Sentencia Penal Nº 106/2013, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3, Rec 5/2013 de 12 de Febrero de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

MURCIA

SENTENCIA: 00106/2013

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 de MURCIA

Domicilio: PASEO DE GARAY Nº 5, 5ª PLANTA (PALACIO DE JUSTICIA) MURCIA

Telf: 968229124

Fax: 968229118

Modelo:213100

N.I.G.:30030 37 2 2013 0313825

ROLLO:APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000005 /2013

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 5 de MURCIA

Procedimiento de origen: JUICIO RAPIDO 0000082 /2012

RECURRENTE: Guadalupe

Procurador/a: MARIA REMEDIOS PLANA RAMON

Letrado/a: INMACULADA CASCALES SALINAS

RECURRIDO/A: Agapito

Procurador/a: JOSE ANTONIO ORTIZ GOMEZ

Letrado/a: ENCARNACION MARTINEZ MONTESINOS

AUDIENCIA PROVINCIAL Rº núm. 5/2013

SECCION TERCERA J.R. 82/2012

MURCIA J. Penal Murcia nº Cinco

VIOLENCIA GÉNERO

S E N T E N C I A Nº 106 / 2 0 1 3

ILMOS. SRES.:

Dña. María Jover Carrión

PRESIDENTA

D. Juan del Olmo Gálvez

D. Álvaro Castaño Penalva

MAGISTRADOS

En la ciudad de Murcia a doce de febrero de dos mil trece.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial el Juicio Rápido nº 82/2012 por un delito de coacciones leves en el ámbito familiar, un delito de maltrato, y una falta de injurias, seguido en el Juzgado de lo Penal núm. Cinco de Murcia, contra Agapito . Actuando en calidad de apelante Guadalupe , representada por la Procuradora Sra. Plana Muñoz y defendida por la Letrado Sra. Cascales Salinas, y como apeladoel Ministerio Fiscaly Agapito , representado por el Procurador Sr. Ortiz Gómez y defendido por la Letrado Sra. Martínez Montesinos; siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrado Doña María Jover Carrión, quien expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.-El Juzgado de lo Penal dictó en las referidas diligencias sentencia con fecha 15 de Junio de 2012 sentando como hechos probados lo siguiente: 'ÚNICO.- Que en fecha 2 de Junio de 2012 Guadalupe interpuso denuncia contra su ex pareja sentimental, el acusado Agapito , en la que narraba que el acusado la había embestido con su vehículo, cuando ella circulaba en bicicleta, desplazándola hacia la cuneta y que la había insultado, sin que los hechos objeto de la misma hayan resultado probados en el acto del juicio'.

SEGUNDO.-Estimando la Juzgadora que los referidos hechos probados no eran constitutivos de delito, dictó el siguiente ' FALLO:Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO al acusado Agapito , con todos los pronunciamientos favorables, del DELITO DE COACCIONES LEVES EN EL AMBITO FAMILIAR, del DELITO DE MALTRATO y de la FALTA DE INJURIAS que se imputaban, declarando de oficio las costas procesales'.

TERCERO.-Contra la expresada sentencia se dedujo en tiempo y forma recurso de apelación por Guadalupe . Admitido a trámite se dio traslado a las demás partes personadas. A continuación se remitieron por el Juzgado las diligencias originales a esta Audiencia, en la que se formó el Rollo, con el nº 5/2013 .Señalándose para deliberación y votación el día 11 de febrero de 2013.

CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Se aceptan y dan por reproducidos los de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.-La sentencia de instancia absuelve al acusado del delito previsto en los artículos 172.2 del Código Penal , y de la falta de injurias del art. 620.2 del Código Penal . De ambos delitos, y de la falta, había sido acusado Agapito por el Ministerio Fiscal. La Acusación Particular interesó condena del acusado como autor de un delito de coacciones leves del artículo 172.2 del Código Penal , de un delito de maltrato del artículo 153.1 del Código Penal y de una falta de injurias del artículo 620.2 del Código Penal , en todos ellos en la persona de su compañera Ana .

Contra la sentencia absolutoria interpone Guadalupe recurso de apelación al amparo del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , invocando error en la apreciación de la prueba, e infracción de la presunción de inocencia. Sostiene la recurrente que tanto la declaración de la misma, en la que concurren los parámetros para otorgarle la consideración de prueba de cargo, como la documental aportada a la causa, constituyen pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia, y sustentar un pronunciamiento condenatorio en los términos interesados por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular.

SEGUNDO.-La jurisprudencia ha reiterado que para que pueda prosperar el error en la apreciación de la prueba, deben concurrir los requisitos siguientes: 1) ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) que el dato que acredite el documento no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal de instancia; y 4) que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Consecuentemente, este motivo no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto ni hace acogible otra argumentación sobre la misma que pudiera conducir a conclusiones distintas de las reflejadas en el relato fáctico de la sentencia, sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulte incuestionablemente del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato un hecho que el Tribunal declaró probado erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa.

En este caso, los hechos declarados probados en la sentencia no contienen la descripción de los elementos integrantes de los delitos que atribuyen el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular al denunciado, lo que impide apreciar la existencia de los delitos y la falta por los que acusan.

La afirmación de existencia de error relacionada con las declaraciones testificales debe ser rechazada de plano, pues no se trata de pruebas documentales, y la valoración de las pruebas personales corresponde al Juzgado de instancia por cuanto que se han practicado con inmediación del Juzgador, de la que carece ésta Tribunal.

TERCERO.- El error en la apreciación de la prueba no se ha acreditado, así se desprende de la audición de la grabación del acta del juicio, que contiene las declaraciones del acusado y de los testigos.

La recurrente, Guadalupe , destaca en su versión, que iba en bicicleta por la senda de Granada, y vio al coche del acusado detrás de la bicicleta (ella iba delante y su hijo más atrás de ella, a unos 6 metros de distancia), de improviso advierte que se le acerca el vehículo, y aprecia que la mujer situada en el interior del mismo comenzó a reír, deduciendo después que se trataba de la actual compañera del denunciado, y que ocupaba el asiento junto al conductor. Invoca la recurrente que se cruzó con el coche del denunciado (13:25), frenó, y ante la proximidad del vehículo, la bicicleta cayó al suelo (20:02), Guadalupe fue a parar contra una valla, llegando a la alambrada de la valla, donde impactó con el hombro, su hijo coge su bicicleta fue hacia el denunciado.

El hijo común coincide con su madre, afirma que se le acercó el coche que se cerró hacia su madre, y la bicicleta de su madre fue a parar a la valla, ella prácticamente cae al suelo.

Por el contrario, el conductor del vehículo, sostiene que vio a la denunciante en bicicleta al salir del coche el acusado, con anterioridad no había advertido la presencia de su ex compañera ni a ninguna persona en la bicicleta, (03:43); después apareció el hijo común. Se remite al callejón sito antes casa de sus padres y no excluye que podría haber salido por allí.

Desconoce el acusado la causa del esguince de la recurrente, sino que se lo comentaron los vecinos.

Los argumentos de la parte recurrente basados en hechos distintos de los que el tribunal ha declarado probados generan serias dificultades para la estimación del motivo.

CUARTO.- La revocación en segunda instancia de una Sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción en cualquier caso. La doctrina del TEDH, seguida por el Tribunal Constitucional y por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, sentencia de ocho de Noviembre de dos mil doce (Pte. Colmenero Menéndez de Luarca), ha establecido serios límites a la posibilidad de rectificar sentencias absolutorias para llegar a una sentencia de condena, que son igualmente aplicables a los casos en los que por vía de recurso se pretenda una agravación de la respuesta penal contenida en la sentencia que se impugna.

El TEDH, desde la sentencia del caso Ekbatani contra Suecia, ha venido argumentando que, en aquellos casos en los que el tribunal que conoce del recurso haya de resolver sobre cuestiones de hecho y de Derecho, planteándose en general la cuestión de la culpabilidad o inocencia, no puede, por motivos de equidad del proceso, adoptar una decisión sin la apreciación directa del testimonio del acusado que ha negado la comisión del hecho delictivo que se le imputa; (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, ap. 55 ; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, ap. 39 ; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, ap. 64 ; 10 de marzo de 2009, caso Coll c. España , ap. 27; 13 diciembre 2011, Caso Valbuena Redondo contra España , ap. 29; 6 julio 2004 , Dondarini contra San Marino, ap. 27 ; y 26 mayo 1988 , lo que en alguna ocasión ha extendido al examen de los testigos cuando sus testimonios deban ser valorados para resolver sobre los hechos cuestionados ( STEDH de 22 noviembre 2011, Caso Lacadena Calero contra España , con cita de las sentencias del mismo tribunal Botten contra Noruega, de 19 de febrero de 1996 ; Igual Coll, de 10 marzo 2009 ; Marcos Barrios, de 21 septiembre 2010 y García Hernández, de 16 noviembre 2010 ).

Igualmente, la STC de 19 de julio de 2004, que se remite de nuevo a la ya citada 167/2002 , recuerda que 'el Pleno de este Tribunal afirmó la necesidad de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia penal, adaptando la interpretación constitucional del derecho a un proceso con todas las garantías a las exigencias del art. 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas'.

En esta misma línea tenemos la STC 27/2005, de 14 de febrero, (Sala 1 ª), STC 65/2005, de 14 de marzo , o las SSTC 192/2004, de 2 de noviembre , ó 200/2004, de 15 de noviembre . Insiste el TC en que 'el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en la segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas'.

En este caso, el Tribunal de instancia ha considerado no probado el elemento subjetivo, y ha llegado a esa conclusión sobre la base de valorar la declaración del acusado y de los testigos, apreciando que tan solo se ha demostrado la interposición de una denuncia, alegando la denunciante supuestos malos tratos, coacciones, e injurias. Y se advierten discrepancias en las declaraciones de la denunciante y de los testigos, en el juicio, en relación con cuanto manifestó el acusado en el mismo acto.

QUINTO.- No se debe obviar que el Juzgador, por razones de inmediación en su percepción, conforme se ha señalado, es quien percibe y aprovecha al máximo las pruebas practicadas en el acto del juicio. Por eso, la fijación de hechos llevada a cabo en la resolución recurrida ha de servir de punto de partida para el órgano de apelación, que sólo podrá rectificarse por inexactitud o manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; o cuando el relato histórico fuere oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o cuando haya sido desvirtuado por probanzas practicadas en la segunda instancia.

Por ello, no cabrá efectuar reproche constitucional alguno cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la instancia como si la sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre el que se asienta la sentencia del órgano a quo, o cuando a pesar de darse tal alteración, esta no resulta del análisis de medios probatorios que exijan presenciar su practica para su valoración o, finalmente cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quemdeduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación, es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías constitucionales ( STS 153/2011, de 17 de octubre , Sala Segunda).

SEXTO.- Por cuanto antecede, procede desestimar el recurso, confirmar la sentencia apelada, en los términos expuestos; y declarar de oficio las costas de ésta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 239 y 240.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

VISTOS los artículos citados y los de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Guadalupe , contra la sentencia dictada el 15 de Junio de 2012 por el Juzgado de lo Penal nº Cinco de Murcia, en el Juicio Rápido número 82/2012 (Rollo 15/2013), debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOSla expresada resolución; declarando de oficio las causadas en ésta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente, para su cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.