Sentencia Penal 239/2025 Audiencia Provincial Penal de Málaga nº 2, Rec. 72/2025 de 30 de junio del 2025

PRIMERO:Ante el presente recurso de apelación se ha de destacar que una vez valoradas las alegaciones de la recurrente Adela, asi como las de la representación de Adolfo y examinadas la sentencia recurrida y demás actuaciones, así como visionada la grabación del acto del juicio, la Sala estima que la Jueza a quo ha analizado correctamente las pruebas practicadas en el acto del juicio, de acuerdo con el principio de inmediación que le asiste, y ha llegado a la conclusión de que el acusado Adolfo es autor de un delito leve de Amenazas y de un delito de daños, y la acusada Adela es autora de un delito leve de amenazas con base, principalmente, en las declaraciones de las propias victimas, no solo prestadas en el acto del juicio, sino a lo largo de la instrucción de la causa, asi como la declaración testifical del agente NUM000 que ratificó el atestado y corroboró que fueron comisionados para que se dirigieran a la DIRECCION000 de Málaga y al llegar una mujer les indicó por donde habían huido las personas y cuando los alcanzaron identificó a las personas detenidas ( Adela y Adolfo), como las que les habían amenazado de muerte, y una vez en el domicilio observaron que la puerta de acceso a la vivienda estaba sacada de quicio , y con multitud de fracturas , obrando a los folios 113 a 117 fotos que reflejan dichos daños, habiendo aportado presupuesto uno de los perjudicados, y obra al folio 122 pericial que recoge el coste de reparación de la puerta conforme al presupuesto aportado por importe de 823,14 euros.

En definitiva se considera correcta la valoración del acerbo probatorio contenida en la sentencia recurrida, no albergando duda alguna la Juzgadora de instancia de que la hoy recurrente Adela acompañaba el día de los hechos a Adolfo y las pruebas concurrentes revelan que protagonizó con el una conducta amenazadora cuando acudieron a la vivienda en la que residían Estanislao e Bibiana, contra los que, las dos personas acusadas, profirieron expresiones que les causaron miedo y desasosiego, consistentes en que salieran, que los iban a matar, protagonizando Adolfo a continuación una conducta agresiva consistente en propinar múltiples golpes con algún objeto, que pudiera ser el destornillador que le fue intervenido, u otro similar, a la puerta de la casa, y generaron temor y desasosiego a los moradores de la vivienda, siendo subsumible dicha conducta en un delito leve de amenazas imputable a ambos, tanto a Adela como a Adolfo, y un delito de daños por el que también ha sido condenado este por los causados en la puerta, dadas las contundentes y prolíficas pruebas reveladoras de la comisión de dicha conducta lesiva, determinante de los daños que sufrió la puerta de la vivienda, siendo identificado como el padre de la chica que vivía abajo y con la que los moradores de la vivienda tuvieron problemas e intercambiaron denuncias, pues tanto la testigo Bibiana, como el testigo Estanislao insistieron en que ambos les decían que les iban a matar y expresiones similares, y estaban asustados porque portaban un cuchillo, concretando incluso el testigo Estanislao que el cuchillo lo pasaron por debajo de la puerta, (extremo este no determinado ni descrito en el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, si bien se le intervino un destornillador, añadiendo Estanislao que el mismo reparó la puerta y la pagó la reparación.

Debemos insistir en los correctos razonamientos contenidos en la sentencia recurrida en cuanto al análisis de las pruebas practicadas en el plenario, poniendo la Sala de relieve, en relación al tipo penal de las amenazas que se trata de una infracción contra la paz individual y contra la libertad que puede ser cometido a través de diversos medios, de palabra, por escrito o incluso por actos concluyentes o inequívocos que demuestren el propósito del sujeto activo en la realización de un mal ( STS- 7-12-81) . Descansa en el amedrentamiento a través o por medio de unos actos o conducta determinada, en adecuada relación de causa-efecto, tratándose de un delito de simple actividad , de expresión o peligro.

En el presente caso las amenazas no solo se infieren de las palabras concretas proferidas por la hoy recurrente, y por Adolfo que se ha adherido al recurso de apelación, como " salid que os vamos a matar", sino en que llevaban un objeto con el que el golpeó la puerta sacándola de quicio y ocasionándole múltiples fracturas , de tal forma que estamos ante una clara amenaza proferida junto a la puerta del domicilio de las partes denunciantes, con el consiguiente incremento de desasosiego que ello implica, y además ente unos daños causados en la puerta de su vivienda, por lo que estimamos que la Jueza de lo Penal ha valorado el conjunto de las pruebas aludidas y se ha formado un juicio en conciencia, tal como autoriza el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estimando suficientemente acreditado que la acusada cometió un delito leve de amenazas y el acusado cometió un delito leve de amenazas y un delito de daños, en los términos que han quedado reflejados en la sentencia recurrida y en consecuencia ha procedido a su condena, que debe ser respetada en esta segunda instancia .

Por otra parte, en relación con la cuantía de la multa cuya cuota ha sido fijada en ocho euros por dia se alega por la recurrente que es limpiadora de pisos y no puede hacer frente al pago de la misma solicitando que se fije en su caso, en el mínimo de dos euros por dia, la Sala considera que la cuantía fijada no es excesiva.

Así respecto a la cuota de ocho euros por dia de la multa impuesta no se considera ab initio desproporcionada, no habiendo justificado en modo alguno el recurrente la justificación de la rebaja a dos euros, limitándose a alegar de forma genérica la insuficiencia de medios económicos, y por tanto debemos tener en cuenta que la cuota de 8 euros por día que le ha sido impuesta, partiendo de que no consta la situación patrimonial de la acusada, no puede estimarse como desajustada, habida cuenta que el precepto referido se dirige al juzgador/a, que ha de gozar de un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de todas las circunstancias que puedan ilustrar sobre la capacidad económica del reo/a. Así, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido manteniendo que la motivación exigida en el artículo 50.5 debe entenderse dentro de un margen de racionalidad con el fin de atemperar el hecho a las circunstancias personales económicas del culpable. Una multa cuya cuota diaria se fija a razón de 8 euros /dia está tan próximo está al límite mínimo de dos euros, y tan alejado se encuentra del límite máximo, que el importe fijado no supone infracción alguna en la individualización punitiva cuando se desconoce la solvencia del acusado/a.

Como señala la Sentencia núm. 175/2001 de 12 de febrero , con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.

La insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto, a no ser que lo que en realidad se pretenda es vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el Poder Legislativo en el Nuevo Código Penal convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico, en el que el contenido efectivo de las penas impuestas por hechos tipificados en el Código Penal acabe resultando inferior a las sanciones impuestas por infracciones administrativas similares, que tienen menor entidad que las penales.

Ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de falta de medios económicos, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo, como sucede en el caso actual con la cuota diaria de ocho euros.

Conforme a lo expuesto, es evidente que la fijación de la cuota de la pena de multa impuesta a la recurrente no puede considerarse desproporcionada o no ajustada a las previsiones legales, sin perjuicio de que, en su caso, en fase de ejecución pueda interesar al Juez de lo penal que se le aplace el pago de la multa impuesta o incluso que sea reducida la misma , en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 del Código penal.

Por último, en relación a las alegaciones vertidas por el Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión al recurso de apelación, centradas en la improcedencia de la aplicación de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, debemos poner de manifiesto que la defensa invocó en el acto del juicio dicha circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal y en el fundamento tercero de la sentencia recurrida se analiza la concurrencia de dicha circunstancia modificativa que no requiere mas actividad probatoria que la derivada del examen detenido de las actuaciones para determinar la existencia de las dilaciones y poder valorar, en caso de existir, su caracer de simple o de cualificada, constatando la Jueza de lo penal en el presente caso que los hechos enjuiciados se cometieron en abril de 2018 y el juicio se celebró en octubre de 2024, es decir seis años y seis meses después, considerando que, aunque es cierto que no se concretan en la sentencia los periodos de paralización y causas que los provocaron, constatamos que, como indica el Ministerio Fiscal en su escrito de adhesión al recurso de apelación, la instrucción de la causa no se demoró en exceso pues en un año y medio la causa se remitió al Juzgado de lo Penal ( fecha de remisión 16 de octubre de 2019), y , como recoge la sentencia, la demora se produjo desde que la causa llegó al Juzgado de lo penal, por la tardanza de prácticamente de un año para el primer señalamiento, pues consta diligencia del Juzgado de lo penal de 31 de enero de 2020 , de recepción de la causa y lo siguiente es el auto de 9 de noviembre de 2020 sobre pertinencia de las pruebas y señalamiento del juicio para el 16 de febrero de 2021. Se suspendió y se acordó averiguación de centro penitenciario y domicilio de Adolfo y se señaló de nuevo para el 14 de diciembre de 2021 y por providencia de 15 de diciembre de 2021 en la que consta la imposibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad se señaló el juicio para el 7 de febrero de 2022, que no se pudo celebrar por encontrarse el acusado con su madre en el hospital señalándose de nuevo para el 12 de mayo de 2023 y también se suspendió por huelga general de funcionario y se señaló para el 19 de diciembre del 2023, que de nuevo se suspendió por inasistencia de testigos y de un acusado constando posterior señalamiento para el 6 de junio de 2024; el acusado se encontraba preso en la prisión de Alhaurin de la Torre y con fecha 16 de mayo de 2024 se dictó auto requiriendo al Colegio de abogados para nombramiento de abogado de oficio y se volvió a suspender el juicio por inasistencia de testigos señalándose para el 23 de octubre de 2024, de manera que una de las suspensiones se ocasionó porque el acusado estaba en el hospital con su madre, lo que es una causa justificada. Otras suspensiones posteriores tuvieron causa en la ilocalización de testigos principales y de algun acusado, la huelga de los funcionarios o la necesidad de nombramiento de letrado de oficio para un acusado. Sin embargo, lo cierto es que la demora es considerable y como se ha destacado, la falta de asistencia de testigos de relevancia ha motivado también la suspensión del juicio hasta su localización, lo que en definitiva ha supuesto una dilación de la tramitación de la presente causa que ha dado lugar a que se haya demorado cerca de cinco años la celebración del juicio, además del año y medio que se necesitó para la instrucción y fase intermedia hasta su remisión al Juzgado de lo penal, destacando asimismo la lejanía en el tiempo a la hora de ir señalando de nuevo el juicio tras las sucesivas suspensiones, entre 2020 y finales de 2024, por lo que consideramos que la valoración de la atenuante como muy cualificada, efectuada en la sentencia recurrida, es ajustada a derecho y debe ser confirmada en esta segunda instancia, toda vez que además se trata de una causa carente de complejidad, en la que el juicio no ocupó mas de un día de señalamiento y por tanto no se justifica la demora producida.

Así, La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2014, explica que la atenuante por retraso en la tramitación de una causa penal ( dilaciones indebidas), ha de acogerse unas veces en la condición de simple y otras en la de especialmente cualificada, atendiendo al dato concreto de que el plazo de duración total del proceso se extendiera durante mas de cinco años, plazo que de por si se consideraba en principio, irrazonable y susceptible de atenuar la responsabilidad penal por la vía del artículo 21.6 del Código penal. Y así se consideraban plazos irrazonables: 9 años, de duración del proceso penal ( STS de 8-5-2003) 8 años ( STS de 3-3-2003), 7 años ( STS 15-2-2010), 5 años y medio ( STS de 29-9-2008), y 5 años ( STS de 30-3-2010).

Continua dicha sentencia diciendo que de otra parte, en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio.

La STS 492/2021 de 3 de junio de 2021 apreció la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada en una causa que se inició en 2011 y se celebró el juicio de 2019, casi ocho años después, sosteniendo "..........los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado.

También se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, pero este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante ( STS 21.7.2011 ).

Y en cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora les siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Y la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de la pena en concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

En este sentido las SSTS 737/2016 del 5 octubre , y 262/2009 de 17 marzo , son significativas, al declarar que debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable que propugna el art. 6.1 del Convenio citado, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente garantísta hacia el justiciable como es el nuestro. En similar sentido la STS. 525/2011 de 8.6 , que la dilación, por supuesto no es indebida si responde al ejercicio de un derecho procesal. La solicitud de que se practiquen diligencias de prueba con la interposición de recursos comporta una dilación en la tramitación de la causa, pero responden al ejercicio de elementales derechos de defensa, por lo que la dilación propia de estos recursos no puede nunca ser calificada como dilación indebida.

Por ello no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Es claro que el respeto al derecho de defensa implica asumir la necesidad de proceder a la práctica de las diligencias que las partes soliciten y que sean pertinentes, pero es igualmente claro que implica el transcurso del tiempo necesario para ello.

En criterio coincidente, la reciente STS 167/2021, de 24 de febrero , declara que no cabe duda que el transcurso indebido y extraordinario del tiempo en la tramitación del proceso -el abuso del proceso, en terminología anglosajona-, hace que la persona acusada sufra por adelantado las consecuencias de su sometimiento al proceso. La excesiva prolongación del proceso comporta una suerte de pena natural que debe ser compensada, como fórmula que permita mantener el equilibrio retributivo entre la gravedad de la conducta y la pena impuesta.

La reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010 ofrece una valiosa guía de valoración normativa de la proyección del paso del tiempo en la medición de la responsabilidad penal del autor del delito. Del todo conforme, por otro lado, con los estándares elaborados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -vid. por todas, SSTEDH, caso Milovanovic c. Serbia, de 8 de octubre de 2019 ; caso Raspopóvic y otros c. Montenegro, de 26 de marzo de 2020 - de los que se nutre esencialmente nuestra propia jurisprudencia -vid. STS 4284/2020, de 14 de diciembre -.

Como se precisa en la norma, el tiempo de tramitación debe ponerse en relación con la complejidad de la causa y de ahí, medida la correlación funcional entre las actuaciones practicadas, las necesarias, el tiempo empleado para producirlas y la diligencia en su ejecución se puede obtener una suerte de cociente. Lo extraordinario de la dilación que reclama el tipo como fundamento de apreciación obliga a una evaluación integrada de todos los factores señalados. El tiempo total de duración del proceso es un dato significativo, pero no suficiente pues, insistimos, debe "medirse" en términos funcionales. Ha de evaluarse su correlación para el adecuado desarrollo de las actuaciones seguidas, a partir del número y necesidad de las diligencias practicadas a la luz del objeto del proceso, la conducta procesal de la parte y, sin duda, la propia regularidad en el impulso y la dirección procesal.

De tal modo, la duración de un proceso podrá calificarse de dilación extraordinaria cuando carezca de toda conexión razonable con las necesidades de producción temporalmente necesaria y diligente de los actos procesales, provocando un exceso manifiesto, ya sea por la injustificada inacción o paralización procesal, por la actividad procesal desordenada o carente de justificación teleológica o por incidencias procesales provocadas por errores de tramitación. Y siempre y cuando, además, ninguno de estos factores pueda ser imputado a la conducta procesal de la parte que sufre el transcurso excesivo del tiempo.

Lo que comporta una cualificada carga descriptiva que pesa sobre quien invoca la atenuación. Como es la de precisar el iter de actuaciones procesales que se consideran no ajustadas al canon de la razonabilidad temporal de producción -vid. STS 126/2014, de 21 de febrero -. Y ello para que podamos evaluar normativamente las causas que pueden explicar la duración del proceso y calificar la dilación, si se identifica, como extraordinaria o no, atribuyéndole el efecto de atenuación procedente.

Y citamos expresamente a la STS 167/2021, de 24 de febrero , cuando toma en consideración los siete años de prolongación de la causa hasta la sentencia definitiva, que no se justifican por la complejidad del objeto procesal y traen causa de disfunciones de tramitación, algunas vinculadas a la ausencia de un control riguroso de los presupuestos de legitimación para el ejercicio de la acción penal.

Y añade: en esa medida, el periodo transcurrido de siete años ha de calificarse de extraordinario, en los términos exigidos por el art. 21.6º CP . Debiéndose recordar que para evaluar como indebido el transcurso del tiempo, siempre deben utilizarse elementos relacionales pues exige partir del tiempo estimado en el que, en condiciones objetivas de adecuación funcional, debería haberse desarrollado o producido la actuación o el trámite procesal. Sin que, para ello, puedan tomarse en cuenta, como factores atemperadores, circunstancias estructurales de saturación o sobrecarga del propio sistema judicial.

Periodo (en el caso de la Sentencia citada) de siete años hasta la sentencia definitiva al que deben sumarse -se dice- los dos años transcurridos hasta la sentencia firme, resultante de la tramitación del único recurso devolutivo disponible para la parte. Y si bien el periodo de referencia que debe tomarse en cuenta para valorar la dilación extraordinaria en esta sede de recurso es el que transcurre hasta la sentencia definitiva, el que se prolonga hasta la sentencia firme comporta un objetivo aumento de la duración de la causa y, en esa medida, intensifica los marcadores de aflictividad -vid. al respecto, STEDH, caso Rutkowski y otros c. Polonia, de 7 de julio de 2015 [en el mismo sentido, la más reciente STEDH, caso Zbrorowski c. Polonia, de 26 de marzo de 2020 ] por la que el Tribunal de Estrasburgo rechaza expresamente la fragmentación de términos a la hora de valorar la dilación del proceso, considerando computable el tiempo transcurrido en espera de la decisión de revisión por parte del tribunal superior-.

Medición de la aflictividad para la que no puede prescindirse del contexto de producción de los hechos justiciables. En consecuencia, en nuestro caso, el plazo total próximo a los nueve años de duración, hace patente la necesidad de adecuar el juicio de punibilidad a valores de proporcionalidad, reconociendo valor privilegiado a la atenuante.

En suma, la tardanza en ser juzgado ha de ser traducida en una compensación de la pena imponible, proporcional al tiempo transcurrido en exceso y, por tanto, indebidamente...."

El Tribunal Supremo entre otras en su sentencia de 20 de diciembre de 2013, que " mediante la redacción de esta circunstancia, el legislador ha acogido de forma expresa la jurisprudencia de esta misma Sala y del Tribunal Constitucional acerca de los efectos del transcurso del tiempo en el proceso penal y de modo singular, su incidencia en el derecho a un proceso sin dilaciones indebida ( art.24.2 de la CE) . La apreciación de la atenuante exige precisar en que momentos o secuencias del proceso se han producido paralizaciones que deban reputarse indebidas. Hemos dicho que el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas que no es identificable con el derecho fundamental al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto en un plazo de tiempo razonable. Se trata, por lo tanto de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama.

Por todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida por ser adecuada su calificación jurídica y punición .

SEGUNDO:Que, pese a ser desestimatoria la resolución del recurso, no se advierte temeridad en su interposición, por lo que procede declarar de oficio las costas originadas en su tramitación, conforme posibilita el número 1º del articulo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los preceptos citados; los artículos 142, 145, 146, 147, 149, 741, 795, 796 y 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 82, 248, y 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás normas de pertinente y general aplicación.