Sentencia Penal 34/2025 Audiencia Provincial Penal de Santa Cruz de Tenerife nº 5, Rec. 1181/2024 de 06 de febrero del 2025

PRIMERO.- Las representaciones procesales de don Fructuoso y de las entidades Grupo de Inversiones y Promociones Carmiteide SLU y Carmiteide Cafeterías SLU interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de fecha 9 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento abreviado nº 35/2020.

Recurso de don Fructuoso:

1) Antecedentes: con fecha de 16 de enero de 2023 se dictó sentencia por el Juzgado de lo Penal nº 3 que fue recurrida y anulada por la sentencia de 2 de noviembre de 2023 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Con fecha de 14 de febrero de 2024 se dictó nueva sentencia por el Juzgado de lo Penal 3 que también fue anulada por resolución de 20 de junio de 2024 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial dictada en el rollo de apelación 441/2024. Pese a que estas dos resoluciones recogían las numerosas deficiencias y defectos de las anuladas, esta otra sentencia es prácticamente igual a aquellas dos, salvo por una pequeña modificación en los hechos probados consistente en separar con puntos y aparte y así generar nuevos párrafos y eliminar varios párrafos como el anterior hecho probado segundo. La fundamentación jurídica se ha mantenido igual, con el único cambio de añadir en las páginas 15, 16 y 17 fragmentos de otras sentencias.

2) Infracción de normas del ordenamiento jurídico ( artículo 790.2 de la LECr) por indebida aplicación del artículo 319.1, 2 y 3 del Código Penal. Inexistencia del delito contra la ordenación del territorio. Falta de tipicidad y, en su defecto, falta de antijuridicidad material de la conducta.

Argumenta que el relato de hechos probados no describe la conducta típica del delito contra la ordenación del territorio por el que se condena (lo que ya se ponía de manifiesto en la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que anuló la resolución de 16 de enero de 2023) y no se describe ni detalla cual fue la actuación Fructuoso que le haga responsable como "constructor, promotor o director técnico". Sólo describe que actuó como administrador de las entidades Grupo de Inversiones y Promociones Carmiteide SL y Carmiteides Cafeterías SL. Tampoco se indica un daño material al territorio, es decir, no refiere una lesión del bien jurídico protegido por el delito, que exige una actuación grave que perturbe el suelo de una manera irracional, constatándose que se ha alterado el medio en el que la construcción se desarrolla, entendiendo que deben rechazarse los ilícitos penales basados en incumplimientos meramente formales administrativos.

3) Con carácter subsidiario, error en la apreciación de la prueba.

Argumenta que no se ha hecho una valoración correcta de la prueba practicada y se han omitido sentencias y resoluciones que amparan las obras realizadas, por lo que la practicada es, a todas luces, suficiente para alcanzar una versión totalmente distinta a la que ha llevado a la juzgadora de instancia a dictar una sentencia condenatoria. Para que haya delito no basta con que esa obra se haya hecho sin licencia, sino que es necesario que la misma se haya realizado en un suelo no urbanizable que no permita ese tipo de obra y que, como consecuencia de ello, no se pueda legalizar, por lo que se debe analizar y concretar el tipo de suelo sobre el que se ha construido la estación, haciendo una correcta valoración de la prueba, cosa que no se ha hecho correctamente. Considera que son fundamentales al respecto la sentencia 14/2002 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, ratificada por la sentencia de 29 de octubre de 2002 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que determinaron que la administración se viera obligada a conceder la licencia de obra por considerar que, en relación con la calificación urbanística del suelo, hay que estar "a la realidad física del suelo", más allá de lo que determine el planeamiento, y concluyen que los terrenos son urbanizables.

Incluso aunque no tuviéramos en cuenta esas resoluciones judiciales, tampoco habría delito porque la mayor parte de la construcción realizada ha sido autorizada y lo que está fuera de esos márgenes no supone una degradación del territorio. Hay otras resoluciones que la sentencia no ha tenido en cuenta, como la resolución de la OAI de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Icod de los Vinos que es el decreto 182/2013, de fecha 15 de abril de 2013 que autorizó las modificaciones y ampliaciones que se recogieron en el Proyecto de Regularización realizado por el ingeniero don Sixto, que indica que la modificación fue autorizada por el ayuntamiento. También hay otra resolución de 16 de septiembre de 2014 del consejero insular del Área de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife que establece que lo realizado y la documentación aportada por el acusado cumple con lo establecido en la Ley y el Reglamento de Carreteras de Canarias y que determinan que la afirmación que realiza la sentencia de que las obras se llevaron a cabo incumpliendo el Reglamento de Carreteras de Canarias, es incorrecta.

Alude a que lo construido no daña el bien jurídico protegido y ello porque, si partimos del criterio de las acusaciones, lo único que estaría en terreno calificado como rústico de protección de valores agropecuarios y que no se podría autorizar, serían las dos esquinas traseras de la parcela vistas desde la TF-5 y ello porque la zona central cuenta con licencia y resoluciones posteriores que autorizan lo construido y la zona delantera está calificada como rústica de protección de valores de infraestructuras y, por tanto, es legalizable.

No se ha tocado ni modificado camino público alguno y no consta ningún documento del que pueda inferirse tal conclusión.

La sentencia transcribe solamente parte de lo que declararon las personas que depusieron en el acto del juicio y después dice: "En el caso objeto de enjuiciamiento, por la prueba practicada en el acto del juicio oral se puede concluir que ha quedado acreditado el delito objeto de acusación". Esta escueta manifestación no puede considerarse valoración de la prueba practicada.

En la calificación jurídica alude a la prueba de cargo, concreto, al informe del jefe del Seprona, al informe de don Romulo y al informe de valoración de los beneficios emitido por la Guardia Civil.

4) Con carácter subsidiario a los motivos 2) y 3), vulneración del principio acusatorio.

La sentencia es contraria a derecho porque, pese a que en el trámite de conclusiones tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular modificaron la conclusión segunda de su escrito de acusación y calificaron los hechos como un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 y 3 del Código Penal, la resolución califica los hechos como constitutivos de un delito del artículo 319.1, 2 y 3. A esos mismo tipos alude cuando concreta la pena, de manera que condena por un delito por el que no pidieron condena las acusaciones y aplica una pena mayor a la que hubiera correspondido al aplicar las dilaciones indebidas como muy cualificadas en el artículo 318.2.

5) Sobre la pena de multa, entiende que se verifica error en la valoración de la prueba respecto a los beneficios; infracción del artículo 66.1.2ª del Código Penal en relación con el artículo 319 del mismo texto legal por no aplicarse la atenuante a la pena de multa; y falta de motivación.

El fallo de la sentencia apelada impone la pena de multa de 1.000.000 de euros, lo que es absolutamente desproporcionado e infringe normas sustantivas penales, además de partir de un manifiesto error en la valoración de la prueba. La resolución parece basarse en el informe emitido por el agente de las guardia civil de los folios 1.302 y siguientes, sin embargo, el importe determinado en ese informe se ha obtenido del contrato de CEPSA, contrato que se refiere a una actividad que está instalada en una zona de la construcción que es totalmente legal, por lo que su conclusión al respecto no se corresponde con lo establecido en el artículo 319.2 del Código Penal cuando se refiere a la multa, que establece que se calculará sobre los beneficios obtenidos, no sobre los ingresos, que es lo que ha hecho la Guardia Civil, incluyendo en su suma incluso el IGIC y 214.000 euros del anticipo que deberían haberse restado en lugar de sumado. El Ministerio Fiscal, al ver que el informe económico era incorrecto, en el trámite de conclusiones rebajó su petición a 1.000.000 de euros, cantidad que establece la sentencia sin justificación ni fundamento alguno.

Por otro lado, no se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada a la pena de multa, con lo que se infringe el artículo 66.1.2º en relación con el 319 del Código Penal.

Asimismo, entiende que se ha incumplido el deber de individualización de la pena con vulneración del principio de proporcionalidad porque no se han tenido en cuenta las circunstancias personales del recurrente y se impone la pena de 9 meses y 1 día de prisión y una multa de 1.000.000 de euros sin motivación alguna.

6) Respecto a la demolición: quebranto de las normas del ordenamiento jurídico e indebida aplicación del artículo 319.3 del Código Penal; falta de motivación de la orden de demolición; error en la apreciación de la prueba sobre la existencia de circunstancias excepcionales que fundamentan la no demolición.

El fundamento jurídico sexto acuerda "la demolición de las obras ilegalmente realizadas y descritas, no amparadas en título habilitante", pero afirma que tal manifestación no es conforme a derecho porque, como ya se ha expuesto al tratar el error en la valoración de la prueba, existen resoluciones posteriores, distintas a la licencia inicial de obra, que han habilitado y autorizado las obras que no estaban recogidas en aquélla. Además, entiende que, de existir obra ilegales - que no existen - ya estarían bajo el paraguas del nuevo planeamiento, como dijo el arquitecto redactor del nuevo plan de Icod de los Vinos, don Carlos Alberto.

Solicita la estimación del recurso y la absolución.

Recurso de Grupo de Inversiones y Promociones Carmiteide SLU y Carmiteide Cafeterías SLU:

1) Infracción de normas del ordenamiento jurídico ( artículo 790.2 LECr) por indebida aplicación del artículo 319.1, 2, y 3 del Código Penal. Inexistencia del delito contra la ordenación del territorio. Falta de tipicidad y, en su defecto, falta de antijuridicidad material de la conducta.

El relato de hechos probados de la sentencia no es subsumible en ninguna de las modalidades del delito contra la ordenación del territorio. Es una copia literal del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, metodología que, según el criterio de nuestro Tribunal Supremo, es poco deseable, aunque admisible si la construcción de esos hechos es el resultado del desenlace probatorio. Ahora bien, la admisión de esos hechos como probados conlleva que la sentencia adolezca de los mismos vicios que padece el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

Considera que los hechos probados no describen el delito contra la ordenación del territorio por el que se condena, lo que afecta a la tipicidad de la conducta, que no existe porque no se describe. Incluso, de admitirse, se daría en todo caso una falta de antijuridicidad material.

Respecto a la falta de tipicidad, los hechos probados no describen la acción típica del delito ni individualizan una conducta de don Fructuoso que permita considerarlo sujeto activo de ese delito. No se menciona ni detalla qué concreta actuación del mencionado implicó obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable. La única intervención que se describe es la de haber actuado en calidad de administrador de las dos entidades recurrentes, sin que la mera condición de administrador de una entidad mercantil, desprovista de cualquier otra cualificación, sirva para responsabilizarle de todo lo que la sociedad lleve a cabo, más cuando tampoco se describe qué actuación realizaron las sociedades.

2) Con carácter subsidiario al motivo anterior, error en la apreciación de la prueba.

La sentencia recurrida, en el fundamento jurídico primero (análisis y valoración de la prueba) tras una transcripción literal y parcial de las declaraciones testificales y tras relacionar, igual que en el escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal, la documental, concluye que "ha quedado acreditado el delito objeto de imputación". Más adelante, en el fundamento jurídico segundo (calificación jurídica del delito) se hace un análisis jurisprudencial genérico, no adecuado al caso. La única parte de la sentencia que acoge una valoración judicial de la prueba es el fundamento jurídico tercero. Sin embargo, es incomprensible que la juzgadora de instancia omita todo un análisis de pruebas esenciales que ponen de manifiesto la falta del elemento objetivo y subjetivo del tipo, como son: dictamen del Consejo Consultivo (folio 111); resolución del Cabildo autorizando el proyecto en la zona de la carretera (249); sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de 25 de enero de 2002 (folio 930); la testifical de don Luis Andrés, director insular de carreteras del Cabildo; la testifical de don Carlos Alberto, arquitecto redactor del Plan General de Ordenación urbana de Icod de los Vinos; la pericial del arquitecto técnico don Pedro Antonio sobre la realidad física del terreno; y la pericial contable de don Bruno, sobre el rendimiento económico de la estación.

Seguidamente expone el recurso un resumen de los hechos acontecidos cronológicamente y su punto de vista sobre los errores en la valoración de la prueba en aspectos como la zona de servidumbre de la TF-5 de dominio público o la modificación del trazado del camino público playa Moreno

3) Con carácter subsidiario al motivo anterior, vulneración del principio acusatorio. Incorrecta aplicación de las normas penales ( artículo 319.1 del Código Penal) .

La sentencia determina, en el apartado de la calificación jurídica, que los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio previsto y penado en el artículo 319.1, 2 y 3 del Código Penal. Ello supone una infracción del las normas del ordenamiento jurídico por haber aplicado incorrectamente las normas sustantivas penales y también una infracción del principio acusatorio. Respecto a lo primero, no puede ser que por el mismo hecho se condene por el tipo básico y el agravado, menos aún cuando el relato fáctico de la sentencia deja fuera el artículo 319.1 al no referir ningún suelo de especial protección de los previstos en el tipo. En cuanto a lo segundo, el Ministerio Fiscal, en el trámite de conclusiones, modificó su escrito provisional, al que se había adherido la acusación particular, y calificó los hechos como constitutivos de un delito del artículo 319.2, pese a lo cual la sentencia condena por las dos modalidades.

4) Con carácter subsidiario a los motivos anteriores, afirma que,respecto a la orden de demolición se da un quebranto de las normas del ordenamiento jurídico por indebida aplicación del artículo 319.3 del Código Penal. Falta de motivación de la orden de demolición. Error en la apreciación de la prueba sobre la existencia de circunstancias excepcionales que fundamentan la no demolición.

Entiende que la sentencia debe ser revocada también en este cuestión por indebida aplicación del artículo 319.3 del Código Penal, en consonancia con los motivos anteriores. También por falta de motivación de la orden de demolición y porque existen circunstancias excepcionales que empujan a apartarse de la regla general de demoler conforme a los criterios jurisprudenciales que expone (mínimas extralimitaciones o leves excesos, modificado de los instrumentos de planeamiento haciendo ajustada la edificación a la norma, tiempo transcurrido entre la fecha de la obra y la de la sentencia, inactividad de la Administración en acordar estas medidas).

Por todo lo expuesto solicita la revocación de la sentencia y la absolución.

El Ministerio Fiscal no hizo alegaciones y la acusación particular solicitó la desestimación de los recursos.

SEGUNDO.- Hemos de partir del importante hecho de que, en este asunto, se dictó una sentencia de fecha 16 de enero de 2023 que fue anulada por otra de la Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de 2 de noviembre de 2023. Esta última estudiaba pormenorizadamente y ponía de relieve los numerosos e importantes defectos de la sentencia de instancia, deficiencias que afectaban a cuestiones tan relevantes como la redacción de los hechos probados, la valoración de la prueba o no haber tenido en cuenta la modificación de las conclusiones provisionales realizada por las acusaciones, fallos que determinaban su nulidad porque causaban indefensión.

Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2024, se dictó una nueva sentencia que fue igualmente anulada por esta Sección Quinta mediante sentencia de fecha 20 de junio de 2024 dictada en el rollo de apelación 441/2024.

Decíamos en aquella resolución lo siguiente: "Pese a ello y a la claridad de la sentencia de la Sección Segunda, la magistrada de instancia ha dictado otra resolución prácticamente idéntica a la anterior. Las únicas modificaciones, además del cambio de la fecha, consisten en haber destacado unos cuantos párrafos más en negrita y en haber añadido lo siguiente en el folio 13 "in fine": "...cuestión que evidentemente nada tiene que ver con la existencia o no previamente de una servidumbre de paso, ni tampoco con hecho o cuestiones nuevas que los letrados de las defensas pusieron de manifiesto en fase de informe toda vez que no alegaron las mismas en la fase de cuestiones previas en la que tan solo alegaron las dilaciones sufridas en el procedimiento y por ende a la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas prevista en el art. 21.6 del CP".

Tales modificaciones y añadido no corrigen los errores de la resolución primigenia, por lo que esta segunda continúa adoleciendo de una deficiente técnica en la redacción de los hechos probados y también en la valoración de la prueba, ya que no es tal la transcripción literal y parcial de las declaraciones practicadas o hacer una relación de la documental sin analizar su contenido. Incluso, nuevamente, y aunque ya se hace un análisis de ello en la sentencia de la Sección Segunda, hay prueba a la que ni siquiera se alude y que, por ende, no se valora. Tampoco se corrige la acomodación de la sentencia a las conclusiones definitivas de las acusaciones. Asimismo es deficiente o casi inexistente la motivación de la pena y de las responsabilidades accesorias".

Pues bien, la sentencia impugnada ahora, pese a las dos nulidades anteriores, es una repetición de las dos primeras, ya que, como acertadamente se dice en uno de los recursos, los únicos cambios que contiene, consistentes en una pequeñas modificaciones en la redacción de los hechos probados (poner en párrafos separados lo que antes era un párrafo único y en eliminar otros) y añadido de unas referencias jurisprudenciales, no subsanan los defectos de la resolución que ya se pusieron de manifiesto con ocasión del estudio de los anteriores recursos de apelación y que determinó la nulidad de las dos primeras sentencias dictadas. De manera que esta nueva sentencia repite todos los importantes defectos de motivación y errores de las otras, como la complicada y deficiente redacción de los hechos probados, la ausencia de una auténtica valoración de la prueba practicada y la omisión total de referencia a otras, la no motivación de la multa impuesta o de la obligación de demolición.

TERCERO.- "El derecho a la presunción de inocencia comporta la prohibición constitucional de condena sin que se hayan realizado pruebas I) de cargo, II) válidas, III) revestidas de las necesarias garantías, IV) referidas a todos los elementos esenciales del delito, y V) de las que quepa inferir razonable y concluyentemente los hechos y la participación del acusado sin quiebras lógicas y sin necesidad de "suposiciones" frágiles en exceso.

No impone la presunción de inocencia la exigencia de que esas pruebas sean aptas para convencer de la culpabilidad a todo observador imparcial externo. Sólo existirá violación de tal derecho cuando no haya pruebas de cargo válidas o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo ( SSTC 68/2010, de 18 de octubre Fundamento Jurídico Cuarto; 107/2011, de 20 de junio - Fundamento Jurídico Cuarto -, 111/2011, de 4 de julio - Fundamento Jurídico Sexto a)-, ó 126/2011, 18 de julio -Fundamento Jurídico Vigésimo Primero a-). Presunción de inocencia es compatible con que una misma actividad probatoria sea capaz de generar conclusiones divergentes en jueces igualmente imparciales. demás de prueba concluyente una condena exige la certeza personal del juez que no es seguridad matemática ni se contrapone a dudas concebibles en abstracto.

El control en vía de recurso sobre el respeto a la presunción de inocencia exige: I) depurar el material probatorio para expulsar de él la prueba ilícita o no utilizable por no venir revestida su práctica de las garantías irrenunciables (contradicción, publicidad); II) a continuación, valorar el material restante comprobando si en abstracto era razonablemente suficiente para que el juzgador pudiese llegar a una convicción exenta de toda duda sobre la culpabilidad; y, III) finalmente, testar si, en concreto, esa convicción está motivada de forma lógica. Al introducir un juicio de racionalidad dentro del margen de fiscalización que se habilita desde la presunción de inocencia se crean puntos de confluencia con el derecho a la tutela judicial efectiva desde el momento en que es exigencia anudada a ella que la respuesta jurisdiccional sea racional. La "suficiencia" de la prueba evidenciada por la motivación coherente y sin fisuras del Tribunal es uno de los perfiles de la presunción de inocencia de contornos más vaporosos."

Trasladando lo expuesto al caso de autos, la sentencia en el fundamento jurídico primero que denomina "análisis y valoración de la prueba", se limita a hacer transcripciones parciales de las testificales y periciales practicadas. Seguidamente relaciona la documental que figura en los autos, siendo tal relación una copia literal de la del escrito de acusación del Ministerio Fiscal (folios 1402, reverso y 1403), con la única excepción de eliminar la referencia al auto de procedimiento abreviado de los folios 1362 y siguientes, si bien se recogen otros documentos que no son prueba documental como el atestado o denuncias.

En el fundamento jurídico segundo, denominado "calificación jurídica de los hechos", tras hacer una referencia jurisprudencial, la magistrada de instancia señala que los hechos son constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.1, 2 y 3 del Código Penal, de forma que no corrige uno de los defectos que se subrayaron en las dos sentencias anteriores de esta Audiencia Provincial, ya que las acusaciones modificaron sus conclusiones provisionales y acusaron finalmente por un delito del artículo 319.2 (en lugar del del 319.1 inicial). Continúa afirmando que "lo que se discute de manera específica es qué estaba autorizado en la licencia inicial de obra NUM001. y, sobre todo, la interpretación de la sentencia dictada en el año 2002 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en fecha 25 de enero, cuestión que evidentemente nada tiene que ver con la existencia o no previamente de una servidumbre de paso.", cuando lo relevante y que debe ser objeto de análisis es si lo construido era o no legalizable, la clase de suelo en el que se hizo y si causó o no un daño al medio ambiente.

En este segundo fundamento tampoco se hace una análisis de la prueba practicada, sino que se reitera una parte de los hechos probados, el fallo de la sentencia del juzgado de lo contencioso y se exponen una serie de conclusiones sobre la clasificación del suelo en la que se levantó la estación de servicio, sin explicar el por qué de las mismas. También se alude a la declaración de don Abilio, ingeniero de caminos, canales y puertos y a la de don Romulo en lo atinente a que las obras realizadas no se ajustaban al proyecto inicial y las conclusiones del informe del SEPRONA sobre la clase de suelo. Tras ello, afirma que la subsunción de los hechos en el tipo penal del artículo 319.2 deriva de la integración con la normativa urbanística, en concreto las disposiciones transitorias 1ª de la LOUGA y la posterior Ley del Suelo de 2016. Seguidamente transcribe jurisprudencia y acaba el fundamento haciendo suya la valoración del beneficio obtenido que indica el informe de la Guardia Civil de los folios 1.302 y siguientes.

A juicio de la Sala lo anterior no es un análisis crítico de la prueba. Simplemente reseña y enumera los medios probatorios, pero sin explicar las razones que le llevan a la conclusión probatoria. No explica los testimonios de los peritos y testigos, ni tampoco las conclusiones que obtiene de los documentos que enumera en relación con los hechos objeto de acusación.

Las partes tienen derecho a conocer las razones que llevan a los hechos probados. Por ello la enjuiciadora debe detallar las premisas externas e internas sobre las que funda la declaración de hechos probados. Debe valorar todas las pruebas disponibles, examinando expresamente el contenido de las de cargo y de las de descargo, explicando de forma compresible las razones que le asisten para optar por unas u otras en cada caso.

La motivación, como es doctrina consolidada de la Sala Segunda, entre otras SSTS 2505/2001, de 26-12, 715/2012, de 19-4, "debe abarcar los tres aspectos relevantes de la sentencia penal: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena. La Motivación opera en una triple dirección:

a) Motivación fáctica, relativa a la explicación de los procesos intelectuales que han llevado a la Sala sentenciadora a efectuar una determinada valoración de la prueba justificadora de la versión exteriorizada en el juicio de certeza que integra los hechos probados, frente a otras posibilidades en relación a cada uno de los acusados, así como, en su caso, de todos los datos que pudieran ser relevantes en orden a la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad.

Al respecto debemos recordar que todo juicio es un decir y contradecir, y por ello ante la existencia de prueba de cargo y de descargo se precisa una suficiente identificación de las pruebas tenidas en cuenta y una suficiente motivación de la superior credibilidad que se concede a la versión que se acepta en la sentencia.

b) Motivación jurídica relativa a la traducción jurídico-penal de los hechos declarados probados tanto en relación a la calificación jurídica de los hechos y grado de desarrollo como a la participación de las personas que en ellos hubiesen intervenido y circunstancias que pudieran concurrir.

c) Motivación decisional, es decir, de las consecuencias de la participación de la persona en el hecho delictivo enjuiciado, lo que abarca singularmente, pero no de forma exclusiva, la individualización judicial de la pena, extremo que ha sido resaltado en el vigente Código Penal, en el art. 66 párrafo 1º. También integra la motivación decisional los pronunciamientos sobre responsabilidad civil, que en su caso pudiera declararse - art. 115 CP-, costas procesales y circunstancias accesorias - arts. 127 y 128 CP-."

El derecho a la presunción de inocencia según doctrina del Tribunal Constitucional -entre otras, STC 68/2010, de 18 de octubre-, aparece configurado como regla de juicio que repele una condena sin apoyo en pruebas de cargo válidas revestidas de garantías y referidas a todos los elementos esenciales del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado. Se viola tal derecho cuando no concurren pruebas de cargo válidas o cuando no se motiva el resultado de su valoración o cuando por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo seguido

Pues bien, la sentencia impugnada, a criterio de esta Sala, carece de una verdadera motivación probatoria. Simplemente transcribe en parte lo que dijo el acusado, así como los testigos y peritos y se relaciona la documental, y establece una serie de conclusiones, pero sin efectuar valoración de ninguna clase. Por otro lado, los hechos probados no recoge todos los elementos del delito por el que se condena porque no describe un daño material al territorio.

Revisados los autos y la grabación de la vista, consideramos que existe prueba en autos que impide alcanzar una certeza sobre los hechos objeto de acusación y que, por tanto, la duda debe resolverse aplicando el principio de "in dubio pro reo". Hemos de partir de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en el procedimiento ordinario 102/2001 que estima la demanda de doña Miriam y determina la concesión de la licencia. Para llegar a ese pronunciamiento la resolución estudia la realidad física del terreno y considera que deben ser calificados como urbanizables, pero no puede decirse, por contra a lo que afirmó don Romulo (arquitecto municipal del Ayuntamiento de Icod de los Vinos) y de lo recogido en los informes por él elaborados que aluden a la parcela del proyecto inicial, que ello es sólo respecto a los 2.030 m² iniciales del proyecto inicial, sino que se refiere a la totalidad de la propiedad, esto es, los 4.312 m² que se mencionan expresamente en la sentencia de lo contencioso. Prueba de ello es que la misma toma como base las edificaciones y negocios que lo rodean, los servicios propios de suelo urbano y también la variante. La documental indica que la mayor parte de las modificaciones que se realizaron conforme al proyecto del ingeniero don Sixto han sido legalizadas mediante decreto 182/2013 de 15 de abril de 2013 de la OAI de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Teniendo eso en cuenta, no es un argumento en el que pueda basarse un pronunciamiento condenatorio cuál era la calificación de los terrenos según el PGO, pues no es lo determinante, sino que lo realmente relevante es la sentencia antes mencionada, ya que fue la que dio viabilidad a la construcción de la estación de servicio valorando como urbanizables los 4.312 m² en atención a la realidad física que la rodeaba. Respecto al informe del SEPRONA, debe subrayarse que adolece de importantes imprecisiones porque no tiene en cuenta documentación relevante como la sentencia del juzgado de lo contencioso o la resolución posterior de carreteras que señala que lo modificado cumple con la normativa. Este informe asevera que la gasolinera no se levantó en el punto kilométrico autorizado, pero para llegar a esa conclusión, según informó el guardia civil del SEPRONA que lo elaboró, examinó el Google Earth y el Google Maps, lo cual no parece excesivamente riguroso, más si tenemos en cuenta que don Abilio, ingeniero de caminos, canales y puertos que se iba a ocupar de la dirección de la obra, pero que se desligó del proyecto al ver las modificaciones que el encausado pretendía hacer, explicó que el punto kilométrico a veces es variable porque, por ejemplo, el gobierno de Canarias puede tener una medición kilométrica que no coincide exactamente con la que puede tener el Cabildo, pero uno desde el propio plano determina perfectamente donde cae y hay unos planos donde se identifica perfectamente la parcela y en el acta de replanteo (que obra en las actuaciones) el topógrafo encaja en el sitio lo que los planos dicen. También don Daniel, arquitecto técnico de la Agencia Canaria que se denominaba entonces del Medio Urbano y Natural (actualmente Agencia Canaria de Protección del Medio Natural), se afirmó en sus informes y respondió que la estación se estaba construyendo en el lugar correcto.

La prueba practicada no indica que lo construido haya afectado a un camino público, pues no hay ningún documento que permita sostenerlo, ya que la documentación sólo permite inferir la existencia de una serventía. Por otro lado, el dictamen 372/2006 del Consejo Consultivo da legitimidad al traslado de la pasarela para garantizar la seguridad de los viandantes.

Por último, Luis Andrés, aparejador e ingeniero, funcionario del Cabildo de Tenerife que intervino como técnico en la autorización para esta parcela, explicó que el proyecto aprobado por la CCAA adolecía de incumplimientos de la normativa, por lo que el Cabildo recurrió para no autorizar la prórroga, pero perdió en primera instancia el juicio y se llegó al TSJ donde también se desestimaron sus pretensiones. Los servicios jurídicos del Cabildo indicaron que tenían que dar cumplimiento a la sentencia y es por ello que por lo que la estación de servicio está donde se ubica en la actualidad y que no cumple con la ley de carreteras, sino que cumple con la sentencia. Además, tras presentar el acusado un escrito al Área de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife solicitando un informe sobe el proyecto de regularización de estación de servicio con afección de la autopista TF-5 de Santa Cruz de Tenerife a los Realejos, punto kilométrico 9+950, margen izquierdo, se contestó, en 2014, que "se entendía que las modificaciones introducidas cumplen con la normativa de aplicación", teniendo en consideración que no han variado los accesos a la estación de servicio.

En conclusión, nada indica que el exceso de metros de la cafetería que aún no se ha legalizado, no sea susceptible de serlo, ni que se haya afectado a un camino público ni a una zona de dominio público.

Por lo expuesto y sin necesidad de entrar a valorar el resto de cuestiones que se planteaban en los recursos, procede la estimación de los mismos y la absolución del encausado.

CUARTO.- Procede declarar de oficio las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En atención a todo lo que antecede, así como por lo dispuesto en las demás normas de general y pertinente aplicación,