Sentencia Penal Nº 1079/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 895/2002 de 16 de Julio de 2003

PRIMERO.- La sentencia cuya impugnación casacional conocemos condena a la recurrente como autora de delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de apropiación indebida, al declararse probado que dispuso en su beneficio cantidades económicas que administraba para lo que falsificaba la firma de la persona que, junto a ella, tenían la firma mancomunada para la disposición de fondos mediante talones bancarios.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia por no haber dispuesto de un juicio con las garantías debidas. Concreta la vulneración en el hecho de que al juicio oral no acudieron los peritos de la policía y guardia civil que, en la instrucción de la causa, afirmaron la falsedad de la firma de la persona que junto a la de la recurrente debían concurrir para la disposición de los cheques.

El motivo se desestima. Pese a la argumentación expresada en el recurso, se constata que la pericial se practico en la instrucción de la causa y su resultado aportado al juicio oral a través de la calificación del Ministerio fiscal que propuso su lectura como prueba documental. A esa pretensión probatoria se sumó la defensa que se adhirió a la prueba de la acusación pública. La acusación particular solicitó la comparecencia de los peritos para el juicio oral pero esa pretensión fue rechazada por extemporánea, aquietándose a esa resolución las partes que en el juicio oral no manifestaron pretensión alguna sobre la pericial realizada en la instrucción de la causa. Es ahora, cuando la sentencia es condenatoria, cuando la parte denuncia la lesión al derecho al proceso debido por la falta de práctica de la prueba pericial en el juicio oral, precisamente cuando la recurrente admitió su incorporación al enjuiciamiento a través de la documental. Desde la perspectiva expuesta ninguna lesión se produce al derecho al proceso debido pues el proceso se conformó de acuerdo a las pretensiones probatorias de las partes y ninguna lesión se produjo al derecho de defensa.

Analizada la impugnación desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de inocencia, la desestimación es también procedente. La actividad probatoria que el tribunal ha valorado es las declaraciones de la acusada y la de testigos en cuanto permiten considerar probado que la acusada era la tenedora del talón y la que los emitía y quien llevaba las cuentas de la asociación; los talones aparecen cobrados y las firmas necesarias para las disposiciones era la de la acusada y otra que niega su realización, extremo sobre el que incide la pericial del procedimiento. Las manifestaciones de la acusada, en el sentido de que los talones se perdieron son tenidos por inconsistentes desde la valoración de la prueba practicada.

La pericial caligráfica, aún cuando no fuera practicada en el juicio oral, corrobora el pronunciamiento penal condenatorio al constatarse la existencia de prueba derivada de los indicios acreditados de los que racionalmente se deduce la participación en los hechos de la acusada.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba. Sin designar ningún documento acreditativo del error que denuncia pretende una revaloración de la prueba, concretamente de las periciales obrantes en la causa, la de la policía y la de la guardia civil que, respectivamente, refieren que los talones falsificados contenían la firma de la acusada y la que se decía corresponder a la persona que obligaba al pago era falsa. De ahí, afirma la recurrente, no es posible afirmar la participación en el hecho de la acusada.

El motivo se desestima. Evidentemente las periciales no pueden afirmar que fuera la acusada quien imitó la firma de la segunda firma para librar el cheque, sino que lo que acreditan es que una de las firmas corresponde a la acusada en tanto que la otra no pertenece a la persona cuya firma fue imitada, y esa conclusión de la prueba pericial aparece recogida en la causa como indicio, junto a otros, para la acreditación del hecho.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia la errónea imposición de la pena, concretamente la indebida aplicación del art. 77.3 y la inaplicación de la regla segunda del art. 77, es decir, la punición por separado o conjunta, según las reglas específicas del concurso ideal.

La penalidad impuesta en la sentencia parte de un error inicial, cual es considerar que el delito mas grave es la falsedad en documento mercantil cometida por funcionario público. A partir de ese error la penalidad aparece mal impuesta.

Corregido ese error, es preciso señalar la nueva pena. Los delitos por los que es condenada la recurrente son un delito de falsedad continuado, cuya penalidad es la prevista en la mitad superior de la prevista en el art. 392, esto es, de 21 meses a 36 meses y la multa. La pena correspondiente a la apropiación indebida del art. 249, y 250.3, expresamente recogido en el fallo de la Sentencia impugnada, es la de 1 año a 6 años. Esta última pena es la más grave de las dos concurrentes, por lo que de conformidad con la regla segunda del art. 77 procede imponerla en su mitad superior, esto es la que media desde 3 años y 6 meses a los 6 años de prisión, pena que imponemos en su tramo mínimo correspondientes a los criterios de individualización que emplea el tribunal, pena que es mas favorable que su punición por separado.

PRIMERO.- La sentencia cuya impugnación casacional conocemos condena a la recurrente como autora de delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de apropiación indebida, al declararse probado que dispuso en su beneficio cantidades económicas que administraba para lo que falsificaba la firma de la persona que, junto a ella, tenían la firma mancomunada para la disposición de fondos mediante talones bancarios.

Formaliza un primer motivo en el que denuncia la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia por no haber dispuesto de un juicio con las garantías debidas. Concreta la vulneración en el hecho de que al juicio oral no acudieron los peritos de la policía y guardia civil que, en la instrucción de la causa, afirmaron la falsedad de la firma de la persona que junto a la de la recurrente debían concurrir para la disposición de los cheques.

El motivo se desestima. Pese a la argumentación expresada en el recurso, se constata que la pericial se practico en la instrucción de la causa y su resultado aportado al juicio oral a través de la calificación del Ministerio fiscal que propuso su lectura como prueba documental. A esa pretensión probatoria se sumó la defensa que se adhirió a la prueba de la acusación pública. La acusación particular solicitó la comparecencia de los peritos para el juicio oral pero esa pretensión fue rechazada por extemporánea, aquietándose a esa resolución las partes que en el juicio oral no manifestaron pretensión alguna sobre la pericial realizada en la instrucción de la causa. Es ahora, cuando la sentencia es condenatoria, cuando la parte denuncia la lesión al derecho al proceso debido por la falta de práctica de la prueba pericial en el juicio oral, precisamente cuando la recurrente admitió su incorporación al enjuiciamiento a través de la documental. Desde la perspectiva expuesta ninguna lesión se produce al derecho al proceso debido pues el proceso se conformó de acuerdo a las pretensiones probatorias de las partes y ninguna lesión se produjo al derecho de defensa.

Analizada la impugnación desde la perspectiva del derecho fundamental a la presunción de inocencia, la desestimación es también procedente. La actividad probatoria que el tribunal ha valorado es las declaraciones de la acusada y la de testigos en cuanto permiten considerar probado que la acusada era la tenedora del talón y la que los emitía y quien llevaba las cuentas de la asociación; los talones aparecen cobrados y las firmas necesarias para las disposiciones era la de la acusada y otra que niega su realización, extremo sobre el que incide la pericial del procedimiento. Las manifestaciones de la acusada, en el sentido de que los talones se perdieron son tenidos por inconsistentes desde la valoración de la prueba practicada.

La pericial caligráfica, aún cuando no fuera practicada en el juicio oral, corrobora el pronunciamiento penal condenatorio al constatarse la existencia de prueba derivada de los indicios acreditados de los que racionalmente se deduce la participación en los hechos de la acusada.

SEGUNDO.- En el segundo motivo denuncia el error de hecho en la apreciación de la prueba. Sin designar ningún documento acreditativo del error que denuncia pretende una revaloración de la prueba, concretamente de las periciales obrantes en la causa, la de la policía y la de la guardia civil que, respectivamente, refieren que los talones falsificados contenían la firma de la acusada y la que se decía corresponder a la persona que obligaba al pago era falsa. De ahí, afirma la recurrente, no es posible afirmar la participación en el hecho de la acusada.

El motivo se desestima. Evidentemente las periciales no pueden afirmar que fuera la acusada quien imitó la firma de la segunda firma para librar el cheque, sino que lo que acreditan es que una de las firmas corresponde a la acusada en tanto que la otra no pertenece a la persona cuya firma fue imitada, y esa conclusión de la prueba pericial aparece recogida en la causa como indicio, junto a otros, para la acreditación del hecho.

TERCERO.- En el tercer motivo denuncia la errónea imposición de la pena, concretamente la indebida aplicación del art. 77.3 y la inaplicación de la regla segunda del art. 77, es decir, la punición por separado o conjunta, según las reglas específicas del concurso ideal.

La penalidad impuesta en la sentencia parte de un error inicial, cual es considerar que el delito mas grave es la falsedad en documento mercantil cometida por funcionario público. A partir de ese error la penalidad aparece mal impuesta.

Corregido ese error, es preciso señalar la nueva pena. Los delitos por los que es condenada la recurrente son un delito de falsedad continuado, cuya penalidad es la prevista en la mitad superior de la prevista en el art. 392, esto es, de 21 meses a 36 meses y la multa. La pena correspondiente a la apropiación indebida del art. 249, y 250.3, expresamente recogido en el fallo de la Sentencia impugnada, es la de 1 año a 6 años. Esta última pena es la más grave de las dos concurrentes, por lo que de conformidad con la regla segunda del art. 77 procede imponerla en su mitad superior, esto es la que media desde 3 años y 6 meses a los 6 años de prisión, pena que imponemos en su tramo mínimo correspondientes a los criterios de individualización que emplea el tribunal, pena que es mas favorable que su punición por separado.