Sentencia Penal 5/2025 Audiencia Provincial Penal de Córdoba nº 3, Rec. 966/2024 de 08 de enero del 2025

PRIMERO.-No se aceptan parcialmente los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, y en su lugar se sustituyen por los siguientes.

El Juzgado de lo Penal número 6 de Córdoba dictó sentencia número 201/2024, de 8 de mayo de 2024, por la que condenaba "a DON Millán como responsable criminalmente en concepto de autor de un delito de acoso previsto y penado en el artículo 173.Ter.1.1 y 2.2. del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de SESENTA DÍAS DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD o, en caso de no aceptarlos, A LA DE PRISIÓN DE UN AÑO con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y en todo caso para ambas penas principales, de conformidad con el artículo 48 y 57.2 del Código Penal, la prohibición de aproximación a DOÑA Delia lugar de trabajo, residencia y cualquier otro frecuentado por la víctima en un radio no inferior a 500 metros DURANTE UN AÑO y la prohibición comunicación con DOÑA Delia por cualquier medio ya oral o escrito o telemático por el plazo de UN AÑO.

Igualmente se condena a Millán en las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular".

Frente a la sentencia dictada se alza la Defensa ejercida por don Millán alegando, en síntesis que "NO SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS PARA QUE SE PUEDA CONSIDERAR DELITO DE ACOSO. LEGITIMACIÓN DE MI REPRESENTADO PARA ENVIAR LOS MENSAJES AL OBJETO DE RELACIONARSE CON LA MENOR Y EXISTENCIA DEL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UN DERECHO AMPARADO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 154 DEL CÓDIGO CIVIL. Y ERROR EN LA VALORACION DE LA PRUEBA. LOS MENSAJES Y LLAMADAS NO SON INCESANTES NI DIARIOS Y SU CONTENIDO SIEMPRE ES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA HIJA MENOR DE EDAD SIN QUE EXISTA CONTENIDO INJURIOSO NI INTIMIDATORIO, EXISTIENDO UNA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE AMBAS PARTES".

Del recurso interpuesto se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a la Acusación Particular con el resultado que obra en autos. Y del escrito presentado por el Ministerio Fiscal adhiriéndose al recurso se ha dado traslado a la Acusación Particular con el resultado que obra en autos.

SEGUNDO.-La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, y por tanto para poder condenar a una persona por la comisión de una infracción penal es necesario que dicha presunción quede desvirtuada mediante prueba de cargo suficiente, practicada en el acto del juicio. Por tanto, es obligada la existencia de un mínimo probatorio para hacer decaer el referido derecho fundamental. Si bien el Tribunal Constitucional permite estimar como prueba suficiente para desvirtuar dicho derecho fundamental la declaración de la víctima cuando la misma es de tal entidad que lleva de forma innegable a la convicción fundada de que la versión dada por la misma se ajusta a la realidad de los hechos.

La STS Número 554/2017 de 12 de julio, en su F.J. Cuarto, respecto del delito de acoso señala que "como se dice en la STS 324/2017 del Pleno de esta Sala Casacional y que es la primera que estudió este delito, con la introducción del art. 172 ter CP nuestro ordenamiento penal se incorpora al creciente listado de países que cuentan con un delito con esa morfología. [...]

En definitiva , el legislador al tipificar el nuevo delito de acoso y hostigamiento --stalking-- lo hace considerándolo como una variante del delito de coacciones al quedar fuera del ámbito de las coacciones, las conductas de acecho permanente o intento de comunicación reiterada que sin llegar a las coacciones, sí tienen la entidad suficiente como para producir una inquietud y desasosiego relevante penalmente y que por ello no debe quedar extramuros de la respuesta penal al producir tal situación de acoso una alteración grave de su vida cotidiana, estableciéndose un tipo agravado para los casos en los que el sujeto pasivo, el que sufre el acoso es de las personas a las que se refiere el art. 173 Cpenal , entre las que se encuentra el hecho de someter a esta situación a quien sea, o haya sido el cónyuge o persona ligada con él por análoga relación de afectividad (aún sin convivencia).

El nuevo delito se vertebra alrededor de cuatro notas esenciales que, ya lo anunciamos, tienen unos contornos imprecisos:

Que la actividad sea insistente.

Que sea reiterada.

Como elemento negativo del tipo se exige que el sujeto activo no esté legítimamente autorizado para hacerlo.

Que produzca una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima".

En cuanto a la valoración de la prueba practicada, fundamentalmente de naturaleza personal, efectuada por el juzgador de primera instancia, debemos recordar que la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. En efecto, si bien el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" en el que el tribunal superior tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas con las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas de aplicación al caso ( SSTC 194/1990, 323/1993, 120/1994, 157/1995, 172/1997, 152/1998 y 6/2002, entre otras muchas), no puede ignorarse que, como esta Audiencia ha señalado en innumerables ocasiones, respecto de aquellas pruebas que han sido practicadas con arreglo a la inmediación judicial, el Juez "a quo" tiene elementos más fundados para su más precisa apreciación y por tanto su mejor valoración en relación a los supuestos de hecho que constituyen el "factum" debatido, pues la inmediación tiene indudable influencia en la debida valoración del testimonio a la hora de conformar el convencimiento judicial. Concretamente, y respecto de la prueba testifical, el TS ha afirmado en las sentencias de 8/2/1999, 30/9/2002 y 23/1/07, entre otras, que ".... está sujeta a la percepción directa del Tribunal que la recibe, es decir, a la inmediación, de forma y manera que sólo el Tribunal que directamente ha percibido la prueba puede valorarla por ser el destinatario de la actividad probatoria".

De esta suerte, el error en la valoración de la prueba esgrimido por la parte recurrente, sólo podrá acogerse cuando las deducciones o inferencias de la sentencia impugnada resulten ilógicas, irracionales o absurdas en atención a las pruebas practicadas. Es por ello que, como también hemos reiterado, y cumplida la obligación de razonar el resultado de dicha valoración, el tribunal de apelación debe limitarse a verificar si hubo prueba de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los preceptos y principios constitucionales y de legalidad ordinaria.

Es decir, si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinarios y no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a la evidencias de su resultado, el Tribunal "ad quem" no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador "a quo" en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución. En definitiva, el principio de inmediación impone la necesidad de respetar los hechos que el Juez en primera instancia ha declarado probados en la sentencia apelada siempre que, se insiste, no exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba o cuando los hechos probados resulten incompletos, incongruentes o contradictorios en sí mismos o, finalmente, cuando hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya realizado en la segunda instancia.

TERCERO.-Pues bien, analizando las pruebas practicadas en el acto de la vista (interrogatorio del acusado, víctima testigo, la hija común menor de edad, la hermana del acusado y la documental obrante en autos), hemos de adelantar que la Sala ha de revocar la resolución recurrida al no ser los hechos constitutivos del delito por el que se condena al recurrente.

En este sentido debemos recordar que, como señalan las SSTS 2110/2002 de 10 de diciembre y 183/2002 de 12 de febrero, los elementos del tipo objetivo del delito, incluidos los relativos a circunstancias agravantes y subtipos agravados, deben constar en todo caso en el apartado de hechos probados, sin que sea posible complementarlos con el contenido de la fundamentación jurídica. Postura recogida en SSTS 945/2004, de 23-7; 1369/2004 de 23-7; 302/2003 de 27-2; entre otras, que admiten que en ocasiones, aunque siempre de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado, los fundamentos jurídicos puedan contener afirmaciones que complementan el hecho probado, pero también ha puesto de relieve que se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías del acusado, que tiene derecho a conocer con claridad aquello por lo que se le condena ( STS 22-10- 2003), de manera que a través de este mecanismo solo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales. De acuerdo con estas consideraciones, nunca será posible que en una sentencia se contengan unos hechos en el espacio destinado al relato fáctico y otros diferentes o incluso contradictorios en la fundamentación jurídica, pues en estos casos, no resuelta posible saber cuáles son los hechos completos que, en definitiva, ha estimado el tribunal quedaban probados, lo que impide consecuentemente el control, la interpretación y aplicación de las normas sustantivas procedentes ( STS 23-7-2004).

En el presente caso, que los hechos declarados probados no integran la calificación por la que se condena a don Millán, viene dado, una vez examinados en su integridad los autos, por la por la siguientes razones:

La denunciante, Doña Delia, ha declarado en el acto del juicio que, tras la ruptura de su relación de pareja con el acusado en 2017, fue objeto de un presunto acoso continuo. Dicho acoso, según su testimonio, se materializó mediante un elevado número de mensajes, seguimientos y llamadas por parte del acusado. Asimismo, señaló que estas conductas la llevaron a cambiar de domicilio en mayo de 2019, si bien hay que tener presente que la denuncia por el supuesto acoso fue interpuesta meses antes del cambio de domicilio, o sea con fecha de 9 de noviembre de 2018. Además, Doña Delia ha afirmado que estos hechos objeto de enjuiciamiento le habrían causado diversos padecimientos de índole médica, cuya relación causal atribuye al referido acoso.

El acusado, Don Millán, ha manifestado en su declaración que las comunicaciones, o intentos de comunicación con la denunciante, tenían como único propósito lograr y gestionar las visitas y comunicaciones con la hija menor que ambos tienen en común, así como obtener información sobre su estado. Según su testimonio, estas gestiones se habrían visto obstaculizadas por la negativa constante de la denunciante, quien habría condicionado las visitas a la emisión de una resolución judicial que las regulara. Este extremo fue confirmado mediante sentencia de fecha 18 de mayo de 2018, que, aunque absolvió a Doña Delia, declaró como hechos probados que la misma dificultaba al investigado el ejercicio de su derecho a mantener contacto con la menor. Asimismo, consta en dicha resolución que Doña Delia habría manifestado que "sin acuerdo de por medio, la niña no se movería de su lado".

A lo anterior, hemos de añadir que de la documental obrante en autos, se desprende que, el acusado, en los mensajes y correos, solicitaba a la denunciante fijar un horario de llamadas para poder asegurar la comunicación con su hija, que no podía estar jugando a acertar llamando por la mañana o por la noche. Dicha petición no fue atendida por doña Delia que en algunos de esos mensajes, le dice al acusado "si tanto interés tienes, no debe importante insistir", "el timón de momento lo llevo yo". No obstante, cabe destacar que en otros mensajes la denunciante manifestó al acusado que podía llamar a su hija "cuando quiera" o "intentarlo varias veces a lo largo del día", lo que, en cierta medida, podría interpretarse como una legitimación tácita para que el acusado realizara dichas llamadas.

Por tanto, doña Delia en ocasiones dificultaba al acusado el ejercicio de su derecho a mantener contacto con la menor manifestando que "sin acuerdo de por medio, la niña no se movería de su lado" o que "el timón de momento lo llevo yo" y en otras ocasiones parece que favorecía dicho contacto cuando decía al acusado que podía llamar a su hija "cuando quiera" o "intentarlo varias veces a lo largo del día". Esto al final provocó la situación de incomodidad que denuncia doña Delia, ante el desconocimiento del acusado de no saber a qué atenerse en cada momento, lo que pudo impulsar la insistencia en las llamadas, mensajes y correos por parte del acusado, fruto de las dificultades que se encontraba cuando trataba de comunicarse con la denunciante con el fin de saber de su hija.

No obstante, todo parece indicar que la intención de Doña Delia era mantener el control sobre la situación, como se desprende de sus expresiones: "sin acuerdo de por medio, la niña no se movería de su lado" y "el timón de momento lo llevo yo", pues el recurrente empezó a tener una comunicación más fluida con su hija cuando, a instancia de él, se dictó auto de medidas provisionales, por el Juzgado Mixto núm. 2 de Montoro, el 25 de julio de 2018, fijando un régimen de visitas a su favor que incluía un régimen progresivo con posibilidad de pernocta, y vacaciones.

No se ha identificado la existencia de mensajes o correos electrónicos de los que se pueda inferir un contenido de carácter amenazante, intimidatorio o injurioso. Asimismo, no se ha constatado que dichos mensajes y correos sean enviados de manera diaria o incesante, aunque el volumen presentado pueda generar la impresión de ser excesivo, considerando que abarcan un período prolongado desde 2017 hasta 2019. Por otra parte, se observa que la comunicación mantenida tiene un carácter bidireccional, continuando dicha interacción incluso durante el año 2019, cuando ya se encontraban reguladas las medidas paterno-filiales. Durante ese mismo año, no se evidencia una reiteración diaria de mensajes o correos, existiendo periodos de varios días sin comunicación. Además, el contenido de los mensajes y correos se encuentra directamente relacionado con asuntos concernientes a la hija menor.

En cuanto a los actos de hostigamiento físico denunciados, se han identificado acercamientos que, no obstante, están vinculados exclusivamente a la hija menor. Dichos acercamientos pueden interpretarse como manifestaciones de la voluntad del investigado de informarse sobre el estado de la menor y de procurar pasar más tiempo con ella. Estas acciones se enmarcan en un contexto de ausencia de acuerdos claros respecto a los períodos de convivencia establecidos para el progenitor investigado con la menor.

En consecuencia, nos encontramos ante una situación de conflictividad familiar derivada de una ruptura y de la ausencia de acuerdos respecto al régimen de relaciones paterno-filiales en relación con la hija menor en común. En este contexto, resulta comprensible y legítimo que el investigado haya intentado establecer contacto con quien, en ese momento, ejercía la guarda de hecho de la menor, en este caso, la denunciante, hasta tanto no se dictaran judicialmente las medidas reguladoras de dichas relaciones. Por tanto, la conducta del investigado debe ser analizada y enmarcada dentro de esta situación de conflictividad familiar y ausencia de acuerdos formales.

La denunciante ha aportado partes médicos que indican la existencia de un estrés grave objetivable y un trastorno adaptativo. No obstante, es necesario valorar si puede establecerse con claridad una relación de causalidad directa, relevante y eficiente entre la conducta del investigado y dichos resultados. Esta relación de causalidad será jurídicamente relevante únicamente cuando el resultado haya sido objetivamente previsible y se derive directamente de una conducta prohibida por la norma.

En el presente caso, no apreciamos la existencia de dicha relación de causalidad. Del análisis del contenido de los mensajes y correos no se infieren ni se desprenden elementos de carácter injurioso, amenazador, vejatorio, intimidatorio o agresivo. Tampoco se observa una reiteración diaria de estos, a pesar de la insistencia en ciertos días, y su contenido ha estado siempre relacionado con el estado de las relaciones paterno-filiales.

Es importante señalar que esta situación se desarrolla, como venimos reiterando, en el contexto de una ruptura traumática, acompañada de procedimientos judiciales promovidos por ambas partes, los cuales, según los informes médicos, han contribuido significativamente al estrés de la denunciante. Dichos informes destacan que este estrés se encuentra asociado a factores como un "largo proceso administrativo, abogado y psicología forense que producen un desgaste anímico y vivencia de desamparo judicial".

Por tanto, el primer motivo de apelación "NO SE CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS PARA QUE SE PUEDA CONSIDERAR DELITO DE ACOSO" debe ser estimado, resultando ocioso entrar a conocer del resto de motivos de apelación o de las impugnaciones realizadas por la Acusación Particular, siendo procedente revocar la sentencia dictada, la cual se ha de dejar sin efecto, y en su lugar absolver libremente al referido apelante del delito del que viene siendo acusado.

CUARTO.-Conforme al art. 239 LECrim en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de sus incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales, pudiendo tal resolución contener uno de los pronunciamientos que establece el art. 240 del mismo texto legal. Por tanto, atendido lo anterior, no existiendo temeridad o mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.