Sentencia Penal 11/2025 Audiencia Provincial Penal de Pontevedra nº 4, Rec. 764/2024 de 28 de enero del 2025

Primero.- Planteamiento de la controversia

1. Es objeto de recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra el día 4 de marzo de 2024, en el marco del procedimiento abreviado 348/2023, por la que se condena, en lo que aquí ahora nos interesa para el juicio de revisión, a Horacio por la comisión de dos delitos leves de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal, en relación con los hechos ocurridos el día 16 de julio de 2022 cuando se encontraron en el interior del bar Mirado, sito en el lugar de Cruceiro, Randufe, municipio de Tui, el apelante Horacio, el encausado y también condenado Calixto y la perjudicada María Purificación.

2. El recurso formulado por Horacio se articula, aunque de forma un poco confusa, en torno a cuatro concretos motivos:

-Improcedencia de la condena a indemnizar a María Purificación en la cantidad de 98,73 euros.

-Error en la valoración de la prueba.

-Individualización y extensión de la pena.

-Improcedencia de la imposición de las dos terceras partes de las costas del proceso.

3. el Ministerio Fiscal y la defensa de Calixto impugnan los recursos.

Segundo.- Sobre la improcedencia de la condena a indemnizar a María Purificación

4. Se alega en el escrito de recurso, al respecto, que la Sra. María Purificación renunció en el juicio de forma precisa y clara a indemnización alguna en concepto de responsabilidad civil.

5. Dispone el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo siguiente:

"Las personas perjudicadas por un delito que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercitar las acciones civiles que procedan, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones. Si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas."

Y, lo que es más importante para el caso, añade:

"Aun cuando las personas perjudicadas no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante."

6. Como, efectivamente, ya dijo esta misma sección cuarta en la sentencia 89/2018, de 13 de junio, reseñada por el propio apelante, la renuncia a la indemnización ha de ser expresa y terminante. Decíamos en dicha resolución:

"Como señala la STS 812/2017 haciendo expresa referencia al artículo 108 LECRIM , la renuncia no se presume, no haberse constituido en parte, no reclamar o no estar localizada no son causas que permitan deducir una renuncia que ha de ser expresa y terminante. En este caso, es en el plenario y en presencia de la juzgadora donde la parte renuncia a la indemnización por las lesiones; sin que haya prueba que acredite afectación psíquica alguna que pueda poner en duda, aun existiendo, su capacidad para renunciar a la indemnización y su comprensión de lo que ello supone y vinculada la responsabilidad civil al principio rogatorio, no procede la fijación de indemnización interesada."

7. Haciendo aplicación de esta doctrina, por otra parte reiterada en sentencias del Tribunal Supremo como la 145/2021, de 18 de febrero, o 209/2023, de 22 de marzo, el motivo ha de ser rechazado. Porque el visionado del soporte videográfico del juicio permite verificar cómo María Purificación, contrariamente a lo que se afirma en el recurso, en ningún momento hizo ver en el curso de su testifical su renuncia terminante, clara y expresa a ser indemnizada. Se limitó a manifestar, al contestar a las preguntas generales de la ley, que actualmente no tenía relación con ninguno de los dos acusados y que carecía de interés en la causa en el sentido de que Horacio o Calixto resultaran condenados o absueltos ("ahora ya me da igual todo",dijo), pero no manifestó su renuncia a ser resarcida en su condición de víctima de la agresión perpetrada por Horacio.

8. Consiguientemente, la condena impuesta a Horacio a indemnizar a su prima María Purificación en concepto de responsabilidad civil "ex delicto", acorde a lo solicitado por el Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es procesalmente correcta y el motivo ha de ser rechazado.

Tercero.- El error en la valoración de la prueba y la infracción del derecho fundamental de presunción de inocencia

9. La mayor parte del recurso se fundamenta, aunque no se enuncie de un modo expreso, en la ausencia de prueba de cargo que permita enervar el derecho constitucional de presunción de inocencia, excluyendo, por ende, la posibilidad de condena del coacusado Horacio.

10. En relación con el error en la valoración de la prueba, es preciso recordar cómo la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que, por regla general, debe reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el juez en cuya presencia se practicaron, pues es este juzgador quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente la expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta al modo en que narran los hechos sobre los que son interrogados quienes deponen en su presencia, haciendo posible a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

11. Así, en esta nueva instancia, sin haber presenciado personalmente tal prueba, sólo cabrá apartarse de la valoración que de la misma hizo el juez ante quien se practicó en muy contadas circunstancias: por ejemplo, si se declara como probado en base a ella algo distinto de lo que dijo el declarante y que no resulta de ningún otro medio probatorio, o si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto, o la certeza de uno no tenido en cuenta.

12. Dicho de forma más resumida, el tribunal que conoce del recurso de apelación deberá limitarse, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada en la primera instancia, a verificar si las conclusiones que el juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas, no pudiendo sustituir aquella valoración de la prueba por la propia del tribunal y mucho menos por la que haga la parte interesada.

13. En esta línea, por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2012 afirma que "la sentencia que fundamente el fallo y, en concreto, la declaración de Hechos Probados en pruebas de carácter personal, como las declaraciones de acusados y testigos, no puede ser modificada por un Tribunal Superior que no ha tenido ocasión de presenciar con la insuperable ventaja de la inmediación la práctica de esas pruebas y, por lo tanto, carece de la posibilidad de modificar la valoración que de esos elementos probatorios hizo el Tribunal sentenciador en el ejercicio de su soberana competencia que le atribuye el art. 741 L.E.Cr . para valorar en conciencia esas pruebas.

Del mismo modo que, paralelamente, el pronunciamiento del Tribunal a quo sobre la credibilidad que le merezca la declaración de la víctima o de otros que deponen ante él, es ajena al recurso de casación, por las mismas razones, pues dicho pronunciamiento depende muy especialmente de la percepción inmediata de las declaraciones, de la que esta Sala carece (STC 046/2011, de 11 de abril ; STEDH de 22 de noviembre de 2011 ; STS de 26 de enero y 1 de febrero de 2012 ).

De suerte que, en uno y otro caso, el resultado valorativo de esas pruebas personales al que llegó el Tribunal de instancia, únicamente podría ser invocado en casación "cuando del contenido de las pruebas de cargo y de descargo evidencien fehacientemente unas conclusiones irracionales, absurdas, meramente voluntaristas o arbitrarias" (véase, entre muchas más, STS de 16 de diciembre de 2010 ).

Este mismo criterio se expresa en otras muchas resoluciones, como la STS de 1 de febrero de 2012 , en la que con meridiana claridad se declara que debe quedar absolutamente claro que ni el Tribunal Supremo ni ningún otro pueden legalmente exigir a los Jueces y Tribunales la forma y manera con que han de valorar las pruebas que se practican a su presencia, con inmediación, oralidad y contradicción, sobre todo cuando se trata de pruebas de carácter personal, porque en esa función el art. 741 L.E.Cr . consagra la absoluta y exclusiva soberanía del juzgador de instancia y solo le requiere a que evalúe "en conciencia" esos elementos probatorios. Por eso mismo, los Tribunales Superiores no están facultados para imponer requisitos en el ejercicio de esa función, sino solamente -como tantas veces se ha dicho por esta Sala- proponer pautas meramente orientativas para el ejercicio de esa actividad valorativa de las pruebas personales. Esta es la razón por la que, en todo caso, la credibilidad que los Jueces o Tribunales sentenciadores otorgan a quienes deponen ante ellos no pueda ser objeto de revisión casacional, con la única excepción de que la valoración de esos testimonios de los perjudicados o de otros comparecientes se revela manifiestamente absurda, ilógica y arbitraria atendido el contenido objetivo de las mismas.

En el mismo sentido, STC nº 046/2011, de 11 de abril , STEDH de 22 de noviembre de 2011 , y SSTS de 15 de marzo y 24 de abril de 2012 ".

14. En este caso, el juez de la instancia ha dictado su sentencia en uso de las facultades que le confiere el artículo 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral, con la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, llegando a la conclusión de que los hechos ocurrieron tal y como se declaran probados en la sentencia recurrida. Y de la prueba practicada desde luego no puede concluirse que tal apreciación sea errónea o ilógica, habiendo valorado el juez con libertad de criterio las declaraciones prestadas a lo largo de la vista, con la indudable ventaja y trascendencia que permite la inmediación, explicando específicamente y en proceso lógico, frente a las alegaciones vertidas ahora en su recurso por el encausado, los motivos que le han llevado a formar su convicción acerca de la culpabilidad de éste en relación con los hechos por los que fue denunciado.

15. El recurrente pretende a lo largo de su recurso cuestionar la prueba de cargo y su valoración por parte del juez. Sin embargo, el visionado del soporte videográfico del juicio no hace sino reforzar lo anteriormente expuesto, porque si una cosa queda evidenciada es que la condena, contrariamente a lo que se afirma en el recurso, no carece de pruebas que la sustenten, sino que se fundamenta en una valoración conjunta de las pruebas practicadas, concretamente interrogatorios de los coacusados, testificales y pericial. Y resulta en este concreto supuesto especialmente contundente la declaración del acusado Calixto, porque su testimonio se percibe totalmente creíble al reconocer los hechos incriminatorios por los que fue acusado, perjudicándose a sí mismo con su autoinculpación en mucha mayor medida que en lo que afectó al otro acusado, Horacio, la declaración de Calixto: éste fue condenado por un delito de lesiones menos graves del artículo 147.1 del Código Penal y a indemnizar a Horacio por el cabezazo propinado en la suma de 7.419,89 euros; mientras que Horacio, fruto del testimonio de Calixto, corroborado por las testificales de María Purificación y Herminia y por los informes médicos forenses aportados al expediente, fue condenado por dos delitos leves de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal y a dos indemnizaciones mucho menores de 98,73 euros (para María Purificación) y 131,64 euros (para Calixto, compensada con la suma impuesta a éste a favor de Horacio).

16. Consiguientemente, y dado que los testimonios prestados por los testigos propuestos por la defensa de Horacio nada aportan al esclarecimiento de los hechos, mucho menos para desvirtuar la muy creíble versión del coacusado Calixto, cuya declaración fue valorada por el juez, al igual que el resto de la prueba personal, desde la privilegiada posición que proporciona la inmediación, cabe afirmar que el juez ha ponderado la prueba practicada -incluida la pericial forense- certeramente, sin que se aporten datos o elementos, más allá de la mera versión de la defensa del apelante, que conduzcan a afirmar que la valoración ha sido caprichosa o manifiestamente errónea.

17. A esta sala le corresponde el control sobre la racionalidad de la valoración efectuada por el juez a quo, sin que ello suponga una completa y nueva valoración de las pruebas personales cuya práctica no hemos presenciado. Y, en este sentido, se explica en la resolución recurrida que la base de la declaración de los hechos probados ha sido la declaración testifical de la denunciante María Purificación, junto con el reconocimiento de los hechos por parte del acusado Calixto, y la corroboración proporcionada por la testigo Herminia y los informes forenses de sanidad que figuran en los acontecimientos 60, 84 y 86 del expediente digital (DPA NUM000).

18. En definitiva, las conclusiones a las que llega el juez de instancia tras el análisis de la prueba practicada en el acto del juicio, ni son arbitrarias, ni voluntaristas, ni ilógicas, ni irracionales por mucho que el apelante discrepe de la valoración probatoria realizada por el juez, por lo que este tribunal debe mantenerlas.

19. Ningún error se aprecia, como indicamos, en la inferencia realizada por el juez de instancia que nos pudiera llevar a la modificación del relato de hechos probados, único aspecto en el que el tribunal puede entrar al carecer de inmediación (como ya hemos indicado) y tratarse de prueba de carácter personal, no siendo posible sustituir la valoración realizada por aquél, objetiva e imparcial, por la que propone el recurrente en sede de recurso, subjetiva, interesada y acomodada a lo que es propio del derecho de defensa que le asiste.

Cuarto.- La individualización y extensión de la pena impuesta

20. Afirma el apelante que la pena impuesta -dos meses multa, con una cuota diaria de seis euros, para cada uno de los dos delitos leves de lesiones- es desproporcionada, sobre todo acudiendo a una comparativa respecto de la condena impuesta a Calixto por un delito de lesiones de mucha más entidad -seis meses de multa, con una cuota diaria de tres euros, por un delito de lesiones menos grave-.

21. El motivo igualmente ha de ser desestimado atendiendo a que el juez no fija la pena de modo irracional o arbitrario, sino que, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal, individualiza la sanción razonando el porqué de su decisión, que atiende fundamentalmente a la naturaleza de las concretas acciones realizadas por Horacio -un golpe en la cara a María Purificación y varios golpes en el cuerpo a Calixto en el curso de la pelea mantenida con éste- y a las consecuencias lesivas de las mismas. Además, obvia interesadamente el apelante que la individualización de la pena impuesta a Calixto, reducida a la mínima prevista en el artículo 147.1 del Código Penal, vino dada por su propio reconocimiento de los hechos en el acto del juicio oral.

Quinto.- La imposición de las costas procesales de la primera instancia

22. La sentencia de instancia impone a Calixto una tercera parte de las costas del juicio y a Horacio las otras dos terceras partes. Este se opone en su recurso al considerar el criterio desproporcionado.

23. Entendemos que no hay infracción de los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni del artículo 123 del Código Penal, porque ha de tenerse en cuenta que Calixto fue condenado por un delito de lesiones menos grave mientras que el ahora apelante lo fue por dos delitos leves de lesiones, existiendo proporcionalidad en la imposición de las costas (1/3 y 2/3 partes respectivamente), acorde con lo que dice, entre otras, la sentencia 989/2022, de 22 de diciembre, del Tribunal Supremo:

"En relación al reparto del pago de las costas por cada uno de los condenados, conforme exponíamos en la sentencia de esta Sala núm. 140/2010, de 23 de febrero, "la jurisprudencia de este Tribunal ha declarado reiteradamente, de forma clara y concisa, que, en principio, las cosas procesales han de distribuirse conforme al número de delitos de enjuiciados, dividiendo luego la parte correspondiente entre los distintos condenados; y que, cuando los condenados sean absueltos de uno o varios delitos y condenados por otro u otros, las cuotas correspondientes a las infracciones de las que han sido absueltos deberán declararse de oficio. En todo caso, y a estos efectos, ha de estarse a las acusaciones mantenidas en las conclusiones definitivas.

Ahora bien, conforme expresa la sentencia de esta Tribunal dictada en la causa núm. 459/2019, de 14 de octubre, por delitos enjuiciados debe entenderse hechos punibles y no calificaciones diferentes. En este sentido se explica que "La distribución de las costas cuando existen varios penados y/o varios delitos -objeto procesal plural objetiva o subjetivamente- admite dos sistemas: reparto por delitos o por acusados.

La jurisprudencia se ha decantado por la fórmula basada en una fragmentación de las costas según el número de delitos enjuiciados -hechos punibles y no calificaciones diferentes: lo que tiene aquí relevancia pues obliga a dividir por hechos y no por tipificaciones esgrimidas-. Dentro de cada delito -hecho penalmente relevante- se divide entre los que han sido acusados como partícipes de cada uno para declarar de oficio la parte correspondiente a los absueltos y condenar a su respectiva fracción a los condenados.""

Sexto.- Las costas procesales del recurso de apelación

24. No apreciándose temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas procesales de la presente alzada.