Sentencia Penal 32/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 1217/2024 de 15 de enero del 2025

PRIMERO.-Por Procuradora en representación del acusado Pedro Miguel se interpone recurso de apelación contra sentencia de NUM004 de la Juez del JP 34 de Madrid (PA 134/2023), que condena al acusado/ahora recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, previsto en el art. 468.2 CP, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia ( art. 22.8 CP) , y la circunstancia atenuante analógica de alcoholemia ( art. 21.7 en relación al art. 21.2 CP) , a pena de seis meses de prisión. Ilustrando sobre el delito de quebrantamiento, afirma que la testigo Dª Adelina declaró que el encuentro fue fortuito, que el investigado iba a un centro REMAR que está próximo a su domicilio, pero a más de 500 m. de aquél. Ilustrando sobre el dolo, afirma que no concurre el elemento volitivo del dolo en cuanto voluntad de incumplir la orden judicial. Interesa se dicte otra resolución más ajustada a Derecho por la que se absuelva al acusado/ahora recurrente del delito que se le imputa.

La Fiscal, por escrito de 05.04.24, impugna el recurso. Que se cuestiona la calificación jurídica de los hechos probados, como constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, pese a que, como se indica en la sentencia, la documental aportada acreditó el elemento normativo del tipo, esto es, la existencia de una resolución judicial que prohibía al recurrente estar a menos de 500 metros de su expareja Dña. Adelina. También el conocimiento de esa limitación y de las consecuencias que podrían tener para el Sr. Pedro Miguel, constan acreditadas a través de la documental contenida en los ff. 58 a 72 y 75, de donde se extrae, igualmente, la vigencia de esas medidas y por tanto el carácter ejecutivo de esa resolución; pero también de la existencia de otras condenas por el mismo tipo de delictivo, que dieron lugar a que se apreciase la agravante de reincidencia. Que el dato objetivo constituido por el acto material y real de quebrantar la limitación judicialmente adoptada, se comprueba con la intervención de los agentes de la Policía Nacional que detuvieron al recurrente cuando se encuentra junto a Dña. Adelina, manteniendo ambos una discusión. Que se niega que la intención de D. Pedro Miguel fuese la de infringir esa resolución judicial, sin embargo, el acusado no prestó declaración durante la fase de instrucción, por lo que desconocemos qué motivos tenía para estar, a sabiendas de las prohibiciones que pesaban sobre él, junto a Dña. Adelina. Que, ante la existencia de tantos indicios incriminatorios, lo esperable hubiera sido una explicación sobre ello, pero no sólo guarda silencio, sino que, además, a través de su letrado ofrece una alegación exculpatoria consistente en alegar que el encuentro con la Sra. Adelina fue fortuito lo que no impide la condena, pues a tenor de las declaraciones que prestaron tanto los agentes de la Policía Nacional, como Dña. Adelina, se desprende que aunque el encuentro inicial se hubiera producido por casualidad, fue aprovechado por el acusado para permanecer y comunicarse con la Sra. Adelina, hasta el punto de que estuvieron juntos en el bar "La Pampa", dónde discutieron con un tercero y salieron del local, prolongando esa discusión entre ellos, hasta que la Policía les localizó y detuvo al acusado, de modo que el encuentro causal perdió su razón de ser. Por lo tanto, las conclusiones que alcanza Su Señoría en la sentencia impugnada, son razonables y están motivadas. Además, tanto la instrucción del procedimiento, como las sesiones orales se desarrollaron conforme a lo exigido en las normas sustantivas y procesales, con un estricto respeto a los derechos fundamentales. Es por todo lo expuesto que interesa se dicte resolución confirmando la recurrida, por considerarla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.-La Juez del JP 34 de Madrid, en su sentencia de 04.03.24 (PA 134/2023), considera:

PRIMERO.- ...En este sentido, no se discute el elemento normativo, efectivamente, consta en las actuaciones testimonio del Auto de fecha 17 de julio de 2020 que acordó orden de protección que establecía la prohibición del acusado de aproximarse a Da Adelina , con DNI n° NUM001, con la que había mantenido una relación sentimental, a menos de 500 metros, en cualquier lugar en que se encuentre, así como acercarse a su domicilio o lugar de trabajo o cualquier otro que ésta frecuente y a comunicarse con ella por cualquier medio hasta que se dictara resolución definitiva en este procedimiento. Siendo requerido el mismo día para su cumplimiento y así resulta de los folios 69 a 75 donde obra el citado testimonio del auto, así como la notificación personal al acusado con las advertencias en caso de incumplimiento -folio 72- y la certificación de la vigencia de la medida a la fecha de los hechos - folio 75-.

Nada alega el acusado, ausente injustificadamente al acto de la vista.

Por su parte la testigo, Adelina Adelina, relata que el acusado fue su pareja sentimental, en la fecha de los hechos él tenía una prohibición de aproximarse a ella, fueron sorprendidos por la policía cuando estaban discutiendo, se encontraron porque él iba a un centro de REMAR que estaba próximo a su domicilio y comenzaron a discutir.

Contundente resulta la declaración de los dos agentes que depusieron en la vista, quiénes de forma coincidente afirman que el día 29 de noviembre de 2022, fueron requeridos para que acudieran a un bar donde había una discusión entre tres personas, una pareja y un tercero, cuando llegan al bar no se encontraban los implicados, pero les indicaron que la pareja estaba más abajo en la calle discutiendo, los observaron juntos e inmersos en una discusión, los identificaron y comprobaron que tenían una orden de alejamiento y prohibición de comunicación del varón hacia la mujer con la que se encontraba. Los dos agentes inciden en que tanto el hombre como la mujer estaban ebrios, presentando síntomas evidentes de haber consumido alcohol.

A la vista de lo anterior, en virtud de la documental citada y la testifical de los agentes de Policía, que debidamente juramentados y advertidos de las consecuencias de faltar a la verdad en sus manifestaciones, sin que se haya alegado respecto de los mismos ningún interés espurio que reste credibilidad a sus manifestaciones son tajantes al afirmar que detienen al acusado mientras discute con la Sra. Adelina, quebrantando la prohibición de comunicación vigente, con independencia de que el encuentro inicial fuera o no casual, estima esta juzgadora que han resultado acreditados los hechos objeto de acusación, y la concurrencia de los elementos del tipo penal, procediendo el dictado de una sentencia condenatoria por el delito de quebrantamiento por el que se formula acusación.

En cuanto al consentimiento de Adelina en el encuentro, o para el mismo, es irrelevante para la tipicidad de la conducta, lo contrario sería dejar la aplicación de las normas penales, de las normas de protección de la presuntas víctimas de violencia de género o de cualquier delito, la intervención de los agentes de la policía, y la eficacia de las resoluciones judiciales al interés personal de cada momento en que una presunta víctima considere que quiere o no que el derecho penal, actúe sobre su pareja, con la incertidumbre que ello conlleva y la vulneración del principio de seguridad jurídica.

Por todo ello, se estima que se ha practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado por el delito que se le imputa.

TERCERO.-Procede recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuados en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas, ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo anterior es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el/la Juez de instancia:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta última que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

CUARTO.-El Título XX del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica genérica de "Delitos contra la Administración de Justicia", incluye en el Capítulo VIII (artículos 468 a 471), las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. El bien jurídico protegido ( SAP 1ª Las Palmas 20.11.15), no es otro que el recto funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la efectividad y obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia ( artículos 118 CE y 17.2 LOPJ) , concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal. Se trata, por tanto, de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 CP en su redacción vigente. Es sabido el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª de 25.11.08.

Sólo, a mayor abundamiento, con p.e. la SAP 1ª Alicante 19.09.16 es dable recordar que ya la STS de 29 de enero de 2009 (corrigiendo su criterio anterior establecido en STS 26.09.05), recoge la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal en relación con el consentimiento de la persona en cuyo favor se acuerda el alejamiento, a los efectos de valorar la existencia de un quebrantamiento por quien le pesa la prohibición de aproximación. Dicha sentencia declara al respecto que "Por otro lado, en cuanto al fondo del asunto, esto es, en cuanto a la relevancia que pudiera tener el consentimiento de la esposa para la exclusión de este delito del art. 468 CP en los casos de medida cautelar (o pena), contra el marido consistente en prohibición de alejamiento, el asunto fue tratado en una reunión de pleno no jurisdiccional, celebrada el 25 de noviembre del 2008, en la cual, se acordó que "el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP"; todo ello en base a la idea clave de la irrelevancia en derecho penal del perdón de la persona ofendida por la infracción criminal, principio que sólo tiene su excepción en los llamados delitos privados, que es cuando expresamente la ley penal así lo prevé ", SSTS de 28 de enero de 2010, 2 de julio de 2014, 9 de diciembre de 2015.

En igual orden de cosas p.e. la SAP 29ª Madrid 01.09.16 señala cómo el tal consentimiento resulta irrelevante para el delito de quebrantamiento de medida como declara el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2008, que recoge expresamente que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del art. 468 CP, lo cual será aplicable tanto si hay condena como si hay medida cautelar adoptada judicialmente.

En igual línea, la STS 539/2014, de 2 de julio, recuerda que ya las SSTS 268/2010 de 26.2 y 39/2009, de 29 enero, declararon que la vigencia del bien jurídico protegido no queda enervada o empañada por el consentimiento de la mujer, ya que es el principio de autoridad el que se ofende con el delito de quebrantamiento de medida. Cierto que tal medida se acuerda por razones de seguridad en beneficio de la mujer, para la protección de su vida e integridad corporal -que tampoco son bienes jurídicos disponibles por parte de aquélla- pero en cualquier caso no es el bien jurídico que directamente protege el precepto. Viniendo a añadir la STS 539/2014 que "el acuerdo entre el acusado y la víctima no puede ser bastante para dejar sin efecto el cumplimiento de la sentencia condenatoria. El cumplimiento de una pena impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que determinadas penas o medidas impuestas en la sentencia, se orientan a la protección de aquella ( SSTS. 172/2009 de 24.2; 95/2010 de 12.02)".

También es dable recordar que el dolo típico del delito que ahora nos ocupa no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP Guipúzcoa 1, 115/2006, de 30 de marzo).

QUINTO.-Desde lo expuesto y recordado, silencia el acusado/ahora recurrente su negativa a declarar en sede policial y su negativa a declarar en sede judicial y a su injustificada inasistencia al acto del plenario (grabación j.o.), optando por colocarse en sostenida voluntaria situación de indiferencia defensiva, siendo dable recordar para en relación con sus tales voluntarias situaciones de indiferencia defensiva, cual su inasistencia, que tanto daría, que el silencio es susceptible de ser valorado en el contexto del acervo probatorio ( STS 2ª 04.10.16), así como que es deber del/de la acusado/a la prueba de los hechos impeditivos y/o negativos ( ATS 13.06.03), lo que es claro que no acaece por en base a una sola silente e/o indiferente actitud. En línea con la referida STS 04.10.16, en STS 20/04/2022 se recuerda que la persona acusada puede optar, en el ejercicio de los derechos a la no autoincriminación, a no contestar a todas o alguna de las preguntas que se le formulen, a no ofrecer ninguna explicación o a ofrecer una explicación no corroborada. Ni el silencio, tal como se previene en el artículo 7 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la presunción de inocencia, ni la explicación no convincente pueden convertirse en elementos de prueba decisivos sobre los que fundar la decisión sobre la participación en el hecho de la persona acusada. Pero ello no supone que el tribunal, respetando las reglas de prueba, teniendo en cuenta la importancia de los intereses en conflicto y preservando el derecho de defensa -vid. Considerandos 22 a 28 de la Directiva 2016/343- no pueda decantar de la falta de explicación razonable elementos argumentales de tipo presuntivo que, sin adquirir un prohibido valor probatorio determinante o decisivo, sirvan para reforzar la conclusividad de las inferencias basadas en los datos de prueba aportados por las acusaciones. Aprovechamiento que no es, por tanto, probatorio sino argumental y que responde a un estándar de racionalidad social incuestionable: si la conclusividad de la inferencia resultante de la actividad probatoria desarrollada por la acusación solo podría verse, en términos cognitivos, afectada si la persona acusada, pudiendo, ofreciera una explicación razonable y verificable que la neutralizara o, al menos, introdujera una duda razonable, su ausencia puede reforzar la solidez del hecho-consecuencia. Dicho de otro modo, la ausencia de la más mínima corroboración de la hipótesis alternativa de no participación, cuando esta solo puede ofrecerla la persona acusada, puede reforzar la solidez de la inferencia basada en los resultados probatorios consecuentes al cumplimiento satisfactorio por parte de las acusaciones de la carga de prueba que les incumbe. En resumen, el silencio de la persona acusada o la explicación inverosímil ofrecida por esta no pueden aprovecharse para suplir la insuficiencia probatoria de la hipótesis acusatoria. Pero ni lo uno ni lo otro resulta inocuo para argumentar, de contrario, sobre la solidez de los resultados inferenciales que arroja la prueba de la acusación. Como se afirma en la Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Zschüschev c. Bélgica, de 2 de mayo de 2017, reiterando la doctrina Murray [ STEDH, caso Murray contra Reino Unido, de 8 de febrero de 1996], "El Convenio no prohíbe que se tenga en cuenta el silencio de un acusado para declararlo culpable, a menos que su condena se base exclusiva o principalmente en su silencio (...), lo que claramente no es el caso. Los tribunales nacionales establecieron de forma convincente un conjunto de pruebas que corroboraban la culpabilidad del demandante y su negativa a dar explicaciones sobre el origen del dinero, cuando la situación exigía una explicación por su parte, solo sirvió para reforzar esas pruebas (...). De tal modo, teniendo en cuenta el peso de las pruebas contra el demandante, las conclusiones extraídas de su negativa a dar una explicación convincente sobre el origen del dinero responden al sentido común y no pueden considerarse injustas o irrazonables. (...) Ni comportan el efecto de desplazar la carga de la prueba de la acusación a la defensa, en contra del principio de presunción de inocencia garantizado por el artículo 6.§.2 del Convenio", vid. SSTC 24/97, 26/2010, 9/2011; SSTS 474/2016 de 2 de junio, 447/2019 de 3 de octubre, 298/2020, de 11 de junio, 724/2020, de 2 de febrero, 299/2021, de 8 de abril.

Así las cosas, visionada la grabación del acto de la Vista, es claro que el acusado/ahora recurrente no ha comparecido, celebrándose en ausencia sin oposición de las partes (grabación).

La testigo Adelina vino a manifestar que fueron pareja , que terminó hace tiempo, hace 2 años. Que el ahora recurrente tenía prohibido acercarse y comunicar con ella, prohibición que se hallaba vigente en noviembre de 2022. Que el 29.11.22 fueron identificados en el bar La Pampa, que estaban juntos, porque él iba a un centro y ella vive ahí, y se encontraron, que estaban más bien discutiendo. Que alguna vez él intentó acercarse para unos papeles que tenía que darle. Que REMAR es un centro en el que le estaban ayudando (al acusado/ahora recurrente). Que se encontraron en la calle. Que sabe que él iba a ese centro porque él le dijo que iba a ese centro.

El PM NUM003 vino a manifestar que el 29.11.22 sobre las 23:00 h les requiere la emisora, a fin de que se dirigieran a un bar, donde hubo una discusión entre una pareja y una tercera persona. Que a su llegada no se encuentran allí. Que les relatan que estaban en actitud cariñosa y que un tercero les increpó. Que al pasar la filiación, el varón tiene una prohibición de acercamiento y le tienen que detener. Que acudieron antes al bar, pero ellos ya no estaban allí. Se habían marchado el tercero por un lado y la pareja por otro. Los dos iban juntos en actitud cariñosa, aunque iban ebrios (grabación j.o.).

Tal declaración se compadece con su relato en sede policial el 30.11.22.

El ahora recurrente Pedro Miguel en sede policial, asistido de abogada, no quiso declarar, y tampoco quiso hacerlo en el JVM 4 de Madrid, el 01.12.22 (grabación declaración).

De los referidos varios agentes no se ha alegado ni, desde luego, acreditado, dato alguno por los ahora recurrentes que lleve a cuestionar su imparcialidad y/u objetividad. Ya p.e. la STS 10.10.2005 recuerda que las declaraciones de Autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. Que estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la Policía Judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los artículos 104 y 126 CE, máxime cuando no nos encontramos con supuestos en los que la Policía está involucrada en los hechos como víctima o como sujeto activo.

El Tribunal Supremo, en p.e. STS 09.10.99, recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi" incumbit qui decit non qui negat", siendo que las alegaciones que se efectúan, en palabras de p.e. STS 14.07.10, se limitan en su consideración de los elementos, a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones.

Es claro que su tal silente e/o inasistencia amén de no compadecerse con el relato de los agentes, es claro que ni tan siquiera permite atisbar el alegato referido al centro, ni su horario, ni su asistencia a las referidas horas. Ello sin tampoco proposición de p.e. la testigo en el bar al que fueron comisionados los agentes intervinientes, en modo tal que las Es claro que las alegaciones de la defensa técnica no se vieron siquiera sostenidas ni corroboradas por el titular del derecho de defensa, en su defensa personal, siendo que el ahora recurrente -se reitera- optó por no comparecer.

La sentencia recurrida no reúne los condicionantes que obliguen a su rectificación en esta instancia, sino que, por el contrario, es consecuencia de una adecuada valoración de la prueba, la cual este Tribunal, al igual que la Juez a quo, considera suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia, siendo sabido que las hipótesis y/o conjeturas en modo alguno caben considerarse prueba de descargo a los efectos que nos ocupan.

Por en base a lo expuesto, sin entrar en otras consideraciones, a los efectos de resolver el recurso que nos ocupa, no habiéndose alegado ni desde luego acreditado datos, hechos ni argumentos que, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, justifiquen distinta decisión debiendo estarse a lo que se acordará.

SEXTO.-Las costas devengadas en esta instancia se declaran de oficio, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,