Sentencia Penal Nº 1020/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 1125/2002 de 12 de Julio de 2003

El TS desestima los recursos de casación interpuestos por los condenados en la sentencia recurrida por delito de falsedad y expropiación ilegal. Manifiesta la Sala que el recurrente con los elementos documentales que señala, pretende demostrar que el Tribunal Sentenciador se equivocó al declarar que, el acusado conocía que las parcelas eran de propiedad particular. La incidencia de un documento sobre la relación fáctica, sólo puede producirse, cuando su contenido exprese, de forma inequívoca, alguna circunstancia contraria a la que se recoge en el hecho probado. Como puede verse por el tenor de los documentos que esgrime, no sólo conocía la titularidad de las parcelas, sino que existen otras pruebas periciales y testificales, practicadas en el acto del juicio oral, que ponen de relieve que las eras sobre las que actuó el Ayuntamiento eran de personas particulares. En contradicción con los documentos esgrimidos, existen numerosos documentos en las actuaciones, que acreditan de forma indubitada, que las parcelas eran propiedad del denunciante. Concurren los elementos típicos necesarios que exige el art. 398 del CP, que no son otros que, la expedición por parte de una autoridad funcionario, de un certificado que altere conscientemente la realidad que trataba de reflejar con la finalidad, de engañar a la Diputación y conseguir una subvención, que si hubiera dicho la verdad, se le hubiera denegado.