Sentencia Penal Nº 112/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30, Rec 348/2011 de 16 de Abril de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 30

MADRID

SENTENCIA: 00112/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN TRIGÉSIMA

Rollo Apelación nº 348/11

Juicio de Faltas 750/2011

Juzgado de instrucción nº 38 de Madrid

SENTENCIA nº 112/2012

En Madrid, a 16 de abril de 2012

VISTO por el Ilmo. Sr. Magistrado de la Sec. 30ª esta Audiencia D. IGNACIO JOSÉ FERNÁNDEZ SOTO, el rollo de apelación nº 348/11 formado para sustanciar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, en el Juicio de Faltas nº 597/09, en fecha 14 de abril de 2011 , de los de dicho órgano Jurisdiccional, seguido por falta de LESIONES, siendo parte apelante D. Sergio , y parte apelada D. Luis María y EL MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de instrucción indicado en el encabezamiento en la fecha expresada se dictó Sentencia cuyos hechos probados dicen lo siguiente:

"Probado y así se declara que el día 12 de febrero del año 2011, sobre las 14:30 horas, en un bar situado en la Avenida de Betanzos número 59, el imputado Sergio golpeó, sin motivo aparente, a Luis María causándole lesiones de las que tardó en curar 46 días estando todos ellos incapacitad para su trabajo habitual no quedándole secuela alguna."

SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha sentencia literalmente establece:

"Que debo condenar y condeno a Sergio como responsable en concepto de autor e una falta de lesiones prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal , a la pena de un mes de multa, siendo la cuota diaria de cinco euros, con el apercibimiento de que si no satisface voluntariamente o por vía de apremio la multa impuesta quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Del mismo modo condeno a Sergio a que abone a Luis María la cantidad de 4600 euros en concepto de responsabilidad civil.

Igualmente condeno al citado Sergio al abono de las costas causadas en el presente procedimiento."

TERCERO.- Notificada dicha resolución a todas las partes interesadas, contra la misma se interpuso recurso de apelación por Sergio , en cuyo escrito, tras expresar los fundamentos del recurso que tuvo por pertinentes, interesó la revocación de la sentencia recurrida en el sentido de absolver al recurrente y en todo caso reducir el importe de la responsabilidad civil impuesta.

CUARTO.- Admitido a trámite dicho recurso se dio traslado de los mismos al resto de las partes personadas, para que en el término legal formularan las alegaciones que tuvieren por conveniente a sus respectivos derechos. Evacuado dicho trámite se remitieron las actuaciones a la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, designándose magistrado para la resolución del recurso, quedando los autos vistos para Sentencia sin celebrarse vista pública al no solicitarse ni estimarse necesaria.

Hechos

ÚNICO-. Se acepta en su integridad el relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- El recurrente discrepa de la valoración que ha efectuado la sentencia de instancia. Concretamente alega que no se ha tenido en cuenta la declaración de los agentes de la autoridad, que vieron "como todos los presentes" al denunciante "auto golpeándose" y que el testigo que ha depuesto es amigo suyo.

Compete al Juez de instancia en base a lo dispuesto en el art. 741 de la LECrim . apreciar las pruebas practicadas en el juicio oral de acuerdo con el dictado de su conciencia y las conclusiones fácticas a las que así llegue habrán de reputarse correctas salvo cuando se demuestre un manifiesto error o cuando resulten incompletas, incongruentes o contradictorias. El Juzgador de primer grado es el que por su apreciación directa y personal de la actividad probatoria, está en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, sin que sea lícito sustituir su criterio por el legítimamente interesado y subjetivo de la parte, sin un serio fundamento.

Por ello, suele afirmarse que la fijación de los hechos llevada a cabo por el Juez «a quo» ha de servir de punto de partida para el tribunal de apelación y sólo podrán rectificarse, por inexactitud o manifiesto y patente error en la valoración de la prueba, o cuando el relato fáctico sea claramente incompleto, incongruente o contradictorio en si misma ( STS 14-3-1991 [RJ 19912133 ] y 24-5-2000 [RJ 20003745]).

La existencia de la grabación del juicio oral ha permitido en este caso al Tribunal, a través de su visionado, conocer la integridad de lo declarado por el denunciado y los testigos, lo que, sin duda supone una diferencia importante respecto tradicional sistema del acta del juicio extendido por el Secretario judicial, para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por el Juez a quo, pues permitirá al tribunal de apelación percibir, de forma directa, lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron.

Una vez revisada esta videograbación y analizados los argumentos del recurso, éste debe desestimarse. El denunciado no cuestiona su presencia en el lugar de los hechos -fue identificado por agentes de la autoridad, que reflejaron la versión expuesta por el denunciante y el denunciado- sino cómo se produjeron. Y el Juez a quo ha dispuesto de prueba de cargo apta para enervar la presunción de inocencia del acusado: la declaración, no solo del denunciante, sino de un testigo, y la existencia de un informe forense que objetiva lesiones compatibles con la agresión descrita. Frente a esa prueba de cargo, el acusado no ofreció versión alguna de los hechos, ya que se limitó a no comparecer a la vista oral. Tampoco pudo valorar el Juez a quo la versión de los agentes de la autoridad, pues nadie interesó su citación, y no había motivos objetivos para hacerlo, pues el atestado se limita a reflejar la versión de los implicados, sin que conste en el mismo ningún suceso como el relatado por el recurrente, que carece de todo fundamento (que el denunciante se auto lesionase).

En definitiva, a través del recurso el recurrente manifiesta su legítima discrepancia con la valoración probatoria del Juez de instancia, pero mediante la videograbación se comprueba que la apreciación del Juez a quo no fue manifiestamente errónea ni ilógica, al contrario, se basó en las reglas de experiencia, a partir de lo declarado por el denunciante, un testigo y a la objetivación de las lesiones referidas por los denunciantes, elementos no contradichos por ninguna otra prueba de descargo, por lo que ha de ser ratificada en esta instancia.

SEGUNDO.- El recurrente cuestiona, subsidiariamente, el importe de la responsabilidad civil, que considera excesivo. Se ha impuesto una responsabilidad civil de 100 euros por día impeditivo, lo que da lugar a una indemnización total de 4.600 euros.

Los artículos 110 y siguientes del Código Penal atribuyen a los Jueces y Tribunales la determinación de la responsabilidad civil atendiendo a la naturaleza del daño o perjuicio y, expresamente, el art. 115 CP exige se establezcan razonadamente en las resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones.

Parece razonable que, en virtud del principio de inmediación, el Juez ante el que en primera instancia se han practicado las pruebas, sea el que determine los daños y perjuicios derivados del ilícito penal, así como las bases que fundamentan la determinación de las indemnizaciones, salvo que se aprecie en segunda instancia error en la valoración de la prueba o en la determinación de las bases sobre las que se asienta el señalamiento de la cantidad indemnizatoria fijada. En este sentido se pronuncia reiteradamente la doctrina del Tribunal Supremo ( SSTS 06.10.1997 , 25.02.1992 y 21.04.1989 ).

A la hora de valorar el daño corporal, puede acudirse al Baremo anexo al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, Baremo que, sin ser directamente aplicable a las lesiones dolosas, establece un sistema objetivo de valoración del daño corporal que nada impide utilizar con carácter orientativo. En este sentido se pronunció la Junta de Magistrados de esta Audiencia Provincial de fecha 10 de junio de 2005, en concreto el acuerdo reflejó que "Conviene aplicar, como criterio orientativo, el «Sistema de valoración» previsto en el Anexo de la Ley de Responsabilidad civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor al cálculo de indemnizaciones de perjuicios causados en hechos diferentes del tránsito rodado. Tal aplicación presenta como ventajas la uniformidad e igualación de los criterios indemnizatorios, y también la facilitación de las impugnaciones de las víctimas y acusados al contar con unos razonamientos notablemente objetivados. Sin perjuicio de ello, es conveniente que las indemnizaciones resultantes sean incrementadas para los casos normales en un porcentaje que puede situarse en un 10 ó 20 %, sobre todo cuando el daño moral de la víctima es más acentuado. Todo ello sin excluir la posibilidad de realizar otro tipo de valoración teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes."

No obstante, recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18-10-2010, rec. 10488/2010 , que "la sola reflexión de que a efectos indemnizatorios no es igual una lesión intencional que por imprudencia, ya justifica, por sí mismo un ajuste al alza", y la sentencia del mismo Alto Tribunal de fecha 27-11-2010, rec. 10822/2009 , estima muy acertado considerar "mayor el daño moral que provoca la lesión dolosa frente a la causada en el ámbito de la circulación".

A la vista de estas reflexiones, el recurso merece una estimación parcial. Aunque la indemnización en lesiones dolosas, como se ha dicho, no está sujeta a baremos y, de hecho, un módulo como el expuesto se viene observando generalmente para indemnizar pequeños periodos de curación, que de otro modo no tendrían una reparación justa, cuando las lesiones se prolongan en el tiempo no hay razones sólidas para que las indemnizaciones se alejen significativamente de las establecidas para delitos imprudentes, dando como resultado un resarcimiento que puede considerarse excesivo en función del perjuicio sufrido. Por ello, en este caso se estima más adecuada, con arreglo a los parámetros orientativos expuestos, la fijación de un módulo diario de 70 euros por día impeditivo, resultando una indemnización global de 3.220 euros, que se estima un resarcimiento más adecuado a la entidad del daño y perjuicio sufrido por el lesionado.

TERCERO.- Finalmente el recurrente discrepa del importe de la multa, pues no se ha tenido en cuenta su capacidad económica. Considera por ello "arbitraria" la multa impuesta (un mes, con cuota diaria de 5 euros)

En cuanto a la extensión de la multa, en un mes, se trata de la mínima prevista en la Ley (de 30 a 60 días, art. 617.1.), por lo que la decisión judicial es inatacable en este punto.

En cuanto a la cuota multa, como señala la STS 996/2007, de 27 de noviembre, Sala 2ª, sec. 1 ª, repitiendo un argumento reiteradamente seguido en numerosas resoluciones anteriores, "No podemos olvidar, en ese sentido, que si bien algunas Resoluciones de este mismo Tribunal se muestran radicalmente exigentes con estos aspectos, aplicando, sin paliativos, la cuantía mínima legal de la cuota diaria, en ausencia de investigación sobre la capacidad económica del acusado ( STS de 3 de octubre de 1998 [RJ 19987106], por ejemplo), otras más recientes en el tiempo, por el contrario, admiten que, dada la amplitud de los límites cuantitativos previstos en la Ley, de dos a cuatrocientos euros, la imposición de una cuota diaria en la "zona baja" de esa previsión, por ejemplo en seis euros, como en este caso, no requiere de expreso fundamento ( STS de 26 de octubre de 2001 [RJ 20019619]). Interpretación que no ofrece duda alguna en su admisión cuando el total de la multa a satisfacer, por la cuantía verdaderamente reducida de la cuota (seis euros) o por los pocos días de sanción (al tratarse de la condena por una simple falta, por ejemplo), es verdaderamente nimia, hasta el punto de que su rebaja podría incurrir en la pérdida de toda eficacia preventiva de tal pena."

Así, las SSTS de 20 de noviembre de 2000 (RJ 20009549 ) y 15 de octubre de 2001 (RJ 20019421) afirman, la primera de ellas para una cuota de mil pesetas y la segunda incluso para la de tres mil, que la fijación de unas cuantías que o no superan siquiera las del salario mínimo o, en todo caso, llevan a una sanción, en el ámbito penal, incluso inferior a la que pudiera considerarse equivalente impuesta por la Administración en el ejercicio de su función sancionadora, no requieren mayor justificación para ser consideradas conforme a Derecho, puesto que "Una cifra menor habría que considerarla insuficientemente reparadora y disuasoria, por lo que la sanción penal no cumpliría adecuadamente su función de prevención general positiva" A su vez, la STS de 11 de julio de 2001 (RJ 20015961) insiste en que:

"El art. 50.5 del Código Penal señala que los Tribunales fijarán en la sentencia el importe de las cuotas diarias "teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo". Como señala la Sentencia num. 175/2001 de 12 de febrero (RJ 2001 280), con ello no se quiere significar que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse.

"La insuficiencia de estos datos no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición de la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto (200 ptas.), como pretende el recurrente, a no ser que lo que en realidad se pretenda es vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el Poder Legislativo en el Nuevo Código Penal convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico, en el que el contenido efectivo de las penas impuestas por hechos tipificados en el Código Penal acabe resultando inferior a las sanciones impuestas por infracciones administrativas similares, que tienen menor entidad que las penales, como señalaba la sentencia de esta Sala de 7 de junio de 1999 (RJ 19995550).

"Aplicando el criterio establecido en la referida sentencia de 7 de junio de 1999 si el ámbito legalmente abarcado por la pena de multa (de 200 a 50.000 ptas. de cuota diaria), lo dividiésemos hipotéticamente en diez tramos o escalones de igual extensión (de 4.980 ptas. cada uno), el primer escalón iría de 200 a 5.180 ptas., por lo que cuando se aplica la pena en la mitad inferior de este primer tramo, señalando por ejemplo una cuota diaria de mil ptas., ha de estimarse que ya se está imponiendo la pena en su grado mínimo, aún cuando no se alcance el mínimo absoluto. En estos supuestos si consta, por la profesión o actividad a que se dedica el acusado o por otras circunstancias genéricas, que no se encuentra en situación de indigencia o miseria, que son los supuestos para los que debe reservarse ese mínimo absoluto de 200 ptas. diarias, la pena impuesta debe reputarse correcta, aún cuando no consten datos exhaustivos sobre la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales."

Así, por ejemplo, la Sentencia 847/2007, de 8 de octubre, Sala 2ª, sec. 1 ª, rechaza el recurso contra la fijación de una cuota diaria de 12 euros sin prueba de los recursos económicos del reo, y mediando una declaración de insolvencia en el propio procedimiento, afirmando que "Desde luego, una declaración de insolvencia, por más que haya sido aprobada por la Audiencia Provincial, no puede considerarse como una prueba de indigencia, que es la única situación que habría de llevarnos a la necesidad de imposición de la cuota diaria mínima prevista en la ley, según conocida doctrina de esta sala."

Aplicando tal doctrina al caso que nos ocupa, la cuota se ha establecido en un margen mínimo (5 euros), dentro del amplio marco al que se ha hecho referencia (entre 2 y 400 euros), por tanto adecuada a una condición económica modesta, y ello en relación con una pena total de corta duración -treinta días, con lo que el resultado global de la penalidad es reducido. El recurrente simplemente afirma que no se ha tenido en cuenta su "capacidad económica", pero no aporta ningún dato a valorar, por lo que no desprendiéndose de sus alegaciones que tenga una situación de práctica indigencia que justifique la pena en su extensión mínima, o en un tramo inferior a los cinco euros impuestos, debe ratificarse la pena impuesta en la instancia. Ello sin perjuicio de que en caso de impago se aplique la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53, con su posible cumplimiento domiciliario, sustitución por trabajos e incluso suspensión.

CUARTO.- Se declaran de oficio las costas de esta alzada, con arreglo al art. 240 1º LECrim .

Vistos los artículos anteriormente citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. EL REY

Fallo

ESTIMO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por Sergio contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid de fecha 15 de septiembre de 2011 , dictada en Juicio de Faltas nº 750/2011; y en consecuencia REVOCO PARCIALMENTE dicha sentencia en el sentido de fijar la indemnización del perjudicado en la suma de 3.220 euros y DESESTIMO el recurso en todo lo demás.

Se declaran de oficio las costas de la apelación.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos principales al Juzgado de su procedencia para que se lleve a efecto lo acordado.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha de lo que yo, la Secretaria, doy fe.