Sentencia Penal 44/2025 Audiencia Provincial Penal de Córdoba nº 2, Rec. 1083/2024 de 30 de enero del 2025

PRIMERO.-A efectos sistemáticos comenzaremos por exponer los distintos motivos de recurso formulados por los condenados en la instancia contra la sentencia.

La representación procesal de la condenada María Inés hace pivotar su recurso en dos motivos, de un lado la existencia de error en la valoración de la prueba para acreditar la realidad de los hechos y de las circunstancias concurrentes y un segundo motivo que denomina de la determinación, graduabilidad e individualización judicial de la pena, en el que postula inaplicación indebida de la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del C.P así como la indebida aplicación del artículo 248.1 del C.P, en relación con el artículo 66.1 del mismo texto legal. Como sustrato argumental del primer motivo la parte combate la valoración probatoria de la sentencia y en concreto pone su acento en la insuficiencia, a su parecer, de la testifical del Director de La Caixa (Sr. José) para desvirtuar la presunción de inocencia de su asistida, de quién sostiene tiene un interés claro en el resultado del procedimiento, no pudiéndose calificar dicha prueba como imparcial. Asimismo afirma que de la simple lectura de la documental ( en relación con la operación de su defendida) se puede apreciar que la misma resulta del todo insuficiente para que pase ningún control de riesgos de una entidad bancaria hecho por el director y/o subdirector de la oficina, siendo que de la valoración conjunta de dicha prueba documental, puede llegarse a la conclusión de que el Sr. Director de la sucursal incurrió en una falta de diligencia a la hora de hacer su trabajo pues resulta evidente que no leyó la documentación ni tan siquiera por encima para valorar el riesgo de la operación, lo cuál hubiera evitado la concesión del préstamo, a la par que sostiene que el Sr. Rogelio engañó a su defendida quién creía que firmaba documentos necesarios para la obtención de una ayuda que no tenía que devolver.

En el desarrollo de dicho motivo, nudo gordiano del recurso, sigue insistiendo la parte en combatir la mentada declaración testifical y la valoración que la Juez a quo realiza de la misma para sostener que no se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del delito de estafa, puesto que considera que no existe prueba de engaño por parte de su representada, la cuál acudió a firmar unos documentos a una entidad privada, en la creencia de que era para obtener una ayuda social.

Como segundo motivo postula que debe aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas, cuanto menos como simple, sobre la base de que las diligencias y denuncia contra su representada, estaba prácticamente instruida tras la toma de declaración del Sr. José el día 10/09/17, habiendo visto su representada vulnerado su derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas, pues se ha intentado investigar todos los hechos cometidos por el Sr. Rogelio y sin embargo en el caso concreto de su asistida, no existe complejidad alguna que justifique que la sentencia se haya dictado desde la denuncia contra la misma, por lo que postula de no acordarse la absolución de du defendida se aprecia dicha circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal y considerando que la contribución de la misma ha sido mínima se le imponga la pena de seis meses de prisión.

La representación procesal de Nieves entra a combatir la sentencia de la instancia postulando un primer motivo de error en la apreciación de la prueba al que anuda falta de acreditación de la autoría de la misma, y un segundo apartado que titula como inexistencia de intención de perjudicar a la entidad prestamista por parte de su asistida. En el desarrollo argumental de dicho primer motivo entra a combatir la inferencia a la que llega la sentencia sobre la base de las testificales practicadas de los dos directores de las entidades bancarias, a la que añade que en su asistida concurre una circunstancia especial y es que no ha sido reconocida por ninguno de los agentes intervinientes. Ni el Notario ni los Directores de Banco, han descrito las características físicas de la persona que estuvo bien en la Notaría, bien en las entidades bancarias, no se ha practicado su reconocimiento fotográfico policial, y no ha quedado acreditada sin ningún género de dudas la identidad de la persona que comparece ni en los bancos que conceden los préstamos, ni en la Notaría en la que se otorga la correspondiente póliza. La Sra. Nieves no reconoce su firma en ningún documento y no obra incorporada a las actuaciones pericial caligráfica que acredite que alguna de las firmas obrantes en algún documento haya sido estampada de su puño y letra.

Como segunda alegación postula la infracción de normas del ordenamiento jurídico, al considerar que no concurren los requisitos del tipo penal de la estafa, poniendo el énfasis en los considera una flagrante falta de diligencia de las entidades bancarias al no comprobar "a priori" la situación patrimonial y personal de la prestataria. En tercer lugar denuncia la indebida inaplicación de la atenuante de dilaciones indebidas ex artículo 21.6 del C.P, sobre la base de en relación a la Sra. Nieves obra ya la descripción de absolutamente todos los hechos denunciados en el informe de la Brigada de Policía Judicial de fecha 13 de febrero de 2018, por lo que habiendo tenido lugar el juicio oral los días 4 y 5 de abril de 2024, con el transcurso de más de seis años desde que se concluyeron las diligencias es a su juicio claro y patente que se ha vulnerado su derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas por lo que postula la pena en su extensión mínima de seis meses.

La representación procesal del condenado Rogelio plantea recurso contra la sentencia alegando un primer motivo en el que concentra tres, cuál es la existencia de error en la valoración de la prueba en cuanto al delito de estafa por el que se condena a su asistido, infracción de normas del ordenamiento jurídico al considerar que no concurren los requisitos del tipo penal de la estafa y vulneración del principio de presunción de inocencia. Si observamos el desarrollo argumental de dicho primer motivo en el que aúna los tres mentados, lo cierto es que en puridad no entra a combatir la valoración de la prueba de la sentencia sino que centra su argumentación en la inexistencia de engaño a las entidades bancarias, en similares términos al recurso de la Sra. Nieves en cuanto a la falta de diligencia y control en las operativas por parte de las entidades bancarias, de las que predica falta de control sobre la solvencia y documentación aportada por los peticionarios a los que se le concede el préstamo, de lo que se desprende que no se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos del injusto de la estafa al no existir engaño bastante.

En segundo lugar alega la existencia de error en la valoración de la prueba en cuanto a la responsabilidad civil imputada a su asistido, sobre la base de que algo tan irregular y tan impropio del funcionamiento normal de entidades bancarias de solvencia, no puede derivarse en exigencia de responsabilidad civil para su asistido Rogelio, pues ni obtiene beneficio alguno, ni firma los contratos de préstamo y es por la propia desidia y falta del más elemental control y cuidado en la concesión de préstamos, cuya única responsabilidad es sólo imputable a los responsables de las entidades financieras. Como tercer y último motivo, no por ello menos extenso, se alega la inaplicación indebida de la atenuante de dilaciones indebidas ya apuntada por las otras dos representaciones procesales, y por ende con base en la misma solicita una individualización de la pena que y que se fije con carácter subsidiario en la extensión de seis meses.

El también recurrente Arcadio se adhiere a la pretensión de los anteriores recurrentes en el exclusivo particular de que se aprecie la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. A tal efecto hace hincapié en dos paralizaciones, una de veinte meses para la obtención de información a través del sistema Cellebrity o la de 19 meses desde que se realizaron los escritos de defensa hasta el señalamiento del juicio.

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares que ejercen las entidades bancarias se opusieron a los recursos formulados de adverso, solicitando la desestimación de los mismos y la confirmación de la sentencia, incluida la desestimación de la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y de la pretensión de no condena de responsabilidad civil que efectúa la representación de Rogelio.

SEGUNDO.-Sucede que en el estudio de la causa por la Sala se aprecia que en la redacción de los hechos probados de la sentencia, por error material omisivo, no se han hecho constar la fecha en la que sucedieron, extremo no alertado por ninguna de las partes, señal inequívoca de su conocimiento y que se procede a corregir de oficio en la forma expuesta en el apartado fáctico de la presente.

Y entrando a analizar los motivos de la apelación, los mismos se reconducen a vulneración del derecho a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba, errónea e indebida aplicación de los artículos 248 y 249 del C.P y del artículo 66 en relación con el artículo 21.6 del C.P.

Expuesto lo anterior, debe distinguirse la vulneración del principio de presunción de inocencia del error en la valoración de la prueba, pues mientras el primero supone el derecho constitucional imperativo de carácter público que ampara a los acusados cuando no existe actividad probatoria en su contra, supuesto de hecho que aquí no concurre, pues en el acto del juicio oral se practicaron, con respeto a los requisitos constitucionales y procesales, pruebas de cargo, el segundo hace referencia al valor que el juzgador de instancia le ha dado a las practicadas en el acto de la vista para condenar a los acusados.

Desechado el motivo de vulneración del principio de presunción de inocencia que a modo simplemente nominativo efectuó el recurrente Rogelio, y que descartamos por cuanto se ha practicado en la causa tanto prueba personal como extensa documental que ha sido reproducida al detalle por la Juzgadora de Instancia, nos debemos centrar en el mentado segundo motivo de error en la valoración de la prueba. Motivo éste que analizados los recursos es planteado de forma indirecta por los recurrentes María Inés y Rogelio, y si más abiertamente por la recurrente Nieves. Conclusión ésta a la que llegamos pues si se analiza el recurso de la primera y en lo atinente a dicho motivo la misma lo que viene a plantear en puridad bajo la fórmula de un error de valoración del acerbo probatorio es la incorrecta, a au parecer, subsunción de los hechos en el delito de estafa al propugnar la no concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos del mentado tipo penal, refiriéndose sólo tangencialmente a dicho error de valoración en relación a la testifical del Sr. José. Igual argumento hemos de predicar del recurso de Rogelio sobre tal error de prueba. Se mantiene que se discrepa de la valoración probatoria de la Juez del Penal si bien el acento de nuevo es puesto en la ausencia de la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos de la estafa, poniéndose el énfasis por su parte como las restantes en lo que consideran falta de diligencia por parte de directivos de las entidades bancarias en la concesión de los préstamos describiendo los mismos argumentos para todas las operativas.

Mayor argumentación emplea la recurrente Nieves para desarrollar el motivo de error en la valoración de la prueba, postulando una ausencia de prueba de identificación de su asistida en los hechos que se le atribuyen, alegando la existencia de contradicciones en los testigos y discrepando de la valoración probatoria que la Jueza de lo penal le otorga a la documental como prueba de cargo para llegar a la conclusión condenatoria de la mentada.

Constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que señala que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación, como en el presente caso, es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez a quo en uso de las facultades que le confieren los arts. 741 y 973 y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal, y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías, pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia. De ahí que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el art. 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( S.T.C. de 17 de Diciembre de 1.985, 23 de Junio de 1.986, 13 de Mayo de 1.987, y 2 de Julio de 1.990, entre otras), únicamente debe ser rectificado, bien cuando en realidad sea ficticio por no existir el correspondiente soporte probatorio, vulnerándose entonces incluso la presunción de inocencia, o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador a quo de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Más concretamente, la jurisprudencia del T.S. ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de las pruebas, que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia ( S.T.S. de 11 de Febrero de 1.994), que haya existido en la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo ( S.T.S. de 5 de Febrero de 1.994).

Como explicaba la sentencia de 25 de mayo de 2.009 de la Sección 1º de esta Audiencia Provincial, desde la perspectiva de la valoración probatoria, y una vez más, hemos de reiterar lo que ya tenemos declarado hasta la saciedad, que: "cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez, en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este juzgador y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de pruebas y de valorar correctamente su resultado apreciando personal y directamente, sobre todo en las pruebas personales, ya sea declaraciones de las partes o de testigos, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas vacilaciones, coherencia y, en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados, ventajas todas ellas, derivadas de la inmediación de las que carece el Tribunal de Apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia, lo que justifica que deba respetarse, en principio, el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, lo que es plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia.

De esta manera, el juicio revisorio en la segunda instancia supone ser especialmente cuidadoso a fin de que no implique sustituir la valoración realizada por el Juzgador de instancia, y más cuando se trata de testimonios que el juzgador ha aquilatado en cuanto al alcance y fiabilidad de determinadas declaraciones.

Por ello, para que el Tribunal de la segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera, se precisa que, por quien se recurra, se acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos:

a) Inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba;

b) Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

c) Que haya sido desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.

Consecuencia de lo anterior será la imposibilidad que tiene el Tribunal de apelación de valorar por sí mismo cualquier prueba sometida al principio de inmediación, esto es, las personales, de forma distinta a como lo ha hecho el juez que la presenció".

Desde esta perspectiva y centrándonos en lo que es objeto de recurso, tras el visionado del juicio, la Sala no puede más que compartir la valoración de la Jueza del Penal, en cuanto a que la identificación del acusado Rogelio es tan palmaria que ni tan siquiera es discutida por él, existiendo identificación tanto por el resto de coacusados como por los testigos y agentes de la Policía Nacional. Identificación sin fisuras que también trasladamos a la recurrente Nieves en las dos operativas por ella coprotagonizadas con Rogelio, éste útimo como principal artífice, y que aún cuando es negada por su defensa igualmente se colige de las testificales de D. Jesús Manuel, Notario que intervino en la póliza de crédito concedida a la mentada y testificales tanto del director de la oficina de Caja Rural Sr. Clemente como de D. Fausto. El hecho de que los testigos tras más de seis años no recordasen en la vista a la citada señora ni sus concretas características físicas es algo lógico visto el tiempo transcurrido y la multiplicidad de operaciones que en sus distintas facetas profesionales han podido desarrollar. Pero una cosa es que ahora no recuerden a la persona en cuestión, lo cuál es lo más lógico por el devenir del tiempo y otra que no se tratase de ella cuando así la identificaron en su momento como la persona que se presentó en compañía de Rogelio y por supuesto en la firma en Notaria, dónde el Sr. Jesús Manuel explicó que si en la escritura él ha puesto que comparece es porque acudió y le explicó las obligaciones que estaba asumiendo. A toro pasado es muy fácil pretender sembrar la duda con el recuerdo que los testigos pudieran tener, recuerdo que no es de la operativa sino sólo de las características físicas concretas de una persona más de seis años después. La documental que consta en la causa es evidencial y ha sido analizada hasta el desmenuce por la Jueza de lo Penal, documental en la que constan los ingresos en las cuentas de la mentada y los reintegros a su favor, señal inequívoca de su identificación, máxime cuando la misma reconoce haber recibido dinero. Nieves acude a la entidad bancaria y acude también en una de las operaciones a Notaría.

Igual suerte desestimatoria debe correr el mentado motivo respecto de la recurrente María Inés, por cuanto la valoración de la prueba personal del testigo Sr. José no es irracional, ni ilógica, no pudiendo sustituirse la valoración imparcial que realiza la Juez del testimonio del mentado testigo por la valoración parcial y crítica de la parte cuando no hay razón para dudar de su testimonio, y cuando el hecho de no recordar con exactitud un extremo en la vista es del todo lógico atendido el tiempo transcurrido. La postulación de la defensa de que su asistida creyó que estaba firmando una ayuda es loable desde el sacrosanto derecho de defensa así como entendible desde el punto de vista de la versión exculpatoria de una acusada, que tiene derecho a mentir, pero carente de lógica cuando la misma admite que se desplazó hasta la entidad bancaria y que sacó el dinero a través de ventanilla, para acto seguido según versión de la misma entregárselo a este tercero al que no conoce que se queda con parte del dinero y le da 1500 o 2000 y que desaparece acto seguido. Presentar tal operativa como si de una concesión de ayuda pública se tratase no puede ser compartida.

Por todo lo anterior el motivo de error en la valoración de la prueba debe ser desestimado.

TERCERO.-Y entrando en el argumento base de los recursos de apelación de María Inés, Rogelio y Nieves, los mismos vienen a postular la indebida aplicación de los artículos 248 y 249 del C.P, al entender que no existió engaño bastante ante los directores de las entidades bancarias motivador de error, sino falta de control y diligencia en la comprobación de las operativas que de haberse empleado por su parte hubiera determinado la no concesión de los préstamos.

La sentencia de la Sala Segunda 331/2014, de 15 de abril, luego reiterada en múltiples ocasiones como las SSTS301/2018, de 19 de junio ó 704/2018, de 15 de enero de 2019, en todo caso ya, jurisprudencia pacíficamente adoptada, pone coto a la aplicación de un elemento extranormativo, como el invocado por los recurrentes, en detrimento del establecido típicamente: "engaño bastante".

" Acerca de los límites del deber de autoprotección en la estafa, en orden a evitar que una interpretación abusiva de esta doctrina desplace indebidamente sobre los perjudicados la responsabilidad de comportamientos en los que la intención de engañar es manifiesta, y el autor ha conseguido su objetivo, lucrándose en perjuicio de su víctima, debe señalarse que la tendencia jurisprudencial más reciente ( STS 228/2014, de 26 de marzo ) considera que " únicamente el burdo engaño, esto es, aquel que puede apreciar cualquiera, impide la concurrencia del delito de estafa , porque, en ese caso, el engaño no es "bastante". Dicho de otra manera: el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima ( Sentencia 1036/2003, de 2 de septiembre )porque el engaño se mide en función de la actividad engañosa activada por el sujeto activo, no por la perspicacia de la víctima. De extremarse este argumento, si los sujetos pasivos fueran capaces siempre de detectar el ardid del autor o agente del delito, no se consumaría nunca una estafa.... En definitiva, en la determinación de la suficiencia del engaño hemos de partir de una regla general que sólo debe quebrar en situaciones excepcionales y muy concretas. Regla general que enuncia la STS. 1243/2000 de 11 de julio del siguiente modo: "el engaño ha de entenderse bastante cuando haya producido sus efectos defraudadores, logrando el engañador, mediante el engaño, engrosar su patrimonio de manera ilícita, o lo que es lo mismo, es difícil considerar que el engaño no es bastante cuando se ha consumado la estafa. Como excepción a esta regla sólo cabría exonerar de responsabilidad al sujeto activo de la acción cuando el engaño sea tan burdo, grosero o esperpéntico que no puede inducir a error a nadie de una mínima inteligencia o cuidado. Y decimos esto porque interpretar ese requisito de la suficiencia con un carácter estricto, es tanto como trasvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción, al sujeto pasivo, exonerando a aquél de responsabilidad por el simple hecho, ajeno normalmente a su voluntad delictual, de que un tercero, la víctima, haya tenido un descuido en su manera de proceder o en el cumplimiento de sus obligaciones".

Dicho motivo pues, ha de ser desestimado, pues la sentencia de instancia, aprecia adecuadamente cumplimentado el engaño bastante, derivado precisamente de que los documentos mendaces aportados parecían auténticos, como así lo señaló el Agente de Policía Nacional en el plenario, tal es así que precisamente con base en ellos y en la confianza y seguridad del tráfico mercantil generaron error en los directores/ empleados de las entidades bancarias lo que les llevó a autorizar el desplazamiento patrimonial. Documentos que por su apariencia de autenticidad pasarían como buenos ante el ojo de la persona más avezada puesto que los mismos nio se alejaban de lo que es la práctica cotidiana en operaciones corrientes de préstamos de no gran cantidad lo que infundía aún más apariencia de realidad, por lo que pese a las críticas de las defensas no era fácilmente detectables si no era circunstancia que se buscase de propósito, lo cuál sucedió cuando los mismos resultaron impagados desde el inicio y se realizó esa labor de búsqueda ex profeso.

En definitiva, en modo alguno resulta un déficit de autoprotección por parte de la víctima (que en la concreción jurisprudencial antes descrita tampoco evitaría la tipicidad de la estafa); mientras que el engaño era idóneo y bastante para lograr el desplazamiento patrimonial conseguido, en modo alguno era artimaña burda, grosera o esperpéntica inhábil para inducir a error con una mínima inteligencia o cuidado; sino al contrario, los autores desarrollaron maniobras apropiadas y acomodadas al sistema habitual de concesión de préstamos y suficiente para producir el efecto pretendido.

Que el engaño fue bastante hasta el punto de producir una traslación patrimonial que produjo a las víctimas un perjuicio propio en el sentido del art. 248 CP es evidente, nos encontramos ante una serie de actuaciones perfectamente planificadas para lograr la disposición sin la más mínima voluntad de cumplir el contrato; lo que se busca es el engaño aprovechándose del contexto general de este tipo de relaciones que se sustentan en la aportación de la mentadas documentales que parecían auténticas y no levantaron sospechas precisamente por la puesta en escena de los intervinientes con Rogelio a la cabeza.

Por tanto el engaño ha existido, ha sido bastante y ha producido error esencial en el sujeto pasivo, concurriendo por tanto los tres elementos del delito de estafa en las concretas circunstancias del caso en el que se produce una aprovechamiento de las circunstancias personales de la víctima.

Consecuentemente el motivo debe ser desestimado.

Y en relación con la alegación también planteada de la ausencia de acreditación del elemento subjetivo del injusto, negando las recurrentes María Inés, Nieves y María Inés la existencia de dolo, el mismo consideramos que tampoco puede prosperar, toda vez que el elemento subjetivo del injusto es innegable, por cuanto precisamente la conducta engañosa empleada por el acusado Rogelio es evidente de la intención que perseguía en la que también participaron cooperando necesariamente María Inés y Nieves al objeto de su efectiva consecución, debiendo destacar respecto de éstas últimas, que además no precisa necesariamente el tipo de la estafa la "intencionalidad de estafar"; en el ámbito del elemento cognoscitivo, el autor debe conocer que ofrece o presenta a un tercero una realidad distorsionada, impulsando a ese tercero a realizar un acto de disposición que no realizaría de conocer la distorsión, y que con ese acto de disposición se causa un perjuicio a ese tercero o a otra persona; y desde la perspectiva del elemento volitivo basta que el sujeto ha de querer la utilización de esos elementos constitutivos del engaño, cuya existencia conoce, aceptando, al menos, el probable resultado, lo que generalmente se pone de relieve mediante la comprobación de su utilización real y efectiva.

El motivo se desestima toda vez que en la conducta de los mentados concurren todos y cada uno de los elementos del delito de estafa.

CUARTO.-Es común el motivo de los cuatro recursos postulando la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como cualificada o en su caso como simple. Pretensión a la que se oponen las acusaciones tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares.

Sin necesidad de realizar grandes debates doctrinales sobre dicha atenuante, tan solo mencionar que es ilustrativa sobre su configuración la reciente STS de 17 de mayo de 2023, fto. Jco. 3º que señala: "... La circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, su apreciación exige de la concurrencia de una serie de elementos constitutivos: a) que tenga lugar una dilación indebida en el sentido de no justificada; b) que sea extraordinaria, en el sentido de relevante, de fuste; c) que ocurra durante la tramitación del procedimiento; d) que esa demora o retraso no sea atribuible al imputado; y e) que la dilación no guarde proporción con la complejidad del litigio, lo que constituye en último término una especificación concreta de un requisito anterior: que sean indebidas ( STS 1883/2016, de 6 de abril , entre otras).

Descendiendo al caso concreto y aún cuando la Juzgadora a quo ofrece una explicación del porqué no la aplica, la Sala discrepa de la misma, puesto que una cosa es que la causa sea extensa por mor de la amplia documental que la integra, cuyo estudio no negamos supone esfuerzo, también lo ha sido para la Sala en cuanto a precisar de mayor tiempo que el exclusivo de cinco días para el dictado de la sentencia, ello no significa que estemos ante una causa de especial complejidad por el hecho de que las documentales de las operativas engrosen la misma. Causa cuya instrucción ante el órgano conocedor se ha prolongado desde junio de 2017 hasta marzo de 2023, más de seis años, investigación judicial que si bien apuntaba a la posibilidad de más operativas fraudulentas y se dictaron en fecha temprana a la instrucción mandamientos de petición de documentación los mismos no tuvieron un refrendo de contestación que justificara la espera de la causa sostenida en una eventual respuesta y en el análisis del terminal telefónico intervenido al acusado que se demoró por diversas vicisitudes alrededor de 20 meses. Véase que el Ministerio Fiscal instó la terminación de la causa, en fecha 31 de julio de 2020, acordándose la toma de declaración de los cuatro investigados identificados tiempo atrás en fecha 29 de octubre de 2020. Terminando la instrucción y la fase intermedia en marzo de 2023, esto es casi tres años más después, y fijándose como fecha para la celebración de la vista un año después.

En consecuencia nos encontramos con que desde el inicio de la instrucción hasta la vista han transcurrido casi siete años, tiempo que no es acorde al grado de complejidad de la misma, como tampoco es atribuible a los acusados la demora por cuestiones que son entendibles del análisis del teléfono si no se disponenn de medios técnicos pero dicha razón no puede ir en contra del reo, ni la espera en la celebración de la vista, por imposibilidad de su celebración atendido el volumen de juicios que pued asumir el penal, lo cuál debe traducirse inexcusablemente en la apreciación de dicha atenuante que por la duración del tiempo de instrucción consideramos tiene un carácter de cualificación. Y así se han considerado plazos irrazonables: nueve años de duración del proceso penal ( SSTS 655/2003, de 8 de mayo ; y 506/2002, de 21 de marzo ); ocho años ( STS 291/2003, de 3 de marzo ); 7 años ( SSTS 91/2010, de 15 de febrero ; 235/2010, de 1 de febrero ; 338/2010, de 16 de abril ; y 590/2010, de 2 de junio ); 5 años y medio ( STS 551/2008, de 29 de septiembre ); y 5 años ( SSTS 271/2010, de 30 de marzo ; y 470/2010, de 20 de mayo ).

En consecuencia y respetando sustancialmente la individualización penológica de la instancia además de la condena de continuidad delictiva del delito para los recurrentes Nieves y Rogelio ( lo que desecha por completo que puedan serle impuestas penas de 6 meses de prisión) y su grado de participación, éste último como principal artífice, con la sola matización en cuanto al argumento empleado por la Juez a quo en el Fundamento de Derecho Vigésimoprimero respecto de la persona de éste último al cifrar el perjuicio causado a las entidades financieras ( algo más de 20.743 euros), toda vez que por los hechos a que se contrae la presente causa el perjuicio total por las operativas descritas como integradoras de la estafa asciende a la suma de 14393 euros y tras apreciarse dicha circunstancia atenuante como cualificada que no simple el resultado de las penas a imponer es el siguiente:

-A D. Rogelio, como autor de un delito continuado de estafa del art. 248.1 y 249 CP en relación con el art. 74 CP, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con la cualificación descrita la pena de 20 meses de prisión con la pena legal accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.

- A Dña. Nieves, como autora de un delito continuado de estafa del art. 248.1 y 249 CP en relación con el art. 74 CP, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con la cualificación descrita la pena de 11 meses de prisión con la pena legal accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.

- A. Dña. María Inés como autora de un delito de estafa del art. 248.1 y 249 CP, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas con la cualificación descrita la pena de 6 meses menos un día de prisión con la pena legal accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena.

- A D. Arcadio como autor de un delito de estafa del art. 248.1 y 249 CP en grado de tentativa del art. 16.1 CP, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de 2 meses de prisión sustituibles por cuatro meses de multa con cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

QUINTO.-Se cuestiona por el recurrente Rogelio la condena al pago de la responsabilidad civil solidaria que le ha sido impuesta en la sentencia de instancia, sobre la base de que yerra la Juzgadora cuando dispone que se ha quedado con el dinero de los préstamos concedidos, afirmando que no ha quedado probado que se hubiera quedado, por comisión con cantidad alguna, ni siquiera consta acreditado que se aprovechara económicamente de los préstamos concedidos, insistiendo de nuevo en lo que considera funcionamiento irregular e imporpio de las entidades financieras por su falta de control y cuidado en la concesión de créditos.

Sobre éste último argumento nos remitimos a lo ya resuelto por la Sala en el motivo de indebida aplicación de los artículos 248 y 249 del C.P, que ya ha sido desestimado. Y en cuanto al eje central del argumento, baste una lectura de los hechos declarados probados que han quedado incólumes, es más la propia defensa no ataca en puridad los mismos, para su desestimación. Acreditada la actuación del mentado como principal autor en el delito de estafa, que se tradujo en el desplazamiento patrimonial por parte de las entidades financieras a favor de los destinatarios cooperadores en el ardiz con Rogelio, es evidente que la ejecución de tal hecho delictivo obliga al citado como coresponsable de los mismos a su reparación en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por las personas causantes, ( artículos 109.1 y 116.1 del C.P.

SEXTO.-Por todo lo expuesto procede la estimación parcial del recurso y no apreciándose mala fe ni temeridad, se declaran de oficio las costas de esta alzada ( art. 240 Ley de Enjuiciamiento Criminal) .

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.