Sentencia Penal 35/2025 Audiencia Provincial Penal de Sevilla nº 3, Rec. 3410/2024 de 31 de enero del 2025

PRIMERO: Sobre el derecho a la presunción de inocencia.

1.1El derecho a la presunción de inocenciareconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución (en adelante CE) implica, en el marco de cualquier proceso penal, que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley. Quiere decirse, trás un juicio oral y público, donde con inmediación y contradicción se practiquen ante un Tribunal imparcial, pruebas incriminatorias a instancias de las partes acusadoras (ver las SSTC núms. 31/1981, 55/1982, 173/1985, 78/13 y 185/2014), sin que pueda imponerse al acusado, la carga de probar su propia inocencia.

Por ello, es un derecho fundamental que esta especialmente protegido, la presunción de inocenciarecogido en los arts. 24.2 y 53.2 de nuestra Constitución [CE] al proclamar que "....todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia".Este derecho fundamental, debe ser interpretado conforme a los arts. 10.2 y 96 CE, de dicha norma suprema y por los convenios y tratados internacionales, que como Estado social y democrático de derecho, ha ratificado España, junto con las naciones mas civilizadas.

1.2Recordemos, que la presunción de inocenciacomo tal, ya fue incorporada en 1.879 y proclamada como un derecho, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano,que en su artículo 9, ya decía "que se presumirá la inocencia de todo hombre hasta que no sea declarado culpable"El contenido de este derecho, se presentaba como un límite certero, al poder punitivo estatal, con el fin de evitar la posible arbitrariedad del poder omnímodo del monarca absoluto, que en aquella época les gobernaba, y desde entonces, ha sido un valor a preservar.

Actualmente, son muchas las normas internacionales que también lo reconocen, y todas ellas, han sido integradas con rango de Leyen nuestro derecho interno, conforme a los arts. 94 y 96 de la Constitución al publicarse en el BOE ( art. 1.5 CC) y así consta en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 04-11-1950 (BOE del 10-10-1979), y el artículo 14.2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU (PIDCP) de 19-04-1966 (BOE del 30-04-1977) que como normas vinculantes de nuestro ordenamiento jurídico, deben ser respetadas y de aplicación plena en todos los casos.

1.3Esta presunción, supone una garantía ya inderogablede nuestro proceso penal, de la que gozan todos los acusados, y encuentra su pleno reconocimiento, también en otras normas supranacionalesque igualmente nos obligan, como el árticulo 48.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12-12-07 (BOE del 31-07- 2008) y articulo 82.2b del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recientemente desarrollado por las Directivas (EU) 2016/343, de 9 de Marzo (DOUE del 11-03-2016) y Directiva (EU) 2012/13, de 22 de mayo (DOUE del 01-06-2012) sin olvidar la vinculante jurisprudencia ( arts. 4 bis y 5 bis LOPJ) emanada tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] de Luxemburgo, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] de Estrasburgo, al pronunciarse en sus vinculantes resoluciones, sobre este y otros derechos fundamentales.

SEGUNDO: Análisis y valoración motivada, de las pruebas del plenario.

En este caso, actuando este Tribunal, en primera instanciay tras valorar con inmediación y conjuntamente todas las pruebas practicadas en el plenario, considera que si se ha enervado la presunción de inocenciadel acusado, respecto de los hechos por los que se formuló acusación.

Los hechos probados,desde el punto 6.1 al 6.4, se han deducido de valorar con sana critica y conforme a lo exigido por el art. 741 Lecrim, sobre todo la documental judicial obrante, y la aportada por las partes y los hechos de los apartados 6.5 y 6.7 del resultado de las periciales caligráficas que se practicaron en el plenario, conjuntamente con el interrogatorio del propio acusado y la testifical de su ex-esposa, junto con las previas declaraciones judiciales que constan en DVD del plenario del 24-02-20 en el Juzgado de lo Penal 11, al aportar como prueba de la defensa del acusado, el cuestionado y dubitado Documento núm. 8.

2.1Resulta que valorando lo informado, por los 3 Peritos Calígrafos, que después de ratificarsus dictámenes técnicos, concluyeron:

a) Perito Judicial designado por el Juzgado de Instrucción.Obra a los folios 144 y ss, el Dictamen del Sr. D. Alberto, que tras motivar y razonar sus estudios concluye, al folio 150, que la ex-esposa Dª Eugenia, no ha realizado, ni firmado el documento dubitado y por el contrario, el acusado D. Pascual, si ha elaborado el documento dubitado, así como ha realizado las dos firmas existentes en el. Se fundamenta sobre todo "en los gestos tipo" analizados y en que las rubricas de las firmas presentan una misma forma de ejecutoria y desarrollo. No fue recusado y durante el plenario, ratificó su Dictamen y se sometió concentradamente junto con los otros peritos, a las preguntas y repreguntas cruzadas de las partes y del tribunal, conforme a los arts. 724 y 788 Lecrim.

b) Perito Judicial designado por el Acusado.Tras personarse en la Oficina Judicial, aportó su Dictamen Pericial Forense D. Millán (folios 178 y ss) en el que tras su estudio, concluye (folios 209 y 245) que son los folios 30 y 24 de sus Informes, que una firma es del acusado (lo cual no se cuestionaba) y que la otra firma manuscrita del Documento 8 (la de la derecha) corresponde a la ex-esposa, al coincidir con los cuerpos de escritura y el convenio regulador, todo ello en base a variadas técnicas empleadas, sobre la caja caligráfica, la intensidad y velocidad, así como fijándose en los números de DNI y los gestos tipo.

c) Perito Judicial designado por la Acusación Particular.Se aportó y consta en el Rollo de la Sala, el Dictamen Pericial Caligráfico de Dª Concepción (de 52 folios) en el que tras su estudio, concluye que la firma dubitada y las firmas indubitadas han sido realizadas por una misma mano y autor, esto es que la firma dubitada ha sido hecha por D. Pascual, todo ello explicado técnicamente tras el estudio de los puntos de ataque y los puntos finales de la grafía de ambos, descartando la autoria en el caso de Eugenia y por el contrario avalando (folios 51 y 52) que respecto de Pascual, las firmas fueron realizadas por la misma mano y por el mismo autor.

Tras escuchar las explicaciones dadas en el plenario por los tres peritos este Tribunal, considera mas acertadas las conclusiones a las que llega en su dictamen, el perito designado judicialmente en instrucción, que fueron avaladas y corroboradas por el perito nombrado por la acusación particular, descartando por ilógica la que efectúa el perito de la defensa, dado que es el propio acusado, el que desde "desde el minuto uno" dijo reconoce "que no era la firma que utilizaba entonces su ex-esposa".Si el garabato cuestionado, no se parece en nada a la firma empleada en 2016 (que era con el nombre completo, y no media firma) seria rizar mucho la cuestión, en que firmase con una firma falsa (como se asevera el perito) y que el acusado, sabiéndolo, callase y lo permitiese sin mas.

2.2La sana critica y las máximas de experiencia, nos indican que normalmente las partes, y sobre todo los acusados, aportan en su primera comparecencia judicial los documentos y pruebas que les exculpan, como pueden ser las facturas pagadas, los recibos firmados, incluso los mensajes electrónicos que les favorecen, con el objetivo de que la investigación concluya lo mas pronto posible y no se vean abocados a tener que ir y justificarlo en el juicio.

En este caso, el acusado por su profesión de camionero, ha tenido que ser para el, una practica diaria la entrega de albaranes de mercancía y exigir que le firmen los recibos de recepción de sus entregas, por lo que de forma mecánica y habitual exigirá siempre, los recibos o justificantes de combustible, los tickets de autopista, las facturas de hotel y no seria lógico, que le entregase las pensiones en efectivo cada mes a su mujer y que no le exigiera un recibo. En sus declaraciones, la ex-esposa así lo dijo en el plenario, "siempre me lo exigía y me hizo firmar documentos"ver al minuto 31šde Video 1, a preguntas del Letrado del Acusado.

2.3Resulta inverosímil, la justificación que da el propio acusado durante la vista oral a preguntas de la Fiscal (minuto 11šdel video 1) de porque tarda tanto tiempo (24-02-2020) en presentar en el Juzgado un documento del 17/05/2016, sin explicar porque no lo aportó en la fase de instrucción, máxime cuando fue requerido por la Juez de Sanlúcar y a preguntas de la Acusación Particular (ver minuto 12š) dijo que en el mismo momento "de que su mujer le firmo el documento, se dio cuenta de que la firma que ella había puesto, no era la suya" . No tiene lógica, que se de cuenta de ello en 2016, y pese a todo, sabiendo que la firma no coincidía con la de su mujer, la aporte como prueba al Juez en 2020 y ademas "haber si cuela" se calla, en el momento de aportarlo, por no decir, no dijo en ese momento ni que el fue quien redacto de su puño y letra todo el contenido. Tras la negativa a reconocer el documento por su ex-esposa, fue cuando ya dio estas explicaciones, pero al aportarlo como prueba (véase en el video del plenario del JP-11) no dijo nada.

2.4A su propio Letrado Defensor, (min. 14š) le dijo que redactó y pidió ese documento de reconocimiento de deuda pagada(Documento 8) porque el Letrado que le redacto el Convenio Regulador, le dijo que si estaba "loco" con lo de pagar las pensiones en mano y sin recibos. De la propia documental que las partes aportan, no se tiene duda que el Convenio es de fecha 28-09-2015 y que la Sentencia de Divorcio, tras ratificar lo convenido es del 30-12-2015, razón por la que un hecho que es muy posterior (17/05/2016) lo relata como ocurrido antes de ello y antes las dudas del propio Tribunal, tampoco sabe aclararlo. En buena lógica, y por la propia dinámica de los hechos, primero se llega al pacto del convenio regulador (28-09-2015) después se ratifica judicialmente (30-12-15) y se dicta la sentencia de divorcio y después (ya en 2016) es cuando se tendría que abonar las pensiones convenidas, y no al contrario, como dijo el acusado. Al minuto 15šreconoció que el redactó el contenido de todo el documento 8 y volvió a no decir la verdad, al minuto 18šdiciendo que en la fecha del 17/05/16 no estaba hecho el convenio (de 28-09-15) "que se le estaba dando forma" y ante las repreguntas, termina diciendo "que no lo recuerda".

Las testificales de su ex-esposa, consideramos que fueron veraces, y contundentes, ademas todas coincidentes con la que ya dio desde el primer momento (24-02-20) en el Juzgado de lo Penal. Se cumplen en este caso los parámetros valorativos de credibilidad y persistencia, que por conocidas, nos remitimosa la SSTC Pleno núm. 258/2007 y 347/06, o al amplio abanico de criterios valorativos en STS 585/2024, sobre el testimonio de la que aquí ademas de victima ejerce la acusación. Vemos como le dijo al Letrado de la Defensa (min. 51š) que en 2016 no firmo nunca con un garabato.Dio una explicación plausible, de que varios años mas tarde, a la fecha en que se había pre-datado el documento 17/05/16, concretamente en 2018/19 tras acceder a un cargo publico, que le obligaba a firmar muchos documentos, por lo que cambio su DNI (16/05/19), y desde entonces -no antes-si lo hacia con un garabato.

2.5.Este Tribunal, valorando de forma conjuntatodas las pruebas personales antes mencionadas, (testificales del acusado y su ex-esposa durante el plenario, así como las explicaciones dadas conjuntamente por los tres Peritos) los documentos obrantes (periciales y sobre todo los documentos videograficos DVD de las testificales vertidas en el juicio plenario en JP-11) junto con las máximas de experiencia y la lógica expuesta, llega a la conclusión, de que el Documento 8 dubitado (f. 4) es falso. Ademas, su aportación extemporánea (24-02-20) como prueba exculpatoria se elaboró, redactó y firmó en su totalidad, por el propio acusado y resultando que solo a el, le beneficiaba dicha prueba. Tiene la certeza este Tribunal, avalada por las conclusiones de los 2 peritos calígrafos que han depuesto, que estamos ante un Documento inveraz en cuanto a su contenido. Relata una falsaria intervención consensuada de su ex-mujer (sin que ella interviniese) donde reconocería haber cobrado una deuda, lo cual consideramos que no es cierto y en el que obra una burda firma falsificada suya.

No siendo verdad tampoco, que el acusado le abonase en efectivo, como allí dice, la totalidad de las pensiones hasta el día 17/05/2016. Vistas las reiteradas imputaciones por denuncia falsa que ha venido realizando sobre la ex-esposa, resulta llamativo que no lo hiciera el primer día que declaro el 27-12-2016 en el Juzgado de Instrucción y pese a que la Magistrada le pidió que aportara los justificantes de pago (podría haber presentado este documento 8) nunca lo presentó, ni se lo doy a su Abogado de Oficio para pedir el sobreseimiento, ni lo aportó en su Defensa en 2019, sino que espero el momento del juicio (24-02-20).

2.6Este Tribunal estima, que estuvo en el animo del acusado, la intención de sorprender en juicio a la parte contraria, aportando durante la vista oral del 24-02-20, una prueba documental falseada, que le reportaba no solo un beneficio económico (las pensiones impagadas) sino que provocando error en el juzgador, mediante fraude procesal,se libraría con este ardid, de una mas que probable condena penal.

TERCERO: Calificación jurídica de los hechos probados.

3.1En primer lugar, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de falsedad en documento privado,tipificado en el artículo 395 del Código Penal vigente al momento de los hechos (24-02-2020) en relación con el artículo 390.1 puntos 1 y 3 del Código Penal. Dos son las consideraciones a realizar: la modalidad falsaria y la naturaleza del documento. En cuanto a la modalidad falsaria, es la prevista en el apartado del artículo 390.1 del Código Penal consistente en alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial Dicha calificación no plantea especiales problemas interpretativos pues consiste en simular la firma(en este caso de la ex-esposa) de una de las partes. La segunda consideración sobre la que no existe duda, es que estamos ante un documento privado.

Así también calificaron estos hechos, tanto el Ministerio Fiscal, como la Acusación Particular al elevar a definitivas sus conclusiones. El bien jurídico protegido por este tipo penal, es la confianza y seguridad de los ciudadanos en el trafico jurídico, a través de la protección de las tres funciones que se atribuyen a los documentos, su perpetuación, su garantía y su validez como prueba.

El propio legislador, en su art. 26 del Código Penal, nos define a estos efectos, el concepto legal de documento considerando que lo es "todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica". En este caso, nos limitamos al Documento núm. 8 (que obra al folio 4) y vemos como en la modalidad de falsedad en documentos privados, los elementos del tipo objetivo, y las conductas típicas requeridas, vienen detalladas por las acciones de alterar, simular o suponer la intervención (como sucede en este caso) atribuyendo declaraciones o manifestación que no realizaron y comúnmente faltando a la verdad en lo narrado.

Concurren estos elementos del tipo en este supuesto y desde el plano del elemento subjetivo, se trata de un delito doloso ( art. 10 CP) que también concurre en el acusado, como hemos expuesto anteriormente. Nos remitimos en todo caso y aquí damos por reproducida por ser notoriamente conocida, la doctrina del Tribunal Supremo, vertida en las STS 971/2011 (Ponente Sr. Marchena) y STS 534/2015 (Ponente Sr. Colmenero) o en la del Pleno de 26-02-1999 ( STS 1954/2002).

3.2También, como venia acusándole el Ministerio Fiscal, podemos calificar los hechos que hemos declarados probados, como un delito de estafa procesal, en grado de tentativa,previsto en el articulo 250 en su punto 7, del Código Penal vigente el 24-02-2020, en concurso con el anterior articulo 395 CP y los arts. 8.4, 16, 62 y 77 CP.

Como es sabido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige como elementos del delito de estafa comúndel artículo 248.1 del Código Penal (por todas, STS 633/2019, de 18 de diciembre) los siguientes: a) un engaño precedente y bastante para alcanzar el desplazamiento patrimonial; ii) que dicho engaño produzca un error esencial en la víctima; iii) un acto de disposición patrimonial perjudicial para el patrimonio de la víctima o de un tercero; iv) ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, exigido hoy de manera explícita por el artículo 248 del código penal , entendido como propósito por parte del infractor de obtención de una ventaja patrimonial correlativa; y v) el dolo precedente en este caso articulado a través del engaño anteriormente mencionado.

El legislador prevé con una modalidad agravada del delito de estafa, la llamada estafa procesalen el artículo 250.1.7 del Código Penal. El propio precepto da una definición cuando señala que "incurren en la misma(en estafa procesal) los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero".

En consecuencia, en el presente caso estamos ante una estafa procesal en grado de tentativade los artículos 16.1 y 62 del Código Penal, por cuanto la consumación estaba condicionada a que la autoridad judicial fuese la engañada. En el presente caso, no cabe duda que se inició la ejecución de un delito de estafa procesal, en tanto que se presentó un documento falso como prueba en un procedimiento judicial. Cuestión distinta es el grado de ejecución. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 539/2016, de 17 de junio )ha señalado que en esta modalidad de estafa no es preciso que se produzca un desplazamiento patrimonial, sino que el perjuicio deriva de la propia resolución judicial perjudicando los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.

Nos remitimos y damos por reproducido, la STS 1020/2024 , reiterando la doctrina de STS núm. 434/2016, de 19 de mayo , "La llamada estafa procesal aparece regulada en la actualidad en el artículo 250.1.7º del Código Penal . Se dice que incurren en ella los que en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. En el tipo objetivo exige, por lo tanto, una actuación de manipulación de pruebas u otro fraude análogo, con capacidad para provocar un error en el juez o tribunal. Dicho con otras palabras, una maquinación engañosa construida de la forma prevista en el tipo, de manera que a través de las pruebas manipuladas o del fraude análogo, presente al juez o tribunal una apariencia falsa de la realidad sobre la que debe pronunciarse, haciéndole, por lo tanto, caer en el error. Ese error, a su vez, ha de ser la causa de la resolución que el órgano adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa, es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo; que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial; que se emplea por parte del sujeto; y que si produce su efecto engañoso, la consecuencia probable será una resolución judicial de un determinado sentido. Desde la perspectiva del elemento volitivo del dolo, el sujeto ha de querer la utilización de esos elementos engañosos cuya existencia conoce, lo que generalmente se pone de relieve mediante la comprobación de su utilización real y efectiva."

Sobre la consumación de este delito, decíamos en la STS 76/2012, de 15 de febrero , con remisión a la sentencia núm. 172/2005 que "si la conducta estuviera encajada dentro de los delitos contra la Administración de Justicia y además se considerarse como un delito de falsedad, no existirían problemas de consumación, ya que la acción quedaría perfeccionada por la puesta en marcha del procedimiento la presentación del documento falso en juicio, tanto si la pretensión era la de iniciar el procedimiento, como cuando ésta ya se está tramitando. Pero al ser considerado como un delito patrimonial, la consumación hay que derivarla hacia el resultado.

Por ello, lo que verdaderamente consuma el tipo delictivo en la estafa procesal es la producción de una decisión de fondo respecto de la cuestión planteada, pudiendo en los demás casos, integrar la conducta modalidades imperfectas de ejecución y así puede hablarse de tentativa cuando el engaño es descubierto y el Juez se apercibe del mismo pese a poder ser idóneo. En definitiva, el tipo se consuma cuando recae una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y en los demás casos, puede producirse en grado de perfección imperfecta. La tentativa está en la no consecución del error en la autoridad judicial porque ésta se aperciba del engaño bastante o porque, aun dándose el error, la resolución judicial dictada no es injusta."

CUARTO: Autoría y Participación respecto de los hechos.

Tanto del delito de falsificación del documento privado, como del de estafa procesal por su aportación posterior al juicio, conforme a los arts. 27 y 28 del Código Penal, consideramos autor de los mismos al acusadoal que atribuye este Tribunal, el dominio completo del hecho, sin que se conozca la participación de terceras personas ajenas a esta causa.

En este punto, debemos recordar que es jurisprudencia reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el delito de falsedad documental, no es un delito de propia mano, de manera que puede reputarse autor del mismo no solamente a aquellos que ejecutan personal y físicamente la acción falsaria (hagan la firma falsa), sino también a quienes, sin realizarla materialmente, participan en su realización con un acto que permita atribuirles el dominio del hecho.

En efecto, como señala el Auto del Tribunal Supremo núm. 470/2013, de 14 de febrero , "para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los elementos esenciales para que la falsificación se lleve a efecto en su provecho"

Nos enseña, esta misma Sala 2ª por ejemplo en la STS 386/2011, de 18 de abril , con cita de la de 19 de mayo de 2009 , que "cuando todo el documento es una mendaz elaboración con la que se pretende documentar falsamente la realización de un acto que nunca existió ... //... y la intervención de personas que no la tuvieron, la fecha que el mendaz documento refleja, no tiene que considerarse como fecha en que se materializó la falsificación, pues la propia falsedad de todo el documento impide que su aparente fecha se considere como la verdadera de su material elaboración";añadiendo que en estos supuestos el plazo prescriptivo deberá computarse desde que se tuvo la certeza de la existencia o creación del documento, que en este caso seria la fecha de presentación en el Juzgado, como ya viene impuesto en el art. 1.227 del Código Civil con carácter general, como presunción legal, al entregarse este documento privado a un funcionario publico por razón de su cargo, o presentarlo ante un registro oficial.

QUINTO: Circunstancias modificativas de la responsabilidad.

En este caso, no concurren, ni se han solicitado por las partes, circunstancias modificativas de la responsabilidad. Respecto de la responsabilidad civil, le quedaran reservadas y mantenidas las acciones,en el proceso penal hoy suspendido, que se sigue en el JP-11 Sevilla.

Recordemos que a efectos de las posibles dilaciones indebidasy de los plazos suspendidos,respecto del computo de la posible prescripción, que el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales en el ámbito de la Administración de Justicia. En su articulo 2 estableció que: "1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio,siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión"

SEXTO: Penalidad, individualización de la pena.

Interesa el Ministerio Fiscal, la aplicación de la relación concursal entre el delito de falsedad documental descrito y el delito de estafa agravada, siendo esta, la propia de un concurso de normas, a resolver a favor de la estafa agravada segunel principio de alternatividaddel artículo 8.4, en relación a los arts. 62, 66 y el vigente art. 77.3 del Código Penal.

Así lo señala la STS 126/2016, de 23 de febrero cuando expone lo siguiente: "Ahora bien, como pone de manifiesto el Fiscal al apoyar el motivo de recurso, de manera reiterada ha considerado la jurisprudencia de esta Sala que la relación medial entre el delito de falsedad en documento privado del artículo 395 y el delito de estafa debe reconducirse al concurso de normas del artículo 8 CP . La expresión "en perjuicio de otro" del artículo 395 CP supone que éste requiere algo más que la mera alteración mendaz de uno de los elementos del documento. Requiere además que se produzca un perjuicio -o el ánimo de causarlo- en un tercero, perjuicio que normalmente será económicamente evaluable y que precisamente coincide con el de la estafa. Lo contrario supondría una duplicidad o superposición tipológica a la hora de contemplar el perjuicio y en definitiva de doble sanción ( STS 760/2003 ) Como dijo la STS 992/2003 de 3 de julio , el delito de falsedad en documento privado exige en su tipicidad el ánimo de perjudicar a tercero, precisamente uno de los elementos de la estafa, por lo que la conducta debe ser penada conforme a uno de los dos tipos penales en aparente concurso.

El bien jurídico que se protege en la estafa es el patrimonio privado ajeno, cuando es atacado por medios insidiosos y fraudulentos (engaño). El delito de falsedad castiga a quien presenta como real o auténtico algo que no lo es, y en este caso el bien jurídico protegido es el tráfico jurídico general, en cuanto el documento es capaz de crear en terceros la confianza en su autenticidad y su eficacia probatoria. Por ello desde antiguo, la doctrina científica consideró al documento falsificado funcionalmente destinado a cometer una estafa (estafas documentales), como identificable con el engaño, no solo un elemento del mismo, sino su propia esencia, por lo que de penarse ambos delitos por separado, asi se estaría castigando dos veces la misma infracción ( SSTS 1235/2001 ; 2015/2001 ; y STS 746/2002 de 19 de abril ).Por tanto seguiremos la doctrina del STS 552/2012 (Pte. Martinez Arrieta) que resuelve condenar por el delito mas grave (la falsedad).

Conforme expone la Fiscalía General del Estado (Circular 4/2015) sobre la interpretación de la nueva regla penológica prevista para el concurso medial de delitos, recuerda que el código penal, se limita a distinguir dos supuestos: cuando un solo hecho constituya dos o más delitos(concurso ideal), y cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro(concurso medial). Debe partirse de que en el concurso medial no hay un solo hecho sino dos perfectamente diferenciados, pero interconectados en una relación teológica de medio a fin, relación de necesidad que debe ser entendida en un sentido concreto y taxativo, no bastando el plan subjetivo del autor sino que será preciso que en el caso concreto un delito no pueda producirse objetivamente sin otro delito que esté tipificado como tal de forma independiente La reforma operada por LO 1/2015 (desde 30-06-15) sanciona el concurso medial con una pena híbrida o pena síntesis que se forma con las penas de las infracciones concurrentes, con unos límites cuantitativos comprendidos entre un mínimo (la pena concreta que se impondría al delito más grave) y un máximo (la suma de las penas concretas que se impondrían a los delitos para el caso de que se castigaran por separado). Esta individualización final debe estar orientada hacia la traducción penológica del desvalor total del complejo delictivo. La pena final habrá de ser superior en al menos un día, a la concretamente imponible al delito más grave, conforme al art. 77.3 CP (redacción 2015) por el principio de alternatividad,con la regla de la sanción más grave del artículo 8.4 CP, que excluirá, el no castigar por la estafa.

Aplicando lo anterior, al presente caso, al estar la pena la falsificación en documento privado del art. 395 CP, con una pena -en abstracto-de quince meses (entre 6 meses y 2 años) de prisión, y atendiendo a la estafa procesal en grado de tentativa cometida, se le impondrá una pena de, 1 año, 6 meses y 1 dia, de prisión, dentro del arco penologico de este tipo y los 4 meses de multa a razón de 6€/dia, que interesa la Fiscalia, remitiéndonos a la doctrina fijada por el STS Pleno 232/2022 y las SSTS 749/24 y 1020/24, que reiteran las SSTS 126/16 y 863/21.

SEPTIMO: Costas procesales.

El artículo 239 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que "en los autos o sentencias que pongan término a la causa, deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales" y por aplicación de los arts. 116 y 123 del Código Penal, en este caso, se impondrán en su totalidad al condenado, incluidas las de la acusación particular.

OCTAVO: Recursos. Se informa, que esta sentencia no es firmey que en el termino de los DIEZ (10) DIAS hábiles posteriores a la ultima notificación, las partes, pueden interponer RECURSO DE APELACION y en caso, previamenteinteresar la rectificación, subsanacion o el complemento de la misma.