Sentencia Penal 458/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 20, Rec. 187/2024 de 10 de septiembre del 2024

PRIMERO:El Juzgado de lo Penal dictó sentencia por la que se condenó al acusado como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, delito continuado de amenazas a la mujer, delito leve de injurias y delito de malos tratos a la mujer; por considerara probado que pesando sobre él la medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 300 metros a su expareja Tania y prohibición de comunicación con ella impuesta por auto de fecha 20/1/22 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Estella, convivieron desde el día 28 de septiembre de 2022 hasta el día 20 de enero de 2023 en el domicilio de la madre del acusado sito en DIRECCION003; que durante las discusiones que tenían él le decía a ella expresiones tales como que la iba a matar; que concretamente el día 19 de enero de enero de 2023 en presencia del hijo menor le dijo "puta de mierda" "a mi hijo no lo sacas de casa, te voy a armar parda" y con que con ánimo de menoscabar la integridad física de la mujer movió el sofá cama del salón hacia ella, atrapándole la pierna y dejándole encerrada en su interior mientras ella portaba al hijo en brazos sin causarle lesión.

La representación del acusado interpone recurso de apelación e invoca como motivos del recurso, en esencia, error en la valoración de la prueba y al hilo del motivo alega que no existió prueba de cargo para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y principio in dubio pro reo;invoca también que los hechos no culminaron ninguno de los delitos por los que fue acusado y condenado en la sentencia apelada.

Planteada así la cuestión lo que debemos determinar si existió suficiente prueba de cargo para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y si la valoración fue lógica y racional.

En efecto, el principio constitucional de presunción de inocenciasupone el derecho del acusado a ser absuelto en el caso de no haberse practicado en el juicio oral prueba de cargo tendente a acreditar la acusación formulada contra él y, mas específicamente, cuando a través de un recurso se invoca la vulneración de aquel derecho debe comprobarse que el juez dispuso de material probatorio susceptible de ser valorado, que ese material fue lícito en su producción y que los razonamientos a través de los cuales el juez a quoalcanzó su convicción condenatoria estuvieron debidamente expuestos y que fueron bastantes desde un punto de vista racional y lógico (Vid. STS 448/2011, de 19 de mayo y STS 741/2015, de 10 de noviembre, entre otras)".

Como expondremos mas adelante, se contó con prueba de cargo en relación a todo los delitos objeto de acusación.

En cuanto al principio in dubio pro reo, debemos recordar que es inspirador del sistema probatorio y como se dice en la STS 415/2016, de 17 de mayo, entre otras muchas, "es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria válida con signo incriminador, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado".

En este sentido el principio indica cual debe ser la decisión cuando exista duda, pero no puede determinar dudas cuando no las hay o lo que es lo mismo cuando habiendo existido prueba de cargo suficiente y válida, el órgano sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna ( STS 660/2010, de 14 de julio).

En la sentencia recurrida la juez a quovaloró la prueba y motivó su convicción, sin que en los argumentos expuestos se atisbe el mínimo resquicio de duda acerca de la conclusión fáctica, por lo que no se infringió el invocado principio.

SEGUNDO:Partiendo de lo anterior, desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia debemos analizar si los argumentos valorativos fueron lógicos y racionales para formar la convicción condenatoria, sobretodo porque lo que realmente se invoca es error en la apreciación de la prueba.

En el escrito de recurso se discrepa de la valoración probatoria efectuada por la juez de instancia y la parte apelante realiza una valoración subjetiva de la prueba practicada distinta a la efectuada por el juez de instancia, incluso en el delito de quebrantamiento de medida cautelar discrepa del elemento subjetivo del tipo.

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 741 LECr, debemos partir de la singular autoridad y posición de que gozó la Juez a quoal realizar la actividad valorativa de las pruebas practicadas en el juicio, núcleo del proceso, y en el que adquieren plena efectividad todos sus principios inspiradores como son los de inmediación, contradicción y oralidad. Y por ello la apreciación probatoria llevada a cabo por el Juez de lo Penal, de la que es consecuencia el relato de hechos probados, únicamente debe ser rectificado cuando el juicio valorativo sea ficticio por no existir pruebas de cargo, en cuyo caso se vulneraría el principio de presunción de inocencia, o cuando de un detenido y ponderado examen de las actuaciones se ponga de relieve un claro error del Juzgador que haga necesaria una modificación del relato fáctico establecido en la resolución recurrida.

Por lo que se refiere al delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar,se contó con prueba documental acreditativa de la existencia y vigencia de la medida cautelar de prohibición de aproximación a la mujer a menos de 300 metros y prohibición de comunicación con ella impuesta por auto de fecha 20/1/22 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Estella.

No se discute ni la vigencia ni el conocimiento del acusado de la medida cautelar, ni siquiera las acciones de acercamiento y comunicación prolongadas en el tiempo desde el 28 de septiembre de 2022 hasta el día 20 de enero de 2023.

Ha quedado probado, no solo por la testifical de la Sra. Tania, sino por las declaraciones del propio acusado y de su madre (Sr. Íñigo) que tal convivencia se produjo en el domicilio de la madre de él durante ese largo periodo.

Por lo tanto no se produjo ningún error valorativo de la prueba en la sentencia apelada.

Lo que se invoca es que la mujer protegida por la medida cautelar decidió voluntariamente convivir con el acusado y por ello considera la apelante que no se dio el elemento subjetivo del tipo.

La acción descrita en el factumculminó el delito de quebrantamiento de condena (prohibición de aproximación y prohibición de comunicación) aunque el acercamiento (convivencia) fue consentido por la Sra. Tania.

La cuestión que se plantea en el recurso fue muy debatida en su momento y dio lugar a divergencias interpretativas de los Tribunales, pero las discrepancias al respecto vinieron en buena medida zanjadas por el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2008 que establece que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a los efectos del art. 468 CP "(aplicado en STS 92/2009, de 29 de enero, entre otras muchas)

A pesar de los términos del Acuerdo no pueden descartarse situaciones excepcionales, pues como declara la STS 61/2010, de fecha 28 de enero "La idea de una exclusión incondicional siempre y en todo caso de la relevancia del consentimiento, no está implícita en ese acuerdo. De ahí, que la conclusión alcanzada por el Pleno no debe ser entendida en absoluta desconexión con la circunstancias de cada caso concreto. Pese a todo, con carácter general, puede afirmarse que el problema escapa a una consideración de la eficacia del consentimiento a partir de parámetros valorativos de normalidad...".

En el presente caso, está claro que el acusado conocía la vigencia de las medidas cautelares de prohibición de aproximación y comunicación a su pareja, lo que supone, en principio, que el consentimiento para el acercamiento de la mujer protegida por la medida carece de relevancia a los efectos de la punibilidad del acusado.

Para la culminación del delito de quebrantamiento de condena/medida cautelar basta el dolo genérico que se infiere del conocimiento por parte del autor de la vigencia de la pena o medida cautelar y de su voluntaria vulneración porque para apreciar tal dolo no hay que atender a las razones que determinan la actuación del sujeto como elemento subjetivo del tipo que el precepto no exige, pues deben distinguirse los conceptos de dolo y móvil de delito, colmándose el primero cuando el autor sabe lo que hace y quiere hacerlo, careciendo de relevancia el motivo de su actuar aunque fuera socialmente valioso, porque las motivaciones del sujeto que consciente y voluntariamente incumple las pena o medidas impuestas resultan irrelevantes para configurar el dolo del delito de quebrantamiento (Vid. STS Pleno 664/2018, de 17 de diciembre).

Ello no significa el descarte absoluto de las motivaciones desde la perspectiva de la responsabilidad penal, por cuanto podría concurrir el estado de necesidad del art. 20.5 CP como causa de justificación que excluye la antijuridicidad del comportamiento cuando se da el conflicto entre bienes jurídicos desiguales sacrificando el de menor relevancia o como causa de inculpabilidad cuando se suscita entre bienes jurídicos equivalentes (Vid. STS 664/2018, de 17 de diciembre con cita de STS 836/2010, de 4 de octubre). Pero en el presente caso no existen elementos para entender justificada la acción del acusado porque no se ha practicado ninguna prueba relativa a que la mujer no pudo tener otro cobijo que el de la casa de la madre de él (trasladándose de provincia donde estaba con su hijo en una casa de acogida), pero aun en este supuesto no era preciso que él hubiera convivido en el domicilio de la madre dado que la Sra. Tania manifestó que él le dijo que tenía intención de irse a trabajar a Francia, lo que no hizo; y por lo tanto no se ha demostrado que fuera indispensable la infracción de las medidas cautelares en el hipotético supuesto (no probado) de que la única posibilidad de cobijo para la Sra. Tania y el hijo común fuera la vivienda de la madre de él

Por lo tanto no existió conflicto de bienes jurídicos equivalentes al no existir una necesidad imperiosa que justificara el incumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y prohibición de comunicación respecto de su ex compañera sentimental.

Consecuentemente, del conocimiento de la vigencia de las medidas cautelares y de la voluntaria acción del acercamiento y la comunicación (convivencia con la mujer durante varios meses) se infiere el dolo necesario configurador del delito de quebrantamiento de medida cautelar, por lo que la calificación jurídica de la acción del acusado como constitutiva de un delito continuado del art. 462.2 en relación con el art. 74 CP se ajustó a derecho y debe ser mantenida en la alzada.

TERCERO:Por lo que se refiere al delito continuado de amenazas a la mujeren el domicilio y en presencia de menores del art. 171.4 y 5 en relación con el art. 74 CP.

Se declaró probado que durante los meses de la convivencia el acusado había proferido a la mujer en varias ocasiones expresiones tales como que la iba a matar, que de allí no se movía y que no se iba a llevar a su hijo.

Se practicó igualmente prueba de cargo y la valoración se ajustó a las reglas de la lógica y la experiencia.

En efecto, la Sra. Tania explicó que en esas circunstancias de convivencia, él no se iba a trabajar fuera como le había dicho y no la dejaba sacar a su hijo bajo la amenaza de muerte, siempre le decía que le iba a dar una "hostia".

La juez a quodio plena credibilidad a la declaración de la mujer y tal credibilidad debe ser respetada en la alzada porque si bien el acusado negó haberle dicho que la iba a matar, solo reconoció insultos "al aire", en relación al dia 19 de enero de 2023 la madre del acusado, Sra. Íñigo dijo que, antes no lo había oído, que solo escuchó en la noche del día 19 de enero que su hijo le dijo "te voy a matar". La declaración de la madre respecto del último día pudo tenerse en cuenta como un elemento que reforzaba enormemente la versión ofrecida por la Sra. Tania de amenazas en otros días anteriores porque, se dio la persistencia en la declaración y a través de la inmediación contando con la testifical de la Sra. Íñigo pudo darse credibilidad a todo el relato de la mujer, por lo que la conclusión probatoria recogida en el factumdebe ser mantenida en la alzada; debemos significar que si bien la apelante dice en su recurso que no se dio la persistencia no señala contradicción alguna de la Sra. Tania al respecto.

Por lo tanto, la calificación jurídica de amenazas leves a la mujer del art. 171.4 y 5 CP se ajustó plenamente a derecho al decir el acusado a su pareja en varias ocasiones que la iba a matar, lo que supuso el anuncio de un mal futuro, determinado y posible, si bien por las circunstancias personales y familiares se consideraron leves, pero al proferirse a la mujer que era su pareja culminaron el referido delito menos grave de amenazas a la mujer; siendo ajustada a derecho la apreciación de la continuidad delictiva al haber proferido el acusado expresiones de ese tenor amenazante en mas de una ocasión.

Procede mantener en la alzada la condena por delito continuado de amenazas a la mujer en el domicilio familiar y en presencia de menores.

Por lo que se refiere al delito leve de injurias del art. 173.4 CP ,se declaró probado que el día 19 de enero de 2023 el acusado profirió a su pareja las expresiones tales como "puta de mierda".

Se contó con prueba al respecto pues la denunciante manifestó que ese día él la insultó, lo que no solo no fue negado totalmente por el acusado pues dijo que él empezó a "insultar al aire", sino que fue corroborada por la madre del acusado pues dijo que igual le dijo hija de puta alguna vez.

En consecuencia, se contó con suficiente prueba para considerar probado que el día referido el acusado profirió a su pareja las expresiones recogidas en el factumque se subsumen sin dificultad en el delito leve del art. 173.4 CP.

CUARTO:Por lo que se refiere al delito de maltrato a la mujer del art. 153.1 y 3 CP (en domicilio común y en presencia del hijo menor de edad).

Se discrepa en general de la valoración de la prueba y también de la calificación jurídica puesto que la apelante sostiene que no se puede hablar de un manifestacion del mas fuerte contra el mas débil ni de dominacion, que fue una discusión puntual y no le dejó a la mujer ninguna marca en la pierna.

En cuanto a la acción se contó con prueba de cargo por cuanto la Sra. Tania refirió que el día 19 de enero estaba con las piernas estiradas en el sofá, que él la insultaba y en un momento dado él le cerró el sofá cama y se quedó atrapada dentro con el niño y una pierna fuera, que la madre le intentaba calmar, que le apretó el sofá encima de la espinilla, el niño llora y temblaba , luego vinieron los MM.EE.

Esa versión no fue desmentida totalmente por el acusado puesto que dijo ella salía de la cama, que cree que la atrapó pero fue por no fijarse.

Ambos coincidieron en que su hermana (la de él) llamó a la policía, lo que hubiera sido ilógico si los hechos se hubieran producido de la forma accidental referida por el acusado, reforzando esa llamada la versión ofrecida por la Sra. Tania, manifestando los agentes que acudieron al lugar que la mujer y el niño estaban asustados y temblando.

Por lo tanto, consideramos que la credibilidad que la juez a quootorgó a la Sra. Tania fue plenamente razonable, por lo que no se dio el error valorativo de la prueba alegado en el escrito de recurso.

La acción descrita en el factumculminó el delito de malos tratos a la mujer del art. 153.1 y 3 CP

En efecto, en el referido artículo se recoge tanto la conducta agresiva que produce lesiones leve como la de maltrato obra, que es el tipo en el que debe subsumirse los hechos probados al no sufrir la Sra. Tania lesión alguna, porque no existe duda de que la acción de doblar o cerrar un sofá cama cuando la mujer se encontraba estirada en el mismo supuso una clara acción contra su integridad física aunque no le causara lesiones.

Para la culminación del delito no se precisa la concurrencia o acreditación del ánimo de dominación por cuanto en la actualidad debemos estar al criterio interpretativo de la STS Pleno 677/2018 en la que se dice que "El factum solo deberá reflejar un golpe o maltrato sin causar lesión para integrar la tipicidad y llevar a cabo el proceso de subsunción, sin mayores aditamentos probatorios..";pues el art. 153 CP solo exige que entre los sujetos exista la relación fijada de forma objetiva y que el acto objetivo integrante del tipo sea golpear o maltratar.

Consecuentemente, cuando entre los sujetos se de la relación prevista por el tipo y el hombre agreda a la mujer causándole lesiones leves o sin causarle lesión, la conducta antijurídica debe subsumirse en todo caso en el art. 153.1 CP.

Por todo ello, la condena por el delito del art 153.1 y 3 CP se ajustó a derecho y debe ser mantenida en la alzada.

QUINTO:Como motivo subsidiario del recurso se invoca que no se ha apreciado ninguna atenuante de la solicitadas y que debería apreciarse la atenuante del art. 21.6 CP como muy cualificada porque el acusado había bebido alcohol el día 19 de enero de 2023.

No se ajusta exactamente a la realidad lo que alega la parte apelante, porque si bien es cierto que en el factumno se recogió ningún elemento relativo a la adicción al alcohol o la ingesta alcohólica del acusado el día 19 de enero de 2023, en el FJ8 de la sentencia apelada la juez de instancia valoró la prueba practicada al respecto y concluyó que daba mayor valor a la pericial médico forense, frente a la testifical de Artemio (así se recoge para referirse a Artemio), por lo que consideró que no existía dependencia, sino un patrón de consumo mas habitual, un consumo repetido con la finalidad de emborracharse y que cuando se produce la ingesta es cuando se afecta la capacidad de autocontrol.

Con base a esa conclusión probatoria la juez excluyó la eximente del art. 20.2 CP y consideró que era de apreciación la atenuante del art. 21.2 CP con carácter simple, al no estar probada la total afectación de las capacidades del acusado, solo para los delitos cometidos exclusivamente el día 19 de enero, es decir las injurias y el maltrato de obra.

Debemos respetar esa conclusión probatoria y la apreciación tan solo en los delitos referidos que es cuando todos los testigos coincidieron que el acusado había ingerido alcohol. No siendo procedente su apreciación ni al delito continuado de quebrantamiento ni al delito continuado de amenazas, puesto que si bien el día 19 de enero también dijo a la mujer que la iba a matar, no se ha probado que en las anteriores ocasiones en que le profirió expresiones amenazantes hubiera ingerido alcohol.

La apelante solicita la apreciación de la atenuante como muy cualificada (no se refiere a la del art. 21.2, sino a la del art. 21.6 CP que consideramos que fue por error al tratarse actualmente de la atenuante de dilaciones indebidas), pero no existen claros elementos para ello, sobre todo atendiendo al resultado de la pericial médico forense antes expuestas, que mas bien concluyó que lo que se daba era un patrón de consumo habitual.

Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos que se practicó prueba suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia del acusado y no existe ninguna razón para llegar a convicción probatoria distinta de aquella a la que llegó la juez que tuvo la inmediación al presidir el juicio oral y que realizó una valoración de la prueba practicada de forma ajustada a las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que debemos mantener el factumde la sentencia apelada. Manteniendo igualmente la calificación jurídica de los hechos por ser ajustada a derecho por todas las razones que hemos expuesto,

La situación actual del acusado en relación a su tratamiento de deshabituación de alcohol (posteriormente a los hechos) y a su vida laboral en nada afectan a la resolución del recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal por cuanto nuestra función en la alzada es revisora y de control; sin perjuicio de las peticiones que con base a esas circunstancias personales pudiera realizar la parte en la fase de ejecución de sentencia.

Procede desestimar el recurso de apelación y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEXTO:Se declaran de oficio las costas procesales que se hayan podido devengar en esta alzada.

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de S.M. el Rey,