Sentencia Penal 698/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 776/2024 de 20 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Por Procurador en representación del acusado Martin se interpone recurso de apelación contra sentencia de 18.12.23 de la Juez del Juzgado de lo Penal 34 de Madrid (PA 299/2022), que condena al acusado/ahora recurrente como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el art. 468.2 CP, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de seis meses de prisión... Alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia del acusado, art 24 CE, error en la apreciación de la prueba, incongruente, omisión de razonamiento o de prueba. Afirma que la conducta del recurrente no es punible, al no resultar típica, antijurídica y culpable, y no probada la autoría. Que no se ha contado con la declaración de doña Crescencia, a efectos de explicar cuál era su domicilio en fecha 7 de febrero de 2020. Para el caso que fuera la distancia de c/ Bravo Murillo nº 326 a la DIRECCION001 la distancia es 650 metros como se adjunta con el documento nº 1. Que de la prueba practicada no ha quedado acreditado que viviera allí en esa fecha. Afirma que el domicilio del acusado era en DIRECCION002, como así consta en la designación de turno de oficio que se aporta como documento nº 4, es decir, para acudir a su domicilio, debe pasar por la DIRECCION000. Que no puede asegurarse que la víctima viviera en ese domicilio, cuando ella misma ha aportado otros domicilios al Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid, a una distancia de 7 kilómetros (folio 33 de las actuaciones), así mismo ya en las Diligencias Urgentes nº 817/2019 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid, doña Crescencia fue requerida a que si cambiaba de domicilio lo debía poner en conocimiento del Juzgado. Tampoco consta en actuaciones ningún documento que acredite la distancia de 250 metros. Que existían errores para poder condenar al recurrente. Se le condena por las testificales de los agentes de Policía Nacional, que tampoco es acorde con la sentencia, así declara el agente NUM003 que se encontraba a escasos metros, ni recuerda en que número de la calle fue filiado, y el Juzgado condena poniendo una distancia de 250 metros, pues no existe ninguna medición de distancia que se pueda confirmar que estaba a esa distancia. Que no pueden confundirse los indicios con las sospechas. Para enervar la presunción de inocencia debe contar con indicios probados y no con meras "probabilidades" de que el hecho haya ocurrido como señala la acusación. Que en los procesos penales rigen los principios de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la CE, e in dubio pro re. Ilustrando sobre la prueba indiciaria y la valoración de la prueba, reitera que dicha prueba de cargo carece de virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y acreditar la autoría del acusado/ahora recurrente, con el "juicio de certeza" que toda sentencia penal condenatoria exige. Alega "vulneración no motivación de las circunstancias atenuantes solicitadas del art 21.6ª C.P." Ilustrando sobre la motivación, afirma que en relación a la alternativa solicitada, se solicitó que se debía aplicar la (atenuante) de dilaciones indebidas del art 21.6ª C.P, es decir, desde el 6 de mayo de 2022 a la fecha de juicio 18 diciembre de 2023, es decir 1 año y 7 meses. Interesa se revoque la sentencia dictada por el Juzgado y se absolviendo al acusado/ahora recurrente del delito por el que ha sido condenado.

La Fiscal, por escrito de 23.02.24, impugna el recurso. Que se alega que la sentencia recurrida incurre en error de apreciación de las pruebas practicadas y en vulneración del principio de la presunción de inocencia, ya que la sentencia recurrida ha sido dictada en aplicación de un principio básico que rige en el ámbito jurisdiccional procesal penal, como es el de libre valoración de la prueba válidamente practicada en el acto del juicio oral, no apreciándose motivos para estimar que los razonamientos empleados en dicha resolución hayan de ser considerados ilógicos o arbitrarios. Que la fundamentación jurídica de la misma se ajusta a lo actuado y evaluado en el juicio oral, y colma el principio de motivación de las resoluciones judiciales recogido en el art. 120.3º de la Constitución, existiendo los suficientes elementos objetivos contrastados que permiten desvirtuar el principio de presunción de inocencia respecto de la recurrente e inocencia. Que, efectivamente, la prueba se centra en la declaración judicial de los agentes de Policía, los cuales identificaron al acusado a unos 250 metros del domicilio de la víctima, sito en DIRECCION000 designado por aquella como uno de los dos domicilios a los que el varón no podía acercarse a no menos de 500 metros. A los folios 86 a 87 de las actuaciones se notificó y requirió de ello al acusado con apercibimiento expreso de cometer un delito de quebrantamiento del art 468.2 del Código Penal si incumplía, siendo informado expresamente de que se habían designado dos domicilios a los que no podía aproximarse ( DIRECCION001 y DIRECCION000). Que la prueba practicada fue contundente para el dictado de una sentencia condenatoria enervando así la presunción de inocencia de la acusada. Por lo expuesto, interesa se tenga por presentado el escrito de oposición contra el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia citada y se proceda a la confirmación la misma por entenderla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.-La Juez del JP 34 de Madrid, en su sentencia de 18.12.23 (PA 299/2022), considera:

PRIMERO.- Los hechos que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena previsto y penado en el artículo 468.1 del Código Penal , al concurrir en el supuesto enjuiciado todos los elementos que integran esta figura delictiva...

En este sentido, no se discute el elemento normativo, efectivamente, consta en autos - folios 83 a 85- que el acusado tenía prohibido por Auto de fecha 6 de agosto de 2019 dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer n° 7 de Madrid en sus Diligencias Urgentes n° 817/2019 aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de su ex compañera sentimental Crescencia, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente y comunicar con ella por cualquier medio, y así resulta del testimonio de la citada resolución, así como la notificación personal de la misma al acusado, con las advertencias caso de incumplir tales medidas, no siéndole así pues desconocida al acusado ni la vigencia de la misma ni su extensión, folios 86 y 87.

Nada alega el acusado, ausente injustificadamente al acto de la vista.

Contundente resulta la declaración de los dos agentes que depusieron en la vista, quiénes de forma coincidente afirman que el día de autos se encontraban desempeñando sus funciones por la DIRECCION000 y observan al acusado al que conocían de intervenciones anteriores, proceden a identificarlo y comprueban que tenía una orden de alejamiento en relación a un domicilio de una víctima de violencia de género que se encontraba a menos de 500 metros de el mismo, a escasos números de la residencia de ésta, procediendo a su detención.

A la vista de lo anterior, en virtud de la documental citada y la testifical de los agentes de Policía, con independencia de que la Sra. Crescencia pudiera facilitar otro domicilio en su declaración como perjudicada, como alega la defensa, si bien ya fijó el domicilio sito en DIRECCION000 a los efectos de recoger notificaciones, por tanto era un lugar frecuentado por la misma, la presencia del acusado a escasos 250 metros de tal dirección, determina un claro incumplimiento del auto que en su día le fue notificado.

Por todo ello, se estima que se ha practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado por el delito de quebrantamiento que se le imputa.

TERCERO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

CUARTO.- En cuanto a la pena a imponer señala el artículo 468.2 del Código Penal que "1. Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada." En la aplicación de la pena, de conformidad con el artículo 72 del Código penal , "Los jueces o tribunales, en la aplicación de la pena, con arreglo a las normas contenidas en este capítulo, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta". En base a lo expuesto y conforme a los artículos 66 y 468.2 del CP , analizando las circunstancias concurrentes y no constando la concurrencia de agravantes o atenuantes, procede imponer al acusado la pena mínima prevista por el tipo penal, esto es, seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

TERCERO.-El recurso de apelación constituye el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control del Tribunal ad que sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la Jurisprudencia que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española), y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de apelación el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 17/12/85; 23/6/86; 13/5/87; 2/7/90 entre otras).

La valoración de la prueba corresponde al Tribunal que ha presenciado el juicio y ante el que se han practicado las pruebas ( artículo 741 de la LECr) , quien disfruta de las ventajas de la inmediación y oralidad y percibe directamente la forma en que se prestan los testimonios y las reacciones y expresiones de todos los que comparecen ante él. Corresponde, por tanto a ese Tribunal dar mayor credibilidad a unas declaraciones sobre otras o decidir sobre la radical oposición entre las manifestaciones de denunciante y denunciados ( SSTS de 26 de marzo de 1.986, 27 de octubre y 3 de noviembre de 1.995).

Es claro que el Juez o Tribunal debe realizar la valoración de la prueba de forma conjunta y en conciencia, lo que, no obstante, no equivale a un criterio íntimo e inabordable, sino a un razonamiento sujeto a pautas objetivas de control.

Para hacer compatible el principio de libre valoración y el de presunción de inocencia, que ampara a todo acusado ( artículo 24 de la CE) , es preciso que el/la Juez motive su decisión ( SSTC de 17 de diciembre de 1.985, 23 de junio de 1.986, 13 de mayo de 1.987 y 2 de julio de 1.990, entre otras), que sólo podrá ser rectificada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba, 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

En igual sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en STS 27.09.06, viene estableciendo que "el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el art. 24 CE. , implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6.2 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales y art. 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Su alegación en el proceso penal obliga al Tribunal a comprobar que el órgano de instancia ha tenido en cuenta prueba de cargo de contenido suficientemente incriminatorio, obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica de manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos.

También debe el Tribunal verificar que la valoración realizada no se aparte de las reglas de la lógica y no es, por tanto, irracional o arbitraria.

Asimismo es necesario recordar, a propósito de la valoración de la prueba incluso directa, con p.e. la STS de 10 de diciembre de 2002, que en la valoración de la prueba directa cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal Superior que no ha contemplado la práctica de la prueba, mas también un segundo nivel, necesario en ocasiones, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos, siendo así que esta estructura racional del discurso valorativo puede ser revisada en apelación.

CUARTO.-Sentado lo anterior, el examen de lo actuado, con visionado y audición de la grabación del plenario, permite concluir la inexistencia de prueba de cargo bastante, por indubitada, para confirmar el pronunciamiento condenatorio.

Ya p.e. la STS de 2 de noviembre de 1999 recuerda que "La presunción de inocencia se integra en nuestro ordenamiento como un derecho fundamental de toda persona en cuya virtud ha de presumirse su inocencia cuando es acusada en un procedimiento penal. Este derecho supone, entre otros aspectos, que corresponde a la acusación proponer una actividad probatoria ante el Tribunal de instancia y que de su práctica resulte la acreditación del hecho del que acusa. El Tribunal procederá a su valoración debiendo constatar la regularidad de su obtención y su carácter de prueba de cargo, es decir, con capacidad para alcanzar, a través de un razonamiento lógico, la declaración de un hecho típico, antijurídico, penado por la ley y que pueda ser atribuido, en sentido objetivo y subjetivo, al acusado, debiendo expresar en la sentencia el relato de convicción y el razonamiento por el que entiende que se ha enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia".

Más recientemente, el Tribunal Constitucional en su sentencia de 15 de enero de 2007 reseña que "Desde la STC 31/1981, de 28 de julio, FJ 3, este Tribunal tiene declarado que para poder desvirtuar la presunción de inocencia es preciso una mínima actividad probatoria, producida con las garantías procesales, que pueda entenderse de cargo y de la que deducir, por tanto, la culpabilidad del procesado. En el mismo orden de consideraciones hay que recordar que también constituye doctrina constitucional reiterada la afirmación de que sólo pueden considerarse verdaderas pruebas aptas. para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediación, de suerte que la convicción del juzgador sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados por las partes ( SSTC 217/1989, de 21 de diciembre, FJ 2 ; 161/1990, de 19 de octubre , FJ 2; 303/1993, de 25 de octubre, FJ 3; 200/1996, de 3 de diciembre, FJ 2 ; 40/1997, de 27 de febrero, FJ 2 ; 2/2002, de 14 de enero, FJ 6 , y 12/2002, de 28 de enero, FJ 4 ).

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2007 se ha "señalado reiteradamente que la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general del derecho que ha informado la actividad judicial ("in dubio pro reo"), para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos" ( STC 31/81, de 28 de julio EDJ 1981/31). En reiterados precedentes hemos declarado que la presunción de inocencia se integra en nuestro ordenamiento como un derecho fundamental de toda persona en cuya virtud ha de presumirse su inocencia cuando es imputada en un procedimiento penal. Este derecho supone, entre otros aspectos, que corresponde a la acusación proponer una actividad probatoria ante el tribunal de instancia y que de su práctica resulte la acreditación del hecho del que acusa. El Tribunal procederá a su valoración debiendo constatar la regularidad de su obtención y su carácter de prueba de cargo, es decir, con capacidad para alcanzar, a través de un razonamiento lógico, la declaración de un hecho típico, antijurídico, penado por la ley y que pueda ser atribuido, en sentido objetivo y subjetivo, al acusado, debiendo expresar en la sentencia el relato de convicción y el razonamiento por el que entiende que se ha enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. En términos generales, la jurisprudencia ha destacado la naturaleza reaccional del derecho fundamental a la presunción de inocencia, por lo tanto, no necesitado de un comportamiento activo de su titular, que se extiende sobre dos niveles:

a) fáctico, comprensivo tanto de la acreditación de hechos descritos en un tipo penal como de la culpabilidad del acusado, entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho de una persona.

b) normativo, que abarca tanto a la regularización en la obtención y producción de la prueba como a la comprobación de la estructura racional de la convicción del juzgador, lo que se realizará a través de la necesaria motivación que toda sentencia debe tener".

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998 ) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente...".

QUINTO.-A propósito del delito de quebrantamiento, que el Título XX del Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica genérica de "Delitos contra la Administración de Justicia", incluye en el Capítulo VIII (artículos 468 a 471), las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. El bien jurídico protegido ( SAP 1ª Las Palmas 20.11.15), no es otro que el recto funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la efectividad y obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia ( artículos 118 CE y 17.2 LOPJ) , concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal.

Se trata por tanto de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 CP en su redacción vigente.

También es dable recordar que el dolo típico del referido delito no requiere que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna, esto es, ha de concurrir conciencia y voluntad del sujeto de quebrantar ( SAP, Barcelona, 8ª, 28-6-2002 y Guadalajara, 60/1996, de 9 de septiembre de 1996), sin que se requiera un dolo específico, sino el genérico consistente en la voluntad de burlar o hacer ineficaz la decisión judicial sustrayéndose al cumplimiento de la decisión judicial, y en la conciencia o representación de los elementos objetivos del tipo ( SAP, Guipúzcoa, 1ª, 115/2006, de 30 de marzo).

SEXTO.-Desde lo expuesto y recordado, no procede obviar, antes al contrario, que las actuaciones se inician siendo las 04 horas 23 minutos del día 07 de febrero de 2020, informando los PPNN NUM004 y NUM003 de que a las 03:20 h en la c/ Bravo Murillo 326 de Madrid, mientras realizan labores de prevención de la delincuencia, observan al llamado Martin por la dirección arriba indicada. Que los actuantes tienen conocimiento por intervenciones anteriores de que le consta una orden de alejamiento de un domicilio próximo a donde se encuentra y proceden a identificarle.

Que -continúan informando- consultadas las bases de datos de la D.G.P y del SIRAJ, al llamado Martin le consta una Prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente la víctima, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 7, siendo el domicilio de la víctima DIRECCION000. Que por encontrarse dentro del radio de orden de alejamiento se procede a la detención.

Al respecto, basta la lectura de la orden dictada por el Juez del JVM 7 de Madrid, el 06.08.19 (DU-JR 817/2019), para poner de relieve que en la misma no consta reflejado domicilio alguno ni un lugar frecuentado como de/por la referida Crescencia. En su parte dispositiva acuerda el referido Juez: Se prohíbe a Martin acercarse a menos de quinientos metros de la denunciante, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella; se le prohíbe asimismo comunicar con ella por cualquier medio y mantener cualquier tipo de contacto, ya sea escrito, verbal o visual.

A mayor abundamiento consta diligencia de notificación que reza del auto de protección y requerimiento, de seis de agosto de 2019, del siguiente tenor ad litteram: Teniendo en mi presencia al investigado D. Martin, con núm. pasaporte NUM000 le notifico en legal forma el auto de fecha 6.8.19 , de adopción de la orden de protección, mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, con la advertencia y requerimiento expreso en este acto para que se abstenga, desde el día de hoy, de aproximarse a la víctima Crescencia , a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que la misma frecuente a menos de 500 metros, así como comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento, así mismo se pone en su conocimiento los domicilios o lugares, que ha designado la perjudicada, sitos en:

* que su domicilio es en la DIRECCION001° piso de Madrid,

* domicilio de su tía DIRECCION000.

Haciéndole saber además que se le comunicarán los eventuales cambios que pudieran producirse, para que tenga conocimiento de los mismos a efectos del cumplimiento de la prohibición de aproximación acordada en esta resolución.

Apercibiendo al mismo que el incumplimiento...

Esto es, fue referido como domicilio propio de la persona en cuyo favor fue dada la orden en la DIRECCION001, sin que conste especificado el motivo de consignar el domicilio de su tía (si como lugar frecuentado, si como lugar para recibir notificaciones, citaciones...), falta de especificación que si bien pudo y debió ser concretada, e/o interesada su concreción, es lo cierto que habrá de ser interpretada en última instancia desde el principio jurisprudencial in dubio pro reo.

No consta acreditado que la referida Crescencia se encontrara en el domicilio de su tía al tiempo de los hechos.

Por lo demás, y además, en modo alguno procede hacer abstracción, antes al contrario, a que examinadas por la Sala, las actuaciones policiales, ya en su inicio constan varias diligencias del siguiente tenor:

* Diligencia de consulta al sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia (SIRAJ). - Se extiende para hacer constar que, consultada la Base de Datos del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), en relación con Crescencia y el detenido Martin, consta lo siguiente: existen registros, existiendo una orden de protección, con prohibición de aproximarse a Crescencia a menos de 500 metros, hasta que finalice la presente causa por resolución firme. Conste y certifico.

* Diligencia gestiones Juzgado Violencia Sobre La Mujer n° 7: Se extiende para hacer constar que se realiza llamada telefónica a dicho Juzgado a fin de verificar si la orden de alejamiento que pesa sobre el detenido Martin sigue vigente y la dirección que figura en dicha orden de la víctima Crescencia, manifestando que la misma sigue activa y que la dirección que les figura como domicilio de la víctima es la de DIRECCION001 de Madrid, quedando registrada dicha llamada telefónica en el Libro de Telefonemas con número NUM005.

* Diligencia de gestiones 1: Se extiende para hacer constar que consultadas las Bases de Datos policiales, aplicacion VIOGEN, a fin de verificar si existen registros a nombre de los encartados, víctima Crescencia y el detenido Martin, arrojando dichas bases, que el ultimo domicilio aportado por la víctima es en la DIRECCION003, del distrito de Ciudad Lineal, siendo asignada la custodia de la víctima al Grupo de la UFAM de dicho distrito.

* Diligencia de gestiones 2: Se extiende para hacer constar que se realiza llamada telefónica al Grupo de la UFAM de la Comisaría de Madrid-Ciudad Lineal, al teléfono NUM006, a fin de verificar el último domicilio aportado por la víctima Crescencia, manifestando los mismos, que tras conversación telefónica mantenida con ella, la víctima les ha manifestado que a fecha 27/01/2020, sigue viviendo en la DIRECCION003, de Ciudad Lineal, quedando registrada dicha llamada telefónica en el Libro de Telefonemas con número NUM007.

* Diligencia de puesta en libertad (detenido): Se extiende la presente para hacer constar, que como quiera que el domicilio de la víctima Crescencia, figura en la DIRECCION001 de esta Ciudad, tal y como refiere el Juzgado de Violencia sobre la Mujer N° 7, no correspondiéndose este con el de la DIRECCION000, el cual figura en las Bases de datos Policiales y dado que tras las gestiones practicadas a taves de la Grupo de la UFAM, el ultimo domicilio aportado por la victima a fecha 27/01/2020, es en la DIRECCION003 de Ciudad Lineal (Madrid), encontrándose tanto los domicilios de la DIRECCION001 como el de la DIRECCION003 a una distancia superior a los quinientos metros, por lo que se desprende que no se ha incumplido ninguna orden de alejamiento del domicilio de la víctima, por lo que el Señor Instructor dispone que no se continúe con la detención del detenido y que el mismo sea inmediatamente en libertad, lo que se realiza a las 11:00 horas del día 07/02/2020.

SÉPTIMO.-Consta en las actuaciones que Crescencia, el 19.10.20, no quiso declarar.

Llama la atención que la cédula de citación a la referida Crescencia, para comparecer en el JVM 7 de Madrid consta que le fue dirigida a D./Dña. Crescencia, en concepto de parte perjudicada:, con domicilio en la DIRECCION003 de Madrid (sic).

Incluso un previo oficio dirigido a la UAPF de citación a la referida Crescencia el 12.03.20 consta que reza: En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, dirijole el presente a fin de que se cite personalmente, mediante entrega de cédulas de citación que se acompañan, para que comparezcan en este Juzgado los días y horas que se dirán a continuación: Crescencia, en concepto de perjudicada, con domicilio en la DIRECCION003 de Madrid.

No procede tampoco hacer plena abstracción, a que por auto de 08.11.22, precisamente de la Juez sentenciadora, en el JP 34 de Madrid se acordó: Que no existe inconveniente alguno por parte de este órgano judicial, y en consecuencia, se autoriza, en relación a la presente causa, que se proceda a la expulsión de Martin, debiendo expedirse los oportunos despachos al Cuerpo Policial competente que deberá comunicar en el plazo de un mes la fecha en que se verificó la expulsión o las razones por las que en su caso la misma no ha podido llevarse a cabo.

En el acto del plenario la referida testigo Crescencia resultó en ignorado paradero. El acusado/ahora recurrente no compareció, indicándose en el acto del plenario que estaba citado personalmente (grabación j.o.).

El PN NUM003 vino a manifestar que estaban por la DIRECCION000, que le conocían de otras veces y el acusado estaba a una distancia. Que consultaron esa distancia. Que el acusado no manifestó nada. Que estaba en un salón de juegos.

El PN NUM004 vino a manifestar que el 07.02.20 estaban patrullando y le observaron. Que le conocían de intervenciones anteriores por los mismos hechos y estaba muy próximo al domicilio. Que la calle era Bravo Murillo. Que se encontraban a muy poca distancia. No recuerda que manifestara nada, pero tenían conocimiento, porque le habían detenido por lo mismo. Le identificaron en la vía publica, no en un salón de juegos, en la misma DIRECCION000.

No procede hacer plena abstracción a que ni en el auto acordando la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, ni en el auto acordando la apertura de juicio oral consta que el domicilio lo fuera dentro del radio de 500 metros del luegar en el que fue observado el acusado. Antes al contrario, en las actuaciones policiales no sólo constan varios distintos domicilios, sino que incluso es dable concluir que el domicilio era otro (atendida p.e. la transcrita diligencia policial de puesta en libertad).

Cierto es que el acusado, sobre quien pesa el deber de probar los hechos negativos e/o impeditivos ( ATS 13.06.03), optó por colocarse en voluntaria situación de indiferencia defensiva. Así como el silencio, o, lo que tanto daría, su inasistencia al plenario, y su negativa a declarar en instrucción, que tanto daría, es susceptible de ser valorado en el contexto del acervo probatorio ( STS 2ª 04.10.16), mas también lo es que en modo alguno supone una aceptación de los hechos por los que devino acusado y sujeto a enjuiciamiento.

Los agentes comparecidos no informan en su comparecencia inicial de la distancia concreta; en sede de plenario refieren que el acusado fue habido, uno de los agentes en un local y otro de los agentes en la vía pública. Las posteriores diligencias policiales introducen distintos domicilios de la persona en cuyo favor se otorgó, sin que conste que el motivo de la detención llevara a una agravación de las medidas en la causa en que fue adoptada.

Ya la STS 09.10.1999 recuerda que la carga de la prueba obliga a cada parte a probar aquello que expresamente alegue.

Así las cosas, la Sala, a la vista de lo expuesto, considera que la prueba practicada en el acto del juicio oral no puede ser considerada bastante para concluir, máxime fuera de toda razonable duda y pro reo, con la condena al acusado/recurrente que pronuncia la sentencia objeto de recurso.

Es así, por en base a lo expuesto, que el pronunciamiento habrá de serlo en el sentido en que se dirá, máxime -se reitera- desde el principio in dubio pro reo, principio jurisprudencial que no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y practicada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo. Es dable significar (p.e. STS 2ª 20.07.1999), que el Alto Tribunal ha sostenido repetidamente que, cuando el Tribunal expresa, directa o indirectamente, su duda, es decir, cuando no puede descartar con seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado, y, no obstante ello, adoptan la versión más perjudicial al mismo, vulneran el principio "in dubio pro reo", que, según la STC 30/81 EDJ 1981/30, está garantizado constitucionalmente como uno de los elementos de un proceso con todas las garantías en el art. 24 de la C.E. EDL 1978/3879 -cfr. Sentencia 20-10-96.

En consecuencia (sin perjuicio de consignar que siendo el Fallo recaído condenatorio y no obstante para en tal supuesto haber sido interesada la apreciación de la circunstancia atenuante 21.6ª CP de dilaciones indebidas, la sentencia de instancia no contiene ningún razonamiento ni pronunciamiento al respecto), se concluye que no existe prueba suficiente, máxime pro reo, para considerar al acusado autor del delito por el que resultó condenado en la instancia, habiendo de traducirse lo expuesto en la revocación de la sentencia.

OCTAVO.-Se declaran de oficio las costas devengadas en esta alzada, vistos los arts. 240 LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,