Sentencia Penal 114/2026 Audiencia Provincial Penal nº 4 de Pontevedra, Rec. 334/2026 de 24 de abril del 2026

PRIMERO.- Se interpone recurso por la representación procesal de Carlos Miguel alegando error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición; nulidad del juicio oral por contaminación de testigos; incorrecta aplicación del art 21.2 CP e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta; solicitando se dicte Sentencia que revoque la dictada en primera instancia, estimando en su lugar el presente recurso absolviendo a D Carlos Miguel; subsidiariamente se declare la nulidad de la Sentencia o en su defecto se aplique la condena con las moderaciones/ reducciones alegadas.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- El primero de los motivos en el que se fundamenta el recurso es el error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición.

Insiste la defensa en que transcurrieron 50 minutos aproximadamente desde que se produjo el accidente hasta que llegaron los agentes, afirmación que no se encuentra acreditada vistas las declaraciones de los agentes al respecto, sin que pueda establecerse- no lo hace la sentencia dictada- un periodo de tiempo desde que ocurre el accidente hasta que llegan los agentes con una mínima seguridad, pudiendo estar únicamente al tiempo que tardaron los agentes en llegar desde que fueron llamados desde que los usuarios de la vía avisan a la central (7:40), llegando los primeros unos quince/ veinte minutos después, sin que pueda por tanto justificarse la apreciación temporal de la que parte la defensa.

Por otra parte, que el acusado sostuviera en el plenario que estaba fuera del coche cuando llegaron los agentes viene contradicho por las declaraciones prestadas por éstos, aludiendo ya el juzgador al hecho de que no conocían de nada al acusado; lo que le lleva a excluir cualquier motivo espurio en relación con la versión dada por los referidos testigos.

Y que el acusado no se moviera no quiere decir que no pudiera hacerlo. Lo que relatan los agentes y recoge el juez es que está en el asiento del conductor, con las llaves en la mano y comprueban que todos los mecanismos del vehículo (distancia a los pedales, asientos y demás elementos) están ajustados a sus características físicas.

La hipótesis defensiva, excluida por las razones expuestas, la versión del acusado respecto a que estaba fuera del vehículo cuando llegan los agentes, consiste en que el acusado no era quien conducía, sino que conducía un tercero que se marchó al monte cuando, siendo esta la versión reiteradamente mantenida por el acusado (así se desprende de lo declarado por los agentes intervinientes), alegándose en su apoyo que saltaron los dos airbags y que los agentes no hicieron búsqueda por las inmediaciones.

La STSJ de Cataluña en Sentencia de fecha 28.3.2025 sostiene que Partimos en este análisis de las exigencias a cada una de las hipótesis planteadas, la acusatoria y la defensiva. La sentencia del STS 23/2023 de 20 enero, fija el argumento del canon de suficiencia probatoria, recogido y ampliado en la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional STC 72/24 de 20 de junio, que analiza especialmente el alcance de la apelación respecto de las sentencias absolutorias y condenatorias. i) La primera STS 23/23 de 20 de enero, establece entre otras cosas lo siguiente, FTO.5º "(...) Cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria ( STS 762/2022, de 15 de septiembre), el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. (..). (...) Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria. Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. (...) (..) Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, el aspecto conclusivo de la primera. No, de forma necesaria, excluirla. La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contra hipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Sigue manteniendo nuestra jurisprudencia, que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación -la especifica identificada por la defensa o la genérica de la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. (..) La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria-vid. STS 229/2021, de 11 de marzo -(...)"

De acuerdo con la jurisprudencia referida, no puede considerarse que la hipótesis defensiva goce del umbral de atendibilidad suficiente al que se hace referencia y que por tanto genere una duda basada en razones. El acusado declaró no conducía el vehículo NUM002, es de su madre y lo usa el declarante, que lo conducía un chaval que conoció esa misma noche, le dio si lo llevaba porque iba mejor que él, cuando se salió el coche de la vía el chico se fue, se lo dijo a la Guardia Civil. Por tanto, el acusado hace referencia a la presencia de un tercero que además era quien conducía, del que no ofrece si quiera en el plenario circunstancia o característica alguna, ni siquiera donde lo encontró o como se indica característica física alguna. Y la falta de esas características tampoco la complexión lleva a considerar que la hipótesis defensiva no es más que una defensa genérica. Que los agentes no inicien una búsqueda cuando no se les aporta dato alguno respecto del tercero no supone un apoyo a dicha hipótesis como tampoco que saltaran los dos airbags que más allá del dato acreditado de que efectivamente saltaron los dos, nada aportan que si quiera pueda fundamentar la duda de que ello estuviera motivado por la presencia de una tercera persona, fuera o no el conductor.

En consecuencia, no se aprecia el error en la valoración alegado, ni vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ( STS 858/2016 de 14 de noviembre) considerando que la condena no se asienta en conjeturas o probabilidades, ni por las razones antes expuestas, se estima aplicable el principio in dubio pro reo, puesto que ni la prueba de cargo ha sido valorada en contra del reo ni la hipótesis defensiva ha hecho surgir una duda fundamentada en razones; descartando vista la motivación de la sentencia el error de tipo y/ o de prohibición alegado.

TERCERO.- Respecto al motivo basado en la nulidad del juicio oral por contaminación de testigos y planteado con carácter alternativo para el caso de no estimarse la absolución planteada con carácter principal; se sostiene en el recurso en esencia que el primer agente declaró y se marchó de la Sala de Vistas, y los otros dos agentes que esperaban fuera contestaron a las preguntas de la defensa anticipándose a éstas y con respuestas ya aprendidas.

El motivo expuesto no puede tener favorable acogida. La SAP Sevilla 319/2025 de fecha 16 de julio de 2025 dice "... pues como señala la sentencia del TS de 21 de marzo de 2024: "El artículo 704 dispone que "Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona". Un precepto que trata de prevenir que los distintos testigos intervinientes en el juicio oral puedan concertarse en su relato, pero cuya inobservancia nunca es determinante de un vicio de nulidad de la prueba, menos aun cuando existen supuestos en los que no puede garantizarse esta prevención, tal y como acontece en los juicios de larga duración o cuando el enjuiciamiento es objeto de atención por los medios de comunicación. Así lo ha afirmado nuestra jurisprudencia, subrayando que la inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no afecta a la validez de la prueba sino a su valoración, debiendo evaluar el Tribunal, a la hora de ponderar el conjunto de pruebas practicadas, las circunstancias en las que declarercero.- aron los testigos, su relevancia y las muestras de un eventual concierto entre ellos y la credibilidad de sus aserciones en contraste con el resto del material probatorio". (En similares términos SAP Valladolid 188/2024 de 20de junio)

Y las razones por las que el motivo no prospera no se asientan únicamente en que preguntado en el plenario por la defensa el tercero de los testigos sobre si habló con el 1ª como refiere la parte recurrente en su escrito éste manifestara que no, sin que se aprecie la obviedad de la respuesta en tanto declaraba en calidad de testigo con los apercibimientos correspondientes y en todo caso en respuesta a una pregunta formulada por la defensa como se indica, sino porque el primero de los testigos y agentes que prestó declaración nada dijo sobre la complexión porque no fue preguntado al respecto limitándose a contestar a las preguntas formuladas en el sentido de que el acusado estaba sentado en el asiento del conductor; de forma que nada pudo decir a quienes esperaban fuera en relación con preguntas concretas sobre complexión o sobre porqué creía que era el conductor. Es el segundo agente el que estaba el acusado en el asiento del conductor con las llaves en la mano y que el estaba adaptado a la altura y medidas de la persona que estaba sentido en el asiento del conductor. Pero cuando este testigo declara el tercer testigo está fuera de la sala y por tanto sin posibilidad de comunicación entre ellos; y cuando entra el tercero efectivamente explica el porqué cree que era el conductor explicándolo de forma más exhaustiva que el segundo y contestando igualmente a las preguntas que al respecto le fueron formuladas.

Ninguna queja fue formulada cuando se tomó declaración a los agentes más allá de la pregunta ya mencionada y contestada por el testigo, sin que de lo expuesto quepa considerar que los agentes se hubieran puesto de acuerdo en el contenido de sus respectivas declaraciones, versando sus declaraciones sobre unos mismos hechos, habiendo sido sometidos los tres testigos a efectiva contradicción; todo lo cual lleva como ya se ha señalado a desestimar el motivo alegado.

CUARTO.- Incorrecta aplicación del art 21.2 e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; considerando que justifica su apreciación tanto el contenido de la propia resolución impugnada "lamentable estado en que se encontraba el acusado por la mezcla de ingesta alcohólica y drogas", las manifestaciones de los agentes actuantes en el acto de la vista y la diligencia de síntomas externos, las sentencias aportadas como documento número 1 y la aportad al comienzo del juicio, la tarjeta de asistencia a tratamiento en la UAD de DIRECCION002, informe de la UAD de DIRECCION003, informes de urgencias hospitalarias e ingresos en psiquiatría, el último no dos meses antes de estos hechos, con diagnóstico de intoxicación etílica aguda en contexto de paciente con policonsumo de larga data, agresividad secundaria; habiendo reconocido ya el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación la atenuante analógica al respecto.

En relación con este motivo del recurso, acoge la Sala los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que parte de la valoración de las sentencias aportadas reflejando afirmaciones contenidas en las mismas, y considerando que ciertamente la afectación moderada de las capacidades volitivas- una de las afirmaciones contenidas en una de las referidas resoluciones, permita la aplicación de la eximente o atenuante muy cualificada, conviniendo igualmente en que nada se ha acreditado respecto a la incidencia del TDAH en las capacidades volitivas e intelectivas en relación con los hechos objeto de este procedimiento.

De todo ello y descartada su aplicación por ser elemento nuclear del tipo en el artículo 379 del Código Penal, se estima ajustada a derecho la aplicación de la circunstancia como atenuante en relación con el artículo 383 del Código Penal tal y como consta en la sentencia.

QUINTO. -Incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) que se fundamenta en la dilación extraordinaria e indebida entre octubre de 2022- desde que el acusado ya fue detenido, obrando con la condición de investigado y sabedor de la existencia del proceso penal en su contra, y juicio en febrero de 2026, casi tres años y medio más tarde, transcurriendo seis meses desde la declaración judicial hasta que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y trece meses desde entonces (7.1.2025) hasta la celebración del juicio.

Indica la STS 566/2025 de fecha 19 de junio: "Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).

Asimismo, sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( STS 654/2007, de 3-7 ; 890'/2007, de 31-10 ,entre otras) debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

Como dice la STS 1-7-2009 debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la pena, subsistente en su integridad.

En definitiva, conforme a la nueva regulación de la atenuante de dilaciones indebidas, los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues si bien también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante ( STS. 21.7.2011).

Y en cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora les siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Y la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de la pena en concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

En este sentido las SSTS 737/2016 del 5 octubre ,y 262/2009 de 17 marzo ,en este punto son significativas, al declarar que "debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable que propugna el art. 6.1 del Convenio citado, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente garantista hacia el justiciable como es el nuestro. En similar sentido la STS. 525/2011 de 8.6 ,que la dilación, por supuesto no es indebida si responde al ejercicio de un derecho procesal. La solicitud de que se practiquen diligencias de prueba con la interposición de recursos comporta una dilación en la tramitación de la causa, pero responden al ejercicio de elementales derechos de defensa, por lo que la dilación propia de estos recursos no puede nunca ser calificada como dilación indebida.

Por ello no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Es claro que el respeto al derecho de defensa implica asumir la necesidad de proceder a la práctica de las diligencias que las partes soliciten y que sean pertinentes, pero es igualmente claro que implica el transcurso del tiempo necesario para ello.

Y también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos. Así la jurisprudencia por ejemplo STS 841/2015 del 30 diciembre ha declarado, que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella ( STS 250/2014, de 14 de marzo ).Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud ( STS 940/2009 de 30 de septiembre ).En definitiva el conjunto de los retrasos injustificados se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo ( STS. 371/2015 de 17.6 ).

8.2.-En cuanto a su consideración como muy cualificada, esta Sala Segunda, STS 650/2018, de 14 de diciembre ,tiene dicho que, si para apreciar la atenuante simple se requiere una dilación indebida "extraordinaria" en su extensión temporal, ello debe comportar que los elementos que configuran la razón atenuatoria se den de forma intensa y relevante.

En concreto en relación a la dilación se exige que supere el concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente "desmesurada", esto es que esté fuera de toda normalidad. También cuando la dilación materialmente extraordinaria, pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad por la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales ( SSTS 95/2016 de 17 febrero , 318/2016 de 15 abril , 320/2018, de 29 de junio ).

En definitiva, se necesita un plus que la Sala de instancia debe expresar mediante la descripción de una realidad singular y extraordinaria que justifique su también extraordinaria y singular valoración atenuatoria.

Como explica y compendia la STS 668/2016 de 21 de julio "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso ); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación ); 506/2002 de 21 de marzo (9 años ); 39/2007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 440/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/201, de 21 de abril (12 años)." Más recientemente la STS 760/2015 de 3 de diciembre estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste."

En trámite de conclusiones definitivas, se alegó por la defensa la circunstancias mencionada señalando únicamente el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos hasta el juicio oral, casi tres años y medio; sin mención específica a cuales han sido los periodos de paralización injustificados en los que considera debe fundamentarse la circunstancia peticionada; de ahí la jurisprudencia especialmente reflejada por el juez a quo en la sentencia ( STS 641/2021 de 15 de julio y 62/2018 de fecha 5 de febrero). No obstante, sí se razona en la resolución impugnada respecto al tiempo transcurrido, y así, se conviene con el juzgador en que, conforme a la jurisprudencia, es la fecha en la que se toma declaración en calidad de investigado aquella que es el momento de imputación, lo que se llevó a cabo el 25 de junio de 2024, habiendo estado previamente el acusado en ignorando paradero por lo que se acordó su búsqueda, detención y presentación.

Desde la fecha de la toma de declaración en calidad de investigado, se dictó Auto de procedimiento abreviado el 9 de diciembre de 2024 y la calificación del Ministerio Fiscal se efectúa el 2 de enero de 2025, presentándose escrito de defensa el 13 de junio de 2025, celebrándose el acto del juicio el 10 de febrero de 2026. Ninguno de los periodos señalados supone una paralización que pueda tenerse en cuenta a la hora de apreciar la circunstancia de dilaciones indebidas si quiera como simple.

Y por lo que respecta al grado de aflictividad derivado de los retrasos ya señala el juzgador que no aludió a ello la defensa para valorar una posible apreciación de la atenuante. En el escrito de interposición del recurso se hace referencia al documento 1 aportado con el escrito de defensa, sentencia por hechos de 23/06/2022 aportada al inicio del juicio y antecedentes penales del acusado, que objetivan que a la fecha de los hechos (2022) el acusado se hallaba en una espiral delincuencial que ha fecha 2026 ha superado, especialmente durante los dos últimos años la incertidumbre y zozobra se ha hecho más palpable, encontrándose en la actualidad en deshabituación, desarrollando actividad laboral para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y haciendo referencia también a su situación personal actual y a la comparecencia al acto del juicio por conexión desde el hospital donde estaba su hijo para una revisión.

Pues bien, los cambios en la situación personal, laboral y familiar del acusado tendrán influencia en el caso de que se formulen otras petición relativas; pero ninguna incidencia se aprecia de la existencia del proceso en el acusado en el sentido sostenido por la jurisprudencia, debiendo insistirse que más allá de la pendencia del procedimiento ninguna otra acreditación de incertidumbre o zozobra pueda achacarse a la tramitación de aquel en el que ninguna paralización que pueda calificarse de extraordinaria se aprecia.

SEXTO.- Por último, se alega de forma subsidiaria, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta, y se basa en que el acusado consintió expresamente la realización de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de condena, que además son menos gravosos que la multa impuesta aludiendo a las cargas familiares del acusado, que es la forma en que está realizando el cumplimiento de la mayoría de las condenas que obran en sus antecedentes.

La STS 179/2018 de 12.4 alude en relación con el deber de motivación a la STC 21/2008 de 31 de enero que establecía que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y la STS 123/2021 de fecha 11 de febrero dice: "Por lo que se refiere a la motivación esta Sala ha recordado con reiteración la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada". La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional, sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente. La conveniencia de motivación sobre la determinación de la pena se transmuta en necesidad en determinados supuestos. Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente; b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada; c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia; e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados, en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales, siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicitar lo obvio ", siendo de aplicación igualmente el principio de proporcionalidad conforme al tenor de las SSTS 241/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021 y 33/2013 de 24 de enero, entre otras.

Estando a las alegaciones de la parte y en primer lugar, el hecho de que el acusado consienta la realización de trabajos en beneficio de la comunidad en nada vincula al juzgador a la hora de determinar la pena que estima procedente; constando en la sentencia la motivación por la que efectivamente opta por la pena de multa y pese a que en este caso se considere por la parte más gravosa la imposición de multa que la de trabajos, el juzgador también alude a la compatibilidad en entre dicho entre los trabajos en beneficio de la comunidad y el trabajo que desarrolla el acusado.

Por tanto, en la sentencia aparece justificada la imposición de la pena de multa, que ha de mantenerse sin perjuicio de lo que en fase de ejecución pueda acreditarse y la concesión si se solicita del abono de la multa de forma fraccionada o en caso de responsabilidad personal subsidiaria, lo que del mismo modo se resuelva en relación con trabajos en beneficio de la comunidad conforme al artículo 53 del Código Penal.

Se discrepa también de la cuota impuesta de 10 euros señalando que dadas las cargas familiares y el trabajo de mantenimiento/jardinería que se lleva a cabo para el Ayuntamiento de DIRECCION004 sería más acorde la cuota diaria de 4 euros. En este caso, el juez ha atendido a los datos con los que ha contado a través de la declaración prestada por el acusado, esto es, que trabaja para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y que es padre de un recién nacido; y en el desarrollo de actividad laboral y en dicha carga familiar justifica la cuota impuesta. Los restantes datos solo se sustentan en la alegación contenida en el recurso, y en todo caso, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren las dichas circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, y así sucede en el caso presente en que valoradas las circunstancias conocidas, se impone la cuota de 10 euros, esto es en el tramo inferior; volviendo nuevamente a señalar la posibilidad de solicitar el correspondiente fraccionamiento de la pena impuesta.

Por tanto, la petición subsidiaria relativa a la pena impuesta no puede prosperar.

ULTIMO- No procede la imposición de las costas de esta alzada.

PRIMERO.- Se interpone recurso por la representación procesal de Carlos Miguel alegando error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición; nulidad del juicio oral por contaminación de testigos; incorrecta aplicación del art 21.2 CP e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta; solicitando se dicte Sentencia que revoque la dictada en primera instancia, estimando en su lugar el presente recurso absolviendo a D Carlos Miguel; subsidiariamente se declare la nulidad de la Sentencia o en su defecto se aplique la condena con las moderaciones/ reducciones alegadas.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- El primero de los motivos en el que se fundamenta el recurso es el error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición.

Insiste la defensa en que transcurrieron 50 minutos aproximadamente desde que se produjo el accidente hasta que llegaron los agentes, afirmación que no se encuentra acreditada vistas las declaraciones de los agentes al respecto, sin que pueda establecerse- no lo hace la sentencia dictada- un periodo de tiempo desde que ocurre el accidente hasta que llegan los agentes con una mínima seguridad, pudiendo estar únicamente al tiempo que tardaron los agentes en llegar desde que fueron llamados desde que los usuarios de la vía avisan a la central (7:40), llegando los primeros unos quince/ veinte minutos después, sin que pueda por tanto justificarse la apreciación temporal de la que parte la defensa.

Por otra parte, que el acusado sostuviera en el plenario que estaba fuera del coche cuando llegaron los agentes viene contradicho por las declaraciones prestadas por éstos, aludiendo ya el juzgador al hecho de que no conocían de nada al acusado; lo que le lleva a excluir cualquier motivo espurio en relación con la versión dada por los referidos testigos.

Y que el acusado no se moviera no quiere decir que no pudiera hacerlo. Lo que relatan los agentes y recoge el juez es que está en el asiento del conductor, con las llaves en la mano y comprueban que todos los mecanismos del vehículo (distancia a los pedales, asientos y demás elementos) están ajustados a sus características físicas.

La hipótesis defensiva, excluida por las razones expuestas, la versión del acusado respecto a que estaba fuera del vehículo cuando llegan los agentes, consiste en que el acusado no era quien conducía, sino que conducía un tercero que se marchó al monte cuando, siendo esta la versión reiteradamente mantenida por el acusado (así se desprende de lo declarado por los agentes intervinientes), alegándose en su apoyo que saltaron los dos airbags y que los agentes no hicieron búsqueda por las inmediaciones.

La STSJ de Cataluña en Sentencia de fecha 28.3.2025 sostiene que Partimos en este análisis de las exigencias a cada una de las hipótesis planteadas, la acusatoria y la defensiva. La sentencia del STS 23/2023 de 20 enero, fija el argumento del canon de suficiencia probatoria, recogido y ampliado en la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional STC 72/24 de 20 de junio, que analiza especialmente el alcance de la apelación respecto de las sentencias absolutorias y condenatorias. i) La primera STS 23/23 de 20 de enero, establece entre otras cosas lo siguiente, FTO.5º "(...) Cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria ( STS 762/2022, de 15 de septiembre), el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. (..). (...) Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria. Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. (...) (..) Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, el aspecto conclusivo de la primera. No, de forma necesaria, excluirla. La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contra hipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Sigue manteniendo nuestra jurisprudencia, que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación -la especifica identificada por la defensa o la genérica de la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. (..) La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria-vid. STS 229/2021, de 11 de marzo -(...)"

De acuerdo con la jurisprudencia referida, no puede considerarse que la hipótesis defensiva goce del umbral de atendibilidad suficiente al que se hace referencia y que por tanto genere una duda basada en razones. El acusado declaró no conducía el vehículo NUM002, es de su madre y lo usa el declarante, que lo conducía un chaval que conoció esa misma noche, le dio si lo llevaba porque iba mejor que él, cuando se salió el coche de la vía el chico se fue, se lo dijo a la Guardia Civil. Por tanto, el acusado hace referencia a la presencia de un tercero que además era quien conducía, del que no ofrece si quiera en el plenario circunstancia o característica alguna, ni siquiera donde lo encontró o como se indica característica física alguna. Y la falta de esas características tampoco la complexión lleva a considerar que la hipótesis defensiva no es más que una defensa genérica. Que los agentes no inicien una búsqueda cuando no se les aporta dato alguno respecto del tercero no supone un apoyo a dicha hipótesis como tampoco que saltaran los dos airbags que más allá del dato acreditado de que efectivamente saltaron los dos, nada aportan que si quiera pueda fundamentar la duda de que ello estuviera motivado por la presencia de una tercera persona, fuera o no el conductor.

En consecuencia, no se aprecia el error en la valoración alegado, ni vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ( STS 858/2016 de 14 de noviembre) considerando que la condena no se asienta en conjeturas o probabilidades, ni por las razones antes expuestas, se estima aplicable el principio in dubio pro reo, puesto que ni la prueba de cargo ha sido valorada en contra del reo ni la hipótesis defensiva ha hecho surgir una duda fundamentada en razones; descartando vista la motivación de la sentencia el error de tipo y/ o de prohibición alegado.

TERCERO.- Respecto al motivo basado en la nulidad del juicio oral por contaminación de testigos y planteado con carácter alternativo para el caso de no estimarse la absolución planteada con carácter principal; se sostiene en el recurso en esencia que el primer agente declaró y se marchó de la Sala de Vistas, y los otros dos agentes que esperaban fuera contestaron a las preguntas de la defensa anticipándose a éstas y con respuestas ya aprendidas.

El motivo expuesto no puede tener favorable acogida. La SAP Sevilla 319/2025 de fecha 16 de julio de 2025 dice "... pues como señala la sentencia del TS de 21 de marzo de 2024: "El artículo 704 dispone que "Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona". Un precepto que trata de prevenir que los distintos testigos intervinientes en el juicio oral puedan concertarse en su relato, pero cuya inobservancia nunca es determinante de un vicio de nulidad de la prueba, menos aun cuando existen supuestos en los que no puede garantizarse esta prevención, tal y como acontece en los juicios de larga duración o cuando el enjuiciamiento es objeto de atención por los medios de comunicación. Así lo ha afirmado nuestra jurisprudencia, subrayando que la inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no afecta a la validez de la prueba sino a su valoración, debiendo evaluar el Tribunal, a la hora de ponderar el conjunto de pruebas practicadas, las circunstancias en las que declarercero.- aron los testigos, su relevancia y las muestras de un eventual concierto entre ellos y la credibilidad de sus aserciones en contraste con el resto del material probatorio". (En similares términos SAP Valladolid 188/2024 de 20de junio)

Y las razones por las que el motivo no prospera no se asientan únicamente en que preguntado en el plenario por la defensa el tercero de los testigos sobre si habló con el 1ª como refiere la parte recurrente en su escrito éste manifestara que no, sin que se aprecie la obviedad de la respuesta en tanto declaraba en calidad de testigo con los apercibimientos correspondientes y en todo caso en respuesta a una pregunta formulada por la defensa como se indica, sino porque el primero de los testigos y agentes que prestó declaración nada dijo sobre la complexión porque no fue preguntado al respecto limitándose a contestar a las preguntas formuladas en el sentido de que el acusado estaba sentado en el asiento del conductor; de forma que nada pudo decir a quienes esperaban fuera en relación con preguntas concretas sobre complexión o sobre porqué creía que era el conductor. Es el segundo agente el que estaba el acusado en el asiento del conductor con las llaves en la mano y que el estaba adaptado a la altura y medidas de la persona que estaba sentido en el asiento del conductor. Pero cuando este testigo declara el tercer testigo está fuera de la sala y por tanto sin posibilidad de comunicación entre ellos; y cuando entra el tercero efectivamente explica el porqué cree que era el conductor explicándolo de forma más exhaustiva que el segundo y contestando igualmente a las preguntas que al respecto le fueron formuladas.

Ninguna queja fue formulada cuando se tomó declaración a los agentes más allá de la pregunta ya mencionada y contestada por el testigo, sin que de lo expuesto quepa considerar que los agentes se hubieran puesto de acuerdo en el contenido de sus respectivas declaraciones, versando sus declaraciones sobre unos mismos hechos, habiendo sido sometidos los tres testigos a efectiva contradicción; todo lo cual lleva como ya se ha señalado a desestimar el motivo alegado.

CUARTO.- Incorrecta aplicación del art 21.2 e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; considerando que justifica su apreciación tanto el contenido de la propia resolución impugnada "lamentable estado en que se encontraba el acusado por la mezcla de ingesta alcohólica y drogas", las manifestaciones de los agentes actuantes en el acto de la vista y la diligencia de síntomas externos, las sentencias aportadas como documento número 1 y la aportad al comienzo del juicio, la tarjeta de asistencia a tratamiento en la UAD de DIRECCION002, informe de la UAD de DIRECCION003, informes de urgencias hospitalarias e ingresos en psiquiatría, el último no dos meses antes de estos hechos, con diagnóstico de intoxicación etílica aguda en contexto de paciente con policonsumo de larga data, agresividad secundaria; habiendo reconocido ya el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación la atenuante analógica al respecto.

En relación con este motivo del recurso, acoge la Sala los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que parte de la valoración de las sentencias aportadas reflejando afirmaciones contenidas en las mismas, y considerando que ciertamente la afectación moderada de las capacidades volitivas- una de las afirmaciones contenidas en una de las referidas resoluciones, permita la aplicación de la eximente o atenuante muy cualificada, conviniendo igualmente en que nada se ha acreditado respecto a la incidencia del TDAH en las capacidades volitivas e intelectivas en relación con los hechos objeto de este procedimiento.

De todo ello y descartada su aplicación por ser elemento nuclear del tipo en el artículo 379 del Código Penal, se estima ajustada a derecho la aplicación de la circunstancia como atenuante en relación con el artículo 383 del Código Penal tal y como consta en la sentencia.

QUINTO. -Incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) que se fundamenta en la dilación extraordinaria e indebida entre octubre de 2022- desde que el acusado ya fue detenido, obrando con la condición de investigado y sabedor de la existencia del proceso penal en su contra, y juicio en febrero de 2026, casi tres años y medio más tarde, transcurriendo seis meses desde la declaración judicial hasta que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y trece meses desde entonces (7.1.2025) hasta la celebración del juicio.

Indica la STS 566/2025 de fecha 19 de junio: "Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).

Asimismo, sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( STS 654/2007, de 3-7 ; 890'/2007, de 31-10 ,entre otras) debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

Como dice la STS 1-7-2009 debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la pena, subsistente en su integridad.

En definitiva, conforme a la nueva regulación de la atenuante de dilaciones indebidas, los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues si bien también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante ( STS. 21.7.2011).

Y en cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora les siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Y la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de la pena en concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

En este sentido las SSTS 737/2016 del 5 octubre ,y 262/2009 de 17 marzo ,en este punto son significativas, al declarar que "debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable que propugna el art. 6.1 del Convenio citado, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente garantista hacia el justiciable como es el nuestro. En similar sentido la STS. 525/2011 de 8.6 ,que la dilación, por supuesto no es indebida si responde al ejercicio de un derecho procesal. La solicitud de que se practiquen diligencias de prueba con la interposición de recursos comporta una dilación en la tramitación de la causa, pero responden al ejercicio de elementales derechos de defensa, por lo que la dilación propia de estos recursos no puede nunca ser calificada como dilación indebida.

Por ello no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Es claro que el respeto al derecho de defensa implica asumir la necesidad de proceder a la práctica de las diligencias que las partes soliciten y que sean pertinentes, pero es igualmente claro que implica el transcurso del tiempo necesario para ello.

Y también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos. Así la jurisprudencia por ejemplo STS 841/2015 del 30 diciembre ha declarado, que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella ( STS 250/2014, de 14 de marzo ).Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud ( STS 940/2009 de 30 de septiembre ).En definitiva el conjunto de los retrasos injustificados se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo ( STS. 371/2015 de 17.6 ).

8.2.-En cuanto a su consideración como muy cualificada, esta Sala Segunda, STS 650/2018, de 14 de diciembre ,tiene dicho que, si para apreciar la atenuante simple se requiere una dilación indebida "extraordinaria" en su extensión temporal, ello debe comportar que los elementos que configuran la razón atenuatoria se den de forma intensa y relevante.

En concreto en relación a la dilación se exige que supere el concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente "desmesurada", esto es que esté fuera de toda normalidad. También cuando la dilación materialmente extraordinaria, pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad por la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales ( SSTS 95/2016 de 17 febrero , 318/2016 de 15 abril , 320/2018, de 29 de junio ).

En definitiva, se necesita un plus que la Sala de instancia debe expresar mediante la descripción de una realidad singular y extraordinaria que justifique su también extraordinaria y singular valoración atenuatoria.

Como explica y compendia la STS 668/2016 de 21 de julio "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso ); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación ); 506/2002 de 21 de marzo (9 años ); 39/2007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 440/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/201, de 21 de abril (12 años)." Más recientemente la STS 760/2015 de 3 de diciembre estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste."

En trámite de conclusiones definitivas, se alegó por la defensa la circunstancias mencionada señalando únicamente el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos hasta el juicio oral, casi tres años y medio; sin mención específica a cuales han sido los periodos de paralización injustificados en los que considera debe fundamentarse la circunstancia peticionada; de ahí la jurisprudencia especialmente reflejada por el juez a quo en la sentencia ( STS 641/2021 de 15 de julio y 62/2018 de fecha 5 de febrero). No obstante, sí se razona en la resolución impugnada respecto al tiempo transcurrido, y así, se conviene con el juzgador en que, conforme a la jurisprudencia, es la fecha en la que se toma declaración en calidad de investigado aquella que es el momento de imputación, lo que se llevó a cabo el 25 de junio de 2024, habiendo estado previamente el acusado en ignorando paradero por lo que se acordó su búsqueda, detención y presentación.

Desde la fecha de la toma de declaración en calidad de investigado, se dictó Auto de procedimiento abreviado el 9 de diciembre de 2024 y la calificación del Ministerio Fiscal se efectúa el 2 de enero de 2025, presentándose escrito de defensa el 13 de junio de 2025, celebrándose el acto del juicio el 10 de febrero de 2026. Ninguno de los periodos señalados supone una paralización que pueda tenerse en cuenta a la hora de apreciar la circunstancia de dilaciones indebidas si quiera como simple.

Y por lo que respecta al grado de aflictividad derivado de los retrasos ya señala el juzgador que no aludió a ello la defensa para valorar una posible apreciación de la atenuante. En el escrito de interposición del recurso se hace referencia al documento 1 aportado con el escrito de defensa, sentencia por hechos de 23/06/2022 aportada al inicio del juicio y antecedentes penales del acusado, que objetivan que a la fecha de los hechos (2022) el acusado se hallaba en una espiral delincuencial que ha fecha 2026 ha superado, especialmente durante los dos últimos años la incertidumbre y zozobra se ha hecho más palpable, encontrándose en la actualidad en deshabituación, desarrollando actividad laboral para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y haciendo referencia también a su situación personal actual y a la comparecencia al acto del juicio por conexión desde el hospital donde estaba su hijo para una revisión.

Pues bien, los cambios en la situación personal, laboral y familiar del acusado tendrán influencia en el caso de que se formulen otras petición relativas; pero ninguna incidencia se aprecia de la existencia del proceso en el acusado en el sentido sostenido por la jurisprudencia, debiendo insistirse que más allá de la pendencia del procedimiento ninguna otra acreditación de incertidumbre o zozobra pueda achacarse a la tramitación de aquel en el que ninguna paralización que pueda calificarse de extraordinaria se aprecia.

SEXTO.- Por último, se alega de forma subsidiaria, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta, y se basa en que el acusado consintió expresamente la realización de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de condena, que además son menos gravosos que la multa impuesta aludiendo a las cargas familiares del acusado, que es la forma en que está realizando el cumplimiento de la mayoría de las condenas que obran en sus antecedentes.

La STS 179/2018 de 12.4 alude en relación con el deber de motivación a la STC 21/2008 de 31 de enero que establecía que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y la STS 123/2021 de fecha 11 de febrero dice: "Por lo que se refiere a la motivación esta Sala ha recordado con reiteración la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada". La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional, sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente. La conveniencia de motivación sobre la determinación de la pena se transmuta en necesidad en determinados supuestos. Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente; b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada; c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia; e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados, en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales, siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicitar lo obvio ", siendo de aplicación igualmente el principio de proporcionalidad conforme al tenor de las SSTS 241/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021 y 33/2013 de 24 de enero, entre otras.

Estando a las alegaciones de la parte y en primer lugar, el hecho de que el acusado consienta la realización de trabajos en beneficio de la comunidad en nada vincula al juzgador a la hora de determinar la pena que estima procedente; constando en la sentencia la motivación por la que efectivamente opta por la pena de multa y pese a que en este caso se considere por la parte más gravosa la imposición de multa que la de trabajos, el juzgador también alude a la compatibilidad en entre dicho entre los trabajos en beneficio de la comunidad y el trabajo que desarrolla el acusado.

Por tanto, en la sentencia aparece justificada la imposición de la pena de multa, que ha de mantenerse sin perjuicio de lo que en fase de ejecución pueda acreditarse y la concesión si se solicita del abono de la multa de forma fraccionada o en caso de responsabilidad personal subsidiaria, lo que del mismo modo se resuelva en relación con trabajos en beneficio de la comunidad conforme al artículo 53 del Código Penal.

Se discrepa también de la cuota impuesta de 10 euros señalando que dadas las cargas familiares y el trabajo de mantenimiento/jardinería que se lleva a cabo para el Ayuntamiento de DIRECCION004 sería más acorde la cuota diaria de 4 euros. En este caso, el juez ha atendido a los datos con los que ha contado a través de la declaración prestada por el acusado, esto es, que trabaja para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y que es padre de un recién nacido; y en el desarrollo de actividad laboral y en dicha carga familiar justifica la cuota impuesta. Los restantes datos solo se sustentan en la alegación contenida en el recurso, y en todo caso, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren las dichas circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, y así sucede en el caso presente en que valoradas las circunstancias conocidas, se impone la cuota de 10 euros, esto es en el tramo inferior; volviendo nuevamente a señalar la posibilidad de solicitar el correspondiente fraccionamiento de la pena impuesta.

Por tanto, la petición subsidiaria relativa a la pena impuesta no puede prosperar.

ULTIMO- No procede la imposición de las costas de esta alzada.

PRIMERO.- Se interpone recurso por la representación procesal de Carlos Miguel alegando error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición; nulidad del juicio oral por contaminación de testigos; incorrecta aplicación del art 21.2 CP e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta; solicitando se dicte Sentencia que revoque la dictada en primera instancia, estimando en su lugar el presente recurso absolviendo a D Carlos Miguel; subsidiariamente se declare la nulidad de la Sentencia o en su defecto se aplique la condena con las moderaciones/ reducciones alegadas.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- El primero de los motivos en el que se fundamenta el recurso es el error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición.

Insiste la defensa en que transcurrieron 50 minutos aproximadamente desde que se produjo el accidente hasta que llegaron los agentes, afirmación que no se encuentra acreditada vistas las declaraciones de los agentes al respecto, sin que pueda establecerse- no lo hace la sentencia dictada- un periodo de tiempo desde que ocurre el accidente hasta que llegan los agentes con una mínima seguridad, pudiendo estar únicamente al tiempo que tardaron los agentes en llegar desde que fueron llamados desde que los usuarios de la vía avisan a la central (7:40), llegando los primeros unos quince/ veinte minutos después, sin que pueda por tanto justificarse la apreciación temporal de la que parte la defensa.

Por otra parte, que el acusado sostuviera en el plenario que estaba fuera del coche cuando llegaron los agentes viene contradicho por las declaraciones prestadas por éstos, aludiendo ya el juzgador al hecho de que no conocían de nada al acusado; lo que le lleva a excluir cualquier motivo espurio en relación con la versión dada por los referidos testigos.

Y que el acusado no se moviera no quiere decir que no pudiera hacerlo. Lo que relatan los agentes y recoge el juez es que está en el asiento del conductor, con las llaves en la mano y comprueban que todos los mecanismos del vehículo (distancia a los pedales, asientos y demás elementos) están ajustados a sus características físicas.

La hipótesis defensiva, excluida por las razones expuestas, la versión del acusado respecto a que estaba fuera del vehículo cuando llegan los agentes, consiste en que el acusado no era quien conducía, sino que conducía un tercero que se marchó al monte cuando, siendo esta la versión reiteradamente mantenida por el acusado (así se desprende de lo declarado por los agentes intervinientes), alegándose en su apoyo que saltaron los dos airbags y que los agentes no hicieron búsqueda por las inmediaciones.

La STSJ de Cataluña en Sentencia de fecha 28.3.2025 sostiene que Partimos en este análisis de las exigencias a cada una de las hipótesis planteadas, la acusatoria y la defensiva. La sentencia del STS 23/2023 de 20 enero, fija el argumento del canon de suficiencia probatoria, recogido y ampliado en la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional STC 72/24 de 20 de junio, que analiza especialmente el alcance de la apelación respecto de las sentencias absolutorias y condenatorias. i) La primera STS 23/23 de 20 de enero, establece entre otras cosas lo siguiente, FTO.5º "(...) Cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria ( STS 762/2022, de 15 de septiembre), el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. (..). (...) Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria. Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. (...) (..) Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, el aspecto conclusivo de la primera. No, de forma necesaria, excluirla. La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contra hipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Sigue manteniendo nuestra jurisprudencia, que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación -la especifica identificada por la defensa o la genérica de la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. (..) La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria-vid. STS 229/2021, de 11 de marzo -(...)"

De acuerdo con la jurisprudencia referida, no puede considerarse que la hipótesis defensiva goce del umbral de atendibilidad suficiente al que se hace referencia y que por tanto genere una duda basada en razones. El acusado declaró no conducía el vehículo NUM002, es de su madre y lo usa el declarante, que lo conducía un chaval que conoció esa misma noche, le dio si lo llevaba porque iba mejor que él, cuando se salió el coche de la vía el chico se fue, se lo dijo a la Guardia Civil. Por tanto, el acusado hace referencia a la presencia de un tercero que además era quien conducía, del que no ofrece si quiera en el plenario circunstancia o característica alguna, ni siquiera donde lo encontró o como se indica característica física alguna. Y la falta de esas características tampoco la complexión lleva a considerar que la hipótesis defensiva no es más que una defensa genérica. Que los agentes no inicien una búsqueda cuando no se les aporta dato alguno respecto del tercero no supone un apoyo a dicha hipótesis como tampoco que saltaran los dos airbags que más allá del dato acreditado de que efectivamente saltaron los dos, nada aportan que si quiera pueda fundamentar la duda de que ello estuviera motivado por la presencia de una tercera persona, fuera o no el conductor.

En consecuencia, no se aprecia el error en la valoración alegado, ni vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ( STS 858/2016 de 14 de noviembre) considerando que la condena no se asienta en conjeturas o probabilidades, ni por las razones antes expuestas, se estima aplicable el principio in dubio pro reo, puesto que ni la prueba de cargo ha sido valorada en contra del reo ni la hipótesis defensiva ha hecho surgir una duda fundamentada en razones; descartando vista la motivación de la sentencia el error de tipo y/ o de prohibición alegado.

TERCERO.- Respecto al motivo basado en la nulidad del juicio oral por contaminación de testigos y planteado con carácter alternativo para el caso de no estimarse la absolución planteada con carácter principal; se sostiene en el recurso en esencia que el primer agente declaró y se marchó de la Sala de Vistas, y los otros dos agentes que esperaban fuera contestaron a las preguntas de la defensa anticipándose a éstas y con respuestas ya aprendidas.

El motivo expuesto no puede tener favorable acogida. La SAP Sevilla 319/2025 de fecha 16 de julio de 2025 dice "... pues como señala la sentencia del TS de 21 de marzo de 2024: "El artículo 704 dispone que "Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona". Un precepto que trata de prevenir que los distintos testigos intervinientes en el juicio oral puedan concertarse en su relato, pero cuya inobservancia nunca es determinante de un vicio de nulidad de la prueba, menos aun cuando existen supuestos en los que no puede garantizarse esta prevención, tal y como acontece en los juicios de larga duración o cuando el enjuiciamiento es objeto de atención por los medios de comunicación. Así lo ha afirmado nuestra jurisprudencia, subrayando que la inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no afecta a la validez de la prueba sino a su valoración, debiendo evaluar el Tribunal, a la hora de ponderar el conjunto de pruebas practicadas, las circunstancias en las que declarercero.- aron los testigos, su relevancia y las muestras de un eventual concierto entre ellos y la credibilidad de sus aserciones en contraste con el resto del material probatorio". (En similares términos SAP Valladolid 188/2024 de 20de junio)

Y las razones por las que el motivo no prospera no se asientan únicamente en que preguntado en el plenario por la defensa el tercero de los testigos sobre si habló con el 1ª como refiere la parte recurrente en su escrito éste manifestara que no, sin que se aprecie la obviedad de la respuesta en tanto declaraba en calidad de testigo con los apercibimientos correspondientes y en todo caso en respuesta a una pregunta formulada por la defensa como se indica, sino porque el primero de los testigos y agentes que prestó declaración nada dijo sobre la complexión porque no fue preguntado al respecto limitándose a contestar a las preguntas formuladas en el sentido de que el acusado estaba sentado en el asiento del conductor; de forma que nada pudo decir a quienes esperaban fuera en relación con preguntas concretas sobre complexión o sobre porqué creía que era el conductor. Es el segundo agente el que estaba el acusado en el asiento del conductor con las llaves en la mano y que el estaba adaptado a la altura y medidas de la persona que estaba sentido en el asiento del conductor. Pero cuando este testigo declara el tercer testigo está fuera de la sala y por tanto sin posibilidad de comunicación entre ellos; y cuando entra el tercero efectivamente explica el porqué cree que era el conductor explicándolo de forma más exhaustiva que el segundo y contestando igualmente a las preguntas que al respecto le fueron formuladas.

Ninguna queja fue formulada cuando se tomó declaración a los agentes más allá de la pregunta ya mencionada y contestada por el testigo, sin que de lo expuesto quepa considerar que los agentes se hubieran puesto de acuerdo en el contenido de sus respectivas declaraciones, versando sus declaraciones sobre unos mismos hechos, habiendo sido sometidos los tres testigos a efectiva contradicción; todo lo cual lleva como ya se ha señalado a desestimar el motivo alegado.

CUARTO.- Incorrecta aplicación del art 21.2 e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; considerando que justifica su apreciación tanto el contenido de la propia resolución impugnada "lamentable estado en que se encontraba el acusado por la mezcla de ingesta alcohólica y drogas", las manifestaciones de los agentes actuantes en el acto de la vista y la diligencia de síntomas externos, las sentencias aportadas como documento número 1 y la aportad al comienzo del juicio, la tarjeta de asistencia a tratamiento en la UAD de DIRECCION002, informe de la UAD de DIRECCION003, informes de urgencias hospitalarias e ingresos en psiquiatría, el último no dos meses antes de estos hechos, con diagnóstico de intoxicación etílica aguda en contexto de paciente con policonsumo de larga data, agresividad secundaria; habiendo reconocido ya el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación la atenuante analógica al respecto.

En relación con este motivo del recurso, acoge la Sala los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que parte de la valoración de las sentencias aportadas reflejando afirmaciones contenidas en las mismas, y considerando que ciertamente la afectación moderada de las capacidades volitivas- una de las afirmaciones contenidas en una de las referidas resoluciones, permita la aplicación de la eximente o atenuante muy cualificada, conviniendo igualmente en que nada se ha acreditado respecto a la incidencia del TDAH en las capacidades volitivas e intelectivas en relación con los hechos objeto de este procedimiento.

De todo ello y descartada su aplicación por ser elemento nuclear del tipo en el artículo 379 del Código Penal, se estima ajustada a derecho la aplicación de la circunstancia como atenuante en relación con el artículo 383 del Código Penal tal y como consta en la sentencia.

QUINTO. -Incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) que se fundamenta en la dilación extraordinaria e indebida entre octubre de 2022- desde que el acusado ya fue detenido, obrando con la condición de investigado y sabedor de la existencia del proceso penal en su contra, y juicio en febrero de 2026, casi tres años y medio más tarde, transcurriendo seis meses desde la declaración judicial hasta que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y trece meses desde entonces (7.1.2025) hasta la celebración del juicio.

Indica la STS 566/2025 de fecha 19 de junio: "Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).

Asimismo, sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( STS 654/2007, de 3-7 ; 890'/2007, de 31-10 ,entre otras) debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

Como dice la STS 1-7-2009 debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la pena, subsistente en su integridad.

En definitiva, conforme a la nueva regulación de la atenuante de dilaciones indebidas, los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues si bien también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante ( STS. 21.7.2011).

Y en cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora les siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Y la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de la pena en concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

En este sentido las SSTS 737/2016 del 5 octubre ,y 262/2009 de 17 marzo ,en este punto son significativas, al declarar que "debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable que propugna el art. 6.1 del Convenio citado, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente garantista hacia el justiciable como es el nuestro. En similar sentido la STS. 525/2011 de 8.6 ,que la dilación, por supuesto no es indebida si responde al ejercicio de un derecho procesal. La solicitud de que se practiquen diligencias de prueba con la interposición de recursos comporta una dilación en la tramitación de la causa, pero responden al ejercicio de elementales derechos de defensa, por lo que la dilación propia de estos recursos no puede nunca ser calificada como dilación indebida.

Por ello no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Es claro que el respeto al derecho de defensa implica asumir la necesidad de proceder a la práctica de las diligencias que las partes soliciten y que sean pertinentes, pero es igualmente claro que implica el transcurso del tiempo necesario para ello.

Y también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos. Así la jurisprudencia por ejemplo STS 841/2015 del 30 diciembre ha declarado, que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella ( STS 250/2014, de 14 de marzo ).Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud ( STS 940/2009 de 30 de septiembre ).En definitiva el conjunto de los retrasos injustificados se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo ( STS. 371/2015 de 17.6 ).

8.2.-En cuanto a su consideración como muy cualificada, esta Sala Segunda, STS 650/2018, de 14 de diciembre ,tiene dicho que, si para apreciar la atenuante simple se requiere una dilación indebida "extraordinaria" en su extensión temporal, ello debe comportar que los elementos que configuran la razón atenuatoria se den de forma intensa y relevante.

En concreto en relación a la dilación se exige que supere el concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente "desmesurada", esto es que esté fuera de toda normalidad. También cuando la dilación materialmente extraordinaria, pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad por la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales ( SSTS 95/2016 de 17 febrero , 318/2016 de 15 abril , 320/2018, de 29 de junio ).

En definitiva, se necesita un plus que la Sala de instancia debe expresar mediante la descripción de una realidad singular y extraordinaria que justifique su también extraordinaria y singular valoración atenuatoria.

Como explica y compendia la STS 668/2016 de 21 de julio "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso ); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación ); 506/2002 de 21 de marzo (9 años ); 39/2007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 440/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/201, de 21 de abril (12 años)." Más recientemente la STS 760/2015 de 3 de diciembre estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste."

En trámite de conclusiones definitivas, se alegó por la defensa la circunstancias mencionada señalando únicamente el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos hasta el juicio oral, casi tres años y medio; sin mención específica a cuales han sido los periodos de paralización injustificados en los que considera debe fundamentarse la circunstancia peticionada; de ahí la jurisprudencia especialmente reflejada por el juez a quo en la sentencia ( STS 641/2021 de 15 de julio y 62/2018 de fecha 5 de febrero). No obstante, sí se razona en la resolución impugnada respecto al tiempo transcurrido, y así, se conviene con el juzgador en que, conforme a la jurisprudencia, es la fecha en la que se toma declaración en calidad de investigado aquella que es el momento de imputación, lo que se llevó a cabo el 25 de junio de 2024, habiendo estado previamente el acusado en ignorando paradero por lo que se acordó su búsqueda, detención y presentación.

Desde la fecha de la toma de declaración en calidad de investigado, se dictó Auto de procedimiento abreviado el 9 de diciembre de 2024 y la calificación del Ministerio Fiscal se efectúa el 2 de enero de 2025, presentándose escrito de defensa el 13 de junio de 2025, celebrándose el acto del juicio el 10 de febrero de 2026. Ninguno de los periodos señalados supone una paralización que pueda tenerse en cuenta a la hora de apreciar la circunstancia de dilaciones indebidas si quiera como simple.

Y por lo que respecta al grado de aflictividad derivado de los retrasos ya señala el juzgador que no aludió a ello la defensa para valorar una posible apreciación de la atenuante. En el escrito de interposición del recurso se hace referencia al documento 1 aportado con el escrito de defensa, sentencia por hechos de 23/06/2022 aportada al inicio del juicio y antecedentes penales del acusado, que objetivan que a la fecha de los hechos (2022) el acusado se hallaba en una espiral delincuencial que ha fecha 2026 ha superado, especialmente durante los dos últimos años la incertidumbre y zozobra se ha hecho más palpable, encontrándose en la actualidad en deshabituación, desarrollando actividad laboral para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y haciendo referencia también a su situación personal actual y a la comparecencia al acto del juicio por conexión desde el hospital donde estaba su hijo para una revisión.

Pues bien, los cambios en la situación personal, laboral y familiar del acusado tendrán influencia en el caso de que se formulen otras petición relativas; pero ninguna incidencia se aprecia de la existencia del proceso en el acusado en el sentido sostenido por la jurisprudencia, debiendo insistirse que más allá de la pendencia del procedimiento ninguna otra acreditación de incertidumbre o zozobra pueda achacarse a la tramitación de aquel en el que ninguna paralización que pueda calificarse de extraordinaria se aprecia.

SEXTO.- Por último, se alega de forma subsidiaria, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta, y se basa en que el acusado consintió expresamente la realización de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de condena, que además son menos gravosos que la multa impuesta aludiendo a las cargas familiares del acusado, que es la forma en que está realizando el cumplimiento de la mayoría de las condenas que obran en sus antecedentes.

La STS 179/2018 de 12.4 alude en relación con el deber de motivación a la STC 21/2008 de 31 de enero que establecía que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y la STS 123/2021 de fecha 11 de febrero dice: "Por lo que se refiere a la motivación esta Sala ha recordado con reiteración la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada". La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional, sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente. La conveniencia de motivación sobre la determinación de la pena se transmuta en necesidad en determinados supuestos. Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente; b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada; c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia; e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados, en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales, siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicitar lo obvio ", siendo de aplicación igualmente el principio de proporcionalidad conforme al tenor de las SSTS 241/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021 y 33/2013 de 24 de enero, entre otras.

Estando a las alegaciones de la parte y en primer lugar, el hecho de que el acusado consienta la realización de trabajos en beneficio de la comunidad en nada vincula al juzgador a la hora de determinar la pena que estima procedente; constando en la sentencia la motivación por la que efectivamente opta por la pena de multa y pese a que en este caso se considere por la parte más gravosa la imposición de multa que la de trabajos, el juzgador también alude a la compatibilidad en entre dicho entre los trabajos en beneficio de la comunidad y el trabajo que desarrolla el acusado.

Por tanto, en la sentencia aparece justificada la imposición de la pena de multa, que ha de mantenerse sin perjuicio de lo que en fase de ejecución pueda acreditarse y la concesión si se solicita del abono de la multa de forma fraccionada o en caso de responsabilidad personal subsidiaria, lo que del mismo modo se resuelva en relación con trabajos en beneficio de la comunidad conforme al artículo 53 del Código Penal.

Se discrepa también de la cuota impuesta de 10 euros señalando que dadas las cargas familiares y el trabajo de mantenimiento/jardinería que se lleva a cabo para el Ayuntamiento de DIRECCION004 sería más acorde la cuota diaria de 4 euros. En este caso, el juez ha atendido a los datos con los que ha contado a través de la declaración prestada por el acusado, esto es, que trabaja para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y que es padre de un recién nacido; y en el desarrollo de actividad laboral y en dicha carga familiar justifica la cuota impuesta. Los restantes datos solo se sustentan en la alegación contenida en el recurso, y en todo caso, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren las dichas circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, y así sucede en el caso presente en que valoradas las circunstancias conocidas, se impone la cuota de 10 euros, esto es en el tramo inferior; volviendo nuevamente a señalar la posibilidad de solicitar el correspondiente fraccionamiento de la pena impuesta.

Por tanto, la petición subsidiaria relativa a la pena impuesta no puede prosperar.

ULTIMO- No procede la imposición de las costas de esta alzada.

PRIMERO.- Se interpone recurso por la representación procesal de Carlos Miguel alegando error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición; nulidad del juicio oral por contaminación de testigos; incorrecta aplicación del art 21.2 CP e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta; solicitando se dicte Sentencia que revoque la dictada en primera instancia, estimando en su lugar el presente recurso absolviendo a D Carlos Miguel; subsidiariamente se declare la nulidad de la Sentencia o en su defecto se aplique la condena con las moderaciones/ reducciones alegadas.

El Ministerio Fiscal se opone a la estimación del recurso.

SEGUNDO.- El primero de los motivos en el que se fundamenta el recurso es el error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto constitucional ( artículo 24 CE: Presunción de inocencia e in dubio pro reo), error de tipo y/ o prohibición.

Insiste la defensa en que transcurrieron 50 minutos aproximadamente desde que se produjo el accidente hasta que llegaron los agentes, afirmación que no se encuentra acreditada vistas las declaraciones de los agentes al respecto, sin que pueda establecerse- no lo hace la sentencia dictada- un periodo de tiempo desde que ocurre el accidente hasta que llegan los agentes con una mínima seguridad, pudiendo estar únicamente al tiempo que tardaron los agentes en llegar desde que fueron llamados desde que los usuarios de la vía avisan a la central (7:40), llegando los primeros unos quince/ veinte minutos después, sin que pueda por tanto justificarse la apreciación temporal de la que parte la defensa.

Por otra parte, que el acusado sostuviera en el plenario que estaba fuera del coche cuando llegaron los agentes viene contradicho por las declaraciones prestadas por éstos, aludiendo ya el juzgador al hecho de que no conocían de nada al acusado; lo que le lleva a excluir cualquier motivo espurio en relación con la versión dada por los referidos testigos.

Y que el acusado no se moviera no quiere decir que no pudiera hacerlo. Lo que relatan los agentes y recoge el juez es que está en el asiento del conductor, con las llaves en la mano y comprueban que todos los mecanismos del vehículo (distancia a los pedales, asientos y demás elementos) están ajustados a sus características físicas.

La hipótesis defensiva, excluida por las razones expuestas, la versión del acusado respecto a que estaba fuera del vehículo cuando llegan los agentes, consiste en que el acusado no era quien conducía, sino que conducía un tercero que se marchó al monte cuando, siendo esta la versión reiteradamente mantenida por el acusado (así se desprende de lo declarado por los agentes intervinientes), alegándose en su apoyo que saltaron los dos airbags y que los agentes no hicieron búsqueda por las inmediaciones.

La STSJ de Cataluña en Sentencia de fecha 28.3.2025 sostiene que Partimos en este análisis de las exigencias a cada una de las hipótesis planteadas, la acusatoria y la defensiva. La sentencia del STS 23/2023 de 20 enero, fija el argumento del canon de suficiencia probatoria, recogido y ampliado en la sentencia de Pleno del Tribunal Constitucional STC 72/24 de 20 de junio, que analiza especialmente el alcance de la apelación respecto de las sentencias absolutorias y condenatorias. i) La primera STS 23/23 de 20 de enero, establece entre otras cosas lo siguiente, FTO.5º "(...) Cabe recordar que cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria ( STS 762/2022, de 15 de septiembre), el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente. Los resultados probatorios deben permitir justificar que dicha hipótesis no solo se corresponde a lo acontecido sino también que las otras hipótesis alternativas en liza carecen de una mínima probabilidad atendible de producción. (..). (...) Como consecuencia, y de contrario, surge la obligación de declarar no acreditada la hipótesis acusatoria cuando la prueba practicada arroja un resultado abierto. Lo que se dará cuando la hipótesis defensiva singular o la hipótesis presuntiva general de no participación que garantiza, de partida, el principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, aparezcan, desde criterios racionales de valoración, también como probables, aun cuando lo sean en un grado menor que la tesis acusatoria. Insistimos, el problema se centra en el diálogo entre dos hipótesis, una acusatoria y otra defensiva, pero que no parten, ni mucho menos, de las mismas exigencias de acreditación. La primera, reclama un fundamento probatorio que arroje resultados que en términos fenomenológicos resulten altísimamente concluyentes. La segunda hipótesis, la defensiva, no. (...) (..) Este doble estándar responde a las diferentes funciones que cumplen. La primera, la acusatoria, está llamada a servir de fundamento a la condena y, con ella, a la privación de libertad o de derechos de una persona. Por tanto, está sometida al principio constitucional de la presunción de inocencia como regla epistémica de juicio, por lo que debe quedar acreditada más allá de toda duda razonable. La función de la segunda, la hipótesis defensiva, es muy diferente: es la de debilitar, en su caso, el aspecto conclusivo de la primera. No, de forma necesaria, excluirla. La presunción de inocencia no exige, sin riesgo de desnaturalizar su ontológica dimensión político constitucional como garantía de la libertad de los ciudadanos y límite al poder de castigar del Estado, que la hipótesis alternativa defensiva se acredite también más allá de toda duda razonable, como una suerte de contra hipótesis extintiva o excluyente de la acusatoria. Sigue manteniendo nuestra jurisprudencia, que para que despliegue efectos el componente reactivo del derecho a la presunción de inocencia basta con que la hipótesis de no participación -la especifica identificada por la defensa o la genérica de la que parte toda persona acusada por el simple hecho de serlo- goce de un umbral de atendibilidad suficiente para generar una duda epistémica razonable. Esto es, una duda basada en razones, justificada razonablemente y no arbitraria. (..) La consistencia de la duda razonable no se justifica en sí misma sino contrastándola con los argumentos que fundan la condena. Como a la inversa, la contundencia de la hipótesis de condena tampoco se mide en sí sino según su capacidad para neutralizar la propuesta absolutoria-vid. STS 229/2021, de 11 de marzo -(...)"

De acuerdo con la jurisprudencia referida, no puede considerarse que la hipótesis defensiva goce del umbral de atendibilidad suficiente al que se hace referencia y que por tanto genere una duda basada en razones. El acusado declaró no conducía el vehículo NUM002, es de su madre y lo usa el declarante, que lo conducía un chaval que conoció esa misma noche, le dio si lo llevaba porque iba mejor que él, cuando se salió el coche de la vía el chico se fue, se lo dijo a la Guardia Civil. Por tanto, el acusado hace referencia a la presencia de un tercero que además era quien conducía, del que no ofrece si quiera en el plenario circunstancia o característica alguna, ni siquiera donde lo encontró o como se indica característica física alguna. Y la falta de esas características tampoco la complexión lleva a considerar que la hipótesis defensiva no es más que una defensa genérica. Que los agentes no inicien una búsqueda cuando no se les aporta dato alguno respecto del tercero no supone un apoyo a dicha hipótesis como tampoco que saltaran los dos airbags que más allá del dato acreditado de que efectivamente saltaron los dos, nada aportan que si quiera pueda fundamentar la duda de que ello estuviera motivado por la presencia de una tercera persona, fuera o no el conductor.

En consecuencia, no se aprecia el error en la valoración alegado, ni vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ( STS 858/2016 de 14 de noviembre) considerando que la condena no se asienta en conjeturas o probabilidades, ni por las razones antes expuestas, se estima aplicable el principio in dubio pro reo, puesto que ni la prueba de cargo ha sido valorada en contra del reo ni la hipótesis defensiva ha hecho surgir una duda fundamentada en razones; descartando vista la motivación de la sentencia el error de tipo y/ o de prohibición alegado.

TERCERO.- Respecto al motivo basado en la nulidad del juicio oral por contaminación de testigos y planteado con carácter alternativo para el caso de no estimarse la absolución planteada con carácter principal; se sostiene en el recurso en esencia que el primer agente declaró y se marchó de la Sala de Vistas, y los otros dos agentes que esperaban fuera contestaron a las preguntas de la defensa anticipándose a éstas y con respuestas ya aprendidas.

El motivo expuesto no puede tener favorable acogida. La SAP Sevilla 319/2025 de fecha 16 de julio de 2025 dice "... pues como señala la sentencia del TS de 21 de marzo de 2024: "El artículo 704 dispone que "Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán, hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado ni con otra persona". Un precepto que trata de prevenir que los distintos testigos intervinientes en el juicio oral puedan concertarse en su relato, pero cuya inobservancia nunca es determinante de un vicio de nulidad de la prueba, menos aun cuando existen supuestos en los que no puede garantizarse esta prevención, tal y como acontece en los juicios de larga duración o cuando el enjuiciamiento es objeto de atención por los medios de comunicación. Así lo ha afirmado nuestra jurisprudencia, subrayando que la inobservancia del artículo 704 de la LECRIM no afecta a la validez de la prueba sino a su valoración, debiendo evaluar el Tribunal, a la hora de ponderar el conjunto de pruebas practicadas, las circunstancias en las que declarercero.- aron los testigos, su relevancia y las muestras de un eventual concierto entre ellos y la credibilidad de sus aserciones en contraste con el resto del material probatorio". (En similares términos SAP Valladolid 188/2024 de 20de junio)

Y las razones por las que el motivo no prospera no se asientan únicamente en que preguntado en el plenario por la defensa el tercero de los testigos sobre si habló con el 1ª como refiere la parte recurrente en su escrito éste manifestara que no, sin que se aprecie la obviedad de la respuesta en tanto declaraba en calidad de testigo con los apercibimientos correspondientes y en todo caso en respuesta a una pregunta formulada por la defensa como se indica, sino porque el primero de los testigos y agentes que prestó declaración nada dijo sobre la complexión porque no fue preguntado al respecto limitándose a contestar a las preguntas formuladas en el sentido de que el acusado estaba sentado en el asiento del conductor; de forma que nada pudo decir a quienes esperaban fuera en relación con preguntas concretas sobre complexión o sobre porqué creía que era el conductor. Es el segundo agente el que estaba el acusado en el asiento del conductor con las llaves en la mano y que el estaba adaptado a la altura y medidas de la persona que estaba sentido en el asiento del conductor. Pero cuando este testigo declara el tercer testigo está fuera de la sala y por tanto sin posibilidad de comunicación entre ellos; y cuando entra el tercero efectivamente explica el porqué cree que era el conductor explicándolo de forma más exhaustiva que el segundo y contestando igualmente a las preguntas que al respecto le fueron formuladas.

Ninguna queja fue formulada cuando se tomó declaración a los agentes más allá de la pregunta ya mencionada y contestada por el testigo, sin que de lo expuesto quepa considerar que los agentes se hubieran puesto de acuerdo en el contenido de sus respectivas declaraciones, versando sus declaraciones sobre unos mismos hechos, habiendo sido sometidos los tres testigos a efectiva contradicción; todo lo cual lleva como ya se ha señalado a desestimar el motivo alegado.

CUARTO.- Incorrecta aplicación del art 21.2 e inaplicación de eximente incompleta/ atenuante muy cualificada del art 21.1 en relación con el 20.2 CP; considerando que justifica su apreciación tanto el contenido de la propia resolución impugnada "lamentable estado en que se encontraba el acusado por la mezcla de ingesta alcohólica y drogas", las manifestaciones de los agentes actuantes en el acto de la vista y la diligencia de síntomas externos, las sentencias aportadas como documento número 1 y la aportad al comienzo del juicio, la tarjeta de asistencia a tratamiento en la UAD de DIRECCION002, informe de la UAD de DIRECCION003, informes de urgencias hospitalarias e ingresos en psiquiatría, el último no dos meses antes de estos hechos, con diagnóstico de intoxicación etílica aguda en contexto de paciente con policonsumo de larga data, agresividad secundaria; habiendo reconocido ya el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación la atenuante analógica al respecto.

En relación con este motivo del recurso, acoge la Sala los razonamientos contenidos en la sentencia impugnada, que parte de la valoración de las sentencias aportadas reflejando afirmaciones contenidas en las mismas, y considerando que ciertamente la afectación moderada de las capacidades volitivas- una de las afirmaciones contenidas en una de las referidas resoluciones, permita la aplicación de la eximente o atenuante muy cualificada, conviniendo igualmente en que nada se ha acreditado respecto a la incidencia del TDAH en las capacidades volitivas e intelectivas en relación con los hechos objeto de este procedimiento.

De todo ello y descartada su aplicación por ser elemento nuclear del tipo en el artículo 379 del Código Penal, se estima ajustada a derecho la aplicación de la circunstancia como atenuante en relación con el artículo 383 del Código Penal tal y como consta en la sentencia.

QUINTO. -Incorrecta inaplicación del art 21.6 CP (dilaciones indebidas muy cualificadas o en su defecto simple/ analógica) que se fundamenta en la dilación extraordinaria e indebida entre octubre de 2022- desde que el acusado ya fue detenido, obrando con la condición de investigado y sabedor de la existencia del proceso penal en su contra, y juicio en febrero de 2026, casi tres años y medio más tarde, transcurriendo seis meses desde la declaración judicial hasta que se formula acusación por el Ministerio Fiscal y trece meses desde entonces (7.1.2025) hasta la celebración del juicio.

Indica la STS 566/2025 de fecha 19 de junio: "Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes ( STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan).

Asimismo, sí existe acuerdo en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se debe concretar los períodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( STS 654/2007, de 3-7 ; 890'/2007, de 31-10 ,entre otras) debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

Como dice la STS 1-7-2009 debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la conducta que haga que la pena a imponer resulta desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la pena, subsistente en su integridad.

En definitiva, conforme a la nueva regulación de la atenuante de dilaciones indebidas, los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues si bien también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante ( STS. 21.7.2011).

Y en cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora les siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Y la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de la pena en concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado.

En este sentido las SSTS 737/2016 del 5 octubre ,y 262/2009 de 17 marzo ,en este punto son significativas, al declarar que "debe tenerse muy en cuenta que la necesidad de concluir el proceso en un tiempo razonable que propugna el art. 6.1 del Convenio citado, no debe satisfacerse a costa de o en perjuicio de los trámites procesales que establece el derecho positivo en un sistema procesal singularmente garantista hacia el justiciable como es el nuestro. En similar sentido la STS. 525/2011 de 8.6 ,que la dilación, por supuesto no es indebida si responde al ejercicio de un derecho procesal. La solicitud de que se practiquen diligencias de prueba con la interposición de recursos comporta una dilación en la tramitación de la causa, pero responden al ejercicio de elementales derechos de defensa, por lo que la dilación propia de estos recursos no puede nunca ser calificada como dilación indebida.

Por ello no puede aceptarse que la interposición de recursos o la práctica de diligencias o de actuaciones sumariales a petición de las partes cause una dilación que deba calificarse como indebida. Es claro que el respeto al derecho de defensa implica asumir la necesidad de proceder a la práctica de las diligencias que las partes soliciten y que sean pertinentes, pero es igualmente claro que implica el transcurso del tiempo necesario para ello.

Y también es cierto que en cuanto al inicio del cómputo del tiempo de las posibles dilaciones, no debe tomarse en cuenta la fecha de los hechos. Así la jurisprudencia por ejemplo STS 841/2015 del 30 diciembre ha declarado, que el derecho se refiere al proceso sin dilaciones no a un hipotético y exótico derecho del autor de un delito a un descubrimiento rápido tanto de la infracción penal como de su implicación en ella ( STS 250/2014, de 14 de marzo ).Desde la comisión del hecho hasta la incoación del proceso penal no hay afectación de derecho fundamental alguno. El cómputo comenzará cuando se adquiere la condición de imputado. Solo en ese momento se produce el padecimiento que supone estar sometido a un proceso (posibles medidas cautelares, obligación apud acta, zozobra derivada de la incertidumbre del seguimiento del proceso...) y que enlaza con la idea de pena natural, latente en la construcción dogmática de la atenuante de dilaciones indebidas. El derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable no puede degenerar en un derecho de todo delincuente a ser descubierto con prontitud ( STS 940/2009 de 30 de septiembre ).En definitiva el conjunto de los retrasos injustificados se contraen a los producidos desde la incoación del proceso y no desde la comisión del hecho delictivo ( STS. 371/2015 de 17.6 ).

8.2.-En cuanto a su consideración como muy cualificada, esta Sala Segunda, STS 650/2018, de 14 de diciembre ,tiene dicho que, si para apreciar la atenuante simple se requiere una dilación indebida "extraordinaria" en su extensión temporal, ello debe comportar que los elementos que configuran la razón atenuatoria se den de forma intensa y relevante.

En concreto en relación a la dilación se exige que supere el concepto de "extraordinaria", que sea manifiestamente "desmesurada", esto es que esté fuera de toda normalidad. También cuando la dilación materialmente extraordinaria, pero sin llegar a esa desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado, superior al propio que irroga la intranquilidad por la incertidumbre de la espera, como puede ser que la ansiedad que ocasiona esa demora genere en el interesado una conmoción anímica de relevancia debidamente contrastada; o que durante ese extraordinario período de paralización el acusado lo haya sufrido en situación de prisión provisional con el natural impedimento para hacer vida familiar, social y profesional, u otras similares que produzcan un perjuicio añadido al propio de la mera demora y que deba ser compensado por los órganos jurisdiccionales ( SSTS 95/2016 de 17 febrero , 318/2016 de 15 abril , 320/2018, de 29 de junio ).

En definitiva, se necesita un plus que la Sala de instancia debe expresar mediante la descripción de una realidad singular y extraordinaria que justifique su también extraordinaria y singular valoración atenuatoria.

Como explica y compendia la STS 668/2016 de 21 de julio "en las sentencias de casación se suele aplicar la atenuante como muy cualificada en las causas que se celebran en un periodo que supera como cifra aproximada los ocho años de demora entre la imputación del acusado y la vista oral del juicio. Así, por ejemplo, se apreció la atenuante como muy cualificada en las sentencias 291/2003 de 3 de marzo (ocho años de duración del proceso ); 655/2003 de 8 de mayo (9 años de tramitación ); 506/2002 de 21 de marzo (9 años ); 39/2007 de 15 de enero (10 años); 896/2008 de 12 de diciembre (15 años de duración); 132/2008 de 12 de febrero (16 años); 440/2012 de 25 de mayo (diez años); 805/2012 de 9 octubre (10 años); 37/2013 de 30 de enero (ocho años); y 360/201, de 21 de abril (12 años)." Más recientemente la STS 760/2015 de 3 de diciembre estimó una atenuante de dilaciones muy cualificada en un supuesto de 13 años de duración del proceso, en el que la única actividad procesal relevante en los últimos cinco fue el nombramiento de Letrado a un responsable civil y la formulación de conclusiones provisionales por éste."

En trámite de conclusiones definitivas, se alegó por la defensa la circunstancias mencionada señalando únicamente el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos hasta el juicio oral, casi tres años y medio; sin mención específica a cuales han sido los periodos de paralización injustificados en los que considera debe fundamentarse la circunstancia peticionada; de ahí la jurisprudencia especialmente reflejada por el juez a quo en la sentencia ( STS 641/2021 de 15 de julio y 62/2018 de fecha 5 de febrero). No obstante, sí se razona en la resolución impugnada respecto al tiempo transcurrido, y así, se conviene con el juzgador en que, conforme a la jurisprudencia, es la fecha en la que se toma declaración en calidad de investigado aquella que es el momento de imputación, lo que se llevó a cabo el 25 de junio de 2024, habiendo estado previamente el acusado en ignorando paradero por lo que se acordó su búsqueda, detención y presentación.

Desde la fecha de la toma de declaración en calidad de investigado, se dictó Auto de procedimiento abreviado el 9 de diciembre de 2024 y la calificación del Ministerio Fiscal se efectúa el 2 de enero de 2025, presentándose escrito de defensa el 13 de junio de 2025, celebrándose el acto del juicio el 10 de febrero de 2026. Ninguno de los periodos señalados supone una paralización que pueda tenerse en cuenta a la hora de apreciar la circunstancia de dilaciones indebidas si quiera como simple.

Y por lo que respecta al grado de aflictividad derivado de los retrasos ya señala el juzgador que no aludió a ello la defensa para valorar una posible apreciación de la atenuante. En el escrito de interposición del recurso se hace referencia al documento 1 aportado con el escrito de defensa, sentencia por hechos de 23/06/2022 aportada al inicio del juicio y antecedentes penales del acusado, que objetivan que a la fecha de los hechos (2022) el acusado se hallaba en una espiral delincuencial que ha fecha 2026 ha superado, especialmente durante los dos últimos años la incertidumbre y zozobra se ha hecho más palpable, encontrándose en la actualidad en deshabituación, desarrollando actividad laboral para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y haciendo referencia también a su situación personal actual y a la comparecencia al acto del juicio por conexión desde el hospital donde estaba su hijo para una revisión.

Pues bien, los cambios en la situación personal, laboral y familiar del acusado tendrán influencia en el caso de que se formulen otras petición relativas; pero ninguna incidencia se aprecia de la existencia del proceso en el acusado en el sentido sostenido por la jurisprudencia, debiendo insistirse que más allá de la pendencia del procedimiento ninguna otra acreditación de incertidumbre o zozobra pueda achacarse a la tramitación de aquel en el que ninguna paralización que pueda calificarse de extraordinaria se aprecia.

SEXTO.- Por último, se alega de forma subsidiaria, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incorrección e insuficiencia de motivación en la elección y determinación de la pena impuesta, y se basa en que el acusado consintió expresamente la realización de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de condena, que además son menos gravosos que la multa impuesta aludiendo a las cargas familiares del acusado, que es la forma en que está realizando el cumplimiento de la mayoría de las condenas que obran en sus antecedentes.

La STS 179/2018 de 12.4 alude en relación con el deber de motivación a la STC 21/2008 de 31 de enero que establecía que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto; y la STS 123/2021 de fecha 11 de febrero dice: "Por lo que se refiere a la motivación esta Sala ha recordado con reiteración la "conveniencia de una motivación sobre el particular, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada". La facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional, sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente. La conveniencia de motivación sobre la determinación de la pena se transmuta en necesidad en determinados supuestos. Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera al máximo sin razón aparente; b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada; c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia; e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados, en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales, siempre recordando que la exigencia de motivación no constituye un requisito formal sino un imperativo de la racionalidad de la decisión, por lo que no es necesario explicitar lo obvio ", siendo de aplicación igualmente el principio de proporcionalidad conforme al tenor de las SSTS 241/2021 de fecha 6 de septiembre de 2021 y 33/2013 de 24 de enero, entre otras.

Estando a las alegaciones de la parte y en primer lugar, el hecho de que el acusado consienta la realización de trabajos en beneficio de la comunidad en nada vincula al juzgador a la hora de determinar la pena que estima procedente; constando en la sentencia la motivación por la que efectivamente opta por la pena de multa y pese a que en este caso se considere por la parte más gravosa la imposición de multa que la de trabajos, el juzgador también alude a la compatibilidad en entre dicho entre los trabajos en beneficio de la comunidad y el trabajo que desarrolla el acusado.

Por tanto, en la sentencia aparece justificada la imposición de la pena de multa, que ha de mantenerse sin perjuicio de lo que en fase de ejecución pueda acreditarse y la concesión si se solicita del abono de la multa de forma fraccionada o en caso de responsabilidad personal subsidiaria, lo que del mismo modo se resuelva en relación con trabajos en beneficio de la comunidad conforme al artículo 53 del Código Penal.

Se discrepa también de la cuota impuesta de 10 euros señalando que dadas las cargas familiares y el trabajo de mantenimiento/jardinería que se lleva a cabo para el Ayuntamiento de DIRECCION004 sería más acorde la cuota diaria de 4 euros. En este caso, el juez ha atendido a los datos con los que ha contado a través de la declaración prestada por el acusado, esto es, que trabaja para el Ayuntamiento de DIRECCION004 y que es padre de un recién nacido; y en el desarrollo de actividad laboral y en dicha carga familiar justifica la cuota impuesta. Los restantes datos solo se sustentan en la alegación contenida en el recurso, y en todo caso, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que ha de tenerse en cuenta que el reducido nivel mínimo de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren las dichas circunstancias extremas, resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, y así sucede en el caso presente en que valoradas las circunstancias conocidas, se impone la cuota de 10 euros, esto es en el tramo inferior; volviendo nuevamente a señalar la posibilidad de solicitar el correspondiente fraccionamiento de la pena impuesta.

Por tanto, la petición subsidiaria relativa a la pena impuesta no puede prosperar.

ULTIMO- No procede la imposición de las costas de esta alzada.