Sentencia Penal 123/2025 Audiencia Provincial Penal de Granada nº 2, Rec. 439/2024 de 04 de marzo del 2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia condenatoria dictada por el Juez de lo Penal se alza la representación del/la recurrente interesando se declare la nulidad de actuaciones, con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al inicio del procedimiento por el Juzgado de violencia sobre la Mujer, o subsidiariamente, se revoque la misma y se dicte una nueva en la que se absuelva a aquel/la del delito por el que ha sido condenado/a, o subsidiariamente, se le condene a la pene mínima inferior en grado.

El recurso se articula en torno a diversas alegaciones a través de las cuales la parte apelante denuncia lo siguiente: primero, el quebranto de normas y garantías procesales que le generan indefensión, y más concretamente, de su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho al juez ordinario predeterminado por la ley; segundo, la existencia de error en la valoración de la prueba con vulneración del derecho a la presunción de inocencia; y tercero, la infracción de precepto legal por indebida aplicación del tipo delictivo del art. 153.1 y 3 CP.

Por su parte, el Ministerio Fiscal impugna el recurso esgrimiendo diversos argumentos contrarios a aquellos otros en que se sustenta el mismo, interesando la confirmación de la sentencia recurrida al considerarla ajustada a derecho.

De igual modo, el escrito de impugnación presentado por la representación de la Sra. Mercedes, opone una batería de argumentos contrarios a la estimación del recurso que inciden en que la precitada resolución recurrida ha de ser confirmada.

SEGUNDO.-Pretende con carácter principal la impugnación planteada la declaración de nulidad de la sentencia recurrida (con retroacción de actuaciones) por vulneración de normas y garantías procesales que generan indefensión al recurrente, y ello al entender que la instrucción y enjuiciamiento de la causa se han llevado a cabo con infracción de las normas de competencia objetiva ( arts. 44 LOMPIVG y 87 ter LOPJ) , dado el cambio de sexo llevado a cabo por el/la recurrente, quien en la actualidad se haya inscrito/a en el Registro Civil como mujer.

En este sentido, y con carácter general, conviene recordar que es doctrina reiterada de nuestro Tribunal Constitucional que el concepto de indefensión con relevancia constitucional no coincide necesariamente con cualquier indefensión de carácter meramente procesal, ni menos todavía puede equipararse la indefensión que proscribe el artículo 24.1 de la Constitución Española con cualquier irregularidad o infracción de las normas procesales que los órganos judiciales puedan cometer ( STC núm. 48/1986, de 23 de abril, F.1). Por ello el máximo intérprete constitucional tiene declarado que para que la indefensión entrañe una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española se requiere que tenga su origen inmediato y directo en actos u omisiones de los órganos judiciales, es decir, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los profesionales que la representan o defiendan» ( SSTC núm. 101/1989, de 5 de junio, F.5; núm. 237/2001, de 18 de diciembre, F.5; núm. 109/2002, de 6 de mayo, F.2; núm. 87/2003, de 19 de mayo, F.5; núm. 5/2004, de 16 de enero, F.6; núm. 260/2005, de 24 de octubre, F.3; núm. 287/2005, de 7 de noviembre, F.2, o núm. 61/2007, de 26 marzo, F.2, entre otras); y por otro lado, que dicha actuación de los órganos judiciales haya causado al litigante una real y efectiva privación o menoscabo de sus posibilidades de defensa ( SSTC núm. 233/2005, de 26 de septiembre, F.10; ó 130/2002, de 3 de junio, F.4, entre las más destacadas).

De otra parte, y a propósito de los efectos de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, también conviene recordar, como bien indica la sentencia recurrida, que la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tras establecer en el apartado 1 de su art. 46 que "La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil",dispone en su apartado 3 que "La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".Y es que el informe del CGPJ al Anteproyecto de la referida Ley, ya llamó la atención acerca del peligro del nuevo régimen de rectificación y el de reversión, que puede llevarse a cabo de forma ilimitada e incondicionada, incidiendo en la necesidad de cuidar que no se hicieran rectificaciones registrales para eludir ciertas consecuencias legales (por ejemplo, cometer un delito de violencia de género y cambiar el sexo de varón a mujer para eludir determinadas consecuencias).

De esta forma, partiendo de las anteriores consideraciones y descendiendo al concreto análisis de la vulneración denunciada por la representación del/la recurrente, entiende esta Sala que no se ha producido en la causa ninguna actuación del órgano instructor (ni del de enjuiciamiento) susceptible de causar indefensión material a dicha parte. Y decimos esto por lo siguiente.

En primer lugar, porque a tenor de la documental aportada con el recurso de apelación, en especial, el documento núm. 5, consistente en la certificación de la inscripción registral, resulta con claridad que la inscripción del cambio de sexo se realizó con posterioridad (12/07/24) a la comisión de los hechos delictivos por el/la hoy apelante (06/07/24), de modo que siendo la fecha inscripción, y no la de la firmeza o dictado de la resolución que se inscribe, aquella a partir de la cual el cambio tiene efectos constitutivos, el cambio de sexo a mujer del/la hoy apelante, no podría surtir efectos en el momento de comisión del delito pese a haber sido reconocido previamente (en fecha 05/06/24) por resolución del encargado del Registro Civil de Vélez-Málaga.

Y en segundo lugar, y quizás más importante, partiendo de lo que acabamos de decir (esto es, que la inscripción es posterior a la fecha de comisión de los hechos delictivos), porque no puede existir una "alteración" del régimen jurídico derivado de la LOMPIVG aplicable al/la recurrente con anterioridad a la fecha de la inscripción, o dicho en otras palabras, que en el momento en que se incoaron diligencias urgentes y se tramitó el juicio rápido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Granada, dicho órgano jurisdiccional era objetivamente competente para la instrucción de la causa, así como para la tramitación de la "fase intermedia", conforme al art. 87 ter LOPJ (reformado por el art. 44 LOMPIVG), de manera que ninguna vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley se habría producido. Y es que a efectos de determinación de la competencia objetiva, la inscripción posterior del cambio de sexo, no altera la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer (perpetuatio iurisdictionis), ya que la tipificación del delito cometido en fecha anterior a dicha inscripción como uno de aquellos relacionados con la violencia de género, no se "transmuta" por el cambio de sexo de hombre a mujer del sujeto activo, esto es, no permite la aplicación de un tipo "base" distinto en que no se tiene en cuenta la condición de hombre del agente sujeto activo.

Pero a mayor abundamiento, y desde el punto de vista de la indefensión material, tampoco la parte recurrente, que era perfecta conocedora del procedimiento registral de cambio de sexo, invocó la falta de competencia objetiva del Juzgado de violencia sobre la mujer, tanto cuando incoó diligencias urgentes, como cuando en la comparecencia del art. 798 LECrim se le concedió la palabra a efectos de pronunciarse sobre la conclusión de las mismas, ni luego cuando se ordenó la apertura del juicio oral y se le dio traslado para formular escrito de defensa. De ahí pues en modo alguno pueda sostenerse la existencia de una indefensión con relevancia constitucional para el/la hoy apelante, cuando su propia representación "consintió" que la instrucción de la causa y la tramitación de la fase intermedia la realizara el Juzgado especializado en violencia de género.

Por tanto, atendido todo lo expuesto hasta ahora, el motivo de impugnación referido al quebranto de normas y garantías procesales no puede tener acogida.

TERCERO.-Solventada la anterior cuestión obstativa de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, analizaremos a continuación el también cuestionado juicio de valoración probatoria realizado en la instancia, al considerar la parte recurrente insuficientes las pruebas practicadas para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al/la hoy apelante, y más concretamente en relación a su autoría (causación de las lesiones), así como en torno a la existencia de una relación de pareja análoga a la conyugal entre aquel/la y la perjudicada/apelada.

En ese sentido, conviene recordar que el juicio probatorio únicamente es contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo" de acuerdo con las reglas de la lógica, esto es, verificando si tales inferencias o deducciones han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria, pero no respecto de las pruebas de índole subjetiva, donde es decisivo el principio de inmediación (nos referimos a los datos probatorios relativos al lenguaje gestual de un testigo, acusado o perito, a la expresividad en las manifestaciones, al nerviosismo, titubeo o contundencia en las respuestas, tono de voz, tiempos de silencio, capacidad narrativa...), ya que el Tribunal ad quem no puede ni debe revisar la convicción en conciencia del Juzgador de instancia respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído personalmente, en la medida de que la ausencia de inmediación le impide ahondar en la veracidad o credibilidad de los testimonios prestados.

De otra parte, también se ha de tener en cuenta que es doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (SSTS núm. 344/2019, de 4 de Julio; núm. 247/2018, de 24 de mayo; núm. 282/2018, de 13 de junio; núm. 724/2014, de 13 de noviembre; núm. 159/2014, de 11 de marzo; núm. 867/2013, de 28 de noviembre; núm. 487/2012, de 13 de junio; núm. 511/2010, de 25 de mayo; núm. 1366/2009, de 21 de diciembre; núm. 79/2009, de 7 de enero; núm. 276/2008, de 16 de mayo y núm. 624/2008, de 21 de octubre, entre las más destacadas) que cuando se invoca el derecho constitucional a la presunción de inocencia, el examen del Tribunal ad quem debe ceñirse a verificar los siguientes extremos: 1) la comprobación de si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquélla que haya sido obtenida, con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que además, haya sido introducida en el plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad, esto es, el denominado "juicio sobre la prueba"; 2) la comprobación de si aquella prueba de cargo es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia, esto es, el también llamado "juicio sobre la suficiencia de la prueba"; y 3) la constatación de la racionalidad de las declaraciones y conclusiones alcanzadas por el órgano sentenciador, es decir, verificar si éste explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, esto es, el denominado "juicio sobre la motivación y su razonabilidad", que cobra especial relevancia en los supuestos de prueba indiciaria.

De igual modo, dado que en el presente caso se cuestiona la aptitud probatoria de cargo de la declaración de la perjudicada, hemos de recordar asimismo, como expone la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 677/2022, de 4 julio, que "la credibilidad del testimonio de la víctima corresponde evaluarla al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal de revisión le compete el control de la valoración realizada por el Tribunal de instancia en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia".En esa línea, también recuerda el Alto Tribunal que "para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, esta Sala tiene establecidos unos parámetros que, sin ser cada uno de ellos una exigencia axiomática para la validez del testimonio, sí facilitan que la verosimilitud responda a criterios lógicos y racionales, con elusión de posicionamientos internos o intuitivos del Juez. Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación. La credibilidad subjetiva se refleja por una aptitud física del testigo para percibir lo que relata cuando entra en confluencia con el plano psíquico, en el sentido de carecer el testigo de móviles espurios que debiliten la credibilidad de su versión. La credibilidad objetiva o verosimilitud de su testimonio, según pautas jurisprudenciales ya muy reiteradas, debe estar basada en la lógica de la declaración (coherencia interna), con el suplementario y relevante apoyo de datos objetivos que corroboren periféricamente la versión sustentada en el relato (coherencia externa). Por último, la persistencia en la incriminación, presta su eficacia analítica desde la evidencia de que los hechos vividos son únicos e inmutables, de modo que su descripción en sucesivas declaraciones, no solo debe estar despojada de modificaciones esenciales, sino que debe ser concreta, eludir vaguedades o generalidades, estar ausente de contradicciones, y ofrecer una conexión lógica con las versiones ofrecidas con anterioridad".Sin embargo, tales criterios o parámetros jurisprudenciales de control de la validez del testimonio de la víctima son una guía para un análisis racional del sustento o de la solidez del mismo, pues no constituyen un patrón inmutable y preciso desde el que extraer siempre dicha validez o suficiencia, ya que la deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración y puede compensarse con un reforzamiento en otro, puesto que sólo una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia ( STS núm. 355/2015, de 28 de mayo).

De esta forma, partiendo de las anteriores consideraciones, no puede compartir esta Sala las alegaciones esgrimidas por la representación del apelante, pues teniendo en cuenta, como se ha dicho, que la función revisora de la apelación queda limitada a contrastar que las inducciones y deducciones del Juzgador de instancia sean acordes a las reglas de la lógica, al no gozar el órgano "ad quem" de privilegiada óptica que la inmediación otorgó a aquél en la apreciación probatoria, no se advierte por el Tribunal ni error en la valoración de la prueba practicada, ni menos aún la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

Así, en el proceso en el que ha recaído la sentencia objeto de recurso, se han practicado en el acto del juicio oral las siguientes pruebas: 1) declaración del acusado (apelante), 2) declaración testifical de la perjudicada (apelada), 3) testifical de Paloma (hija de la perjudicada) y de Segismundo (pareja de ésta última) y 4) la prueba documental (en especial el informe médico forense -folio 21-). Medios de prueba que se han desarrollado en el acto del juicio oral sin que quepa oponer tacha alguna a su validez y regularidad constitucional y procesal, por lo que no puede entenderse comprometido (a priori) el principio de presunción de inocencia, quedando superado positivamente el juicio sobre la prueba.

De igual modo, los referidos medios de prueba, y en particular tanto la declaración testifical de la víctima, como las demás testificales y documental, son pruebas de cargo hábiles para enervar dicha presunción de inocencia, como acertadamente sostiene el Juzgador de instancia, de manera que también quedaría superado positivamente en el presente supuesto el juicio sobre la suficiencia de la prueba.

En ese sentido, no comparte esta Sala las alegaciones de la parte recurrente en orden a excluir la virtualidad probatoria de cargo de las citadas testificales practicadas, y en especial la de la perjudicada. Y decimos esto porque a juicio de la Sala se cumplirían las exigencias jurisprudenciales para otorgar habilidad probatoria de cargo a dicha declaración testifical. En primer lugar, existe persistencia en la incriminación, pues su declaración ha permanecido sustancialmente inalterada a lo largo del proceso sin contradicciones relevantes en relación a los hechos objeto de acusación (agresión producida en la entrada de la vivienda cuando la perjudicada y su hija trataban de impedir el acceso a la vivienda del/la acusado/a, que finaliza cuando la pareja de la hija agarra a éste último para apartarlo y sacarlo del inmueble). En segundo lugar, no existen en la denunciante móviles espurios o motivaciones secundarias, propiamente dichas, que debiliten seriamente la credibilidad subjetiva de su testimonio, pues aun cuando la parte apelante sugiere la existencia de un previo desacuerdo entre acusado/a y perjudicada por haber continuado ésta en el uso de la vivienda común que les había arrendado por la madre aquel/la, sin embargo, ambas partes reconocen que el arrendamiento se habría hecho a ambos, y el/la acusado/a reconoce que se había marchado tiempo antes de la vivienda y que fue motu proprio al inmueble para recoger diversos enseres, sin que tampoco conste que se hubiese instado la salida de la perjudicada de la vivienda con anterioridad a la fecha de los hechos. Y en tercer lugar, la declaración aparece corroborada periféricamente en cuanto a la realidad de las lesiones sufridas y su autoría por el/la acusado/a, tanto por las declaraciones testificales de la hija y yerno de aquella, como también por la documental (informe forense en que se objetiva una lesión -equimosis en cuello- compatible con el mecanismo de producción relatado por todos los testigos), de modo que también estaría dotada de credibilidad objetiva.

Pero además de cuanto acabamos de exponer en relación a la existencia de los hechos y su autoría por el/la hoy apelante, la declaración testifical de la perjudicada Sra. Mercedes, también es prueba de cargo apta para concluir (contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente) la existencia de una relación de pareja entre las partes. No en vano, la testigo reconoció dicho extremo en el plenario, y pese a no haber sido interrogada más sobre ello por las partes en el juicio, si lo hizo en su declaración en sede de instrucción, la cual obra como documental en las actuaciones (folios 22 a 25), relatando como había existido una convivencia prolongada de más de cuatro año (desde 2017 a 2021), durante la cual ella y el/la acusado/a habría vivido juntos en compañía de la hija de ésta en diferentes lugares. Sin que a tal efecto las manifestaciones exculpatorias del/la recurrente situando aquella relación en el ámbito de la amistad, puedan restar credibilidad a las manifestaciones de la perjudicada y excluir aquella relación fuera del ámbito de una relación de pareja. Y decimos esto porque aun cuando a lo largo del proceso (y quizás como estrategia defensiva) dicho sujeto ha sostenido que sólo le unía una relación de amistad con la Sra. Mercedes, sin embargo, en sus manifestaciones iniciales espontáneas a los agentes actuantes que acudieron al lugar de los hechos a requerimiento de las partes, corrobora la conceptuación que de la relación que le unía a la perjudicada da ésta, pues consta en la diligencia de manifestación de dichos agentes actuantes con la que se inicia el atestado, el cual también obra como prueba documental en la causa al haber sido dado por reproducido por todas las partes, incluida la propia defensa, concretamente al folio 1 de las actuaciones, lo siguiente "Que se dirigen al lugar y a su llegada se entrevistan con el ahora presentado el cual se encontraba en el portal con diferentes enseres y les manifiesta que había venido desde Málaga a recoger sus cosas y ha discutido con su ex pareja porque no le dejaba entrar al domicilio".En esa línea, la testigo hija de la Sra Mercedes, también se refiere al hoy recurrente como la ex pareja de su madre, lo que nuevamente incide en la conceptuación que mantiene aquella perjudicada de la relación que le unía al/la apelante, sin que a tal efecto podamos compartir (como sostiene la representación del /la recurrente) que el uso de la expresión "la Señora Jaime" que aquella hizo en el plenario en un par de ocasiones para referirse al/la acusado/a, desdibujen aquella conceptuación como de pareja que unió a éste/a /ultimo/a con la Sra. Mercedes, pues más bien parecen referidas al cambio de sexo llevado a cabo por el/la apelante.

Finalmente, en lo que se refiere al juicio sobre la motivación y su razonabilidad, también entiende esta Sala superado positivamente el mismo. Por un lado, porque el Juzgador de instancia sigue un hilo argumental en su exégesis acorde con las reglas de la lógica, en el que no sólo concreta y explica el resultado de los distintos medios de prueba practicados, sino que también explicita las razones por las que atribuye valor probatorio de cargo a alguno de los mismos, y en particular a la declaración testifical del perjudicada (a la cual como se ha dicho atribuye acertadamente credibilidad al ser persistente, carente de incredulidad subjetiva y haber sido corroborada por otros medios probatorios). Y por otro lado, porque su conclusión optando por una hipótesis de condena en detrimento de la sostenida por la defensa del denunciado es correcta y acertada, ya que en contra de lo defendido por su representación (que pretende sustituir sin más la valoración probatoria del Juez a quo por la suya propia), también entiende este Tribunal, que dicha conclusión, tanto en cuanto a la existencia de los hechos declarados probados como en cuanto a la participación (a título de autor) del/la recurrente, es la inferencia lógica y racional del resultado de las pruebas practicadas.

Por tanto, atendido todo lo expuesto hasta ahora, la alegación relativa a la existencia de error en la valoración de la prueba y a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del/la recurrente no puede tener acogida.

TERCERO.-Cuestiona igualmente la impugnación formulada la aplicación del tipo delictivo del art. 153.1 y 3 CP que realiza la sentencia recurrida, entendiendo indebida su aplicación al no concurrir el elemento objetivo del tipo relativo a la existencia de una relación de afectividad análoga a la conyugal entre las partes.

En ese sentido, y con carácter previo, hemos de recordar que tras la reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los distintos tipos penales de violencia de género, a saber, los malos tratos (art. 153.1), las lesiones (148.4), las amenazas (171.4), las coacciones (172.2) y el maltrato habitual (173.2), así como las injurias y vejaciones injustas (173.4), exigen que el sujeto pasivo (mujer) haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al sujeto activo (hombre) por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Así, a propósito de esta última, y a fin de identificar qué relación ha de entenderse como asimilable al matrimonio, sobre todo en aquellos supuestos en los que existe una especial vinculación o unión que va más allá de la simple relación de amistad, pero que no quedan inmersos en una unión de hecho por falta del elemento de la convivencia, mayoritariamente viene utilizándose como criterio interpretativo, más que la existencia o no de un proyecto de vida en común, la comprobación de que existe un afectividad equiparable a la conyugal, esto es, una relación personal e íntima que traspasa con nitidez los límites de una simple relación de amistad por intensa que sea. Así, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo STS núm. 697/2017, de 25 de octubre, señala que "En efecto, la unión ya no ha de ser estable ni ha de tener una mínima duración",y añade que "Es perfectamente posible con una estabilidad de 15 días estar hablando de una relación personal e íntima que traspasa los límites de la relación de amistad. Eso ocurre, en nuestro caso, dado que con independencia de su duración, la relación era sentimental y no amistosa".De igual modo, la Sentencia del Alto Tribunal núm. 257/2020, del 28 de mayo, señala que el tenor legal "lleva a admitir especiales situaciones que en su momento eran calificadas de "noviazgo" y ahora se interpretan en un sentido más abierto y extenso, sin necesidad de exigirse para ello un proyecto de vida en común".En términos similares, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo núm. 88/2023, de 9 de febrero, advierte que aquellas "(...) relaciones que no se reducen, en tales casos, a lo que puede entenderse como noviazgo, -que ha sido una interpretación muy común- puesto que existen otras relaciones personales e íntimas entre un hombre y una mujer, que traspasan la mera relación de amistad, en las que pueden encontrarse presentes los mecanismos de control y dominación característicos de la violencia de género a que se refiere la Ley Integral, y en las que existe, igualmente, la especial vulnerabilidad e indefensión de la víctima".

De esta forma, atendidas las anteriores consideraciones y sobre todo partiendo de lo que ya hemos concluido en el anterior fundamento jurídico en relación a la existencia de un relación de pareja (y no de amistad) entre el/la hoy recurrente y la Sra. Mercedes, necesariamente hemos de afirmar que resulta de todo punto acertado el juicio de subsunción en la norma penal que realiza el Juzgador de instancia, ya que a diferencia de lo que sostiene la representación de aquel/la, a tenor de la prueba practicada es posible colegir que entre aquellos existió algo más que una mera relación de amistad, pues no sólo hubo una convivencia prolongada entre las partes (como describe la perjudicada en su declaración sumarial), sino también un proyecto de vida común en gran modo asimilable al conyugal.

Por tanto, también en relación a este motivo, la impugnación formulada debe ser desestimada.

CUARTO.-Pretende subsidiariamente la impugnación planteada la aplicación del subtipo atenuado que contempla el apartado 4 del antes mencionado art. 153 CP, al entender que las circunstancias concurrentes en el supuesto de autos justificarían la imposición de la pena inferior en grado (en su mínimo legal).

En ese sentido, no puede compartir la Sala las referidas alegaciones esgrimidas por la representación del/la apelante, y ello no sólo porque dicha parte debió introducir en el trámite de conclusiones una conclusión alternativa en tal sentido para el caso de condena, evitando así un pronunciamiento "per saltum" de este Tribunal, sino sobre todo porque entendemos que los hechos declarados probados, donde se describe una conducta agresiva y persistente del/la acusado/a, a la que hubo de poner fin un tercero, quien igualmente tuvo que forcejear con aquel/la para poder apartarle de la víctima y sacarle de la vivienda, en modo alguno justifican la aplicación del precitado subtipo atenuado que pretende dicha parte.

Por tanto, atendido lo expuesto, la pretensión impugnatoria subsidiaria formulada igualmente ha de decaer.

QUINTO.-Conforme al art. 239 LECrim en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece el art. 240 del mismo texto legal. Por tanto, atendido lo anterior, no existiendo temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,