Sentencia Penal 327/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 21, Rec. 62/2024 de 24 de octubre del 2024

PRIMERO.-El recurso interpuesto por la defensa de Onesimo se funda en la indebida admisión, práctica y valoración de la intervención de los agentes Mossos dŽEsquadra TIP número NUM003 y NUM004 como peritos ya que no emitieron ningún informe pericial de reconstrucción del accidente; en el quebrantamiento de normas procesales y vulneración del derecho de defensa al haber declarado la testigo esencial de los hechos, la Sra. Flora, por videoconferencia, circunstancia que no fue comunicada a la defensa con carácter previo al juicio oral y que le ocasionó indefensión; alega indefensión causada como consecuencia de que su representado no fue informado ni imputado de un delito de lesiones por imprudencia siendo dicha acusación improcedente; existencia de error en la valoración de la prueba, por cuanto no existe prueba de cargo suficiente para condenarle por los delitos de homicidio por imprudencia grave, conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas tóxicas y por el delito de abandono del lugar del accidente; y finalmente alega la indebida inaplicación de las circunstancias modificativas alegadas de confesión, de reparación del daño, de dilaciones indebidas y la eximente incompleta o atenuante analógica de encontrase bajo los efectos de las drogas en relación al delito de abandono de lugar. Por lo que interesaba la estimación del recurso de apelación, la declaración de nulidad del juicio oral celebrado los días 7 y 21 de febrero de 2024, y subsidiariamente, la revocación de la sentencia impugnada y el dictado de otra por la que se absuelva al Sr. Onesimo de los delitos por los que viene siendo acusado o subsidiariamente que se revoque la sentencia en cuanto a los pronunciamientos referentes a las atenuantes interesadas y dicte otra en la que se aprecien las mismas y de conformidad con el art. 66.1.2 del CP se rebaje la pena en dos grados.

Frente a ello se opone el Ministerio Fiscal por entender que los agentes NUM003 y NUM004 realizaron una valoración técnico policial del accidente que se encontraba dentro del propio atestado en el que recogen las diligencias practicadas, la medición de distancias, las huellas de frenada, la posición de vehículos,el estudio de la zona, etc, y concluyen, tras el estudio previo de las mismas, las causas del siniestro, por lo que al tratarse de un informe técnico la declaración de los citados agentes debía realizarse en la doble condición de testigos-peritos, sin que este hecho ocasionara ninguna indefensión a la defensa toda vez que era conocido el informe por dicha parte, y que lo pudo debatir en el plenario mediante la aportación de un perito, pudiendo plantear y exponer de manera conjunta sus respectivas tesis. En segundo lugar, alega que la declaración por videoconferencia de la testigo Flora no causa ninguna indefensión al acusado y además es una opción prevista en el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre que contempla este mecanismo como preferente. En tercer lugar, alega que el acusado estuvo informado en todo momento de que también se le acusaba de las lesiones causadas a la Sra. Marí Juana, tal como es de ver en la instrucción, en el auto de acomodación a los trámites del procedimiento abreviado y en los escritos de acusación. En cuarto lugar, alega que en cuanto a la valoración de la prueba la misma ha sido valorada de manera racional y lógica, sin que pueda ahora pretenderse una valoración conforme a sus intereses. En quinto lugar, y en cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, alega que no cabe la confesión porque su versión o reconocimiento está muy alejado de los términos de la acusación, no reconoce que se adentrara de forma sorpresiva en la vía, ni que no realizara correctamente el ceda el paso, ni que hubiera consumido drogas ni que hubiera abandonado el lugar del accidente y tampoco considera que proceda el resto de circunstancias atenuantes, ni la reparación del daño ni las dilaciones, por los términos recogidos en la sentencia, ni tampoco la eximente completa o muy cualificada de estar bajo los efectos de las drogas en el delito de abandono del lugar, al no haber quedado determinada la incidencia de la cocaína en su capacidad de decisión y comprensión como para anular o alterar de forma grave y profunda la misma, interesando en consecuencia la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-En sentencia del T.S, de fecha 5 de febrero de 2019 se pone de manifiesto que "tal y como se ha explicitado también en numerosas resoluciones de la misma Sala (SSTS 1126/2006, de 15 de diciembre; 742/2007, de 26 de septiembre o 52/2008, de 5 de febrero ), la labor que corresponde al tribunal de apelación en la encomienda de supervisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador de instancia, cuando se alega ante él la infracción del derecho a la presunción de inocencia, no consiste en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador a quo, porque solo a éste corresponde esa función valorativa, sino verificar que, efectivamente, el tribunal de instancia contó con suficiente prueba de signo acusatorio. Una verificación que entraña que la prueba de cargo se haya obtenido sin violar derechos o libertades fundamentales, así como que su práctica responda al procedimiento y supuestos para los que fue legalmente prevista, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso fundamental de su raciocinio ( STS 1125/01, de 12 de julio) y que ese razonamiento de la convicción obedece a los criterios lógicos y razonables que permiten corroborar las tesis acusatorias sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, sustentando de este modo el fallo de condena.

Es cierto que la inserción del elemento de la razonabilidad dentro del contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, genera un espacio en el que se entremezcla con el derecho a la tutela judicial efectiva. En todo caso, el control por parte del tribunal de apelación de la coherencia del juicio probatorio del tribunal a quo, particularmente cuando lo que se invoca es un quebranto del derecho a la presunción de inocencia, no pasa por exigir un juicio valorativo en el que se detallen todas las pruebas que se han tenido en cuenta, sino que el tribunal de instancia fije con claridad cuáles son las razones que ha contemplado el tribunal para declarar probados los aspectos fundamentales de los hechos -muy especialmente cuando hayan sido controvertidos-, tanto porque permite al justiciable, y a la sociedad en general, conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, o la corrección técnica de la decisión dada por el tribunal, cuanto porque facilita el examen de la lógica y racionalidad de sus conclusiones fácticas".

La doctrina jurisprudencial, anteriormente expuesta, impiden al Tribunal de apelación efectuar una valoración distinta de las declaraciones de los implicados y testigos, salvo en los casos de manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba.

Por tanto, la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano "ad quem" no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero).

TERCERO.-Por lo que si entramos a analizar el caso de autos, debe señalarse que la defensa del acusado impugna la sentencia dictada por las siguientes razones o argumentos que pasamos a valorar:

1) Nulidad del juicio oral por indebida admisión, práctica y valoración de la intervención de los agentes Mossos dŽEsquadra con TIP número NUM003 y NUM004 como peritos ya que no emitieron ningún informe pericial de reconstrucción del accidente, lo que vulneraba su derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Cierto es que el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que "los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice".

Pero debe señalarse que las Sentencias del Tribunal Constitucional 107/83 de 29 de noviembre, 201/89 de 30 de noviembre, 138/92 de 13 de octubre, 303/93 de 25 de octubre, 157/95 de 6 de noviembre y 188/02 de 14 de octubre "admiten como una prueba válida para precisar los detalles de la forma en que se producen los accidentes de circulación los croquis confeccionados por la Guardia Civil, siempre que sean objeto de examen y contradicción en el juicio oral. Es necesario distinguir en el contenido de los atestados lo que constituye una mera opinión o informe y las declaraciones de los testigos o imputados, de los dictámenes o informes emitidos por gabinetes policiales y las diligencias objetivas y de resultado incontestable, cuyo valor es el de verdaderas pruebas y, como tales, sometidas a la libre valoración del órgano judicial cuando se introdujeron en el juicio oral como prueba documental ( Sentencias del Tribunal Constitucional 55/93 de 15 de febrero y 188/02 de 14 de octubre )."

Por tanto, teniendo en cuenta que los agentes de Mossos dŽEsquadra con carnet profesional NUM003 y NUM004 realizaron una valoración técnico policial del accidente, que se encontraba dentro del propio atestado en el que se recoge la diligencia de inspección ocular, las diligencias practicadas, la medición de distancias, huellas de frenada, posición de vehículos, estudio de la zona, etc, y concluyen, tras el estudio previo de las mismas, las causas del siniestro, debe entenderse que se trababa de un informe técnico y como consecuencia de ello los citados agentes debían declarar en la doble condición de testigos-peritos, sin que este hecho ocasionara ninguna indefensión a la defensa toda vez que era conocido el informe por dicha parte, y que lo pudo debatir en el plenario mediante la aportación de un perito, pudiendo plantear y exponer de manera conjunta y contradictoria sus respectivas tesis.

Por lo que teniendo en cuenta que dichos agentes tenían encomendado, entre sus funciones, la determinación de las causas del accidente y la toma de los elementos de prueba necesarios para llegar a unas conclusiones, su declaración se admitió correctamente como testigos-peritos, tal como interesaba la acusación particular en su escrito de conclusiones provisionales e interesó el Ministerio Fiscal en la vista, y es que tal como dispone el Tribunal Supremo (Sala 1ª) en sentencia de fecha 22.10.2014 "El testigo-perito, al igual que el testigo ordinario, no es sustituible, pues es la persona que ha percibido el hecho, sólo que además, en el caso del testigo-perito, puede valorarlo desde un punto de vista científico, técnico, artístico o práctico porque posee conocimientos de esta naturaleza, mientras que el perito puede ser sustituido por otro, pues carece de esa relación previa con los hechos objeto del litigio".

De ahí, que debía considerarse correcta la declaración en el juicio de los citados agentes como testigos-peritos, al haber tenido relación previa con los hechos, al haber acudido personalmente al lugar del siniestro y haber realizado la inspección ocular del lugar de los hechos, examinado los restos, huellas y vestigios del accidente, y al tratarse de funcionarios públicos que poseían conocimientos científicos, técnicos y prácticos fueron quienes valoraron el originen y causas del accidente y emitieron la correspondiente diligencia de valoración técnico policial del accidente.

2) Nulidad del juicio oral por quebrantamiento de las garantías procesales y vulneración del derecho de defensa al haber declarado la testigo esencial de los hechos, la Sra. Flora, por videoconferencia, circunstancia que no fue comunicada a la defensa con carácter previo al juicio oral y que le ocasionó indefensión. Dicha pretensión también debe ser desestimada.

En primer lugar, y tras el visionado de la vista, debe señalarse que en ningún momento la letrada de la defensa, tras conocer que la citada testigo declaraba por videoconferencia (aproximadamente en el minuto 10.57), se opuso a ello alegando una posible indefensión al necesitar exhibirle fotografías que obraban en el procedimiento y además consta en la causa que fue la propia testigo quien remitió un correo electrónico en el que interesaba su declaración de manera telemática como consecuencia de que estaba embarazada y en la fecha señalada para el juicio ella salía de cuentas, por lo que estaba más que justificado el hecho de que no asistiera personalmente al juicio.

Pero es que, además, tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 6/2023 de 19 de diciembre, los testigos han de declarar de manera habitual y preferente por videoconferencia (artículo 137 bis), sin que dicha regulación condicione su pertinencia a que las partes que propusieron el testigo lo acepten, por lo que ninguna infracción procesal se ha producido, y menos aún indefensión, y es que si bien sostiene la defensa que no se le pudo mostrar a la testigo el mapa del lugar del accidente, lo cierto es que tras el visionado de Arconte se ha podido comprobar que la testigo declaró "que en el ceda había una parte de cebrado en la parte izquierda, pero no recordaba que hubiera unas balizas reflectantes, que ella nunca ha visto en ese ceda unas balizas", ante lo cual la letrada pretendía que se le exhibiera la fotografía número 3 obrante al folio 45, en la que constan dos balizas en la parte izquierda trasera del ceda, ubicadas en una zona de cebrado.

Ahora bien, que la testigo recordara o no la existencia de esas balizas en el punto que consta en la fotografía número 3 obrante al folio 45 carece de trascendencia, y a lo sumo, de haber comparecido personalmente, se le hubieran exhibido las fotografías, no impugnadas por ninguna parte, sin que ese extremo cambiara en nada su declaración, toda vez que el testimonio de la citada testigo es que ella no las recordaba, sin que este hecho pueda amparar a la defensa para pretender una nulidad del juicio por haber declarado por webex, sistema que garantizaba en todo momento el principio de contradicción y de igualdad de armas.

3) Vulneración del derecho del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio acusatoriocomo consecuencia de que su representado no fue informado ni imputado de un delito de lesiones por imprudencia ni el delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes, siendo dicha acusación improcedente.

La defensa entiende infringido el art. 779.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que "Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775",y por su remisión, también, el art. 775 de la Lecrim señala que el juez informará al investigado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan y previamente, el Letrado de la Administración de Justicia, le informará de sus derechos, en particular de los enumerados en el apartado 1 del artículo 118, y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre y cuando del resultado de las diligencias se produzca algún cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados, el Juez informará con prontitud de ello al investigado.

Por tanto, el auto de acomodación a Procedimiento Abreviado constituye solamente la expresión de un juicio de inculpación formal efectuado por el Juez de Instrucción, exteriorizador de un juicio de probabilidad de una posible responsabilidad penal" por lo que su finalidad "no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Fiscal o las acusaciones, anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que ésta pueda verificarse, así como para expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia" ( STS de 2 de julio de 1999). Pone fin a la instrucción y delimita los hechos que pueden ser objeto de acusación: opera como un filtro de la tipicidad o atipicidad objetiva de las conductas que se investigan, y debe dictarse siempre y cuando los hechos investigados sean susceptibles de integrar indiciariamente la parte objetiva del tipo penal de que se trate, sin que sea precisa la indiciaria acreditación de que cumplen el tipo subjetivo toda vez que la duda sobre el dolo debe comportar la apertura de Juicio Oral si las acusaciones solicitaren su apertura.

Por tanto, en todo momento se habla de hechos y no de calificación jurídica de esos hechos. Al folio 221 de la causa y siguientes, consta que se le informa de los hechos objeto de imputación de forma clara, sencilla y exenta de terminología jurídica, aunque luego se indica que esos hechos son la comisión de un delito de homicidio imprudente y conducción bajo la influencia de bebidas, cuando realmente no se trataría de hechos sino de calificación jurídica, lo cual es contradictorio en sí mismo, pero del contenido de su declaración es evidente que el acusado pudo declarar y contestar a las preguntas referentes a si había consumido o no cocaína y si el día 31 de agosto estaba influenciado por el consumo de esta sustancia, negándose a contestar a las preguntas que se le pudieran realizar tras la producción del impacto o colisión, por lo que si no se le formularon preguntas en relación a la colisión del segundo vehículo, fue porque el investigado se negó a declarar sobre ellas.

Y además en el auto de acomodación de las diligencias previas al procedimiento abreviado -folio 609 a 617- se recogió en los hechos que "el investigado inició la conducción con sus facultades de control, percepción, atención y reacción disminuidas a consecuencia de la previa ingestión de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, pero no de bebidas alcohólicas...Consta informe del laboratorio SYNLAB de 5 de septiembre de 2019 que arrojó la detección de 206,4 ng/ml de cocaína en saliva.", así como que "Una vez se produjo la colisión de los vehículos del investigado y Carlos Manuel, el vehículo marca Nissan modelo Qashqai NUM002, colisionó con la motocicleta que se encontraba en la vía, provocando daños materiales en el vehículo, en el frontal lateral derecho y en la rueda posterior derecha...El vehículo se encontraba conducido por Ildefonso...y como copiloto viajaba Marí Juana que como resultado del accidente padeció lesiones que le ocasionaron un perjuicio personal básico de cuarenta días, un perjuicio personal particular moderado de 53 días y a la estabilización lesiones presentaba unas secuelas de algias postraumáticas cronificadas y permanentes y síndrome cervical asociado y/o agravamiento de artrosis previa, valoradas en un punto".

Por lo que el acusado conocía en todo momento el alcance objetivo y subjetivo de la imputación, atendiendo al Auto de acomodación al Procedimiento Abreviado, respecto a hechos por los que fue interrogado, así como conocía los escritos de acusación presentados y los hechos imputados en los mismos, respecto a los cuales la defensa pudo evacuar su escrito de oposición y proponer prueba, sin ocasionarle indefensión alguna, sin que pueda acogerse la interpretación que realiza la defensa de que el auto de acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado condiciona los delitos concretos objeto de enjuiciamiento, que sí vienen determinados por los escritos de acusación, sino que lo que condiciona son los elementos básicos y esenciales que identifican la pretensión penal.

Por tanto, la calificación del auto de procedimiento abreviado en modo alguno determina los delitos objeto de acusación, sino que tan solo determina que se abra la fase intermedia respecto de los hechos y las personas relacionadas con los mismos, no la tipificación de los mismos, que corresponde a las acusaciones, las cuales no se encuentran vinculadas por la calificación que se emita por el Instructor, de ahí que deben desestimarse las pretensiones efectuadas por la defensa del acusado en relación a la exclusión del delito de lesiones por imprudencia y del delito de conducción bajo la influencia de drogas.

4) Existencia de error en la valoración de la pruebae inexistencia de prueba de cargo suficiente para condenar al acusado por los delitos de homicidio por imprudencia grave, conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas tóxicas, lesiones por imprudencia grave y de abandono del lugar del accidente.

Por lo que si entramos a revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia para determinar si efectivamente existe o no algún error en la valoración de la prueba, debe señalarse que si bien en relación al delito de homicidio por imprudencia grave y al delito de lesiones por imprudencia grave, la convicción judicial de los hechos probados antes expuestos efectuada por el juzgador de instancia es el resultado final de este proceso de constatación de la existencia de prueba, válidamente obtenida, y su posterior valoración partiendo de la presunción de inocencia del acusado y siguiendo la metodología expuesta, apreciando las pruebas practicadas, de acuerdo con un proceso racional y lógico que explicita de forma razonada y motivada, no ocurre lo mismo en relación al delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas.

En efecto, se observa que la juzgadora de instancia fundamenta su sentencia condenatoria en la declaración de la testigo Flora que vio directamente los hechos, quien, sin contradicciones ni fisuras, declaró que no conocía de nada ni al acusado ni al fallecido y explicó que ella hizo el ceda el paso, que era un ceda con poca visibilidad y por eso ella se puso en paralelo a la vía para poder ver perfectamente, que vio que venía una luz y es por ello que se paró y esperó a que pasase el vehículo, pero antes de que ella reanudara la marcha, porque todavía no había pasado el vehículo, el vehículo que venía detrás suyo le adelantó por la izquierda y se incorporó a la vía, que ella no se fijó si paró o no el vehículo de atrás, que ella sabía que lo tenía detrás, que le rebasa por la izquierda y después se producen las chispas y el golpe.

Por lo que no constando que la testigo tuviera ninguna característica física o psíquica que limitara su capacidad de percepción o debilitara su testimonio, no apreciándose móviles espurios o de venganza o resentimiento que pudieran derivar de una relación previa con el acusado y gozando su testimonio o declaración de credibilidad y verosimilitud al haber relatado sin ambigüedades ni contradicciones, los hechos, es por lo que debe ser considerada la prueba practicada como apta y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado al haber quedado acreditado que no realizó el ceda el paso ya que por mucho que el acusado y su hermana refieran que lo realizó, lo cierto es que no lo hizo, es decir, la señal de ceda el paso obliga a todo conductor a ceder el paso y detenerse cuando en la intersección a la que se pretende incorporar circulan vehículos, como era el caso de autos, en el que el vehículo conducido por la Sra. Flora, y que le predecía en la conducción, se detuvo tras su realización, un metro más delante de la señal, tras ponerse en paralelo a la vía, lo que le permitía tener una mayor visibilidad antes de incorporarse, y observar que venía una luz de un vehículo, por lo que si efectivamente hubiera realizado el acusado el ceda el paso, y hubiera mirado antes de incorporarse, tal como sostiene tanto él como su hermana en su declaración, obviamente hubiera visto esa luz y se hubiera detenido, cosa que no hizo ya que de manera temeraria se incorporó a la C245, y ello a sabiendas de que el vehículo que le predecía se había detenido, tal como reconoce en su declaración, lo que en vez de alertarle en el sentido de extremar la precaución antes de incorporarse, optó por adelantar al vehículo que estaba parado mientras realizaba el ceda el paso, de manera peligrosa, por la izquierda y en diagonal desde el carril de incorporación hasta el carril donde se produce la colisión, ya fuera éste el izquierdo, tal como concluyen los agentes de Mossos dŽEsquadra en base a que las huellas de arrastre del vehículo en diagonal halladas en dicho carril, o ya fuera éste el central, tal como considera el perito de la defensa, infringiendo también de esta manera la normativa establecida en el Reglamento de circulación para los cambios de carril.

De ahí que la resolución recurrida entendiera de manera acertada que el acusado había infringido el deber de cuidado exigido al ir desatento a las circunstancias del tráfico; al conducir el vehículo con presencia de drogas en su organismo, hecho no discutido por la defensa, atendiendo al resultado de la muestra de saliva, lo que infringía el art. 12 de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; al no realizar correctamente el ceda el paso, no colocarse en paralelo para mejorar la escasa visibilidad existente, y no detenerse ante la presencia de un vehículo que circulaba por la vía principal; al haber adelantado por la izquierda al coche que circulaba delante suyo y que acababa de detener a un metro de la señal de ceda el paso, para poder realizarlo correctamente y ceder el paso al vehículo que tenía prioridad; al realizar una incorporación sin mirar tampoco en ninguno de los cambios de carril que tiene que realizar hasta llegar al carril de la izquierda, que es donde se produce la colisión según los MMEE, por lo que habría cambiado en dos ocasiones de carril, o al central, que es donde se produce la colisión según el perito de la defensa, por lo que habría cambiado en una ocasión de carril, puesto que en ningún momento se percata de la presencia del motorista; y al cambiar de carril e incorporarse de manera diagonal, no lateral, al atendiendo a los daños del vehículo en el momento de la colisión, en toda la parte frontal del parachoques y a las huellas dejadas en el arcén, tanto de la motocicleta -marcadas con una flecha roja- como las del vehículo causante del siniestro -marchadas con la flecha amarilla-, con la aclaración por parte de los agentes NUM003 y NUM004 de que esas huellas eran diferentes a las referidas por el perito de la defensa en su informe ya que las huellas marcadas por ellos como huellas del siniestro eran las indicadas en la fotografía 6 del folio 46 que eran diferentes a las que se observan en la fotografía número 12 que fueron las consideradas por el perito y que se hallaban en la calzada con anterioridad a este siniestro, sin que el perito de la defensa, tras aclararle ese error de partida de su informe, modificara en nada sus conclusiones, y sin que pueda tampoco admitirse la conclusión alcanzada por éste de que la maniobra de incorporación de los vehículos al carril central o de la izquierda se realiza habitualmente de manera directa, por el hecho de que ese carril está siempre vació y nace a escasos metros de la intersección para después desviarse hacia la A2 en sentido Barcelona, puesto que esa manera de realizarlo es del todo imprudente y como cualquier cambio de carril exige que se realice de manera progresa, con un desplazamiento lateral desde el carril derecho al central y respetando la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar, conclusión que claramente denotaba su falta de imparcialidad.

Pero es que además, la desatención por parte del conductor hacia las circunstancias concretas de la vía era tal que no llegó a accionar los frenos del vehículo antes de producirse la colisión ya que no se encontraron huellas de frenada, lo que evidencia que no se apercibió de la presencia de la motocicleta que circulaba correctamente por la vía porque no hizo el ceda el paso, ya que de lo contrario, la habría tenido que ver ya que la conductora que le predecía la vio, lo que motivó su detención, por lo que este hecho unido a que conducía con drogas en su organismo, a que además realizó un incorrecto cambio de carril sin prestar la debida atención permanente que exige la conducción y de manera diagonal, es lo que determina que la Sala considere, tal como razona la juzgadora de instancia, que la conducción realizada por el acusado fue imprudente y peligrosa, por lo que procede la confirmación de la condena como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave al haber producido un resultado lesivo de muerte y un delito de lesiones por imprudencia grave, al haber provocado que el vehículo NISSAN QASHQAI matrícula NUM002 conducido por Ildefonso y en el que viajaba como copiloto Marí Juana, colisionara con la motocicleta que estaba tenida en la calzada y sin ningún tipo de señalización ya que el acusado continuó su marcha abandonando el lugar sin apearse para, cuando menos, señalizar debidamente la vía de manera perceptible para el resto de vehículos que circulaban por ella. Por ello, es incuestionable que existe un nexo causal entre la acción del acusado, su infracción del deber de cuidado y los resultados de muerte y lesiones producidos, pues es incuestionable que si hubiese respetado el ceda el paso, hubiera estado atento a la circulación, no hubiera conducido con drogas en su organismo y hubiera realizado correctamente el cambio de carril, no se hubieran causado los desgraciados resultados reseñados, estando plenamente el Ministerio Fiscal facultado para acusar por el delito de lesiones por imprudencia grave, con independencia de que se hubiera abonado la responsabilidad civil y la perjudicada renunciara al ejercicio de la acción penal, ya que no se trata de un delito privado disponible por el perjudicado.

A tales fines, la STS 805/2017, de 11 de diciembre define la imprudencia grave como " la omisión de elementales normas de cuidado que cualquier persona debe observar y guardar en los actos de la vida ordinaria o en la omisión de la diligencia que resulte indispensable en el ejercicio de la actividad o profesión que implique riesgo propio o ajeno".Por su parte la STS 464/2016, de 31 de mayo, siguiendo el camino marcado, entre otras, por SSTS 1089/2009, de 27 de octubre y 598/2.013, de 28 de junio, concreta la definición diferenciando entre el deber de cuidado objetivo y subjetivo: desde la primera perspectiva, debe atenderse a la magnitud de la infracción del deber de cuidado objetivo, atendido el grado de riesgo no permitido generado por la conducta o el grado de peligro no controlado respecto del bien jurídico, valorando además el grado de utilidad social de la conducta realizada concretado con el riesgo permitido. Desde la perspectiva subjetiva, la gravedad de la imprudencia se establece atendiendo al deber de previsibilidad o cognoscibilidad de la situación de peligro, valorando para ello todas las circunstancias concurrentes.

En efecto, el criterio esencial para distinguir entre la imprudencia grave y la menos grave reside en la mayor o menor intensidad o importancia del deber de cuidado infringido, ya que la infracción de tal deber constituye el núcleo central acerca del cual gira todo el concepto de imprudencia punible, conforme a la doctrina legal representada por las SSTS de 30 de junio de 2004 , 4 de marzo de 2005 y 25 de enero de 2010, y la de 27 de octubre de 2009 : "Como es sabido, la gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el actor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de previsión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber objetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración".

Dicho esto, debe confirmarse la conclusión alcanzada por la magistrada de instancia en relación a la subsunción de la conducta del acusado en el art. 142.1 CP que castiga el homicidio por imprudencia grave al catalogar de grave la infracción de la norma de cuidado por parte del Sr. Onesimo y en el art. 152.1 del Código Penal que castiga el delito de lesiones por imprudencia grave, como consecuencia de que tras el accidente producido, y ante la falta de señalización del mismo por parte del acusado, el vehículo Nissan Qashqai con matrícula NUM002 conducido por Ildefonso que circulaba correctamente por el carril izquierdo de la vía, y en el que viajaba como copiloto Marí Juana, la cual sufrió un menoscabo físico consistente en esquince de los ligamentos de la columna cervical y policontusiones, cuya sanidad precisó tratamiento médico consistente en rehabilitación y medicación, tal como refieren los informes médicos y el informe forense obrante en la causa.

Sin embargo, y en relación al delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas y estupefacientes, considera la Sala que existe un error en la valoración de la prueba y es que la sentencia declara que uno de los motivos por los que se consideró imprudente la acción era por el hecho de que "el conductor se encontraba bajo la influencia de cocaína", conclusión a la que llega en base al resultado de la prueba de saliva realizada con una alta tasa de droga en relación a la permitida, a la sintomatología observada por el agente de MMEE con TIP NUM005 que según refiere la sentencia, declaró que el acusado estaba bajo de ánimo y repetitivo y a la sintomatología reseñada por los agentes que interactuaron con el acusado que indicaron que presentaba abatimiento, habla titubeante y un discurso en bucle, por lo que llega a la convicción de que esa conducción estaba influenciada por el consumo de drogas, hecho acreditado con las analíticas, con el tipo de conducción desinhibida, agresiva, sin percibirse, sin frenar, sin darse cuenta de la luz que venía, sin la precaución de parar al ver el vehículo que le precedía parado haciendo el stop.

En este sentido debe precisarse que el art. 379.2 CP, no se conforma con detectar drogas en el organismo del sujeto, sino que es requisito típico, además, el plus de la influencia de tal ingesta en las facultades físicas y/o psíquicas del conductor, es decir, que las drogas incorporadas al organismo hayan afectado a las facultades psicofísicas del sujeto para una conducción segura. Por lo que la simple acreditación de una determinada concentración de droga en saliva no permite inferir, por elevado que sea, por sí mismo el elemento típico de la influencia, con la consecuencia práctica de que, para constatarlo, será necesario acudir a elementos adicionales, tal como establece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, Sentencia núm. 610/2023, de fecha 13 de julio de 2023, en un caso similar al de autos.

Partiendo de las premisas argumentativas anteriores debe procederse al análisis de las circunstancias concretas que concurren en este supuesto. Así, consta como prueba documental el acta de sintomatología obrante al folio 32 en la que solo está marcada la casilla de "habla titubeante" y se indica que siempre mantenía el mismo discurso "me he bloqueado, no he visto al motorista en ningún momento, ni antes ni después del accidente, me he ido del lugar del accidente para avisar del mismo ya que no teníamos batería en el móvil". No se indica que su comportamiento fuera agresivo, ni locuaz, ni que estuviera excitado ni eufórico, ni que cambiara de comportamiento o estado de ánimo durante toda la intervención, ni que observaran ninguna anormalidad en su psicomotricidad.

Pero es que es más, en el acto de juicio oral, la agente de Mossos dŽEsquadra con carnet profesional NUM005 que fue quien hizo la citada acta sintomatología e interactuó con el acusado, precisó que el acusado se mostró preocupado por el accidente, que era repetitivo ya que todo el rato decía "que no había visto al motorista ni a la moto, que se había ido porque se había bloqueado y que no tenía carga en el móvil", aunque es cierto que pasó un buen rato hasta que llegaron a la comisaría. Que precisa que cuando marca que su habla era titubeante se refiere a que estaba apagado y preocupado por el tema del accidente, que por eso decía todo el rato lo mismo y estaba en bucle. Que el único síntoma que ella observó es que estaba muy apagado. Que el consumo de drogas no se detecta o percibe de manera tan evidente como ocurre con el consumo de bebidas alcohólicas, y no suele afectar a la psicomotricidad, los síntomas suelen ser de estar muy eufóricos -al principio- a pasar al abatimiento -bajón-. Que estuvieron interactuando bastante tiempo con el acusado y en todo momento interactuaba bien con ellos, no estaba mal. No recuerda si tenía las pupilas dilatadas.

Y el agente de Mossos dŽEsquadra con carnet profesional NUM006, que era el agente destinado en la comisaría de Sant Boi, declaró, tras ser preguntado por el estado en el que se encontraba el acusado, que estaba muy nervioso y había cosas que no le cuadraban porque decía que el móvil lo tenía apagado pero luego no usaron el de su acompañante y estaba excitado aunque matiza que pudiera ser por los nervios del momento.

Por tanto, ninguno de los agentes que interactuaron con el acusado observaron que el acusado mostrara signos externos de estar bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes, no se recoge nada en relación a alteraciones como el equilibrio, temblor o movimientos descoordinados. Tampoco signos específicos en los ojos y aunque en el acta de sintomatología se marcó la casilla de habla titubeante, la propia agente NUM005 matiza en el juicio que ella se refiere a que estaba apagado y preocupado por el tema del accidente, que por eso decía todo el rato lo mismo en relación al accidente y estaba en bucle al repetir que no lo había visto, que se había bloqueado, que se había ido del lugar para avisar porque no tenía móvil, por lo que no se puede concluir que tuviera sintomatología de encontrarse bajo la influencia de la cocaína, lo que puede provocar sintomatología tal como comportamiento nervioso, sudoración inapropiada, ojos apagados, pupilas dilatadas, habla titubeante, respuestas embrolladas o cambio de estado de eufórico a apagado.

Lo que unido a que el Sr. Valeriano, autor del informe obrante al folio 34 a 37 de la causa, en el que se analiza la muestra de saliva remitida al laboratorio SYNLAB que dio positivo a cocaína con una concentración de 206,4 ng/ml lo que superaba el valor de Cut-Off establecido de 8,0 ng/ml, explicó que no existe una correlación exacta entre dosis consumida, la concentración en sangre o saliva y la afectación del conductor porque influyen muchas variables vinculadas al consumo y a la persona. Que no es posible detectar el momento del consumo porque depende del tipo de consumo, la vía utilizada, la cantidad consumida y el metabolismo del individuo. Que este análisis no puede determinar la afectación de la persona, solo arroja un resultado positivo en cocaína por encima del valor del corte. El análisis de consumo de sustancias mediante saliva se introduce con la idea de establecer un periodo de consumo más próximo en el tiempo, pero aun así no hay un máximo de tiempo a partir del cual no se puede valorar esa detección porque es algo que depende del individuo.

Es por todo ello que debe entenderse que si bien ese informe de análisis de saliva permite acreditar la presencia de cocaína en el fluido oral e incluso indica un consumo más reciente que si se hiciera un análisis de sangre, dados los numerosos factores que influyen en el tiempo de detección de las sustancias referidas, no se puede asegurar que el acusado Onesimo, en el momento del accidente, se encontraba bajo los efectos de ellas y tampoco se puede establecer el momento aproximado en que se realizó el consumo de las sustancias detectadas, pudiendo ser de días anteriores a la conducción.

En definitiva, teniendo en cuenta la ausencia de síntomas externos de afectación y sintomatología, tal como se recoge en el acta de sintomatología y refieren los agentes actuantes en el plenario, más allá de una situación de nerviosismo y abatimiento tras la causación de un accidente grave como el de autos, que acabó con el fallecimiento del Sr. Carlos Manuel y que la conductora que le predecía en la conducción no observa que su conducción fuera descontrolada, derrapando, ni dando eses, ni a velocidad excesiva, es por lo que no ha quedado suficientemente acreditado a juicio de la Sala que el acusado condujera bajo la influencia de drogas.

Por último y en relación al delito de abandono del lugar del accidente procede confirmar la condena al entender que la prueba practicada ha sido valorada de manera lógica y racional.

Así, tal como señala el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en Sentencia 1/2023 de 18 Ene. 2023, Rec. 10404/2022, el artículo 382 bis CP, introducido en el Código Penal a través de la reforma operada por la LO 2/2019, 1 de marzo, "castiga al conductor que "fuera de los casos contemplados en el artículo 195 , voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del artículo 152.2". No se exige, pues, como elemento del tipo, que una persona se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, como si ocurre respecto del artículo 195 del CP , ni, correlativamente, que el acto de socorro pudiera ser potencialmente útil. El precepto prevé expresamente que solo se castigan los casos no contemplados en el artículo 195.

Aunque la doctrina, que ha criticado abundantemente la referencia de la Exposición de Motivos a la "maldad intrínseca" por su relación con conceptos morales, no se ha mostrado unánime en la identificación del bien jurídico protegido, tanto la jurisprudencia como la dogmática mayoritaria, teniendo en cuenta el contenido del Preámbulo de la Ley Orgánica citada más arriba, hablan de la infracción de un deber de solidaridad humana que se eleva al rango de deber jurídico.

Se ha dicho que se castiga la indiferencia del omitente frente a la situación de peligro de la víctima ( STS nº 167/2022, de 24 de febrero ). En realidad, más exactamente, puede decirse que se castiga su indiferencia frente a la situación creada, incumpliendo los deberes que el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, impone, entre otros, a los implicados en un accidente de tráfico, lo que incluye la consideración del peligro para la víctima, incluso para otros usuarios de la vía, así como el deber de identificarse como causante de aquella y de cooperar inmediatamente en resolverla.

El artículo 51 de la referida ley, dispone que el usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él, está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para las víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. Con lo cual se está haciendo referencia la solidaridad con las víctimas mediante la prestación de auxilio; a la adopción de medidas para mantener o restablecer la seguridad de la vía, es decir, a la solidaridad con otros usuarios de la vía, y concretamente, a la misma seguridad vial, que puede resultar afectada por el accidente; y al aseguramiento de la efectividad de las facultades de la Administración para investigar y esclarecer los accidentes de tráfico, en cuanto afectan directamente a la seguridad vial. Es cierto que respecto de este último bien jurídico parte de la doctrina ha señalado su posible afectación al derecho a no declarar contra uno mismo. Pero ha de tenerse en cuenta que la obligación de identificarse como implicado en un accidente no supone la asunción de culpabilidad ni la aportación de pruebas.

Todo lo cual permite considerar, tal como sostiene el Ministerio Fiscal, la concurrencia de diferentes bienes jurídicos como objeto de protección del tipo, relacionados en general con las exigencias de solidaridad, y concretamente con las legítimas expectativas de las víctimas de recibir la atención que precisen; de los demás usuarios de la vía en que se señalice el accidente y se adopten las medidas de precaución que resulten necesarias; e incluso, con la exigencia de identificación del causante del accidente, desde la perspectiva de las necesidades de proteger y garantizar la seguridad vial mediante el esclarecimiento de lo sucedido por parte de las autoridades competentes. Con otras palabras, la jurisprudencia también ha recordado que la Exposición de Motivos invoca, como razón de incriminación, la ruptura de los deberes de ciudadanía basados en el valor de la solidaridad, pretendiendo con ello " cubrir supuestos de difícil encaje en el delito de omisión del deber de socorro por faltar el elemento objetivo de la existencia de una persona desamparada y en peligro grave y manifiesto" -vid. STS 167/2022, de 24 de febrero - ( STS nº 761/2022, de 15 de setiembre ).

La configuración del tipo reduce la trascendencia penal de la conducta a quien pueda considerarse causante del accidente, excluyendo a los demás implicados. Conviene señalar, de un lado, que esta condición, en numerosos casos, solo podrá establecerse tras la correspondiente investigación. Y, de otro lado, que el precepto contempla la responsabilidad del causante del accidente, aun cuando el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito. Finalmente, ha de tenerse en cuenta que el delito no se comete si el sujeto permanece en el lugar, aun cuando desarrolle una conducta pasiva, salvo los casos en los que concurran los elementos de la conducta prevista en el artículo 195 del CP , que será entonces el precepto aplicable. Contrariamente, se apreciará el delito si el sujeto abandona el lugar del accidente, aunque las posibles víctimas pudieran ser atendidas por otras personas; aunque la seguridad de la vía pudiera ser restablecida por terceros; y aunque el sujeto pudiera ser identificado claramente y de modo inmediato por otros medios, como, por ejemplo, la existencia de cámaras en el lugar o la presencia de testigos que pudieran hacerlo.

De todo ello se desprende que lo que resulta relevante es el abandono físico del lugar, efectuado de manera que el sujeto se sitúe en la imposibilidad material de dar cumplimiento personalmente a los deberes impuestos legalmente para el caso, en protección de los bienes jurídicos afectados".

En el caso de autos, ha quedado acreditado que tras producirse la colisión el acusado no se detuvo y abandonó el lugar del accidente, en ningún momento se bajó de su vehículo e intentó auxiliar o solicitar auxilio para las víctimas o evitar mayores peligros, no atendió al motorista, ni señalizó el accidente para evitar que otros vehículos colisionaran con la moto o incluso atropellaran de nuevo al Sr. Carlos Manuel, que aún estaba con vida, acciones que podía realizar al margen de que no tuviera batería su teléfono móvil.

En consecuencia, el acusado no permaneció en el lugar del accidente y desatendió su deber de solidaridad cívica establecido en la ley de seguridad vial, tanto en relación con el peligro causado a las víctimas, como respecto de su deber de evitar eventuales peligros para otros usuarios de la vía, así como de cooperar en la adecuada resolución de la situación creada al causar el accidente, por lo que se marchó del lugar, tal como indica la resolución recurrida, a pesar de que era consciente de que lo dejaba malherido, con medio cuerpo en la vía, con la posibilidad de que otros lo atropellaran de nuevo, quedando consumado el delito de abandono, con independencia de que luego acudiera a la comisaría y es que tal como consta en el atestado el aviso de accidente de tráfico en la carretera de Cornellá de Llobregat se recibe a las 22 horas por llamada del Sr. Indalecio y a las 22.01 es cuando la Sala Regional avisa a la Guardia Urbana de Cornellá de Llobregat y activan SEM y bomberos, a las 22.17 horas la Guardia Urbana se persona en el lugar del accidente y después el SEM y no es hasta las 22.40 horas que se informa a la Sala de que el conductor del vehículo causante del siniestro se había personado en la comisaría para informar sobre lo sucedido, manifestando el agente NUM007 que él llamó transcurridos unos 10 minutos desde su llegada a comisaría, tras obtener los datos mínimos referentes al lugar del accidente, reconociendo tanto el agente como el propio acusado que la distancia entre el lugar del siniestro y la comisaría era de apenas cinco minutos, por lo que difícilmente puede concluirse que acudieron directamente desde el lugar del accidente a la comisaría.

5) En relación a la indebida inaplicación de la circunstancia modificativa alegada de confesión,debe confirmarse la argumentación recogida en la sentencia y es que el reconocimiento efectuado por el acusado de los hechos está muy alejado de los términos de la acusación, toda vez que solamente reconoció ser el conductor del vehículo causante del accidente Audi A3 con matrícula NUM000, no reconoce que se adentrara de forma sorpresiva en la vía, ni que no realizara el ceda el paso, ni que hubiera embestido de manera diagonal, ni que hubiera consumido drogas con carácter previo a la conducción ni que estuviera influenciado por las mismas, ni que hubiera abandonado el lugar del accidente.

Por lo que no puede entenderse que hubo una confesión, ni tan siquiera de manera tardía, que favorezca de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y de los responsables, y es que el vehículo perdió en el lugar del accidente la parte frontal, su parachoques, con la matrícula del vehículo, y el acusado era el titular de ese vehículo, por lo que el único hecho reconocido de que él era el conductor del vehículo era un dato que podía ser perfectamente conocido durante la investigación.

Entre otras, en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2023, con cita de las sentencias anteriores números 672/2021, de 9 de septiembre; 204/2020, de 25 de mayo; y 51/2020, de 19 de diciembre de 2019, se desestima la apreciación de la atenuante de confesión en los casos en los que en nada favoreció de forma eficaz el esclarecimiento de los hechos y su responsable, sin que tampoco la parte recurrente hubiera concretado en qué pudo favorecer las cuestiones reconocidas por el acusado/a, tal como ocurre en el presente supuesto. De ahí que la Sala comparta el criterio del juzgador de instancia en cuanto a la no apreciación de la atenuante analógica de confesión.

6) En relación a la indebida inaplicación de la circunstancia modificativa alegada de reparación del daño,procede también confirmar la resolución recurrida por cuanto consta si bien la sentencia no especifica la cantidad consignada, una vez examinada la causa, consta que en fecha 26 de noviembre de 2019 el acusado realizó una consignación en la cuenta del Juzgado de Cornellá por importe de 2.000 euros -folio 224 y 241- y otros 400 euros en el mes de diciembre de 2019 -folio 247 y 246-. Posteriormente, la defensa del Sr. Onesimo en escrito de fecha 5 de marzo de 2020 indica que la transferencia intentada en febrero se le devolvió, por lo que el juzgado vuelve a reiterar en resolución de 18 de junio de 2020 la cuenta del juzgado y demás datos para poder hacer los ingresos en ventanilla o mediante transferencia (folio 482), que reitera de nuevo ante la alegación de que la transferencia había sido de nuevo devuelta en fecha 30 de junio de 2020, sin que conste en el documento aportado los datos para que pudiera comprobarse que estaba realizada correctamente a la cuenta del juzgado, pero en cualquier caso se le reitera por el juzgado los datos bancarios para poder hacer ingresos (folio 536), sin que nada hubiera cambiado con los primeros traspasos hechos y sin que la aseguradora que había realizado varias consignaciones hubiera tenido ningún problema.

Por tanto, solamente constaba ingresado por el acusado la suma total de 2.400 euros, siendo la compañía aseguradora quien consignó más de 200.000 euros para hacer frente al pago de la indemnización de los perjudicados por el siniestro. Y si bien se aporta documentación referente a varios traspasos realizados, entre octubre y enero de 2023, por importe total de 8.000 euros debe señalarse que no consta en la causa el extracto de la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado para comprobar la realidad de dicha consignación, pero aun en el caso de que la misma fuera cierta, debe matizarse que esa consignación se realizado tiempo después de que todos los perjudicados hubieran sido indemnizados por la compañía aseguradora, lo que unido a que el importe total consignado sería aun así insuficiente como para apreciar la circunstancia atenuante de reparación del daño, atendiendo a que las indemnizaciones fueron realmente satisfechas por la compañía aseguradora, a que el importe consignado fue pequeño respecto del total de la condena, ni tan siquiera cubría el importe de indemnización de uno de los perjudicados, además de que no puede considerarse como consignación de responsabilidad civil los importes ahorrados entre enero de 2020 y octubre de 2023 por el propio Sr. Onesimo en su cuenta personal, y no en la del juzgado ni en la de los perjudicados y que en cualquier caso la consignación se hizo sin ofrecimiento de pago incondicional a los perjudicados.

Recuerda la STS 345/2013, de 21 de abril, que se reconoce eficacia en orden a la disminución de la pena a algunos actos posteriores al delito, que por lo tanto no pueden influir en la cantidad de injusto ni en la imputación personal al autor, pero que sin embargo facilitan la protección de la víctima al orientar la conducta de aquél a la reparación o disminución de los daños causados. Pero aun así, precisa esta resolución, con cita de la STS 1028/2010, de 4 de noviembre, la reparación debe proceder del culpable, de ahí que se excluyan los pagos hechos por compañías aseguradoras en cumplimiento del seguro obligatorio.

Es por todo ello que no puede ser considerado como significativo el importe consignado por el Sr. Onesimo entre el año 2019 que tuvo lugar el siniestro y el 2024 que tuvo lugar el juicio, pues no llega a cubrir ni siquiera la indemnización que se fija para ninguno de los familiares, ni padres ni hermanos por lo que no puede concluirse que hubiera realizado un esfuerzo especial y significativo para reparar el daño ni material ni moral.

7) En relación a la indebida inaplicación de la circunstancia modificativa alegada de dilaciones indebidas,cierto es que la sentencia de instancia nada concreta en relación a los períodos de paralización, sino que valora conjuntamente su tramitación y enjuiciamiento en un total de cinco años, plazo que no considera excesivo.

Sin embargo, procede examinar la causa y señalar que el accidente tuvo lugar en agosto de 2019, que la instrucción se realizó de manera diligente y se concluyó por auto de 16 de noviembre de 2020 que acomodaba los trámites de las diligencias previas al del procedimiento abreviado, que dicho auto fue recurrido en reforma y por auto de 17 de diciembre de 2020 se desestimó el recurso de reforma y posteriormente fue recurrido en apelación, remitiéndose a la Audiencia Provincial de Barcelona el testimonio de particulares el 11 de febrero de 2021, sin que recayera resolución hasta el 25 de octubre de 2021 (paralización 8 meses). Posteriormente se remitieron las actuaciones el 5 de noviembre al Ministerio Fiscal para calificar y no presentó escrito de conclusiones provisionales hasta el 4 de abril de 2022 (5 meses de paralización), tras lo cual se presentó escrito de conclusiones provisionales por la acusación particular, se dictó auto de apertura de juicio oral de fecha 7 de junio de 2022 y se presentó escrito de defensa, por lo que en fecha 8 de agosto de 2022 se remitieron los autos al juzgado penal para su enjuiciamiento. Desde que se recibieron los autos en el Juzgado Penal 5 de Barcelona hasta que se admitió la prueba estuvo paralizada un total de (14 meses de paralización), se celebró un intento de conformidad el 31 de octubre de 2022 y al no querer las partes la conformidad, se señaló el día 7 de febrero de 2024 para la celebración del juicio oral.

En consecuencia, valorando los periodos de paralización relevantes existentes en la causa, uno para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que desestimaba el recurso de reforma que acordaba la acomodación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado; otro para efectuar la calificación provisional el Ministerio Fiscal y otro para admitir la prueba y efectuar el señalamiento de juicio, nos encontraríamos ante una paralización de más de 18 meses, que según el acuerdo de la Audiencia Provincial de Barcelona, adoptado por unanimidad, en fecha 12 de julio de 2012, sería el considerado para poder apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas, no así las diligencias extraordinarias interesadas por la defensa.

8) En relación a indebida inaplicación de la circunstancia modificativa alegada de la eximente incompleta o atenuante analógica de encontrase bajos los efectos de las drogas en relación al delito de abandono de lugar,debe señalarse que de haberse mantenido la condena por el delito de conducción bajo la influencia de drogas se habría estimado la apreciación de una atenuante analógico, puesto que lo contrario sería claramente incoherentes, lo cierto es que al haberse revocado la condena por dicho delito no puede ahora apreciarse esa circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, al haber quedado acreditado que conducía con cocaína en su organismo -lo cual constituye una infracción administrativa-, pero no que el acusado en el momento de los hechos condujera bajo la influencias de esa sustancia hasta el punto de afectar, al menos levemente, sus facultades cognitivas y su capacidad para la conducción.

9) Por lo que al estimarse parcialmente el recurso de apelación procede ahora analizar la individualización de la pena a imponer.Por el concurso ideal entre el delito de homicidio por imprudencia grave del art. 142.1 del Código Penal y el delito de lesiones por imprudencia grave previsto y penado en el art. 152.1 Código Penal ( art. 77 CP y STS 879/2023, 29 de noviembre), procede la imposición de la mitad superior de la pena prevista para la infracción más grave -por lo que oscilará entre los dos años y seis meses y los cuatro años de prisión y de los tres años y seis meses a los seis años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores-, debiendo imponérsele la pena mínima dentro de la mitad inferior al concurrir la atenuante simple de dilaciones indebidas, carecer el acusado de antecedentes penales, no concurrir ninguna circunstancia agravante, haber acudido tras el accidente a comisaría y no haber fundamentado la sentencia ninguna razón o motivo para imponer una pena superior al mínimo legal, esto es, la pena de dos años y seis meses de prisión y la pena de tres años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Y en relación al delito de abandono del lugar, el art. 382.bis.1 y 2 Código Penal lo castiga con pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años, la sentencia recurrida impone la pena de dos años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, pero la sentencia omite toda justificación de las razones por las que se ha impuesto esa pena superior al mínimo legal, por lo que consideramos que procede la imposición de la pena mínima en tanto que no concurren circunstancias que justifiquen la extensión de la pena impuesta, y en tanto que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, por lo que procede condenarle a una pena de seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año.

CUARTO.-De conformidad con los arts. 123 del Código Penal o 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede imponer al apelante las eventuales costas procesales devengadas durante la tramitación de esta alzada. En materia de costas la Sala no aprecia razones para hacer un especial pronunciamiento en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados, razonamientos jurídicos expuestos y demás normas de general y pertinente aplicación,