Sentencia Penal Nº 117/2006, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 393/2006 de 04 de Octubre de 2006

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00117/2006

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Sección nº 002

Rollo : 393 /2006 JV

Órgano Procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de PONTEVEDRA

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO n? 0000325 /2004

SENTENCIA Nº 117

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ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Presidente:

D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO

Magistrados

D. LUCIANO VARELA CASTRO

DÑA. ROSARIO CIMADEVILA CEA

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PONTEVEDRA, cuatro de Octubre de dos mil seis

VISTO, por esta Sección 002 de esta Audiencia Provincial la causa instruida con el número

0000393 /2006, el recurso de apelación interpuesto por el Procurador PEDRO ANTONIO LOPEZ

LOPEZ, en representación de Aurora , contra Sentencia dictada por el JDO. DE

LO PENAL nº 01 DE PONTEVEDRA; habiendo sido parte en él el mencionado recurrente y el

Ministerio Fiscal, en la representación que le es propia, actuando como Ponente el Magistrados D.

JOSE JUAN BARREIRO PRADO.

Antecedentes

PRIMERO.- En el acto del juicio oral, de referencia se dictó Sentencia con fecha 15 de febrero de 2006 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo CONDENAR Y CONDENO como autora penalmente responsable de un delito de robo con intimidación y uso de armas, a la acusada Aurora , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de TRES AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con su accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales".

Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada:

"Probado y así se declara que sobre las 3,00 horas del día once de mayho de dos mil cuatro, Aurora , de la que no constan antecedentes penales, se aproximó a Carlos Alberto cuando se hallaba en la calle José Manuel Pintos, en las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Pontevedra, solicitándole una determinada cantidad de dinero para mantener relaciones sexuales con el mismo, y una vez accedió, se acerco otro individuo contra el que se sigue procedimiento independiente y con el que se había puesto de acuerdo, exhibiéndole la acusada a Carlos Alberto una navaja amenazándole con que le rajaba si no le entregaba el dinero y objetos que llevaba, consiguiendo así unos doscientos euros aproximadamente, un crucifijo, una medalla de plata, nueve cupones de la ONCE y una calculadora cuyo valor se estima en 80 euros. Abandonando el lugar la acusada en compañía del otro sujeto se dirigieron a la zona del Bao, donde fueron detenidos por funcionarios policiales a los que había llamado el perjudicado, identificando a la acusada como la autora de los hechos por las señas identificativas que les había proporcionado Carlos Alberto , ocupándosele en poder de Aurora 90,53 euros y los cupones de la ONCE y en poder de su acompañante, una navaja, varias agujas hipodérmicas y 106,05 euros".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso recurso de apelación que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones.

TERCERO.- Dado traslado del escrito de formalizacion del recurso al Ministerio Fiscal, se presento escrito de impugnacion en base a la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho solicitando su confirmacion.

CUARTO.- Por el Juzgado de lo penal más arriba referido se remitieron a este Tribunal los Autos originales con todos los escritos presentados para resolver.

Hechos

Se aceptan y se dan por reproducidos los hechos que en la sentencia recurrida se declaran probados.

Fundamentos

PRIMEIRO.- O recurso de apelación formulado por Aurora contra a sentenza que na instancia a condenou como autora dun delito de roubo con intimidación e uso de armas, previsto e penado nos artigos 242.1 e 2 do Código Penal, baséase no suposto erro cometido na apreciación e valoración da proba practicada.

Ao pronunciamento condenatorio de mención chegou a Maxistrada-Xuíz a quo logo de, a teor do artigo 741 da Lei de Axuizamento Criminal, valorar en conciencia o material probatorio perante ela despregado e, sobre todo, a incriminatoria declaración da propia vítima do roubo.

SEGUNDO.- O dereito á presunción de inocencia, consagrado no artigo 24 da Constitución española, implica que toda persoa acusada dun delito debe ser considerada inocente ata que se demostre a súa culpabilidade de acordo coa Lei (artigo 11 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos; artigo 6.2 do Convenio para a Protección dos Dereitos Humanos e das liberdades fundamentais; e artigo 14.2 do Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos). A alegación daquela presunción como tal obriga aos Tribunais a concienzudamente reparar en se a proba de cargo que se poida ter practicado ten o suficiente contido incriminatorio, se foi obtida e incorporada ao xuízo oral con respecto aos dereitos fundamentais e consonte as normas que regulan a súa práctica de xeito que se poida considerar acreditada a realidade duns feitos concretos, coas súas circunstancias agravatorias relevantes xurídico-penalmente, e a participación ou intervención do acusado nos mesmos.

Só se pode considerar proba de cargo de signo incriminatorio ou de cargo a que, por unha banda, se obteña sen vulneración de dereitos fundamentais, directa ou indirectamente conforme require o artigo 11.1 da Lei Orgánica do Poder Xudicial e, por outra banda, que fose practicada no plenario ou xuízo oral, ou nos casos de proba anticipada ou preconstituída, na fase de instrucción sempre que fose imposible a súa reproducción naquel fundamental acto e que se garantice o exercicio do dereito de defensa e a posibilidade de contradicción (SSTC 34/96, 102/94, 303/93, 138/92, e 76/90 ).

Coa lembranza de que o dereito á presunción de inocencia só acada á total ausencia de proba, e non aos casos nos que nos autos existe un mínimo de actividade probatoria de cargo, razoablemente suficiente e producida no xuízo oral coas debidas garantías procesuais (SSTS 20/2001, do 28 de marzo, 26 de setembro 2003, 21 decembro 1999, e 7 abril 1992), a recente STS 4602/2006 , do 20 de xullo, xusto analiza o caso de que se debe entender por proba de cargo para desvirtuar a presunción de inocencia sentando a doutrina que xa deixamos reflectida, e chegando á conclusión de que resulta perfectamente encadrable dentro daquela a declaración dunha sóa testemuña aínda que se trate da propia vítima.

Subliña a citada STS 4602/2006 , do 20 de xullo: "La declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino prueba directa y ha sido atendida como prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo (SS. 706/2000, 313/2002, 224/2005 ), como del Tribunal Constitucional (SS. 201/89, 173/90, 229/91 ). Así la STS 30-1-99 destaca que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical, siempre que se practiquen con las debidas garantías y son hábiles por si solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y de manera especifica en los delitos en que por las circunstancias en que se cometen no suele concurrir la presencia de otros testigos bien entendido que cuando es la única prueba de cargo exige una cuidada y prudente valoración por el tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurran en la causa, precisando la STS 29-4-99 con que no basta la sola afirmación de confianza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, la afirmación ha de ir acompañada de una argumentación y esta ha de ser razonable por encontrarse apoyada en determinados datos o circunstancias.

También ha declarado el Tribunal Supremo en muchas ocasiones - por ejemplo 29-12-97 - que la situación limite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito.

El riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inicio el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose más acentuado aún si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación el propio acusador. Basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien la acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no solo es única prueba de la supuesta autoría del acusado, sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de indefensión para el acusado cuando la acusación fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan precisa en su circunstancia o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario. En consecuencia esta Sala ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos:

1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran concluir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.

2º) Verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio - declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso - sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (arts. 109 y 110 LECrim ) en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.

3º) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad (SS. 28-9-88, 26-3 y 5-6-92, 8-11-94, 11-10-95 , 13-4- 96)".

As tres anteriores notas ou circunstancias non teñen porque concorreren á vez e todas unidas para que o Tribunal poida ter a declaración da vítima como proba de cargo suficiente. Ao respecto a STS 19 decembro 2003 sinalaba que "cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y víctima, en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad, puede ocurrir que las manifestaciones de esta última tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza, enemistad o cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible es solamente una llamada de atención para realizar un filtro numeroso de sus declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aún teniendo estas características, tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva".

Tendo ben presente todo o anterior, a verdade é que a declaración do denunciante-vítima no acto do xuízo oral non ofrece a máis mínima dúbida verbo do sentido incriminatorio para a acusada e agora apelante. A credibilidade do testemuño, a súa convicción, e o grao de verosimilitude da narracción da vítima, enervan a constitucional presunción de inocencia que amparaba á recorrente canto máis que certos detalles ou circunstancias periféricas contribúen á firmeza de tal convicción.

Deste xeito, e coa sentenza apelada, cómpe dicir que Carlos Alberto sempre declarou que Aurora , empregando contra el un obxeto punzante (navalla) e aproveitando o concurso amedentrador doutra persoa, apoderouse do diñeiro e demais efectos que levaba, fuxindo a autora do roubo cara ao Bao. Avisada a policía de tal feito, con descripción das características da autora dos feitos, e do diñeiro e concretos efectos sustraídos, axentes desta deron con aquela, sendo inmediatamente recoñecida polo denunciante-vítima, e ocupándoselle tanto á apelante como ao seu daquela acompañante unha navalla e varias agullas hipodérmicas, xusto os cartos que previamente o denunciante referira substraídos (case que douscentos euros), os cupóns da Once e, entre o diñeiro, un billete pegado con cinta adhesiva, tal cal así todo isto o relatara a vítima con anterioridade á detención da agora recorrente. Velaí que no presente caso concorren as tres notas ou requisitos nomeados para validademente poder ter por enervadora da presunción de inocencia a declaración da vítima, ao nin tan sequera coñecerse de antes a denunciada e a vítima, a persistencia por esta na súa declaración (non empañada porque o obxeto punzante exhibido primeiro se referise que fora unha navalla e despois no xuízo oral se dubidase se fora unha xiringa, pois ambas cousas lle foron ocupadas ao acompañante da acusada-apelante), e a notoria corroboración periférica a través das nomeadas circunstancias da incriminación da vítima (coincidencia entre os cartos que se dicían sustraídos e os ocupados á apelante, e posesión por esta dos cupóns da Once, e dun billete pegado con celo). Polo demais, as explicacións que intentou dar a propia acusada no relativo á posesión de tales obxetos non resultaron cribles e mesmo incorreron nas contradiccións co previamente declarado na fase instructora como así o reflicte a Xulgadora a quo previa a constatación e posta de manifestou daquel contraste á apelante.

TERCEIRO.- Os feitos aconteceron o 11 de maio de 2004, sendo xulgados o 13 de febreiro de 2006, e sentenzados o seguinte día 15, mediando así un ano e nove meses entre a primeira e a última data que, efectivamente, podendo ser máis breve, o certo é que por ningures xustifica a aplicación da atenuante analóxica do artigo 21.6ª do Código Penal, como tamén se pedía no recurso de apelación e, amais, aínda a súa consideración como tal resultaría inócua a efectos penolóxicos se se repara en que a pena imposta foi a de tres anos e seis meses de prisión e a esta mesma se chegaría coa atenuante de mención (artigo 66.1.1ª do Código Penal).

CUARTO.- Impóñense as custas da presente alzada á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.

Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Aurora , contra Sentencia dictada con fecha en el PROCEDIMIENTO ABREVIADO nº 325 /2004, por el JDO. DE LO PENAL nº 001 DE PONTEVEDRA, debemos CONFIRMAR dicha sentencia, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.