Sentencia Penal Nº 104/2020, Juzgado de lo Penal - Vitoria-Gasteiz, Sección 2, Rec 95/2020 de 25 de Mayo de 2020

Encabezamiento

JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VITORIA - UPAD PENAL

GASTEIZKO ZIGOR-ARLOKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA - ZIGOR-ARLOKO ZULUP

AVENIDA GASTEIZ, 18-1ª Planta - CP/PK: 01008

TEL: 945-004852 FAX:945-004913

NIG PV / IZO EAE: 01.02.1-20/003021

NIG CGPJ / IZO BJKN: 01059.43.2-2020/0003021

CAUSA / AUZIA: Procedimiento abreviado juicio rápido / Prozedura laburtua; judizio azkarra 95/2020

Atestado nº/ Atestatu zk.:Er Vitoria-Gasteiz NUM000

Hecho denunciado/ Salatutako egitatea:Desobediencia de autoridades o funcionarios (todos los supuestos) / Funtzionarioaren desobedientzia

Juzgado Instructor / Instrukzioko Epaitegia: Juzgado de Instrucción nº 1 de Vitoria-Gasteiz - UPAD Penal / Gasteizko Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegia - Zigor-arloko ZULUP Diligencias urgentes / Presako eginbideak 596/2020

Contra/Kontra: Luis Enrique Procurador/a / Prokuradorea: BLANCA OLATZ GARCIA RODRIGO

SENTENCIA N.º 104/2020

En Vitoria-Gasteiz, a veinticinco de mayo de dos mil veinte

Vistos por mí, D. Roberto Ramos González, Magistrado-Juez de la UPAD PENAL- Juzgado de lo Penal nº2 de Vitoria-Gasteiz, en juicio oral y público los presentes autos de juicio rápido nº95/2020, derivado de las diligencias urgentes nº596/2.020 del Juzgado de Instrucción nº1 de Vitoria-Gasteiz, seguidas por delito de desobediencia grave a la autoridad, contra D. Luis Enrique, nacido el NUM001/1965, con NIE NUM002 y sin antecedentes penales, representado por la procuradora Sra. García y defendido por la letrada Sra. Piris. Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.-Las presentes diligencias fueron incoadas en virtud de atestado efectuado por la Ertzaintza por la presunta comisión del delito antes referido, acordándose su incoación como diligencias urgentes, y tras la tramitación legalmente prevista, se acordó su continuación de conformidad con lo establecido en los artículos 800 y 801 de la LECrim.

SEGUNDO.-El Ministerio Fiscal en trámite de calificación provisional estimó que los hechos eran constitutivos de un delito de desobediencia grave a la autoridad del artículo 556.1 del Código Penal; considerando responsable en concepto de autor al acusado; no concurriendo en el mismo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal; y solicitando la imposición de la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago de la misma. Y abono de las costas.

TERCERO.-La defensa del acusado, en el mismo trámite procedimental, mostró su disconformidad con las conclusiones contenidas en el escrito de acusación, interesando la libre absolución de su defendido.

CUARTO.-En el día de hoy se ha celebrado el acto del juicio, en el que tras practicarse las pruebas con el resultado obrante en la grabación del sonido y de la imagen efectuada, se requirió al Ministerio Fiscal y a la defensa del acusado a fin de que manifestaran sobre si ratificaban o modificaban las conclusiones de los escritos inicialmente presentados.

Por el Ministerio Fiscal se manifestó que se ratificaba en sus conclusiones provisionales; por su parte, la defensa del acusado reiteró su petición de libre absolución.

A continuación, las partes expusieron oralmente lo que estimaron procedente sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos.

Antes de finalizar la vista oral se le concedió al acusado del derecho a la última palabra.

Hechos

PRIMERO.-Los días 4 de abril y 8 de mayo de 2020, agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza, respectivamente, elaboraron actas-denuncias por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en relación a D. Luis Enrique, al ser localizado en los días indicados en vías o espacios de uso público, infringiendo las restricciones o la limitación de la libertad de circulación de las personas establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

SEGUNDO.-Sobre las 13:49 horas aproximadamente del día 9 de mayo de 2020, agentes de la Ertzaintza localizaron en un banco del parque sito a la altura del nº10 de la Avenida de Olarizu de Vitoria- Gasteiz a 4 personas (tres varones y una mujer) consumiendo bebidas alcohólicas.

Entre estas personas, que se encontraban en la vía o espacio de uso público a pesar de conocer la limitación de la libertad de circulación de las personas aprobada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estaba D. Luis Enrique, nacido el NUM001/1965, con NIE NUM002 y sin antecedentes penales.

Los agentes de la Ertzaintza procedieron a informarle que le iban a investigar por la presunta comisión de 'un delito de desobediencia grave por incumplimiento reiterado del Real Decreto 463/2020 del Estado de Alarma/COVID-19'.

A su vez, elaboraron actas-denuncias por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en relación a todas las personas que hallaron en la calle.

Posteriormente, y tras ser requerido por los agentes para que se fuera a su domicilio, D. Luis Enrique abandonó el lugar dirigiéndose a su vivienda.

Fundamentos

PRIMERO.-Al relato de hechos declarados probados que constan en el anterior apartado de esta resolución se llega en base a las pruebas efectuadas en el acto del juicio oral bajo los principios de inmediación, publicidad, contradicción y oralidad y que son apreciadas en conciencia conforme al artículo 741 de la LECrim, así como a la prueba documental obrante en autos.

Es decir, las pruebas efectuadas acreditan de forma rotunda, contundente y más allá de toda duda que los hechos ocurrieron tal y como se han declarado probados.

Efectivamente, y en primer lugar, se ha probado que hasta en dos ocasiones anteriores (en concreto, los días 4 de abril y 8 de mayo de 2020) agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza respectivamente elaboraron actas-denuncias por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en relación al acusado Luis Enrique, y ello tras ser localizado los días indicados en vías o espacios de uso público, infringiendo la restricción a la libertad deambulatoria o la limitación de la libertad de circulación de las personas establecidas por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ello resulta:

* De la propia declaración del acusado, quien así vino a reconocerlo de forma expresa en el acto del juicio oral: manifestó que en dos ocasiones anteriores al 9 de mayo ya había sido parado por agentes de la autoridad cuando se encontraba en la calle incumpliendo el confinamiento derivado del estado de alarma existente (esto es, la limitación de la libertad de circulación de las personas establecida por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19); la existencia de tal restricción o limitación deambulatoria le era de sobra conocida al acusado (como el mismo admitió ya que dijo que sabía que había un estado de alarma y que no se podía salir del domicilio), máxime cuando resulta obvio que se trataba de un hecho notorio y que era de general conocimiento por parte de todos los ciudadanos; y para justificar tal forma de actuar indicó que el 4 de abril le habían dado un vale para el comedor social y por ese motivo estaba en la calle y el 8 de mayo había ido a una fuente a coger agua, ya que reside en una de las viviendas ocupadas de DIRECCION000 y no disponen de suministros de agua y luz.

* De las copias de las actas-denuncias relativas a dichos días que han sido unidas a las actuaciones, folios 45 y 49 de los autos respectivamente (la primera elaborada por la Policía Local en relación al día 4 de abril y la segunda por la Ertzaintza respecto del 8 de mayo); documentos que no han sido impugnados por la defensa y que acreditan que en los citados días el acusado fue localizado en la vía pública por agentes policiales, elaborándose las correspondientes actas o denuncias por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (ya que el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, en relación al régimen sancionador, establece que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio; y este último precepto dispone en su apartado primero que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes).

* Por último, de las testificales de uno de los agentes actuantes en cada una de dichas ocasiones. Así, el agente de la Policía Local NUM003 manifestó que el 4 de abril localizaron al acusado sentado en un banco y este les dijo que venía de casa de un amigo de beber, mostrando síntomas de haber consumido alcohol; le mandaron para casa y le informaron de que le iban a proponer para sanción por incumplir el estado de alarma (ya que sabía que no podía estar en la calle sin motivo justificado, si bien el acta la redactaron posteriormente ya que no tenían documentos en ese momento) y de que si reincidía podía incurrir en un delito de desobediencia; el acusado estuvo correcto y cumplió sus indicaciones ya que se fue del lugar. Y el agente de la Ertzaintza NUM004, en relación a lo ocurrido el 8 de mayo, dijo que acudieron a dar apoyo a otra actuación policial y vieron a 4 o 5 personas sentadas en un banco, se fueron todos menos uno (el hoy acusado), el cual estaba tomando el sol sin camiseta; admitió que conocía el estado de alarma pero dijo que no hacía nada malo por estar en la calle; le informaron de que podía incurrir en un delito de desobediencia y le repitieron varias veces que se fuera, mostrándose indiferente, si bien finalmente accedió y se fue a su vivienda, que estaba cercana.

En segundo lugar, se ha probado de forma suficiente que sobre las 13:49 horas aproximadamente del día 9 de mayo de 2020, agentes de la Ertzaintza localizaron en un banco del parque sito a la altura del nº10 de la Avenida de Olarizu de Vitoria-Gasteiz a 4 personas (tres varones y una mujer) consumiendo bebidas alcohólicas; entre estas personas, que se encontraban en la vía o espacio de uso público a pesar de conocer la limitación de la libertad de circulación de las personas aprobada por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estaba Luis Enrique; los agentes de la Ertzaintza procedieron a imputarle o informarle que le iban a investigar por la presunta comisión de 'un delito de desobediencia grave por incumplimiento reiterado del Real Decreto 463/2020 del Estado de Alarma/COVID-19'; a su vez, elaboraron actas-denuncias por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en relación a todas las personas que hallaron en la calle; posteriormente, y tras ser requerido por los agentes para que se fuera a su domicilio, Luis Enrique abandonó el lugar dirigiéndose a su vivienda.

Estos hechos se ven acreditados en base a:

* La declaración del acusado, el cual manifestó que el 9 de mayo estaba en la calle con 3 personas más, habiendo consumido previamente alcohol; indicó que salió a la calle a tomar el aire y desfogarse ya que había recibido una noticia de su país Perú informándole de que una prima había fallecido por coronavirus (motivo por el cual salió del domicilio tanto el 8 como el 9 de mayo); los agentes le dijeron que no podía estar allí, le pusieron una denuncia, le informaron de que podría incurrir en un delito y tras ello, y sin discutir con los agentes, se fue del lugar y se dirigió a su vivienda, no negándose en ningún caso a cumplir la orden que le dieron los agentes.

* De la testifical de uno los agentes de la Ertzaintza actuantes, NUM005, quien declaró que el 9 de mayo circulaban en coche oficial y sobre las 13:15 horas vieron a varias personas en un banco de la Avenida de Olarizu bebiendo alcohol/cervezas; se acercan a ellos y les dicen que estaban bebiendo cervezas y tomando el sol; los identificaron y les informan de que van a proponer su sanción por infringir el confinamiento; el hoy acusado tenía más incumplimientos, uno de la Policía Local y otro de la Ertzaintza, motivo por el cual se le imputó un delito de desobediencia (ya que habían recibido instrucciones de imputar tal delito a la tercera vez que se incumplía el confinamiento y proceder a la detención a la quinta vez); tras ello, le dijeron que se fuera, y si bien inicialmente se quejó finalmente el acusado se fue, sin que se negara a cumplir la orden que le dieron a de irse a su domicilio, mostrándose tranquilo y observando que estaba algo bebido.

* Del propio contenido del atestado policial en el que figura en varias ocasiones que el motivo de la imputación de Luis Enrique o de la decisión de investigarle fue la presunta comisión de 'un delito de desobediencia grave por incumplimiento del Real Decreto 463/2020 del Estado de Alarma/COVID-19'.

* Finalmente, del acta-denuncia elaborada por los agentes el citado día 9 de mayo, que obra al folio 9 de los autos; documento que acredita que en relación al acusado se ha iniciado el expediente administrativo correspondiente por infracción de la L.O. de Protección de la Seguridad Ciudadana, siendo propuesto para la imposición de una sanción.

Estos son los extremos que se consideran plenamente acreditados y sobre los que considero que no existe duda ni controversia alguna.

SEGUNDO.-Sentado lo anterior, nos encontramos con que solicita el Ministerio Fiscal la condena del acusado como autor de un delito de desobediencia grave a la autoridad del artículo 556.1 del Código Penal (téngase en cuenta que no se califican los hechos por la acusación pública como una desobediencia grave a agentes de la autoridad, sino a la autoridad).

El citado precepto penaliza la conducta del que, sin estar comprendido en el artículo 550 del Código Penal, resistiere o desobedeciere gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones.

En relación a este delito, señala la sentencia del Tribunal Supremo, sección 1ª, nº800/2014, de 12 de noviembre, rec. 2374/2013 , que 'conforme establece la doctrina de esta Sala (ver, entre otras, la STS de 20 de enero de 2.010 ) el delito de desobediencia a la autoridad o sus agentes del art 556 del Código Penal (distinto del delito de desobediencia de autoridades o funcionarios, previsto y penado en el art 410 del Código Penal ), requiere, desde el punto de la vista de la tipicidad, la concurrencia de los siguientes elementos:

a) la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes;

b) que el mandato se halle dentro de las legales competencias de quien lo emite;

c) que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido;

d) la resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se ordena;

e) la concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde, y

f) la gravedad de la conducta, que diferencia el delito de la falta de desobediencia leve(actualmente despenalizada y reconducida a una infracción administrativa de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana)'.

Y en el mismo sentido se pronuncian múltiples sentencias del Tribunal Supremo; entre otras, las siguientes: de 13 de enero de 2.010; nº394/2007, de 4 de mayo; nº285/2007, de 23 de marzo; nº1.219/2004, de 10 de diciembre; de 6 de julio de 2003; nº821/2003, de 5 de junio; de 24 de noviembre de 2000; y de 10 de junio de 1998).

Añadiendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sección 1ª, nº459/2019, de 14 de octubre, rec. 20907/2017 , en lo que aquí interesa y reiterando lo ya indicando anteriormente por las sentencias de 23 de enero de 2019 y 22 de marzo de 2017, que 'la jurisprudencia de esta Sala ha interpretado el alcance de la exigencia del requerimiento personal como presupuesto para la comisión del delito de desobediencia ... '... la tesis de que sin notificación y sin requerimiento personales el delito de desobediencia previsto en el art. 410 del Código Penal no llega a cometerse obliga a importantes matices. En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556 , 348.4-c , 616 quáter CP ), el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento. Sin embargo, en aquellas otras ocasiones en las que el mandato está incluido en una resolución judicial o en una decisión u orden de la autoridad superior (cfr. art. 410.1 CP ) y se dirige, no a un particular, sino a una autoridad o funcionario público, la exigencia de notificación personal del requerimiento ha de ser necesariamente modulada. Lo decisivo en tales casos es que la falta de acatamiento, ya sea a título individual por el funcionario concernido, ya como integrante del órgano colegiado en el que aquél se integra, sea la expresión de una contumaz rebeldía frente a lo ordenado. Lo verdaderamente decisivo es que el funcionario o la autoridad a la que se dirige el mandato tenga conocimiento de su existencia y, sobre todo, del deber de acatamiento que le incumbe' (cfr. SSTS 722/2018, 23 de enero de 2019 y 177/2017, 22 de marzo ).

Conforme a esos precedentes, carece de relevancia jurídica la falta de un requerimiento formal para evidenciar el dolo de la autoridad que desoye cumplir el mandato que conoce con exactitud'.

TERCERO.-Sentado lo anterior y partiendo de los hechos que son declarados probados, considero que los mismos no pueden incardinarse en el delito de desobediencia grave a la autoridad por el que se interesa la condena del acusado por el Ministerio Fiscal.

Y tratándose de unos hechos que no pueden encuadrarse en el artículo 556.1 del Código Penal, lo procedente es el dictado de una sentencia absolutoria al resultar aquellos penalmente atípicos.

Efectivamente, ha quedado acreditado que el día 9 de mayo de 2020, el acusado se encontraba en la vía o espacio de uso público y ello a pesar de conocer la restricción de deambulación o la limitación de la libertad de circulación de las personas establecidas por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Así como que no era la primera vez que el acusado actuaba de la forma descrita, ya que hasta en dos ocasiones anteriores (en concreto, los días 4 de abril y 8 de mayo de 2020) se confeccionaron por agentes policiales actas-denuncias por infracción a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (téngase en cuenta que en dichas actas, folios 45 y 49 de los autos, consta en el apartado relativo a la infracción cometida señalada con una X la infracción nº14 y 13, respectivamente, pero el catálogo o enumeración de tales infracciones -hasta la nº20 en la primera denuncia y la nº19 en la segunda- figuraba en el dorso de las denuncias, y al no haberse adjuntado tales, ya que únicamente se ha adjuntado la página inicial, se desconoce fehacientemente en que consiste la infracción nº14 y la 13 por las que en las respectivas ocasiones se le propuso al acusado para ser sancionado administrativamente).

A pesar de ello y de la reiteración con la que el acusado ha incumplido la obligación de confinamiento o la limitación de la libertad de circulación de las personas establecida por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, lo cierto es que considero que, únicamente por ello, su conducta no puede subsumirse en el delito por el que se interesa su condena.

Tal y como se ha señalado anteriormente, el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, en relación al régimen sancionador derivado del estado de alarma que proclama, establece que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

A su vez, este último precepto dispone en su apartado primero que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

Es decir, la Ley Orgánica 4/1981 tampoco es clara en cuanto a las posibles sanciones aplicables ante la vulneración de lo previsto en el RD 463/2020, ya que el citado artículo 10 únicamente se remite a 'lo dispuesto en las leyes'.

En todo caso, lo anterior debe llevar a la aplicación del régimen sancionador previsto en el Capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

Así, el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/15, dispone que se consideran infracciones graves, entre otras conductas, 'la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito'.

Expuesto todo lo anterior, estimo que el mero incumplimiento de las limitaciones derivadas del estado de alarma (esto es, y en el caso de autos de la obligación de confinamiento o de la limitación de la libertad deambulatoria) no implica automáticamente y per se, sino va acompañado de una plus en la conducta llevada a cabo, la comisión de en un delito de desobediencia grave a la autoridad o sus agentes, y ello aunque nos encontramos ante una persona que pudiera ser reincidente o reiterativa en tal actuación.

Tal forma de comportarse (es decir, encontrarse en la vía o espacio de uso público, infringiendo la limitación de la libertad de circulación de las personas establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) podrá ser sancionada, a lo sumo y con ciertas dudas (si, como en el presente caso, no ha existido un requerimiento expreso e individualizado al ciudadano por parte de la autoridad o sus agentes para que cumpla las limitaciones impuestas por el estado de alarma), desde un punto de vista administrativo en base el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/15, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

No es el momento de analizar pormenorizadamente en una resolución penal como es esta la cuestión apuntada, pero no debe obviarse que existen dos posiciones contrapuestas en el ámbito jurídico en relación a la aplicación de la infracción administrativa expuesta: la de quienes consideran que el incumplimiento de las limitaciones de la libertad de circulación impuestas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 permitiría apreciar, directamente y sin necesidad de previo requerimiento de los agentes de la autoridad, la infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, y la contraria de quienes entienden que es necesario un requerimiento expreso de los agentes de la autoridad, que resulte desatendido, para apreciar la concurrencia de la infracción de desobediencia tipificada en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015.

Avanzando un poco más, en el supuesto de que la persona sea reincidente, lo procedente pudiera ser la imposición de una sanción económica mayor, teniendo en cuenta la graduación o los límites mínimo y máximo que para las sanciones prevé el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/15, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (así, las infracciones graves se sancionarán con multa de multa de 601 a 30.000 euros).

Pero en ningún caso puede llegarse a una condena penal, por la presunta comisión de un delito de desobediencia grave, por el genérico incumplimiento del ordenamiento jurídico o de una norma por mucho que el mismo sea reiterado o cometido varias o múltiples veces, máxime cuando no haya existido un requerimiento expreso previo personal y directo al obligado a cumplir aquel, requerimiento en el que se indique claramente lo que debe o no debe hacerse y en el que se haga expresa advertencia de las consecuencias del incumplimiento.

Y es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha indicado de forma reiterada que el delito de desobediencia solo podrá entenderse cometido cuando exista un previo requerimiento personal, hecho nominalmente a la persona concreta que supuestamente desobedece, para que modifique su comportamiento.

Por lo que, en consecuencia, una desobediencia genérica a lo que dispone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o la normativa que lo complementa nos llevaría, en principio y a lo sumo, a la posibilidad de ser sancionado en el plano administrativo, pero no ante la jurisdicción penal.

En el caso de autos es evidente, ya que no consta ningún dato nada en sentido contrario, que el acusado no fue requerido de manera específica y concreta por una autoridad o sus agentes a modificar un determinado comportamiento en invocación de las medidas previstas en el Real Decreto 463/2020, así como que persistiera en una actitud de desobediencia: el 9 de mayo fue localizado en la vía pública, siendo informado por los agentes de la Ertzaintza actuantes de que le iban a investigar por la comisión de un delito de desobediencia grave (le imputaron la comisión de tal delito), sin que, por ejemplo, previamente estos le dieran la orden de regresar a su domicilio, negándose el mismo a hacerlo (ya que en tal caso, ante un requerimiento expreso, directo e inmediato en tal sentido, si el acusado se hubiera negado de forma contumaz, persistente y grave a cumplirlo, si pudiera haber incurrido en el delito de desobediencia objeto de enjuiciamiento).

Y es que tal como señaló uno de los agentes actuantes, NUM005, procedieron a su imputación única y exclusivamente porque habían recibido instrucciones de sus superiores de actuar de tal manera en el caso de que una persona infringiera una tercera vez la obligación de confinamiento (y sí estaban ante el quinto incumplimiento deberían proceder a su detención); y en el caso del hoy acusado, a los agentes les constaba que el 9 de mayo era el tercer incumplimiento, ya que previamente había otras dos actuaciones con él (una de la Policía Local y otra de la propia Ertzaintza)

Ese fue el único motivo de su imputación, sin que el acusado incurriera, en los momentos previos, en una desobediencia clara, manifiesta y grave, mostrando un ostensible rechazo al cumplimiento de la orden o requerimiento directo, expreso y terminante que le hubiera podido ser efectuado por la autoridad competente y/o sus agentes.

Más bien al contrario, y como manifestó el agente anteriormente indicado, tras actuar con el acusado e informarle de la actuación, le dijeron que se fuera, y si bien inicialmente se quejó finalmente Luis Enrique se fue, sin que se negara a cumplir la orden que le dieron a de irse a su domicilio, mostrándose en todo momento tranquilo.

Por lo tanto, el mero hecho de salir del domicilio, vulnerando la obligación de permanencia en el mismo prevista en el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en principio, no puede ser constitutivo de delito (ya que para ello se necesita que la desobediencia sea grave, circunstancia que claramente no puede predicarse de la conducta del acusado), sino a lo sumo, y con las dudas expuestas que deberán ser disipadas en el correspondiente ámbito (administrativo o jurisdicción contencioso-administrativa), de una infracción administrativa de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

A lo que cabe añadir que el incumplimiento reiterado de una norma administrativa no puede constituir un delito de desobediencia, ya que los sucesivos incumplimientos pueden ser objeto de sus correspondientes sanciones administrativas (pudiendo verse incrementadas las sanciones económicas a imponer en las ulteriores ocasiones al existir reiteración o reincidencia en la conducta), pero no se traspasará la frontera del ilícito administrativo convirtiéndose en infracción penal.

En definitiva, la suma de infracciones administrativas no eleva directamente, sin más, tal actuación a la categoría de ilícito penal.

Por último, deben valorarse y analizarse las advertencias que al parecer le hicieron al acusado los agentes que actuaron los días anteriores al hoy enjuiciado, el 4 de abril y el 8 de mayo.

Y es que tal y como dijeron ambos agentes, Policía Local NUM003 y agente de la Ertzaintza NUM004, en los dos días citados le informaron de que si persistía en su actuación de infringir el confinamiento pudiera incurrir en un delito de desobediencia grave (advertencia que fue referida por los testigos en la vista oral e incluso reconocida por el propio acusado en su declaración pero que no figura expresamente en el relato de hechos que figura en las actas-denuncias de los folios 45 y 49 ni tampoco en otro lugar de dichos documentos).

Es decir, según mantienen ambos agentes (si bien, como se ha indicado, no figura documentado tal dato), tras incumplir el acusado la obligación de estar en su domicilio salvo causas justificadas y expresamente previstas en el Real Decreto 463/2020, le advirtieron o informaron respectivamente los días 4 de abril y 8 de mayo que por reiteración y si cometía esa conducta en el futuro podría incurrir en un delito de desobediencia.

Sin embargo, ni así la posterior actuación del acusado llevada a cabo el día 9 de mayo de 2020 puede incardinarse en el delito de desobediencia grave objeto de acusación, ya que no parece razonable que un agente de policía esté investido de autoridad o legitimidad para realizar este tipo de requerimientos o advertencias 'prospectivas' o 'a futuro'.

Así y sirviendo como ejemplo el ámbito de la seguridad vial, si un agente de la Ertzaintza o de la Policía Local sorprende al conductor de un vehículo conduciendo sin hacer uso del cinturón de seguridad o a una velocidad superior a la reglamentariamente permitida (pero sin traspasar, obviamente, los límites del artículo 379.1 del Código Penal), podrá imponer la correspondiente sanción administrativa, pero no podrá advertirle de que si vuelve a incurrir en tales conductas en un futuro cometerá un delito de desobediencia del artículo 556.1 del Código Penal.

Por todo lo expuesto anteriormente procede el dictado de una sentencia absolutoria.

CUARTO.-Conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LECrim, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de aplicación del Código Penal y de la legislación orgánica y procesal,

Fallo

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVOa D. Luis Enrique del delito de desobediencia grave a la autoridaddel que era acusado y que ha sido objeto de enjuiciamiento en el presente procedimiento. Declarándose de oficio las costas procesales causadas.

Una vez que la presente resolución sea firmeremítase testimonio de la misma a la Comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz a los efectos legales oportunos (tramitación del procedimiento administrativo iniciado en base al acta-denuncia formulada contra el acusado el día 9 de mayo de 2020 y que consta al folio 9 de los autos).

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y a las ofendidas o perjudicadas por el delito aunque no se hayan mostrado parte en la causa ( artículo 789.4 de la LECrim).

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de APELACIÓNante la Audiencia Provincial de ALAVA. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAShábiles contados desde el día siguiente de la notificación ( artículos 803 y 790 y siguientes de la LECr).

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los plazos establecidos en esta resolución NO se encuentran suspendidos al tratarse este de un supuesto considerado urgente o esencial.

Así por esta sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la mismo/a Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en Vitoria-Gasteiz a 25 de mayo de 2020, de lo que yo, la LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, doy fe.

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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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