Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 105 de 25 de Septiembre de 2000

La compañía aseguradora recurre su condena como responsable civil directa de los daños causados con un vehículo de motor alegando, en primer lugar, la "inexistencia de responsabilidad al no estar debidamente autorizado el conductor por parte del propietario para conducir el vehículo". Se alega, por último, la falta de prueba de la cuantía de los daños del vehículo del perjudicado. El razonamiento del recurrente parte de su alegación de que el valor venal del móvil (320.000 pesetas) del que no existe prueba alguna en autos, por lo que no puede afirmarse, como se hace en el recurso, que el coste de reparación sea superior al valor venal (tampoco aparece en el acta del juicio oral que los agentes de la Policía Local hubiesen valorado el coste de reparación, como se alega en el recurso). Se desestima el recurso.