Sentencia Penal Nº 1/2011, Audiencia Provincial de Malaga, Tribunal Jurado, Rec 10/2011 de 23 de Enero de 2012

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  • Fecha: 23 de Enero de 2012
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  • Ponente: García De León, Aurora Santos
  • Núm. Sentencia: 1/2011
  • Núm. Recurso: 10/2011
  • Núm. Cendoj: 29067381002012100001

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

OFICINA DEL JURADO

LEY DEL JURADO 2/2010

JUZGADO DE INSTRUC. NUM. TRES DE TORREMOLINOS

ROLLO DE SALA NUMERO 10/2011

Dª . Aurora Santos García de León, ha actuado en el Procedimiento arriba indicado, como Magistrada Presidente del Tribunal del Jurado.

Y en calidad de tal, pronuncia la siguiente:

SENTENCIA Nº 1/2011

En la ciudad de Málaga a 23 de enero de 2012.

Vista, en juicio oral y público, la causa ya reseñada, en la que el Ministerio Fiscal, representado por la Iltma. Sra. Dña. Belén Romero Rodríguez ha formulado acusación, por delito de asesinato con alevosía, contra Baldomero , con DNI NUM000 , nacido en Madrid, el día 16 de agosto de 1951, hijo de María y Aurelio, con domicilio en la Avda. DIRECCION000 , NUM001 de Torremolinos, con antecedentes penales cancelados y en prisión provisional por esta causa desde el día 12 de junio de 2010, representado por el Procurador D. Francisco Bernal Mate y defendido por el Letrado D. Francisco Acosta Palomino. Como acusaciones particulares, D. Evelio , representado por la Procuradora Dña. M. Dolores Molina Pérez y asistido por el Letrado D. Juan Carlos Muñoz Romero; y D. Luis Acosta Fernández, representado por la Procuradora Dña. Rocío Molina Tejerían y asistido por el Letrado D. Ernesto Rodríguez Rodero.

Antecedentes

PRIMERO: Las presentes actuaciones, iniciadas como consecuencia del atestado instruido por el Grupo 1º (U.D.E.V.) de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Málaga, determinaron la incoación de las Diligencias Previas nº 1967/2010 del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, que se transformaron por Auto, en Procedimiento para Juicio ante el Tribunal del Jurado número 2/2010.

SEGUNDO: El Ministerio Fiscal formuló escrito de acusación en el que consideró los hechos como constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1, en relación con el artículo 138 del Código Penal , y un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, solicitando para Baldomero , como autor del delito anteriormente reseñado, la pena de 17 años de prisión por el primero y 2 años de prisión por el segundo, e inhabilitación absoluta y especial durante el tiempo de condena, costas e indemnización para Evelio en la cantidad de 300.000 euros, por el fallecimiento de su padre, por el daño moral generado.

La acusación particular de D. Evelio , consideró los hechos como constitutivos de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1 del Código Penal , y un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1 del CP , considerando responsable en concepto de autor al acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la pena de 20 años de prisión por el primero y 2 años de prisión por el segundo, e inhabilitación absoluto y especial durante el tiempo de la condena, costas y que indemnice al único heredero del fallecido, D. Evelio en la cantidad de 425.000 euros por los daños morales, atendiendo a las especiales circunstancias en las que se cometió el hecho.

La acusación particular de D. Onesimo , consideró los hechos como constitutivos de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1 en relación con el 138 del Código Penal y un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 564.1 del CP , considerando responsable en concepto de autor al acusado, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la pena de 20 años de prisión por el primer delito y 3 años de prisión por el segundo delito, e inhabilitación especial y absoluta, durante el tiempo de las condenas, costas y que indemnice a D. Onesimo , pareja sentimental del fallecido, como perjudicado, en la cantidad de 150.000 euros.

La Defensa de D. Baldomero , consideró que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio, previsto en el artículo 138 del CP y un delito de tenencia ilícita de armas, del artículo 563 del CP , con la concurrencias de la eximente incompleta de trastorno mental del artículo 21.1 en relación con el 20.1 del CP ; la eximente incompleta por intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas al tiempo de cometerse el hecho, del artículo 21.2, en relación con el 20.2 del CP y la atenuante de arrepentimiento espontáneo, procediendo imponer al acusado la pena de 5 años de prisión por el primer delito, con la accesoria de inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, conforme al artículo 55 del CP y por el segundo, 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, conforme al artículo 56 del CP y las costas causadas en el procedimiento, debiendo indemnizar al único hijo de la víctima, separado legalmente, en la cantidad de 90.705,42 euros por el fallecimiento de su padre, conforme baremo vigente.

TERCERO: Recibidas las actuaciones en esta Audiencia, se incoó el presente rollo, en el que por turno, se designó Magistrada- Presidente a quién redacta esta resolución, acreditándose en el rollo la oportuna personación de las partes.

Con fecha 27 de octubre de 2011 se dictó el Auto de Hechos Justiciables, en el que se abordaban todas las cuestiones legalmente previstas y se señalaba para la celebración del Juicio los días 16, 17, 18 y 19 de enero de 2012 y el 8 de noviembre de 2011 para la designación de Candidatos a Jurados.

Todo el trámite de designación de candidatos se practicó en pieza separada, llevándose a cabo sin incidencias.

CUARTO: El Juicio se celebró durante los días 16, 17, 18 y 19 de enero de 2012. Practicándose las pruebas propuestas y admitidas por las partes y modificándose las conclusiones provisionales por el Ministerio Fiscal, por las acusaciones particulares y por la Defensa, solicitando, todos ellos, la calificación del delito como asesinato con alevosía, concurriendo la atenuante muy cualificada de intoxicación etílica y de un delito de tenencia ilícita de armas, imponiéndose al acusado la pena de 11 años de prisión por el delito de asesinato y 1 año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas, accesorias y costas; solicitando en concepto de indemnización para cada una de las acusaciones particulares, como heredero y perjudicado respectivamente, las cantidad de 120.000 euros para cada uno de ellos, por el daño moral y el perjuicio sufrido por el fallecimiento del padre y pareja sentimental respectivamente del mismo.

Producidos los preceptivos informes, oído el acusado e instruidos los miembros del Jurado por la Magistrada Presidente, se sometió el objeto del veredicto al Jurado, luego de haber sido aceptado por las acusaciones y la defensa. Después de la entrega del acta, el día 19 de enero, constituidos en Audiencia Pública, el Portavoz del Jurado dio lectura al veredicto, cesando el Jurado en sus funciones.

QUINTO: El Ministerio Fiscal, las dos acusaciones particulares y la Defensa solicitaron las penas ya señaladas en el fundamento jurídico anterior.

Hechos

Se declaran como tales los que integran el siguiente relato:

1º) Entre las 12.30 y las 13.00 horas del día 10 de junio de 2010, el acusado se encontraba en el interior del establecimiento de hostelería Bar Cafetería Velasco II, situado en la Avda. Salvador Allende, 33 de Torremolinos, del que era cliente habitual, regentado por Luis Angel ; en un momento determinado entró una cliente, llamada Constanza , quien se dirigió al dueño que se encontraba detrás de la barra y le pidió cambio para sacar tabaco de la máquina expendedora.

2º) El acusado, al ver a la mujer que llevaba el cabello lleno de tranzas, manifestó "ésta ha tenido un susto, no veas como tiene los pelos", comentario que repitió en varias ocasiones hasta que el dueño del bar, Luis Angel , le dijo "deja ya de meterte con la chica y baja la voz que hasta ella te ha oído", momento en que el acusado le contestó "contigo no va la cosa, te vas a enterar, que el cliente siempre tiene razón". El dueño del bar le dijo que se tranquilizara, que las bromas no se repiten tantas veces, respondiendo a su vez el acusado "me has tocado los cojones y te vas a enterar", saliendo a continuación a la calle.

3º) A los pocos minutos el acusado volvió a la cafetería, encontrándose en ese momento en su interior, detrás de la barra, el propietario, y la cocinera del establecimiento, llamada Inmaculada ; el acusado se dirigió directamente y sin mediar palabra a Luis Angel agarrándole con fuerza del cuello, ante lo cual, Inmaculada , observando que su jefe no podía respirar, se interpuso entre ambos y le dijo al acusado que le soltase, momento en el cual el acusado empujó a ésta última y sorpresivamente sacó de entre sus ropas un pequeño revólver de color plateado y disparó a Luis Angel en el cuello, con la boca del arma a pocos centímetros de la piel, mientras aún seguía agarrándole con la mano izquierda, con ánimo de quitarle la vida, causándole la muerte de forma instantánea a causa de la destrucción de centros vitales encefálicos que causó el disparo.

4º) El disparo lo realizó el acusado con un revólver de simple y doble acción, marca Astra modelo Inox de 2", con número de serie R280889 calibre 38 SPL que estaba en correcto funcionamiento mecánico y operativo y era apto para el disparo. El acusado carecía al tiempo de ocurrir los hechos de la obligatoria licencia de armas.

5º) El arma utilizada por el acusado fue intervenida en diligencia de entrada y registro practicada en el domicilio de su padre, situado en el Monasterio de Pedrique, Pozoblanco (Córdoba), practicado sobre las 20.30 horas del día 10 de junio de 2010, lugar donde el acusado había huido tras realizar los hechos y donde fueron también intervenidas dos navajas automáticas, calificadas por el vigente Reglamento de Armas como armas prohibidas.

6º) El fallecido, D. Luis Angel tenía como único hijo a Evelio ; y desde hacía más de 22 años convivía, como pareja sentimental, de hecho, con D. Onesimo , que se ha personado como perjudicado en la causa, reclamando ambos la indemnización que legalmente les corresponda.

7º) El mismo día en que ocurrieron los hechos, el acusado había estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde las 9 de la mañana, primero en la Cafetería Velasco II, donde tomó un wisky y posteriormente en el "chiringuito" Playa Miguel, en la Carihuela (Torremolinos), tomando 2-3 wiskis, marchándose a continuación de nuevo al Bar Cafetería Velasco II, donde llegó sobre las 12.30 horas, volviendo a ingerir otras dos copas de bebidas alcohólicas, siendo recriminado por el propietario del establecimiento con el que mantenía una buena relación, por beber tanto.

8º) El acusado padecía alcoholismo crónico y ha sido tratado en un Centro de Rehabilitación de Córdoba. En el momento en que ocurrieron los hechos estaba siendo tratado por un cuadro de ansiedad crónica y una alcoholopatía que padecía desde hace 15 años.

Fundamentos

PRIMERO: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1 del Código Penal , en relación con el artículo 138 del Código Penal y de un delito de tenencia ilícita de armas, previsto y penado en el artículo 564.1 en relación con el artículo 563 del Código Penal .

Los hechos declarados probados (por unanimidad) en el apartado de hechos probados describe claramente la acción típica de matar intencionadamente a otro, con alevosía, descrita en el artículo 138, en relación con el artículo 139.1 del Código Penal .

En el acto del juicio oral, el acusado reconoció los hechos ocurridos, manifestando su arrepentimiento y solicitando el perdón de los perjudicados, cuando hizo uso de la última palabra; si bien manifestó que no sabía muy bien lo que había hecho, hasta después de ocurrir los hechos; tenía buena relación con la víctima y era cliente habitual del establecimiento que ésta regentaba.

La intención de matar es un elemento interno que debe inferirse por el juzgador, en nuestro caso por el Jurado, a través de plurales elementos suficientemente probados, que hagan aflorar la intención del sujeto y permitan deducir ese elemento subjetivo del comportamiento humano de imposible comprobación científica.

De acuerdo con reiterada jurisprudencia, algunos de esos criterios de inferencia cuya enumeración exhaustiva no es posible, porque se debe atender al caso concreto, son:

. Tipo de arma empleada.

. La mayor o menor importancia para la vida de la zona del cuerpo a la que se dirige el ataque.

. La fuerza del golpe cuando se trata de armas blancas o contundentes.

. La repetición del ataque.

Pero además de la intención de matar ha concurrido alevosía y, una de las formas típicas de esta figura, como viene sosteniendo el Tribunal Supremo, consiste en el ataque de forma sorpresiva e inopinada, que impide a la víctima conocer el mal que se aproxima y no le permite reaccionar para defenderse, máxime cuando el ataque se produce con un arma de fuego y a tan corta distancia como en el caso enjuiciado, impidiendo de todo punto cualquier tipo de defensa por parte de la víctima, que por otra parte, no podía esperar la reacción del acusado, al que conocía hacía tiempo y con el que mantenía buenas relaciones.

Pues bien, de todas las pruebas practicadas, el Jurado partió del reconocimiento de los hechos por parte del acusado que acabó con la vida de la víctima, a partir de este dato, la intención de matar viene reflejada por la acción ejecutada por el acusado, realizando un único disparo en el cuello de la víctima a muy corta distancia, que tal como manifestaron los forenses que depusieron en la vista oral, ratificando sus informes, provocó la destrucción de centros vitales encefálicos que produjeron la muerte instantánea de la víctima.

Según el Tribunal del Jurado, en relación a los hechos declarados probados, invocan como elementos de convicción o prueba los siguientes:

La propia declaración del acusado, la declaración de la testigo presencial de los hechos, Inmaculada que estaba junto a la víctima y el acusado en el momento en que ocurrieron los hechos y los informes forenses de D. Gonzalo y Dña. Araceli que también depusieron en el acto del juicio oral, y ratificaron su informe de autopsia y de la causa de la muerte.

SEGUNDO: La Ley Orgánica del Tribunal Jurado atribuye al Magistrado-Presidente unas funciones de control al objeto de que el veredicto emitido por el Tribunal del Jurado se dicte de conformidad con las reglas que se derivan del principio de presunción de inocencia, sin que ello suponga esencialmente una revisión del veredicto, función de control que se desprende de los artículos 62 , 63 , 64 , 57 , 59 y 54, y especialmente del artículo 49 de la LOTJ .

En base a esta función que la LOTJ encomienda al Magistrado Presidente, ha de señalarse que las pruebas tenidas en cuenta por parte del Jurado para declarar probados los anteriormente referidos hechos tienen pleno sustento fáctico, con prueba de cargo practicada en el acto del juicio bajo los principios de oralidad, inmediación, contradicción y defensa, pruebas lícitas e idóneas para concluir y declarar probado que Baldomero causó de forma intencionada y alevosa la muerte de Luis Angel el día 10 de junio de 2010, desvirtuando de forma plena el principio de presunción de inocencia.

Ha de señalarse en este punto que, en relación con los hechos objeto de enjuiciamiento, la causa del fallecimiento de la víctima no ha sido discutida por la Defensa que ya en sus conclusiones provisionales y luego en las definitivas, asumió la realidad de la muerte y la realidad de la actuación del acusado, que reconoció haber realizado todos los hechos que se han declarado probados, considerando la defensa y las acusaciones particulares, junto con el Ministerio Fiscal que el acusado era el autor material de la muerte, habiendo obrado bajo los efectos de la gran cantidad de bebidas alcohólicas que había ingerido ese mismo día, previamente a llevar a cabo el disparo y han admitido igualmente, todas las partes, y así lo ha considerado probado el Tribunal del Jurado, que el acusado padecía un alcoholismo crónico, estando sometido a tratamiento desde hace 15 años, además de un cuadro de ansiedad crónica, y que también ha sido tratado en un Centro de desintoxicación, admitiendo así el Tribunal del Jurado, la concurrencia de la atenuante de intoxicación etílica.

Debe entenderse que la fundamentación "sucinta explicación de las razones por las que el jurado ha declarado como probado", puede resultar escasa, pero ha de tenerse en cuenta que todos los hechos sometidos a su veredicto han sido alegados por todas las partes, acusaciones y defensas, y todos los puntos han sido declarados probados por unanimidad, contando con la declaración del acusado, que reconoció sin ambages los hechos ocurridos, la declaración de una testigo privilegiada, porque presenció los hechos, desde el principio hasta el final; otros testigos han manifestado en el acto del juicio oral la cantidad de alcohol que el acusado fue ingiriendo a lo largo de la mañana de ese día; los peritos forenses y policiales (18.732 y 72.020) y los agentes de la policía nacional y local que comparecieron al juicio oral y ratificaron el contenido del atestado (89.175, 98.490, 17.246, 84.048, 76.540 y 215) que han depuesto en la vista oral, han sido claros y contundentes, explicando cumplidamente la causa de la muerte, el arma utilizada, sus características, el estado operativo y correcto funcionamiento de la misma; el lugar en donde se encontró el arma, junto a otras varias (navajas automáticas) que también poseía el acusado, sin autorización para su uso y tenencia, sin guía de pertenencia y la calificación de armas prohibidas.

Se han llevado a cabo por la Policía Científica de Madrid (Técnicos 151 y 178) pruebas de ADN, a partir de la sangre de la víctima y de las muestras halladas en las ropas que vestía el acusado en el momento en que ocurrieron los hechos y por último se han llevado a cabo las pruebas periciales referidas a la imputabilidad del acusado, al alcoholismo crónico que padecía y el consumo de sustancias estupefacientes en los últimos seis meses, concretamente cocaína (metabolitos que se encontraron en una muestra de cabello), pese a que el Tribunal del Jurado no consideró acreditado que el día en que ocurrieron los hechos, el acusado hubiera consumido cocaína.

También debo referirme a que el legislador establece en el artículo 741 de la L.E.Crim . que el Tribunal sentenciador debe realizar una valoración del conjunto de la prueba. Si bien es cierto que el artículo 120.3 de la Constitución establece la obligación de motivar siempre las sentencias, debemos tener en cuenta que el TJ está formado por jueces legos, y que por lo tanto una fundamentación detallada y precisa de la prueba practicada en el acto del juicio oral, así como de los razonamientos que conllevan dicha valoración, no puede exigirse con el mismo rigor técnico que a tribunales profesionales, de ahí que en el artículo 61 de la LOTJ solamente se exige que se mencionen "los elementos de convicción que se han atendido para hacer las precedentes declaraciones", de prueba o no prueba de los hechos, de "culpabilidad o de no culpabilidad", requisito que el propio legislador establece que consistirá en una "sucinta explicación de las razones por las que se han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados" ( S. del T.S.J. de Madrid de 30-10-2000 ).

Entiendo, en definitiva, que el apartado correspondiente a este precepto en el Acta del veredicto emitido en el presente juicio por el Tribunal del Jurado cumple perfectamente con los requisitos de determinación de los elementos de convicción atendidos y sucinta explicación de las razones por las que se ha declarado probado o no probado unos u otros hechos.

Los elementos de convicción tienen pleno sustento fáctico en la vista de la prueba practicada en el acto del juicio oral, con plenas garantías de contradicción y defensa; el juicio de inferencias es racional y suficientemente razonado, cumpliéndose de esa forma las exigencias que sobre valoración de la prueba exige la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para poder desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

TERCERO: Que de dichos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado Baldomero , por haber realizado directa y dolosamente los hechos, de acuerdo con los artículos 27 y 28 del CP , al haberse apreciado su culpabilidad en el veredicto emitido por el Jurado, por unanimidad.

CUARTO: Que en la realización del delito ha concurrido la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de intoxicación etílica, prevista en el artículo 21.2 en relación con el artículo 20.2 del Código Penal , como muy cualificada, habiendo actuado el acusado en estado de intoxicación semiplena por el consumo de bebidas alcohólicas.

A tal conclusión ha llegado el Jurado aprobando por unanimidad el hecho único del apartado "Circunstancia atenuante que ha concurrido en lo hechos", alegada por todas las partes, considerando demostrados los problemas de alcoholismo crónico, depresión y ansiedad por los que estaba siendo tratado el acusado y considerando igualmente probado por las diversas declaraciones a las que ya nos hemos referido, que el día en que ocurrieron los hechos había consumido una gran cantidad de alcohol.

QUINTO: Conforme a lo dispuesto en los artículos 139.1 y 66.1ª.2 del Código Penal es procedente imponer al acusado la pena once años de prisión, por el delito de asesinato y un año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas, con la accesoria de inhabilitación absoluta y especial durante el tiempo de las condenas, al considerar la circunstancia atenuante concurrente en la realización de los hechos como muy cualificada, teniéndose en cuenta además en cuanto a la individualización de la pena, que todas las partes solicitaron la misma pena y que el propio Tribunal del Jurado valoró el hecho de la "actitud colaboradora del acusado" en la investigación de los hechos.

El Tribunal del Jurado se pronunció por unanimidad en contra de la concesión de indulto en el caso de ser solicitado por el condenado.

SEXTO: El responsable criminalmente de un hecho punible lo es también civilmente, de conformidad con los artículos 110 y 113 del Código Penal .

En el caso presente resulta ajustada la indemnización solicitada por el Ministerio Fiscal, habiendo mostrado ambas acusaciones particulares y la defensa su conformidad, debiendo en consecuencia indemnizar el acusado a D. Evelio en la cantidad de 120.000 euros, en su calidad de heredero legítimo del fallecido y a D. Onesimo , en la cantidad de 120.000 euros, como perjudicado por el fallecimiento de Luis Angel , con el cual mantuvo durante más de 22 años una relación de pareja de hecho.

SEPTIMO: Las costas procesales se entienden impuestas por Ley a los criminalmente responsables de todo delito, según se desprende de los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , debiendo incluirse las de las acusaciones particulares, de acuerdo con la Jurisprudencia de nuestro T.S., entre otras sentencias, las de 16-7-98 y 15-9-99 .

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Baldomero como autor criminalmente responsable de un delito de asesinato con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de intoxicación etílica a la pena de ONCE AÑOS DE PRISIÓN por el delito de asesinato y UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de tenencia ilícita de armas, e inhabilitación absoluta y especial durante el tiempo de las condenas. Así como al pago de las costas procesales incluidas las de las acusaciones particulares.

Así mismo el condenado deberá indemnizar, en concepto de responsabilidad civil derivada del delito, a D. Evelio y a D. Onesimo en la cantidad de 120.000 euros a cada uno de ellos, en su calidad de heredero y perjudicado respectivamente del fallecido.

Sirviéndole de abono para el cumplimiento de la expresada pena el tiempo que ha estado privado de libertad en la presente causa.

Incóese y termínese conforme a derecho la pieza de responsabilidad civil.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de diez días desde la última notificación.

Y así por esta mi sentencia definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrada Presidente que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, de todo lo cual, como Secretaria doy fe.

Tribunal del Jurado
Alevosía
Principio de presunción de inocencia
Delito de asesinato
Práctica de la prueba
Delito de tenencia de armas
Bebida alcohólica
Alcoholismo
Arrepentimiento
Atenuante
Testigo presencial
Autopsia del cadáver
Intoxicación plena por consumo de alcohol
Prueba de cargo
Autor material
Atestado
Prueba de ADN
Responsabilidad
Prueba pericial
Imputabilidad
Consumo de estupefacientes
Valoración de la prueba
Responsabilidad penal
Consumo de bebidas alcohólicas
Inhabilitación absoluta
Hecho delictivo
Concesión del indulto
Individualización de la pena