Sentencia Penal 207/2025 Audiencia Provincial Penal de Murcia nº 3, Rec. 121/2021 de 24 de junio del 2025

PRIMERO. De las pruebas practicadas en el juicio y su valoración (I). Hechos plenamente acreditados.

En el caso que nos ocupa, las pruebas practicadas en el juicio, valoradas globalmente y en conciencia, han permitido considerar plenamente acreditados, sin género de duda, todos los hechos descritos en el relato de hechos probados, salvo uno de ellos, al que nos referiremos en el siguiente de los fundamentos.

Los documentos aportados, y las declaraciones de todos los testigos, y del propio acusado, acreditan la relación existente entre Carlos Jesús y DISTINET durante las campañas agrícolas de 2016 y 2017; en concreto, los contratos suscritos entre ambos.

En relación con la campaña de 2017, también es un hecho plenamente acreditado, en el que coinciden todos los que han depuesto en el juicio, que Carlos Jesús acudió en el mes de febrero de 2018 a las instalaciones de DISTINET para interesarse por el resultado de las operaciones, y que allí se entrevistó con la empleada Julieta, la cual le facilitó información sobre los kilogramos cosechados en los meses de septiembre y octubre, así como los precios de venta.

Están también aportados, y reconocidos por los intervinientes, los correos electrónicos enviados por Julieta a Carlos Jesús los meses de febrero y marzo de 2018. Uno de ellos explicando que de la liquidación que le presentó debían descontarse ciertos gastos; Y el otro con el envió de una factura de liquidación final, con la que estuvo en total desacuerdo Carlos Jesús porque, a su juicio, no se correspondía con las liquidaciones parciales que le habían presentado. Disconformidad que es reconocida por el representante de DISTINET, el cual afirmó que la factura no fue abonada por la disconformidad de Carlos Jesús.

Por último, no existe duda acerca de que Carlos Jesús presentó, primero como documento anexo a la solicitud inicial de procedimiento monitorio, y después con la demanda de juicio ordinario, los documentos que figuran (entre otros muchos) en el acontecimiento 8.

SEGUNDO. De las pruebas practicadas en juico y su valoración (II). De los hechos sobre los que subsiste una duda razonable.

Tras la valoración global y detenida de las pruebas practicadas, albergamos una duda razonable acerca de si los documentos presentados por Carlos Jesús con la petición inicial de procedimiento monitorio y con la demanda de juicio ordinario le fueron facilitados, tal y como él manifestó, por Julieta en el mes de febrero de 2018, cuando acudió a las instalaciones de DISTINET.

Ciertamente, existen diversos motivos por los que es razonable defender la tesis de que dichos documentos (los que hemos insertado en el relato de hechos probados, que aparecen fechados el día diecinueve de febrero de 2018) no fueron entregados por Julieta y que, por tanto, hubieron de ser confeccionados por Carlos Jesús, lo que podría ser constitutivo de un delito de falsedad en documento mercantil y de estafa procesal (por la utilización de ese documento). Así, debemos destacar los siguientes:

1. En primer lugar, la propia declaración de Julieta, que negó haber confeccionado esos documentos; y, asimismo, indicó que no había entregado documento alguno a Carlos Jesús cuando acudió a las instalaciones, sino que solo le exhibió los datos que figuraban en el sistema en una pantalla.

2. En segundo lugar, el dictamen pericial elaborado por Rogelio (en realidad elaboró dos, pero nos centraremos en el segundo, dado el carácter provisional con que se emite el primero), que fue debidamente ratificado en el juicio. En dicho informe se concluye que los dos documentos analizados (que se califican de indubitados) "presentan ciertas anomalías en cuanto a su definición formal, lo cual podría estar motivado por tratarse de copias de copias, o también por tener un origen falsario".También aprecia el informe que la letra en los documentos dubitados es mayor que la de otros documentos que se le aportan como supuestas facturas indubitadas de la empresa, si bien destaca el perito que, al tratarse los indubitados de documentos digitalizados "no podemos saber con seguridad cuál es el tamaño real de los mismos". Por último, se destaca la existencia de distintos sangrados en uno de los recuadros (el que se refiere al beneficiario de la factura).

3. En tercer lugar, dado que los documentos tienen la forma característica de una factura, existen datos reflejados en ellos que hacen dudar de su autenticidad. Así, el hecho de que ambos documentos tengan el mismo número de recibo (FA NUM001, que vendría a indicar que es la factura número NUM001 del año 2017); el hecho de que se emitieran dos facturas a nombre del mismo agricultor (pese a que tanto Julieta como Ildefonso declararan que solo se emitía una factura por agricultor); el hecho de que figure como contabilizada y pagada la factura NUM001 a nombre de otro agricultor (en el acontecimiento 68 figura la factura NUM001 emitida a favor de DIRECCION000 CB, fechada el día 2 de marzo de 2018); y, por último, el hecho de que en los mensajes de correo electrónico posteriores al diecinueve de febrero de 2018 remitidos por Julieta se haga referencia a cuestiones relativas a la factura que estaba por confeccionar (cuando pregunta por cómo dividir el importe, o le indica que el importe que se facturará es inferior al de las liquidaciones que le presentó), lo que no tendría sentido si la factura (facturas en este caso) se hubieran emitido ya.

4. Por último, a juicio de las acusaciones, sería también un elemento revelador, el hecho de que el acusado, durante la fase de instrucción, no haya hecho entrega de los documentos cuestionados, pese a que fue requerido para ello. Oponiendo, como excusa, que los había extraviado; algo que, ciertamente, resulta difícil de creer teniendo en cuenta la importancia de tales documentos, que no solo sustentarían una importante reclamación en el proceso civil, sino que podrían permitir su exculpación en la presente causa.

Todos los motivos expuestos permiten razonablemente sustentar la tesis de que los documentos cuestionados no fueron entregados por Julieta y, por tanto, se confeccionaron por el acusado. Sin embargo, preciso es reconocer que existen otros -muchos- elementos que permiten defender, también con el carácter de probable, otra versión de los hechos.A saber, que tales documentos sí fueron entregados por Julieta; pero no como facturas, sino como meros borradores o "liquidaciones provisionales", correspondientes a los meses de septiembre y octubre, respectivamente, que tenían la forma característica de una factura, al haberse elaborado con el programa empleado en DISTINET para la confección de las facturas. Esta otra hipótesis, como veremos, no es en absoluto descartable. Existen multitud de argumentos que permiten razonablemente sostenerla. Se trata de otra hipótesis probable, por los siguientes motivos.

En primer lugar, consideramos que reviste una especial relevancia el dictamen pericial elaborado por Sabino, que fue debidamente ratificado en juicio. En dicho dictamen se realiza una comparativa de los datos de que figuran en los documentos cuestionados en relación con el número de kilogramos por cada una de las distintas categorías de caquis (hasta 9), y se llega a la conclusión de que existe una completa coincidencia entre el número de kilogramos de cada una de las categorías de caquis que figuran en el primero de los documentos con el número de kilogramos de cada una de las categorías de caquis que fueron recolectados en el mes de septiembre de 2017, según la propia documentación aportada al proceso civil por DISTINET(bloque documental denominado como "resumen de partes de calibrado y selección", y bloque documental denominado "factura con desglose de albaranes"), tratándose de documentos obtenidos del programa informático de gestión de la empresa. E, igualmente, que existe una completa coincidencia entre el número de kilogramos de cada una de las categorías de caquis que figuran en el segundo de los documentos cuestionados con el número de kilogramos de cada una de las categorías de caquis que fueron recolectados en el mes de octubre de 2017, según la propia documentación aportada al proceso civil por DISTINET.De ese modo, Carlos Jesús, aún disponiendo de la factura que le fue remitida en el mes de marzo, jamás hubiera podido, como afirman las acusaciones, confeccionar a partir de ella otras dos facturas distintas, haciendo constar en cada una de ellas los datos de kilogramo de caqui de cada categoría recolectados, respectivamente, en los meses de septiembre y octubre. No se trató, como sostuvieron las acusaciones, de dividir aleatoriamente la cantidad total en dos facturas; sino que esa división se ajustó exactamente a las cantidades recolectadas en uno y otro mes. Y eso es imposible que pudiera haberse realizado sin disponer de datos muy precisos que solo figuraban en los archivos de DISTINET.

En segundo lugar, y a la vista de lo anterior, nos surgen dudas acerca de la fiabilidad de la declaración de Julieta. No decimos, en absoluto, que la misma falte deliberadamente a la verdad (no hay dudas de su credibilidad), pero sí que pueda estar errando en sus manifestaciones, probablemente por el transcurso del tiempo; y, por tanto, que su testimonio no sea fiable. Y decimos esto porque, al ser necesario que Carlos Jesús hubiera dispuesto de datos muy precisos del sistema de DISTINET, resulta difícil pensar que tales datos los hubiera podido obtener tan solo porque le fueron exhibidos en una pantalla de ordenador unos cuadros con las liquidaciones correspondientes a los caquis recolectados. Es razonable pensar que se le pudo entregar un documento, extraído del propio sistema de gestión de la empresa, que reflejara tales datos. Y no es difícil imaginar que dicho documento pudiera ser un borrador de factura (a la que el sistema atribuye un número correlativo), que, si se imprime sin más, y no llega a guardarse en el sistema, no bloquea ese número. Eso explicaría que los dos documentos cuestionados tengan el mismo número de recibo (FA NUM001), y que resulte posible que, diez días después, se emitiera una nueva factura (esta ya si definitiva y guardada en el sistema) con el mismo número NUM001, que figura en el acontecimiento 68. De hecho, así se explicaría la secuencia entre la factura NUM002 de DISTINET, de fecha 1 de febrero (acontecimiento 67); los borradores de factura de 19 de febrero que vendrían constituidos por los documentos cuestionados en este procedimiento, que al no llegar a guardarse en el sistema, no bloquearon el número; la factura real NUM001, a favor de DIRECCION000 CB, de fecha 2 de marzo (acontecimiento 68); y la factura de 26 de marzo (acontecimiento 69) que es la que se remite a Carlos Jesús por correo electrónico en la misma fecha. Obviamente, si la factura real NUM001 (la que obra en el acontecimiento 68, a favor de DIRECCION000) fuera de fecha anterior al 19 de febrero, no sería posible defender como probable esta tesis, porque ese número ya se habría bloqueado por una factura real anterior. Pero no es así.

En tercer lugar, la tesis de que se entregaron, con la forma de facturas, dos liquidaciones provisionales (que serían los documentos cuestionados) también viene respaldada por el correo electrónico remitido por Julieta el día 28 de febrero de 2018, cuando le dice a Carlos Jesús: "En la visita que tuvimos cuando te presenta [sic] la liquidación". Ese empleo del término presentarpermite suponer que pudiera haberse entregado algún tipo de documento; algo que negó rotundamente la testigo.

En cuarto lugar, las conclusiones del perito Rogelio fueron poco esclarecedoras. En cuanto a las anomalías de los documentos por su definición formal,destacó que podría ser por su origen falsario, pero también por tratarse de copias de copias.Y, en nuestro caso, no cabe duda de que los documentos que se le remitieron como "dubitados" lo eran (copias de copias); puesto que se trataba de una digitalización realizada por la representación procesal del querellado para presentarla, como documento adjunto, a un juzgado, por vía LexNet (con el considerable déficit de calidad que ello comporta). Tesis que se sostiene en el informe pericial elaborado por Sonsoles y Adrian, debidamente ratificado en juicio. Esa circunstancia (la de tratarse de una digitalización) priva, igualmente, de toda relevancia al hecho de que el tamaño de la letra sea diferente al de otras facturas, supuestamente originales, que le fueron entregadas como documentos indubitados, puesto que, como reconoce el perito, al tratarse de una digitalización, se desconoce el tamaño de la letra en el documento original. Tampoco consideramos relevante el hecho de que exista alguna alteración en el sangrado de determinadas partes, teniendo en cuenta que, como sostuvo la defensa, constan otras facturas en el procedimiento en las que se aprecia esa diferencia de sangrado. De modo que ese detalle del sangrado en absoluto excluye que el documento, con sangrado distinto en el nombre de Carlos Jesús, fuera elaborado por Julieta.

En quinto lugar, y como elemento especialmente relevante, carecería de toda lógica que el acusado, tras recibir la factura con la que estaba disconforme, si tenía la intención de confeccionar una factura "falsa" para presentarla en el procedimiento monitorio, decidiera realizar dos facturas y no una. Y, además, cometiera el tremendo error de hacer constar en las dos facturas el mismo número (cualquier persona sabe que no puede haber dos facturas con igual numeración, y más si está familiarizada con este tipo de asuntos), y se molestara en ajustar los kilogramos de cada una de las categorías de caquis a los que figuran en los registros de DISTINET como recolectados, respectivamente, en septiembre y octubre de 2017. Además, sería llamativo pensar que el acusado, al confeccionar el documento, decidiera poner una fecha anterior a la de la factura de 26 de marzo que se le envió, y que, además, acertara al inventar el número de la factura ( NUM001) y su data, situándola en fecha anterior a la real NUM001 (2 de marzo), pero en fecha posterior a la NUM002 (1 de febrero).

En cuanto al dictamen pericial elaborado por Sonsoles y Adrian, el mismo concluye que los documentos dubitados que les fueron remitidos para elaborar su informe (supuestamente, los originales) carecían de las anomalías que sí fueron detectadas por el perito Rogelio, lo que permitiría respaldar el criterio de que esas anomalías se debían, no a que los documentos que tuvo en su poder el segundo perito tuvieran un "origen falsario", sino a que se trataba de "copias de copias"; no obstante, se trata de una conclusión relativamente débil, puesto que desconocemos si los documentos cuestionados que se remitieron para elaborar el dictamen pericial por parte de Sonsoles y Adrian eran los mismos que en su momento se presentaron en el procedimiento monitorio y en el ordinario. Por otro lado, no podemos dejar de destacar cierta extralimitación del dictamen pericial ratificado en juicio por Adrian. Cuando se pretende el análisis de la autenticidad de un documento que se remite como dubitado, en relación con otro u otros que se remiten como indubitados, la labor del perito debe limitarse a efectuar dicha tarea de contraste, y concluir si es posible establecer la autenticidad o no; exponiendo, en su caso, los motivos. En nuestro caso, es totalmente razonable la explicación dada por el perito, cuando afirma que, al tratarse el documento indubitado de un documento electrónico, el cotejo no pude realizarse con un documento en papel, sino con el propio archivo digital. Ahora bien, lo que no nos parece admisible (y consideramos que es una extralimitación) es que el perito entre a valorar si el documento que se le remite como indubitado tiene o no ese carácter, en atención a su contenido y a la fecha en que se presentó en un procedimiento judicial. Esto es, al hecho de que el documento que se le remite como indubitado está fechado el día 9 de noviembre, y se hubiera presentado en el procedimiento monitorio el día 6 de noviembre (cuestión, por otro lado, que nada tiene que ver con el hecho que se discute en el presente procedimiento, relativo a la posible conducta del acusado, en relación con los dos documentos presentados por el en el juzgado). Es como si, remitidos restos de ADN dubitados para su cotejo con otros indubitados, el perito contestara diciendo que los indubitados no corresponden al autor del hecho, porque este se encontraba en otro lugar en esa fecha.

Nótese, por otro lado, que la tesis de que lo que se le entregó al acusado no eran verdaderas facturas, sino liquidaciones provisionales, no surge ex novoen este procedimiento, como argumento de descargo de la defensa (a la vista de que los documentos cuestionados presentan irregularidades muy evidentes como para que puedan ser consideradas como facturas), sino que se sostiene por la representación procesal de Carlos Jesús en el propio escrito de petición inicial de procedimiento monitorio (acontecimiento 7). Así, se decía en dicho escrito lo siguiente (el subrayado es nuestro):

El día 19 de febrero de 2018, la demandada entregó a mi representado sendas liquidacionescon la cantidad que tenía que abonar a mi representado una vez deducidos los gatos que aquélla tenía que percibir por sus servicios, correspondiente la primera de dichas liquidaciones a los kilos recolectados en el mes de septiembre de 2017 (54.686 kgs.), por un importe de 24.504,48 euros, y la segunda liquidación a los kilos recolectados en el mes de octubre de 2017 (550.788 kgs.) por un importe de 145.603,07 euros.

Y, de hecho, ya se decía en dicha petición, que la demandada "ha intentado en diversas ocasiones rebajar la cantidad a que ascienden las liquidaciones realizadas por ella misma";en referencia, claramente, a la factura remitida en el mes de marzo de 2018.

Por último, debemos coincidir con las acusaciones en que resulta llamativa esa pérdida de los documentos cuestionados por parte del acusado, que no los aportó al procedimiento pese a que fue requerido al efecto. Ahora bien, al respecto, debe tenerse en cuenta que, por un lado, no se trata de una posibilidad totalmente descartable. Por otro lado, hemos de recordar que, de la falta de colaboración del investigado, o de su actitud procesal, no cabe inferir consecuencias negativas para él. El investigado no es objeto del proceso ni de la investigación, sino sujeto del mismo, y las pruebas de su culpabilidad no pueden depender de su colaboración con la investigación, ni del ejercicio de su derecho de defensa (de su derecho a no declarar, o a no aportar documentación).

TERCERO. Estándar probatorio del proceso penal: más allá de la duda razonable.

No resulta ocioso recordar que el estándar probatorio en el proceso penal no es el mismo que el del proceso civil. Para que una versión de los hechos se considere acreditada en perjuicio del acusado, no basta con que se considere más probable que la hipótesis defensiva particular (la versión ofrecida por el acusado) o la genérica (de no participación). Ese estándar (de la "probabilidad preponderante", o "probabilidad lógica prevaleciente") será suficiente en el ámbito del proceso civil para la acreditación de los hechos constitutivos de la pretensión. Pero no en el del proceso penal, en el que es preciso que los elementos fácticos penalmente relevantes hayan quedado acreditados más allá de la duda razonable.Ello supone que no puedan emitirse hipótesis alternativas que sean capaces de integrar todos los datos disponibles, que resulten plausibles, y compatibles con la inocencia.

Pues bien, aplicando ese estándar al caso que nos ocupa, resulta que la hipótesis planteada por la defensa permite integrar todos los datos disponibles, tal y como se ha expuesto, y se muestra como hipótesis plausible (que pudiera haber tenido lugar). Hemos explicado como, en términos de razonabilidad, no es en absoluto descartable que en el mes de febrero de 2018, cuando el acusado acudió a DISTINET, la empleada Julieta le hiciera entrega de dos documentos, a modo de liquidación provisional de los caquis recolectados y vendidos, respectivamente, en los meses de septiembre y octubre de 2017, con la forma de facturas elaboradas por el programa de gestión que, al no guardarse en el sistema, no bloquearon el número correspondiente de factura, lo que habría permitido la emisión de un segundo documento con la misma numeración de factura (aunque con distinto número de parte), y un tercer documento (la factura real NUM001) que sí bloqueó el número. Esa hipótesis probable (que respondería a la versión dada por el acusado) excluiría la comisión del delito de falsedad, y de estafa asociado.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 100/2024 de 16 de julio indica lo siguiente (el subrayado es nuestro):

La motivación de las sentencias penales es siempre exigible ex art. 120.3 CE , esto es, con independencia de su signo, condenatorio o absolutorio. No obstante, en las sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso que en las absolutorias pues, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional, cuando están en juego otros derechos fundamentales -y, entre ellos, cuando están en juego el derecho a la libertad y el de presunción de inocencia, como sucede en el proceso penal- la exigencia de motivación cobra particular intensidad y por ello se refuerza el parámetro de control utilizable para enjuiciar su suficiencia. Particularmente, en el plano fáctico, la sentencia penal condenatoria ha de exteriorizar en su razonamiento las pruebas relevantes tomadas en consideración y la existencia de una conexión fundada entre las pruebas y la declaración de hechos probados; conexión que debe ser aplicación razonada de las reglas de la lógica, ciencia y experiencia, de modo que sea posible realizar un juicio externo sobre las que llevan al juzgador a considerar alcanzada la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable[por todas, STC 72/2024, de 7 de mayo , FJ 4 b)].",

En el mismo sentido, resulta especialmente reveladora la Sentencia del Tribunal Constitucional 80/2024 de 3 de junio (también con subrayado nuestro):

A las ya reseñadas exigencias formales de motivación de la sentencia se agrega la necesidad material de que el conjunto de la prueba conduzca de manera concluyente a un juicio positivo del fundamento de la pretensión acusatoria en su vertiente fáctica, pues la presunción de inocencia "opera, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable " ( STC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3), lo que significa que el órgano judicial no debe otorgar prioridad a la tesis acusatoria cuando exista una versión alternativa de los hechos, ofrecida por la defensa o emanada de su propia interna reflexión, que presente un grado de verosimilitud susceptible de generar una duda razonable, justificada y no arbitraria.

En consecuencia, ante la existencia de una duda razonable sobre el modo en que sucedieron los hechos; y, en particular, sobre si el acusado confeccionó los documentos cuestionados, o le fueron facilitados en las instalaciones de DISTINET, la hipótesis sostenida por las acusaciones no puede ser acogida. Se impone, por tanto, el dictado de sentencia absolutoria.

CUARTO. De la responsabilidad civil.

De acuerdo con el artículo 109 del Código Penal, en relación con los artículos 110 a 122 del mismo cuerpo legal, toda persona responsable criminalmente de un delito es también civilmente, por lo que el condenado en la causa deberá indemnizar de sus daños y lesiones al ofendido por el delito.

Mas dado que el tribunal penal, cuando queda excluida la responsabilidad penal, no puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil, no porque ésta ya no exista, sino por el motivo exclusivamente procesal consistente en que su competencia para conocer de la acción civil ex delictoes una competencia secundum eventum litis, que sólo corresponde al tribunal penal mientras tenga vida el proceso penal contra una persona, no si aquél se extingue, como se deduce claramente de los artículos 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedando abierta en los demás casos la vía civil para el ejercicio de esta acción en el proceso civil que corresponda, no procede hacer especial condena en responsabilidades civiles derivadas de esta litis.

QUINTO. De las costas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 240.2º.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en ningún caso se impondrán las costas del juicio al acusado absuelto.

En atención a lo expuesto, y vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación: