Sentencia Penal Nº 131/2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 3, Rec 325/2019 de 06 de Marzo de 2019

Encabezamiento

Sección nº 03 de la Audiencia Provincial de Madrid
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Teléfono: 914934543,914934731
Fax: 914934542
Grupo de trabajo : AAG
37050100
N.I.G.: 28.151.41.1-2013/0200518
Apelación Juicio de Faltas 325/2019
Origen :Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Torrelaguna
Juicio de Faltas 366/2013
SENTENCIA NUM:131/2019
En Madrid, a 6 de marzo de 2019.
El Ilmo. Sr. D. Agustín Morales Pérez Roldan, Magistrado de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial,
actuando como Tribunal Unipersonal, al amparo de lo previsto en el artículo 82 de la LOPJ en turno de reparto,
ha visto en segunda instancia, ante esta Sección Tercera, la presente apelación contra Sentencia dictada por
el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelaguna, en el Juicio de Faltas seguido ante dicho Juzgado
bajo el número 366/13, habiendo sido partes como apelante Rodrigo .

Antecedentes

PRIMERO.- En el indicado juicio de faltas se dictó sentencia el día 19 de noviembre de 2018 con el siguiente fallo: ' Que debo condenar y condenó a Rodrigo como autor de un delito leve de coacciones previsto y penado en el artículo 172.3, a la pena de 3 meses de multa con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad subsidiaria del artículo 53 CP en caso de impago, así como al pago de las costas derivadas de este procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por Rodrigo , que ha sido admitido a trámite, acordándose por el Juzgado dar traslado al resto de partes. Recibidas las actuaciones el día 4 de marzo de 2019, se acordó la formación del Rollo, al que correspondió el número 325/19, acordándose por la Sala se dictase la resolución correspondiente por el Magistrado Unipersonal reseñado al principio de la presente.

HECHOS PROBADOS Se admiten los hechos declarados probados de la sentencia impugnada.

Fundamentos

PRIMERO .- En el recurso que se somete a la consideración de este Tribunal, que en su integridad se da por reproducido expresamente, se invoca por la parte apelante la prescripción de la falta al haber transcurrido con creces el plazo de seis meses; de considerarse los hechos como delito leve su prescripción y el error en la aplicación del tipo penal y en la valoración de la prueba con vulneración de la presunción de inocencia, aduciendo la atenuante de dilaciones indebidas

SEGUNDO .- La prescripción de las infracciones penales, que no se identifica con el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, consiste en la renuncia expresa del ejercicio del derecho a penar por parte del Estado, por razones de política criminal, en atención a que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos del delito y los suprime de la memoria social, de manera que la pena deja de ser necesaria para la existencia y pervivencia del orden jurídico, incluso incidiría negativamente en la finalidad primordial de resocialización del sujeto; ello exige que la duración de los plazos descriptivos esté relacionada con la gravedad de la acción cometida. Se apoya también en razones de seguridad jurídica en cuanto al fondo, y de obligación del impulso procesal de oficio en la administración de la justicia criminal, así como de diligencia en favor tanto de los justiciables como del interés público.

La prescripción no constituye un instituto de naturaleza procesal, sino de derecho material penal, y exige su análisis y conocimiento incluso de oficio por el órgano jurisdiccional con independencia de las alegaciones de las partes, se trata de una cuestión de orden público, siendo posible su alegación en cualquier fase del procedimiento; el interés público que sirve de fundamento a las leyes penales, exige que no se castigue a quien dichas leyes excluyen de la sanción.

El artículo 131.2 del Código Penal , según la redacción que se encontraba en vigor en la fecha de autos e interposición de la denuncia, establece que las faltas prescriben a los seis meses.

Por su parte el párrafo segundo del artículo 132 de dicho cuerpo legal , conforme a la redacción dada por Ley Orgánica 5/2010, dispone que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes: 1º.Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2º .No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona .

El Tribunal Supremo en resoluciones entre otras de 8 de octubre de 1999, 16 de enero de 2002 y 6 de noviembre de 2003, vino sosteniendo, y así se recoge en la Sentencia de 5 de abril 2011 ,nº 100 /11 de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid , que una vez iniciado el procedimiento, para el cómputo del término de prescripción por paralización del mismo, habrá de estarse al título de imputación, de manera que si el procedimiento se sigue por delito, no actúan en el ámbito de su tramitación los reducidos plazos de prescripción de las faltas, y ello por exigencias del principio de seguridad jurídica y del principio de confianza, aunque finalmente la sentencia definitiva sancione el hecho como falta, de forma que cuando se haya perseguido un hecho por los cauces del procedimiento correspondiente, y después se dicte resolución judicial por la que tal hecho se repunte falta, hasta el momento el cómputo de los plazos para estimar la concurrencia de la prescripción, ha de hacerse con relación al delito inicialmente perseguido en el procedimiento de que se trate ya que el hecho que dio lugar al proceso fue considerado hasta tal resolución como supuesto delictivo y no una simple falta y la seguridad y certeza que se exige al ordenamiento jurídico requiere que los plazos legales de la prescripción se apliquen en relación con la infracción penal que está siendo objeto del procedimiento mientras no se modifique judicialmente la imputación por tal delito.

Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2010, sobre el criterio que debe adoptarse para el cómputo de la prescripción, expresa que para la aplicación del Instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que así se pronuncie. En consecuencia no se tomaran en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el tribunal sentenciador. Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos como delito o falta.



TERCERO. - La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el día 1 de julio de 2015 en su Disposición Transitoria Primera sobre Legislación Aplicable establece: 'Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No obstante lo anterior, se aplicara esta ley, una vez que entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor'.

Por su parte en la Disposición Transitoria Cuarta de la citada Ley Orgánica atinente a los Juicios de Faltas en tramitación dispone en su número 1. 'La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el Juicio de Faltas en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.' Los hechos enjuiciados fueron denunciados el día 5 de febrero de 2013. El Juzgado de Instrucción número 2 de Torrelaguna incoó Diligencias Previas en resolución de 11 de marzo de 2013. Con fecha 29 de diciembre de 2016 se acordó reputar falta el hecho que dio origen a las diligencias previas, auto que fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 25 de julio de 2017 . En resolución de 9 de octubre de 2017 se acordó la celebración del juicio oral para el día 22 de noviembre de 2017, tras cuya celebración se dictó sentencia fechada el 19 de noviembre de 2018 .

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, ( SSTC 63/2005, de 14 de marzo ; 29/2008, de 20 de febrero y por todas STC 37/2010, de 19 de Julio ),las mismas razones de naturaleza constitucional y procesal que justifican la aplicación del plazo de seis meses al periodo que transcurre hasta la incoación del procedimiento penal, son aplicables a las posteriores paralizaciones intraprocesales. El artículo 132 CP no contiene excepciones sobre la aplicación de dicho plazo y el periodo de tiempo de paralización superior a seis meses conlleva la renuncia del Estado al ejercicio del ius puniendi. Por último, lo contrario supondría una interpretación restrictiva contra reo carente del necesario rigor en relación con el tenor literal de la norma que le sirve de fundamento y con los fines de la prescripción. Indica el Tribunal Constitucional que no resulta ocioso recordar 'que por estar en juego el principio de legalidad por imposición de la propia Constitución ( art.

25.1 CE ), resulta patente que los términos en que el instituto de la prescripción deben ser interpretados con particular rigor porque perjudican al reo sin posibilidad de interpretaciones in malam partem ( STC 29/2008, de 20 de febrero , FFJJ 10 y 12)' De lo antes expuesto se verifica que desde el día 22 de noviembre de 2017 hasta el día 19 de noviembre de 2018, fecha de la sentencia, han transcurrido con creces los seis meses de prescripción establecidos para las Faltas, lapso de tiempo superior al fijado en el mencionado artículo 131 apartado 2, en relación con el artículo 132 apartado 2, por los motivos que constan en autos y que se transcriben con anterioridad Resulta evidente que resulta más favorable al reo la aplicación del Código Penal vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, toda vez que el plazo de prescripción de las faltas era de seis meses y el de los delitos leves es el de un año conforme al artículo 131.1 del texto punitivo en su actual redacción.

Por lo expuesto, habiéndose extinguido la responsabilidad penal, artículo 130.6 del texto punitivo, que de los hechos pudiera derivar para Rodrigo , procede estimar el recurso presentado, por prescripción de los hechos, revocando la condena y absolviendo al denunciado.



CUARTO.- Se declaran de oficio las costas procesales.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de procedente aplicación

Fallo

Que estimando el Recurso de Apelación interpuesto por Rodrigo , contra la Sentencia dictada en esta causa por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Torrelaguna con fecha 19 de noviembre de 2018 , cuyo Fallo literalmente se transcribe en los antecedentes de esta Sentencia, debo revocar y revoco dicha resolución, absolviendo a Rodrigo por apreciar la prescripción de los hechos imputados, declarando de oficio las costas de la primera instancia y de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe Recurso alguno a tenor de lo dispuesto en el artículo 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con certificación de la misma, devuélvanse los Autos originales al Juzgado de procedencia a los fines procedentes.

Así por esta mí Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo de Apelación definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION .- Leída y publicada que ha sido la anterior Sentencia en el mismo día de su fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado que la dictó en Audiencia Pública, con la asistencia del Letrado/a de la Admón. de Justicia. Doy fe.