Sentencia Penal 57/2026 Audiencia Provincial Penal nº 4 de Pontevedra, Rec. 58/2025 de 24 de febrero del 2026

PRIMERO.-Se formula acusación por la entidad que resultó adjudicataria, en el procedimiento concursal, de las participaciones sociales de la entidad "Ganadera del Piloño, S.L." de las que era cotitular el concursado, Sr. Arsenio, al no haber ingresado el mejor postor el precio del remate, y lo hace en base a cuestionar la legalidad y licitud de una serie de acuerdos sociales, operaciones, y reclamaciones, en las que tuvieron alguna participación o intervención los acusados, considerando que los delitos objeto de acusación resultan acreditados a través de la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, y por tanto por, además de la documental que obra en la causa, la pericial y testifical practicada, si bien, tal y como resulta de la declaración de Hechos Probados de la presente resolución, no ha quedado ni mínimamente acreditada la concurrencia de los necesarios elementos típicos de los distintos delitos objetode acusación, y así:

En cuanto al delito A), delito de administración desleal, del artículo 252, en relación con el 250 , y 74, todos ellos del Código Penal , éste se imputa a los acusados, D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, en concepto de autores, y D. Octavio en calidad de cooperador necesario; de acuerdo con aquel tipo penal, "se castiga con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.".

El tipo penal -entre otras STS 735/2023, de 05 de octubre de 2023-se compone de los siguientes elementos típicos: a) ostentar facultades de administración sobre un patrimonio ajeno; b) excederse en el ejercicio de esas facultades y c) causación de un perjuicio al patrimonio administrado.

De modo que solo puede ser autor del referido delito quien ostente facultades de administración de un patrimonio ajeno, y es preciso que aquel en el ejercicio de esas facultades haga un uso indebido de las mismas -ya sea ejerciendo indebidamente competencias atribuidas, como extralimitándose en el ejercicio de las mismas-, de modo que infringe sus deberes y actuar de forma contraria a los intereses del patrimonio administrado, causándole a éste un perjuicio patrimonial.

En el presente caso, no existe uso indebido de facultades de administración por parte de los acusados, que por otra parte no todos ellos ostentaban en la fecha en la que se adoptaron todos y cada uno de los acuerdos cuestionados, sino que lo que la parte denuncia es la legalidad y licitud de los propios acuerdos sociales adoptados en Junta general y/o extraordinaria, por considerar que con ellos se deterioró el patrimonio de la mercantil, y en especial las participaciones sociales de la misma, lo cual resulta contrario a lo decidido por la Sentencia firme que desestimó la demanda en la que se interesó la anulación de aquellos acuerdos - Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial-, pues en aquella se considera que aquellos actos, acuerdos y operaciones carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso.

Por lo que se refiere al delito B), se trata éste del delito de falseamiento de cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal , del cual, la acusación particular, también considera autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio.

De acuerdo con el artículo 290 del Código Penal, cometen este delito "los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, y prevé las penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.".

Y así la conducta típica, objeto de acusación - STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas-, consiste en a) "falsear las cuentas de la sociedad u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad",se trata por tanto de un acto doloso de "falsear"; es decir, de alterar la realidad de los documentos cuya finalidad debe ser la de reflejar una imagen fiel y completa de la situación patrimonial de la empresa, siendo la enumeración que realiza el precepto una lista abierta, y amplísima, máxime cuando no se trata estrictamente de documentos económicos, sino también de aquellos otros que puedan reflejar la "situación jurídica" de la entidad, pudiendo tratarse de los libros de actas, los libros de contabilidad, balances, estados de ganancia y pérdida y memoria de la empresa, que muestran las cuentas anuales de una sociedad, etc., y b) que tal acción sea idónea para causar un perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero, de modo que el tipo básico no exige aquel resultado, que si se llegara a producir -causar el perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero-, se aplicaría el sub tipo agravado, y las penas se impondrían en su mitad superior ( STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas)

Pues bien, como sucede con el anterior delito objeto de acusación, en éste también se constata que no todos quienes son acusados como autores de aquel delito tenían facultades de administración de la mercantil, ni de derecho ni de hecho, cuando supuestamente se habría cometido la conducta ilícita, -en concreto la Sra. Daniela y el Sr. Carlos Jesús fueron nombrados administradores mancomunados en acuerdo de 22/10/2015, y no consta que con anterioridad aquellos adoptasen e impusiesen decisiones de gestión de la sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, y lo mismo sucede respecto del Sr. Arsenio quien ostento el cargo de administrador desde julio de 2013 hasta octubre de 2015 ( STS 816/2006, de 26-7)-; en cuanto a este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre documentación contable de la mercantil -cuentas anuales según se dice-, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos, ni tampoco en cuanto a su idoneidad para causar un perjuicio económico a la entidad. Es por ello que, en base al principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, no puede condenar a los mismos como participes en aquel supuesto delito.

Como delito C), la acusación particular interesa la aplicación del tipo previsto en el artículo 253, en relación con el 250, y el artículo 74, todos ellos del Código Penal , de apropiación indebida, y lo hace, al igual que respecto a los anteriores, considerando autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario, D. Octavio, y también sin concretar ni hechos ni participación en los mismos de los acusados, en su escrito de acusación.

De acuerdo con aquel artículo, 253 del Código Penal, "serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.".

La Jurisprudencia -entre otras STS 253/2024, de 13 de marzo-recoge una serie de requisitos que deben darse:

a) una inicial posesión legítima, por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier cosa mueble;

b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa;

c) un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente, dándole un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado.

d) un elemento subjetivo, denominado ánimo de lucro, que se trasluce en la conciencia y voluntad de dicho agente, de disponer la cosa como propia.

En el presenta caso, como ya se anticipó, la acusación no concreta en su escrito de acusación, ni el título en virtud del cual se ostentaba la posesión legítima, ni el objeto material de la misma, ni describe en que consistió la conducta supuestamente ilícita. De modo que, también en cuanto a este delito, el principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, nos impide condenar a los acusados como participes en aquel supuesto delito.

En cuanto al delito D), falsedad en documento mercantil, del artículo 392, en relación con el 390.3 º, y 74 del Código Penal

El artículo 392 del Código Penal sanciona la falsedad documental realizada por alguien que no es funcionario público, protegiendo así la fe pública y la seguridad jurídica, castigando en su apartado 1, a "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.".y en el apartado 1,3º, del artículo 390, se prevé la modalidad consistente en 3. º cometer falsedad "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.".

También en cuanto es este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre las cuentas anuales de la mercantil según se dice, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos ni sobre los restantes elementos del tipo penal. Es por ello que, por las razones antes expuestas, no cabe dictar Sentencia condenatoria tampoco respecto de este delito.

Por lo que se refiere al delito E), delito de imposición de acuerdos sociales abusivos, del artículo 291 del Código Penal , también se acusa como autores, en sentido propio, a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y como cooperador necesario a D. Octavio,

El referido artículo castiga a "Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.".

En relación con este delito se debe tener en cuenta que como se reconoce en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña - confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia-, en el Edicto de 4 de noviembre de 2016, en el que se fijaron los lotes de la subasta judicial se incluyeron en el lote 1 las participaciones sociales en la mercantil "Ganadera del Piloño. S.L., haciéndose constar expresamente los acuerdos sociales cuestionados por la acusación -que constaban inscritos-, de modo que cuando se aprobó el remate, por Decreto de 19 de septiembre de 2017, la adjudicataria ya conocía la existencia de tales acuerdos, así como también, incluso antes, los conocía el administrador concursal, quien no obstante no los impugnó hasta bastante tiempo después, en concreto hasta mayo del año 2019, lo que motivó que en aquella Sentencia se considerase que existió una conformidad tácita, por parte de la administración concursal, con tales acuerdos, los cuales, como ya antes se manifestó, en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña luego confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia, se consideró que carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, por lo que en definitiva no perjudicaron a la sociedad.

De acuerdo con nuestra Jurisprudencia, - STS de 4 de marzo de 2010, nº recurso 1012/2009-, el delito en cuestión requiere la concurrencia de varios elementos indispensables:

a) Imponer acuerdos abusivos.

Se trata de que el órgano de decisión de la sociedad, adopten una decisión por una mayoría «impuesta» por el juego numérico de la composición del órgano. El acuerdo no tiene por qué ser jurídicamente inválido, puede ser formalmente regular, pero abusivo en el sentido en que el artículo 7 del Código Civil describe el abuso de derecho como «(...). Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero (...)».

b) Prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación.

Indica «aprovecharse» de esa posición de poder o ventaja numérica que tiene el actor y que le facilita la realización del hecho descrito; uso de posición dominante que por sí sola no es constitutiva de infracción penal si no va seguida del resto de requisitos. Posición dominante que no necesita de una situación permanente de superioridad o dominio sino que basta con que se haya configurado aquella en relación con un determinado acto o acuerdo que resulta abusivo.

c) Con ánimo de lucro propio o ajeno. Se trata de un delito doloso. No será suficiente, por tanto, pretender y obtener un lucro propio sino que se debe hacer siendo consciente de que con ello no se beneficia a la sociedad.

d) En perjuicio de los demás socios. Este es un dato objetivo, pues es contrastable dado que el perjuicio y la ausencia de beneficio lo es en términos de valoración económicamente objetiva. No se trata de perjuicios morales o inmateriales sino fijados en cantidades económicas.

e) Ausencia de beneficios para la sociedad. No es exigible que se perjudique a la sociedad, bastando con que de la actuación no obtenga ésta un fruto, pero sí el autor beneficio propio. Este requisito actúa a modo de una condición a la que se subordinaba todo el contenido del tipo penal. Se trata de un verdadero elemento negativo del tipo que neutraliza toda la conducta típica (mayoría dominante, imposición de acuerdo abusivo y lucro propio) y hace desaparecer la responsabilidad criminal, cuando al final de todo el camino delictivo se llega a la conclusión de que la maniobra inequívocamente ilícita desemboca en un beneficio efectivo para la sociedad. Todo ello sin necesidad de acreditar que los sujetos mayoritarios han actuado con el interés exclusivo de favorecer los intereses sociales.

En el caso examinado, ni los acuerdos cuestionados son abusivos, ni fueron adoptados prevaliéndose los sujetos que los adoptaron de una situación de superioridad, ni los acuerdos perjudicaron a la sociedad, e incluso, de revestir los hechos naturaleza delictiva, el sujeto pasivo del delito no lo sería la Entidad denunciante "Contratas de Mobiliario Urbano, S.L.", pues, sujeto pasivo de este delito solo puede ser el socio o socios que hubieran resultado perjudicados por el acuerdo abusivo, y cuando se adoptaron los acuerdos cuestionados la titularidad de las participaciones sociales, que luego fueron adjudicadas a aquella mercantil, correspondían al concursado y a su esposa, los cuales habrían sido los sujetos pasivos del referido delito, y perjudicados, por lo que incluso se podría cuestionar la legitimación de la mercantil denunciante a tenor del contenido del artículo 296, del Código Penal - "Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal".-.

Se debe tener en cuenta que trata de aquel de un delito especial propio, por cuanto el sujeto activo sólo puede ser una persona concreta, quien tiene una posición mayoritaria en los órganos de la sociedad -junta de accionistas u órgano de administración-, y sujeto pasivo lo son los socios minoritarios que resulten perjudicados por el acuerdo abusivo, contrario a sus intereses y que no le reporte ningún beneficio a la sociedad.

De modo que respecto de este delito (E), tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos típicos necesarios para fundamentar una Sentencia condenatoria.

El ultimo delito objeto de acusación (F), es el de estafa procesal, de los artículos 248.1, 249, y 250.1.6º del Código Penal, del que sería autor D. Octavio, y cooperadores necesarios Dª Daniela, y D. Carlos Jesús.

En el referido delito, como variante del delito de estafa, además de los elementos de aquel, deben concurrir los requisitos específicos del supuesto agravado, de modo que, además del ánimo de lucro, engaño bastante para producir error en otro, y acto de disposición por parte del engañado que le perjudica a él mismo o a un tercero, se requiere: a) que los hechos se produzcan en el transcurso de un proceso judicial; b) que el engaño se produzca mediante la manipulación de pruebas o alguna artimaña de igual significación; c) que el engañado sea el propio juez o tribunal, d) que sea inducido a error, y e) que, como consecuencia, el juez o tribunal dicte una resolución perjudicial para los intereses de la otra parte o de un tercero.

En el caso examinado, el "engaño" realizado por D. Octavio habría consistido, de acuerdo con la acusación, en la presentación de demanda judicial en reclamación de cantidad correspondiente a sus honorarios por la llevanza de la contabilidad y cumplimiento de obligaciones fiscales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 a 2014, presentando factura de 25 de enero de 2017 por unos servicio que considera ficticios, o cuando menos por un importe -13.494'14 euros- excesivo, y el error se habría materializada en el dictado de una resolución judicial estimatoria de la demanda, todo ello llevado a cabo, según afirma, en connivencia con los otros acusados para despatrimonializar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Lo cierto es que sí ha quedado acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se dictó Sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por D. Octavio en reclamación de sus honorarios profesionales, cuya realidad resulta de la propia Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y del reconocimiento del propio denunciante, quien en su escrito inicial afirma que tanto en las cuentas anuales como en el impuesto de sociedades de "Ganadera del Piloño, S.L.", correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015, consta la firma digital del Sr. Octavio, y la testifical de la Sra. Carolina, empleada de D. Octavio, quien manifestó "que ella hizo la contabilidad, que ella hacia liquidaciones trimestrales e impuestos de sociedades, que la relación termino en 2015, porque no pagaban, y que se emitió una única factura que resultó impagada, que desconocía que la empresa estaba en concurso, que nunca habló con la administración concursal", y ladeclaración del propio Sr. Argimiro, quien reconoció la llevanza de la contabilidad por la asesoría del D. Octavio y el impago, no existiendo prueba alguna de descargo ni respecto a que los honorarios reclamados por D. Octavio no respondiesen a servicios efectivamente prestados a "Ganadera del Piloño, S.L.", o que aquellos fuesen desmesurados, ni de la supuesta connivencia entre los acusados para defraudar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

No existe prueba de que el acusado, D. Octavio, conociese la situación de concurso en que se encontraba el Sr. Arsenio; se debe tener en cuenta que el concurso no era de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." y que de acuerdo con la declaración del administrador concursal, Sr. Luis, no se puso en contacto con él ningún asesor o contable de la empresa, y no conocía la existencia de la deuda.

No existe prueba de que los otros acusados hubiesen admitido el gasto para que así D. Octavio pudiese gravar activos de la empresa. El gasto existió, tal y como resulta acreditado, y el hecho de que la mercantil no se hubiese opuesto a la demanda no es indicio ni de aquella connivencia, ni de un propósito de despatrimonializar a la mercantil, como tampoco lo es hecho de que el Sr. Octavio no hubiese embargado las rentas por el alquiler de dos naves, cuya realidad también cuestiona la acusación, pero que ha quedado acreditado a través de la testifical rendida por Dª Josefina y Dª Adelaida.

De modo que, tampoco existe prueba de la comisión del delito F) por parte de los acusados.

SEGUNDO.-Y siendo una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que el imputado-acusado no necesita probar nada, siendo toda la prueba de cargo de los acusadores, si falta la misma, como es el caso, necesariamente debe de dictarse Sentencia absolutoria.

TERCERO.-En cuanto a las costas procesales se debe condenar a su abono a la acusación particular, pues habiendo existido petición expresa en tal sentido, se aprecia la existencia de mala fe y temeridad por parte de aquella, al haber mantenido una acusación insostenible e ilógica a sabiendas - art. 240 LECrim. -, pues la entidad "Contratas Mobiliario Urbano, S.L" antes de participar en la subasta y adjudicarse las participaciones sociales que ostenta en la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." fue conocedora, a través del Decreto de 16 de marzo de 2017 en que se anunció la subasta, de la existencia de los acuerdos sociales, que debidamente inscritos, han sido la base en que ha fundado su acusación, como también lo era, pues fue demandada en el procedimiento, de que la demanda en que se ejercitó la acción de anulación de aquellos acuerdos sociales había sido previamente desestimada y que en ella se declaró que tales acuerdos carecían de contenido patrimonial y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, como también constaba que una de las personas denunciadas, en concreto Dª Daniela, había ejercitado el derecho de adquisición preferente, respecto de las participaciones sociales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." que se adjudicó la entidad que ha sostenido la acusación "Contratas Mobiliario Urbano, S.L", procedimiento judicial que está todavía pendiente de resolución y que sin duda ha tenido relevancia en la decisión de formular la denuncia, que dio lugar al presente procedimiento, al interesarse en la conclusión sexta del escrito de acusación "la nulidad de los actos y negocios fraudulentos" entre los que se encuentra el aumento de capital que dio entrada en la mercantil a Dª Daniela; no obstante todo ello la entidad denunciante mantuvo la acusación en el Juicio Oral, donde se constató una completa falta de acreditación tanto de los hechos objeto de acusación como de la participación en los mismos de los acusados, a quienes de forma injustificada se les implico en la adopción de decisiones y en la toma de acuerdos sociales cuando era manifiesto que algunos de los denunciados no ostentaban facultades de administración, y que incluso en relación con algún acuerdo la entidad denunciante carecía de legitimación, extendiendo incluso tal participación, en concepto de cooperador necesario, a quien, como ha quedado acreditado, únicamente presto sus servicios profesionales de asesoría contable de la mercantil ganadera, y ello a causa de la reclamación judicial de sus honorarios profesionales, que tuvo como consecuencia el embargo de inmuebles de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Cabe citar la actual jurisprudencia al respecto, en la que como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele indicarse, más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. "Lo que no empece que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se estime que existen "razones para suponer que no le asistía el derecho" o cuando las circunstancias permiten considerar que "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción". Desde luego se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa" ( STS 297/22, de 24 de marzo , 508/2014 de 9 junio )

Vistos los artículos citados, y los demás de general y pertinente aplicación, la Sala pronuncia el siguiente:

PRIMERO.-Se formula acusación por la entidad que resultó adjudicataria, en el procedimiento concursal, de las participaciones sociales de la entidad "Ganadera del Piloño, S.L." de las que era cotitular el concursado, Sr. Arsenio, al no haber ingresado el mejor postor el precio del remate, y lo hace en base a cuestionar la legalidad y licitud de una serie de acuerdos sociales, operaciones, y reclamaciones, en las que tuvieron alguna participación o intervención los acusados, considerando que los delitos objeto de acusación resultan acreditados a través de la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, y por tanto por, además de la documental que obra en la causa, la pericial y testifical practicada, si bien, tal y como resulta de la declaración de Hechos Probados de la presente resolución, no ha quedado ni mínimamente acreditada la concurrencia de los necesarios elementos típicos de los distintos delitos objetode acusación, y así:

En cuanto al delito A), delito de administración desleal, del artículo 252, en relación con el 250 , y 74, todos ellos del Código Penal , éste se imputa a los acusados, D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, en concepto de autores, y D. Octavio en calidad de cooperador necesario; de acuerdo con aquel tipo penal, "se castiga con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.".

El tipo penal -entre otras STS 735/2023, de 05 de octubre de 2023-se compone de los siguientes elementos típicos: a) ostentar facultades de administración sobre un patrimonio ajeno; b) excederse en el ejercicio de esas facultades y c) causación de un perjuicio al patrimonio administrado.

De modo que solo puede ser autor del referido delito quien ostente facultades de administración de un patrimonio ajeno, y es preciso que aquel en el ejercicio de esas facultades haga un uso indebido de las mismas -ya sea ejerciendo indebidamente competencias atribuidas, como extralimitándose en el ejercicio de las mismas-, de modo que infringe sus deberes y actuar de forma contraria a los intereses del patrimonio administrado, causándole a éste un perjuicio patrimonial.

En el presente caso, no existe uso indebido de facultades de administración por parte de los acusados, que por otra parte no todos ellos ostentaban en la fecha en la que se adoptaron todos y cada uno de los acuerdos cuestionados, sino que lo que la parte denuncia es la legalidad y licitud de los propios acuerdos sociales adoptados en Junta general y/o extraordinaria, por considerar que con ellos se deterioró el patrimonio de la mercantil, y en especial las participaciones sociales de la misma, lo cual resulta contrario a lo decidido por la Sentencia firme que desestimó la demanda en la que se interesó la anulación de aquellos acuerdos - Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial-, pues en aquella se considera que aquellos actos, acuerdos y operaciones carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso.

Por lo que se refiere al delito B), se trata éste del delito de falseamiento de cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal , del cual, la acusación particular, también considera autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio.

De acuerdo con el artículo 290 del Código Penal, cometen este delito "los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, y prevé las penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.".

Y así la conducta típica, objeto de acusación - STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas-, consiste en a) "falsear las cuentas de la sociedad u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad",se trata por tanto de un acto doloso de "falsear"; es decir, de alterar la realidad de los documentos cuya finalidad debe ser la de reflejar una imagen fiel y completa de la situación patrimonial de la empresa, siendo la enumeración que realiza el precepto una lista abierta, y amplísima, máxime cuando no se trata estrictamente de documentos económicos, sino también de aquellos otros que puedan reflejar la "situación jurídica" de la entidad, pudiendo tratarse de los libros de actas, los libros de contabilidad, balances, estados de ganancia y pérdida y memoria de la empresa, que muestran las cuentas anuales de una sociedad, etc., y b) que tal acción sea idónea para causar un perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero, de modo que el tipo básico no exige aquel resultado, que si se llegara a producir -causar el perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero-, se aplicaría el sub tipo agravado, y las penas se impondrían en su mitad superior ( STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas)

Pues bien, como sucede con el anterior delito objeto de acusación, en éste también se constata que no todos quienes son acusados como autores de aquel delito tenían facultades de administración de la mercantil, ni de derecho ni de hecho, cuando supuestamente se habría cometido la conducta ilícita, -en concreto la Sra. Daniela y el Sr. Carlos Jesús fueron nombrados administradores mancomunados en acuerdo de 22/10/2015, y no consta que con anterioridad aquellos adoptasen e impusiesen decisiones de gestión de la sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, y lo mismo sucede respecto del Sr. Arsenio quien ostento el cargo de administrador desde julio de 2013 hasta octubre de 2015 ( STS 816/2006, de 26-7)-; en cuanto a este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre documentación contable de la mercantil -cuentas anuales según se dice-, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos, ni tampoco en cuanto a su idoneidad para causar un perjuicio económico a la entidad. Es por ello que, en base al principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, no puede condenar a los mismos como participes en aquel supuesto delito.

Como delito C), la acusación particular interesa la aplicación del tipo previsto en el artículo 253, en relación con el 250, y el artículo 74, todos ellos del Código Penal , de apropiación indebida, y lo hace, al igual que respecto a los anteriores, considerando autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario, D. Octavio, y también sin concretar ni hechos ni participación en los mismos de los acusados, en su escrito de acusación.

De acuerdo con aquel artículo, 253 del Código Penal, "serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.".

La Jurisprudencia -entre otras STS 253/2024, de 13 de marzo-recoge una serie de requisitos que deben darse:

a) una inicial posesión legítima, por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier cosa mueble;

b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa;

c) un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente, dándole un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado.

d) un elemento subjetivo, denominado ánimo de lucro, que se trasluce en la conciencia y voluntad de dicho agente, de disponer la cosa como propia.

En el presenta caso, como ya se anticipó, la acusación no concreta en su escrito de acusación, ni el título en virtud del cual se ostentaba la posesión legítima, ni el objeto material de la misma, ni describe en que consistió la conducta supuestamente ilícita. De modo que, también en cuanto a este delito, el principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, nos impide condenar a los acusados como participes en aquel supuesto delito.

En cuanto al delito D), falsedad en documento mercantil, del artículo 392, en relación con el 390.3 º, y 74 del Código Penal

El artículo 392 del Código Penal sanciona la falsedad documental realizada por alguien que no es funcionario público, protegiendo así la fe pública y la seguridad jurídica, castigando en su apartado 1, a "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.".y en el apartado 1,3º, del artículo 390, se prevé la modalidad consistente en 3. º cometer falsedad "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.".

También en cuanto es este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre las cuentas anuales de la mercantil según se dice, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos ni sobre los restantes elementos del tipo penal. Es por ello que, por las razones antes expuestas, no cabe dictar Sentencia condenatoria tampoco respecto de este delito.

Por lo que se refiere al delito E), delito de imposición de acuerdos sociales abusivos, del artículo 291 del Código Penal , también se acusa como autores, en sentido propio, a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y como cooperador necesario a D. Octavio,

El referido artículo castiga a "Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.".

En relación con este delito se debe tener en cuenta que como se reconoce en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña - confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia-, en el Edicto de 4 de noviembre de 2016, en el que se fijaron los lotes de la subasta judicial se incluyeron en el lote 1 las participaciones sociales en la mercantil "Ganadera del Piloño. S.L., haciéndose constar expresamente los acuerdos sociales cuestionados por la acusación -que constaban inscritos-, de modo que cuando se aprobó el remate, por Decreto de 19 de septiembre de 2017, la adjudicataria ya conocía la existencia de tales acuerdos, así como también, incluso antes, los conocía el administrador concursal, quien no obstante no los impugnó hasta bastante tiempo después, en concreto hasta mayo del año 2019, lo que motivó que en aquella Sentencia se considerase que existió una conformidad tácita, por parte de la administración concursal, con tales acuerdos, los cuales, como ya antes se manifestó, en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña luego confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia, se consideró que carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, por lo que en definitiva no perjudicaron a la sociedad.

De acuerdo con nuestra Jurisprudencia, - STS de 4 de marzo de 2010, nº recurso 1012/2009-, el delito en cuestión requiere la concurrencia de varios elementos indispensables:

a) Imponer acuerdos abusivos.

Se trata de que el órgano de decisión de la sociedad, adopten una decisión por una mayoría «impuesta» por el juego numérico de la composición del órgano. El acuerdo no tiene por qué ser jurídicamente inválido, puede ser formalmente regular, pero abusivo en el sentido en que el artículo 7 del Código Civil describe el abuso de derecho como «(...). Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero (...)».

b) Prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación.

Indica «aprovecharse» de esa posición de poder o ventaja numérica que tiene el actor y que le facilita la realización del hecho descrito; uso de posición dominante que por sí sola no es constitutiva de infracción penal si no va seguida del resto de requisitos. Posición dominante que no necesita de una situación permanente de superioridad o dominio sino que basta con que se haya configurado aquella en relación con un determinado acto o acuerdo que resulta abusivo.

c) Con ánimo de lucro propio o ajeno. Se trata de un delito doloso. No será suficiente, por tanto, pretender y obtener un lucro propio sino que se debe hacer siendo consciente de que con ello no se beneficia a la sociedad.

d) En perjuicio de los demás socios. Este es un dato objetivo, pues es contrastable dado que el perjuicio y la ausencia de beneficio lo es en términos de valoración económicamente objetiva. No se trata de perjuicios morales o inmateriales sino fijados en cantidades económicas.

e) Ausencia de beneficios para la sociedad. No es exigible que se perjudique a la sociedad, bastando con que de la actuación no obtenga ésta un fruto, pero sí el autor beneficio propio. Este requisito actúa a modo de una condición a la que se subordinaba todo el contenido del tipo penal. Se trata de un verdadero elemento negativo del tipo que neutraliza toda la conducta típica (mayoría dominante, imposición de acuerdo abusivo y lucro propio) y hace desaparecer la responsabilidad criminal, cuando al final de todo el camino delictivo se llega a la conclusión de que la maniobra inequívocamente ilícita desemboca en un beneficio efectivo para la sociedad. Todo ello sin necesidad de acreditar que los sujetos mayoritarios han actuado con el interés exclusivo de favorecer los intereses sociales.

En el caso examinado, ni los acuerdos cuestionados son abusivos, ni fueron adoptados prevaliéndose los sujetos que los adoptaron de una situación de superioridad, ni los acuerdos perjudicaron a la sociedad, e incluso, de revestir los hechos naturaleza delictiva, el sujeto pasivo del delito no lo sería la Entidad denunciante "Contratas de Mobiliario Urbano, S.L.", pues, sujeto pasivo de este delito solo puede ser el socio o socios que hubieran resultado perjudicados por el acuerdo abusivo, y cuando se adoptaron los acuerdos cuestionados la titularidad de las participaciones sociales, que luego fueron adjudicadas a aquella mercantil, correspondían al concursado y a su esposa, los cuales habrían sido los sujetos pasivos del referido delito, y perjudicados, por lo que incluso se podría cuestionar la legitimación de la mercantil denunciante a tenor del contenido del artículo 296, del Código Penal - "Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal".-.

Se debe tener en cuenta que trata de aquel de un delito especial propio, por cuanto el sujeto activo sólo puede ser una persona concreta, quien tiene una posición mayoritaria en los órganos de la sociedad -junta de accionistas u órgano de administración-, y sujeto pasivo lo son los socios minoritarios que resulten perjudicados por el acuerdo abusivo, contrario a sus intereses y que no le reporte ningún beneficio a la sociedad.

De modo que respecto de este delito (E), tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos típicos necesarios para fundamentar una Sentencia condenatoria.

El ultimo delito objeto de acusación (F), es el de estafa procesal, de los artículos 248.1, 249, y 250.1.6º del Código Penal, del que sería autor D. Octavio, y cooperadores necesarios Dª Daniela, y D. Carlos Jesús.

En el referido delito, como variante del delito de estafa, además de los elementos de aquel, deben concurrir los requisitos específicos del supuesto agravado, de modo que, además del ánimo de lucro, engaño bastante para producir error en otro, y acto de disposición por parte del engañado que le perjudica a él mismo o a un tercero, se requiere: a) que los hechos se produzcan en el transcurso de un proceso judicial; b) que el engaño se produzca mediante la manipulación de pruebas o alguna artimaña de igual significación; c) que el engañado sea el propio juez o tribunal, d) que sea inducido a error, y e) que, como consecuencia, el juez o tribunal dicte una resolución perjudicial para los intereses de la otra parte o de un tercero.

En el caso examinado, el "engaño" realizado por D. Octavio habría consistido, de acuerdo con la acusación, en la presentación de demanda judicial en reclamación de cantidad correspondiente a sus honorarios por la llevanza de la contabilidad y cumplimiento de obligaciones fiscales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 a 2014, presentando factura de 25 de enero de 2017 por unos servicio que considera ficticios, o cuando menos por un importe -13.494'14 euros- excesivo, y el error se habría materializada en el dictado de una resolución judicial estimatoria de la demanda, todo ello llevado a cabo, según afirma, en connivencia con los otros acusados para despatrimonializar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Lo cierto es que sí ha quedado acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se dictó Sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por D. Octavio en reclamación de sus honorarios profesionales, cuya realidad resulta de la propia Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y del reconocimiento del propio denunciante, quien en su escrito inicial afirma que tanto en las cuentas anuales como en el impuesto de sociedades de "Ganadera del Piloño, S.L.", correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015, consta la firma digital del Sr. Octavio, y la testifical de la Sra. Carolina, empleada de D. Octavio, quien manifestó "que ella hizo la contabilidad, que ella hacia liquidaciones trimestrales e impuestos de sociedades, que la relación termino en 2015, porque no pagaban, y que se emitió una única factura que resultó impagada, que desconocía que la empresa estaba en concurso, que nunca habló con la administración concursal", y ladeclaración del propio Sr. Argimiro, quien reconoció la llevanza de la contabilidad por la asesoría del D. Octavio y el impago, no existiendo prueba alguna de descargo ni respecto a que los honorarios reclamados por D. Octavio no respondiesen a servicios efectivamente prestados a "Ganadera del Piloño, S.L.", o que aquellos fuesen desmesurados, ni de la supuesta connivencia entre los acusados para defraudar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

No existe prueba de que el acusado, D. Octavio, conociese la situación de concurso en que se encontraba el Sr. Arsenio; se debe tener en cuenta que el concurso no era de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." y que de acuerdo con la declaración del administrador concursal, Sr. Luis, no se puso en contacto con él ningún asesor o contable de la empresa, y no conocía la existencia de la deuda.

No existe prueba de que los otros acusados hubiesen admitido el gasto para que así D. Octavio pudiese gravar activos de la empresa. El gasto existió, tal y como resulta acreditado, y el hecho de que la mercantil no se hubiese opuesto a la demanda no es indicio ni de aquella connivencia, ni de un propósito de despatrimonializar a la mercantil, como tampoco lo es hecho de que el Sr. Octavio no hubiese embargado las rentas por el alquiler de dos naves, cuya realidad también cuestiona la acusación, pero que ha quedado acreditado a través de la testifical rendida por Dª Josefina y Dª Adelaida.

De modo que, tampoco existe prueba de la comisión del delito F) por parte de los acusados.

SEGUNDO.-Y siendo una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que el imputado-acusado no necesita probar nada, siendo toda la prueba de cargo de los acusadores, si falta la misma, como es el caso, necesariamente debe de dictarse Sentencia absolutoria.

TERCERO.-En cuanto a las costas procesales se debe condenar a su abono a la acusación particular, pues habiendo existido petición expresa en tal sentido, se aprecia la existencia de mala fe y temeridad por parte de aquella, al haber mantenido una acusación insostenible e ilógica a sabiendas - art. 240 LECrim. -, pues la entidad "Contratas Mobiliario Urbano, S.L" antes de participar en la subasta y adjudicarse las participaciones sociales que ostenta en la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." fue conocedora, a través del Decreto de 16 de marzo de 2017 en que se anunció la subasta, de la existencia de los acuerdos sociales, que debidamente inscritos, han sido la base en que ha fundado su acusación, como también lo era, pues fue demandada en el procedimiento, de que la demanda en que se ejercitó la acción de anulación de aquellos acuerdos sociales había sido previamente desestimada y que en ella se declaró que tales acuerdos carecían de contenido patrimonial y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, como también constaba que una de las personas denunciadas, en concreto Dª Daniela, había ejercitado el derecho de adquisición preferente, respecto de las participaciones sociales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." que se adjudicó la entidad que ha sostenido la acusación "Contratas Mobiliario Urbano, S.L", procedimiento judicial que está todavía pendiente de resolución y que sin duda ha tenido relevancia en la decisión de formular la denuncia, que dio lugar al presente procedimiento, al interesarse en la conclusión sexta del escrito de acusación "la nulidad de los actos y negocios fraudulentos" entre los que se encuentra el aumento de capital que dio entrada en la mercantil a Dª Daniela; no obstante todo ello la entidad denunciante mantuvo la acusación en el Juicio Oral, donde se constató una completa falta de acreditación tanto de los hechos objeto de acusación como de la participación en los mismos de los acusados, a quienes de forma injustificada se les implico en la adopción de decisiones y en la toma de acuerdos sociales cuando era manifiesto que algunos de los denunciados no ostentaban facultades de administración, y que incluso en relación con algún acuerdo la entidad denunciante carecía de legitimación, extendiendo incluso tal participación, en concepto de cooperador necesario, a quien, como ha quedado acreditado, únicamente presto sus servicios profesionales de asesoría contable de la mercantil ganadera, y ello a causa de la reclamación judicial de sus honorarios profesionales, que tuvo como consecuencia el embargo de inmuebles de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Cabe citar la actual jurisprudencia al respecto, en la que como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele indicarse, más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. "Lo que no empece que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se estime que existen "razones para suponer que no le asistía el derecho" o cuando las circunstancias permiten considerar que "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción". Desde luego se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa" ( STS 297/22, de 24 de marzo , 508/2014 de 9 junio )

Vistos los artículos citados, y los demás de general y pertinente aplicación, la Sala pronuncia el siguiente:

PRIMERO.-Se formula acusación por la entidad que resultó adjudicataria, en el procedimiento concursal, de las participaciones sociales de la entidad "Ganadera del Piloño, S.L." de las que era cotitular el concursado, Sr. Arsenio, al no haber ingresado el mejor postor el precio del remate, y lo hace en base a cuestionar la legalidad y licitud de una serie de acuerdos sociales, operaciones, y reclamaciones, en las que tuvieron alguna participación o intervención los acusados, considerando que los delitos objeto de acusación resultan acreditados a través de la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, y por tanto por, además de la documental que obra en la causa, la pericial y testifical practicada, si bien, tal y como resulta de la declaración de Hechos Probados de la presente resolución, no ha quedado ni mínimamente acreditada la concurrencia de los necesarios elementos típicos de los distintos delitos objetode acusación, y así:

En cuanto al delito A), delito de administración desleal, del artículo 252, en relación con el 250 , y 74, todos ellos del Código Penal , éste se imputa a los acusados, D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, en concepto de autores, y D. Octavio en calidad de cooperador necesario; de acuerdo con aquel tipo penal, "se castiga con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.".

El tipo penal -entre otras STS 735/2023, de 05 de octubre de 2023-se compone de los siguientes elementos típicos: a) ostentar facultades de administración sobre un patrimonio ajeno; b) excederse en el ejercicio de esas facultades y c) causación de un perjuicio al patrimonio administrado.

De modo que solo puede ser autor del referido delito quien ostente facultades de administración de un patrimonio ajeno, y es preciso que aquel en el ejercicio de esas facultades haga un uso indebido de las mismas -ya sea ejerciendo indebidamente competencias atribuidas, como extralimitándose en el ejercicio de las mismas-, de modo que infringe sus deberes y actuar de forma contraria a los intereses del patrimonio administrado, causándole a éste un perjuicio patrimonial.

En el presente caso, no existe uso indebido de facultades de administración por parte de los acusados, que por otra parte no todos ellos ostentaban en la fecha en la que se adoptaron todos y cada uno de los acuerdos cuestionados, sino que lo que la parte denuncia es la legalidad y licitud de los propios acuerdos sociales adoptados en Junta general y/o extraordinaria, por considerar que con ellos se deterioró el patrimonio de la mercantil, y en especial las participaciones sociales de la misma, lo cual resulta contrario a lo decidido por la Sentencia firme que desestimó la demanda en la que se interesó la anulación de aquellos acuerdos - Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial-, pues en aquella se considera que aquellos actos, acuerdos y operaciones carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso.

Por lo que se refiere al delito B), se trata éste del delito de falseamiento de cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal , del cual, la acusación particular, también considera autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio.

De acuerdo con el artículo 290 del Código Penal, cometen este delito "los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, y prevé las penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.".

Y así la conducta típica, objeto de acusación - STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas-, consiste en a) "falsear las cuentas de la sociedad u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad",se trata por tanto de un acto doloso de "falsear"; es decir, de alterar la realidad de los documentos cuya finalidad debe ser la de reflejar una imagen fiel y completa de la situación patrimonial de la empresa, siendo la enumeración que realiza el precepto una lista abierta, y amplísima, máxime cuando no se trata estrictamente de documentos económicos, sino también de aquellos otros que puedan reflejar la "situación jurídica" de la entidad, pudiendo tratarse de los libros de actas, los libros de contabilidad, balances, estados de ganancia y pérdida y memoria de la empresa, que muestran las cuentas anuales de una sociedad, etc., y b) que tal acción sea idónea para causar un perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero, de modo que el tipo básico no exige aquel resultado, que si se llegara a producir -causar el perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero-, se aplicaría el sub tipo agravado, y las penas se impondrían en su mitad superior ( STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas)

Pues bien, como sucede con el anterior delito objeto de acusación, en éste también se constata que no todos quienes son acusados como autores de aquel delito tenían facultades de administración de la mercantil, ni de derecho ni de hecho, cuando supuestamente se habría cometido la conducta ilícita, -en concreto la Sra. Daniela y el Sr. Carlos Jesús fueron nombrados administradores mancomunados en acuerdo de 22/10/2015, y no consta que con anterioridad aquellos adoptasen e impusiesen decisiones de gestión de la sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, y lo mismo sucede respecto del Sr. Arsenio quien ostento el cargo de administrador desde julio de 2013 hasta octubre de 2015 ( STS 816/2006, de 26-7)-; en cuanto a este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre documentación contable de la mercantil -cuentas anuales según se dice-, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos, ni tampoco en cuanto a su idoneidad para causar un perjuicio económico a la entidad. Es por ello que, en base al principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, no puede condenar a los mismos como participes en aquel supuesto delito.

Como delito C), la acusación particular interesa la aplicación del tipo previsto en el artículo 253, en relación con el 250, y el artículo 74, todos ellos del Código Penal , de apropiación indebida, y lo hace, al igual que respecto a los anteriores, considerando autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario, D. Octavio, y también sin concretar ni hechos ni participación en los mismos de los acusados, en su escrito de acusación.

De acuerdo con aquel artículo, 253 del Código Penal, "serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.".

La Jurisprudencia -entre otras STS 253/2024, de 13 de marzo-recoge una serie de requisitos que deben darse:

a) una inicial posesión legítima, por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier cosa mueble;

b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa;

c) un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente, dándole un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado.

d) un elemento subjetivo, denominado ánimo de lucro, que se trasluce en la conciencia y voluntad de dicho agente, de disponer la cosa como propia.

En el presenta caso, como ya se anticipó, la acusación no concreta en su escrito de acusación, ni el título en virtud del cual se ostentaba la posesión legítima, ni el objeto material de la misma, ni describe en que consistió la conducta supuestamente ilícita. De modo que, también en cuanto a este delito, el principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, nos impide condenar a los acusados como participes en aquel supuesto delito.

En cuanto al delito D), falsedad en documento mercantil, del artículo 392, en relación con el 390.3 º, y 74 del Código Penal

El artículo 392 del Código Penal sanciona la falsedad documental realizada por alguien que no es funcionario público, protegiendo así la fe pública y la seguridad jurídica, castigando en su apartado 1, a "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.".y en el apartado 1,3º, del artículo 390, se prevé la modalidad consistente en 3. º cometer falsedad "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.".

También en cuanto es este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre las cuentas anuales de la mercantil según se dice, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos ni sobre los restantes elementos del tipo penal. Es por ello que, por las razones antes expuestas, no cabe dictar Sentencia condenatoria tampoco respecto de este delito.

Por lo que se refiere al delito E), delito de imposición de acuerdos sociales abusivos, del artículo 291 del Código Penal , también se acusa como autores, en sentido propio, a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y como cooperador necesario a D. Octavio,

El referido artículo castiga a "Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.".

En relación con este delito se debe tener en cuenta que como se reconoce en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña - confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia-, en el Edicto de 4 de noviembre de 2016, en el que se fijaron los lotes de la subasta judicial se incluyeron en el lote 1 las participaciones sociales en la mercantil "Ganadera del Piloño. S.L., haciéndose constar expresamente los acuerdos sociales cuestionados por la acusación -que constaban inscritos-, de modo que cuando se aprobó el remate, por Decreto de 19 de septiembre de 2017, la adjudicataria ya conocía la existencia de tales acuerdos, así como también, incluso antes, los conocía el administrador concursal, quien no obstante no los impugnó hasta bastante tiempo después, en concreto hasta mayo del año 2019, lo que motivó que en aquella Sentencia se considerase que existió una conformidad tácita, por parte de la administración concursal, con tales acuerdos, los cuales, como ya antes se manifestó, en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña luego confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia, se consideró que carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, por lo que en definitiva no perjudicaron a la sociedad.

De acuerdo con nuestra Jurisprudencia, - STS de 4 de marzo de 2010, nº recurso 1012/2009-, el delito en cuestión requiere la concurrencia de varios elementos indispensables:

a) Imponer acuerdos abusivos.

Se trata de que el órgano de decisión de la sociedad, adopten una decisión por una mayoría «impuesta» por el juego numérico de la composición del órgano. El acuerdo no tiene por qué ser jurídicamente inválido, puede ser formalmente regular, pero abusivo en el sentido en que el artículo 7 del Código Civil describe el abuso de derecho como «(...). Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero (...)».

b) Prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación.

Indica «aprovecharse» de esa posición de poder o ventaja numérica que tiene el actor y que le facilita la realización del hecho descrito; uso de posición dominante que por sí sola no es constitutiva de infracción penal si no va seguida del resto de requisitos. Posición dominante que no necesita de una situación permanente de superioridad o dominio sino que basta con que se haya configurado aquella en relación con un determinado acto o acuerdo que resulta abusivo.

c) Con ánimo de lucro propio o ajeno. Se trata de un delito doloso. No será suficiente, por tanto, pretender y obtener un lucro propio sino que se debe hacer siendo consciente de que con ello no se beneficia a la sociedad.

d) En perjuicio de los demás socios. Este es un dato objetivo, pues es contrastable dado que el perjuicio y la ausencia de beneficio lo es en términos de valoración económicamente objetiva. No se trata de perjuicios morales o inmateriales sino fijados en cantidades económicas.

e) Ausencia de beneficios para la sociedad. No es exigible que se perjudique a la sociedad, bastando con que de la actuación no obtenga ésta un fruto, pero sí el autor beneficio propio. Este requisito actúa a modo de una condición a la que se subordinaba todo el contenido del tipo penal. Se trata de un verdadero elemento negativo del tipo que neutraliza toda la conducta típica (mayoría dominante, imposición de acuerdo abusivo y lucro propio) y hace desaparecer la responsabilidad criminal, cuando al final de todo el camino delictivo se llega a la conclusión de que la maniobra inequívocamente ilícita desemboca en un beneficio efectivo para la sociedad. Todo ello sin necesidad de acreditar que los sujetos mayoritarios han actuado con el interés exclusivo de favorecer los intereses sociales.

En el caso examinado, ni los acuerdos cuestionados son abusivos, ni fueron adoptados prevaliéndose los sujetos que los adoptaron de una situación de superioridad, ni los acuerdos perjudicaron a la sociedad, e incluso, de revestir los hechos naturaleza delictiva, el sujeto pasivo del delito no lo sería la Entidad denunciante "Contratas de Mobiliario Urbano, S.L.", pues, sujeto pasivo de este delito solo puede ser el socio o socios que hubieran resultado perjudicados por el acuerdo abusivo, y cuando se adoptaron los acuerdos cuestionados la titularidad de las participaciones sociales, que luego fueron adjudicadas a aquella mercantil, correspondían al concursado y a su esposa, los cuales habrían sido los sujetos pasivos del referido delito, y perjudicados, por lo que incluso se podría cuestionar la legitimación de la mercantil denunciante a tenor del contenido del artículo 296, del Código Penal - "Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal".-.

Se debe tener en cuenta que trata de aquel de un delito especial propio, por cuanto el sujeto activo sólo puede ser una persona concreta, quien tiene una posición mayoritaria en los órganos de la sociedad -junta de accionistas u órgano de administración-, y sujeto pasivo lo son los socios minoritarios que resulten perjudicados por el acuerdo abusivo, contrario a sus intereses y que no le reporte ningún beneficio a la sociedad.

De modo que respecto de este delito (E), tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos típicos necesarios para fundamentar una Sentencia condenatoria.

El ultimo delito objeto de acusación (F), es el de estafa procesal, de los artículos 248.1, 249, y 250.1.6º del Código Penal, del que sería autor D. Octavio, y cooperadores necesarios Dª Daniela, y D. Carlos Jesús.

En el referido delito, como variante del delito de estafa, además de los elementos de aquel, deben concurrir los requisitos específicos del supuesto agravado, de modo que, además del ánimo de lucro, engaño bastante para producir error en otro, y acto de disposición por parte del engañado que le perjudica a él mismo o a un tercero, se requiere: a) que los hechos se produzcan en el transcurso de un proceso judicial; b) que el engaño se produzca mediante la manipulación de pruebas o alguna artimaña de igual significación; c) que el engañado sea el propio juez o tribunal, d) que sea inducido a error, y e) que, como consecuencia, el juez o tribunal dicte una resolución perjudicial para los intereses de la otra parte o de un tercero.

En el caso examinado, el "engaño" realizado por D. Octavio habría consistido, de acuerdo con la acusación, en la presentación de demanda judicial en reclamación de cantidad correspondiente a sus honorarios por la llevanza de la contabilidad y cumplimiento de obligaciones fiscales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 a 2014, presentando factura de 25 de enero de 2017 por unos servicio que considera ficticios, o cuando menos por un importe -13.494'14 euros- excesivo, y el error se habría materializada en el dictado de una resolución judicial estimatoria de la demanda, todo ello llevado a cabo, según afirma, en connivencia con los otros acusados para despatrimonializar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Lo cierto es que sí ha quedado acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se dictó Sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por D. Octavio en reclamación de sus honorarios profesionales, cuya realidad resulta de la propia Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y del reconocimiento del propio denunciante, quien en su escrito inicial afirma que tanto en las cuentas anuales como en el impuesto de sociedades de "Ganadera del Piloño, S.L.", correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015, consta la firma digital del Sr. Octavio, y la testifical de la Sra. Carolina, empleada de D. Octavio, quien manifestó "que ella hizo la contabilidad, que ella hacia liquidaciones trimestrales e impuestos de sociedades, que la relación termino en 2015, porque no pagaban, y que se emitió una única factura que resultó impagada, que desconocía que la empresa estaba en concurso, que nunca habló con la administración concursal", y ladeclaración del propio Sr. Argimiro, quien reconoció la llevanza de la contabilidad por la asesoría del D. Octavio y el impago, no existiendo prueba alguna de descargo ni respecto a que los honorarios reclamados por D. Octavio no respondiesen a servicios efectivamente prestados a "Ganadera del Piloño, S.L.", o que aquellos fuesen desmesurados, ni de la supuesta connivencia entre los acusados para defraudar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

No existe prueba de que el acusado, D. Octavio, conociese la situación de concurso en que se encontraba el Sr. Arsenio; se debe tener en cuenta que el concurso no era de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." y que de acuerdo con la declaración del administrador concursal, Sr. Luis, no se puso en contacto con él ningún asesor o contable de la empresa, y no conocía la existencia de la deuda.

No existe prueba de que los otros acusados hubiesen admitido el gasto para que así D. Octavio pudiese gravar activos de la empresa. El gasto existió, tal y como resulta acreditado, y el hecho de que la mercantil no se hubiese opuesto a la demanda no es indicio ni de aquella connivencia, ni de un propósito de despatrimonializar a la mercantil, como tampoco lo es hecho de que el Sr. Octavio no hubiese embargado las rentas por el alquiler de dos naves, cuya realidad también cuestiona la acusación, pero que ha quedado acreditado a través de la testifical rendida por Dª Josefina y Dª Adelaida.

De modo que, tampoco existe prueba de la comisión del delito F) por parte de los acusados.

SEGUNDO.-Y siendo una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que el imputado-acusado no necesita probar nada, siendo toda la prueba de cargo de los acusadores, si falta la misma, como es el caso, necesariamente debe de dictarse Sentencia absolutoria.

TERCERO.-En cuanto a las costas procesales se debe condenar a su abono a la acusación particular, pues habiendo existido petición expresa en tal sentido, se aprecia la existencia de mala fe y temeridad por parte de aquella, al haber mantenido una acusación insostenible e ilógica a sabiendas - art. 240 LECrim. -, pues la entidad "Contratas Mobiliario Urbano, S.L" antes de participar en la subasta y adjudicarse las participaciones sociales que ostenta en la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." fue conocedora, a través del Decreto de 16 de marzo de 2017 en que se anunció la subasta, de la existencia de los acuerdos sociales, que debidamente inscritos, han sido la base en que ha fundado su acusación, como también lo era, pues fue demandada en el procedimiento, de que la demanda en que se ejercitó la acción de anulación de aquellos acuerdos sociales había sido previamente desestimada y que en ella se declaró que tales acuerdos carecían de contenido patrimonial y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, como también constaba que una de las personas denunciadas, en concreto Dª Daniela, había ejercitado el derecho de adquisición preferente, respecto de las participaciones sociales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." que se adjudicó la entidad que ha sostenido la acusación "Contratas Mobiliario Urbano, S.L", procedimiento judicial que está todavía pendiente de resolución y que sin duda ha tenido relevancia en la decisión de formular la denuncia, que dio lugar al presente procedimiento, al interesarse en la conclusión sexta del escrito de acusación "la nulidad de los actos y negocios fraudulentos" entre los que se encuentra el aumento de capital que dio entrada en la mercantil a Dª Daniela; no obstante todo ello la entidad denunciante mantuvo la acusación en el Juicio Oral, donde se constató una completa falta de acreditación tanto de los hechos objeto de acusación como de la participación en los mismos de los acusados, a quienes de forma injustificada se les implico en la adopción de decisiones y en la toma de acuerdos sociales cuando era manifiesto que algunos de los denunciados no ostentaban facultades de administración, y que incluso en relación con algún acuerdo la entidad denunciante carecía de legitimación, extendiendo incluso tal participación, en concepto de cooperador necesario, a quien, como ha quedado acreditado, únicamente presto sus servicios profesionales de asesoría contable de la mercantil ganadera, y ello a causa de la reclamación judicial de sus honorarios profesionales, que tuvo como consecuencia el embargo de inmuebles de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Cabe citar la actual jurisprudencia al respecto, en la que como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele indicarse, más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. "Lo que no empece que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se estime que existen "razones para suponer que no le asistía el derecho" o cuando las circunstancias permiten considerar que "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción". Desde luego se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa" ( STS 297/22, de 24 de marzo , 508/2014 de 9 junio )

Vistos los artículos citados, y los demás de general y pertinente aplicación, la Sala pronuncia el siguiente:

PRIMERO.-Se formula acusación por la entidad que resultó adjudicataria, en el procedimiento concursal, de las participaciones sociales de la entidad "Ganadera del Piloño, S.L." de las que era cotitular el concursado, Sr. Arsenio, al no haber ingresado el mejor postor el precio del remate, y lo hace en base a cuestionar la legalidad y licitud de una serie de acuerdos sociales, operaciones, y reclamaciones, en las que tuvieron alguna participación o intervención los acusados, considerando que los delitos objeto de acusación resultan acreditados a través de la prueba practicada en el acto del Juicio Oral, y por tanto por, además de la documental que obra en la causa, la pericial y testifical practicada, si bien, tal y como resulta de la declaración de Hechos Probados de la presente resolución, no ha quedado ni mínimamente acreditada la concurrencia de los necesarios elementos típicos de los distintos delitos objetode acusación, y así:

En cuanto al delito A), delito de administración desleal, del artículo 252, en relación con el 250 , y 74, todos ellos del Código Penal , éste se imputa a los acusados, D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, en concepto de autores, y D. Octavio en calidad de cooperador necesario; de acuerdo con aquel tipo penal, "se castiga con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, a los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.".

El tipo penal -entre otras STS 735/2023, de 05 de octubre de 2023-se compone de los siguientes elementos típicos: a) ostentar facultades de administración sobre un patrimonio ajeno; b) excederse en el ejercicio de esas facultades y c) causación de un perjuicio al patrimonio administrado.

De modo que solo puede ser autor del referido delito quien ostente facultades de administración de un patrimonio ajeno, y es preciso que aquel en el ejercicio de esas facultades haga un uso indebido de las mismas -ya sea ejerciendo indebidamente competencias atribuidas, como extralimitándose en el ejercicio de las mismas-, de modo que infringe sus deberes y actuar de forma contraria a los intereses del patrimonio administrado, causándole a éste un perjuicio patrimonial.

En el presente caso, no existe uso indebido de facultades de administración por parte de los acusados, que por otra parte no todos ellos ostentaban en la fecha en la que se adoptaron todos y cada uno de los acuerdos cuestionados, sino que lo que la parte denuncia es la legalidad y licitud de los propios acuerdos sociales adoptados en Junta general y/o extraordinaria, por considerar que con ellos se deterioró el patrimonio de la mercantil, y en especial las participaciones sociales de la misma, lo cual resulta contrario a lo decidido por la Sentencia firme que desestimó la demanda en la que se interesó la anulación de aquellos acuerdos - Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial-, pues en aquella se considera que aquellos actos, acuerdos y operaciones carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso.

Por lo que se refiere al delito B), se trata éste del delito de falseamiento de cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal , del cual, la acusación particular, también considera autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio.

De acuerdo con el artículo 290 del Código Penal, cometen este delito "los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, y prevé las penas de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.".

Y así la conducta típica, objeto de acusación - STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas-, consiste en a) "falsear las cuentas de la sociedad u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad",se trata por tanto de un acto doloso de "falsear"; es decir, de alterar la realidad de los documentos cuya finalidad debe ser la de reflejar una imagen fiel y completa de la situación patrimonial de la empresa, siendo la enumeración que realiza el precepto una lista abierta, y amplísima, máxime cuando no se trata estrictamente de documentos económicos, sino también de aquellos otros que puedan reflejar la "situación jurídica" de la entidad, pudiendo tratarse de los libros de actas, los libros de contabilidad, balances, estados de ganancia y pérdida y memoria de la empresa, que muestran las cuentas anuales de una sociedad, etc., y b) que tal acción sea idónea para causar un perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero, de modo que el tipo básico no exige aquel resultado, que si se llegara a producir -causar el perjuicio económico a la entidad, a alguno de sus socios o a un tercero-, se aplicaría el sub tipo agravado, y las penas se impondrían en su mitad superior ( STS 313/2019, de 17 de junio, que recoge la 865/2005, de 24 de junio, por todas)

Pues bien, como sucede con el anterior delito objeto de acusación, en éste también se constata que no todos quienes son acusados como autores de aquel delito tenían facultades de administración de la mercantil, ni de derecho ni de hecho, cuando supuestamente se habría cometido la conducta ilícita, -en concreto la Sra. Daniela y el Sr. Carlos Jesús fueron nombrados administradores mancomunados en acuerdo de 22/10/2015, y no consta que con anterioridad aquellos adoptasen e impusiesen decisiones de gestión de la sociedad y concretamente las expresadas en los tipos penales, y lo mismo sucede respecto del Sr. Arsenio quien ostento el cargo de administrador desde julio de 2013 hasta octubre de 2015 ( STS 816/2006, de 26-7)-; en cuanto a este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre documentación contable de la mercantil -cuentas anuales según se dice-, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos, ni tampoco en cuanto a su idoneidad para causar un perjuicio económico a la entidad. Es por ello que, en base al principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, no puede condenar a los mismos como participes en aquel supuesto delito.

Como delito C), la acusación particular interesa la aplicación del tipo previsto en el artículo 253, en relación con el 250, y el artículo 74, todos ellos del Código Penal , de apropiación indebida, y lo hace, al igual que respecto a los anteriores, considerando autores a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario, D. Octavio, y también sin concretar ni hechos ni participación en los mismos de los acusados, en su escrito de acusación.

De acuerdo con aquel artículo, 253 del Código Penal, "serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código , los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. 2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.".

La Jurisprudencia -entre otras STS 253/2024, de 13 de marzo-recoge una serie de requisitos que deben darse:

a) una inicial posesión legítima, por el sujeto activo, del dinero, efectos o cualquier cosa mueble;

b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de entregar o devolver la cosa;

c) un acto de disposición de la cosa de naturaleza dominical, por parte de dicho agente, dándole un destino definitivo distinto del acordado, impuesto o autorizado.

d) un elemento subjetivo, denominado ánimo de lucro, que se trasluce en la conciencia y voluntad de dicho agente, de disponer la cosa como propia.

En el presenta caso, como ya se anticipó, la acusación no concreta en su escrito de acusación, ni el título en virtud del cual se ostentaba la posesión legítima, ni el objeto material de la misma, ni describe en que consistió la conducta supuestamente ilícita. De modo que, también en cuanto a este delito, el principio acusatorio y al derecho de defensa, ambos básicos en nuestro proceso penal, nos impide condenar a los acusados como participes en aquel supuesto delito.

En cuanto al delito D), falsedad en documento mercantil, del artículo 392, en relación con el 390.3 º, y 74 del Código Penal

El artículo 392 del Código Penal sanciona la falsedad documental realizada por alguien que no es funcionario público, protegiendo así la fe pública y la seguridad jurídica, castigando en su apartado 1, a "El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.".y en el apartado 1,3º, del artículo 390, se prevé la modalidad consistente en 3. º cometer falsedad "Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.".

También en cuanto es este delito, no se describe ni la conducta supuestamente falsaria realizada, que habría recaído sobre las cuentas anuales de la mercantil según se dice, ni la concreta participación en los hechos de cada uno de los acusados, no obstante se consideran autores del delito a D. Argimiro, D. Daniela, y D. Carlos Jesús, y cooperador necesario a D. Octavio, no habiéndose practicado prueba alguna a tal efecto sobre aquellos esenciales extremos ni sobre los restantes elementos del tipo penal. Es por ello que, por las razones antes expuestas, no cabe dictar Sentencia condenatoria tampoco respecto de este delito.

Por lo que se refiere al delito E), delito de imposición de acuerdos sociales abusivos, del artículo 291 del Código Penal , también se acusa como autores, en sentido propio, a D. Argimiro, Dª Daniela, y D. Carlos Jesús, y como cooperador necesario a D. Octavio,

El referido artículo castiga a "Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.".

En relación con este delito se debe tener en cuenta que como se reconoce en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña - confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia-, en el Edicto de 4 de noviembre de 2016, en el que se fijaron los lotes de la subasta judicial se incluyeron en el lote 1 las participaciones sociales en la mercantil "Ganadera del Piloño. S.L., haciéndose constar expresamente los acuerdos sociales cuestionados por la acusación -que constaban inscritos-, de modo que cuando se aprobó el remate, por Decreto de 19 de septiembre de 2017, la adjudicataria ya conocía la existencia de tales acuerdos, así como también, incluso antes, los conocía el administrador concursal, quien no obstante no los impugnó hasta bastante tiempo después, en concreto hasta mayo del año 2019, lo que motivó que en aquella Sentencia se considerase que existió una conformidad tácita, por parte de la administración concursal, con tales acuerdos, los cuales, como ya antes se manifestó, en la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña luego confirmada por Sentencia de 30 de septiembre de 2021 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia, se consideró que carecen de contenido patrimonial. y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, por lo que en definitiva no perjudicaron a la sociedad.

De acuerdo con nuestra Jurisprudencia, - STS de 4 de marzo de 2010, nº recurso 1012/2009-, el delito en cuestión requiere la concurrencia de varios elementos indispensables:

a) Imponer acuerdos abusivos.

Se trata de que el órgano de decisión de la sociedad, adopten una decisión por una mayoría «impuesta» por el juego numérico de la composición del órgano. El acuerdo no tiene por qué ser jurídicamente inválido, puede ser formalmente regular, pero abusivo en el sentido en que el artículo 7 del Código Civil describe el abuso de derecho como «(...). Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero (...)».

b) Prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación.

Indica «aprovecharse» de esa posición de poder o ventaja numérica que tiene el actor y que le facilita la realización del hecho descrito; uso de posición dominante que por sí sola no es constitutiva de infracción penal si no va seguida del resto de requisitos. Posición dominante que no necesita de una situación permanente de superioridad o dominio sino que basta con que se haya configurado aquella en relación con un determinado acto o acuerdo que resulta abusivo.

c) Con ánimo de lucro propio o ajeno. Se trata de un delito doloso. No será suficiente, por tanto, pretender y obtener un lucro propio sino que se debe hacer siendo consciente de que con ello no se beneficia a la sociedad.

d) En perjuicio de los demás socios. Este es un dato objetivo, pues es contrastable dado que el perjuicio y la ausencia de beneficio lo es en términos de valoración económicamente objetiva. No se trata de perjuicios morales o inmateriales sino fijados en cantidades económicas.

e) Ausencia de beneficios para la sociedad. No es exigible que se perjudique a la sociedad, bastando con que de la actuación no obtenga ésta un fruto, pero sí el autor beneficio propio. Este requisito actúa a modo de una condición a la que se subordinaba todo el contenido del tipo penal. Se trata de un verdadero elemento negativo del tipo que neutraliza toda la conducta típica (mayoría dominante, imposición de acuerdo abusivo y lucro propio) y hace desaparecer la responsabilidad criminal, cuando al final de todo el camino delictivo se llega a la conclusión de que la maniobra inequívocamente ilícita desemboca en un beneficio efectivo para la sociedad. Todo ello sin necesidad de acreditar que los sujetos mayoritarios han actuado con el interés exclusivo de favorecer los intereses sociales.

En el caso examinado, ni los acuerdos cuestionados son abusivos, ni fueron adoptados prevaliéndose los sujetos que los adoptaron de una situación de superioridad, ni los acuerdos perjudicaron a la sociedad, e incluso, de revestir los hechos naturaleza delictiva, el sujeto pasivo del delito no lo sería la Entidad denunciante "Contratas de Mobiliario Urbano, S.L.", pues, sujeto pasivo de este delito solo puede ser el socio o socios que hubieran resultado perjudicados por el acuerdo abusivo, y cuando se adoptaron los acuerdos cuestionados la titularidad de las participaciones sociales, que luego fueron adjudicadas a aquella mercantil, correspondían al concursado y a su esposa, los cuales habrían sido los sujetos pasivos del referido delito, y perjudicados, por lo que incluso se podría cuestionar la legitimación de la mercantil denunciante a tenor del contenido del artículo 296, del Código Penal - "Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal".-.

Se debe tener en cuenta que trata de aquel de un delito especial propio, por cuanto el sujeto activo sólo puede ser una persona concreta, quien tiene una posición mayoritaria en los órganos de la sociedad -junta de accionistas u órgano de administración-, y sujeto pasivo lo son los socios minoritarios que resulten perjudicados por el acuerdo abusivo, contrario a sus intereses y que no le reporte ningún beneficio a la sociedad.

De modo que respecto de este delito (E), tampoco ha quedado acreditada la concurrencia de los elementos típicos necesarios para fundamentar una Sentencia condenatoria.

El ultimo delito objeto de acusación (F), es el de estafa procesal, de los artículos 248.1, 249, y 250.1.6º del Código Penal, del que sería autor D. Octavio, y cooperadores necesarios Dª Daniela, y D. Carlos Jesús.

En el referido delito, como variante del delito de estafa, además de los elementos de aquel, deben concurrir los requisitos específicos del supuesto agravado, de modo que, además del ánimo de lucro, engaño bastante para producir error en otro, y acto de disposición por parte del engañado que le perjudica a él mismo o a un tercero, se requiere: a) que los hechos se produzcan en el transcurso de un proceso judicial; b) que el engaño se produzca mediante la manipulación de pruebas o alguna artimaña de igual significación; c) que el engañado sea el propio juez o tribunal, d) que sea inducido a error, y e) que, como consecuencia, el juez o tribunal dicte una resolución perjudicial para los intereses de la otra parte o de un tercero.

En el caso examinado, el "engaño" realizado por D. Octavio habría consistido, de acuerdo con la acusación, en la presentación de demanda judicial en reclamación de cantidad correspondiente a sus honorarios por la llevanza de la contabilidad y cumplimiento de obligaciones fiscales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 a 2014, presentando factura de 25 de enero de 2017 por unos servicio que considera ficticios, o cuando menos por un importe -13.494'14 euros- excesivo, y el error se habría materializada en el dictado de una resolución judicial estimatoria de la demanda, todo ello llevado a cabo, según afirma, en connivencia con los otros acusados para despatrimonializar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Lo cierto es que sí ha quedado acreditada la existencia de un procedimiento judicial en el que se dictó Sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por D. Octavio en reclamación de sus honorarios profesionales, cuya realidad resulta de la propia Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de La Coruña, y del reconocimiento del propio denunciante, quien en su escrito inicial afirma que tanto en las cuentas anuales como en el impuesto de sociedades de "Ganadera del Piloño, S.L.", correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015, consta la firma digital del Sr. Octavio, y la testifical de la Sra. Carolina, empleada de D. Octavio, quien manifestó "que ella hizo la contabilidad, que ella hacia liquidaciones trimestrales e impuestos de sociedades, que la relación termino en 2015, porque no pagaban, y que se emitió una única factura que resultó impagada, que desconocía que la empresa estaba en concurso, que nunca habló con la administración concursal", y ladeclaración del propio Sr. Argimiro, quien reconoció la llevanza de la contabilidad por la asesoría del D. Octavio y el impago, no existiendo prueba alguna de descargo ni respecto a que los honorarios reclamados por D. Octavio no respondiesen a servicios efectivamente prestados a "Ganadera del Piloño, S.L.", o que aquellos fuesen desmesurados, ni de la supuesta connivencia entre los acusados para defraudar a la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

No existe prueba de que el acusado, D. Octavio, conociese la situación de concurso en que se encontraba el Sr. Arsenio; se debe tener en cuenta que el concurso no era de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." y que de acuerdo con la declaración del administrador concursal, Sr. Luis, no se puso en contacto con él ningún asesor o contable de la empresa, y no conocía la existencia de la deuda.

No existe prueba de que los otros acusados hubiesen admitido el gasto para que así D. Octavio pudiese gravar activos de la empresa. El gasto existió, tal y como resulta acreditado, y el hecho de que la mercantil no se hubiese opuesto a la demanda no es indicio ni de aquella connivencia, ni de un propósito de despatrimonializar a la mercantil, como tampoco lo es hecho de que el Sr. Octavio no hubiese embargado las rentas por el alquiler de dos naves, cuya realidad también cuestiona la acusación, pero que ha quedado acreditado a través de la testifical rendida por Dª Josefina y Dª Adelaida.

De modo que, tampoco existe prueba de la comisión del delito F) por parte de los acusados.

SEGUNDO.-Y siendo una de las consecuencias del principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que el imputado-acusado no necesita probar nada, siendo toda la prueba de cargo de los acusadores, si falta la misma, como es el caso, necesariamente debe de dictarse Sentencia absolutoria.

TERCERO.-En cuanto a las costas procesales se debe condenar a su abono a la acusación particular, pues habiendo existido petición expresa en tal sentido, se aprecia la existencia de mala fe y temeridad por parte de aquella, al haber mantenido una acusación insostenible e ilógica a sabiendas - art. 240 LECrim. -, pues la entidad "Contratas Mobiliario Urbano, S.L" antes de participar en la subasta y adjudicarse las participaciones sociales que ostenta en la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." fue conocedora, a través del Decreto de 16 de marzo de 2017 en que se anunció la subasta, de la existencia de los acuerdos sociales, que debidamente inscritos, han sido la base en que ha fundado su acusación, como también lo era, pues fue demandada en el procedimiento, de que la demanda en que se ejercitó la acción de anulación de aquellos acuerdos sociales había sido previamente desestimada y que en ella se declaró que tales acuerdos carecían de contenido patrimonial y no tuvieron relevancia patrimonial para el concurso, como también constaba que una de las personas denunciadas, en concreto Dª Daniela, había ejercitado el derecho de adquisición preferente, respecto de las participaciones sociales de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L." que se adjudicó la entidad que ha sostenido la acusación "Contratas Mobiliario Urbano, S.L", procedimiento judicial que está todavía pendiente de resolución y que sin duda ha tenido relevancia en la decisión de formular la denuncia, que dio lugar al presente procedimiento, al interesarse en la conclusión sexta del escrito de acusación "la nulidad de los actos y negocios fraudulentos" entre los que se encuentra el aumento de capital que dio entrada en la mercantil a Dª Daniela; no obstante todo ello la entidad denunciante mantuvo la acusación en el Juicio Oral, donde se constató una completa falta de acreditación tanto de los hechos objeto de acusación como de la participación en los mismos de los acusados, a quienes de forma injustificada se les implico en la adopción de decisiones y en la toma de acuerdos sociales cuando era manifiesto que algunos de los denunciados no ostentaban facultades de administración, y que incluso en relación con algún acuerdo la entidad denunciante carecía de legitimación, extendiendo incluso tal participación, en concepto de cooperador necesario, a quien, como ha quedado acreditado, únicamente presto sus servicios profesionales de asesoría contable de la mercantil ganadera, y ello a causa de la reclamación judicial de sus honorarios profesionales, que tuvo como consecuencia el embargo de inmuebles de la mercantil "Ganadera del Piloño, S.L.".

Cabe citar la actual jurisprudencia al respecto, en la que como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele indicarse, más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. "Lo que no empece que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se estime que existen "razones para suponer que no le asistía el derecho" o cuando las circunstancias permiten considerar que "no podía dejar de tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción". Desde luego se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se le imputa" ( STS 297/22, de 24 de marzo , 508/2014 de 9 junio )

Vistos los artículos citados, y los demás de general y pertinente aplicación, la Sala pronuncia el siguiente: