Sentencia Penal 20/2025 Audiencia Provincial Penal de Madrid nº 27, Rec. 1212/2024 de 22 de enero del 2025

PRIMERO.- Se fundamenta el recurso formulado por la representación del acusado, que resultó condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar y que solicita que se le absuelva del mismo, en vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art.24.2 CE e infracción de ley por indebida aplicación del art.153.1 y 3 del Código penal, y en la falta de proporcionalidad en la aplicación de la pena.

El Ministerio Fiscal informó que la Sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el Juicio Oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado. El propio análisis que el recurrente hace de la prueba practicada en el juicio oral y ha sido valorada por el Juez evidencia que se practicó prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que el recurrente pretende vulnerado. Que la valoración no sea coincidente con la que el recurrente pretende no es infracción a dicho precepto. En realidad, el recurrente simplemente trata de que la Sala acepte, sin inmediación de la amplia prueba personal practicada, su valoración de la prueba, interesada como parte que es, sustituyendo el convencimiento del Juez de instancia, libremente formado al apreciar con inmediación la prueba personal. En este sentido es contundente la prueba de cargo existente, como se recoge en el fundamento de derecho segundo en el que se analiza detalladamente el material probatorio vertido en el plenario. Así, la víctima relató lo acontecido, persistiendo en la incriminación sin incurrir en contradicciones en lo esencial de su relato respecto de su declaración en instrucción. Además su relato se encuentra corroborado por los informes médicos y médico forense que objetivaron unas lesiones compatibles con el mecanismo causal relatado por aquella. Respecto del segundo motivo del recurso, proporcionalidad de la pena, el Ministerio Fiscal entiende ajustada a derecho la pena impuesta. A pesar de las alegaciones efectuadas por la defensa, lo cierto es que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, exige el consentimiento del que los va a realizar, consentimiento que tiene que ser expreso y personal. No constando el mismo, no puede imponerse dicha pena. Por todo ello, toda vez que, se considera la fundamentación jurídica de la Sentencia recurrida se ajusta a lo actuado y evaluado en el juicio oral, y colma el principio de motivación de las resoluciones judiciales recogido en el art. 120 de la Constitución, a juicio del Fiscal, no procede la estimación del recurso.

La acusación particular impugnó el recurso interpuesto remitiéndose a los fundamentos de la sentencia recurrida por corresponder al órgano jurisdiccional enjuiciador la valoración de la prueba practicada, reuniendo la declaración de la perjudicada los presupuestos, requisitos y condiciones exigidos por la doctrina y la jurisprudencia.

SEGUNDO.- Según tiene establecido el Tribunal Supremo, STS 431/2020, con remisión a la sentencia núm. 275/2020, de 3 de junio, y a la sentencia núm. 162/2019, de 26 de marzo, "mientras que en el recurso de casación la revisión del juicio fáctico de la sentencia de instancia se puede realizar a través del análisis de la presunción de inocencia (artículo 852), del error en la valoración de la prueba basado en documentos literosuficientes (artículo 849.2) y por defectos de forma de la sentencia (artículos 851.1º y 2º), el ámbito del recurso de apelación es más amplio. En apelación, además de la posible invocación de la presunción de inocencia y de cualquier defecto de forma de la sentencia, se puede combatir el relato fáctico a través de la invocación del error en la valoración de la prueba, cuya justificación no se ciñe o limita a la valoración de documentos literosuficientes. En apelación el error puede derivarse no sólo de documentos sino de cualquier prueba y de su valoración conjunta.

Indicábamos en la citada sentencia en relación al régimen de apelación regulado en los artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al recurso de apelación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales competencia del Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 846 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que éste "se configura como una verdadera segunda instancia, de modo que el Tribunal superior puede controlar de forma efectiva " [...] la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la correcta aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto [...]" ( STC Pleno 184/2013 de 4 nov . FJ7, con cita de otras SSTC).

En principio y con determinadas limitaciones, el Tribunal de apelación está en la misma posición que el juez 'a quo' para la determinación de los hechos a través de la valoración de la prueba, para examinar y corregir la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia y para subsumir los hechos en la norma ( STC Pleno 167/2002, de 18 de septiembre y STC Pleno 184/2013, de 4 de noviembre FJ 6º).

Así lo ha proclamado el Tribunal Constitucional en muchas sentencias de las que destacamos por su claridad la sentencia 157/1995, de 6 de noviembre, afirmando sobre el recurso de apelación que "existen varias modalidades para los recursos y entre ellas la más común es la apelación, cuya naturaleza de medio ordinario de impugnación está reconocida por todos y conlleva, con el llamado efecto devolutivo que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. En tal sentido hemos explicado muchas veces que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium" ( SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90 y 21/93)".

Esa facultad deriva del derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, que controle la corrección del juicio realizado en primera instancia, revisando la aplicación de las reglas que han permitido la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena en el caso concreto ( SSTC 70/2002, de 3 de abril, FJ 7; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2; y 136/2006, de 8 de mayo, FJ 3).

Ese derecho está consagrado en el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el art. 2 del Protocolo 7 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (ratificado por España el 28 de agosto de 2009) y que forma parte de las garantías del proceso justo consagradas en el art. 24.2 CE (por todas, SSTC 42/1982, de 5 de julio, FJ 3; 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 5 ; 70/2002, de 3 de abril, FJ 7 ; y 116/2006, de 24 de abril , FJ 5). (...)

(...) Siendo cierto que la función del tribunal de apelación no consiste en revaluar la prueba sino revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, si aprecia error debe rectificar la declaración fáctica y sustituirla por una propia, respetando todos aquellos aspectos que dependan exclusivamente de la inmediación y justificando el cambio de criterio no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas. Su decisión debe ajustarse a parámetros objetivos, que pongan de relieve la racionalidad del cambio de criterio y, por supuesto, deben expresarse mediante la adecuada motivación. Además, el Tribunal debe respetar, en todo caso, la prohibición de la reforma peyorativa, en virtud de la cual el órgano "ad quem" no puede exceder los límites en que esté planteado el recurso, acordando una agravación de la sentencia impugnada que tenga su origen exclusivo en la propia interposición de éste ( STC 17/2000, de 31 de enero)".

TERCERO.- Las alegaciones de la defensa sobre la presunción de inocencia obliga a verificar si se han practicado en la instancia pruebas de cargo válidas (desde la perspectiva constitucional y legal) y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la intervención del acusado en su ejecución; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas con arreglo a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica de lo razonable y al conocimiento científico, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración; todo ello conforme a las exigencias que viene imponiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala II del Tribunal Supremo, y en contra de lo que alega el acusado, sí concurre en el caso prueba de cargo enervadora de la presunción constitucional, a tenor de lo que se razona en el fundamento jurídico primero de la sentencia cuestionada

Conforme expone la Jurisprudencia, sucede en este caso, como en otros similares, que la prueba única del hecho enjuiciado es la declaración de quien afirma ser víctima del hecho.

"A este respecto el Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia número 258/2007, de 18 de diciembre, seguida por muchas otras, ha establecido de forma reiterada que "[...] la declaración de la víctima, practicada normalmente en el acto del juicio oral, con las necesarias garantías procesales, puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuencia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador (por todas, STC 347/2006, de 11 de diciembre, FJ 4) [...]". La exclusión del testigo único como prueba de cargo (testimonium unius non valet) es una regla propia de un sistema de prueba tasada. En cambio, un sistema basado en la valoración racional admite que la condena tenga su fundamento en un solo testigo. Por tanto, nada se puede objetar a que la sentencia condenatoria tenga como único fundamento la declaración de la víctima, si bien el análisis valorativo de esa prueba, precisamente porque es la prueba única y fundamental, debe ser especialmente cuidadoso. La exigencia de una fundamentación objetivamente racional impide que la condena tenga como fundamento la creencia subjetiva de que el testigo no miente. No es un problema de fe sino de que el testimonio sea objetiva y racionalmente creíble.

Para hacer posible esa indagación esta Sala ha identificado una serie de criterios o parámetros que hacen posible o facilitan ese análisis, en el bien entendido que no se trata de presupuestos que necesariamente deban estar presentes, ya que ello conduciría a una valoración tasada de la prueba, lo que no se compadece con el principio de libre valoración de la prueba establecido como regla general en el artículo 741 de la LECrim.

Los criterios consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación.

Son criterios orientativos que permiten exteriorizar el razonamiento judicial y que hacen posible que la credibilidad que se otorgue al testimonio de la víctima no descanse en un puro subjetivismo, ajeno a todo control externo, sino en criterios lógicos y racionales. Y, según se expresa en la STS 355/2015, de 28 de mayo, " (...) Es claro que estos parámetros de valoración constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en el sentido de que frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado (...)". Precisa la resolución citada que " (...) La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, como sucede con la declaración de un coimputado sin elementos de corroboración, pues carece de la aptitud necesaria para generar certidumbre (...)".

4. La comprobación de la credibilidad subjetiva exige el análisis de las características físicas o psíquicas del testigo (minusvalías sensoriales o síquicas, ceguera, sordera, trastorno o debilidad mental, edad infantil), que sin anular el testimonio lo debilitan y también obliga al análisis de posibles motivaciones espurias, lo que conlleva el examen del entorno personal y social que constituye el contexto en el que se han desarrollado las relaciones entre el acusado y la víctima, cuyo testimonio es el principal basamento de la acusación, para constatar si la declaración inculpatoria se ha podido prestar por móviles de resentimiento, venganza o enemistad u otra intención espuria que pueda enturbiar su credibilidad. Si se formula una grave acusación, que afecta a ámbitos muy íntimos de la denunciante, y no cabe atisbar racionalmente motivo alguno que pueda justificarla, un simple razonamiento de sentido común puede llevarnos a la conclusión de que la acusación se formula simplemente porque es verdad. Cuando pueda atisbarse racionalmente otra motivación, de carácter espurio, esta conclusión no puede aplicarse, lo que no significa que el testimonio quede desvirtuado, pero sí que precisará elementos relevantes de corroboración. En el análisis de esta materia ha de tomarse en consideración que, como ha señalado reiteradamente esta Sala (STS 609/2013, de 10 de julio, y núm. 553/2014, de 30 de junio, entre otras), el deseo de justicia derivado del sufrimiento generado por el propio hecho delictivo no puede calificarse en ningún caso de motivación espuria que pueda viciar la credibilidad de la declaración de la víctima.

La juez "a quo" valora en la sentencia la declaración del acusado, que se acogió a su derecho a no prestar declaración y que en el uso de la última palabra negó haber agredido en modo alguno a la que era su pareja sentimental, reconociendo la discusión y que la ha insultado " porque ella le tiene que respetar"; y la declaración de la perjudicada, que afirma que ese día ella llegó del trabajo, él parecía bebido, estaba enfadado, ella decidió irse a otra habitación a dormir, cerró la puerta del dormitorio, el forzó la puerta y se le abalanzó, golpeándola, al intentar pegarle en la cara, ella pone la mano y le hizo daño en el dedo, posteriormente se dio cuenta de que también tenía lesionado el brazo y así lo apreció el médico forense al día siguiente.

Considera que esta declaración viene corroborada por otros elementos probatorios periféricos, como los informes médicos de asistencia inicial del Hospital Doce de Octubre, que apreció "tumefacción, eritema y dolor en la palpación a nivel de articulación interfalángica proximal del tercer dedo de la mano derecha" que fue asumido por el médico forense en su informe obrante a folio 83, que al día siguiente aprecia otras lesiones en el brazo de la denunciante, estimando compatibles las indicadas lesiones, tanto con la data como con el modo de causación relatado por la Sra. Benita.

La Juez a quo con la inmediación que le proporciona el juicio y de la que carece este tribunal, ha valorado la prueba de cargo practicada, llegando a la conclusión de que los hechos sucedieron tal y como los entiende probados, sin que quepa calificar su decisión de ilógica o arbitraria., por lo que procede la desestimación del recurso interpuesto, puesto que lo que se pretende no es sino sustituir la valoración de la prueba efectuada por aquel por la propia del recurrente, parcial y subjetiva como parte interesada que es.

En este sentido, en STS 344/2024, de 24 de abril de 2024, entre otras, podemos leer: "consecuentemente no basta la plasmación de otra hipótesis alternativa fáctica, para entender conculcado el derecho a la presunción de inocencia, como resulta de la propia jurisprudencia constitucional, plasmada entre otras en la STC 55/2015, de 16 de marzo : "...sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando 'la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada' ( SSTC 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 4 ; 111/2008, de 22 de septiembre, FJ 3 ; 109/2009, de 11 de mayo, FJ 3 ; y 70/2010, de 18 de octubre , FJ 3); [...] nuestra jurisdicción se ciñe a efectuar un control externo, de modo que 'el juicio de amparo constitucional versa acerca de la razonabilidad del nexo establecido por la jurisdicción ordinaria, sin que podamos entrar a examinar otras posibles inferencias propuestas por quien solicita el amparo' ( STC 220/1998, de 16 de noviembre , FJ 3) y, de otro, que 'entre diversas alternativas igualmente lógicas, nuestro control no puede alcanzar la sustitución de la valoración efectuada por los órganos judiciales, ni siquiera afirmar que fuera significativamente más probable un acaecimiento alternativo de los hechos' ( STC 124/2001, de 4 de junio, FJ 13)..." ( SSTC 13/2014 a 16/2014, todas de 30 de enero, FJ 6 , y 23/2014, de 30 de enero , FJ 5)".

CUARTO.- Se alega en segundo lugar la falta de proporcionalidad en la aplicación de la pena, al no haberse impuesto la pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad, a la cual se prestaba expresamente la conformidad.

Previendo el art.153.1 penas alternativas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, se impuso la primera de ellas sin que quepa efectuar reproche alguno a esta elección por parte del Juzgador; fue la interesada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y la que se mantuvo en sus conclusiones definitivas y en su informe. Conocida por la defensa esta petición de pena privativa de libertad, ninguna petición alternativa se efectuó para el caso de su condena, ni tan siquiera en su informe, por lo que no era exigible que la Juez a quo se pronunciara sobre la misma, no pudiendo resolverse en apelación una cuestión que debió ser planteada en la instancia.

Y en cuanto a la duración de la pena privativa de libertad, que se califica de desproporcionada, cabe recordar que la prevista en el art.153.1 del Código penal es de seis meses a un año de prisión, pero que, habiendo ocurrido los hechos en el que era domicilio común, es de aplicación el subtipo agravado del apartado 3 del art.153, que obliga a imponer la pena en su mitad superior, esto es, de nueve meses y un día a un año de prisión, por lo que no procedía imponer una pena inferior, procediendo en consecuencia la desestimación del recurso.

QUINTO.- Se fundamenta el recurso presentado por la acusación particular en infracción de Ley: conculcación del derecho fundamental a la tutele judicial efectiva, consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución Española, dada la indebida e incorrecta inaplicación del artículo 66.1. 6ª del Código Penal, en concordancia con el artículo153.1y 3 del Código Penal, vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, reputado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, lo que ha irrogado indefensión a esa parte. Así como en infracción de Ley: vulneración del derecho fundamental a la tutele judicial efectiva, proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución Española, dada la indebida e incorrecta inaplicación del artículo 66..1.6ª del Código Penal, en consonancia con el artículo 57.2 del Código Penal, en relación con el artículo 48 del Código Penal, y con el artículo153.1y 3 del Código Penal, vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, lo que ha irrogado indefensión a esa parte. Solicitaba, en consecuencia la condena del acusado , como autor, criminalmente responsable, de un delito de lesiones en el ámbito familiar tipificado y sancionado en el artículo153.1 y 3 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de doce meses de prisión; y, conforme a la segunda alegación o motivo, imponga a don Germán, la pena accesoria de la prohibición de aproximarse a doña Benita, en un radio inferior a quinientos metros, a su domicilio, lugar de trabajo u otro lugar donde se encuentre o frecuente, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de dos años nueve meses y un día. Con imposición de costas procesales, incluidas las correspondientes a la acusación particular.

El Ministerio Fiscal informó considerando que la Sentencia objeto de recurso es plenamente conforme a derecho, tanto desde la perspectiva de la valoración de la prueba que tuvo lugar en el Juicio Oral como de la aplicación de los preceptos normativos y de la doctrina legal que los interpreta, por lo que debe ser confirmada con desestimación del recurso contra la misma formulado. Recurre la acusación Pparticular por no mostrarse conforme con la determinación de la extensión de la pena de prisión y de la pena de prohibición y comunicación. El Fiscal, a pesar de la duración de las penas inicialmente pedida, entiende que la acordada por el Juzgador es conforme a Derecho, pues se encuentran en la horquilla legalmente prevista y aparece suficientemente motivada su concreción en el fundamento jurídico quinto. Por todo ello, toda vez que, se considera la fundamentación jurídica de la Sentencia recurrida se ajusta a lo actuado y evaluado en el juicio oral, y colma el principio de motivación de las resoluciones judiciales recogido en el art. 120.3º de la Constitución, a juicio del Fiscal, no procede la estimación del recurso

La representación del acusado impugnó el recurso interpuesto pues no figura en el escrito de calificaciones provisionales de la acusación particular, ni del Fiscal, elevadas a definitivas en el acto del juicio, ninguna referencia ni solicitud de condena a mi representado por delito alguno correspondiente a insultos a la denunciante, por lo que ni fue objeto de debate en juicio oral, ni se encuentra recogido en los hechos probados de la sentencia que el condenado insultara a la denunciante.

SEXTO.- Ambos motivos se fundamentan en un mismo razonamientos en cuanto a la imposición de las penas en su máxima extensión posible, en atención a las circunstancias personales del encartado quien, no sólo no reconoce los hechos, lo que le permite su derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino que reconoce, sin reparo alguno, que, además, insulta a la denunciante, y a la entidad, a la mayor o menor gravedad, del hecho, de conformidad con lo dispuesto en la regla sexta de individualización de la pena, tasada en el artículo 66.1 del Código Penal.

La competencia para individualizar la pena la ostenta el Tribunal sentenciador de origen, reservando la intervención en apelación en aquellos supuestos en los que nada se motiva en relación a la cantidad de pena a imponer, o la pena impuesta sea absolutamente desproporcionada, irrazonable, ilógica o arbitraria; y si bien es cierto que nada se motiva en la sentencia para imponer el mínimo legalmente posible, de nueve meses y un día, tampoco concurren razones por las que procediera imponerla en el máximo solicitado de doce meses; del relato de hecho probados no se desprende ni que el acusado hubiera insultado a la denunciante, ni la entidad de las lesiones que se causaron a la víctima, no pudiendo resultar perjudicado el condenado por el hecho de que no haya reconocido los hechos; el hecho de que la confesión y la reparación del daño estén previstas en el Código penal como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes, no justifica que en caso contrario su ausencia opere como agravante de la misma.

SÉPTIMO.- El art.69 LO 1/2044 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece: "Las medidas de este capítulo podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen. En este caso, deberá hacerse constar en la sentencia el mantenimiento de tales medidas". Procede por ello mantener las acordadas en el auto de 22 de septiembre de 2023, por el Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 Madrid, si bien con el límite máximo de duración correspondiente a las penas accesorias que se ha fijado en esta sentencia, momento en el que deberán ser dejadas sin efecto de conformidad con el principio de proporcionalidad que debe animar toda medida cautelar.

OCTAVO.- No apreciándose temeridad o mala fe en esta instancia, han de declararse de oficio las costas devengadas en esta instancia

Vistos los preceptos legales citados y los de general y pertinente aplicación al caso,