Sentencia Penal Nº 126/2020, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2, Rec 22/2020 de 10 de Junio de 2020

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2
MURCIA
SENTENCIA: 00126/2020
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
AUDIENCIA TLF: 968 22 91 41/2 FAX: 968 229278
2- EJECUCION, TLF: 968 205011, FAX: 968 834250
Teléfono: 0
Correo electrónico:
Equipo/usuario: MRG
Modelo: N545L0
N.I.G.: 30030 43 2 2018 0027817
ADL APELACION JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000022 /2020
Juzgado procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 2 de MURCIA
Procedimiento de origen: JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000086 /2019
Delito: COACCIONES
Recurrente: Simón
Procurador/a: D/Dª LEOPOLDO GONZALEZ CAMPILLO
Abogado/a: D/Dª JOSE MIGUEL MARTINEZ SAURA
Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Victoriano
Procurador/a: D/Dª ,
Abogado/a: D/Dª , DAVID ENRIQUE GARCIA GOMEZ
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MURCIA
SECCION SEGUNDA
ROLLO APELACION ADL 22/2019
JUZGADO PENAL MURCIA 2
LEV 86/2019
Ilmo. Sr.

D. JAIME BARDAJI GARCIA
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
SENTENCIA nº 126/2020
En la ciudad de Murcia a 10 de Junio de 2020
Visto por esta Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia en la causa arriba referenciada el
recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. González Campillo en nombre y representación de
Simón asistido del Letrado Sr. Martínez Saura contra la Sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2019 dictada
por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia en el Juicio LEV 86/2019 , habiendo sido partes el mencionado
recurrente y como apelados el Ministerio Fiscal y Victoriano asistido del Letrado Sr. García Gómez, actuando
como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jaime Bardají García.

Antecedentes

PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2019 en la que constan como Hechos Probados los siguientes: 'Unico.- Simón ocupa como vivienda el altillo de una nave industrial alquilada por el denunciado, Sr. Victoriano sita en Camino Villa Bernal nº 3 y 5 de El Palmar.

El inicio de la ocupación se produjo con el consentimiento del denunciado al conocer que carecía de lugar para pernoctar sin que el Sr. Simón abone ninguna cantidad en concepto de electricidad. En las últimas fechas el denunciado ha requerido al denunciante para que abandone este altillo negándose reiteradamente el Sr. Simón . El día 17 de Diciembre de 2018 el Sr. Victoriano provocó un corte en el suministro eléctrico de este altillo dejando sin electricidad e iluminación al denunciante durante cuatro o cinco días.' y, cuya parte dispositiva o fallo es del siguiente tenor literal: 'Que debo absolver y absuelvo a Victoriano del delito leve que se le imputaba'.



SEGUNDO.- Contra dicha sentencia por el Procurador Sr. González Campillo actuando en nombre y representación de Simón interpuso recurso de apelación en base a las alegaciones que hizo constar en su escrito y en el que terminaba solicitando la condena del denunciado como autor responsable de un delito leve de coacciones a la pena de un mes multa a razón de tres euros diarios y en concepto de responsabilidad civil la condena del denunciado de indemnizar al denunciante en la suma de 807,80 € por el valor de 14 cajas de insulina que necesitan refrigeración y costas.



TERCERO.- Que el Letrado Sr. García Gómez actuando en defensa y representación de Victoriano presentó escrito de oposición al recurso de apelación en base a los motivos que alega y en el que terminaba interesando la desestimación del recurso y la confirmación de la recurrida. El Ministerio fiscal formuló escrito de impugnación del recurso de apelación presentado de adverso.



CUARTO.- Que elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial y, recibidas que fueron, se acordó la formación del oportuno rollo y su registro con el número ADL 22/2020, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Jaime Bardají García, quien expresa el parecer de la Sala.



QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado en lo esencial las prescripciones establecidas en la ley.

HECHOS PROBADOS Se aceptan y dan por reproducidos los hechos probados de la sentencia apelada

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que absuelve al denunciado del delito de coacciones leves del artículo 172.3 del CP, como primer motivo de interposición del recurso alega el recurrente quebrantamiento de las normas y garantías procesales por entender que el denunciante acudió a la vista sin abogado que lo defendiera. Olvida el recurrente que en el ámbito del procedimiento para el juicio sobre delitos leves no resulta preceptiva la intervención de abogado pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 967.1 de la LECr 'en las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse'. Sólo se aplicarán las reglas generales de defensa y representación para el enjuiciamiento de los delitos leves que lleven aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea al menos de seis meses, lo que no es el caso, pues el delito de coacción de carácter leve se castiga con la pena de multa de uno a tres meses.



SEGUNDO.- Se alega en el segundo de los motivos invocados error en la apreciación de la prueba y en el tercero, consecuentemente, infracción de las normas del ordenamiento jurídico por inaplicación del delito de coacciones leves del artículo 172.3 del CP.

Como ha señalado el Tribunal Supremo en Auto de 16 enero 2014, preciso es recordar que 'el criterio restrictivo implantado por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a la extensión del control del recurso de apelación sobre las sentencias absolutorias cuando se dirimen cuestiones de hecho relacionadas con la apreciación de pruebas personales, criterios instaurados por la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002, que se han visto reafirmados y reforzados en numerosas resoluciones posteriores del mismo Tribunal (SSTC 170/2002, 118/2003, 192/2004, 199/2005, 229/2005, 90/2006, 360/2006, 15/2007, 64/2008, 115/2008, 177/2008, 3/2009 y 118/2009, entre otras). En esas resoluciones el Tribunal Constitucional considera que se vulnera el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal de la revisión sin respetar los principios de inmediación y contradicción, procede a revisar y corregir la valoración o ponderación de las pruebas efectuadas por el juez de instancia y revoca, en virtud de una reinterpretación de unas pruebas que no ha practicado, la sentencia absolutoria apelada'. El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa impide, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión'. Precisando la anterior doctrina, la sentencia del Tribunal Constitucional 19/2005 de 1 de febrero señala que es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. E igualmente, hemos sostenido que la constatación del anterior vulneración determina también la del derecho a la presunción de inocencia si los aludidos medios de prueba indebidamente valorados en la segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se fundamente la condena'.

La modificación de los hechos declarados como probados en la sentencia apelada y la condena en segunda instancia de quien fue absuelto en la primera, sólo resultaría posible en los siguientes casos: 1) Si la condena se hubiera de fundar en una distinta calificación jurídica de los hechos que se tuvieron como probados en la sentencia recurrida, señalando la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2006 del 13 marzo 'que no es aplicable la doctrina sentada por la sentencia 167/2002 a aquellos supuestos en los que el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria es una cuestión estrictamente jurídica sobre la base de unos hechos que la sentencia de instancia también considera acreditados, para cuya resolución no es necesario oir al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado' 2) Si la condena hubiera de fundarse en la nueva valoración de la prueba documental pues la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2006 antes citada ya razonaba que, 'sin embargo, este tribunal también ha afirmado expresamente que existen otras pruebas y en concreto la documental, cuya valoración si es posible en segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal, porque dada su naturaleza, no precisa de inmediación'.

3) Si la condena hubiera de fundarse en prueba pericial cuando se valorase únicamente el informe escrito pues la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2006 con cita de la 143/2005 de 6 de junio también señala que 'la prueba pericial entonces practicada, dada su naturaleza y el delito enjuiciado, si podría ser valorada en este caso sin necesidad de oír a los peritos y de reproducir íntegramente el debate procesal, en cuanto que en el documento escrito de los citados informes periciales están expuestas las razones que pueden hacer convincentes las conclusiones a las que estos informes llegan'.

4) Si la condena hubiera de fundarse en prueba de indicios siempre que los hechos base de la inferencia aparezcan en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida o procedan de la valoración de la prueba documental o pericial escrita, así la sentencia del Tribunal Constitucional 74/2006 señala que 'los indicios se extraen de la propia sentencia de instancia y de la prueba documental obrante en autos y que se dio por reproducida en el acto del juicio, a partir de los cuales se realiza una inferencia, para lo cual no era necesario reproducir en la segunda instancia el debate procesal con inmediación y contradicción, puesto que se trata simplemente de efectuar una reducción conforme a las reglas de la lógica y experiencia a la que ninguna garantía adicional añade la reproducción de un debate público en contacto directo con los intervinientes en el proceso'.



TERCERO.- Así las cosas, tratándose de sentencias absolutorias, cuando la revisión se centra en la apreciación de la prueba personal, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, siempre que por la índole de las mismas sea exigible la inmediación y la contradicción, debiendo afirmarse que incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras pruebas de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional no permite la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia cuando no se han practicado las pruebas personales con arreglo a tales principios ante el Tribunal ad quem ( STC 198/2002 y 230/2002), de forma que sólo podrán dejarse sin efecto la apreciación de las pruebas personales practicadas en la instancia cuando la valoración probatoria expresada por el juzgador a quo vulnere la tutela judicial efectiva por resultar absurda, irracional o arbitraria ( STC 530/2003 y 12/2004).

La Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 127/2010, de 2 de diciembre (Pte. Gay Montalvo), sintetiza en su Fundamento Jurídico 2: 'En relación con el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) en supuestos de condena en segunda instancia, es jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 49/2009, de 23 de febrero, FJ 2 ; 30/2010 de 17 de mayo , FJ 2), que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por ello, se ha apreciado la vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en los que, tras ser dictada una Sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una Sentencia condenatoria justificada en una diferente valoración de pruebas, como las declaraciones de los acusados o declaraciones testificales que por su carácter personal no podían ser valoradas de nuevo sin su examen directo en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. (por todas, STC 217/2006, de 3 de julio , FJ 1; 36/2008, de 25 de febrero , FJ 5; 49/2009, de 23 de febrero , FJ 2; y 144/2009, de 15 de junio , FJ 2).' Dicha doctrina jurisprudencial fue incorporada en la LECr por Ley 41/2015, cuando en su art. 792.2 estableció: ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del art. 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa'.

Pero para que se pueda dictar un pronunciamiento de nulidad es necesario que exista solicitud de parte. Así, el párrafo segundo del apartado art. 240.2 de la LOPJ indica: 'En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal'.

En nuestro caso, la pretensión deducida por el apelante en su escrito de interposición del recurso a fin de que se revoque la sentencia de instancia y el dictado en segunda instancia de una nueva resolución por la que se condene al acusado por el delito leve de coacciones deviene insostenible a la vista de la regulación legal y doctrina jurisprudencial señalada.

A mayor abundamiento, ningún error en la apreciación de la prueba personal puede entender producido pues reconociéndose en la apelada conforme al factum el corte de suministro eléctrico efectuado por el denunciado del altillo de la nave industrial que el denunciante venía disfrutando como vivienda, tal actuación en modo alguno vio cercenado el derecho de uso del citado altillo que se disfrutaba en precario con el consentimiento del denunciante pues como señala el juzgador a quo no puede obviarse que el denunciante no es titular del contrato con la suministradora de energía eléctrica, ni el denunciado estaba obligado a permitir que el denunciante efectuase dicho consumo eléctrico. Sólo podría apreciarse una conducta constitutiva del delito de coacciones en aquellos casos en que se hubiere impedido o cercenado el disfrute del altillo que como vivienda utilizaba el denunciante en situación de precario, mediante, por ejemplo, el cambio de cerradura de la puerta de acceso al mismo, más no en el caso presente en que a virtud de dicha situación de precario el denunciado no estaba obligado a abonar el consumo eléctrico del altillo efectuado por el denunciante. No apreciándose la ilicitud del acto, procede la desestimación del motivo, así como la del tercero de los invocados por infracción del artículo 172.3 del CP.



CUARTO.- Alega el recurrente en el cuarto de los motivos invocados nulidad del juicio por infracción de normas y garantías procesales con producción de indefensión. No concreta el apelante la razón por la cual entiende procede la nulidad del juicio ni la causa por la que entiende se ha producido infracción de normas y garantías procesales, limitándose a invocar el artículo 18 de la CE de la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 790.2 de la LECr 'si en el recurso se pidiere la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresaran las razones de la indefensión'.

No habiéndose expresado en el recurso las normas legales que se consideran infringidas ni, tampoco, las razones por las que el recurrente considera que se le ha generado indefensión, procede rechazar de plano el motivo de apelación alegado.



QUINTO.- Procede rechazar la solicitud de prueba en segunda instancia formulada por el recurrente como documental médica 'Uno' y explicaciones y detalles varios de los vídeos como 'documento Dos', al no encontrarnos ante ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 790.3 de la LECr.

Vistas las disposiciones legales citadas y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

ACUERDO DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. González Campillo en nombre y representación de Simón contra la Sentencia de fecha 19 de Septiembre de 2019 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia en méritos del Juicio por delito leve LEV 86/2019 , la que se confirma, con declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de conformidad con lo establecido en el artículo 248-4º de la LOPJ .

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.