Sentencia Penal Nº 107/2005, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 652/2004 de 31 de Enero de 2005

Recurso de Felix

Primero. Invocando el art. 5.4 LOPJ se ha denunciado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24.2 CE, por inexistencia de prueba de cargo e indeterminación de la conducta y la participación del recurrente. El argumento es, de un lado, que en la primera parte de los hechos de la sentencia se atribuye a Felix x la implicación en la organización criminal ETA, sin apoyo en prueba concreta sobre el particular. Y, de otro, que en los propios hechos de aquélla se lee "que no consta [que este acusado] efectuara acción alguna" de las que allí se describen

El primer aspecto de la impugnación no es atendible, pues tiene que ver con una afirmación de la sentencia relativa al hecho de que acciones criminales como la dirigida contra la Subcomisaría de Amorebieta, a que se refiere la causa, expresan una objetiva coincidencia con los fines de la organización ETA, algo que es de notoriedad. Y, por otra parte, de ella no se deriva ninguna consecuencia penal específica a cargo del recurrente

Tampoco la objeción central del motivo debe acogerse. La frase a la que se alude del relato fáctico contiene un evidente error material mecanográfico, como se infiere, sin género de duda, del resto del relato fáctico como de los fundamentos jurídicos que lo desarrollan. El recurrente forma parte de esos cuatro acusados a los que se menciona reiteradamente en los hechos que se declaran probados, como los que intervinieron en los hechos enjuiciados, y lo mismo sucede con los fundamentos jurídicos, en los que se razona sobre los medios de prueba que se han tenido en cuenta para alcanzar la convicción de que el ahora recurrente había participado en los hechos que se le imputan, mencionándose que es él mismo quien en el Juzgado admitió la veracidad de su declaración del atestado, en la que reconoció haber participado en el asalto a la Subcomisaría de Amorebieta, y, en concreto, lanzando un artefacto explosivo en el interior de un vehículo policial, que se encontraba abierto. Y consta además que, como afirma el Tribunal de instancia, es algo corroborado por uno de los agentes que declararon, cuando informó que uno de los coches oficiales se encontraba abierto.

Como se argumentó por el Ministerio Fiscal al impugnar este extremo del motivo, la frase que contiene tan lamentable error se está refiriendo precisamente a quienes no son los cuatro procesados que resultan condenados en la instancia, resto "del que no consta efectuara acción alguna de las expresadas a continuación" y que determinó que el pronunciamiento condenatorio se limitara a los cuatro procesados que resultaron condenados, y entre ellos, el recurrente Felix x.

Por todo ello, la única lectura que resulta racional y coherente es la que obliga a conectar la afirmación de que "no consta efectuara acción alguna de las expresadas a continuación" con el "resto de personas" del que no formaban parte los acusados, cuya identidad no ha podido conocerse.

Al tratarse de un error material manifiesto, que puede ser corregido en cualquier momento por los Jueces y Magistrados como dispone el artículo 267.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este extremo del motivo tampoco puede prosperar.

Segundo. Lo alegado es infracción de ley, de las del art. 849,1º Lecrim, por aplicación indebida de los arts. 351 y 577 del Código Penal. La razón es que ninguno de los agentes sufrió quemadura o lesión alguna y tampoco sus ropas y pertenencias, ni se acreditó que el edificio hubiera tenido que ser desalojado. A lo que se añade el argumento de que no bastaría para la aplicación de los preceptos aludidos el peligro que abstractamente podría representar un incendio para las personas, puesto que en tal caso todos los producidos en zonas habitadas serían peligrosos en idéntico grado y carecería de sentido la especialidad agravatoria del primer párrafo del art. 351 CP

Pero, como es evidente, se trata de un motivo de infracción de ley y, por tanto, hay que estar a los términos de los hechos probados. Siendo así, hay que tener en cuenta que en éstos se dice que se ocasionó un fuego importante en la puerta principal de la Subcomisaría, única existente, que impedía la salida de los agentes. Consta también que, en vista de las proporciones del fuego, hubo que desalojar todo el edificio, que, a excepción de la planta baja, es de viviendas. Y que las conducciones del gas existentes en el mismo resultaron abombadas

Así las cosas, y siguiendo el propio razonamiento del recurrente, no puede ser más claro que el riesgo para las personas se concretó de forma inobjetable, pues llegó a materializarse un peligro próximo y tangible para un preciso grupo de éstas. Por lo demás, existe reiterada jurisprudencia de esta sala en el sentido de que el riesgo que requiere el art. 351 CP es el potencial o abstracto (por todas, STS 1263/2003, 7 de octubre), condición francamente desbordada por la naturaleza del acreditado en este caso. Es lo que hace que este motivo deba asimismo desestimarse

Tercero. Al amparo de lo que dispone el art. 849,1º Lecrim se ha alegado vulneración, por aplicación indebida, del art. 22,2º CP. El argumento es que se ha aplicado la agravante de disfraz sin que exista prueba del uso de este medio para cometer el delito

Pero el motivo no se sostiene, primero, porque en la sentencia se afirma que los que intervinieron en el asalto llevaban "capuchas en el rostro para evitar ser reconocidos", lo que ya basta para desechar la objeción. Pero es que, además, el propio recurrente en su declaración autoinculpatoria aporta el dato de la utilización de capuchas

Recurso de Gerardo o y Pedro Francisco

Primero. Al amparo de lo que dispone el art. 852 Lecrim, se ha aducido vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE). El argumento es que la condena recurrida se funda de manera exclusiva en las declaraciones de los coimputados, sin las corroboraciones que habría sido necesarias

Del examen del cuadro probatorio que hace la Sala se desprende, según ella misma afirma, que la prueba de cargo de la participación está en "las declaraciones sumariales (sic) ratificadas judicialmente ante el instructor en presencia de letrado de oficio, de los acusados Felix x y Gerardo o y, sólo como corroboración, la declaración sumarial (sic) no ratificada judicialmente del acusado Pedro Francisco o"

Según la propia Sala de instancia, Felix x, en la declaración policial ratificada ante el instructor, habría implicado en los hechos a estos recurrentes, de donde se seguiría una imputación constitutiva de un principio de prueba de cargo.

Siguiendo con el discurso probatorio del tribunal, resulta que la declaración de Gerardo o en el juzgado careció de eficacia a los efectos de una posible corroboración, debido a que -por olvido, se dice- no fue interrogado sobre la acción criminal que se contempla. Y la de Pedro Francisco o no hizo prueba, por falta de ratificación ante el Juez de Instrucción, lo que, extrañamente, no le impide a la Sala afirmar que serviría para corroborar la del anterior, a pesar de que, como acaba de decirse ésta -o sea, la de Gerardo o- no tiene ningún contenido susceptible de corroboración, pues, según reconoce el mismo tribunal, no se pronunció sobre lo ocurrido, al no haber sido preguntado al respecto

Es bien conocida la jurisprudencia relativa al valor probatorio de las declaraciones de los coimputados y a las precauciones, debido, en particular, a la circunstancia de que, dado el estatuto procesal tal clase de declarantes, el principio de contradicción sólo puede operar en estos casos de forma muy limitada (por todas, STC 297/2002, de 11 de noviembre y STS 658/2002, de 12 de abril)

Es a lo que se debe la exigencia de valorar con particular prudencia la información procedente del imputado, cuidando, muy especialmente, de comprobar que la misma cuente siempre con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra fuente (por todas, SSTC de 14 de octubre de 2002 y de 13 de mayo de 2003)

En este punto, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional -entre otras, la sentencia 65/2003, de 7 de abril, es sumamente rigurosa: "las declaraciones de un coimputado, por sí solas, no permiten desvirtuar la presunción de inocencia constitucionalmente reconocida, de modo que para que pueda fundarse una condena en tales declaraciones sin lesionar el derecho fundamental a la presunción de inocencia, es preciso que se adicione a las mismas algún dato que corrobore mínimamente su contenido"

Examinados los presupuestos de la condena de los recurrentes, según la propia sentencia, se advierte que el núcleo de la imputación de que se les hizo objeto y por lo que se les condena, es lo manifestado por el también imputado Felix x. Y resulta que, según se ha señalado, el propio Tribunal admite que las declaraciones de ambos carecen de relevancia probatoria. Y, así es, en efecto, pues en la de Gerardo o, ratificada judicialmente no se dice nada sobre los hechos de esta causa; y la de Beroiz es únicamente policial

Por tanto, el resultado es que, fuera de tal declaración del coimputado Felix x, no existió información probatoria de procedencia judicial utilizable a efectos de la necesaria corroboración. Porque lo aportado por los funcionarios policiales fueron datos relativos a la real existencia y características del ataque, a la magnitud del incendio y a los medios utilizados para causarlo. Nada que tenga que ver, pues, con la posible intervención en él de los dos recurrentes, que es el hecho objeto de acusación que se trataría de corroborar en concreto, y sobre el que, en consecuencia, no existe prueba de cargo valorable. Es por lo que, en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto, debe prevalecer el derecho de ambos a la presunción de inocencia

Segundo. Estimado el motivo que acaba de examinarse, carecen de objeto los restantes formulados

Recurso de Santiago

Primero. Lo denunciado, por el cauce del art. 5,4 LOPJ, es infracción de precepto constitucional, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, del art. 24.2 CE

El argumento de apoyo es que, en este caso, la única prueba incriminatoria de que dispuso el tribunal es la declaración de Felix x. Éste sitúa en el lugar de la acción, antes del inicio, en compañía de otras personas y en actitud de espera, a un tal Santiago o; atribuyéndole una actitud de significación equivalente a la de los acusados que fueron absueltos. A ello hay que añadir la existencia de una identificación fotográfica del segundo citado, producida en sede policial, también a cargo del primero

Al margen de estos elementos de juicio, del mismo modo que en el caso del anterior recurso, no hay otra información probatoria valorable que debida a los agentes presentes en las dependencias policiales cuando se produjo la acción y de los que después la investigaron. En consecuencia, son de aplicación a este supuesto las mismas consideraciones realizadas al examinar ese primer recurso, y con el mismo resultado de ausencia de prueba de cargo valorable. Pues, en efecto, la única que consta es la sumamente imprecisa a que acaba de aludirse, procedente de un coimputado, y cuya veracidad no ha sido corroborada con elementos de otra fuente. Es por lo que el motivo debe estimarse y resulta innecesario entrar en el examen del segundo formulado