Sentencia Penal 486/2024 Audiencia Provincial Penal de Barcelona nº 7, Rec. 42/2022 de 17 de junio del 2024

I.-Debe primariamente entrar la Sala a resolver, como cuestión primaria y con anterioridad sobre el fondo del asunto objeto de enjuiciamiento, sobre la legalidad o licitud de los medios de prueba practicados, y concretamente al haberse formulado por las defensas de los acusados Juan Carlos y Valentín la pretensión de dos motivos de nulidad del Auto de apertura de Juicio Oral de fecha 02 de noviembre de 2021, consistentes el primero en que a lo largo de la instrucción del procedimiento, a los acusados citados no se les comunicó el delito contra la salud pública imputado a los mismos; hay información de derechos pero no en referencia a estos hechos, e incluso en la grabación de sus declaraciones en Arconte la Juez alude con carácter general pero no se especifica el tipo de delito contra la salud pública del art. 368 CP. que se les imputaba, y esa inconcreción causó indefensión a su respectivo patrocinado.

Y en segundo lugar, que se les acusa de un delito de asociación ilícita de los arts. 515.1 y 517.1 del CP. pero no se informa a su respectivo representado de dicha imputación delictiva, de que se le sigue el procedimiento contra él por dicho delito, ni se le indica qué derechos tiene, a no declarar, ni el 775 LECrim. , ni se le informa de esa exención, siendo que incluso en el acta anulada aparece informe por escrito del padecimiento de su patrocinado de una adicción a sustancias y que estaba en tratamiento, siendo que la segunda defensa aludió también a un vicio de nulidad del auto de transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado (folios 1283 a 1289, conforme al art. 238.3 LOPJ, afirmando que no se le había informado del delito de asociación ilícita que ha sido objeto de acusación, siendo que se le cita en autos por diligencia de ordenación (folio 1114) sin reseñarlo ni se le especifica el delito al recibírsele declaración (folio 1119), ni tampoco consta en la papeleta de citación (folio 1128), siendo que en su declaración grabada en Arconte se le apercibe de que se le va a tomar declaración por un delito Contra la Salud Pública, pero no se le dice nada del delito de Asociación Ilícita vulnerándosele el Derecho de Defensa y que se le produjo indefensión, solicitando la nulidad del auto de transformación de Procedimiento Abreviado además del de Apertura del Juicio Oral, y que no se pueda formular acusación por el delito contra la Salud Pública.

Tales motivos deben ser desestimados.

II.-Como viene sosteniendo esta Sala en precedentes resoluciones, y así se recoge en el auto de transformación de Diligencias Previas a Procedimiento Abreviado de fecha 15.03.21 (folios 1283 a 1289), los encausados por estos hechos que relata ut supra -entre los que se encuentran los dos acusados Juan Carlos y Valentín- a quienes se tomó declaración y leyeron sus derechos, tal y como dispone el art. 775 LECrim. , y "sin olvidar el carácter no vinculante de la calificación en esta fase de procedimiento, los hechos pueden ser constitutivos de delitos contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, y de asociación ilícita, previstos y penados en los arts. 368 , 369 , 515.1 y 515.1 de Código Penal . Por tanto, son hechos constitutivos de delito/s cuya/s pena/s está/n comprendida/s dentro de los límites propios del Procedimiento Abreviado, de acuerdo con el art. 757 LECrim .",acordando continuar la causa por los trámites del Procedimiento Abreviado. Resolución que fue confirmada al desestimarse el recurso de reforma interpuesto por la defensa de otros tres acusados ( auto de 23.04.21, folios 1303 a 1306), e incluso por la Audiencia Provincial de Barcelona (auto de la Sección Décima de fecha 13.07.21, folios 134 a 1337)) al desestimar el recurso de apelación interpuesto, y cuyas fundamentaciones no pueden por menos de ser asumidas por la Sala en la presente resolución, motivando la interposición del escrito de acusación del Ministerio Fiscal (folios 1338 a 1348), que concretó los tipos delictivos objeto de imputación a cada investigado, elevándose seguidamente las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial a fin de dictarse el correspondiente Auto de Apertura de Juicio Oral de fecha 02.11.21 (folios 1381 a 1382), y en donde se recogen y afirman (Antecedente de Hecho Tercero) los delitos imputados a los dos acusados que ahora pretensionan la nulidad de los autos: asociación ilícita de los arts. 515.1º y 517.1º CP. , y delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que no causa grave daño a la salud del art. 368 CP. , y acordándose tal apertura de Juicio Oral respecto de cada acusado y, los dos afectados, por los dos delitos concretados ya por el Ministerio Fiscal.

Y viene afirmando esta Sala conforme reiterada y pacífica jurisprudencia que no puede por menos de suscribirse los razonamientos jurídicos contenidos en el Auto de transformación de DP a PA cuya nulidad se pretende, que se dan en aras al principio de economía procesal aquí por reproducidos, pues a tenor de las diligencias practicadas obrantes en autos resulta indiciariamente de las actuaciones practicadas, y así se infiere de los hechos recogidos por el Juez Instructor en su resolución dictada, respecto de la comisión de dos posibles delitos por parte de los investigados, y concretamente de los dos aludidos, aunque no tienen por qué ser calificados, habiéndolo hecho no obstante de forma provisional el Juez a quo, pues ello corresponde a las acusaciones no al Juez de Instrucción,aunque la Sala pueda calificarlos como subsumibles bajo las figuras delictivas investigadas contra la salud pública del art. 368 y 369 CP y de asociación ilícita de los arts. 515 y 517 CP. , subsumibles su enjuiciamiento bajo los trámites del Procedimiento Abreviado, pero sin que ello presuponga una predeterminación del fallo ni en modo alguno el pronunciamiento que las partes acusadoras pudieran seguidamente efectuar de los hechos acaecidos y expresamente recogidos en la resolución ahora impugnada, siendo que la inclusión de los investigados ahora acusados Juan Carlos y Valentín en los mismos, y cuya determinación corresponde a las acusaciones, no impide ab initio el que pueda acordarse una modificación de la resolución, no deviniendo en necesario el incluirse en cuanto a su adecuada acreditación en la fase de instrucción, sino en el acto de la vista en juicio oral, y previo ejercicio en su caso de la acusación por parte del Ministerio Fiscal conforme al pronunciamiento ahora impugnado, en donde se obvia ciertos elementos que pudieran fundamentar, en caso de acreditarse, no sólo pretendidas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, lo cual precisa, y no viene impedido, de una actividad probatoria de descargo por parte de las defensas que no debe implicar tampoco una revocación de la fase de finalización de la instrucción, cual se verifica por el auto cuya nulidad se invoca, sino de indicios racionales de criminalidad suficientes para su dictado; por el contrario puede permitir a las defensas la alegación y acreditación de tales extremos atenuatorios o excluyentes en torno a la no tipicidad de los hechos respecto del delito invocado y no ya pudiendo haber recurrido, como efectuaron y fueron desestimados sus recursos por el propio Juzgado a quo sino incluso por esta Audiencia Provincial, sino en la necesidad de verificarse en este propio acto de la vista en juicio oral, y no careciendo las alegaciones de la parte proponente de la suficiencia como para desvirtuar los indicios racionales de criminalidad, que, se reitera, existen contra los dos investigados instantes de nulidad en los hechos de autos y respecto de los dos precitados delitos, y cuya valoración corresponde efectuarse precisamente tras finiquitarse la fase de instrucción, que acontece con el auto cuya nulidad se pretende, y cuya terminación acontece por considerar el Juez a quo, e incluso así afirmarlo la Audiencia Provincial al desestimar el recurso de apelación, que se han practicado todas aquellas diligencias de investigación indispensables para deslindar los hechos objeto de denuncia, y que las partes puedan sostener sobre su base con total amplitud sus respectivas posiciones en la siguiente fase, así como, por otro lado, la valoración conjunta de todos estos elementos que le permite excluir la adopción de cualquiera de las otras decisiones que previene el art. 779 LECrim.

Pero es que de la mera lectura de los folios de la causa consta que averiguado el domicilio de los dos acusados citados (folios 1107 el de Valentín y 1192 el de Juan Carlos), y dictada resolución acordando recibírseles declaración en calidad de investigados (providencias folios 1111, y 1181 y 1193), se les remitió citación (folios 1119 y 1131, con acuse de recibo firmado al folio 1132bis, y 1194), significándoseles que "quedan los autos a su disposición en la oficina de este Juzgado para su consulta e Instrucción", por lo que podían en cualquier comento consultar no sólo el procedimiento sino igualmente tener conocimiento de los delitos que eran objeto de la causa; asimismo que se acordó la prórroga de la instrucción por complejidad de la causa en fecha 07.10.19 (folios 1166 a 1169) y antes de recibírseles declaración se procedió a la información de derechos tanto a Juan Carlos (folio 1219 a 1221) como a Valentín (folios 1177 a 1179) y se les recibió declaración registrada en soporte audiovisual (folio 1222 y 1180), y sin que por parte de sus representaciones procesales se hubiera interpuesto recurso o incidente de nulidad alguno, ni incluso lo interpusieron ninguno, ni Juan Carlos ni Valentín contra el tan aludido auto de transformación de DP. a P.A. de 15.03.21 (folios 1283 1389), siendo además que se indica en la resolución (R.J.Primero, párrafo tercero) que "el contenido del presente auto se circunscribe a los hechos y a las personas imputadas, no a la calificación jurídica que en absoluto vincula a la acusación.

Por lo que a partir de este momento y ya constando en autos, los dos acusados, Juan Carlos y Valentín, tenían conocimiento por hallarse escrito en la causa, que se les consideraba investigados, entre otras terceras personas, por los delitos que fueron objeto del procedimiento, de los que concretamente se les imputaron en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal (folios 1338 a 1348) y se concretaron de conformidad en el posterior auto de Apertura de Juicio Oral de 02.11.21 (folios 1381 y 1382).

III.-En consecuencia, no proceden asumirse las argumentaciones de las defensas de Juan Carlos y Valentín en pro de la nulidad de los referenciados autos en el actual momento procesal, ni en torno a una no configuración típica de los hechos objeto del procedimiento respecto de sus patrocinados, ni falta de fundamentación o de calificación, esta no necesaria en el auto de transformación de D.P. a P.A. ya mentado, habiendo tenido conocimiento de los hechos objeto de investigación desde su primera citación y recibírseles declaración, habiendo podido acceder a las actuaciones y complementarse asistidos de letrados a la información de la causa referente a los hechos y a sus personas.

Por lo que los motivos de nulidad planteados como cuestiones previas deben ser desestimados, pues además compete formular la calificación de los hechos al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas en sus respectivos escritos de acusación, siendo de apreciar la existencia ab initio y a tenor de las pruebas testificales, documental extensa e informes periciales aportados y practicados, de indicios racionales de criminalidad, que no pruebas determinantes como parece pretender la parte apelante, lo cual es únicamente exigible para el dictado de una sentencia condenatoria superando el principio de Presunción de Inocencia que ampara en todo momento al investigado, sin que devenga en necesaria la práctica de otras diligencias probatorias en la fase de instrucción, que puede intentar practicarlas la parte apelante bien con anterioridad al acto de la vista en juicio oral o incluso en el propio acto de la vista, pero a resolver por este propio órgano judicial enjuiciador.

IV.-Vinculada la Sala por el principio acusatorio y a la valoración no de todos los hechos que pudieran deducirse de las actuaciones sino únicamente de aquellos que hayan sido objeto de debate y de contradicción entre las partes, y limitado asimismo a pronunciarse en referencia a los ilícitos que son objeto formal de imputación y en relación con las tesis que mantengan las partes acusadoras, en el sentido reflejado en los artículos 435.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 733, 742, 789.3 y 851.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otros preceptos, no pudiendo entrar a debatir o apreciar la posible existencia de otro u otros ilícitos distintos o más graves del que ha sido objeto de acusación, puesto que los hechos o circunstancias que no son objeto de acusación no pueden ser, en principio, materia de pronunciamiento judicial, ya que lo contrario equivaldría a convertir al juzgador en acusador, debe entrar la Sala en segundo lugar, como cuestión primaria y con anterioridad sobre el fondo del asunto objeto de enjuiciamiento, en torno a la admisibilidad de la conformidad parcial manifestada al inicio del acto de la vista entre el Ministerio Fiscal y las representaciones procesales

De los acusados Julián, Pedro Antonio, Soledad y Remigio, La conformidad de los citados cuatro acusados presentes con los hechos objeto de acusación, su calificación jurídica, su participación, la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas del art. 21.6º del C.P. y con las nuevas penas solicitadas por escrito del Ministerio Fiscal, a las que se adhirieron sus respectivas defensas, manifestadas y ratificadas en el acto del juicio oral, y cuando dichas partes no conceptuaron necesaria la prosecución del juicio, no obstante habiéndose seguido respecto de los otros dos acusados no conformados, determina el contenido de la Sentencia respecto de los mismos y conforme al artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

V.-Es así como los hechos declarados probados por conformidad de las partes constituyen respecto y únicamente los acusados, Julián y Pedro Antonio, de un delito de asociación ilícita de los arts. 515.1º y 517.1º del C.P.; para los acusados Soledad y Remigio, de un delito de asociación ilícita de los arts. 515,1º y 517.2º del C.P., y para todos ellos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud del art. 368.1 del Código Penal, no siendo necesario exponer los fundamentos legales y procesales referentes a dicha calificación, a la participación, a la imposición de las costas, decomiso, a la concurrencia de circunstancias, y sobre ausencia de responsabilidades civiles, sin que concurra ninguna de las circunstancias que, conforme al mencionado artículo 787, pudieran determinar la procedencia de otro contenido parcial en esta resolución.

VI-Que a tenor del conjunto de la prueba practicada en el acto de la vista en juicio oral, los hechos declarados probados, y recogidos como hechos declarados probados, si bien son en primer lugar y en consecuencia, constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud -hachís y derivados- del artículo 368.1º del Código Penal, como en similares términos se declaró en otros supuestos similares por SSTS, Sala de lo Penal, de fechas 07 de septiembre de 2014, 07 de septiembre de 2016 - STS num- 698/29016- y 19 de febrero de 2019 - STS num. 87/2019-, e incluso el supuesto resuelto por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentencia num. 484/2015, de 07 de septiembre, y asimismo, del delito de asociación ilícita de los arts. 515.1 y 517.1º o 2º, preceptos todos ellos del Código Penal asimismo imputados a los acusados Juan Carlos y Valentín, no ha quedado suficientemente acreditado a tenor del conjunto de la prueba practicada en el acto de la vista en juicio oral no sólo su participación activa en los hechos sino ni tan siquiera la culpabilidad de los mismos, y ello por cuanto ningún testigo ha manifestado haber observado o visualizado a alguno de dichos acusados el haber verificado algún acto de venta, donación o transmisión a tercero de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o drogas tóxicas, en la sede de la mentada asociación cannábica, haber participado en la inscripción de algún nuevo socio o haber percibido el importe de alta en la asociación, o haber incluso dados las instrucciones de comportamiento en relación a la adquisición y/o consumo bien en el local, bien en no poderlo sacar del mismo para consumir fuera, o verificar cualquier acto de favorecimiento del consumo ilícito de la droga que se suministraba, bajo precio, en el local.

Y ello además, siendo que documentalmente el único dato que consta en referencia a Juan Carlos, es el de haber constituido junto con Valentín y otra persona ajena al procedimiento, el día 29 de octubre de 2012 la Asociación Cultural Robert Nesta de autos; y constando asimismo que el 31 de octubre de 2012, el acusado Valentín, en nombre propio y de los demás promotores, solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, constando que mediante oficio de fecha 11 de junio de 2013, la jefa del Área de Asociaciones le comunicaba que dicha asociación quedaba inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional: 602971, y asignándole la Agencia Tributaria a la asociación el Número de Identificación Fiscal Definitivo NUM013, y en tales términos el reiterado Valentín suscribió el día 24 de diciembre de 2015 el contrato de arrendamiento del local semisótano sito en la c/Enrique Morera núm. 20 de la localidad de Esplugues de Llobregat, que constituyó la sede de la reiterada Asociación Cannábica.

Consta igualmente que los estatutos (folios 1059, 1062, 1064 o 1066) de la Asociación Cultural Robert Nesta limitaban su objeto a actividades culturales de estudio, reflexión y divulgación científica en torno al uso del cánnabis y sus propiedades naturales, descartando expresamente y con rotundidad cualesquiera otras finalidades de carácter ilícito como la difusión de la marihuana o hachís, y como una expresa y rigurosa declaración formal, pero no consta que los dos acusados o alguno de ellos hubiera procedido a infringir dicha normativa estatutaria favoreciendo con su actitud o colaboración el consumo ilícito o su favorecimiento del consumo de tales sustancias; y en concreto desde el inicio del funcionamiento de la asociación respecto del acusado Juan Carlos, ni desde el misma, pero incluso más concretamente desde el 29 de enero de 2018, en que conforme al acta extraordinaria de la reunión en la que no constaban más que el acusado Valentín junto con otros dos acusados ( Julián, tesorero, y Pedro Antonio, secretario) aquél dimitió de su cargo de presidente y se aceptó su dimisión. Y todo ello en base a que como han indicado los propios acusados, los testigos, y consta en las actuaciones, Juan Carlos cesó en el 2016 en la asociación y no volvió a la misma; y Valentín sostuvo que cesó en el 218, y ya no volvió a tener ninguna relación con la misma. Y ninguno de los testigos aludió en momento alguno a uno de dichos acusados, sino incluso el MM.EE. NUM014, instructor del atestado y que dirigió y organizó incluso la Entrada y Registro, autorizada judicialmente en el local de la Asociación para 05.04.18 (folio 166), afirmó que la investigación se inició a tenor de un parte de inicios del 2018 de una dotación policial por el fuerte olor que hacía por los alrededores del local a marihuana, que se practicaron varias vigilancias e intervenciones de drogas, de algunos testigos que acudieron a juicio e incluso afirmaron haber adquirido la sustancia que les fue intervenida en la sede de la asociación, e incluso que en la revisión de los libros de la asociación obrantes en autos (folios 211 y 212) todas las firmas que constaban dando alta a los nuevos socios era de otros acusados, pero ninguna de los Valentín Juan Carlos, y que además ninguno fue hallado en el interior del local, ni ningún comprador aludió a ellos en momento alguno como responsables del local. Es que incluso tampoco ninguno de los MM.EE. que declararon aludieron a la participación directa o indirecta de los mismos en los hechos de autos sino por referencias de Valentín a Juan Carlos y por ser los dos fundadores de la asociación.

Y frente a ello, no se alzó prueba de cargo alguna objetiva y suficiente para desvirtuar el principio de Presunción de Inocencia del artículo 24 de nuestra Constitución y que amparaba y ampara hasta el momento presente a los acusados Juan Carlos y Valentín, tal y como pretendieron sus Defensas, y poder alejar toda duda razonable de los miembros del Tribunal enjuiciador de la efectiva y real realización por parte de los mismos de tal acción imputada por el Ministerio Fiscal; concretamente de una posesión de droga y sustancias estupefacientes (hachís y derivados), sin adoptar medidas de seguridad predestinadas a evitar el tráfico ilícito a terceras personas o su consumo en los exteriores del local del Club Kali.

VII.-Y ello por cuanto concretándose la actividad social, además de no pertenecer los acusados a una asociación organizada para la difusión de estupefacientes (hachís, marihuana y derivados como el "chocolate" o aceite de hachís) entre los socios, tampoco el que debieran efectuar un control formal de los mismos (como cuadernos de anotaciones de entrada de socios) más que en cuanto a la imposibilidad de suministro a terceros no socios bien en el interior del local, bien incluso en el exterior del mismo, por socios o terceros consumidores a quienes se les suministraba la droga por socios, verificándose en definitiva no sólo un consumo en los locales de la asociación, sino la posibilidad no sólo de un consumo sino también de una venta indiscriminada e ilícita de hachís, marihuana y derivados, en el período comprendido entre el mes de enero del año 2018, fecha de inicio dela investigación policial y el mes de abril del mismo año, fecha de la entrada y registro del local social.

Pero ni se evidenció participación alguna de los acusados Valentín Juan Carlos en el suministro a la Asociación de las sustancias o cogollos que se vendían en la asociación, y que eran suministrados por ignorados proveedores, sin control alguno ni conocimiento de los cultivos por los socios; así como que ninguno de los socios que declaró afirmó serlo por un tema terapéutico.

E incluso muchos de los testigos indicaron asimismo que a pesar de haber recomendaciones que prohibían sacar del local del club las sustancias que adquirían, o bien sacaron personalmente sustancias del local del club para consumirlas en otros lugares (su domicilio por ejemplo), o bien vieron a otros socios que lo hacían, pero siempre bajo su propia responsabilidad, y sin conocimiento de alguno de los acusados Valentín Juan Carlos, a quienes no citaron.

VIII.-Ciertamente resulta en consecuencia acreditada la intervención en el local de la asociación de una cantidad significativa de hachís, marihuana y derivados (como resina de hachís), cuyo destino iba a ser el autoconsumo, compartido o no, de los propios asociados, pero sin que se excluyera, por falta de control adecuado y suficiente, el tráfico o distribución dirigida hacia los mismos para su consumo fuera del local, o incluso, como afirmaron algunos de los testigos ya citados, de terceras personas no socias.

Y si bien tales sustancias están teniendo la consideración conforme pacífica y reiterada jurisprudencia como sustancia que no daña gravemente la salud, el hachís, la marihuana y derivados, pero no habiendo sido ninguno de los acusados visto como verificaba pase o entrega de tales sustancias a los asociados, ni menos aún a terceros, ni tan siquiera el ofrecimiento, ni que los haya referenciado como suministradores, es sólo la mera participación como fundadores de la asociación e incluso haberla presidido con anterioridad a los hechos de autos, no deja de ser una mera sospecha y no pasa a convertirse en prueba indiciaria de la comisión por parte de los acusados Juan Carlos y Valentín en un acto de participación en el favorecimiento del consumo ilícito de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o de posesión predestinada al tráfico de, tal y como sostuvo, a su entender, el Ministerio Fiscal, por cuanto dadas las escasas medidas de prevención y control, permitiera el acceso e incluso la salida del local social a terceros que no eran socios o incluso a socios, o incluso debieran controlar que hubiera socios que no sacaran sustancias del local para su consumo en otros puntos, cerrados o no como sus domicilios, lo cual no puede suponer el crear un evidente riesgo para la salud pública, incluso de terceros que podían adquirir a los socios las sustancias que los mismos extrajeran de la asociación. Por lo que procede el dictado de una sentencia absolutoria

IX.-Y respecto del segundo delito imputado, de Asociación Ilícita de los arts. 515.1 del Código penal, bien en relación con el art. 517.1 (fundadores-presidente) bien en relación con el art. 517.2 (miembros activos) del mismo Cuerpo legal, procede asimismo dictar una sentencia absolutoria en favor de los acusados Juan Carlos y Valentín por falta de participación, por cuanto en modo alguno ha quedado acreditado que se formara y constituyera dicha asociación con una finalidad, aunque fuera compartida, ilícita.

Y ello por cuanto de la prueba practicada se desprende la no tipicidad de su constitución no debió ser desde un inicial funcionamiento, y con el debido respeto a las normas estatutarias y finalidades de los propios estatutos, y así lo afirmaron los dos socios fundadores afirmando además que al constituir la asociación creyeron que no era delito y entendieron que era una asociación legal, aprobándoles los estatutos el Ministerio del Interior e inscribiéndoseles la asociación en el Registro nacional, como hemos aludido.

Dicha asociación ya se ha indicado con anterioridad fue válidamente constituida por los acusados Juan Carlos y Valentín y un tercero, fijando posteriormente su sede en el local de alquiler sito en la calle Enrique Morera 20 de Esplugues de Llobregat, propiedad de un tercero, ostentando el acusado Valentín el cargo de presidente, y los estatutos de la entidad constituida limitaban incluso su objeto a actividades culturales de estudio, información, reflexión y divulgación científica en torno al uso del cannabis y sus propiedades naturales, Juan Carlos y Valentín, pero que una vez ya no estaba ninguno de dichos acusados vinculados con la asociación, se comenzó la distribución entre las socios y consumo por éstos con fines lúdicos, especialmente de la planta Cannabis Sativa L. (incluso con alto contenido en THC) y sus preparados o derivados.

Que con todas esas referencias, fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de la Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior y posteriormente, se pretendió su inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya, no lográndolo, y lo que podrá dar a que los acusados, si fueran dirigentes de la asociación, que no lo eran, actuasen alentados por la esperanza, aunque mal fundada, de que su actuación podría ser tolerada, pero sin que ello quedara desvirtuado por informe alguno de las autoridades gubernativas o incluso hubiera existido informe desfavorable del Ministerio Fiscal a dicha inscripción. Todo lo contrario, pues por las mismas fechas era precisamente objeto de discusión y debate social y político, incluso objeto de una propuesta de regulación por el Parlament de Catalunya ya aludida, de las mencionadas asociaciones cannábicas, como la presente, e incluso un conocido con carácter general informe favorable de archivo del expediente incoado a otra asociación cannábica de Barcelona por parte del Ministerio Fiscal a instancia de la Sección del Registro de Entidades y Asociaciones del Ministerio del Interior, y sosteniendo la licitud de su constitución, sin perjuicio de la comisión futura de delitos contra la salud pública, en su modalidad de favorecimiento del consumo ilícito de sustancias estupefacientes.

Y de toda la documental aportada y referida, así como de las manifestaciones de los acusados y testigos e incluso de los agentes policiales, no se desprende que la asociación cannábica de autos tuviera inicialmente por objeto cometer algún delito o, después de constituida y por los acusados Juan Carlos y Valentín, se promoviera su comisión.

Por lo que procede la libre absolución de los acusados Juan Carlos y Valentín por dicho delito del art. 515.1, bien sancionado conforme al art. 517.1 bien conforme al art. 517.2, preceptos todos ellos del Código penal.

X.-Que las costas procesales deben ser impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 123 del reiterado Código Penal en relación con los artículos 239 y 240.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiéndose imponer a los acusados condenados el 80% de las causadas, por partes iguales, y el 100% de las propias, y dado el pronunciamiento parcialmente absolutorio se declaran de oficio el restante 20%.

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y procesal, en virtud del poder conferido por la Constitución y la Ley, administrando en esta instancia Justicia que emana del Pueblo y en nombre de Su Majestad el Rey,