Sentencia Penal 270/2025 Audiencia Provincial Penal de Cantabria nº 3, Rec. 347/2025 de 30 de julio del 2025

PRIMERO : La sentencia de instancia condena al acusado por los mensajes a personas allegadas a Sara, para que se los hicieran saber, entre los meses de mayo y septiembre de 2024, como autor de un delito continuado de quebrantamiento de condena previsto y penado en el artículo 468.2 en relación con el artículo 74 del Código Penal sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de nueve meses y un día de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y al pago de las costas.

Frente a ella se alza en apelación la representación procesal de Apolonio; alegando, errónea e ilógica valoración de la prueba y que existió un error (dejando en el aire si es un error de tipo o un error de prohibición) porque no sabía que no podía dirigirse a Sara indirectamente.

El Ministerio Fiscal se opuso a la estimación del recurso porque si tenía alguna duda en el cumplimiento de la pena debería haberla consultado con el Letrado que le asiste, no pudiendo alegar error de tipo ni error de prohibición.

La representación procesal de Sara solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO : Se alega error en la valoración de la prueba.

La sentencia apelada fundamenta en el propio reconocimiento de los hechos por parte de Apolonio, aunque en su descargo se alegue por Apolonio que desconocía que no podía ponerse en comunicación con ella a través de terceras personas.

En relación a la valoración de la prueba que ha llevado a la Juzgadora a determinar los hechos probados, en este punto, ha de recordarse que tal como la Jurisprudencia ha reiterado, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre tratándose del interrogatorio de la persona acusada (sin entrar en su discutida naturaleza probatoria) o de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su credibilidad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

La juzgadora en primera instancia dispone en virtud del principio de inmediación de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación no se encuentra en tal disposición.

Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador en primera instancia salvo cuando el error de valoración sea patente.

En todo caso la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el juez a quo, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica ( TC SS 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78], 13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607 ]), y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo, vulnerándose entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando un detenido examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgador «a quo» de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. ( SS TC 1-3-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527 ]).

En el presente supuesto, la Sala considera que ha habido prueba de cargo, para llegar a las conclusiones condenatorias a las que la Magistrada a quo llegó, como hemos ya anticipado más arriba. Efectivamente, y a juicio de la Sala está suficientemente acreditado el quebrantamiento de condena por el propio reconocimiento del autor.

Cuestión diferente es el elemento de descargo aducido, que no ha sido claramente delimitado por el apelante, desconociendo todas las partes si está hablando de un error de tipo o de un error de prohibición.

La diferencia fundamental entre el error de tipo y el error de prohibición radica en el objeto del desconocimiento por parte del autor. En el error de tipo, el sujeto desconoce los elementos objetivos del delito, es decir, no sabe que está realizando una acción prohibida por la ley. En cambio, en el error de prohibición, el sujeto conoce los elementos del delito (sabe lo que está haciendo), pero ignora que esa acción está prohibida o cree erróneamente que está justificada.

El error de tipo recae sobre los elementos fácticos del delito. El autor no tiene conocimiento de estar realizando una acción típica.

Puede ser vencible (evitable) o invencible (inevitable).

Si el error es invencible, se excluye la responsabilidad penal. Si el error es vencible, la acción se castiga como imprudente.

El error de prohibición recae sobre la ilicitud de la conducta. El autor sabe lo que está haciendo, pero cree que su conducta es lícita.

El autor puede creer que su conducta no está prohibida o que existe una causa que la justifica. Puede ser vencible (evitable) o invencible (inevitable).

Si el error es invencible, se excluye la culpabilidad y, por tanto, la pena. Si el error es vencible, se atenúa la pena.

Dicho esto, se pasará a valorar si existió un error en que el hecho era delictivo o un error en si sus actos son delictivos.

Teniendo en cuenta el mensaje a Sacramento, se deduce que Apolonio sabía que no debía ponerse en contacto a través de terceras personas porque ese mensaje dice "... perdona que te hable a ti ya sé que no debería pero bueno ya m da igual", por lo que sabía que el acto estaba prohibido.

Asimismo, Apolonio siempre estuvo asesorado por un Letrado que tuvo la obligación de explicarle las consecuencias de la condena, sin que haya prueba en contrario, por lo que sabía que su conducta era delictiva.

En resumen, la valoración de la Magistrada a quo se considera lógica y razonable y no se ha demostrado la existencia ni de un error de tipo ni de un error de prohibición que diera lugar a una exención o reducción de la condena.

TERCERO: Las costas de esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpretados a la luz de lo dispuesto en el artículo 901 de la misma ley habrán de ser impuestas al apelante.

Por cuanto antecede, VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por la Soberanía Popular y en nombre de Su Majestad El Rey,