Sentencia Penal 266/2024 Audiencia Provincial Penal de Zaragoza nº 3, Rec. 1081/2023 de 24 de julio del 2024

PRIMERO.-La anterior declaración de hechos probados se basa en la prueba plenaria practicada en las condiciones procedentes de contradicción, igualdad de armas e inmediación, cuyo resultado permite establecer la realidad de los hechos justiciables que han sido objeto de acusación por el Ministerio público y las dos acusaciones particulares que acusan de un delito de atentado del art. 550.1.2 del Código Penal, otro de lesiones del art. 149. del Código Penal y otro de lesiones del art. 147.1 del Código Penal, de los que sería autor el procesado Sr. Feliciano.

Se han practicado como medios probatorios las declaraciones del acusado, la de los dos testigos lesionados funcionados de prisiones, otro testigo también funcionarios de prisiones, la del médico del Centro Penitenciario, las periciales médico-forenses, La documental aportada y el visionado-reiterado por dos veces- en el acto del Juicio oral de las imágenes de los hechos obrantes en el acontecimiento 19.

En cuanto a la declaración del acusado en el plenario, este vino a reconocer que le dio una patada en el pecho al funcionario nº NUM003 porque le llamo "hijo de puta" cuando salió de la celda, no dándole después ningún puñetazo ni ninguna patada, tirándose al suelo el funcionario núm. NUM002.

Por lo que se refiere a las testificales, el funcionario NUM003, declaro que le dijeron al procesado que preparara sus pertenencias, y recogiera todas, dándole éste de manera inesperada una patada en el pecho y un puñetazo en el oído, y después una segunda patada, quedándole unas lesiones que le han cambiado la vida -tenía 42 años- necesitando el uso de un audífono, no pudiendo caminar hacia atrás. El funcionario NUM002, que también resultó herido, refirió como después de dejar el acusado el petate en el suelo le dio una patada y un puñetazo a su compañero, acudiendo a ayudar a su compañero cayendo al suelo los tres, causándole el acusado las lesiones que recibió, debiendo reducir al acusado entre 4 funcionarios. En el mismo sentido se pronunció el funcionario NUM005, que vio la caída al suelo de sus compañeros, viendo la primera patada y un puñetazo -no así la segunda patada-. El médico de la prisión vino a relatar que reconoció a ambos funcionarios lesionados levantando los correspondientes partes de lesiones.

Asimismo, hemos recogido y aceptado en su integridad, como no podía ser de otra manera, los informes médico forenses obrantes en la causa y ratificados en el Juicio Oral, así como la documental no impugnada que ratifica la Incapacidad absoluta para efectuar cualquier tipo de trabajo del funcionario de prisiones núm. NUM003 - Resolución de 14 de marzo de 2023 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas.

Especial relevancia también tuvo el visionado de las imágenes de los hechos -reproducida por dos veces en el plenario- en las que se constata de manera clara y nítida la agresión brutal que sufrieron los dos funcionarios de prisiones que resultaron lesionados por el procesado.

Las declaraciones de las víctimas y demás funcionarios de prisiones presentan un alto grado de verosimilitud, al ser reiteradas, creíbles, plenamente consistentes y lógicas, totalmente compatibles entre sí y con el resto de medios probatorios -informes médico forenses y visionado de las imágenes- y exentas todas ellas de motivos espureos, como vino a reconocer el acusado que dijo no existir entre las partes problemas personales ni profesionales.

Frente a este cuadro probatorio, la única razón de las agresiones que da el acusado es que el funcionario de prisiones núm. NUM003 le llamo cuando estaba fuera de la celda y con el petate en el suelo " hijo de puta", cuestión que en las imágenes de reproducción no se comprueba por carecer de sonido, aunque las mismas parecen apuntar a que el funcionario de prisiones le hizo alguna referencia al escaso contenido del petate, pero de cualquier manera, aunque creyéramos al acusado que ejerce su derecho de defensa, y no está obligado a decir verdad, dicha expresión referida a su madre no justificaba, de ninguna manera, la salvaje agresión que lanzo contra el funcionario y cuyos resultados le han llevado a la total inutilidad, remitiéndonos en estos extremos a los documentados informes médico forenses y las consecuencias de la agresión que hemos relatado en los hechos probados -observaciones-, y demás contenido de los mismos en cuanto a los datos sobre los que fundan sus conclusiones.

En definitiva, consideramos que de las declaraciones de los testigos y de los medios periciales que aportan los médicos-forenses y demás documentación médica, podemos afirmar con seguridad, más allá de toda duda razonable, que las lesiones descritas que sufrieron ambos funcionarios de prisiones se debieron a la actuación violenta y acometimiento del acusado; cuya defensa también vino a reconocer en su informe final la existencia del delito de atentado, solicitando se le impusiera la pena mínima por este delito.

SEGUNDO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal.

Así la S.T.S. de 21 de enero de 2014, ha dicho que son elementos del delito de atentado:

1º) El carácter de autoridad o de funcionario público del sujeto pasivo.

2º) Que se halle éste en el ejercicio de su cargo o con ocasión de ellas.

3º) Conocimiento por parte del agresor de la cualidad y actividad del sujeto pasivo.

4º) Dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad.

5º) Concurrencia del acto típico, constituido por el acometimiento, empleo de fuerza o intimidación grave.

La STS 626/2007, 5 de julio, recordaba que la conducta típica consiste en el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave, o resistencia grave, expresiones que la jurisprudencia de la Sala ha interpretado, según los concretos supuestos fácticos, con una casuística que incluye la agresión física, los empujones graves, los zarandeos, el hecho de arrojar objetos, el acometimiento, etc. (...), de manera que el presupuesto fáctico del delito de atentado no es, exclusivamente, la agresión física, sino que incluye otras formas de agresión y acometimiento que supongan un menosprecio y un ataque a la dignidad de la función pública. En definitiva, existe atentado en los supuestos en que se produce un acometimiento físico consistente en una acción dirigida frontalmente contra las autoridades o sus agentes, pues la jurisprudencia ha equiparado el acometimiento mediante actos corporales (puñetazo, patada), con la utilización de medios agresivos materiales ( SSTS 652/2009, de 9 de junio; 98/2007, 16 de febrero y 32/2000, 18 de marzo).

También se ha precisado que el dolo, en el delito de atentado, requiere solamente el conocimiento de que la acción típica desde el punto de vista objetivo se ejecuta contra una autoridad o uno de sus agentes en relación con las funciones propias de sus cargos. En la STS nº 652/2009 se recordaba lo siguiente: "En palabras de la STS 22 de febrero de 1991, el propósito de atentar contra la autoridad no requiere una especial decisión del autor, diferente a la decisión de realizar la acción. Es decir, no es un elemento volitivo especial, sino un elemento cognitivo, que se da con el conocimiento del carácter de autoridad -o funcionario público- de la persona intimidada o acometida. El que sabe que intimida o acomete a una persona que ejerce como tal tiene, por lo tanto el propósito de atentar contra la misma. Es erróneo considerar dicho propósito como un elemento diferente del elemento cognitivo del dolo. En este delito, la doctrina de la Sala -recuerda la STS 2012/2004, 8 de octubre- habla de ánimo de ofender al funcionario o autoridad con menosprecio o daño del principio de autoridad. Hay que aclarar en este punto que tal ánimo de ofender o causar daño al principio de autoridad no es un elemento del delito diferente al dolo: no se trata de un elemento subjetivo del injusto a añadir al dolo. En este delito de atentado sólo existe como requisito subjetivo el dolo, sin más".

En el presente caso se dan todos los elementos referidos, llegando a reconocerse por la defensa del acusado este delito en su informe final.

Por lo demás, y sobre la extensión a los funcionarios de prisiones del concepto de autoridad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones. Por vía de ejemplo, la sentencia de esta Sala 130/2015, de 10 de marzo, con cita de la previa número 55/2011, de 15 de febrero, ratificaba la calificación como atentado de los hechos, pues "en los mismos se describe una acción de ataque del acusado contra distintos funcionarios de prisiones a base de golpes en la cara llevando cuchillas de afeitar adheridas a los dedos, que es claramente constitutiva de un delito de atentado, al suponer un acometimiento, a agentes de la autoridad, en ejercicio de sus funciones, con conocimiento de esa condición por el autor, y conciencia de que en su conducta ofende, denigra o desconoce la consideración, respeto y garantías que la función desarrollada por el sujeto pasivo merece".

TERCERO.-Asimismo los hechos declarados son constitutivos de un delito de lesiones agravadas del artículo 149 del Código Penal.

En efecto, en cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de lesiones del artículo 149 CP, se identifican todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción.

En primer lugar, en cuanto a la condición de órgano o miembro principal, es que desarrolla una actividad funcional independiente y relevante para la vida, la salud o el normal desenvolvimiento del individuo ( STS 1696/2002 de 14 de octubre, entre otras muchas). Conclusión que no está desvalorizada, porque el ojo, al decir de esa sentencia, se presenta en el cuerpo humano por partida doble, "porque áun duales tienen su funcionalidad propia e independiente de su par, como los ojos, los oídos que es el caso, y pulmones. Otros, por la relevancia e importancia de sus funciones, como en el supuesto de los riñones, en los que la pérdida de uno supone una merma importante de la funcionalidad de los órganos que lo componen" ( STS 753/2017 de 23 de noviembre).

Teniendo en cuenta que los médicos forenses descartaron la afectación del funcionario nº NUM003 fuere equivalente a la pérdida total del sentido, en cuanto a la inutilidad, es conocida la jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda de dicho Tribunal Supremo, conforme a la cual, aun cuando no se produzca la pérdida total de la visión y sí una pérdida sustancial, resulta aplicable el artículo 149 del Código Penal, lo que se puede aplicar, mutatis mutandis, al sentido del oídoy en consecuencia a la afectación de los órganos vinculados a tal sentido. El elemento normativo de "inutilidad" del órgano o miembro principal, cuenta con una amplia y pacífica concreción jurisprudencial. Como "pérdida de eficacia funcional", que no debe entenderse en términos absolutos, bastando un menoscabo sustancial, - STS de 3 de octubre de 2001-.

Dicha pérdida de funcionalidad en un oído, el izquierdo,-como es el caso- en tanto que miembro principal, no es contradicha por la defensa, quien tampoco discute su carácter irreversible ni su grado de afectación. Ha quedado probado que estamos en presencia de un menoscabo definitivo, pues así se deriva de la pericial médica que lo califica como de irreversible, y es sustancial, pues hay una pérdida muy importante de la agudeza auditiva.

La Jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo subsume la pérdida de agudeza visual del 80% en tipo penal del artículo 149.1 CP ( STS 1728/2001, de 3 de octubre); la STS 402/2002, de 8 de marzo refiere para la asimilación de la pérdida de capacidad visual a la pérdida o inutilización de la visión de un ojo es preciso que ésta signifique, al menos más de la mitad de dicha capacidad, encontrando otras resoluciones en que se aprecia el tipo del art. 149 CP cuando la pérdida de capacidad visual, es de ocho en escala de diez, o incluso el 60% ( STS 217/2006, de 20 de febrero). Tal doctrina jurisprudencial puede aplicarse a la pérdida auditiva sin ningún tipo de reproche, entendiéndose que para que la sordera constituya inutilidad es necesario la privación de audición en un porcentaje elevado del mismo, como es el caso, que se ha fijado en algunas sentencias en el 70% u 80% ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya 28 de febrero de 2005, entre las pocas que existen en cuanto a la afectación del oído), privación que entendemos aquí se da, a la vista del informe médico forense.

Por lo demás, es evidente, para este Tribunal, que las lesiones graves sufridas no tuvieron ninguna otra causa concurrente diferente de la utilización violenta de los puños y los pies, entendiendo, así mismo, que cualquier sujeto medio puede y debe prever las consecuencias que pueden llevar consigo la utilización de los puños y patadas en un zona tan sensible como es la cabeza, propinando además no solo uno, sino múltiples golpes que revelan las múltiples contusiones descritas médicamente en el cuero cabelludo del funcionario, de suerte que quien así actúa está asumiendo eventualmente el resultado que pueda derivarse de su acción. La acción realizada, con la intensidad con la que fue producida, permite la representación del resultado. Procede, por tanto, entender que estamos en presencia de un delito doloso de lesiones del art. 149.1 del Código Penal -siquiera con dolo eventual- .

CUARTO.-Igualmente los hechos son constitutivos de un delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal en cuanto a las lesiones causadas al funcionario de prisiones nº NUM002, las cuales a tenor del informe médico-forense precisaron una asistencia inicial y posterior control evolutivo con intervención de especialista de traumatología con un tiempo de curación de 38 días, impeditivos con contusión en labio superior derecho, herida contusa de un centímetro en codo izquierdo, y en zona parietal izquierda, y fueron producidas en el transcurso del brutal acometimiento del procesado al funcionario NUM003, cuando el funcionario NUM002 vio como agredía el acusado al primero y se acercó a ayudar a su compañero, momento en el que también resultó acometido con golpes en el cuerpo y arrojado al suelo por la actitud violenta del acusado, causándole lesiones en el codo, y así se puede constatar a través del visionado de las imágenes de los hechos obrantes al acontecimiento 19.

QUINTO.-De los referidos hechos probados es autor penalmente responsable el acusado Sr. Feliciano en quien no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO.-Por lo que se refiere a la determinación de las penas que proceden imponer al procesado Sr. Feliciano, el Código Penal en los supuestos del artículo 149 prevé cuando las lesiones causadas hayan producido al perjudicado -como es el caso- la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica", una pena de prisión de seis a doce años. De acuerdo con el informe médico-forense emitido en el procedimiento, las importantísimas lesiones que hemos referido en los hechos probados y que suponen un déficit auditivo importante en el oído izquierdo, con irreversibilidad del daño auditivo y un cuadro de moderada-intensa inestabilidad que le impide mantener la bipedestación estática sin un apoyo sobre una zona fija. Esta situación se agrava teniendo los ojos cerrados, presentando, déficit auditivo-intenso en oído izquierdo, no siendo capaz de oír el frotar los dedos junto al oído.

La determinación de la pena, no concurrentes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, podrá establecerse por el Tribunal conforme a lo dispuesto en el art. 66.1.6º del Código Penal en la extensión que se estime adecuada, en atención a las circunstancias personales del responsable y a la mayor gravedad del hecho. En base a ello, es indudable que en el presente caso nos encontramos ante un suceso de patente gravedad, desencadenado a raíz de la situación en que se desarrollaron los hechos, debiendo tenerse en cuenta todo lo que ya hemos dicho en orden a las circunstancias concretas del incidente, el peligro ínsito en la conducta desplegada y la previsibilidad del resultado, el estado del sujeto pasivo y la asunción por parte del responsable de lo que allí podía pasar, no obstante la intervención de un tercero que habría pretendido evitar que continuase la disputa. Todos estos factores no pueden ignorarse por el Tribunal a la hora de establecer la extensión de la pena y así, acordamos fijar ésta en siete años de prisión, en todo caso dentro de la mitad inferior, pero no necesariamente en su límite mínimo. Dicha pena llevará aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena conforme al art. 56.1.2º del Código Penal.

Por lo que se refiere al delito de lesiones del art. 147.1 del Código Penal, procede la imposición de un año de prisión -grado mínimo- con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En cuanto al delito de atentado procede la imposición de una pena de un año de prisión -también grado mínimo- con idéntica accesoria que las anteriores.

SEPTIMO.-Responsabilidad civil.- En concepto de responsabilidad civil, y conforme a lo dispuesto en los arts. 109 a 122 del Código Penal, constatado el muy importante e indudable perjuicio sufrido por la víctima, deberá el procesado, indemnizar en los términos que a continuación se dirán, a cuyo efecto, tendremos en cuenta como punto de partida, el contenido de los informes médicos forenses de sanidad (acontecimientos 28 y 52 del Sumario), en los que se detallan los conceptos correspondientes a los días de perjuicio personal (tiempo de curación y estabilización), distinguiendo días de perjuicio muy grave -407 y 38 días-; así como las secuelas que le restan, a las que ya nos hemos referido, un total de 54 puntos conforme al Baremo de la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación.

Así las cosas, y en cuanto a la cuantificación de las indemnizaciones, respecto de la aplicación del mencionado Baremo, hemos de recordar que numerosas sentencias del Tribunal Supremo vienen señalando que no siendo legalmente exigible la aplicación del baremo en los casos de delitos dolosos, las cantidades que resultan de la aplicación de las Tablas tienen valor orientativo y, constituyen en todo caso, un cuadro de mínimos ( SSTS 126/2013, de 20 de febrero, 799/2013, de 5 de noviembre o 528/2018, de 5 de noviembre). No obstante lo anterior, el efecto expansivo del Baremo, ya previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos del mundo del automóvil ha sido admitido como referencia orientativa no vinculante, sin perjuicio de valorar las circunstancias concurrentes en cada caso y con respeto al principio de indemnidad de la víctima que informa los artículos 1106 y 1902 del Código Civil SSTS 596/2013, de 2 de julio); 480/2013, de 22 de mayo y 799/2013, de 5 de noviembre. La concesión de cantidades superiores al baremo en esos casos de delitos dolosos, máxime en supuestos especialmente traumáticos y violentos, se ha reconocido asimismo reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Segunda (SSTS 722/2012, de 22 de octubre y 799/2013 de 5 de noviembre o 580/2017 de 19 de julio, entre otras). Así pues: a) En delitos dolosos las cuantías que resultan del baremo no rigen. B) Eso no impide acudir a ellas como referencia orientativa, si bien en principio su carácter doloso aconseja un incremento. y C) Aun no siendo vinculante el Baremo, si el Tribunal hace protesta expresa de querer ajustarse al mismo los errores en su aplicación podrán ser fiscalizados y corregidos en casación. De hecho, los tribunales cuando deciden aplicar el baremo de forma orientativa en los casos de lesiones dolosas, suelen fijar un incremento de aproximadamente un 20% a la indemnización resultante de la estricta aplicación del citado baremo, precisamente en consideración a ese carácter doloso.

Sentado lo anterior, opta esta Sala por efectuar el cálculo de las indemnizaciones orientativas conforme a las reglas del referido Baremo, en concreto el correspondiente a la fecha de los hechos (Resolución de 2 de febrero de 2021), teniendo en cuenta que en ese momento, 13 de mayo de 2022, el perjudicado contaba con 42 años, y familia que dependía de él.

Comenzando por el funcionario NUM003:

Perjuicio personal particular moderado:407 días impeditivos corresponde la cantidad de 26.149,75 euros, cantidad solicitada por las acusaciones.

Secuelas:54 puntos, corresponde igualmente la cantidad solicitada por las acusaciones 141.350,58 euros.

Más allá de los días de incapacidad temporal y las secuelas el perjudicado deberá ser indemnizado por los daños morales complementarios por perjuicios psicofísicos, y por pérdida de la calidad de vida ocasionada por las secuelas, estimadas como muy graves a tenor del informe médico-forense, debiendo ser ayudado por terceras personas, entendiendo le corresponden los 97.603,38 euros solicitados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular: -Total 265.103,71 euros.

Siguiendo con el funcionario NUM002:

38 días de perjuicio particular moderado, y un punto por perjuicio estético -cicatriz codo-, le corresponden 4.067,52 euros solicitados por la acusación particular.

OCTAVO.-Costas: de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con lo establecido en el artículo 123 del Código Penal, deberán imponerse al procesado las costas causadas, incluidas las derivadas de la intervención de la acusación particular.

VISTASlas disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación.

El Tribunal, por la autoridad que le confiere la ley, emite el siguiente: