En Girona a 23 de enero de 2025.
PRIMERO.-1.1. Se alzan Elvira contra a la resolución de la instancia sobre la base de un error en la valoración de la prueba, interesando la nulidad de la sentencia.
1.2. Se alza el MINISTERIO FISCAL contra a la resolución de la instancia alegando como motivos de impugnación: en primer término, falta de motivación; en segundo lugar, un error en la valoración de la prueba y finalmente, indebida aplicación del art. 227 CP.
1.3. Los recursos no merecen prosperar.
SEGUNDO.-2.1. Sobre la facultad de revisión de las sentencias absolutorias en instancia, dispone el art. 792. 2 LECrim, que "la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del art. 790. 2", sin perjuicio de que la sentencia pueda ser anulada; este supuesto último señala que "cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".
2.2. Para el análisis de la apelación de las sentencias absolutorias, como ya hemos señalamos (Rollo 709/2024), deviene necesario tener en cuenta el detallado pronunciamiento del Tribunal Constitucional en su sentencia 7-5-2024 (STC 72/2024), la cual indica que:
"...
d) Posibilidades y límites de la revocación de sentencias absolutorias cuando se ha producido la vulneración de garantías constitucionales procesales de la parte acusadora
La jurisprudencia constitucional ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre las posibilidades y límites de la revocación de sentencias absolutorias en instancias de revisión en virtud de la capacidad impugnatoria de la valoración probatoria reconocida a las acusaciones. Con carácter general, los pronunciamientos de este tribunal en esta materia han estado vinculados con tres tipos de supuestos: (i) la revocación de sentencias absolutorias acompañada de un pronunciamiento condenatorio; (ii) la revocación de sentencias absolutorias por lesión de garantías procesales de las acusaciones; y (iii) la revocación de sentencias absolutorias de tribunales de jurado por defectuosa motivación del veredicto.
(i) Aunque solo desde la reforma operada en la Ley de enjuiciamiento criminal por la citada Ley 41/2015, de 5 de octubre, ha sido expresamente reconocida en su art. 792.2 la prohibición de condenar en apelación al encausado absuelto en primera instancia, o de agravar la condena previa como consecuencia de la apreciación de un error en la valoración de la prueba, dicha regla estaba vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre (del Pleno).
Como con extenso pormenor se expone en la STC 88/2013, de 11 de abril , del Pleno, FFJJ 7 a 9, con el objetivo de adaptarse más estrictamente a las exigencias del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fijó este tribunal una nueva interpretación del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías, en favor del acusado. Más específicamente, la referencia fue entonces la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el contenido del artículo 6.1 CEDH , tal y como en esta materia se venía estableciendo desde la STEDH de 26 de mayo de 1988 (caso Ekbatani contra Suecia ). Como dijimos, el tribunal europeo, partiendo de la idea de que "el proceso penal constituye un todo y la protección del artículo 6 [CEDH ] no termina con el fallo de primera instancia", había señalado que, conforme a su propia jurisprudencia, "el Estado que organiza tribunales de apelación o casación tiene el deber de asegurar a los justiciables [...] las garantías fundamentales del citado precepto" (§ 24).
Asumiendo dicho contenido, este tribunal reiteró desde entonces que resulta contrario a un proceso con todas las garantías que, conociendo a través de recurso, un órgano judicial funde la condena de quien ha sido absuelto en la instancia, o agrave su situación, como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas -como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados- cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en una vista pública, en presencia del órgano judicial que las valora y de forma contradictoria, esto es, en presencia y con la intervención del acusado.
Dicho criterio inicial fue también aplicado a aquellas decisiones de revisión que, sin alterar el relato de hechos probados declarado en la instancia, fundamentaban la condena del acusado en la distinta apreciación de la concurrencia de elementos subjetivos del delito (aquellos que tienen que ver con la intención que guía a su autor o el grado de compromiso con la acción ejecutada que cabe reprocharle). En tales casos, el canon constitucional establecido conduce a apreciar la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías únicamente cuando, sin la celebración de vista pública y contradictoria, la diferencia de criterio se razona a partir del resultado de pruebas personales, quedando excluida la vulneración cuando procedía de pruebas documentales ( SSTC 328/2006, de 20 de noviembre , y 91/2009, de 20 de abril ). Posteriormente, a partir de la STC 184/2009, de 7 de septiembre , FJ 3, la doctrina constitucional inicial fue complementada con otra adicional relativa a la exigencia de garantizar al acusado la posibilidad de exponer su versión personal sobre su participación en los hechos que se le imputan ante el tribunal llamado a revisar la decisión absolutoria impugnada ( STC 45/2011, de 11 de abril , FJ 3, in fine).
La conjunción de ambas perspectivas define hoy parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías que, en la segunda instancia penal, se reconoce al acusado. Según declaró el Pleno en la citada STC 88/2013, de 11 de abril , "de conformidad con la doctrina constitucional establecida en las SSTC 167/2002 y 184/2009 , vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado una audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias, y se dé al acusado la posibilidad de defenderse exponiendo su testimonio personal".
(ii) Un segundo grupo de casos a los que se ha enfrentado la jurisprudencia constitucional viene representado por aquellos en los que la revocación de sentencias absolutorias trae causa de la vulneración de garantías procesales constitucionalmente reconocidas a la acusación, bien en el art. 24.2 CE , bien en la interdicción de la indefensión del art. 24.1 CE . La jurisprudencia constitucional al respecto aparece expuesta, entre otras, en las SSTC 4/2004, de 14 de enero, FJ 4 ; 23/2008, de 11 de febrero , FJ 3, y más recientemente resumida en la STC 9/2024, de 17 de enero , FJ 3 A) e) (i).
Esta jurisprudencia se puede concretar destacando que resulta constitucionalmente admisible la anulación de una resolución judicial penal materialmente absolutoria en aquellos casos en los que se constate la quiebra de una regla esencial del proceso en perjuicio de la acusación ya que, en ese escenario, la ausencia de garantías no permite hablar de "proceso" en sentido propio, ni puede permitir tampoco que la sentencia absolutoria adquiera el carácter de inatacable en la medida en que ha sido dictada en el seno de un proceso penal sustanciado sobre un proceder lesivo de las más elementales garantías procesales de las partes.
Como se relacionaba a título de ejemplo en la ya citada STC 23/2008 , en aplicación de esta doctrina no se ha objetado la constitucionalidad de la anulación de pronunciamientos absolutorios en supuestos como la inadmisión de una prueba de la acusación relevante y decisiva cerrándose la causa sin practicarla ( STC 116/1997, de 23 de junio ); por haberse negado el acceso a los recursos contra el archivo de la causa, habiendo mostrado el recurrente su voluntad inequívoca de personarse en el proceso penal ( STC 16/2001, de 29 de enero ); porque se sustanció el recurso de queja dando lugar al auto de sobreseimiento libre sin contradicción del querellante ( STC 178/2001, de 17 de septiembre ); por haberse sustanciado el recurso de apelación sin unir el escrito de impugnación de la acusación particular y, por tanto, sin que el órgano judicial lo tomara en consideración ( STC 138/1999, de 22 de julio ); por haberse producido una incongruencia extra petitum al introducirse en la sentencia un elemento que no había sido objeto de debate contradictorio ( STC 215/1999, de 29 de noviembre ); o por haber admitido el órgano de apelación la pretensión de legitimación del actor y entrar en el fondo sin juicio oral en el que las partes hubieran podido ejercer su derecho de defensa sobre la cuestión de fondo ( STC 168/2001, de 16 de julio ).
(iii) Un último grupo de casos lo constituye la revocación de sentencias absolutorias de tribunales de jurado por defectuosa motivación del veredicto. La jurisprudencia constitucional establecida al respecto se desarrolla en un contexto de especial singularidad como es el referido a las bases de la construcción del juicio fáctico y la declaración de culpabilidad por parte de un tribunal de jurado, lo que la condiciona y circunscribe intensamente. No obstante, las bases constitucionales sobre las que se ha configurado esa jurisprudencia resultan de utilidad para la finalidad ahora pretendida de perfilar los criterios conforme a los cuales la jurisprudencia constitucional debe afrontar la cuestión del alcance y límites constitucionales de la impugnación y revocabilidad de sentencias penales absolutorias con fundamento en discrepancias sobre el juicio fáctico o la existencia de duda razonable.
La jurisprudencia constitucional en la materia, con los precedentes de la ya establecida en las SSTC 169/2004, de 6 de octubre ; 246/2004, de 20 de diciembre ; 192/2005, de 18 de julio , o 115/2006, de 24 de abril , aparece resumida en la STC 112/2015, de 8 de junio , que incide en las siguientes consideraciones:
(a) Es constitucionalmente posible anular las resoluciones judiciales penales materialmente absolutorias en aquellos casos en los que se constate la quiebra de una regla esencial del proceso en perjuicio de la acusación (FJ 4).
(b) El derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, lo que permite un control, desde el prisma de ese derecho, sobre si el veredicto o la resolución judicial que lo recoge son manifiestamente infundados, arbitrarios, irrazonables o irrazonados, o bien son fruto de un error patente que derive de las actuaciones (FJ 5).
(c) Es conforme con la Constitución que, en un procedimiento de revisión de una sentencia absolutoria pronunciada por un tribunal de jurado, esta sea revocada con fundamento en la existencia de una arbitrariedad en su motivación lesiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las acusaciones (FJ 6). A esos efectos, el Pleno de este tribunal destacó en la citada STC 169/2004 , que los defectos constitucionales de motivación suponen "en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), en su vertiente de derecho a obtener una resolución razonablemente razonada y fundada en Derecho, que entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho ( art. 1 CE ) y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante de la ley, cuya finalidad última es la interdicción de la arbitrariedad, mediante la introducción de un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de las resoluciones por los tribunales superiores mediante los recursos que legalmente procedan (por todas, STC 221/2001, de 31 de octubre , FJ 6)" (FJ 4). De ese modo, en aplicación de esta jurisprudencia este tribunal ha confirmado en las citadas SSTC 169/2004, 246/2004 , 192/2005 o 115/2006 , la constitucionalidad de las decisiones judiciales dictadas en segundo grado que anulan sentencias absolutorias previas por defectuosa motivación en las actas de votación de los tribunales de jurado.
En atención a lo expuesto en los tres apartados anteriores, se constata que el fundamento esencial de la jurisprudencia constitucional en la materia es que una adecuada ponderación del elenco de garantías constitucionales de las que están revestidas las partes acusadas y acusadoras, partiendo de la ya señalada posición asimétrica de ambas, determina que la revocación de sentencias absolutorias solo resulta constitucionalmente justificada cuando concurran vulneraciones de las garantías constitucionales de las acusaciones que impidan considerar que el proceso se ha desarrollado conforme a reglas esenciales mínimas del procedimiento debido respecto de ellas. Esas garantías constitucionales son las referidas no solo a las que se derivan del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) o de la interdicción de la indefensión ( art. 24.1 CE ) sino también, en los términos expuestos, a las que se derivan de manera más genérica del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), incluyendo las referidas al deber constitucional de motivación, que excluye aquella que puede ser calificada como arbitraria, manifiestamente irrazonable o incursa en un error patente.
e) Determinación del alcance y límites constitucionales de la facultad de impugnación y revisión del juicio fáctico de las sentencias absolutorias que se basan en la apreciación de duda razonable
Una vez expuestas las consideraciones anteriores derivadas de la jurisprudencia constitucional más relevante en este caso, resulta necesario proyectarlas a las posibilidades de revocación de sentencias absolutorias con fundamento en la existencia de discrepancias sobre el juicio fáctico o la apreciación de duda razonable -esto es, valoración probatoria- establecido en la sentencia impugnada.
A esos efectos, es necesario destacar que el modelo limitado de revisión en segundo grado que nuestro ordenamiento jurídico reconoce en favor de las partes acusadoras ha permitido siempre cuestionar en apelación el juicio fáctico de una sentencia absolutoria alegando la existencia de "error en la valoración de la prueba". A través de este motivo, en atención a que la pretensión es la revocación de una sentencia absolutoria, ha sido y es posible denunciar la manifiesta irrazonabilidad de las conclusiones probatorias que han llevado a la absolución, en tanto que vulneración de una de las garantías constitucionales esenciales de las partes acusadoras reconocidas en el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ). Sin embargo, no resulta posible, conforme a una interpretación constitucionalmente asumible de este motivo de recurso contra sentencias absolutorias, que a su amparo se vuelvan a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral de instancia para, de ellas, extraer una conclusión probatoria alternativa que confronte y pretenda sustituir la alcanzada en la instancia. Dada su naturaleza, la revisión que es posible en segundo grado no se refiere a las pruebas en sí mismas, sino a la sentencia recurrida, y a la fundamentación de su valoración.
Por tanto, las posibilidades efectivas de revocación de una sentencia absolutoria al amparo de este motivo de recurso se limitan constitucionalmente a un control de razonabilidad cuyo objeto puede extenderse: (i) a la motivación o justificación de la conclusión probatoria, cuando resulte ausente, insuficiente o apoyada en un error de hecho patente que derive de las actuaciones; (ii) a la utilización de reglas de inferencia fáctica contrarias a la lógica, el conocimiento científico o las máximas de experiencia; (iii) a la omisión de razonamiento sobre pruebas practicadas que sean relevantes para el fallo; o finalmente (iv) a la previa decisión de excluirlas del acervo probatorio por considerarlas inválidas (contrarias a los principios de igualdad de armas y contradicción) o ilegítimas (por haberse declarado que fueron obtenidas como consecuencia de la vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales sustantivos). Se trata, en última instancia, de criterios de control que son garantía frente a la arbitrariedad de la decisión judicial absolutoria lesiva de una garantía constitucional esencial de las acusaciones reconocida en el art. 24.1 CE , y que, sintetizando jurisprudencia anterior, han sido oportunamente recogidos en el art. 790.2 LECrim . tras su reforma por Ley 41/2015.
Atendiendo a los criterios expuestos, que son parámetro constitucional de control de las decisiones sobre el juicio fáctico de instancia adoptadas en apelación, es posible distinguir conceptualmente el juicio sobre el hecho y sobre la prueba, que realiza el juzgador de instancia, y la revisión de la racionalidad del juicio probatorio de instancia, que realiza el juez de segundo grado o de apelación, sin que pueda introducir hechos o establecer nuevas conclusiones probatorias.
En conclusión, para desarrollar la tarea de control de la racionalidad y suficiencia de la decisión absolutoria al amparo de una causa de recurso que permita controvertir el juicio fáctico de la instancia en que se basa la absolución, el juez de segundo grado debe acudir a la sentencia y no a las pruebas: el vicio de justificación que posibilita la anulación de la sentencia absolutoria con fundamento en una eventual vulneración de la interdicción de la arbitrariedad como garantía constitucional esencial de las acusaciones reconocida en el art. 24.1 CE , debe emerger del texto de la decisión, confrontado con el desarrollo del juicio y la prueba documental que a él ha accedido, que siempre puede ser tomada en consideración a estos efectos ( STC 120/2009, de 18 de mayo , FJ 4). Todo ello sin perjuicio de que las omisiones valorativas probatoriamente relevantes denunciadas por la acusación sean verificadas por el órgano revisor, en todo caso, sin prejuzgar el resultado de un nuevo enjuiciamiento. El control que es posible en apelación para controvertir el juicio fáctico de una sentencia absolutoria no consiente el acceso a las fuentes de prueba para reevaluarlas dado que, en nuestro modelo de revisión sería contrario a las garantías del juicio justo, que no permiten en ese contexto impugnatorio de las acusaciones una valoración alternativa de las inferencias fácticas ni una reconstrucción del hecho probado."
TERCERO.-Recurso de Elvira.
3.1. Como puede apreciarse en el escrito de recurso las objeciones no se dirigen a la sentencia, sino a las pruebas y su valoración. Se pretende que la sala realice una nueva valoración de la prueba practicada, con el fin de cambiar las conclusiones a las que ha llegado el Juez de instancia y las modifique por aquellas que se ajustan a sus intereses. Objetivo precisamente vedado a la Sala, que no debe realizar esta actividad de revaloración de la prueba.
3.2. Como señala en su conclusión el Tribunal Constitucional, el objeto de revisión no deben ser las diferentes pruebas, sino el texto concreto de la sentencia. La pretendida nulidad de la sentencia debe fundamentarse en: evidenciar que existe un error de hecho patente; una inferencia fáctica contrarias a la lógica, el conocimiento científico o las máximas de experiencia; la omisión de razonamiento sobre pruebas practicadas; o la exclusión de prueba con vulneración directa o indirecta de derechos fundamentales sustantivos.
3.3. En el análisis de la sentencia no se aprecia ninguno de estos supuestos. La conclusión del Juez de instancia sobre la base de las declaraciones vertidas en juicio y de la documental obrante, según la cual se aprecia una voluntad de atender los pagos en la medida de sus posibilidades existe y existe una duda razonable sobre la capacidad económica del acusado para atenderlos, no puede ser tachada de burda o producto de un error claro y patente. Tampoco es ilógica y contraria a las reglas de la experiencia; ni deriva de la ignorancia o exclusión de pruebas.
3.4. Por tanto, el recurso no puede prosperar. No estando habilitado este tribunal para revocar o declarar la nulidad de la sentencia, sobre la base de valorar de forma diferente la prueba practicada con todas las garantías. Por lo que el recurso decae.
CUARTO.-Recurso del Ministerio Fiscal.
4.1. Alega formalmente como motivos impugnatorios: la falta de motivación; un error en la valoración de la prueba y finalmente, indebida aplicación del art. 227 CP; si bien todos los motivos impugnatorios hacen referencia a la valoración de la prueba. En el primer motivo se objeta que se otorgue credibilidad a la declaración del acusado, cuando existen otras pruebas que, según valoración del Ministerio Fiscal, acreditan su capacidad económica en 2020. En el segundo término, insiste en que, de conformidad con la investigación patrimonial del acusado, queda evidente su capacidad económica en 2020 y 2021, desvalorando las pruebas documentales aportadas por la defensa al inicio del juicio. Y finalmente, que la valoración sobre la intención de efectuar los pagos se ha realizado sobre hechos posteriores a los del procedimiento.
4.2. Como se puede apreciar, a lo largo del recurso, el Ministerio Fiscal considera carentes de motivación aquellas valoraciones que resultan contrarias a sus valoraciones. La valoración fundamental del Juez de instancia es que, del cuadro probatorio resultante de las pruebas obrantes en la causa; no ha quedado debidamente acreditado que Narciso de manera voluntaria hubiese dejado de pagar la pensión de alimentos a favor de sus hijos. La motivación fundamental es que, teniendo en cuenta los ingresos y los diversos gastos, entre ellos deudas provenientes de la época de convivencia, existe al menos una duda razonable en cuanto a que los impagos que se aprecian lo sean por falta de voluntad por parte de Narciso; sin que su situación económica permita evidenciar, sin ningún género de dudas, que tiene capacidad para ello.
4.3. No adolece por tanto la sentencia de falta de motivación. Cosa diferente es que, el Ministerio Fiscal no la comparta. De conformidad con la valoración del Ministerio Fiscal los documentos aportados por el acusado, relacionados con sus ingresos, son en su criterio plenamente suficientes para poner en evidencia que los impagos derivan de un abandono voluntario de la obligación. Mientras que la documental relacionada con pagos o embargos, no tiene valor probatorio. Contienda que, pone en evidencia que lo objetado en la sentencia es la valoración que de las pruebas hace el Juez de instancia.
4.4. En definitiva, tratándose de la valoración de elementos subjetivos, como lo son la voluntad o no del abandono de la obligación alimentaria de sus hijos, no aprecia la Sala que la valoración judicial derive de un error evidente o diáfano; ni que se llegue a conclusiones abiertamente ilógicas o contrarias a las reglas de la experiencia. Por el contrario, la Sala encuentra razonado y razonable afirmar que, del cuadro probatorio resultante, en el cual se aprecian las precarias circunstancias en las que desarrolla la actividad laboral Narciso, los gastos que manifiesta, los embargos que atiende, los pagos atendidos, no permiten afirmar que son inequívocos de una voluntad de abandono de la obligación hacia sus hijos. Incluso la resaltada compra del coche, valorada por el Ministerio Fiscal de la capacidad económica, fue explicada por el acusado como un gasto que asumió solo por la expectativa de poder ver a sus hijos. Así como los pagos presentes, que si bien en principio no hacen referencia a los hechos denunciados (tercer motivo de impugnación), si forman parte de la voluntad de cumplir con su obligación. Por lo que la Sala no puede sino asumir como propia la valoración del Juez de instancia, máxime si como es en este caso, viene relacionada con los elementos subjetivos del tipo penal, estando el Juez en mejor posición que la Sala para valorar tales extremos.
4.5. A mayor abundamiento, como manifiesta la representación procesal de la defensa, conviene clarificar que, de conformidad con los hechos probados de la sentencia y las pruebas obrantes, no figura debidamente acreditado el hecho aducido por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, según el cual la medida adoptada mediante auto de fecha 20 de marzo de 2020 del Juzgado de Instrucción 6 de Vilanova y la Geltrú, permaneció vigente con posterioridad a la vigencia establecida en el mismo auto, hasta el 20 de diciembre de 2021, cuando se adopta mediante sentencia de divorcio una medida definitiva. Vigencia que el acusado manifestó desconocer y no haber sido informado.
4.6. Reconoce el acusado conocer y haber cumplido la inicial obligación de pago adoptada por auto de fecha 20 de marzo de 2020, cuya vigencia en sus palabras era de 30 días y 30 días más. Se desconoce, por no obrar en la causa, si el procedimiento en vía civil se presentó dentro de los 30 días siguientes al auto y si en tal procedimiento se adoptaron medidas provisionales. Así como la eventual fecha de notificación de las mismas al acusado. La única constancia posterior es la sentencia de divorcio de fecha 20 de diciembre de 2021, que impone medidas definitivas. De tal forma que, las objeciones centradas en la valoración de la prueba, referidas al período comprendido entre abril de 2020 y diciembre de 2021, no solo deben ser rechazadas por tener vetada la Sala la revaloración de las pruebas, sino adicionalmente, por no tener soporte probatorio los hechos que se pretenden como probados.
4.7. Finalmente, entiende la Sala que el recurso que solicita la nulidad, como única vía para conseguir invertir la revisión de una sentencia absolutoria, con la pretensión de transformarla en una condenatoria, tampoco tiene la viabilidad que pretende el Ministerio Fiscal. No puede la Sala decretar la nulidad de la sentencia y proferir una nueva en sentido condenatoria (pretensión principal); ni puede anularla ordenando al juez de instancia que la modifique por una en sentido condenatorio (pretensión secundaria). Lo que finalmente pretende el Ministerio Fiscal es que, tras revalorar la prueba, la Sala determine un nuevo relato de hechos probados y que, le devuelva al Juez de instancia la sentencia para que la rehaga sobre la base del relato fáctico modificado. Un camino que no se ajusta a nuestro modelo procedimental, tal y como se puso de relieve al inicio.
4.8. Por todo ello, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la Sentencia apelada.
QUINTO.-No procede hacer especial imposición de las costas causadas en la presente alzada.
VISTOSlos preceptos legales y principios citados y demás de general y pertinente aplicación.
