Sentencia Penal 525/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 115/2024 de 18 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Por Procuradora en representación de la denunciante Eugenia se interpone recurso de apelación contra sentencia de 17.11.23 de la Juez del JP 36 de Madrid (PA 78/2021), que condena al acusado Arcadio como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar, concurriendo la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal muy cualificada de dilaciones indebidas, prevista en el artículo 21.6ª del Código Penal, con condena en costas, incluidas las de la Acusación Particular, absolviéndole del delito de coacciones en el ámbito familiar y del delito leve de hurto que el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular le imputan en la presente causa, declarando las costas de oficio. Que la recurrente en la parte que acuerda absolver al acusado del delito de coacciones en el ámbito familiar, así como del delito leve de hurto, alega infracción del artículo 24 CE en cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Que el razonamiento de la Juzgadora en su sentencia se aparta manifiestamente de las máximas de la experiencia en relación al presunto no cumplimiento, por parte de la ahora recurrente de los requisitos a reunir para que su declaración, como única prueba directa, sea prueba de cargo suficiente a fin de enervar la presunción de inocencia del investigado. Que la Juzgadora fundamenta su decisión de absolver al acusado basándose únicamente en que no se han aportado testigos, lo que -afirma- supone no aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva. Que no denuncia en el presente recurso la valoración de la prueba, sino la no valoración de la única prueba existente. Que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Que la declaración de la ahora recurrente reúne todos los requisitos que indica la jurisprudencia para poder tenerla como única prueba de cargo y pone de manifiesto la veracidad de los hechos objeto de denuncia, siendo prueba suficiente para destruir el principio de presunción de inocencia del art. 24 de la C.E. Afirma la denunciante/recurrenteque su testimonio ha sido persistente, sólido, coherente y sostenido en todo momento. Que si bien es cierto que el día de los hechos no había testigos, sí se puede considerar constatada la concurrencia del requisito de "corroboraciones periféricas de carácter objetivo". Interesa se acuerde la nulidad de la parte de la sentencia en la parte que acuerda la absolución del acusado de los delitos de coacciones en el ámbito familiar y del delito leve de hurto, manteniéndose la condena del acusado en cuanto al delito de maltrato en el ámbito familiar.

El Fiscal, por escrito de 18.12.23, impugna el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Eugenia. Que la sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a Derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el juicio oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado. El propio análisis que la recurrente hace de la prueba practicada en el juicio oral y ha sido valorada por el Juez evidencian que no se practicó prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado respecto del delito de coacciones leves en el ámbito familiar y del delito leve de hurto. Que la valoración no sea coincidente con la que el recurrente pretende no es infracción a dicho precepto. El principio "in dubio pro reo" no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en caso de duda razonable de la juzgadora; sólo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable al acusado. Es obvio que ello ocurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de la forma de ocurrir los hechos ha sido formada con dudas respecto a los dos ilícitos penales por los que ha sido el acusado absuelto. En realidad, la recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte que es, sustituyendo el convencimiento de la Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación la prueba personal y es que es doctrina jurisprudencial reiterada que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la LECrim sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por la Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido. En el presente supuesto, no se aprecia ningún razonamiento ilógico, irracional o arbitrario en los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida que deba ser rectificado analizando el juez a quo minuciosamente, de forma coherente y sin incongruencia alguna el resultado de la prueba practicada con todas las garantías en el acto del juicio oral. Declaraciones todas ellas que se describen con precisión en la sentencia impugnada, analizando la Juez a quo de forma racional y lógica las versiones dadas por el acusado y los testigos. Y dichas declaraciones constituyen un supuesto de prueba de naturaleza personal en cuya valoración resulta esencial la percepción directa de la prueba por la Juez a quo, quien en virtud de la inmediación se encuentra en una situación privilegiada para valorar su fiabilidad, consistencia y autenticidad, debiendo respetarse su criterio salvo que se aprecie ilegalidades, incoherencias o lagunas, lo que no sucede en el presente supuesto , pues la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Así las cosas, la valoración efectuada por la Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada en apelación, no apreciándose en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno, al no contarse en el plenario con una prueba de cargo, de contenido inequívocamente incriminatorio, que no enervando la presunción de inocencia del acusado, no ha permitido llegar a un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos que se declaran probados considerando este Ministerio que la sentencia dictada es plenamente ajustada a derecho. Interesa se desestime el recurso interpuesto y se confirme la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Por Procuradora en representación del acusado Arcadio se interpone recurso de apelación contra la referida sentencia de 17.11.23 de la Juez del JP 36 de Madrid (PA 78/2021), que le condena. Afirma que dicha apreciación infringe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24. de la Constitución. Que el testigo D. Leoncio, pareja de la anterior testigo, dijo en la vista oral que él no vio el episodio de la ventana referido por su pareja, que se lo comentó ésta. Sin embargo, en su declaración prestada en el Juzgado de la instrucción dice: "estaba metiendo la compra en su coche y vio a la chica con medio cuerpo fuera de la ventana, gritando, no recuerda con exactitud las palabras, algo así como que me tira o me mata. Este episodio duró segundos... sin embargo en la vista oral dice al Fiscal que él no vio nada de eso. La sentencia recurrida nada dice de esta trascendental contradicción. Sólo dice que este testigo oyó gritos. Incluso se debería haber deducido testimonio por delito de falso testimonio del artículo 458 CP. Reitera que se ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia del acusado/ahora también recurrente. Ilustrando sobre el derecho a la presunción de inocencia, afirma infracción de precepto constitucional, al amparo del punto 4º del artículo 5 LOPJ, al amparo del art. 5-4 de la L.O.P.J., al incurrir la sentencia que se impugna -continúa- en infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia que ampara al acusado/recurrente, consagrado en el art. 24.2 de la C.E. en lo que se refiere al delito por el que se le condena. Interesa se declare haber lugar al recurso, anulando la sentencia recurrida y declarando las costas de oficio, dictándose a continuación, pero separadamente, la sentencia absolutoria (sic).

Por Procuradora en representación de Eugenia, se opone al recurso de apelación formulado de contrario, con alegación única del siguiente tenor: La Juzgadora "a quo" recoge con todo detalle en su sentencia los hechos que se consideran probados, haciendo una exhaustiva explicación de la prueba practicada, que le ha llevado a dictar una sentencia condenatoria. Tal y como recoge la sentencia en el Fundamento de Derecho Primero, en la conducta del acusado se encuentra con todos los elementos integrantes y definidores de la acción penal, los cuales han quedado acreditados con las pruebas legal y válidamente practicadas en autos, y que han desvirtuado la presunción de inocencia que inicialmente amparaba al acusado conforme al artículo 24.2 de la Constitución Española. Entiende que en este aspecto es una sentencia plenamente ajustada a Derecho y por tanto, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto de contrario y confirmarse la condena del acusado por el delito de maltrato en el ámbito familiar.

El Fiscal, por escrito de 18.12.23, impugna el recurso interpuesto por la representación procesal de Arcadio. Que la sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a Derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el juicio oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado. El propio análisis que el recurrente hace de la prueba practicada en el juicio oral y ha sido valorada por el Juez evidencian que se practicó prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado. Que la valoración no sea coincidente con la que el recurrente pretende no es infracción a dicho precepto. El principio "in dubio pro reo" no es un principio absoluto, sino algo que debe impregnar la interpretación en caso de duda razonable del juzgador; sólo cuando, tras la valoración conjunta de la prueba, dos opciones son igualmente posibles, entra en funcionamiento este principio, debiéndose acoger siempre la que sea más favorable al acusado. Es obvio que ello no ocurre en el presente caso, en el que la convicción judicial de la forma de ocurrir los hechos ha sido formada sin dudas. En realidad, el recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte que es, sustituyendo el convencimiento de la Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación la prueba personal y es que es doctrina jurisprudencial reiterada que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la LECrim sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido. En el presente supuesto, no se aprecia ningún razonamiento ilógico, irracional o arbitrario en los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida que deba ser rectificado, analizando el juez a quo minuciosamente, de forma coherente y sin incongruencia alguna el resultado de la prueba practicada con todas las garantías en el acto del juicio oral. Declaraciones todas ellas que se describen con precisión en la sentencia impugnada, analizando la Juez a quo de forma racional y lógica las versiones dadas por el acusado y los testigos. Y dichas declaraciones constituyen un supuesto de prueba de naturaleza personal en cuya valoración resulta esencial la percepción directa de la prueba por la Juez a quo, quien en virtud de la inmediación se encuentra en una situación privilegiada para valorar su fiabilidad, consistencia y autenticidad, debiendo respetarse su criterio salvo que se aprecie iligicidades, incoherencias o lagunas, lo que no sucede en el presente supuesto , pues la alegación del recurrente no pone de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, la Magistrada del Juzgado de lo Penal, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la del titular del órgano que juzga en primera instancia. Así las cosas, la valoración efectuada por la Juez de lo Penal, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada en apelación, no apreciándose en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno, al contarse en el plenario con una prueba de cargo, de contenido inequívocamente incriminatorio, que enervando la presunción de inocencia del acusado, ha permitido llegar a un juicio de certeza sobre la realidad de los hechos que se declaran probados considerando este Ministerio que la sentencia dictada es plenamente ajustada a Derecho. Interesa se dicte sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto y se confirme la sentencia recurrida.

TERCERO.- La Juez del JP 36 de Madrid, en su sentencia de 17.11.23 (PA 78/2021) considera:

...Así, de la prueba obrante en autos, y practicada en el acto del juicio oral, cabe hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el acusado, aun cuando ha manifestado querer declarar, sorprendentemente la Defensa no le ha formulado pregunta alguna, impidiéndole así ofrecer una versión de lo que pudo acontecer en la noche del día 15 de junio de 2017. Por otra parte, ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular han formulado preguntas al acusado.

En segundo lugar, la testigo Dña. Eugenia, pareja sentimental del acusado a la fecha de los hechos, ha relatado en el acto de la vista que, el día 15 de junio de 2017, estaba enfadada con el acusado, motivo por el cual, cuando él la llamó para que le cortara el pelo, ella se negó; que, pese a que ella no quería ver al acusado, él acudió a su domicilio (el referenciado en el apartado Hechos Probados de la presente resolución) y le dejó pasar al interior de la vivienda; que el acusado empezó a "enrabietarse", que le pidió la tarjeta del teléfono móvil y ella trató de no hacerle caso; que ella se puso en la ventana (ya abierta) y le dijo si quería que se enteraran los vecinos; que el acusado se dirigió a ella, la cogió con la mano del cuello, la empujó contra la ventana y la sacó media parte del cuerpo; que pidió socorro porque vio en la calle a unos vecinos; que propinó una patada al acusado y éste se retiró; que el acusado cogió "sus trastos" y se fue.

En tercer lugar, la testigo Dña. Flor, persona que conoce al acusado y la denunciante como vecinos del pueblo, aclarando que allí se conocen todos porque es un pueblo muy pequeño (de 1.000 habitantes), ha expuesto en el acto de la vista que, aquella tarde, venía con su pareja, D. Leoncio, de hacer la compra; que escuchó a la denunciante gritar "que me tira, que me mata", pudiendo apreciar cómo la denunciante tenía medio cuerpo en la ventana. La testigo ha hecho hincapié en que la denunciante tenía "medio cuerpo literal" fuera de la ventana; que llamó a su pareja, que ésta le dejó el móvil y llamó a la Policía. La testigo ha añadido que, al rato, vio salir "rápido" el coche del acusado con él dentro. La denunciante ha indicado que temió porque Dña. Eugenia pudiera caer, dado que tenía medio cuerpo fuera y gritaba "que me mata, que me mata". Asimismo, la denunciante ha señalado creer que el acusado gritaba "cabrona, puta". Aun cuando la citada testigo ha manifestado que sólo vio el medio cuerpo de la denunciante, pero no al acusado, la presencia del mismo junto a Dña. Eugenia y la acción agresiva antes descrita se estima plenamente demostrada, no sólo porque así lo ha dado a entender el Sr. Arcadio en el ejercicio del derecho a la última palabra al indicar que la denunciante se fue hacia la ventana, sino también porque, tal y como se ha apuntado, la Sra. Flor ha indicado que, al rato, vio salir rápido al acusado en su vehículo.

Y el testigo D. Leoncio, pareja sentimental de Dña. Flor, ha confirmado que, aunque él estaba con la compra, escuchó los gritos "que me mata, que me mata", motivo por el cual Flor llamó a la Policía.

En definitiva, los argumentos esgrimidos permiten concluir que ha quedado demostrada la comisión por parte del acusado del delito de maltrato en el ámbito familiar que el Ministerio Fiscal y la acusación particular le imputan en este procedimiento, estimándose desvirtuado el principio de presunción de inocencia que inicialmente lo amparaba.

SEGUNDO.- A conclusión distinta cabe llegar respecto al delito de coacciones en el ámbito familiar que el Ministerio Fiscal y la acusación particular imputan al acusado en este procedimiento por estimar demostrado que, el día 22 de marzo de 2018, el acusado, con intención de imponer su voluntad a su expareja sentimental, Dña. Eugenia, acudió al domicilio de ésta, sito en la DIRECCION000, de Navalafuente, y estuvo durante dos horas aporreando la puerta y llamando al timbre, al tiempo que la llamaba "hija de puta".

Así, de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral cabe hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, tal y como se ha indicado en el Fundamento de Derecho precedente, aun cuando al acusado ha manifestado su deseo de prestar declaración, no se le ha formulado ninguna pregunta ni por la Defensa ni por las acusaciones. No obstante, en el ejercicio de su derecho a la última palabra, ha indicado que él no tiene ningún perro, que se trata de un perro de la calle, dando a entender que él no le reclamó su entrega a Dña. Eugenia.

En segundo lugar, la testigo Dña. Eugenia, ha expuesto en el acto de la vista que, el día 21 de marzo de 2018, ya no era pareja del acusado y, por tanto, no convivían juntos. La testigo ha relatado que, el día 21 de marzo de 2018, se encontró en el portal de su domicilio al perro del acusado y que lo llevó a su vivienda; que llamó al acusado y éste le dijo que echara al perro a la calle; que se quedó con el perro toda la noche; que, al día siguiente, llamó a un amigo común y que éste le dijo que, en un rato, se pasaría a recoger el perro; que, a los cinco minutos de colgar al amigo común, se presentó el acusado en su domicilio aporreando la puerta y diciendo que había secuestrado a su perro; que, tras cinco o diez minutos, el acusado se bajó y le dijo "hija de puta, voy a ir a por ti".

Llama la atención que la denunciante, pese a que, según ella, estuvo cinco o diez minutos ("dos horas", según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal), aporreando la puerta, no llamara a la Policía a fin de denunciar la conducta de su expareja sentimental, máxime si se tiene en cuenta que, según ella, una vez que se fue a la calle, le llamó "puta" y le dijo que "iba a ir a por ella". Y aun cuando la denunciante ha manifestado en el acto de la vista que llamó a un amigo común para que fuera a recoger al perro, tampoco se ha instado la testifical de ese amigo común, que no ha sido identificado, a fin de poder esclarecer si él llamó al acusado para contarle que Eugenia le había telefoneado para que fuera a recoger al perro. Y tampoco se ha instado la testifical del hermano de Dña. Eugenia pese a que, según ella, después de soltar al perro, lo llamó después de lo sucedido, yéndose con él a dar un paseo y tratar de calmarse.

En definitiva, los argumentos esgrimidos han generado una duda en cuanto a la comisión por parte del acusado del delito de coacciones en el ámbito familiar que el Ministerio Fiscal y la acusación particular le imputan en esta causa. La duda suscitada impide el dictado de una sentencia de signo condenatorio, máxime si se tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española , e imperante con máximo rigor en el ámbito del proceso penal.

TERCERO.- A la misma conclusión absolutoria cabe llegar respecto al delito leve de daños que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular le imputan en el presente procedimiento por estimar demostrado que el acusado, el día 22 de marzo de 2018, tras haber aporreado la puerta de la vivienda de Dña. Vanesa, con ánimo de ilícito enriquecimiento, le sustrajo dos de los neumáticos de su vehículo.

Así, de la valoración de la prueba obrante en autos, y practicada en el acto del juicio oral, cabe hacer las siguientes consideraciones

En primer lugar, y por los motivos explicados en el Fundamento de Derecho primero de la presente resolución, al no formular ninguna de las partes preguntas al acusado, éste no ha podido facilitar una versión acerca del delito leve de hurto que se le imputa. No obstante, y aun cuando resulte sorprendente que la Defensa no haya formulado al acusado pregunta alguna pese a haber manifestado querer prestar declaración, dicha actuación de la Defensa no puede perjudicarlo si no hay una prueba clara de la sustracción que se le imputa.

En segundo lugar, la testigo Dña. Eugenia, expareja del acusado en fecha de 22 de marzo de 2018, ha relatado que, tras soltar al perro, llamó su hermano; que se fue a pasear con él para calmarse; que, "a unos minutos del edificio", vio que el coche del acusado estaba aparcado delante del coche de su hermano; que estuvo paseando una hora y media; que, cuando volvió, otro amigo la llamó para que le ayudara con el perro; que, sobre las cuatro y media o cinco de la tarde, vio que su coche no tenía las ruedas y que estaba levantado sobre unos ladrillos; que llamó al amigo al que había telefoneado antes para que fuera a recoger el perro y apareció con las dos ruedas de su coche; que ese amigo le dijo que Arcadio le había dicho que se las subiera. Sin embargo, por parte de la acusación particular no se ha instado la testifical de ese amigo que, según la denunciante, le llevó las ruedas, considerándose que dicho testimonio, caso de confirmar lo relatado por Dña. Eugenia, podría haber esclarecido la supuesta sustracción que se imputa al Sr. Arcadio.

En definitiva, no habiendo sido corroborada la versión fáctica facilitada por la Sra. Eugenia con algún otro medio de prueba respecto al delito leve de hurto que se imputa al acusado, se ha generado una duda en cuanto a la comisión por parte del mismo de la indicada infracción penal. La duda originada impide el dictado de una sentencia de signo condenatorio, dado el principio de presunción de inocencia que rige en el ámbito del proceso penal.

CUARTO.- Del delito de maltrato en el ámbito familiar es responsable penalmente en concepto de autor, según lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal , el acusado, al realizar directa, material y voluntariamente los hechos que se le imputan.

QUINTO.- En el caso concreto, concurre la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal muy cualificada de dilaciones indebidas, prevista en el artículo 21.6ª del Código Penal . Así, del examen de la causa se desprende que la misma ha estado paralizada sin causa imputable al acusado desde que se remitió al Juzgado de lo Penal en fecha de 19 de diciembre de 2020 hasta que se resolvió sobre la admisión de prueba en fecha de 23 de febrero de 2023. El lapso temporal de paralización de la causa superior a dos años justifica que aprecie la indicada circunstancia atenuante como muy cualificada.

CUARTO.- Procede partir de recordar que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal ad quem sobre la determinación de los Hechos Probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro ordenamiento jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

Consecuencia de lo expuesto lo es que sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia:

a) cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador;

b) cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia;

c) cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/93 y STC 1/3/93). Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria.

Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como recuerda la STC de 18 de mayo de 2009, el mismo no puede sustituir a la 792 que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

En la sentencia del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 se viene a reiterar la misma interpretación, "el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un "límite" para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 2) derivado "del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal" ( STC 192/2004, FJ 2). Así, la STC 167/2002, perfilando tal límite, concluye que "en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1). La "ratio" de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que "ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías" es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido "a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción" (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: "la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; y 50/2004, de 30 de marzo, FJ 2, entre otras)" ( STC 31/2005, de 14 de febrero, FJ 2).

Así, "la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido; esto es: sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación" ( STC 112/2005, de 9 de mayo, FJ 9); así, "forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE) , que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo" ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 112/2005, FJ 2; 185/2005, de 4 de julio, FJ 2).

Idéntico criterio es aplicado en sentencias como la de 28 de abril de 2009 según la cual "En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 115/2008, de 29 de septiembre, y 49/2009, de 23 de febrero), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

Igualmente, en modo pacífico por reiterado, la jurisprudencia (así STS 27.12.1999), ha establecido la doctrina sobre los requisitos de la declaración de la víctima como prueba de cargo única, apta y bastante para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24 C.E.) , estableciendo que "esta Sala viene recogiendo una reiterada doctrina sobre la eficacia probatoria de la declaración de víctima cuando constituye la única prueba de cargo. Así, entre otras muchas, en las sentencias de 20 de octubre de 1999, 9 de octubre de 1999, 1 de octubre de 1999, 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999, se expresa que aunque, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado, que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento u otro interés de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

2. Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que constituye una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el proceso ( arts. 109 y 110 LECr) .

3. Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (SSRS 28 de septiembre de 1988, 26 de mayo y 5 de junio de 1992, 8 de noviembre de 1994, 27 de abril y 11 de octubre de 1995, 3 y 15 de abril de 1996).

Mas también que la tal declaración y y los tales requisitos proceden ser interpretados a la luz de, entre otras, STS 13.06.18 que recuerda, entre otros extremos, que "...ello, sin embargo, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinta del resto de los testigos, en cuanto al valor de su declaración, y otorgar una especie de presunción de veracidad...". Asimismo la STS 22.04.21, citando STS 467/2020 de 21.09.20, entre otras, recuerda que la idoneidad probatoria de la declaración de la víctima ha de pasar el filtro, en cada caso concreto, de la valoración del Tribunal sentenciador. Su alto valor incriminatorio no significa que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación. Por su parte la STS 2ª de 21.05.10, nº 3536/2010, que, entre otros extremos, señala: "...existe cierta tendencia a postular para la declaración de la que aparece procesalmente como víctima un plus de credibilidad. Es decir, la aplicación de un estándar de prueba menos exigente. Pero sucede que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto, lo que significa que, cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que resulte justificada una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento -de frecuente presencia, sobre todo implícita- de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello alguna clase de prueba, no se sostiene. Pues nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos.

Tal es el contexto en el que hay que tratar del valor que cabe dar a los indicadores jurisprudenciales de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación, de los que la sala de instancia hace uso en la sentencia, en la apreciación de la testifical de cargo.

Estas pautas, tomadas a veces indebidamente con cierto automatismo, cual si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir -en negativo- para desestimar el testimonio en sí mismo inverosímil, el autocontradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otras razones, no necesariamente conscientes. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la verdad al imputar la realización de una conducta punible.

En consecuencia, el contenido de una testifical que supere ese triple filtro no debe ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado a limine como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabrá pasar, en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la calidad de los datos.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998), es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente...".

Lo anterior, sin obviar, el tenor del art. 792.2 primer párrafo LECr ("La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2), siendo así que en la sentencia de instancia se valoran por la Juez a quo las que se consideran, en lo esencial, enfrentadas versiones.

QUINTO.- Para en relación con el pronunciamiento absolutorio (objeto de recurso por en representación de la denunciante Eugenia), procede recordar que ya la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 2002 establece en el último párrafo de su Fundamento Jurídico Primero que: "En casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción". En consecuencia, el criterio unánime del Pleno del Tribunal Constitucional es que, en las pruebas que exigen la inmediación y la contradicción para su valoración, no puede el Tribunal de Apelación sustituir el criterio del Juez a quo, ya que carece en tales casos de las condiciones exigidas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Reiteran los argumentos de la anterior resolución las sentencias 170/2002 de 30 de septiembre y 200/2002 de 28 de octubre, que obligan a respetar la valoración probatoria realizada por el Juez a quo sobre las pruebas que requieren haber sido presenciadas directamente por el órgano judicial ante el que se practicaron, salvo, claro está, los supuestos de valoraciones irrazonables o arbitrarias, consecuencia del principio de tutela judicial efectiva que traería como consecuencia necesaria la anulación de la sentencia, pero no sustituir directamente la valoración por otra, así como en la posterior de 20 de diciembre de 2005.

En la sentencia del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 fue reiterada la misma interpretación: "el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un "límite" para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 2) derivado "del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal" ( STC 192/2004, FJ 2). Así, la STC 167/2002, perfilando tal límite, concluye que "en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que "ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías" es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido "a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción" (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: "la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; y 50/2004, de 30 de marzo, FJ 2, entre otras)" ( STC 31/2005, de 14 de febrero, FJ 2).

Entre otras, la STS 31.01.18 recuerda, entre otros extremos "la doctrina del TEDH que restringe la posibilidad de pronunciamientos condenatorios o peyorativos ex novo en apelación o casación, reitera a su vez que la revisión de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de calificación jurídica y, por ello, exige inmediación en la práctica probatoria y audiencia del acusado ( SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, caso Almenara Alvárez c. España ; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España ; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España ; 20 marzo 2012, caso Serrano Contreras c. España ; 27 de noviembre de 2012, caso Román Zurdo c. España ; 12 de noviembre de 2013, caso Porcel Terribas y otros c España; 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. España ; o 13 de junio de 2017, caso Atutxa c. España ); y donde la misma consideración intangible que el relato de hechos probados debe ser predicada de las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011 , § 49), contenidos en la fundamentación de la resolución", la Sala en vía de recurso no puede modificar la sentencia absolutoria en sentido condenatorio para el acusado, que se ha basado en prueba personal, sin inmediación, y no salva este obstáculo el hecho de que la vista oral haya sido grabada".

SEXTO.- Desde lo expuesto y recordado, es claro que la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia siendo que en fase de alzada lo que compete, en los términos precisados por el Tribunal Constitucional en STC 184/2013, es el control de racionalidad de los estándares empleados para decidir".

La ahora recurrente, en palabras de p.e. STS 14.07.10, se limita en su consideración de los elementos, a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones, siendo que las tales afirmaciones en modo alguno desvirtúan aquellos, no procediendo, a la vista de la reseñada jurisprudencia, su modificación en esta alzada, siendo claro, por lo demás, y además, que las pruebas llevadas a efecto, lo fueron de naturaleza personal,

La propia Juez a quo expone que ninguna de las partes formula preguntas al acusado no obstante, efectivamente, haber manifestado querer declarar (01:00 grabación j.o.), sin tan siquiera para en relación con su declaración en fase de instrucción el 23.03.18, en la que vino a negar los concretos hechos por los que devino acusado.

Aun para en el supuesto de considerarse existencia de relatos enfrentados y/o testimonios contradictorios ( STS 2ª 26.10.01), si bien no suponen ni conllevan su neutralización, habrán de ser valorados en el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así, es dable concluir, ha acaecido en el caso que nos ocupa.

Lo actuado, y/o lo no actuado, fue objeto de valoración por la Juez a quo, en lo referido a su veracidad y credibilidad, siendo que alternativo e interesado relato que se efectúa no justifica ni acredita, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de decisión distinta. La decisión adoptada por la Juez a quo, procede ser respetada, atendido el resultado de las pruebas practicadas en el plenario, no habiéndose acreditado (siendo que ni aun se atisba), que las conclusiones alcanzadas, sean arbitrarias ni ilógicas, siendo, antes al contrario, razonadas y razonables, aunque sean discrepantes con las vertidas por la ahora recurrente.

Por lo demás, y además, dable deviene significar que la Juez a quo viene a considerar de concreta aplicación el principio jurisprudencial in dubio pro reo, siendo que el Tribunal Supremo, en p.e. STS 09.10.99, recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del acusado. Las hipótesis y/o conjeturas no son equiparables a indicios racionales de criminalidad. Y a propósito del considerado principio in dubio pro reo, también recordar que no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y practicada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo. Es dable significar (p.e. STS 2ª 20.07.1999), que el Alto Tribunal ha sostenido repetidamente que, cuando el Tribunal expresa, directa o indirectamente, su duda, es decir, cuando no puede descartar con seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado, y, no obstante ello, adoptan la versión más perjudicial al mismo, vulneran el principio "in dubio pro reo", que, según la STC 30/81 EDJ 1981/30, está garantizado constitucionalmente como uno de los elementos de un proceso con todas las garantías en el art. 24 de la C.E. EDL 1978/3879 -cfr. Sentencia 20-10-96.

SÉPTIMO.- Para en relación con el pronunciamiento condenatorio, es de reiterar la naturaleza personal de las diligencias de prueba, siéndolo también los dictámenes periciales, en cuanto que se trata de pruebas personales, siendo que el ahora recurrente no viene sino a relatar su propia valoración de la pruebas llevadas a efecto, limitándose -se reitera- a considerar los elementos, dándoles otra interpretación o bien aislándolos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones.

La testigo Flor vino a manifestar que el 15.06.17 manifestó que estaba en su coche sacando la compra y escuchó gritos del tenor de Que me tira, Que me tira, Que me mata, así como insultos y cosas, y vio a la chica con medio cuerpo, manifestando que no vio si había alguien más con ella (16:40 grabación j.o.). El testigo Leoncio vino a manifestar que estaban descargando la compra y Flor estaba por donde el maletero y empezó a oír gritos y le dijo que llamara al 112 , que él oyó los gritos, Que me mata, o algo así, que la situación no la vio (20:50 grabación j.o.). Ni la Acusación Particular ni la Defensa hicieron pregunta alguna, pretendiéndose per saltum por el ahora recurrente que se debió deducir testimonio por falso testimonio, siendo que las conclusiones fueron elevadas a definitivas sin interesar la deducción que ahora refiere.

Para en el supuesto de considerarse relatos enfrentados, o testimonios contradictorios, es claro que no fue invitado a su aclaración, como tampoco de considerarse una posible retractación. En todo caso es sabido, o debiera serlo, que las contradicciones, retractaciones o correcciones sobre la implicación de los coacusados, no significan inexistencia de prueba de cargo sino que constituyen un tema de valoración o apreciación probatoria, pudiendo el Tribunal confrontar unas y otras versiones y formar un juicio de conciencia, en función de las máximas ordinarias de experiencia, sobre su respectiva veracidad, atendiendo a su coherencia o incoherencia interna, razones expresadas para justificar la retractación, etc. conforme a lo prevenido por el art. 741 de la L.E.Criminal EDL 1882/1 ( SSTS de 12 de diciembre de 1996 EDJ 1996/9713 y 3 de octubre de 1997 EDJ 1997/7539 , entre otras). Como señala la STC 161/1990 EDJ 1990/9535 , lo que resulta determinante para la apreciación de la legitimidad de una declaración practicada en el sumario y contradictoria con la practicada en el juicio oral es que se dé oportunidad a quien ha efectuado esas declaraciones contradictorias para que explique esa diferencia y que el Juez pueda valorar con inmediación la rectificación producida. Asimismo recuerda la STC 115/1998, de 1 de junio EDJ 1998/14947 , que la posibilidad de que, en caso de contradicción entre los resultados de ambos medios de prueba, el órgano judicial funde su convicción en las pruebas sumariales en detrimento de lo manifestado en el juicio oral, ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional en numerosas resoluciones entre las que cabe citar las SSTC 82/1988 EDJ 1988/398 , 98/1990 EDJ 1990/5487 y 51/1995 EDJ 1995/451 .

Basta la lectura de la sentencia que se recurre, para concluir que las alegaciones/afirmaciones que se efectúan no justifican ni, desde luego, acreditan, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de decisión distinta, siendo que la adoptada por la Juez a quo, procede ser respetada por las razones anteriormente expuestas, atendido el resultado de las pruebas practicadas en el plenario, sin que se haya acreditado, ni aun se atisbe, que las conclusiones alcanzadas sean arbitrarias ni irrazonables, aunque sean discrepantes con las vertidas por el recurrente. Deberá, en consecuencia, estarse a lo que se acordará.

OCTAVO.- Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 de la LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,