Sentencia Penal 21/2025 Audiencia Provincial Penal de León nº 3, Rec. 1265/2024 de 15 de enero del 2025

PRIMERO.Siguiendo un orden lógico de los motivos de impugnación objeto de los recursos formulados, procede examinar en primer lugar los relativos a la cuestión penal, debiendo comenzarse por el interpuesto por la acusación particular quien solicita la revocación de la sentencia y que se condene al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave del art 142.1 del C.P. Como ya se ha expuesto, la condena se produjo por delito de homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 del C.P, ello significa que el recurrente pretende que en grado de apelación se agraven las consecuencias penales establecidas en la sentencia de instancia alegando error en la valoración de la prueba debido a insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, si bien no se solicita la nulidad de la sentencia de instancia sino que se condene al acusado por un delito más grave de aquel por el que fue condenado.

El artículo 790.2, párrafo tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadido en la reforma de dicha Ley efectuada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, al regular el recurso de apelación en materia penal, señala expresamente que "cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada". Además, el artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (igualmente redactado conforme la citada Ley 41/2015), prescribe que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada, y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de entenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa". La regulación que hemos transcrito contenida en los arts. 790.2 y 792.2 de la LECr. , a partir de su reforma por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, no hace sino otorgar rango legal a la reiterada doctrina del TEDH ( SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 55; de 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39; de 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64; y de 10 de marzo de 2009, caso Coll c. España, § 27), según la cual, el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público. Esta doctrina, es desarrollada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo ( SSTC 167/2002, de 18 de septiembre, 170/2002, 120/2009, 184/2009, 142/2011 y 105/2014; y SSTS 798/2011, 1160/2011, 126/2012, 236/2012 de 22.3, 500/2012, 896/2012 de 21.11, 22/2013, 176/2013, 970/2013, 247/2014, entre otras muchas). Conforme a los preceptos y doctrina citada, no es viable la pretensión del recurso consistente en la revocación de la sentencia y condena del acusado en esta alzada por un delito más grave sobre la base de una nueva valoración de la prueba, pues resultaría contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exigiría necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora. Téngase en cuenta que el recurso de apelación penal, como sucede con la casación, no permite la repetición de las pruebas personales practicadas en la instancia y ello se explica porque no estamos ante una revisión de la prueba por el tribunal superior que no tiene margen para modificar los hechos de la sentencia absolutoria y solo podría optar por la declaración de nulidad en el control de la motivación empleada. Y no es ésta la pretensión que se ejercita en el recurso, en el que no se solicita ni la nulidad de la sentencia ni la invalidez al acto del juicio, con nueva designación de juez o magistrado, solución que se impondría si se precisa de una nueva y distinta valoración de la prueba, si bien, como ha dicho el Tribunal Supremo, habría que adoptarla con cautela pues la anulación de la sentencia y del juicio no puede responder a una función pura y exclusivamente propedéutica, al margen de los intereses concretos de las partes prolongando artificialmente el cierre definitivo de la controversia procesal con sus inherentes incertidumbres y desgaste personal y también de costes económicos. En todo caso, el Tribunal Supremo ha venido exigiendo, a fin de acoger el error en la apreciación de la prueba que exista en la narración descriptiva supuestos inexactos, que el error sea evidente, notorio y de importancia o que haya existido en la valoración de la prueba un error de significación suficiente para modificar el sentido del fallo. Y sólo procedería la nulidad de la sentencia absolutoria cuando fuese arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación o introduzca una estrambótica o irracional, o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente disparatada y al margen de sus lógicos contornos. Basta leer la sentencia, para apreciar que no estamos en esos supuestos de arbitrariedad o irrazonabilidad de la sentencia. Y si analizamos la argumentación del recurso, se observa que, efectuando una lógica crítica a la sentencia, pretende una valoración alternativa de la prueba para llegar a una conclusión distinta, pero no pone de manifiesto ningún error o desvío patente de la racionalidad, como tampoco la omisión de razonamiento sobre alguna prueba relevante, y se limita a atribuir una valoración errónea del acervo probatorio, obviando que la cuestión no es si la prueba practicada admite otra exégesis sino la razonabilidad de la duda expresada. Con todo ello los recurrentes hacen una nueva apreciación de las pruebas de naturaleza personal y pretende la condena en apelación que, como hemos dicho, es inviable, y solo cabria un pronunciamiento anulatorio de oficio, por patente error ante una situación extrema, esperpéntica o de irracionalidad en el discurso judicial con evidente afectación de los derechos fundamentales ligados a la tutela judicial efectiva, lo que no es el caso, por lo que el motivo de impugnación debe ser desestimado.

SEGUNDO.En el recurso presentado por la representación del acusado se hace en primer lugar una serie de consideraciones sobre la calificación de la imprudencia que hace la sentencia de instancia, consideraciones que carecen de objeto una vez dictado el auto de aclaración el 17 de abril de 2024. Efectivamente en la redacción originaria de la sentencia se hacía referencia en algunos momentos a que estábamos ante una imprudencia grave y en otros ante una imprudencia menos grave. La lectura de la sentencia permitía constatar que se trataba de un mero error de transcripción y por ello en el auto aclaratorio se corrigen esos errores y se consigna con total nitidez que la condena lo es por un delito de homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 del C.P

Aclarado lo anterior, el recurrente impugna la resolución de instancia afirmando la existencia de un error en la valoración de la prueba por insuficiencia de motivación y falta de racionalidad. La parte recurrente cuestiona los criterios valorativos expuestos en la sentencia recurrida y pretende que este Tribunal los rechace y realice una nueva valoración de la prueba acorde a la versión del acusado. Debe recordarse que el error en la valoración de la prueba esgrimido por la parte recurrente, sólo podrá acogerse cuando las deducciones o inferencias de la sentencia impugnada resulten ilógicas, irracionales o absurdas en atención a las pruebas practicadas. Es por ello que, cumplida la obligación de razonar el resultado de dicha valoración, el tribunal de apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

Como ya se ha dicho, en el plenario se practicaron pruebas de cargo, la testifical de todos los agentes de policía que participaron en las diligencias, la testifical de varias personas que vieron el siniestro, la documental y la pericial del médico forense. La sentencia valora el testimonio del acusado, así como la de todos los testigos y los datos objetivos incorporados al atestado y llega a una conclusión lógica sobre el resultado de las pruebas practicadas en el plenario. El recurrente trata en este motivo de impugnación hacer una nueva declaración de hechos probados, narración fáctica en la que trata de imputar a la peatón atropellada toda la responsabilidad en el siniestro, eludiendo hacer referencia a cualquier hecho que implique imputar cualquier tipo de responsabilidad en el recurrente. La sentencia de instancia valora adecuadamente todos los datos acreditados, y llega a unas conclusiones lógicas y racionales que la sala comparte. No omite la sentencia de instancia el dato de que la víctima caminaba de noche, sin luz artificial en la vía, con ropas oscuras, sin elementos reflectantes por el estrecho arcén de la carretera donde se produjo el atropello. Pero también analiza la conducta del recurrente, debiendo destacarse que, aunque circulaba a una velocidad inferior la prevista para la vía, era de noche, sin luz artificial, con luces de cruce y por una vía muy estrecha (contaba con un arcén de sólo 0,70 cm). El hecho de que circulara a una velocidad de 60-70 Km/h, inferior a la legalmente permitida con carácter general a la vía (80km/h), no implica que esa velocidad fuera la adecuada en atención a las circunstancias concretas en que se produce el accidente, pues resulta evidente que circulando de noche, con las luces de cruce y sin existir luz artificial en la zona y haciéndolo por una carretera muy estrecha, el acusado debió extremar las precauciones y es un dato evidente que la velocidad no era la adecuada a las condiciones de la vía, el hecho de que ni si quiera viera a la peatón en el momento del impacto. Con ello el acusado incurrió en la infracción de una norma de cuidado que obligaba al acusado, como a todo conductor, a circular a una velocidad adecuada al tipo de vía y sus circunstancias, que le permitiera en todo momento detener el vehículo y/o maniobrar ante cualquier imprevisto para evitar cualquier colisión o incidente propio o ajeno, manteniendo en todo momento la seguridad. La sentencia de instancia también valora las condiciones en las que caminaba la víctima y es por ello que la imprudencia se califica como menos graves, pues en otro caso estaríamos ante un supuesto de imprudencia grave. Por lo que el motivo debe desestimarse, si bien debe precisarse que la condena lo es por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave ( arts 13.4, 33 y 142.2 del C.P)

TERCERO.Se alega por el recurrente la indebida aplicación del art 72 del C.P, e interesa que la pena de multa se imponga en su mínima extensión y que no se imponga la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. Ciertamente la motivación que contiene la sentencia sobre la individualización de las penas impuestas es muy parca, y sólo hace referencia a las circunstancias en las que se produjo el siniestro y a la carencia de antecedentes penales del acusado. Al estar en presencia de un delito leve y además imprudente, resulta de aplicación del art. 66.2 del C.P. En relación a la pena de multa ésta se impone en la mitad inferior (seis meses) a la prevista por el art. 142.2 del C.P, por lo que se considera que se ajusta a la legalidad y que por tanto debe ser mantenida. En relación a la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor, la sentencia trascribe el vigente art. 142 del C.P, redacción en la que con carácter imperativo debe imponerse esa pena cuando los hechos se haya cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, al emplear el texto punitivo la expresión "se impondrá". Sin embargo, a la fecha de los hechos (septiembre de 2019) se encontraba en vigor la redacción dada al citado artículo por la LO 2/2019 que entró en vigor el 3 de marzo de 2019, texto en el que la imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor era potestativa, pues el artículo empleaba la expresión "se podrá". La sentencia de instancia nada razona sobre el porqué opta por imponer dicha pena. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterativa al exigir una adecuado motivación sobre el proceso de individualización de la penal como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y en los supuestos de aplicación de penas facultativas, ha manifestado la necesidad de efectuar una motivación específica y así en la STS 208/2017, de 28 de marzo se dice: "El artículo 57.1 del CP , en la redacción vigente a la fecha de los hechos, preveía la posibilidad de que, cuando se tratara, entre otros, de delitos de lesiones, el Tribunal podía acordar en la sentencia la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente. Gravedad, que no es la del delito cometido, sino la del hecho concreto enjuiciado. Tales prohibiciones están contempladas en el artículo 48 como penas privativas de derechos, lo que implica que en su imposición habrán de cumplirse las previsiones generales de motivación de las penas. En este sentido, hemos señalado reiteradamente que la obligación de motivar las sentencias, derivada del derecho a la tutela judicial efectiva, y expresamente prevista en el artículo 120.3 de la Constitución , comprende la extensión de la pena. Y, concretamente respecto a penas de imposición facultativa, hemos dicho en la STS nº 596/2013, de 2 de julio , que si la pena es facultativa, el Tribunal está obligado a una motivación específica, exigida por el artículo 120.3 de la Constitución".

En el caso de autos, ninguna motivación contiene la sentencia de instancia sobre la imposición de la pena potestativa de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni tampoco de la declaración de hechos probados se contiene circunstancias especiales que aconsejen imponer una pena que el legislador de aquel momento no consideraba preceptiva, por lo que en este punto el recurso del acusado debe ser estimado y debe dejarse sin efecto la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores que se le impuso.

CUARTO.La acusación particular impugna los pronunciamientos en materia de responsabilidad civil y en primer lugar ataca el importe de las indemnizaciones concedidas a los perjudicados por el fallecimiento de Felisa, afirmando que la sentencia de instancia no motiva el por qué rebaja en un 25% las indemnizaciones solicitadas por los perjudicados, si bien ante esa falta de motivación no insta la nulidad de la sentencia sino que pide que se reconozca en esta alzada el importe total de las indemnizaciones solicitadas. La sentencia es parca en los pronunciamientos indemnizatorias, si bien la propia parte recurrente admite que lo que se ha hecho es reducir el montante de las indemnizaciones en un 25% al entender que existe una concurrencia de culpas, atribuyendo al acusado una cuota de culpa de 75% y a la víctima una cuota del 25%. Partiendo de estas consideraciones y de la declaración de hechos probados, la Sala entiende que está condiciones para resolver sobre la pertinencia de la concurrencia de culpas que hace la sentencia de instancia. Como se ha explicitado en los fundamentos que han resuelto las impugnaciones relativas a la cuestión penal, en la producción del siniestro confluyeron la conducta imprudente del conductor del vehículo y la propia conducta de la víctima de los hechos. Se ha de recordar que en el tráfico rodado de vehículos destaca, ante todo, dos principios que constituyen el soporte de todas las apreciaciones sobre la conducta diligente. Uno es el denominado "principio de la conducción dirigida" a tenor del cual quienes manejan un vehículo de motor deben en todo momento ser dueños del movimiento del mismo; y, otro, el llamado "principio de confianza o seguridad en el tráfico " conforme al cual el conductor prudente no sólo actúa según el antes expresado sino que se halla en situación de esperar de los demás un comportamiento idóneo y paralelo al suyo, en legítima expectativa. En el caso de autos es relevante el hecho de que la víctima caminara, de noche, por una carretera muy estrecha con un arcén de 0,70 cm, sin iluminación artificial, con ropa oscura y sin ningún elemento reflectante. Esas circunstancias se han de tener en cuenta para minorar el importe de la responsabilidad civil, minoración que prudencialmente se hace en una cuota del 25%, al entender que la imprudencia del conductor del vehículo fue la cusa eficiente y determinante del accidente. Por lo que, la fijación de las indemnizaciones en la cuantía en que se hizo en la resolución de instancia se considera ajustada a derecho habida cuenta de esa concurrencia de culpas por lo que en este punto el recurso debe ser desestimado.

QUINTO.Impugna la acusación particular la falta de pronunciamiento sobre la aplicación de los intereses del art. 20 de la LCS. Los recurrentes tienen razón al denunciar la omisión señalada. No obstante, la Sala puede llegar a una conclusión sobre la aplicación del art. 20 de la LCS a partir de la documental obrante en autos, omisión que ha sido corregida introduciendo un último párrafo en la declaración de hechos probados. Tal y como se desprende del acontecimiento 56 de la D.P con fecha 18 y 18 de diciembre de 2019 Fiatc Mutua de Seguros consignó a favor de Baldomero la cantidad de 23.594,28 € y a favor de Casilda, Marina y Delia la cantidad de 11.952,36 € para cada una de ellas, cantidades que fueron entregadas a los citados a cuenta de la responsabilidad civil que pudiera declararse. En el caso de autos, por tanto, la aseguradora dentro de los tres meses de producirse el siniestro (30 de septiembre de 2019) consignó íntegramente las cantidades que la sentencia ha reconocido a los perjudicados, cantidades que se entregaron a estos, por lo que no procede aplicar a dichas indemnizaciones los intereses previstos en el art. 20 de la LCS.

SEXTO.Finalmente impugna la acusación particular el silencio que mantiene la sentencia de instancia en relación a incluir en la condena en costas las de la acusación particular. La sentencia únicamente contiene una genérica declaración de imposición de costas en el fundamento séptimo.

En contra de los manifestado por la defensa tanto en el escrito de conclusiones provisionales como en las definitivas la acusación particular solicitó que se condenara en costas al acusado y lógicamente si la petición la hace la acusación particular se entiende que lo que está pidiendo es que se incluyan en la condena sus costas.

La doctrina jurisprudencial en materia de imposición de las costas de la acusación particular, puede resumirse en los siguientes criterios:

1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las de la acusación particular ( art. 124 C. Penal) .

2) La condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil.

3) La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia.

4) Es el apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en cuanto que hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado.

En el caso de autos no puede afirmarse que la actuación de la acusación particular haya resultado inútil o superflua o que sus pretensiones tuvieran un contenido heterogéneo respecto a lo decidido en la sentencia, al contrario su intervención debe tildarse de útil y sus planteamiento defendiendo la existencia de un homicidio por imprudencia grave no pueden entenderse como extravagantes cuando se ha producido una condena por homicidio imprudente, por más que esa imprudencia haya sido calificada finalmente como menos grave. Por tanto, debe aplicarse la regla general de incluir las costas de la acusación particular en la condena en costas establecida en la sentencia, por lo que en este punto el recurso debe ser estimado.

SEPTIMO.No apreciándose temeridad en el planteamiento de las cuestiones que se han traído a este Tribunal a través del recurso de apelación, no se hará imposición de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general aplicación