Sentencia Penal 57/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 5/2025 de 19 de febrero del 2025

PRIMERO.La resolución apelada condena al ahora recurrente como autor de sendos delitos, uno de quebrantamiento de condena del art. 468.2, y otro de lesiones del art. 153.1 y 3, siempre del CP y en el ámbito de la violencia de género.

La sentencia de instancia llega a la convicción de que ambos ilícitos se produjeron en la forma que declara probada. Atiende para ello a la declaración de la víctima, corroborada por los informes médicos unidos a las actuaciones. Entiende que dicho testimonio fue persistente, creíble y vino corroborado por los referidos informes médicos, que objetivaron el resultado lesivo, frente al que no se armó una defensa consistente, que se limitó a negar los hechos y a alegar, sin probar, que el acusado se encontraba trabajando en el momento de los hechos.

Elabora, a continuación, el recurrente un extenso escrito en el que esgrime, en necesaria síntesis, los siguientes motivos de impugnación de la sentencia:

1. Falta de tipicidad de la conducta. Referida a la condena ex artículo 153.1 y 3 CP, pues indica que no existe agresión, pues nadie la vio. Que «de los hechos probados no se infiere ni se deduce que exista una agresión». Que el acusado negó la agresión y dio una explicación verosímil. Que no se citó como testigos a los policías nacionales para que declararan si encontraron la casa desordenada y a la víctima vestida; ni tampoco se citó al resto de los habitantes de la casa como testigos. Así también, que no se ha recogido en la sentencia el motivo de la agresión ni cual fue el motivo del inicio de ella y su causa.

2. Falta de prueba. Valoración de los testigos. Vulneración de los principios de contradicción, inmediación y oralidad. Habla el recurrente, con extensa cita jurisprudencial, de que los testigos de referencia únicamente caben en defecto de prueba directa ( STS 23/11/04); que la incorporación de las declaraciones testificales a través de los testimonios de referencia supone la elusión de los principios de inmediación, contradicción y oralidad. Habla del necesario control de la motivación fáctica de las sentencias, que se hace a través del control de que la decisión es motivada y no arbitraria. Que no se han valorado las pruebas de descargo, como sí se ha hecho con las de cargo. La necesidad de detallada argumentación cuando la prueba es indirecta. Finalmente, sobre la no introducción de manifestaciones anteriores a la vista oral que estén documentadas como medios de prueba.

3. Presunción de inocencia e in dubio pro reo.En el que viene a reiterar que no existe prueba de ninguno de los delitos por los que el Sr. Gonzalo fue condenado, pues no existe agresión ni estaba el acusado en la vivienda y no consta en la causa digital ningún requerimiento realizado al acusado para el cumplimiento de la prohibición de aproximación y comunicación. Tras lo cual, realiza un largo alegato sobre el concepto de la presunción de inocencia e in dubio pro reoy sobre si son o no términos sinónimos y las consecuencias de ello en el proceso. Tras lo cual dice que: «la juez de instancia se basa para condenar a mi defendido en la prueba de las manifestaciones de la víctima cuyas manifestaciones no den ser tenidas en cuenta por cuanto no aporta otras pruebas que acrediten que mi representado estaba en la casa; cuando no tenía llave de esta. Además, los policías nacionales que acudieron al lugar y los compañeros de juicio, ninguno ha depuesta en la sala y por tanto no se puede enervar la presunción de inocencia».

Para terminar, señala que la prueba referencial carece de virtualidad acreditativa, frente a la prueba indirecta, «que permite la construcción de inferencias fácticas razonables, lógicas y conclusivas, sin necesidad de acudir a la fuente de referencia».

4. Antijuridicidad de la conduta. Viene referido el epígrafe al delito de quebrantamiento por el que también resultó condenado y respecto del que reitera que no consta el requerimiento de la prohibición, por lo que no existe el delito. No consta testimonio del requerimiento y no hay, pues, constatación del dolo de la conducta.

5. Concurso aplicable. Considera, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo 613/09, 2 de junio, que en los casos de concurrencia del delito de lesiones del artículo 153.1 de dos subtipos agravados (domicilio de la víctima y quebrantando una medida cautelar), como aquí sucede, debe aplicarse el concurso del artículo 77 CP e imponer solo la pena de las lesiones, reduciendo la condena a 9 meses y 1 día de prisión.

6. Subtipo atenuado. Que solicitó y, sin embargo, nada se dijo en sentencia sobre la aplicación de la reducción en grado que prevé el artículo 153.4 CP. Estima que, como en la sentencia no se tuvo en cuenta las circunstancias personales de edad, falta de formación, situación irregular en el país y escaso trabajo del Sr. Gonzalo, es de aplicación la atenuación prevista.

El fiscal y la acusación particular impugnan el recurso.

SEGUNDO.En cuanto al primero de los argumentos de la defensa, relativo a la falta de tipicidad de la conducta, se entiende que a lo que hace referencia es al error en la valoración de la prueba, dado que no dice que la conducta que se ha declarado probado que cometió el Sr. Gonzalo no tenga encaje en ningún tipo penal, sino que hay una falla en la argumentación judicial que debería avocar a la absolución.

En este sentido, lo primero que hay que decir es que los hechos probados de la sentencia sí recogen de forma expresa la existencia de una agresión, como se ha podido ver de la transcripción hecha en los antecedentes de hecho.

Sentado lo anterior, debemos recordar la STSJRM de 3 de noviembre de 2022, que dice que cuando la línea impugnativa del motivo es puramente probatoria conviene tener presente, como necesario punto de partida, cuál es el ámbito de actuación del tribunal de apelación cuando ha de resolver una impugnación por error probatorio contra sentencia condenatoria. Dice la STS 555/2019, de 13 de noviembre, con cita de las SSTS 162/2019, de 26 de marzo, y 216/2019, de 24 de abril, que la apelación constituye una segunda instancia no plena, alejada de un nuevo enjuiciamiento, de suerte que el órgano de apelación solo puede rectificar el relato histórico de la sentencia impugnada cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un claro error del juzgador que haga necesaria su modificación, con el único límite determinado por la inmediación en la percepción de la actividad probatoria.

De acuerdo con los mismos precedentes citados, «el tribunal de apelación puede valorar si la narración descriptiva contiene apreciaciones inexactas que conlleven inferencias erróneas; puede apreciar la existencia de errores de valoración evidentes y de importancia, de significación suficiente para modificar el fallo; puede apreciar la falta de valoración de algunas pruebas cuya apreciación conlleve una conclusión probatoria diferente y, en general, puede hacer un análisis crítico de la valoración probatoria, dejando al margen aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación». Su función «no consiste en reevaluar la prueba, sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia», sin que pueda sustituir esta por la propia, salvo si aprecia en la primera un error basado en parámetros objetivos y no en simples apreciaciones subjetivas sobre el peso o valor de determinadas pruebas.

Se trata, en definitiva, como se ha dicho en acertada síntesis, de llevar a cabo un juicio sobre el juicio del tribunal a quo,pero sin que la pretendida falta de racionalidad en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, sea identificable con la personal discrepancia del recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en función de su lógico interés.

Dentro del anterior marco revisorio, entiende esta sala que este primer motivo suscitado en el recurso no puede tener favorable acogida. No se aprecia que la sentencia contenga ninguno de los defectos mencionados. Así, la resolución justifica su decisión en la declaración de la víctima a la que otorga toda credibilidad en base al análisis de los criterios que la jurisprudencia suele utilizar para darle valor de prueba de cargo, tales como la persistencia, la coherencia y la corroboración periférica. Frente a ello, la versión del acusado se limitó a negar los hechos, pues dijo que justo el día de los hechos estaba trabajando, aunque, como lo hacía de manera ilegal, no podía acreditarlo por medio de testigos. Esta conveniente justificación carece, pues, de cualquier base que permita su corroboración. También adujo que concurría ánimo espurio en la denunciante, pues el motivo de la denuncia fue que D.ª Violeta se enfadó cuando el acusado dijo a sus padres que, si esta dejaba a la niña en su casa para poder irse de fiesta, no se la devolvieran. A pesar de lo cual, la defensa ni siquiera interesó la testifical de los padres del Sr. Gonzalo, para dar credibilidad fáctica a su relato.

Se dijo también por la defensa que no se trajo al procedimiento a los policías que habían subido a la casa a requerimiento de la denunciante y que tampoco habían declarado los compañeros de piso de la Sra. Violeta. No obstante, no hay indicio alguno que acredite que los compañeros de piso se encontraban en la casa en el momento en que ocurrieron los hechos, por lo que su intervención resulta impertinente a todas luces y lo que manifestaron los policías quedó recogido en el atestado unido al procedimiento. En cualquier caso, en el escrito de defensa tampoco se interesó más prueba que el examen del acusado y la documental.

En definitiva, la sentencia a quose asienta en prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, y la ha analizado y valorado racional, razonablemente y de modo idóneo para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado, por lo que la resolución ha de ser respaldada por esta sala, que llega al mismo convencimiento que el magistrado de instancia.

TERCERO.Se van a analizar en este fundamento los argumentos segundo y tercero de los antes referidos, dado que comparten sustrato común, como es la ausencia de prueba que permita vencer la presunción de inocencia del acusado.

Se desconoce el motivo por el que el recurrente habla de los testigos de referencia, la introducción de las declaraciones testificales a través de los testigos de referencia o las manifestaciones anteriores a la vista oral. La prueba de cargo en este supuesto fue la declaración de la víctima. No se ha traído a la sentencia por el órgano enjuiciador el testimonio de los policías nacionales ni cualquier otro testimonio de persona que pudiera constar en el procedimiento.

Por otro lado, en la sentencia sí se recogió la declaración del Sr. Gonzalo y aunque esta no se valoró, lo cierto es que se limitó a negar los hechos. En cuanto al resto de pruebas de descargo, no se pudieron valorar, pues, no hay más que el testimonio del acusado.

La defensa del acusado considera que no se debería tener en cuenta las declaraciones de la víctima, en tanto que no aporta nuevas pruebas que acrediten que el Sr. Gonzalo estaba en la casa. Sin embargo, aceptar la invalidez de la declaración de la víctima como prueba de cargo en supuestos de delitos cometidos aprovechando la ausencia de más personas sería tanto como admitir la impunidad de aquellas personas que justamente procuran que no haya terceras personas para cometer los hechos. La declaración de las víctimas como única prueba en que fundar una sentencia condenatoria está ampliamente admitido en la jurisprudencia, para lo que se señala la existencia de unos requisitos comúnmente conocidos, tales como la persistencia en la declaración, la veracidad y coherencia interna del relato, la ausencia de ánimo espurio en la víctima y la existencia de algún elemento objetivo externo que sirva de corroboración al testimonio. Todo ello concurre en el caso que nos ocupa y es lo que determinó al órgano a quoa condenar al Sr. Gonzalo.

Ya se ha dicho en el fundamento jurídico anterior lo relativo a la falta de declaración de los policías o los compañeros de piso de la denunciante, por lo que a ello nos remitimos.

CUARTO.Con relación al delito de quebrantamiento, la defensa alega que no se acreditó el necesario requerimiento de cumplimiento al acusado, por lo que no es posible condenarle por este delito, dado que falta el elemento subjetivo (dolo) necesario.

Este motivo de impugnación también debe decaer, puesto que, tal y como ya se dijo por el ministerio público en su escrito de impugnación del recurso, consta en el procedimiento el requerimiento de cumplimiento de la prohibición de alejamiento (AC. 19 de las DUD 627/24). Concretamente, consta una diligencia de notificación que dice:

«Yo, el/la Letrado de la Administración de Justicia, teniendo a mi presencia Gonzalo, con PASAPORTE N NUM000 DIRECCION001, NUM001 que exhibe y retira, domicilio a efectos de notificaciones y citaciones sito en cuyas circunstancias ya constan, le notifiqué la anterior resolución por lectura íntegra y entrega de copia literal de la misma, comunicándole su vigencia durante la instrucción de la presente causa, y hasta que sea dejada sin efecto de forma expresa o por archivo de las actuaciones y, requiriéndoleal propio tiempo para su cumplimiento apercibiéndole expresamente que su incumplimiento podrá dar lugar a la incoación de nueva causa penal por quebrantamiento de medida cautelar y a la convocatoria de la audiencia del art 505 L.E.Crim para la adopción, en su caso, de prisión provisional u otra medida cautelar que implique una mayor limitación de su libertad persona y dándose por notificado y requerido en prueba de ello firma conmigo, doy fe - certifico.»

Es decir, estamos ante un documento que goza de la presunción de buena fe que dispensa haber sido realizado ante el fedatario público judicial y que no ha sido contradicho por prueba alguna.

QUINTO.El siguiente motivo de impugnación es el que solicita la aplicación del artículo 77 CP, en tanto que hay un concurso ideal de delitos, pues estamos ante una progresión delictiva que exige que se aplique la pena prevista para el tipo más grave en su mitad superior y todo ello de conformidad con la STS 613/09, de 2 de junio.

A este respecto, se considera pertinente traer la STS 922/22, de 9 de marzo (ponente D.ª Carmen Lamela Díaz) que vino a sintetizar la jurisprudencia anterior de la Sala para establecer una diferencia entre aquellos supuestos en que el delito de quebrantamiento se comete como medio para cometer el delito de lesiones, en cuyo caso estaríamos en un concurso medial del artículo 77 CP, o se trata de actos autónomos que pueden ser castigados de forma separada, conforme al artículo 73 CP.

A este respecto la mencionada sentencia dijo [la negrita es nuestra]:

«Supuesto diferente es el que contemplábamos en la sentencia núm. 613/2009, de 2 de junio . Se trataba de un suceso en el que el acusado, quebrantando una condena de prohibición de acercamiento a su expareja, atacó a ésta con un cuchillo. Se consideró que, si concurren varias de las circunstancias descritas de forma disyuntiva en el art. 153, bastará una de ellas para integra el subtipo y la otra ( quebrantamiento de medida) se penará separadamente. Se consideró, no obstante, que se trataba de un concurso medial ya que "el quebrantamiento de la condena efectuado por el acusado, aproximándose a la mujer de la que estaba separado, lo fue para llevar a cabo el maltrato descrito y apreciado. Resultó así objetivamente necesario, dándose lugar con ello al concurso medial, previsto en el art. 77 del CP".

Por último, en la sentencia núm. 39/2020, de 6 de febrero , contempló un caso en el que el acusado, quebrantando una medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación, telefoneó en varias ocasiones a su expareja. En una de ellas le profirió amenazas. El acusado había sido condenado como autor de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar ( arts. 468.2 y 74 CP ), en concurso real con un delito de amenazas del art. 171.4 y 5 CP . En este supuesto considerábamos que nos encontrábamos "ante dos escenarios distintos desde el punto de vista punitivo, ya que:

a.- El quebrantamiento continuado se integra con tales actos reiterados de envíos de 63 mensajes con orden de prohibición,

b.- La amenaza con orden de prohibición se separa de los anteriores por tener autonomía típica propia.

De no ser así, e integrarse en un solo delito reconoce con acierto la Audiencia Provincial que se fomentaría la impunidad de todas las infracciones de la orden de alejamiento cometidas por el ahora recurrente distintas a aquella en que, además, profirió amenazas contra su ex pareja, o bien de la propia amenaza si ésta se quisiera subsumir en el art. 468.2 CP , lo que no es posible técnicamente".

En esta sentencia, obiter dicta, se contemplaba la hipótesis a la que ahora nos enfrentamos en este recurso. Señalábamos al respecto que "A diferencia de los casos anteriores, otra posibilidad que,como en el caso actual, sí permitiría la aplicación del concurso de delitos y que no vulneraría la prohibición de vulneración del principio del non bis in idem sería el caso de un supuesto del art. 153.1 CP donde concurre la vulneración de la prohibición de comunicación, o la orden de alejamiento, y, además, otra circunstancia del subtipo agravado del apartado 3º del art. 153 CP , como la de perpetrarlo en presencia de menores, con armas o en el domicilio común o de la víctima,por lo que teniendo en cuenta que el quebrantamiento de una medida cautelar impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 está tipificada como delito autónomo -y agravado respecto de su tipo básico, en el artículo 468.2 del Código Penal - lo que surge es que cuando en la conducta subsumible en el artículo 153.1 del Código Penal se aprecia, además de un quebrantamiento de una medida cautelar del artículo 48 del mismo texto legal, una o más de las restantes tres circunstancias previstas en el artículo 153.3 del Código Penal antes citadas, cualquiera de las cuales, dada su enumeración alternativa, permitirían la aplicación del subtipo agravado en art. 153.3 CP en el apartado 1º, y ello permite la vía de la posibilidad de configurar dicho subtipo agravado con alguna o más de ellas y proceder a la punición por separado del delito de quebrantamiento de medida cautelar, lo que no conllevaría vulneración del principio non bis in idem."

Aquí nos encontramos ante un hecho en el que concurren dos circunstancias agravatorias claramente diferenciadas. Ninguna de las normas, art. 153.3 o art.468.2 CP , es suficiente para aprehender por completo el desvalor total y absoluto del hecho.

Además, las circunstancias recogidas en el art. 153.3 CP que provocan el efecto agravatorio vienen referidas de forma disyuntiva o alternativa, no copulativa. De manera que la sola concurrencia de una de ellas determina la apreciación del subtipo agravado.

La aplicación aislada del art. 153.3 CP con exclusión del art. 468.2 CP no contemplaría el desvalor que supone el cometer el hecho en el domicilio de la víctima, lo que ataca también la intimidad de la persona referida al ámbito de la morada,como espacio delimitado en el que desarrolla su personalidad con la facultad de aislarse respecto de terceros, lo que garantiza su seguridad y tranquilidad. Esta circunstancia añade a la actuación del autor de la infracción un indudable grado de desvalor.

Ninguno de los dos tipos abarca por sí solo todo el desvalor de los hechos concurrentes. Ello justifica que resulte necesaria la aplicación de ambos preceptos para abarcar la total antijuridicidad del suceso.Estamos, por tanto, ante un concurso de delitos en el que la circunstancia de perpetrar el hecho en el domicilio de la víctima integra ya el subtipo agravado. La otra circunstancia ( quebrantamiento de la medida cautelar), constituiría el delito previsto en el art. 468.2 CP .

Estamos, además, ante un concurso real. Los hechos se desarrollaron sucesivamente en dos fases.Como apuntábamos más arriba, el Juez de lo Penal ha concluido, y la Audiencia ha confirmado, que el acercamiento del recurrente a la víctima no fue el medio comisivo para causar las lesiones porque el acusado primero incumplió la orden judicial y la voluntad de generar las lesiones surgió en un momento posterior».

Vista la resolución extractada, en este supuesto, se considera que es de aplicación el segundo de los criterios reflejados, lo que supone que ambas conductas pueden castigarse de forma autónoma y, además, es de aplicación las normas del concurso real, dado que hay una progresión delictiva, de suerte que cuando el acusado accede al domicilio a pesar de conocer la existencia de la prohibición de aproximación, lo hace para reconciliarse, tal y como recoge la exposición de hechos probados. Y se intuye que la agresión deviene en una segunda fase, cuando la víctima decide no avenirse a reiniciar la relación sentimental, lo que provoca reproches por tener una nueva pareja y los golpes. Esto supone que ambas conductas deban castigarse de forma autónoma, siendo, por tanto, conforme la pena impuesta con la legalidad del artículo 73 CP.

SEXTO.Finalmente, la parte recurrente alega la falta de pronunciamiento acerca de la aplicación del subtipo atenuado del artículo 153.4 CP, pues solicitó su aplicación sin que la sentencia se hubiera pronunciado al respecto.

Dicho precepto prevé: «No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado».

Tampoco se va a acoger este motivo de impugnación, dado que el precepto establece que la reducción de pena a aplicar lo es a discreción del órgano judicial, sin que la solicitud de su aplicación vincule al juez en su resolución. Así, la imposición de pena con imposición del precepto agravado del 153.3 CP ya supone una negativa tácita en cuanto a la reducción de la pena interesada.

VISTOS los preceptos legales citados en la sentencia y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su majestad el rey D. Felipe VI de España,