Sentencia Penal 15/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 26, Rec. 3793/2024 de 09 de enero del 2025

PRIMERO.-Por abogada en nombre de la denunciante Josefa, se interpone recurso de apelación contra sentencia de 06.11.24 del Juez del JVM 1 de Alcorcón (JDL 409/2024) que absuelve al acusado Eugenio de los hechos por los que lo fue y devino sujeto a enjuiciamiento. Alega que en su declaración ratificó la denuncia presentada contra D. Eugenio y mantuvo la misma versión de los hechos declarados ante la Policía, siendo verosímil y sin que existieran incongruencias. Afirma que su declaración testifical privilegiada serviría para desvirtuar la presunción de inocencia, por cuanto, en primer lugar, no hubo contradicciones en su declaración plenaria respecto de todo lo depuesto en la declaración ante la Policía, manteniendo un discurso absolutamente coherente, sin incongruencias. Y, en segundo lugar, porque ha mantenido una persistencia en la incriminación de los ilícitos penales denunciados. Que no alcanza a comprender cómo el Juez de instancia considera que la prueba de la denunciante/ahora recurrente no es válida como prueba de cargo, limitándose a indicar que solo existen versiones contradictorias de los hechos, sin tener en cuenta que las víctimas presentan unas características especiales y autónomas en la consideración procesal de las mismas y el sistema judicial debe proceder a su protección. Que la sentencia de instancia desampara a la víctima de violencia de género, infringiendo la normativa y doctrina referenciadas (sic). Afirma que se debe revocar la sentencia dictada y dictarse otra mediante la que se condene al denunciado como autor responsable de un delito leve de violencia doméstica y de género. Reitera que se dicte nueva resolución por la que se condene a D. Eugenio como autor responsable de un delito leve de vejaciones injustas, al encontrarse la denunciante/ahora recurrente entre uno de los supuestos del artículo 14, apartado 5, letra a) de la LECrim.

La Fiscal, por escrito de 03.12.24, impugna el recurso interpuesto, interesando la desestimación del recurso interpuesto, así como la confirmación de la resolución recurrida al cumplir con los requisitos de motivación previstos en la ley. Que en el presente caso la recurrente recurre en apelación la resolución referida por entender que el Magistrado Juzgador no entra a valorar diversas pruebas y que, por el contrario, otorga el mismo valor a la declaración del denunciado que a la de la denunciante. La sentencia recaída es resultado de la valoración de la prueba que realiza Su Señoría y, el hecho de recurrirla por dichos motivos, descansa en el cuestionamiento de la labor integradora del órgano sentenciador a la hora de examinar el conjunto de la actividad probatoria y determinar los hechos que, a resultas de lo anterior, considera probados. Por imperativo legal, la valoración de toda la actividad probatoria corresponde de forma exclusiva al órgano sentenciador. En este caso, Su Señoría es claro al considerar que no han quedado acreditados los hechos, y el testigo no escuchó los hechos, siendo las versiones dadas por las partes contradictorias, no habiéndose desvirtuado la presunción de inocencia. Y comparte esta parte sus argumentos como ya expuso en el acto de juicio oral.

Por Procurador en representación del acusado Eugenio, impugna el recurso interpuesto. Que de la prueba practicada en el juicio oral, así como la que consta en las actuaciones, ha quedado suficiente y debidamente acreditada la inocencia del ahora alegante y por tanto resulta conforme a Derecho la sentencia absolutoria dictada por el Juzgador. Que no existe duda de que, como así se establece en los Hechos Probados de la sentencia dictada por el Juez "a quo", no ha quedado probado que el acusado/ahora alegante vertiese expresiones como "Guarra"o "No vales para nada"dirigidas a la denunciante, puesto que el mismo lo negó en el acto del juicio oral y un testigo presencial tampoco las escuchó, por tanto, no existe acervo probatorio alguno que pudiese sustentar la destrucción del principio de presunción de inocencia del acusado, que justificase una sentencia condenatoria. Que en relación a la alegación única recogida en el recurso de Apelación impugnado que tacha de "sentencia arbitraria que no se ajusta a Derecho, sin aplicar la perspectiva de género exigible a asuntos como el que nos ocupa", manifiesta su completo desacuerdo con el desafortunado uso del adjetivo "arbitrario", pues en ningún caso puede considerarse que el Juzgador, de forma caprichosa o sujeto a su libre voluntad, antes que a la Ley o a la razón (definición del adjetivo arbitrario conforme al diccionario de la Real Academia Española), haya absuelto al alegante. El Juzgador, ha dictado su sentencia basándose en las pruebas existentes, las practicadas en el acto del juicio oral y ponderando las mismas, ha dictado sentencia basándose en las pruebas existentes, no en el sexo de la víctima como pretende la acusación, pues de hacerse así, se atentaría contra el sentido común y la labor judicial que está regida por un principio de imparcialidad y no discriminación que rige toda su actuación y que está recogido en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de Unión Europea y en el artículo 14 de la Constitución Española, ha dictado sentencia absolutoria. Por tanto, la alegación única presentada de contrario ha de ser rechazada de plano. Que se limita a realizar una exposición interpretativa, tratando la Acusación de solicitar un tratamiento especial y único a la declaración de la denunciante por el mero hecho de ser mujer, obviando de forma intencionada la existencia, además, de una prueba testifical que no otorga credibilidad al testimonio de la denunciante, sino que corrobora la declaración del denunciado. Que lo que pretende la Acusación no es más que sustituir la valoración del criterio y el arbitrio del Juez a quo, por el suyo propio, con manifestaciones carentes de objetividad y argumentos absolutamente alejados de la realidad. Interesa se desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto de contrario, con expresa condena en costas al apelante, por su evidente temeridad y mala fe.

SEGUNDO.-El Juez del JVM 1 de Alcorcón en su sentencia de 06.11.24 en su AH Tercero señala: Por el Ministerio Fiscal se solicita la libre absolución del denunciado, y por la acusación condena por un delito leve del art 171.7 CP , dictándose sentencia absolutoria oralmente, que debe ser notificada a las partes.

Declara como Hechos Probados: No queda acreditado que el 30 y 31 de julio de 2024, el denunciado profiriera expresiones como Guarra o No vales para nada contra la denunciante.

Resuelve con FD Primero del siguiente íntegro y literal tenor: Sólo podrá procederse a un pronunciamiento condenatorio cuando se desvirtúe la presunción de inocencia proclamada como derecho fundamental en el art 24 CE y como garantía básica en el proceso penal por la jurisprudencia constitucional ( STC de 1 de abril de 1982 o 28 de abril de 1988 ), a través de los medios probatorios que observen las formalidades y garantías legales ( STC de 30 de octubre de 1985 ) en el acto de plenario.

En el presente caso, procede una sentencia absolutoria por cuanto las expresiones han sido negadas por el denunciado, solo admitió haber dicho que la denunciante llevaba las zapatillas sucias, tratándose por tanto de versiones contradictorias, siendo que el testigo presencial manifestó que no las escuchó, y procede su libre absolución.

TERCERO.-Desde lo expuesto y recordado, impresiona preciso recordar que al encontrarnos ante una sentencia absolutoria que se impugna discrepando de la apreciación de la prueba llevada a cabo y en relación a la que se pretende que se realice una valoración de la misma distinta a la efectuada por el Juez "a quo", resultaba preceptivo que se hubiera pedido su nulidad para poder revocarla, en la forma en ellos señalada.

De haberse instado esa nulidad este Tribunal podría haber entrado a examinar si la valoración probatoria llevada a cabo es arbitraria o ilógica, en cuyo caso, y de estimarse que así fuera, declarar la nulidad de la sentencia para que se volviera a dictar una nueva con criterios racionales y debidamente motivada, o incluso, declarar la nulidad del juicio para que se volviera a repetir, pero no dictar una sentencia condenatoria revocando un Fallo absolutorio dictado en la instancia, como se interesa por la recurrente, por vetarlo la doctrina jurisprudencial antes resumida y la normativa vigente.

Comoquiera que no se ha interesado la nulidad, petición que debe formularse de forma expresa, para que pueda ser adoptada por este Tribunal unipersonal conforme a lo que se dispone en el art. 240 de la LOPJ y recuerda la STS 374/2015, de 28 de mayo, cuando señala que la petición de la nulidad es presupuesto necesario para que ésta se pueda acordar más allá de los supuestos en los que se aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o vicio grave de la voluntad de los integrantes del órgano judicial causado por violencia o intimidación, procedería, sin necesidad de analizar la corrección o error de la valoración probatoria de la sentencia de instancia, desestimar la petición de condena.

Ello no obstante, por exclusivas razones de tutela judicial efectiva y de economía procesal, se procederá a la resolución.

CUARTO.-Ya la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 2002 establece en el último párrafo de su Fundamento Jurídico Primero que: "En casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción".

El criterio unánime del Pleno del Tribunal Constitucional es que, en las pruebas que exigen la inmediación y la contradicción para su valoración, no puede el Tribunal de Apelación sustituir el criterio del Juez a quo, ya que carece en tales casos de las condiciones exigidas por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH).

Reiteran los tales argumentos las sentencias 170/200, 2 de 30 de septiembre y 200/2002, de 28 de octubre, que obligan a respetar la valoración probatoria realizada por el Juez a quo sobre las pruebas que requieren haber sido presenciadas directamente por el órgano judicial ante el que se practicaron, salvo, claro está, los supuestos de valoraciones irrazonables o arbitrarias, consecuencia del principio de tutela judicial efectiva que traería como consecuencia necesaria la anulación de la sentencia, pero no sustituir directamente la valoración por otra, así como en la posterior de 20 de diciembre de 2005.

En la sentencia del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 fue reiterada la misma interpretación: "el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un "límite" para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2 (EDJ 2002/44866); 192/2004, de 2 de noviembre, FJ 2) derivado "del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal" ( STC 192/2004, FJ 2 (EDJ 2004/156809)). Así, la STC 167/2002 (EDJ 2002/35653), perfilando tal límite, concluye que "en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción" (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de (EDJ 2002/35653) que "ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías" es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido "a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción" (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: "la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4 (EDJ 2002/44866); 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5; y 50/2004, de 30 de marzo, FJ 2, entre otras)" ( STC 31/2005, de 14 de febrero, FJ 2 (EDJ 2005/13066)).

Así, "la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido, esto es, sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación" ( STC 112/2005, de 9 de mayo, FJ 9 (EDJ 2005/61607)); así, "forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE - EDL 1978/3879), que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo" ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1 (EDJ 2005/61627); 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1; 112/2005, FJ 2; 185/2005, de 4 de julio, FJ 2).

Idéntico criterio es aplicado en sentencias como la de 28 de abril de 2009 según la cual "En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE) , en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 115/2008, de 29 de septiembre (EDJ 2008/178012), y 49/2009, de 23 de febrero), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales, que, por su carácter personal, no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

Más en concreto, y por lo que se refiere a la rectificación de conclusiones derivadas de pruebas de carácter personal, también ha reiterado el Tribunal Constitucional que concurre la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías cuando, en la segunda instancia, y sobre la base de indicios que provienen inequívocamente de una valoración de pruebas personales, se corrigen las conclusiones del órgano de primera instancia, sin examinar directa y personalmente dichas pruebas (por todas, STC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 (EDJ 2009/21661))".

Como recuerda la STS 31-01-18, "la doctrina del TEDH que restringe la posibilidad de pronunciamientos condenatorios o peyorativos ex novo en apelación o casación, reitera a su vez que la revisión de los elementos subjetivos del delito es una cuestión de hecho y no una cuestión de calificación jurídica y, por ello, exige inmediación en la práctica probatoria y audiencia del acusado ( SSTEDH de 22 de noviembre de 2011, caso Almenara Alvárez c. España; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España ; 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España; 20 marzo 2012, caso Serrano Contreras c. España ; 27 de noviembre de 2012, caso Román Zurdo c. España; 12 de noviembre de 2013, caso Porcel Terribas y otros c España; 29 de marzo de 2016, caso Gómez Olmeda c. España ; o 13 de junio de 2017, caso Atutxa c. España); y donde la misma consideración intangible que el relato de hechos probados debe ser predicada de las afirmaciones fácticas, o mejor, elementos de naturaleza factual ( STEDH Almenara Álvarez c España, de 25 de octubre de 2011, § 49) contenidos en la fundamentación de la resolución", la Sala en vía de recurso no puede modificar la sentencia absolutoria en sentido condenatorio para el acusado, que se ha basado en prueba personal, sin inmediación, y no salva este obstáculo el hecho de que la vista oral haya sido grabada".

Asimismo impresiona la necesidad de recordar que modo pacífico por reiterado, la jurisprudencia (así STS 27.12.1999), ha establecido la doctrina sobre los requisitos de la declaración de la víctima como prueba de cargo única, apta y bastante para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24 C.E.) , estableciendo que "esta Sala viene recogiendo una reiterada doctrina sobre la eficacia probatoria de la declaración de víctima cuando constituye la única prueba de cargo. Así, entre otras muchas, en las sentencias de 20 de octubre de 1999, 9 de octubre de 1999, 1 de octubre de 1999, 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999, se expresa que aunque, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:

1. Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado, que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento u otro interés de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre,

2. Verosimilitud, es decir, constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que constituye una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el proceso ( arts. 109 y 110 LECr) ,

3. Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (SSRS 28 de septiembre de 1988, 26 de mayo y 5 de junio de 1992, 8 de noviembre de 1994, 27 de abril y 11 de octubre de 1995, 3 y 15 de abril de 1996).

Mas también que la tal declaración y los tales requisitos proceden ser interpretados a la luz de, entre otras, STS 13.06.18 que recuerda, entre otros extremos, que "...ello, sin embargo, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinta del resto de los testigos, en cuanto al valor de su declaración, y otorgar una especie de presunción de veracidad...". Asimismo la STS 22.04.21, citando STS 467/2020 de 21.09.20, entre otras, recuerda que la idoneidad probatoria de la declaración de la víctima ha de pasar el filtro, en cada caso concreto, de la valoración del Tribunal sentenciador. Su alto valor incriminatorio no significa que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación. Por su parte la STS 2ª de 21.05.10, nº 3536/2010, entre otros extremos, señala: "...existe cierta tendencia a postular para la declaración de la que aparece procesalmente como víctima un plus de credibilidad. Es decir, la aplicación de un estándar de prueba menos exigente. Pero sucede que el derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto, lo que significa que, cualquiera que sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para que resulte justificada una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento -de frecuente presencia, sobre todo implícita- de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello alguna clase de prueba, no se sostiene. Pues nuestro sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitucionalmente válida a los actos penalmente relevantes: la fundada en el respeto de la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, racionalmente formada y argumentada de manera convincente a partir de datos probatorios bien adquiridos.

Tal es el contexto en el que hay que tratar del valor que cabe dar a los indicadores jurisprudenciales de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación, de los que la sala de instancia hace uso en la sentencia, en la apreciación de la testifical de cargo.

Estas pautas, tomadas a veces indebidamente con cierto automatismo, cual si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir -en negativo- para desestimar el testimonio en sí mismo inverosímil, el autocontradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial), que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo como consecuencia de un error de percepción, debido al padecimiento de algún tipo de trastorno o por otro razones, no necesariamente conscientes. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la verdad al imputar la realización de una conducta punible.

En consecuencia, el contenido de una testifical que supere ese triple filtro no debe ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado a limine como medio de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabrá pasar, en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la calidad de los datos.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que -salvo los casos excepcionales constitucionalmente admitidos- es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente denotada como indiciara, para que resulte atendible la conclusión incriminatoria, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998), es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios, estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa, y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; y que la inferencia que, realizada a partir de aquéllos conduce a este último, sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente...".

En esta alzada compete a la Sala de Apelación comprobar si el criterio en que se apoya lo decidido, y que es el suyo, el del/de la Instructor/a, supone la infracción de alguna norma o adolecen los Fundamentos de su aplicación, expresados en la motivación de la resolución recurrida, de un razonamiento ilógico o arbitrario". Asimismo, pacífica por reiterada jurisprudencia nos recuerda (con p.e. AAP1ª Córdoba 29.04.03), la no tenencia de un derecho absoluto a la incoación de toda instrucción penal ni, desde luego, tiene un derecho incondicionado a la apertura del juicio oral ni a la obtención de una sentencia favorable a sus pretensiones ( STC 08.02.1993).

Lo anterior, sin obviar, el tenor del art. 792.2 primer párrafo LECr ("La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2), siendo así que en la sentencia de instancia se valoran por el Juez a quo las que se consideran, en lo esencial, enfrentadas versiones.

QUINTO.-Así las cosas, el examen de las actuaciones permite concluir que lo resuelto en la sentencia recurrida carece de los condicionantes que obliguen a su rectificación en esta instancia, siendo el acervo probatorio valorado por el Juez a quo en el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación.

La denunciante en el acto del plenario manifestó que le dirigió expresiones tales como Guarra y más cosas,que era una Sucia y etc etc.Que la acompañaba Ernesto.

El denunciado vino a manifestar (grabación j.o.), que sólo quiere declarar y que esto se termine. Que no le dijo esas palabras. Que no la llamó Guarra. Que no son sus palabras.

El testigo propuesto por la ahora recurrente, Ernesto, vino a manifestar ser pareja de la denunciante/ahora recurrente. Que la acompañó al hospital. Que el denunciado le dijo algunas cosas, del tenor de que se la regalaba. Que no oyó insultos. Que sólo era un poco pesado, por no irse. Que él (el testigo), estaba presente y no oyó insultos (grabación j.o.).

Son claros, a cualquier luz, los relatos ciertamente enfrentados, sin entrar en otras consideraciones, para en relación con las concretas expresiones que se refieren empleadas por el acusado ( STS 2ª 26.10.01), lo que lleva a recordar que si bien los relatos contradictorios y/o enfrentados no necesariamente suponen ni conllevan su neutralización, siendo lo cierto que habrán de ser valorados en el órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación.

Es así que las alegaciones que se efectúan en modo alguno justifican, en los términos legal y jurisprudencialmente exigibles, el dictado de decisión distinta, siendo que la ahora recurrente, en palabras de p.e. STS 14.07.10, procede a analizar los elementos y a darles otra interpretación o bien a aislarlos del conjunto probatorio, extrayendo sus propias e interesadas conclusiones, debiendo estarse a lo que se resolverá.

SEXTO.-Se declaran de oficio las costas causadas en esta alzada, vistos los arts. 240 de la LECr y concordantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,