. De modo que para subsumir el hecho enjuiciado en el tipo penal no basta comprobar que el conductor ha ingerido alcohol o alguna otra de las sustancias mencionadas en el precepto, sino que, aun cuando resulte acreditada esta circunstancia, es también necesario comprobar su influencia en el conductor ( SSTC 68/2004, de 19 de abril; 137/2005, de 23 de mayo; 319/2006, de 15 de noviembre)".

La jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo ha sido también constante en el mismo sentido, exigiendo no sólo la acreditación de que se conduce tras la ingesta de sustancias estupefacientes sino que se requiere que dicho consumo tuviera una efectiva influencia en el modo de conducción. Y para acreditar la efectiva influencia de las drogas en la conducción se vienen utilizando tres parámetros: a) El registro cuantitativo de ingesta de drogas obtenido a partir del test de sustancias estupefacientes o, en su caso, del posterior análisis de sangre; b) La constatación de una conducción irregular o extraña, contraria a las más elementales normas del tráfico rodado y que evidencie dificultad en el control del conductor y c) La apreciación de los síntomas que presente el conductor, en tanto que por ellos se puede evidenciar un estado de descoordinación psicomotora que haga su estado incompatible con una conducción segura.

Y en cuanto al delito de lesiones imprudentes, según reiterada jurisprudencia, los elementos que configuran la imprudencia penal son los siguientes: 1)Acción u omisión no intencional ni maliciosa carente de dolo directo o eventual; 2) Actuación negligente por falta de previsión de un riesgo previsible; 3) Infracción de un deber objetivo de cuidado, el cual viene impuesto por normas de convivencia tácitamente aceptadas en evitación de perjuicios a terceros o por normas específicas reguladoras de determinadas actividades contenidas en disposiciones legales o reglamentarias, dirigidas a evitar los riesgos propios a esas actividades; 4) Producción de un resultado lesivo de un bien jurídico protegido penalmente; 5) Nexo causal o adecuada relación de causalidad entre el actuar descuidado que introduce el riesgo y el daño o mal sobrevenido. Y por lo que respecta a la imprudencia grave, la misma consiste en la omisión de un deber objetivo de cuidado en la que se dejan de tomar las más elementales reglas exigibles en la realización de una actividad determinada; supone, en definitiva, un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado ( Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2000 y 19 de octubre de 2002, entre otras). Y dado que se caracteriza la imprudencia por un elemento psicológico, que afecta a la facultad y poder humanos de previsión y que se traduce en la posibilidad de conocer y evitar el evento dañoso, y por un elemento normativo, representado por la infracción del deber de cuidado, la imprudencia grave será apreciable cuando hubiese habido omisión de las cautelas más elementales y la previsibilidad del evento sea notoria ( Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2002).

TERCERO.-Pues bien, reexaminadas, en esta alzada las actuaciones, anticipa la Sala la procedencia de la estimación del recurso planteado. Así, debe partirse de que son dos las cuestiones nucleares en se sustenta la impugnación de la sentencia de signo condenatorio dictada por parte del apelante, como son la infracción de la cadena de custodia que impediría tener en cuenta la prueba pericial practicada consistente en el análisis de la muestra de saliva obtenida del acusado, así como la ausencia de acreditación de la incidencia del consumo de sustancias estupefacientes en la conducción y por ende, en la causación del accidente con el resultado lesivo para las personas y en los vehículos afectados.

Respecto de la primera, debe partirse de que sobre el concepto de cadena de custodia y su relevancia en el proceso penal, nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 24-11-2021 (nº 909/2021, rec. 5604/2019) tiene declarado lo siguiente: "Sobre esta cuestión exponíamos en la sentencia núm. 513/2018, de 30 de octubre, con referencia expresa a las sentencias núm. 6/2010, de 27 de enero; 776/2011, de 20 de julio; 1045/2011, de 14 de octubre; 776/2011, de 20 de julio y 347/2012, de 25 de abril, que el problema que plantea la cadena de custodia "es garantizar que, desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello, sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del tribunal, es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la "mismidad" de la prueba, pues al tener que pasar la sustancia intervenida por distintos lugares para que se verifiquen los distintos exámenes, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, desde que se intervienen hasta el momento final que se estudia y analiza y, en su caso, se destruye. Lo hallado debe ser descrito y tomado con las debidas garantías, puesto en depósito y con las debidas garantías, y analizado con las debidas garantías. El art. 318 LECrim. (EDL 1882/1) previene que `los instrumentos, armas y efectos a los que se refiere el art. 334 se sellarán si fuera posible y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito. Para el caso de decomiso de drogas y estupefacientes, el art. 3 Ley 17/67, de 8/4 (EDL 1967/1927), ordena que las sustancias estupefacientes decomisadas a los delincuentes e infractores de contrabando serán entregadas al Servicio de Control de Estupefacientes y en sentido la consulta 2/86 de la Fiscalía General de Farmacia o Direcciones Provinciales de Sanidad y Consumo -vigencia de la norma recordada por STS. 6.7.90- en cuanto a la relevancia de los protocolos científicos ( art. 788 LECrim. en el momento de la recogida y custodia de la pieza de convicción que haya de analizarse, en la orden de 8.11.96, se señalan las normas de preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología. Ahora bien, existe la presunción de que lo recabado por el juez, el perito o la Policía se corresponde con lo presentado el día del juicio como prueba, salvo que exista una sospecha razonable de que hubiese habido algún tipo de posible manipulación. Por ello en STS 4.6.20010 hemos dicho que la irregularidad de la `cadena de custodia, de ser ese el caso, no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que tan solo vendría dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se hubiera producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y especialmente, el derecho de defensa, y en segundo lugar, que las formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de la sustancia objeto de examen, que es el proceso al que denominamos genéricamente `cadena de custodia, no tiene sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan sólo sirve para garantizar que la analizada es la misma e íntegra materia ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones. De modo que, a pesar de la comisión de algún posible error, ello no supone, por sí solo, sustento racional y suficiente para sospechar siquiera que la analizada no fuera aquella sustancia originaria, ni para negar el valor probatorio de los análisis y sus posteriores resultados, debidamente documentados."

En el caso sometido a decisión de la Sala, a tenor de la prueba practicada, resulta plenamente acreditado, conforme consta en las actuaciones (folios 26 y 27) que se procedió a la toma de la muestra, en concreto, de saliva, al recurrente en fecha 5-4-16, interviniendo en dicha diligencia los agentes de la Guardia Civil de Tráfico con TIP NUM008 y NUM009, éste último como testigo, suscribiendo el primero además la hoja en que se refleja la cadena de custodia, haciendo constar la referida recogida de muestras y su conservación en la unidad policial. Y si bien compareció en el plenario ratificándose en la actuación desarrollada por el mismo, manifestó que no sabía cuándo sale la muestra de la unidad, ya que el proceso de remisión lo lleva otro compañero, que se ocupa de preparar los envíos y los remite a través de una empresa de transportes, siendo la hoja de custodia suscrita por el mismo y que obra en la causa, donde se inicia la cadena de custodia. Y si bien no consta aportada a la causa la identificación del agente que la remitió al laboratorio, compareció en el plenario Dª. Analy, que emitió el informe pericial analítico de la muestra de fecha 6-6-16, en el que se hace constar la fecha y hora de la toma de muestras, coincidente con la que se consigna por la fuerza actuante, aclarando que la cadena de custodia la tenía en el laboratorio, habiendo arribado las muestras según el protocolo, ya que de lo contrario se hubiera hecho constar. Por ello, dada la presunción de veracidad y/o autenticidad de las muestras obtenidas por parte de la fuerza actuante, dada su condición profesional pública de agentes de la autoridad, unido a que se limitó la recurrente a impugnar la cadena de custodia, sin proponer prueba alguna adicional, como sería la incorporación a la causa de la hoja de cadena de custodia completa, o incluso requerir a la perito Dª. Analy para que la aportara materialmente al deponer en el plenario, con suspensión del mismo, en atención a la prueba documental, testifical y pericial practicadas, procede la desestimación del motivo de impugnación planteado por la recurrente, no resultando procedente declarar quebrantada la cadena de custodia de la muestra de saliva objeto de prueba pericial, con el resultado descrito en los hechos declarados probados de esta resolución.

Por lo que se refiere a la discutida afectación de la ingesta de sustancias estupefacientes en la conducción y, por ende, en la causación del siniestro, con el resultado lesivo para las personas y en los vehículos afectados, debe partirse de que resulta plenamente acreditado, a tenor de la prueba pericial practicada por Dª. Analy, que el acusado dio positivo a consumo de cocaína (23,8 ng/mL, de THC(24,8 ng/mL) y de Benzoilecgonina (6,7 ng/mL), por lo que el mismo conducía su vehículo tras la previa ingesta de dichas sustancias.

Sin embargo, no resulta acreditado para la Sala inobjetablemente, que dicho consumo influyera necesariamente en la conducción. Y a dicha conclusión se llega, no compartiendo el criterio mantenido por el juzgador "a quo", en base, en primer lugar, a la ausencia de diligencia de sintomatología relevante contenida en el atestado, ya que respecto de la misma únicamente se hace mención en la diligencia de informe técnico (folio 34) en que se hace constar expresamente "Que los Agentes NUM010 y NUM011 observan como el conductor del vehículo NUM001 tenía una actitud un tanto nerviosa y agresiva, por lo que se realiza una inspección el interior del vehículo comprobando que presuntamente había tabaco mezclado con presuntamente marihuana así como papel de liar. Que preguntado al conductor manifiesta toma algo de cocaína, por lo que se decide hacer las correspondientes pruebas por posibles indicios de consumo de drogas"; y se adiciona que tras dar positivo en la prueba practicada por agentes de la Guardia Civil de Tráfico, se declara que "al dar positivo podría darse la circunstancia que ese consumo influyera en parte en la conducción de vehículos, el tiempo de reacción, reflejos, etc. Que la valoración médica fue que el paciente estaba agresivo y agitado no certificando si ese estado era por consumo de drogas o por el hecho en sí de la implicación en un accidente de tráfico."Dichas apreciaciones se estiman absolutamente relevantes a efectos probatorios, dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia del accidente en fecha 5-4-16 y se concluye el atestado en fecha 20-4-16, hasta la data de celebración del plenario, lo que tiene lugar en fecha 4-10-21, habiendo transcurrido más de cinco años desde la ocurrencia de los hechos hasta cuando deponen los testigos y peritos en el plenario. En cualquier caso, debe principiarse refiriendo que no son plenamente coincidentes los testimonios emitidos por quienes participaron en la instrucción de las diligencias policiales, en lo que respecta a algunos datos fácticos esenciales, como sería el uso de rotativos policiales y la concreta sintomatología que presentaba el acusado en cuanto a su intensidad; así, el Policía Local nº NUM012 depuso en el plenario que fue quien confeccionó el croquis, que para el desplazamiento sería necesaria una velocidad considerable, que los síntomas externos que presentaba era nerviosismo y agitado, siendo normal, que se detectan sustancias en el vehículo y por eso le hacen las pruebas, que no vio el rotativo prioritario del coche de la Guardia Civil; por su parte, el Policía Local nº NUM010 manifestó que interviene en el informe técnico, que la calzada estaba mojada, que en el centro del cruce un vehículo golpea al lateral de otro, que no había huellas de frenada, que lo desplazó, que el acusado estaba bastante nervioso y al hablarle un poso agresivo, y contestaba de forma un poco despectiva, que la actitud era un poso extraña, estaba inquieto, no les insultó, que le dice que consume cocaína y por eso le hacen la prueba, que habló con el médico y se le veía nervioso y agitado, que no recuerda nada del pirulo reiterando respecto de la actitud del acusado que estaba nerviosos y en actitud un poco exaltada, que la velocidad no era correcta; y, finalmente, el Policía Local nº NUM011 manifestó que llegó poco después del accidente, que suscribió el croquis, que no determinaron quien pudiera ser el responsable, que se remitió a las manifestaciones de los conductores, que el vehículo policial llevaba los rotativos, que la velocidad era excesiva y que no sabe si el nerviosismo puede ser por las drogas, que el médico le dice que estaba nervioso y agresivo, que no puede determinar un posible culpable, que se le hizo la prueba de drogas por el nerviosismo, y también por la agresividad, que estaba muy agitado.

Asimismo, debe destacarse que por parte de la perito Dª. Analy se aclaró, tras manifestar que no puede decir que los resultados obtenidos alteren la capacidad para conducir, que el cannabis tarda más en desaparecer del organismo que la cocaína, unos cinco días, y que la cocaína unas 48 horas, pero va relacionado con la cantidad de droga que se haya podido consumir, y que a más cantidad, más tiempo de presencia.

Por tanto, considera la Sala que dada la ausencia de constancia en las actuaciones de una diligencia policial pormenorizada de la sintomatología que presentaba el acusado, limitándose a consignar en la diligencia de informe técnico que mostraba una actitud "un tanto nerviosa y agresiva", y que "la valoración médica fue que el paciente estaba agresivo y agitado no certificando si ese estado era por consumo de drogas o por el hecho en sí de la implicación en un accidente de tráfico", sin que nada más haya sido adicionado de forma relevante por los agentes, y sin uniformidad, que intervinieron en la instrucción de las diligencias policiales en lo relativo a dicha relevante materia, a lo que debe de unirse que en el informe médico extendido tras la atención prestada al acusado nada se hace constar en cuanto a la actitud del acusado, refiriéndose amén de a las lesiones que presenta, a que el resultado de la exploración neurológica es "sin focalidad". Y, asimismo, si bien se refiere en el atestado que pudiera haber influido el consumo de tóxicos en parte en la conducción de vehículos, el tiempo de reacción, reflejos, etc, dicha aseveración se efectúa de forma condicional; y aunque se afirmó por los agentes policiales en el plenario que circulaba el acusado a una velocidad inadecuada, resulta absolutamente relevante que por quien se instruyó el atestado se manifestó en dicho acto que no puede determinar un posible culpable, constando ya en ese momento en la causa el resultado positivo de la prueba pericial practicada al acusado. Y a lo expuesto debe unirse que no puede obviarse que, a pesar de lo manifestado por el conductor del vehículo policial, según se desprende del croquis obrante en el atestado, el punto de colisión está ubicado en el centro del cruce, que al mismo le afectaba al vehículo policial una señal de ceda el paso, circulando por ello el acusado por una vía prioritaria, estando además la calzada mojada, y sin que se haya concretado, aun por aproximación, el porcentaje del exceso de velocidad en que hubiera incurrido, resultando llamativo que únicamente refirió, sin ambages, la presencia del rotativo policial la agente de la Policía Local nº NUM011.

Por último, debe traerse a colación el criterio al que obedece la Sentencia de 11 de julio de 2023 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en lo relativo a la valoración de las pruebas practicadas respecto de este tipo penal, en la que se viene a afirmar que a diferencia del alcohol, es una máxima de la experiencia técnico-científica que las drogas permanecen en el organismo más tiempo del que duran sus efectos, de modo que la simple detección de sustancias tóxicas constituye el indicador de un previo consumo, pero no la prueba suficiente de que sigan produciendo los efectos que les son propios.

Por todo lo expuesto, este Tribunal de apelación considera que el resultado de las pruebas practicadas no es claro en relación con la acreditación de que la ingesta de las sustancias estupefacientes detectadas por parte del acusado incidieran en la conducción, por lo que la falta de contundencia y claridad en el resultado de las pruebas en relación con los concretos hechos por los que el acusado viene condenado en la sentencia recurrida debe conducir a no tener por probados tales hechos en aplicación del principio in dubio pro reo, principio informador del sistema probatorio, que obliga al juzgador a atemperar la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria, de forma que la consistencia de la actividad probatoria de signo incriminador ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado. Y no resultando acreditada la incidencia del consumo de tóxicos en la conducción, dada la ausencia de indiscutida atribución subjetiva del siniestro a alguno de los conductores obrante en el atestado policial reiterado por quien instruyó el mismo en el plenario, y dadas las consideraciones efectuadas anteriormente respecto de las circunstancias concurrentes en el accidente, ninguna de las posibles infracciones de las normas de circulación que pudieran ser imputables al acusado integrarían el delito de lesiones por imprudencia grave por el que viene siendo acusado el recurrente.

En consecuencia, procede revocar la sentencia recurrida, absolviéndose al acusado en esta segunda instancia de los delitos por los que viene condenado en la sentencia recurrida, pronun ciamiento que se hace extensible a la Compañía de Seguros CASER y a D. Eleazar que venían siendo acusadas como responsables civiles directa y subsidiaria, respectivamente.

CUARTO.-En materia de costas procesales, dada la estimación del presente recurso y la revocación de la sentencia apelada, procede la declaración de oficio de las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como las que se devengaron en la instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.