Sentencia Penal Nº 1042/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 527/2002 de 16 de Julio de 2003

PRIMERO.- La recurrente Susana formaliza conjuntamente los dos primeros motivos, denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia

1.- Considera que ambos motivos están interrelacionados, al no haberse motivado la prueba que se ha tenido en cuenta. En su opinión, el minucioso testimonio del policía, no puede ser considerado como prueba de cargo. La declaración que se realiza en el juicio oral, peca de ambigüedad e imprecisión, lo que produce una falta de datos que impide poder articular una defensa en términos eficaces. El hecho de que se conviva con una persona que se dedique al tráfico de estupefacientes, no implica la participación en dicho delito.

2.- Las actuaciones se inician por una solicitud policial de mandamiento de entrada y registro, en la casa de la otra acusada Melisa , que había sido detenida al salir de casa de su hijo llevando un revuelto de heroína y cocaína y cuarenta papelinas. Asimismo se hace constar que otro de los acusados Germán , entregó voluntariamente cuarenta y dos papelinas, diez gramos de revuelto heroína-cocaína, y unas cincuenta mil pesetas en billetes y monedas.

Los dos detenidos dan autorización para efectuar un registro en sus respectivas viviendas de la C/ CALLE000 que se encontraban en edificios distintos. En el caso de Melisa , cuando accede al registro en Comisaría, no está presente su letrado y se hace constar que no sabe leer ni escribir, mientras que Germán condiciona la autorización, a que el registro se realice en presencia de su abogado.

Concedido el mandamiento en legal forma y con abundantes razonamientos, en la diligencia participa un letrado y dos testigos, así como la referida Melisa . Se encuentran màs de medio millón de pesetas, así como diversos utensilios y joyas.

En el registro efectuado en el domicilio de Germán está presente el interesado. Se ocupan un rollo de papel de aluminio, una cuchilla y un revolver. El Juzgado de Instrucciòn, por Auto de 6 de enero de 2.001, abre las diligencias contra tres personas, dejando al margen a Susana . No obstante el mismo 6 de enero de 2.001, se le toma declaración en su doble condición de imputada y detenida y manifiesta que no sabía que la habían metido droga a su hijo entre las ropas. Realizada la comparecencia preceptiva, se la deja en libertad.

En el juicio oral, los policías que la detuvieron, precisaron que la droga iba en los pañales del niño lo que, en principio, permite establecer un enlace lógico y verosímil con la conclusión obtenida por la Sala, resultando adecuada a las reglas de la valoración critica de las pruebas, concluir que la acusada vistió al niño y le envolvió la droga en los pañales.

4.- Como apunta certeramente el Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, es necesario completar el hecho probado ya que se limita a recoger sólo los datos negativos para los acusados siendo necesario incorporar los plasmados en referencias documentales, como la colaboración espontánea de la acusada, manifestando que en casa, había 40 papelinas de heroína, cocaína y que se lo dijeran a su marido para que las entregase ,como así se hizo. Queda constancia de ello en el acta levantada al folio 31 de la causa. Consignado este elemento importante,(lo que haremos al dictar la segunda sentencia), tenemos las bases para examinar el siguiente motivo, en el que se plantea la concurrencia de la atenuante de colaboración con la justicia.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

SEGUNDO.- La otra recurrente Melisa formaliza un solo motivo por estimar que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

1.- La letrada que redacta el recurso, prescinde de hacer consideraciones, como se ha hecho en el recurso anterior, sobre la posible ineficacia probatoria de los instrumentos de cargo utilizados por la Sala sentenciadora, lo que en principio nos impediría entrar en el análisis del motivo y rechazarlo de plano, pero no podemos imponer un gravamen a una persona, condenada a la pena de seis años y un día de prisión, rechazando sólo por razones formales, una pretensión, inadecuada e insuficientemente desarrollada por su representación técnica.

2.- Acogiéndonos a la simple y escueta posición impugnadora, entraremos en el análisis de los elementos probatorios para comprobar si efectivamente ha existido una actividad suficiente, para desmontar los efectos protectores de la presunción de inocencia.

El Ministerio Fiscal, al contestar al recurso, pone de relieve, en aras de su deber constitucional de proteger los derechos individuales de las personas, la posibilidad, por lo menos, de eliminar la agravante de reincidencia, lo que aliviaría sustancialmente la pena a imponer. La letrada que firma el recurso, no ha planteado ni la más mínima cuestión sobre este aspecto.

3.- Haciendo uso de la doctrina reiterada de esta Sala, en orden a estimar suficiente, para mantener un recurso, la voluntad impugnativa, entraremos, en primer lugar, en el tema básico de la presunción de inocencia.

El fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida realiza una valoración genérica y global de toda la prueba disponible, estimando que toda ella es válida para demostrar la participación de los cuatro condenados. No hay duda de que se encontraron las drogas y los utensilios que se describen en la sentencia, pero no se entra en análisis individualizados de la participación de cada uno de los acusados en los hechos por los que han sido condenados.

El método analítico se ha invertido, en lugar de examinar los elementos de cargo que pesaban sobre cada uno de los acusados para extraer la conclusión de la existencia de acuerdo o convenio criminal, lo da por supuesto envolviendo, de forma indiscriminada, a todos ellos en la actuación delictiva pero sin definir y precisar los datos específicos que les incriminan a cada uno. La sentencia refuerza su convicción afirmando que, todo ello, queda corroborado por el testimonio de los policías que realizaron la vigilancia y procedieron a la detención de los acusados. No hay duda de la ocupación de la droga, en las condiciones que se relatan en el hecho probado, es base suficiente, asentada en elementos probatorios válidos e incriminatorios, para afirmar que dedicaba su actividad al tráfico y distribución, de sustancias estupefacientes.

4.- La Sala sentenciadora ha estimado la agravante de reincidencia basándose en la existencia de una sentencia condenatoria que lleva fecha de 24 de julio de 1.992, por un delito contra la salud pública, sin añadir ningùn dato que nos permita constatar el momento en que la pena quedó cumplida. En todo caso, teniendo en cuenta que los hechos que han sido enjuiciados, son de 2 de enero de 2.001, no pueden existir dudas sobre el transcurso del tiempo necesario para que dicha condena hubiese sido cancelada de oficio.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.