Sentencia Penal Nº 1073/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 20, Rec 880/2009 de 19 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

BARCELONA

SECCIÓN VEINTE

Magistrada-Ponente :

María de la Concepción Sotorra Campodarve

Rollo nº : APRA 880/09JR

Procedimiento Abreviado nº 234/09

Juzgado de lo Penal nº : 3 de Vilanova i la Geltrú

Recurrente: Carlos Daniel

SENTENCIA nº 1073/2011

Ilmos Sres.

D. Fernando Pérez Maiquez

Dª. María del Carmen Zabalegui Muñoz

Dª. María de la Concepción Sotorra Campodarve

En la ciudad de Barcelona, a 19 de diciembre de 2011

Visto, en nombre de SM el Rey, por la Sección Veinte de esta Audiencia Provincial, el rollo de Apelación nº 880/09, dimanante del Procedimiento Abreviado nº 234/09 seguido por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vilanova i la Geltrú, por un delito de quebrantamiento de medida cautelar; entre partes, de una y como apelante D. Carlos Daniel , representado por el Procurador Sra. Arbonés Ojeda, y defendido por el Letrado Sra. Zamora Corchis; y de otra, como apelada, Adolfina , representada por el Procurador Dra. Cobo Bravo, y dirigida por el Letrado Sr. Pujol i Giralt, y el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal se dictó en el procedimiento de referencia, sentencia de la que trae causa el presente rollo, por la que se condenaba a Carlos Daniel como autor de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 del Código Penal , a las penas que se incluyen en su parte dispositiva, a la que nos remitimos por razones de economía procesal.

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se interpuso recurso de apelación por el acusado, con apoyo en los argumentos que constan en los escritos presentados, dándose traslado a las demás partes con el resultado que obra en las actuaciones, que fueron remitidas a esta Audiencia para la resolución del recurso presentado. Es parte apelada la Acusación Particular, quien se opone a la estimación del recurso interpuesto.

TERCERO.- Recibidas en la Sección, fueron sometidas las actuaciones a reparto, quedando a la espera del turno correspondiente, designándose como Magistrada Ponente a la Ilma Sra. Dª. María de la Concepción Sotorra Campodarve, que expresa el criterio unánime del tribunal. En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, a salvo del plazo para dictar resolución, debido al elevado nivel de asuntos que pesan sobre la Sala.

Hechos

Se admiten y dan por reproducidos en esta alzada los hechos probados de la sentencia apelada, desde su inicio hasta el final, añadiéndose en punto y segundo lo siguiente: " Dicho mensaje estaba dirigido a su hijo. No consta que el acusado tuviera conocimiento de que el envío del mensaje al menor vulnerara la prohibición de comunicación con su esposa que le había sido impuesta".

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en el procedimiento de referencia ha sido objeto de impugnación por error en la apreciación de la prueba e infracción de precepto legal, en cuanto al artículo 468.2 del Código Penal se refiere, al sostener la recurrente que la actividad probatoria practicada en el proceso ha resultado insuficiente para acreditar la comisión por su patrocinado del delito de quebrantamiento de medida cautelar que se le imputaba, solicitando por ello la revocación de la resolución impugnada a fin de que en su lugar se dicte otra por la que, estimándose sus pretensiones, sea absuelto aquél de la referida infracción penal con todos los pronunciamientos favorables.

Antes de abordar esta cuestión sometida a debate en la alzada, conviene recordar que la valoración probatoria es una función legalmente atribuida al juzgador de instancia, el cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 741 de la LECRIM ., debe apreciar las pruebas practicadas a su presencia de acuerdo con el dictado de su conciencia, y motivar adecuadamente los pronunciamientos contenidos en su resolución en atención al resultado de las referida actividad probatoria.

Partiendo de esta realidad, y teniendo en cuenta que la ventajosa posición que el mismo ostenta en el proceso, derivada de esa apreciación personal y directa de la prueba ante él practicada, lo coloca en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, su criterio deberá en principio tenerse por correcto, al basarse en una objetividad institucional alejada del interés subjetivo de la parte.

Ello no obstante, el tribunal de apelación podrá revisar la referida valoración probatoria cuando así se le demande en vía de recurso, pudiendo llegar a modificar las conclusiones fácticas de la sentencia apelada cuando aprecie manifiesto error en esa valoración, o cuando las mismas resulten incongruentes entre sí, o contradictorias en relación con prueba practicada.

Pues bien, en el presente caso, sostiene la apelante que el Juzgador de instancia ha incurrido en error a la hora de valorar la prueba en cuanto hace referencia a las declaraciones de su patrocinado, quien ha sostenido en todo momento que desconocía que el hecho de enviar un mensaje a su hijo menor, respecto del que no tenía prohibición de comunicación, vulneraba la prohibición de comunicación con su esposa al haber sido enviado al móvil de la misma. De ahí deriva para la parte apelante que de tales manifestaciones no cabe concluir ni que el acusado actuó sin dolo de quebrantar la prohibición impuesta, entendiendo que ello impide la confirmación del pronunciamiento condenatorio contenido en la sentencia apelada.

El motivo debe ser atendido. En efecto, un detenido análisis de lo actuado en el plenario bajo los principios de oralidad, inmediación, publicidad, contradicción e igualdad entre las partes, según se constata en el DVD de su celebración, así como de la documental de las actuaciones, evidencia que no pueden darse por probados sino los hechos consignados en el relato fáctico de la presente resolución, toda vez que no consta acreditado que el acusado tuviera conocimiento de que el envío del mensaje dirigido a su hijo supusiera una vulneración de la prohibición de comunicación con su esposa ni, por ende, que el mismo actuara con la finalidad de vulnerar la prohibición.

En efecto, analizado el contenido del mensaje, enviado el día 19 de marzo, es decir, el día del padre, no ofrece ninguna duda al Tribunal que el mismo fue expresamente dirigido al hijo menor de la pareja, de nombre Borja , a la vista de su propio contenido: "Hola, Borja , fil, es el día del padre, te quiero mi vida y sólo Dios sabe lo que siente cada uno, llámame te quiero, chau amor".

Y este hecho debe ser puesto necesariamente en relación con el contenido del artículo 468 del Código Penal , según la redacción del mismo introducida por la LO 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, vigente cuando los hechos enjuiciados tuvieron lugar, incluye, bajo la denominación común de quebrantamiento de condena, dos tipos de infracciones penales. Las primeras constituyen auténticos quebrantamientos de condena, al suponer la vulneración de penas o de medidas de seguridad impuestas en sentencia firme que se encuentran en trámite de ejecución, lo que exige que, para su perpetración, no baste con el dictado de la sentencia, sino que la misma ha de haber alcanzado firmeza, se tiene que haber incoado la ejecutoria, practicado la correspondiente liquidación de condena y notificado al penado la misma, con indicación de la fecha a partir de la cual comienza la referida ejecución, requerimiento de cumplimiento y apercibimiento de incurrir en quebrantamiento de condena de no verificarlo.

Frente a ellas, las segundas no tienen la naturaleza de pena, sino de medida cautelar, debiendo entenderse subsumidas en esta categoría no sólo aquéllas adoptadas con la finalidad de garantizar el resultado de proceso, es decir, las cautelares en sentido estricto, como la prisión preventiva, sino también las medidas de protección de la víctima, como lo son las prohibiciones de acercamiento o comunicación a las que frecuentemente, aunque con escaso rigor técnico, se les atribuye idéntica calificación cautelar aunque no lo sea del proceso. La diferencia con las anteriores se encuentra en que, para que pueda predicarse su quebrantamiento, basta con que el imputado tenga cabal conocimiento de su adopción y, a pesar de ello, incumpla voluntariamente su contenido durante la vigencia de la medida, es decir, actúe deliberadamente en contra de la prohibición impuesta en la resolución judicial , la cual entrará en vigor desde el momento mismo de la notificación personal al interesado, aunque el auto no haya alcanzado firmeza. Ésta es la única interpretación acorde con la finalidad tuitiva inspiradora de la norma, así como con la regulación del recurso de apelación contenida en el artículo 766 de la LECRIM , que atribuye a este recurso únicamente efecto devolutivo, nunca suspensivo, de la resolución apelada. De acuerdo con ello, la vigencia de la medida, y por tanto la posibilidad de cometer su quebrantamiento, se extiende desde la notificación, sin necesidad de requisito adicional alguno, hasta su alzamiento, o bien hasta el inicio de la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento, cuando ésta sea de contenido condenatorio, en cuya liquidación de condena se aplicará el tiempo de medida cautelar sufrido como efectivamente cumplido de la pena de igual naturaleza finalmente impuesta.

Junto a esas dos categorías, se encuentran, a su vez, los supuestos de quebrantamiento de conducción o custodia, que tendrán naturaleza de vulneración de medida cautelar, o bien de pena o medida de seguridad, respectivamente, según la fase del procedimiento en que se produzcan, durante la tramitación o durante la ejecución.

Partiendo de estas consideraciones, observamos que el supuesto que nos ocupa se refería al quebrantamiento de una medida cautelar, en cuanto que la prohibición de comunicación con la víctima constituía una medida impuesta durante la tramitación del procedimiento. De ahí que para que pudiera entenderse cometido el delito fuera necesario que constara la notificación del auto por el que se imponían al hoy recurrente esas medidas (lo que quedó documentalmente acreditado) así como la vulneración de la misma por parte de aquél, con conocimiento de su vigencia y voluntad de quebrantamiento . Pero este segundo extremo no ha resultado probado en este caso.

En efecto, compartimos con la parte apelante la insuficiencia probatoria a los efectos de entender demostrado el quebrantamiento de medida cautelar que nos ocupa, al no ir dirigido el mensaje a la persona protegida por la medida y resultar por ello razonable, aplicando las reglas de la lógica, que el acusado desconociera que con su acción pudiera estar cometiendo el quebrantamiento de medida cautelar que se le imputaba. Tampoco se puede inferir racionalmente, a la vista del contenido del mensaje y de las declaraciones del acusado, que aquél remitiera el mismo con la intención de vulnerar la prohibición de comunicación que mantenía vigente con su esposa, la cual ni siquiera se dignó a personarse en el acto del juicio para sostener su versión, a pesar de haber sido citada en forma para ello.

En atención a lo expuesto, procede la estimación del recurso interpuesto contra la sentencia de instancia, debiendo en consecuencia ser absuelto el apelante del delito de quebrantamiento de medida cautelar que se le imputaba, con todos los pronunciamientos favorables.

SEGUNDO.- A tenor de lo establecido en los artículos 239 y 240 de la LECRIM ., procede declarar de oficio el pago de las costas procesales de ambas instancias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de SM el Rey, y por el poder que nos confiere la Constitución,

Fallo

Que estimamos el recurso de apelación formulado por la representación de Carlos Daniel contra la sentencia de fecha 30.04.09, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vilanova i la Geltrú en el Procedimiento Abreviado nº 234/09, y en consecuencia debemos revocar y revocamos la resolución recurrida en el sentido de absolver a Carlos Daniel del delito de quebrantamiento de condena que se le imputaba, con todos los pronunciamientos favorables.

Declaramos de oficio el pago de las costas procesales de la instancia, y la totalidad de las de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes personadas, y a los perjudicados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno. Con testimonio de presente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así por esta su Sentencia, lo pronuncian, mandan y firman los Magistrados miembros del tribunal.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia el día por la Ilma. Magistrada Ponente, celebrando audiencia pública, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.