Sentencia Penal 770/2024 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 1194/2024 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Por la representación procesal de D. Eulogio, según escrito de 8/11/2021, se sustenta su recurso, contra la indicada sentencia condenatoria, en base a los siguientes pedimentos:

1.- Por error en la valoración de la prueba, con vulneración de la presunción de inocencia del art. 24 CE, y por la consiguiente aplicación indebida del art. 153, 1º y 3º, CP.

Se disintió a este respecto de la valoración probatoria efectuada por la instancia sobre la testifical de Dª. Ángela, de quien se expuso, su falta de credibilidad objetiva y la concurrencia de móviles espurios, y ello, en relación a sus manifestaciones incriminatorias.

Se señaló, a su vez, que "lesiones son muy leves y el beneficio que podía esperar sacar de ellas (la víctima) es superior claramente a su gravedad y viene determinado por su creencia de que podía conseguir lo que buscaba en apelación civil de familia al pedirlo en la orden de protección. Son fáciles de provocar. La sentencia dice que no es creíble que se tirase sola del pelo como dice el denunciado. En primer lugar, el denunciado no da explicaciones a todas las lesiones, solo a las derivadas de tirones de pelo. Lo que dice es que se llevó las manos a la cabeza con nerviosismo pudiendo tirarse del pelo. Lo que dice es perfectamente creíble, toda vez que no ha buscado explicaciones para todas las lesiones como es de suponer que hubiera hecho si quisiera faltar a la verdad para atribuir una causa oportuna a las lesiones. Lo que se dice en este motivo es que podría habérselas causadas ella con gran facilidad".

Se interesó a este respecto un pronunciamiento absolutorio, revocando la sentencia de la instancia.

2.- Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa, contemplados en el art. 24 CP, por haberse penado a su representado con más de lo pedido en la pena accesoria de prohibición de aproximación.

Con referencia al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, donde se interesó la fijación de la distancia de seguridad de 100 metros, al que se adhirió la Acusación Particular, la sentencia impugnada sobre esta pena accesoria fijó tal distancia de seguridad, pero en la de 500 metros, incurriendo, por ello, en incongruencia. Se hizo expresa mención a los motivos que habían sustentado en la determinación de esa distancia de seguridad por el Ministerio Público -que se dan por reiterados-y se interesó que se redujese esa distancia de seguridad sobre la perjudicada Dª. Ángela a la de 100 metros.

Y siendo estos los concretos extremos pretendidos en el suplico del recurso interpuesto.

Por el Ministerio Fiscal, en su escrito de 30/11/2021, se formuló adhesión parcial a esta apelación.

Sobre la primera cuestión debatida, se señaló que no existía valoración errónea en el análisis de la prueba practicada en el plenario, y con mención de la doctrina que se entendió de aplicación. Se afirmó que el Juzgador de Instancia, por vía de lo dispuesto en art. 741 LECRIM, y observancia de los principios de publicidad, inmediación, oralidad y contradicción, concedió mayor valor a la prueba testifical, que a la declaración exculpatoria del acusado, formando así su íntima convicción sobre la verdad de lo ocurrido, dado que, según la instancia, las manifestaciones incriminatorias de la perjudicada, además de creíbles, venían adveradas por los informes médicos y médicos forenses que objetivaron las lesiones sufridas por aquélla. Se indicó que no se había acreditado ningún ánimo espurio, o de venganza, por parte de la denunciante hacia el acusado, llevando Dª. Azucena separada de D. Eulogio desde el año 2019, y renunciando a la indemnización económica que legalmente pudiese corresponderle por este ilícito penal.

Respecto del segundo tema formulado, con remisión al escrito de acusación formulado por ese Ministerio Público, se mantuvo que se compartían los argumentos esgrimidos por la Parte Recurrente en el sentido que se revocase la sentencia apelada, únicamente, respecto a esta cuestión, estableciendo la distancia de seguridad en la de 100 metros, y no en la de 500 metros, en determinación de la pena accesoria de prohibición de aproximación impuesta por la Juzgadora a quo. Se interesó la estimación parcial del recurso de apelación, en los términos ya reseñados.

Por la representación procesal de Dª. Ángela, en su escrito de fecha 23/11/2021, se formuló impugnación al recurso interpuesto, y ello, tras compartir los razonamientos de la sentencia sobre la valoración de la declaración de la perjudicada, y las periciales practicadas.

SEGUNDO.-Debe recordarse, ab initio, que el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por el Tribunal de alzada sobre la determinación de los Hechos Probados, y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, manteniendo la doctrina que cuando la cuestión debatida en apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico ( art. 741 LECRIM y art. 117.3 CE) , y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituídas, o las del art. 730 de la Ley Procesal Penal, de lo que carece el Tribunal de Apelación, el cual, obligado a revisar la prueba en segunda instancia, debe respetar -en principio-, el uso que se haya hecho en la instancia de la facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas, siempre y cuando tal proceso valorativo se haya motivado y razonado adecuadamente en la sentencia ( SSTC 13/05/1987 y 2/07/1990).

Consecuencia de lo expuesto, sólo cabe revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia: a).- cuando aquélla apreciación no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador; b).- cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; c).- cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia ( STS 29/12/1993 y STC 1/03/1993). Labor de rectificación esta que, además, como ya indicamos, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal de Apelación no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma.

Respecto del visionado de la grabación del juicio oral, como también recuerda la doctrina ( STC 18/05/2009) no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia espacio-temporal de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara, como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones. En efecto, cabe afirmar que si bien la existencia de la grabación del juicio oral permite al Tribunal de Apelación, a través de su visionado, conocer la integridad de lo declarado por el acusado y los testigos/peritos, lo que, sin duda supone una diferencia importante respecto del tradicional sistema del acta del juicio extendido por Letrado de la Administración de Justica para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por el Juez a quo, pues permitirá a la Sala percibir, de forma directa, lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron. Pero no se puede equiparar la inmediación de las fuentes de prueba por parte del Juez en régimen de contradicción con la mera visualización y audición de las mismas, al no concurrir la percepción directa por este Tribunal de tales declaraciones, mediatizadas por la grabación, y limitadas a la calidad informativa de los datos verbalizados, y, lo que es más importante, carecer de la posibilidad de tomar parte activa en las mismas, esencial para despejar dudas, o aclarar cuestiones que puedan interesar a la adecuada resolución del recurso, y no hayan sido introducidas en el plenario.

Es también ilustrativa la STS núm. 2198/2002 de 23/12 que sostiene que "verificada la existencia de una decisión motivada, y que no es arbitraria, resulta patente que tal decisión motivada no puede ser sustituida por la que pudiera efectuar esta Sala casacional, ya que la valoración de las pruebas corresponde al Juzgador o Tribunal sentenciador, de acuerdo con el art. 741 LECRIM, máxime en casos como el presente en que la valoración de las pruebas, por su carácter de personales -ya sean testificales o, de la víctima o del acusado- están directamente relacionados con el principio de inmediación, entendida esta no sólo como un «estar» presenciando la prueba, sino como aceptar, entender, percibir, asimilar y formar opinión en conducta de todos, sus reacciones, gestos a través de su narrar".

En la misma línea, la STC de 22/07/2002, citando anteriores resoluciones, como las núm. 31/1981 de 28/07 y núm. 161/1990 de 19/10, afirma que «...únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en el contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes».

TERCERO.-Centrada así la cuestión, cabe afirmarse, dada la vía expuesta en el recurso, que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el art. 24 CE, implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, según recoge el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial ( STS núm. 251/2004).

Procede, pues, analizar: A).- Que exista en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 124/1983 y núm. 17/1984); B).- Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y a cada medio de prueba (prueba lícita) ( SSTC núm. 150/1989, núm. 134/1991 y núm. 76/1993); y C).- Que esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente) ( SSTC núm. 31/1981, núm. 217/1989 y núm. 117/1991). Además, esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba, ha de resolverse conforme al principio "in dubio pro reo" a favor del acusado ( STS núm. 97/2012, de 24/02, y más recientemente en las STS de 9 y 11/03/2020 y núm. 681/2019 de 28/01).

Debe incidirse que no puede prescindirse de la ineludible necesidad de desplegar una prueba de cargo, razonablemente suficiente, para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado. Presunción que no solo constituye un derecho fundamental declarado en nuestra Constitución, sino que además es el "eje alrededor del cual giran las demás garantías procesales y en definitiva el funcionamiento de todo el procedimiento penal" ( STS de 2/12/2003). Señala también el Tribunal Constitucional a este respecto ( STC núm. 137/1988 de 7/07) que la presunción de inocencia ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente probar los hechos constitutivos de la pretensión penal, debiendo ser suficiente para generar en el Juzgador la evidencia de la existencia un hecho punible y de la responsabilidad penal que haya tenido en él el acusado, así como sustentarse la actividad probatoria en auténticos medios de prueba obtenidos con respeto a los derechos fundamentales y practicados en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad.

Y según también afirma la STC núm. 32/1995, de 6/02, la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 CE se asienta sobre dos ideas esenciales: en primer lugar, el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal, que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales por imperativo del art. 117.3 de la Constitución, y, en segundo lugar, que la sentencia condenatoria ha de fundamentarse en auténticos actos de prueba, debiendo ser la prueba practicada suficiente para generar en el Órgano de Enjuiciamiento la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado.

CUARTO.-Conviene también recordar que se encuentra muy asentado el criterio doctrinal (por todas, la STS de 12/04/2016) que sostiene que la sentencia que fundamenta el fallo, y en concreto, la declaración de hechos probados, en pruebas de carácter personal, como son las declaraciones del propio acusado y de los testigos, no puede ser modificada por un Tribunal superior que no ha tenido ocasión de presenciar, con la insuperable ventaja de la inmediación, la práctica de esas pruebas y, por lo tanto, carece de la posibilidad de modificar la valoración que de esos elementos probatorios hizo el Juzgador sentenciador en el ejercicio de la soberana competencia que le atribuye el art. 741 LECRIM. , para valorar en conciencia esas pruebas. Y del mismo modo, paralelamente, el pronunciamiento del Juzgador o Tribunal a quo sobre la credibilidad que le merezca la declaración de la víctima, o de otros que deponen ante él, es ajena al recurso por las mismas razones, pues dicho pronunciamiento depende muy especialmente de la percepción inmediata de las declaraciones de la que esta Sala carece (en el mismo sentido, STC núm. 46/2011, de 11/04, y STS de 26/01 y 1/02/2012). De suerte que, en uno y otro caso, el resultado valorativo de esas pruebas personales al que llegó el Juzgador o Tribunal de instancia únicamente podría ser invocado en vía de recurso "cuando el contenido de las pruebas de cargo y de descargo evidencien fehacientemente unas conclusiones irracionales, absurdas, meramente voluntaristas o arbitrarias" ( STS de 16/12/2010).

Este mismo criterio se expresa en otras muchas resoluciones, como la STS de 1/02/2012, en la que, con meridiana claridad, se afirma que ni el Tribunal Supremo ni ningún otro pueden legalmente exigir a los Jueces y Tribunales la forma y manera con que han de valorar las pruebas que se practican a su presencia, con inmediación, oralidad y contradicción, sobre todo cuando se trata de pruebas de carácter personal, porque en esa función el art. 741 LECRIM. , consagra la absoluta y exclusiva soberanía del Juzgador de instancia y solo le requiere a que evalúe "en conciencia" esos elementos probatorios. Por eso mismo, los Tribunales superiores no están facultados para imponer requisitos en el ejercicio de esa función, sino solamente -como tantas veces se ha dicho por esta Sala- proponer pautas meramente orientativas para el ejercicio de esa actividad valorativa de las pruebas personales. Esta es la razón por la que, en todo caso, la credibilidad que los Jueces o Tribunales sentenciadores otorgan a quienes deponen ante ellos no pueda ser objeto de revisión, con la única excepción de que la valoración de esos testimonios de los perjudicados o de otros comparecientes se revela manifiestamente absurda, ilógica o arbitraria, atendido el contenido objetivo de las mismas, o que se constaten datos de suficiente entidad no valorados por el Tribunal a quo que evidencien la mendacidad del testimonio de la víctima, o fundamenten una duda racional y razonable de la veracidad de aquélla (STAP Madrid, Sección 16, núm. 336/2017, de 8/06).

QUINTO.-Ha de incidirse, conforme a lo también reseñado en el escrito de interposición, que la jurisprudencia ( STS de 26/04/2000 y de 7/07/2000) sostiene en relación con el afirmado mayor valor probatorio de la declaración de la víctima-perjudicada, o de otros testigos, que éstas pueden ser pruebas de cargo hábiles, aptas y bastantes para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia ( art. 24 CE) , atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, lo que impide, en ocasiones, disponer de otras pruebas. Pero para que la convicción inculpatoria se alcance a través del testimonio de la víctima, que se convierte, además, en testigo único, o por lo menos principal, es necesario que vaya acompañado de determinados elementos tales como:

1.- Ausencia de incredulidad subjetiva. La comprobación de la concurrencia de este requisito exige un examen minucioso del entorno personal y social que constituye el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el principal basamento de la acusación. Es necesario descartar, a través del análisis de estas circunstancias, que la declaración inculpatoria se haya podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad y, al mismo tiempo, excluir cualquier otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. Sólo de esta forma se puede establecer una primera base firme para llegar a un principio de convicción inculpatoria.

2.- Verosimilitud del testimonio. No basta con el requisito anterior, sino que también es necesario que nos encontremos ante una manifestación que, por su contenido y matices, ofrezca sólidas muestras de consistencia y veracidad. La mejor forma de conseguir este objetivo pasa por contrastar las afirmaciones vertidas por el testigo, con los demás datos de carácter objetivo que bien de una manera directa o periférica sirvan para corroborar y reforzar aspectos concretos de las manifestaciones inculpatorias. Este apoyo material sirve para reforzar la credibilidad, no sólo de la persona que vierte la declaración, sino también la verosimilitud del dato facilitado. Es evidente que esta exigencia debe aquilatarse y extremarse en aquellos casos en los que la infracción, por sus especiales características, no ha dejado huellas o vestigios materiales de su ejecución. Tal requisito en el testimonio incriminatorio, ha de ser lógico y estar en lo posible, rodeado de datos periféricos corroboradores de carácter objetivo, obrantes en el proceso, lo que supone, que el propio hecho de la existencia del delito, esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación subjetiva de la víctima.

3.- Persistencia en la incriminación. Por último, debe comprobarse cuál ha sido la postura del testigo incriminador a lo largo de las actuaciones, tanto en la fase de investigación como en el momento del juicio oral. Persistencia que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones. En relación a este elemento interpretativo, la doctrina ( STS núm. 667/2008 de 5/11) también afirma que supone: a).- Ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación, valorable «no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia sustancial de las diversas declaraciones» ( STS 18/06/1998); b).- Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; y c).- Coherencia o ausencia de contradicciones, manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.

Estos requisitos, como indica la doctrina ( STS 7/07/2000, y núm. 3536/2010, de 21/05) no son "exigencias condicionantes de su objetiva validez como prueba, sino de criterios de ponderación que señalan los cauces por los que ha de discurrir un proceso valorativo verdaderamente razonable" ( STS núm. 3536/2010, de 21/05).

Circunstancias valorativas, todas ellas, que ha sido pormenorizadamente analizadas por esta misma Sección (STAP, Sección 27, núm. 420/2019, de 17/06), siguiendo el criterio sentado por el Tribunal Supremo (por todas, la STS, Sección 1ª, núm. 282/2018 de 13/06), con la determinación de los diferentes matices diferenciadores a tener en cuenta en la declaración de la víctima de Violencia de Género, como sujeto pasivo, y entre ellos: "la seguridad en la declaración ante el Tribunal ante el interrogatorio efectuado; la concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa; la claridad expositiva ante el Tribunal; el "lenguaje gestual" de convicción, que se caracteriza por la forma en que la víctima se expresa desde el punto de vista de los "gestos" con los que se acompaña en su declaración ante el Tribunal; la seriedad expositiva que aleja la creencia del Tribunal de un relato figurado, con gestos o expresiones fabuladoras o poco creíble; la expresividad descriptiva en el relato de los hechos ocurridos; la ausencia de contradicciones y concordancia del iter relatado de los hechos; la ausencia de lagunas en el relato de exposición que pueda llevar a dudas de su credibilidad; que la declaración no sea fragmentada y debe desprenderse un relato íntegro de los hechos y no fraccionado acerca de lo que le interese declarar, y ocultar, lo que le beneficie acerca de lo ocurrido; que debe contar tanto lo que a ella, y su posición beneficia, como lo que le perjudica; además que se aprecie en la declaración de la perjudicada una coherencia interna en su declaración; que no se aprecie ánimo espurio de venganza o resentimiento que pueda influir en la valoración de dicha declaración; que se detalle claramente los hechos; que distinga las situaciones y los motivos; que se evidencia una falta de propósito de perjudicar al acusado; y que se aprecie discriminación de los hechos que tenían lugar habitualmente, de los que no".

SEXTO. -Partiendo de los anteriores parámetros interpretativos, y del visionado del soporte digital que obra en las actuaciones, ha de afirmarse que el pronunciamiento condenatorio se basa en pruebas de índole personal, como fueron la declaración del acusado D. Eulogio (minutos 02,26 a 06,44 la grabación del plenario), y la testifical de Dª. Dª. Ángela (minutos 07,04 a 11,59), además de la periciales, médico y médico-forense, junto a la prueba documental y documentada, obrantes en las actuaciones, que se dieron todas por reproducidas.

Y de ello, solo cabe afirmar, coincidiendo con el razonamiento lógico y racional, además de motivado del Magistrado a quo, que en la testifical de Dª. Ángela ni se apreció por la instancia, ni se advierte por esta alzada, conforme a los criterios antes aludidos, causa alguna susceptible de incardinación en el ámbito de la ausencia de incredibilidad subjetiva, por los propios motivos al efecto tenidos en cuenta en la sentencia recurrida, en los que se hizo expresa mención al régimen de custodia compartida sobre la hija común, menor de edad. Ha de atenderse, por otra parte, que no es obstáculo a la valoración realizada, ni la presentación de la actual denuncia, toda vez que, en un Estado de Derecho, la defensa legal de los intereses personales que se entiendan conculcados debe ser entendida como una premisa consustancial al mismo Ordenamiento Jurídico, ni las peticiones de medidas de orden de civil, en el trámite del art. 544 TER LECRIM, que le fue denegada por auto núm. 901/2021, de 20/09. Resolución que fue confirmada por auto núm. 1038/2022, de 15/06, dictada por la Sección 26 de esta Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, en su RAV núm. 797/2022, según consta en las actuaciones. Y sin tampoco obviar, como sostuvo el Ministerio Público en su escrito de impugnación, la expresa renuncia de la perjudicada a ser indemnizada por estos sucesos.

Sobre la persistencia en la incriminación, tal y como igualmente valoró la instancia, las manifestaciones incriminatorias de la perjudicada, tanto en sede policial, según prueba documentada consistente en el atestado núm. NUM000 de la Comisaría de DIRECCION000, del día 20/09/2021 (actuaciones sin foliar), en sede de instrucción (soporte digital al folio 53, minutos 00,10 a 14,52), como del plenario, han venido siendo mantenidas de forma nuclear, esto es, que, durante la discusión habida con el acusado, a presencia de la hija común, en las inmediaciones del campo de futbol de DIRECCION000, donde había acudido la perjudicada en su coche a recoger a la menor a instancia de D. Eulogio, porque éste tenía estropeado su vehículo, el acusado, ahora Apelante, por el tema del pago de la gasolina gastada, y por haberse olvidado de recoger la mochila de su hija, se enfadó llegando, con la intención de menoscabar la integridad física de su oponente, a tirarle del pelo a Dª. Ángela y seguidamente, tras bordear el vehículo que era conducido por la denunciante, propinarle un puñetazo en el brazo derecho.

Carecen de toda relevancia las circunstancias alegadas sobre la falta de concreción de los hechos, o la supuesta emisión de la expresión por parte del acusado, reconocida por la denunciante, de "ya te gustaría que te hubiese hecho algo...", al ser extremos accesorios a la discusión mantenida, y reconocida, inter partes. Y sin poder dejar de referir, según la declaración de D. Eulogio en el Juzgado de Violencia (minutos 15,04 a 23,54), que se alegó que tenía mensajes de Ángela, reprochándole precisamente esos actos de índole agresivo, y que no constan que fuesen aportados a la causa, aunque tal extremo no hubiese sido tenido en cuenta por la instancia.

El Juzgador a quo, conforme la inmediación que preside el ejercicio de su función jurisdiccional, según consta al FJ Primero de la sentencia (páginas 4 y 5), tras analizar este testimonio, le atribuyó este canon valorativo, al entender que, esencialmente, el relato fáctico se había mantenido en el tiempo, tanto respecto al origen de la discusión, a la forma del acometimiento, como al desarrollo del episodio lesivo, entendiendo irrelevantes todos aquellos extremos. Y ello, de forma lógica y racional, además de argumentada.

Y sobre el canon de la verosimilitud del testimonio, coincidiendo igualmente con la instancia, tales manifestaciones constan adveradas objetivamente por el informe médico-facultativo extendido por el Hospital Universitario de DIRECCION000, extendido a las 00,28 horas del día 29/09/2021 (folios 25 a 27), esto es, pocas horas después de los sucesos acaecidos a las 21,00 horas del día anterior, según consta en el "factum" de la sentencia, como por el informe médico-forense del propio día 20/09/2021 (folio 52), que objetivaron aquellos menoscabos físicos, los específicamente reflejados en los Hechos Probados de la sentencia, afirmando, además, su compatibilidad con el mecanismo de producción referenciado por la explorada, es decir, por la realización de actos de "agresión con fuerza corporal".

Objetividad y certeza, por el contrario, que fueron descartadas a la declaración del acusado, ahora Recurrente, a quién no se le atribuyó credibilidad, en base al acervo probatorio desarrollado en el plenario, a través de los principios de oralidad, publicidad, defensa y efectiva contradicción. Y, aunque sostuviese su versión de los hechos, en sede de instrucción (igual soporte, minutos 15,04 a 23,54), como del juicio oral, pero sin proporcionar una explicación plausible, al menos, al hematoma equimótico en tercio medio del brazo derecho, además de pretender justificar el aumento de volumen a nivel occipital izquierdo, con hematoma subyacente de unos dos centímetros, a los propios actos auto lesivos de Dª. Ángela, que ella misma se habría producido. Tal mera afirmación, debe ser entendida en el legítimo ejercicio del derecho a la defensa.

Periciales, médico y médico-forense, ya referenciadas, por otra parte, que no fueron impugnadas por la Defensa en el trámite de la comparecencia del art. 798 LECRIM (folios 58 a 61). Referir, igualmente, que esa representación, en trámite de fase documental, la dio también por reproducida, al igual que las Acusaciones, Pública y Particular.

Incidir, a la par, que la compatibilidad de tales lesiones, expresamente determinada en el "factum" de la sentencia, a diferencia de lo pretendido en el recurso, lo fueron por los aludidos mecanismos causales -tirones de pelo y por un golpe de un puñetazo- lo que, a criterio de la instancia, determinó, necesariamente, según los actos agresivos reconocidos en los Hechos Probados, que se afirmase que el acusado actuó con intención de menoscabar la integridad física de su oponente, y, por ende, que son representativos e integrantes de un dolo directo. Extremo que consta, de forma indefectible, acreditado por el acervo probatorio practicado en el plenario.

Y entendiéndose por esta Sección de Apelación, como de forma expresa se expuso en el escrito de impugnación formulado por la Acusación Particular, que la Parte Apelante pretende sustituir esa valoración personal, alcanzada por cauce del art. 741 LECRIM, por la suya propia, naturalmente más interesada. En efecto, cuestionado por el hoy Recurrente el valor dado a la credibilidad de la víctima, o del resto de pruebas practicadas en el plenario, sobre los hechos denunciados, ya antes referenciados, en favor de la tesis exculpatoria mantenida en el recurso, debe recordarse que es criterio doctrinal reiterado el que afirma, en cuanto a esa credibilidad y a la aplicación del contenido detallado de su testimonio que "queda fuera, salvo supuestos excepcionales, de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación -hoy apelación- dada la naturaleza de este recurso, y la imposibilidad de que el Tribunal que lo resuelve disponga de las ventajas y garantías que proporcionan, en la valoración probatoria, la inmediación y la contradicción ( STS núm. 1262/2006, de 28/12 y núm. 33/2016 de 19/01, entre otras)".

En concreto, y en relación a la expresada testifical directa de la propia perjudicada, se viene reiterando por la doctrina que "la ponderación de la prueba testifical depende sustancialmente de la percepción directa que de su producción hayan tenido los Juzgadores o Tribunales de instancia ( STS núm. 1505/2003 de 13/11). Por tanto, si el Órgano de Instancia considera más verosímil el relato de hechos ofrecido por un testigo que el mantenido por el acusado, pero se apoya tanto en el análisis pormenorizado de su declaración, como en el resto del material probatorio, siendo así que no se advierte arbitrariedad alguna en los razonamientos del Juzgador a la hora de analizar los elementos que el Recurrente considera dudosos ( STS núm. 787/2015 de 1/12), es por lo que tal pronunciamiento ha de ser respetado". Lo que así ha sido efectuado, de forma lógica y racional por la instancia.

Ha de indicarse, en consecuencia, que la citada testifical de la víctima, en la forma ya expuesta, reúne los cánones de ausencia de incredibilidad subjetiva; de persistencia en la incriminación, al haber sido mantenido su relato, en fase policial, durante la instrucción de la causa, y en el acto del plenario, en la forma ya expresada; y el de verosimilitud del testimonio, conforme a las demás pruebas practicadas, en legal forma, en el acto de juicio oral. Por todo ello, debe excluirse que en el testimonio de Dª. Ángela no concurran los elementos interpretativos jurisprudencialmente establecidos para considerar a esta prueba como apta y capaz de enervar el principio de presunción de inocencia del que es merecedor el hoy Recurrente.

Y desde el razonamiento debidamente explicitado por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal en su resolución -que debe darse de nuevo por reproducido-, ha de afirmarse que el mismo cumple el deber de motivación exigido en el art. 120.3 CE, en cuanto a los sucesos nucleares que determinaron este pronunciamiento condenatorio, y por tanto, han de rechazarse las vías sostenidas en el recurso -el supuesto error valorativo, la pretendida infracción del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y por ende, la indebida aplicación del tipo penal objeto de condena-.

Y teniendo en cuenta, además, tal y como se aprecia del tenor del escrito de interposición, que se constata que la Parte Recurrente conoció la "ratio decidendi" en la que basó su pronunciamiento condenatorio la instancia, aunque la propia Apelante, en su legítimo derecho al mantenimiento de sus pretensiones absolutorias, discrepe del mismo, pero sin que ello, en modo alguno, suponga la infracción de los indicados cauces alegados.

SÉPTIMO.-Ha de destacarse, incluso en el supuesto de plantearse la existencia de testimonios enfrentados entre la versión mantenida por el acusado, y la sostenida por la víctima-perjudicada, que es sabido que tal circunstancia ( STS 26/10/2001) necesariamente ni supone, ni conlleva, su neutralización, debiendo ser valoradas tales manifestaciones por el Órgano de instancia en lo referido a su veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, lo que así ha acaecido en el caso que nos ocupa, y ello con lógica argumentación. Tal testifical, junto a los otros elementos probatorios, antes aludidos, han sido tenidos en cuenta por la instancia, concediéndole mayor valor probatorio que a la declaración del acusado, analizándose de forma coherente en la sentencia impugnada el resultado de la prueba practicada en el acto del plenario, con todas las expresadas garantías de inmediación, contradicción y defensa.

Debe incidirse, a la par, que dichas pruebas, la ya expresada testifical de la víctima, junto a las pruebas documentada, documental y periciales, así como la declaración del acusado, se constituyen en pruebas de naturaleza personal, en cuya valoración resulta esencial la percepción directa efectuada por la instancia quien, en virtud de esa inmediación, se encuentra una situación privilegiada para valorar su fiabilidad, consistencia y autenticidad, de ahí que deba respetarse su criterio, salvo que se aprecien incoherencias o lagunas, lo que no acaece a este supuesto.

A este respecto es preciso también recordar, como señalaba la jurisprudencia ( STS núm. 251/2004 de 26/02) que "la inmediación aun cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de lo que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del Tribunal de instancia en cuanto a la credibilidad de quien declaro ante él, no puede ser sustituida por la de otro Tribunal, que no las haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de relieve una valoración manifiestamente errónea que deba ser recogida".

En suma, el acervo probatorio ha sido valorado por el Juzgador a quo en lo referido a veracidad y credibilidad bajo los principios de contradicción y de inmediación, en resolución razonada, basada en los criterios del art. 741 LECRIM, por las razones expuestas en la propia resolución recurrida, y dado que las conclusiones no son arbitrarias o irrazonables, aunque puedan ser discrepantes con las vertidas por el ahora Recurrente, en modo alguno, procede que deban ser modificadas.

Por tanto, las circunstancias alegadas, bien por inexistentes, bien por inoperantes en el caso que nos ocupa, han de ser desestimadas, y sin que, a su vez, existan otros elementos objetivos que permitan a este Tribunal de Apelación seguir un criterio distinto al mantenido por el Magistrado del Juzgado de lo Penal, quien -reiteramos- desde su inmediación, conforme determina el art. 741 LECRIM, ha llegado a tal convencimiento condenatorio, a través de un proceso racional sobre ese concreto hecho. Se ha contado, en consecuencia, con prueba de cargo de contenido inequívocamente incriminatorio, que ha sido suficiente para poder enervar su presunción de inocencia, y de cuya ilicitud no cabe dudar, lo que ha llevado a la Juzgadora de Instancia a alcanzar un juicio de certeza, sin duda alguna, sobre la realidad de los hechos respecto de los que se formuló acusación. Se considera, por todo ello, que la sentencia dictada es conforme a Derecho. Y sin perjuicio de lo que seguidamente se dirá.

OCTAVO.-Sobre el segundo y subsidiario motivo de apelación argüido, más que por las vías constitucionales empleadas, esta alzada considera conveniente recordar que el art. 789.3 LECRIM, en su redacción actual, dispone, lo que es perfectamente predicable a los trámites del Juicio Rápido, que: "... la sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las acusaciones...".

Ha de precisarse también la doctrina sentada a partir del Pleno no Jurisdiccional para la Unificación de Criterios, celebrado el día 20/12/2006, cuyo tenor literal es el siguiente: "El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa".

En efecto, como mantiene la jurisprudencia (por todas, STS núm. 1319/2006, de 12/01 y núm. 1426/2005, de 7/12), la cuestión suscitada de "si el Juzgador o Tribunal está vinculado por la pena en abstracto que corresponde al delito determinado por la acusación, o que el límite se encuentra en la pena concreta solicitada por las acusaciones, la redacción actual del art. 789.3 LECRIM. , lleva a considerar que la esencia misma del principio acusatorio, su fundamento y su vinculación con el Órgano Jurisdiccional al que corresponde el enjuiciamiento del asunto, vincula al mismo Juzgador de Instancia con la concreta pena solicita, como ámbito delimitador de sus facultades punitivas, pues ello deriva de la esencia misma del citado principio acusatorio, y en suma, de la estructura del proceso penal, también denominado acusatorio, en donde quedan perfectamente escindidas las funciones de acusar y de juzgar, de modo que no puede nunca un mismo órgano arrogarse ambas, bajo pretexto alguno". Tal doctrina igualmente mantiene que "del mismo modo que el Juzgador o Tribunal sentenciador no puede condenar por un delito que no haya sido imputado por la acusación, tampoco puede imponer una pena que no le haya sido solicitada por acusación alguna, pues ambos mecanismos se basan en el respeto al principio acusatorio, y sus correlativas derivaciones de congruencia y defensa".

Como también tiene señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional, entre las exigencias derivadas de tal principio acusatorio "se encuentra la de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse, habiendo precisado a este respecto que por "cosa" no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica" ( SSTC núm. 12/1981, de 10/04, núm. 95/1995, de 19/06, núm. 225/1997, de 15/12, núm. 4/2002, de 14/01, F. 3; núm. 228/2002, de 9/12, F. 5; núm. 35/2004, de 8/03, F. 2; y núm. 120/2005, de 10/05, F. 5).

La íntima relación existente entre el principio acusatorio y el derecho a la defensa ha sido asimismo mantenida por el Tribunal Constitucional, al insistir que "... del citado principio se desprende la exigencia de que el imputado tenga posibilidad de rechazar la acusación que contra él ha sido formulada tras la celebración del necesario debate contradictorio en el que haya tenido oportunidad de conocer y rebatir los argumentos de la otra parte y presentar ante el Juez los propios, tanto los de carácter fáctico como los de naturaleza jurídica" ( SSTC núm. 53/1987, de 7/05, núm. 4/2002, de 14/01). De manera que "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse en forma contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa que en última instancia ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia" ( STC núm. 11/1992, de 27/01, núm. 95/1995, de 19/06, núm. 36/1996, de 11/03 y núm. 4/2002, de 14/01).

Dicho principio acusatorio deriva del derecho fundamental al proceso debido -proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE-, y es manifestación, como afirma tal criterio jurisprudencial, con los principios de congruencia y defensa. De modo que este principio ha de quedar restringido no solamente al "factum", sino a la misma calificación jurídica, y dentro de ésta, tanto al título de imputación (delito), como a la propia petición punitiva contenida en la más grave de las acusaciones. En igual sentido, la STS núm. 1319/2006, de 12/01, y la STC núm. 278/2000 de 27/12).

En consecuencia, y al haberse solicitado, como pena accesoria la prohibición de aproximación para el acusado, para con la perjudicada, al amparo del art. 57.2 CP, según el tenor del escrito del Ministerio Fiscal de 20/09/2021, al que se adhirió la Acusación Particular en tal comparecencia de 19/11/2021, a una distancia que no fuese superior a la de 100 metros, que es la única cuestionada, procede estimar parcialmente el recurso interpuesto, y por ende, la adhesión parcial formulada, acordando reducir tal distancia de seguridad establecida en la sentencia, que lo fue de 500 metros, a la indicada de 100 metros, y manteniéndose invariables los restantes pronunciamientos de la sentencia.

NOVENO.-No se aprecian razones para imponer, por temeridad o mala fe, a la Parte Recurrente las costas de esta alzada, que deben declararse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 240 LECRIM.

VISTOSlos preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, por todo lo expuesto, en nombre del S.M. El Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sección de Apelación, ha decidido que: