Sentencia Penal Nº 13, Audiencia Provincial de A Coruña, Rec 3 de 16 de Mayo de 2000

El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de una falta de estafa el art. 623.4 del Código Penal, un delito de robo con intimidación, previsto y penado en los arts. 237 y 242-1 y 2 del Código Penal, un delito de detención ilegal del art. 163.1 del Código Penal, y un delito de amenazas del art. 169.2° del mismo cuerpo legal, de los que consideró autor al acusado Miguel I.L., con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia en el delito de robo, n o concurriendo para los otros delitos; interesando se le impusieran las penas de: cuatro fines de semana de arresto por la falta de estafa, prisión de cinco años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de robo, cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de detención ilegal y un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de amenazas. Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de robo con intimidación en las personas, agravado por uso de arma blanca, previsto y penado en los arts. 237 y 242. 1 y 2, del Código Penal, de un delito de amenazas, castigado en el art. 169-2° del mismo Código, y de un delito de coacciones, tipificado y penado en el art. 172 del mismo Cuerpo Legal. El tercer delito requiere un razonamiento más amplio: el Ministerio Fiscal imputó al acusado la comisión de un delito de detención ilegal del art. 163.1 del Código Penal, dado que, en el caso, la privación de la libertad deambulatoria del conductor del automóvil, casi unas dos horas, excedió del tiempo necesario para la perpetración del robo. Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta (art. 123 del Código Penal).