Sentencia Penal Nº 1220/2003, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Rec 3829/2001 de 01 de Octubre de 2003

PRIMERO.- El acusado formaliza un primer motivo, al amparo del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se le han denegado diligencias de prueba y se le ha ocasionado indefensión.

1.- La prueba denegada, que considera esencial, consistía en un informe de un perito técnico informático, para que examinase los disquetes y sobre ellos se realizase un análisis contale con la finalidad de compararlo con las diversas pruebas documentales.

Refleja en su escrito que, dicha prueba, se solicitó ante el Juzgado de Instrucción que, sin resolver sobre lo pedido en el escrito de defensa, acordó remitir la causa a la Audiencia Provincial. Después de varias vicisitudes procesales con sucesivos recursos de reforma, se entendió que debía ser la Audiencia Provincial la que resolviera sobre lo pedido. La Audiencia Provincial, por Auto de 5 de Noviembre de 2001, inadmitió todas las pruebas propuestas por la defensa del acusado salvo la testifical, por lo que considera que se le causó indefensión.

2.- Una vez más, hemos de repetir la posición de esta Sala, de acuerdo con los Textos Internacionales, la Constitución y nuestra Ley Procesal, sobre cual es la extensión que hay que dar al derecho a utilizar las pruebas necesarias para el descargo de cualquier persona acusada de un hecho delictivo.

Es evidente que no se puede abrir, de una manera inmoderada, la vía de la absoluta e ilimitada posibilidad de solicitar pruebas, porque ello daría lugar a un bloqueo del proceso y a la imposibilidad material de llevar a efecto el enjuiciamiento en un plazo razonable. Por ello los órganos judiciales, encargados de admitir o denegar las pruebas, deben ponderar, en cada caso concreto, el alcance y transcendencia de la prueba solicitada y su relación directa o indirecta con la esencia del tema objeto de debate. Además, también hay que tomar en consideración, la posibilidad material de llevar a efecto la prueba, cuando por sus características se llegue a la conclusión de que existen dificultades insuperables, para proporcionarse los elementos probatorios pedidos por las partes.

3.- En el caso presente, como ya hemos dicho, la solicitud se realiza ante el Juez Instructor y termina siendo confirmada la denegación por la Audiencia Provincial, que de manera que trata de justificar el fundamento jurídico, se ampara en la tácita denegación y en la necesidad de una mayor celeridad en el proceso.

Dichos argumentos no serían suficientes para justificar, en abstracto, la denegación, pero si proyectamos la decisión sobre el aspecto concreto de la prueba solicitada, se llega a la conclusión, por la propia manifestación del acusado solicitante de la misma, que se trata de unos disquetes sustraidos a la empresa, lo cual en sí mismo no hubiera inhabilitado totalmente la prueba, pero además la finalidad de comprobar el contenido de los disquetes, estaba encaminada a contraatacar frente al querellante demostrando que había incurrido en irregularidades fiscales y contables. Esta forma de reaccionar, demuestra que la prueba no iba a afectar para nada a la imputación que se le había formulado de falsedad y estafa y que sólamente pretendía, en cierto modo, comprometer al querellante en problemas de carácter tributario que, sin perjuicio de su certeza o inveracidad, para nada afectaban a las manipulaciones en documento mercantil y a la defraudación que se imputa al acusado.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.- El motivo segundo y última de este recurrente se plantea por la vía del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se ha vulnerado, por aplicación indebida, el artículo 250.1.6º del Código Penal por estimar que el delito de estafa no ofrece especial gravedad teniendo en cuenta la entidad del perjuicio.

1.- A la vista de las circunstancias que concurren en el presente caso, estima que no se puede estimar la agravante aplicada. No se ha motivado suficientemente, en función de las característas de los hechos, sobre la justificación de una pena agravada, lo que la origina una grave indefensión, al no poder combatir los puntos deternminantes de la posición de la Sala sentenciadora.

2.- La inclusión de un concepto económico valorativo, en la descripción de la comisión de un delito de estafa y de su resultado, plantea ciertos problemas porque, en principio, no sólo los criterios cuantitativos o macroeconómicos pueden ser tenidos en cuenta. Es necesario, además, valorar íntegramente y debidamente combinados, todos los parámetros que marca el legislador, al señalar los elementos componentes de la agravante.

Los factores que contribuyen a configurar la gravedad o entidad de la estafa o defraudación son, unos de carácter objetivo como la cuantía y, otros una serie de elementos circunstanciales y relativos, como los perjuicios adicionales y la situación en la que se coloca a la víctima. El valor objetivo, es el que nos obliga a marcar inicialmente una línea que tiene, un carácter uniforme, para toda clase de estafas y los otros dos factores variables nos permiten movernos, en algunos casos, por encima o incluso, por debajo, de esa línea delimitadora.

3.- Como es lógico, al haberse establecido, hace tiempo esta agravante, la jurisprudencia de esta Sala ha tenido oportunidad de ir acomodando la cifra objetiva a las evoluciones de los índices económicos, que hacen, en cada tiempo o período de tiempo, situarnos en una u otra cota. Ultimamente hemos fijado una cifra que, partiendo de las antiguas pesetas suponen seis millones exactos y su equivalente en euros de 36.060,73 euros, lo que no concurre en el caso presente. La sentencia ha fijado el alcance de la defraudación en 5.297.893 pesetas lo que, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un perjudicado que tiene un capacidad económica, de cierta relevancia, nos obliga a descartar la agravante.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.

PRIMERO.- El acusado formaliza un primer motivo, al amparo del artículo 850.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por estimar que se le han denegado diligencias de prueba y se le ha ocasionado indefensión.

1.- La prueba denegada, que considera esencial, consistía en un informe de un perito técnico informático, para que examinase los disquetes y sobre ellos se realizase un análisis contale con la finalidad de compararlo con las diversas pruebas documentales.

Refleja en su escrito que, dicha prueba, se solicitó ante el Juzgado de Instrucción que, sin resolver sobre lo pedido en el escrito de defensa, acordó remitir la causa a la Audiencia Provincial. Después de varias vicisitudes procesales con sucesivos recursos de reforma, se entendió que debía ser la Audiencia Provincial la que resolviera sobre lo pedido. La Audiencia Provincial, por Auto de 5 de Noviembre de 2001, inadmitió todas las pruebas propuestas por la defensa del acusado salvo la testifical, por lo que considera que se le causó indefensión.

2.- Una vez más, hemos de repetir la posición de esta Sala, de acuerdo con los Textos Internacionales, la Constitución y nuestra Ley Procesal, sobre cual es la extensión que hay que dar al derecho a utilizar las pruebas necesarias para el descargo de cualquier persona acusada de un hecho delictivo.

Es evidente que no se puede abrir, de una manera inmoderada, la vía de la absoluta e ilimitada posibilidad de solicitar pruebas, porque ello daría lugar a un bloqueo del proceso y a la imposibilidad material de llevar a efecto el enjuiciamiento en un plazo razonable. Por ello los órganos judiciales, encargados de admitir o denegar las pruebas, deben ponderar, en cada caso concreto, el alcance y transcendencia de la prueba solicitada y su relación directa o indirecta con la esencia del tema objeto de debate. Además, también hay que tomar en consideración, la posibilidad material de llevar a efecto la prueba, cuando por sus características se llegue a la conclusión de que existen dificultades insuperables, para proporcionarse los elementos probatorios pedidos por las partes.

3.- En el caso presente, como ya hemos dicho, la solicitud se realiza ante el Juez Instructor y termina siendo confirmada la denegación por la Audiencia Provincial, que de manera que trata de justificar el fundamento jurídico, se ampara en la tácita denegación y en la necesidad de una mayor celeridad en el proceso.

Dichos argumentos no serían suficientes para justificar, en abstracto, la denegación, pero si proyectamos la decisión sobre el aspecto concreto de la prueba solicitada, se llega a la conclusión, por la propia manifestación del acusado solicitante de la misma, que se trata de unos disquetes sustraidos a la empresa, lo cual en sí mismo no hubiera inhabilitado totalmente la prueba, pero además la finalidad de comprobar el contenido de los disquetes, estaba encaminada a contraatacar frente al querellante demostrando que había incurrido en irregularidades fiscales y contables. Esta forma de reaccionar, demuestra que la prueba no iba a afectar para nada a la imputación que se le había formulado de falsedad y estafa y que sólamente pretendía, en cierto modo, comprometer al querellante en problemas de carácter tributario que, sin perjuicio de su certeza o inveracidad, para nada afectaban a las manipulaciones en documento mercantil y a la defraudación que se imputa al acusado.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

SEGUNDO.- El motivo segundo y última de este recurrente se plantea por la vía del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por estimar que se ha vulnerado, por aplicación indebida, el artículo 250.1.6º del Código Penal por estimar que el delito de estafa no ofrece especial gravedad teniendo en cuenta la entidad del perjuicio.

1.- A la vista de las circunstancias que concurren en el presente caso, estima que no se puede estimar la agravante aplicada. No se ha motivado suficientemente, en función de las característas de los hechos, sobre la justificación de una pena agravada, lo que la origina una grave indefensión, al no poder combatir los puntos deternminantes de la posición de la Sala sentenciadora.

2.- La inclusión de un concepto económico valorativo, en la descripción de la comisión de un delito de estafa y de su resultado, plantea ciertos problemas porque, en principio, no sólo los criterios cuantitativos o macroeconómicos pueden ser tenidos en cuenta. Es necesario, además, valorar íntegramente y debidamente combinados, todos los parámetros que marca el legislador, al señalar los elementos componentes de la agravante.

Los factores que contribuyen a configurar la gravedad o entidad de la estafa o defraudación son, unos de carácter objetivo como la cuantía y, otros una serie de elementos circunstanciales y relativos, como los perjuicios adicionales y la situación en la que se coloca a la víctima. El valor objetivo, es el que nos obliga a marcar inicialmente una línea que tiene, un carácter uniforme, para toda clase de estafas y los otros dos factores variables nos permiten movernos, en algunos casos, por encima o incluso, por debajo, de esa línea delimitadora.

3.- Como es lógico, al haberse establecido, hace tiempo esta agravante, la jurisprudencia de esta Sala ha tenido oportunidad de ir acomodando la cifra objetiva a las evoluciones de los índices económicos, que hacen, en cada tiempo o período de tiempo, situarnos en una u otra cota. Ultimamente hemos fijado una cifra que, partiendo de las antiguas pesetas suponen seis millones exactos y su equivalente en euros de 36.060,73 euros, lo que no concurre en el caso presente. La sentencia ha fijado el alcance de la defraudación en 5.297.893 pesetas lo que, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un perjudicado que tiene un capacidad económica, de cierta relevancia, nos obliga a descartar la agravante.

Por lo expuesto el motivo debe ser estimado.