Sentencia Penal 250/2025 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 20, Rec. 297/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO :El Juzgado de lo Penal dictó sentencia por la que se absolvió al acusado del delito continuado de amenazas a la mujer y se le condenó como autor de un delito leve de injurias.

Contra la referida sentencia interponen recurso tanto la representación de la acusación particular, como la del acusado, adhiriéndose parcialmente el Mº Fiscal al recurso de la acusación particular.

Para la mejor sistemática de la presente resolución vamos a resolver en primer lugar el recurso interpuesto por el acusado, aunque también en el recurso de la acusación particular se hace referencia al delito leve de injurias en su vertiente penológica.

SEGUNDO: RECURSO DE Santos

Se declaró probado que a partir de las 19:47 horas del día 25 de julio de 2022 el acusado mandó a su esposa un mensaje por whatsapp en el que le decía "infeliz desde que te conocí, falsa putona"; el juez consideró que llamar a la ex esposa "putona" culminó el delito leve de injurias del art. 173.4 CP.

La representación del acusado interpone recurso de apelación y alega que no se da elemento objetivo del tipo porque no ha quedado probado que el acusado mandara ese concreto mensaje porque no consta en la diligencia de volcado de los mensajes que se llevó a cabo el día 5 de agosto de 2022; añade que tampoco se dio elemento subjetivo porque la propia denunciante dijo en el juicio que no recordaba los mensajes y que le había bloqueado.

La negación del elemento objetivo, es decir la remisión del mensaje, implica que la parte considera que el juez de instancia infringió el derecho a la presunción de inocencia al declarar probado un hechos sin soporte probatorio alguno.

Y lo cierto es que la alegación de la parte recurrente no se ajusta a la realidad porque examinado todo el contenido de la diligencia de volcado practicada por el LAJ del Juzgado instructor el día 5 de agosto de 2022 consta que en el teléfono de la mujer denunciante existía un mensaje remitido por "Padre de mis hijos" a las 19:47:29 del día 25 de julio de 2022 con el contenido "infeliz desde que te conocí falsa putona" (folio 66 vuelto).

Partiendo de ese contenido y de que el acusado reconoció en el juicio oral la remisión de los mensajes obrantes en la diligencia de volcado, el juez de instancia consideró probado que el acusado remitió a su ex esposa el mensaje referido.

En consecuencia, se practicó prueba de cargo suficiente para llegar a la convicción que al respecto se recoge en el factum,por lo que no hay duda de la concurrencia del elemento objetivo del tipo del delito leve por el que fue condenado el acusado.

Se dice en el recurso que no concurre tampoco el elemento subjetivo del tipo porque el acusado no tenía ánimo de insultar a la Sra. Beatriz.

En ocasiones se produce confusión entre el tipo de vejaciones injustas y el tipo de injurias. Y aunque ambos tipos (delito leve) están recogidos en el art. 173.4 CP cuando el ofendido sea una de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP, el bien jurídico protegido tiene matices distintos, por cuanto en las injurias se centra mas en el honor y en las vejaciones injustas en la dignidad de la persona.

En este caso el ahora recurrente envió a su ex esposa el mensaje antes referido, concretamente la llamó "putona", y el juez de instancia extrajo de la propia palabra utilizada el ánimo de atacar la dignidad de la mujer, aunque calificó el hecho como delito leve de injurias y no cómo delito leve de vejaciones injustas.

Aun en la hipótesis de que tales expresiones se hubieran proferido en un marco de tensión familiar derivado de la sentencia de divorcio recaída días antes (atribución guarda y custodia del hijo menor a la madre y la fijación de una pensión de alimentos que debía abonar el padre) y situándonos en el plano de las injurias, pues esa fue la calificación que se hizo en la sentencia apelada, debemos significar que tras la entrada en vigor del vigente C.P. de 1995 y atendiendo a la redacción del art. 208 del C.P. sigue siendo mayoritario el criterio que considera que el delito requiere de un elemento subjetivo del injusto concretado en el animus iniuriandi,aunque algún sector doctrinal sostiene que el tipo de injurias no precisa de un elemento subjetivo específico.

Como todo elemento interno el referido ánimo debe inferirse del comportamiento y manifestaciones del autor, siendo el sentido gramatical de determinados vocablos o expresiones tan claramente insultante o hiriente que el ánimo específico se encuentra ínsito en ellos, por lo que aquel ánimo de injuriar se desprende de su simple manifestación.

Y ello es aplicable a la palabra proferida por el acusado mediante mensaje remitido a su ex esposa, al ser tal expresión objetivamente deshonrosa por su significado literal, pues no puede entenderse de otro modo llamar a una mujer "putona". Carece de trascendencia que el aquí apelante estuviera disgustado o estresado por la situación familiar derivada de la sentencia de divorcio, dado que nada autoriza para proferir expresiones de claro corte ofensivo a la ex esposa.

Consecuentemente, la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo de injurias del art. 173.4 CP se ajustó a derecho y deben ser mantenida en la alzada.

El recurso de apelación debe ser desestimado.

TERCERO: RECURSO DE Beatriz (al que se adhirió el Mº Fiscal)

La acusación particular invoca varios motivos del recurso y comenzaremos por el análisis de la impugnación de la absolución del acusado por el delito continuado de amenazas a la mujer por el que se formuló acusación.

Si bien la apelante invoca como motivo "error en la valoración" de la prueba, no discrepa del contenido del factumsino de la conclusión vertida en la sentencia relativa a que por su contenido los mensajes no culminaron el delito de amenazas.

Es mas específico el Mº Fiscal en su escrito de adhesión al recurso de apelación pues invoca que, sin modificación de los hechos probados, las expresiones que se contienen como proferidas por el acusado a su ex esposa, por su contexto, son constitutivas de infracción penal.

En definitiva consideramos que ambas partes acusadoras discrepan de la sentencia absolutoria por delito continuado de amenazas invocando como motivo del recurso "infracción de ley".

Se declara probado que el día 25 de julio de 2022 el acusado entre las 19:22 y las 19:24 horas remitió a su hija por Whatsapp los siguientes mensajes a sabiendas que se los haría llegar a su madre:

La ruina está la bandeja de la cárcel, se como se coje

Pero pagará caro lo que ha hecho ella y el gey

Te lo juro de lo mas que me quedé de vida

Eso lo quería ella y las putones de sus amigas

Ulvida el tema

Y que a las 19:42 horas del mismo días remitió a su ex esposa lo mensajes:

Te costará caro lo que me han hecho

No quiero escuchar tu voz, falsa familia.

El juez de instancia argumentó que el acusado manifestó que no la amenazó y que no hay una expresión clara de anuncio de un mal determinado, que tales expresiones no culminaron el delito de amenazas a la mujer porque admiten otras posibilidades como referirse a un tema económico en el conflicto en el que se encontraban las partes por el divorcio; y concluye que las expresiones son inconcretas, genéricas y proferidas en una situación de enfrentamiento como motivo del divorcio y existencia de un hijo común y carece de relevancia penal.

Por las razones que se dirán no podemos compartir esa valoración de las expresiones declaradas probadas.

En primer lugar, teniendo en cuenta que gran parte de las expresiones que consideramos con carga amenazante se profirieron a la hija de la pareja, se recoge en el factumque el acusado profirió las repetidas expresiones a su hija, a sabiendas de que las haría llegar a la madre. Partiendo de ese hecho probado debemos dejar sentado que, siguiendo la mas reciente Jurisprudencia del TS, es posible la comisión de un delito de amenazas indirectas a la mujer a través de terceros.

En efecto, las amenazas exigen una relación entre el emisor y el destinatario que se consumarán cuando las expresiones proferidas vaya dirigidas a perturbar la seguridad de una persona lo consigan o no. Tal relación puede ser directa (personal) o través de un medio que asegure su recepción por el sujeto pasivo por manifestarse a personas del entorno familiar o cercanas al sujeto pasivo, pues lo relevante es que el mensaje llegue a aquel con toda su fuerza intimidatoria, siempre que el autor sepa que las expresiones de contenido amenazante van a llegar con seguridad a la mujer o bien cuando el autor se represente o deba representarse tal posibilidad atendiendo a las circunstancias concurrentes y la acepta o muestra indiferencia. (Vid. por todas STS 179/23, de 14 de marzo).

Sentado lo anterior, es la reiterada Jurisprudencia, por todas STS 909/2016, de 30 de noviembre, que declara que el delito de amenazas tipificados en los arts. 169 a 171 del C.P. "se comete por el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo ( STS. 593/2003 de 16.4 ), siendo el bien jurídico protegido la libertad y la seguridad, es decir "el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida" ( STS. 832/98 de 17.6 )".

Añade la misma sentencia que "Los elementos constitutivos del delito son: 1º) una conducta del agente integrada por expresiones o actos idóneos para violentar el ánimo del sujeto pasivo, intimidándole con la comunicación de un mal injusto, determinado y posible, de realización más o menos inmediata, que depende exclusivamente de la voluntad del sujeto activo; 2º) es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, y no de verdadera lesión, de tal suerte que si ésta se produce actuará como complemento del tipo; 3º) que la expresión de dicho propósito por parte del agente sea serio, firme y creíble, atendiendo a las circunstancias concurrentes; 4º) que estas mismas circunstancias, subjetivas y objetivas, doten a la conducta de la entidad suficiente como para merecer una contundente repulsa social, que fundamente razonablemente el juicio de la antijuricidad de la acción y la calificación como delictiva".(en similar sentido, entre otras muchas, STS 292/2012, de 11 de abril).

El delito del art. 171.4 del C.P. (amenazas a la mujer que es o fue la esposa del autor o que está o estuvo unida a él por análoga relación de afectividad) tiene la misma estructura típica que los delitos de los arts. 169 y 170 de C.P., diferenciándose tan solo por la gravedad que ha de valorarse atendiendo a variados factores debido a que el delito de amenazas, en palabras del TS, "es uno de los que mayor relativismo presenta",por lo que debe que tenerse en cuenta la ocasión en que se profieren, los actos anteriores, simultáneos e incluso posteriores.

Por lo que se refiere al mal anunciado, para que sea típico se precisa que sea futuro, mas o menos inmediato, injusto, determinado, posible y dependiente de la voluntad del sujeto activo y en el caso de amenazas no condicionales "el dolo resulta del propio tenor de las frases utilizadas y de la forma y momento en que son proferidos en el ámbito de las relaciones entre autor y víctima, que los hechos probados reflejan( STS 909/2016, con cita de SSTS. 57/2000 de 27.1 y 359/2004 de 18.3)-

En términos generales, el mal anunciado para que sea relevante debe ser concreto y preciso, quedando en principio fuera del tipo las expresiones vagas y equívocas, aunque en algunos supuestos concretos puede tomarse en consideración el contexto específico porque al ser un tipo eminentemente circunstancial "la valoración jurídica de la acción desarrollada debe analizarse desde las expresiones proferidas, las acciones ejercidas, el contexto en el que se vierten, la condiciones del sujeto pasivo y activo y cuantas circunstancias contribuyan a la valoración contextual del hecho"( STS 1060/2001, de 1 de junio), lo que ha llevado a considerar como amenazas a expresiones vagas e imprecisas valorando un contexto acreditado de agresividad del hombre a la mujer (actos de violencia de género anteriores).

En el presente caso, no constan antecedentes por violencia de género (aunque la mujer dijo en el juicio que él era un maltratador), pero consideramos que concretamente la expresión que "La ruina está la bandeja de la cárcel se como se coje"no es tan vaga como se considera en la sentencia apelada dado que en si misma es anunciadora de un mal, pues si el acusado lo que quiere decir en realidad es que no le importaría ir a la cárcel es porque podría cometer un delito contra su ex esposa, sobre todo cuando a continuación dice "pero pagará muy caro lo que ha hecho ella y el gey" "te lo juro de lo mas que me quede de vida";y si a ello se une que a los pocos minutos remite un mensaje directamente a la ex esposa diciéndole "te costará caro lo que me han hecho",solo puede entenderse que todo ese conjunto de mensajes remitidos en pocos minutos estaban anunciando la causación de un mal a la mujer con la finalidad dirigida a inferir temor y angustia a su destinataria, lo que supuso un atentando contra su libertad.

Las dos acusaciones consideraron que las amenazas fueron leves pero al ser dirigidas a la ex esposa formularon acusación por el delito menos grave del art. 171.4 CP. Al calificar ambas acusaciones las amenazas como leves, nada tenemos que argumentar al respecto, debiendo considerarlas de la misma forma por estricta aplicación del principio acusatorio.

En definitiva los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de amenazas leves a la mujer del art. 171.4 CP.

No apreciamos la continuidad delictiva porque, aunque fueron varios los mensajes remitidos con las expresiones amenazantes, se dio la unidad de acción puesto que las expresiones dirigidas a la ex esposa se llevaron a cabo en un estrecho marco temporal que abarca desde las 19:22 a las 19:42 horas del día de autos y si bien los primeros mensajes se remitieron a la hija común, todos los mensajes iba dirigidos a amedrentar a la ex esposa, pues el acusado sabía que la hija los haría llegar a la madre.

Debemos recordar que existe unidad de acción en todos aquellos supuestos en los que exista una unidad de propósito y una conexión espacio-temporal que evidencia la existencia de un único acto de voluntad, sobre todo si se tiene en cuenta que la ley penal no atiende estrictamente a la naturalidad de las acciones, sino a sus componentes jurídicos (Vid. por todas STS 909/2016, de 30 de noviembre).

Del referido delito es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado, no concurriendo circunstancias, por lo que le imponemos la pena de 31 días de TBC.

El delito del art 171.4 CP está castigado con pena de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad y debemos optar en la alzada por la menos gravosa, como es la de TBC.

La falta de consentimiento del acusado no puede llevar a la aplicación rigurosa del art. 49 del CP con el consiguiente efecto de imponerle preceptivamente una pena de prisión. Y ello lleva a barajar la posibilidad de imponer la pena de trabajos en beneficio de la comunidad posponiendo el consentimiento para el trámite de ejecución de sentencia, con la previsión alternativa de una pena de prisión para el caso de que el consentimiento no se produjera.

No ignoramos que a propósito de la interpretación del art. 49 CP existe un criterio muy extendido que considera que el consentimiento debe preceder a la imposición de la pena en la sentencia.

Sin embargo, en esta Sección desde hace tiempo venimos sosteniendo que la posposición del consentimiento para el trámite de ejecución de sentencia no es contraria a la letra de la norma, puesto que en el art. 49 CP no se utiliza la palabra "acusado", sino la de "penado" que es una cualidad que solo puede tenerse tras el dictado de la sentencia condenatoria, por lo que puede interpretarse que el verbo "imponer" que contiene el citado artículo no se refiere estrictamente a la pena efectiva que se determina en la sentencia, sino a la concreta realización o ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad. Por ello, no vemos obstáculo para que en supuestos como el presente se posponga el consentimiento para el trámite de ejecución de sentencia porque, en definitiva, lo que el legislador pretende es que nadie se vea sometido a la prestación de unos trabajos obligados sin su consentimiento.

En la actualidad las divergencias interpretativas al respecto están zanjadas por la STS 653/2019, de 8 de enero de 2020 que textualmente declara "El Código Penal no establece el momento en que deba prestarse el consentimiento preciso para la ejecución de la pena de trabajos a beneficio de la comunidad. La interpretación del artículo 49 obliga a tener en cuenta, de una parte, que antes de su ejecución debe disponerse del asentimiento del condenado. De otra, que es posible que quien es acusado no esté en condiciones de resolver un asentimiento a la pena que se presenta cuando todavía no ha sido condenado. Parece prudente considerar que el momento hábil para la prestación del consentimiento puede ser cualquiera anterior a la definitiva resolución del objeto del proceso, o a su ejecución ( STS 325/2019 )....el órgano de enjuiciamiento debe optar por la pena que opte entre las alternativas previstas en la ley, debiendo motivar en la fundamentación correspondiente las razones de la opción realizada e incorporarla al fallo de la sentencia. Ahora bien, en el caso de que la opción realizada sea la de trabajos en beneficio de la comunidad deberá obtener, antes de la ejecución, el consentimiento del condenado, y si éste no se obtuviera, ha de imponer, como subsidiaria, la pena alternativa. De esta manera se satisface la previsión legislativa, concretando la pena que se impone, y al estar sujeta la pena de trabajos en beneficio de la comunidad al consentimiento del condenado, su ausencia determina la otra pena alternativa".

Consecuentemente, debemos decantarnos en la alzada por la pena menos gravosa de trabajos en beneficio de la comunidad; por lo que al no concurrir circunstancias modificativa de la responsabilidad penal procede imponer al acusado la pena trabajos en beneficio de la comunidad que individualizamos en 31 días y la privación del derecho a la tenencia y porte armas por tiempo de 1 año y 1 día (límite mínimo).

Para el caso de que el condenado no preste el consentimiento deberá cumplir la pena de prisión de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ese tiempo, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 1 día.

Por aplicación del art. 57.2 CP procede imponer al acusado la preceptiva pena accesoria de prohibición de aproximación a menos de 500 metros a Beatriz, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentre por tiempo de 1 año y 6 meses; también procede imponerle la pena accesoria de prohibición de comunicación con la mujer por el mismo tiempo, al considerarla necesaria para su íntegra protección atendida la condena por delito de amenazas a través de mensajes.

El motivo debe ser estimado.

CUARTO:La acusación particular también discrepa de que por el delito leve de injuriasse haya impuesto al acusado la pena mínima y también solicita que se le imponga por este delito las penas accesorias de prohibición de aproximación y comunicación por tiempo de un año.

El motivo no puede prosperar al ser la pena impuesta en la sentencia por el referido delito leve la prevista legalmente (localización permanente) correspondiendo la individualización al juez de instancia, siendo por ello ajustada la imposición en el límite mínimo.

Por otra parte, las penas accesorias pretendidas por este delito, dejando al margen que en ningún caso podrían superar los 6 meses, no son penas preceptivas a tenor de lo dispuesto en el art. 57.3 CP, siendo ajustado el razonamiento vertido en la sentencia para su no imposición.

El motivo debe ser desestimado.

Debemos precisar que aunque en el cuerpo del escrito de recurso se hace referencia a la no inclusión en las costas procesales las devengadas por la actuación de la acusación particular, alegando que se dice en la sentencia que no se solicitaron cuando ello no es cierto porque fueron solicitadas tanto por el Mº Fiscal como por la acusación particular (se pidieron costas si concretar), en el suplico del escrito no se efectúa ninguna petición relativa a las costas,por lo que solo podemos considerar las referidas alegaciones como simples manifestaciones que se realizan al hilo de un motivo bajo el rótulo "error en la valoración de la prueba", sin ser soporte de motivo específico del recurso ni de una solicitud concreta al respecto.

No podemos considerar tal manifestación como un motivo del recurso a falta de una petición concreta de la inclusión en la partida de costas de las devengadas por la acusación particular.

Por todo lo anterior procede estimar parcialmente el recurso de apelación, al que se adhirió parcialmente el Mº Fiscal, con la consiguiente revocación parcial de la sentencia apelada en los términos expuestos.

QUINTO:Al condenar en la alzada al acusado como autor de un delito de amenazas a la mujer y habiéndosele condenado en la instancia por el delito leve de injurias que mantenemos, procede la condena del acusado al pago de la totalidad de las costas procesales.

Se declaran de oficio las costas procesales que se hayan podido devengar en esta segunda instancia

Vistos los anteriores argumentos, artículos citados y demás de general aplicación, por el poder que la Constitución y la Ley nos confiere y en nombre de S.M. el Rey